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Modo: Corpus Pro

SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 25, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA, NO CONTIENE UNA APORTACIÓN QUE CONSTITUYA UNA DOBLE TRIBUTACIÓN Y, POR ENDE, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 947/2016. · Registro digital (IUS): 27217
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2017-06-30
Promovente: —
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, Pág. 743.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 947/2016. 31 DE AGOSTO DE 2016. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. AUSENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIA: MARÍA CONSTANZA TORT SAN ROMÁN.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(13) 81, fracción II, 83 y 96 de la Ley de Amparo,(14) publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece y vigente a partir del tres del citado mes y año; 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(15) en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013,(16) emitido por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el trece de mayo de dos mil trece y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno del mes y año de referencia, en virtud de que el recurso se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito en un juicio que, dada su naturaleza, corresponde a la materia de especialidad de esta Segunda Sala.

SEGUNDO.-El recurso de revisión fue interpuesto oportunamente pues la sentencia de amparo se notificó al quejoso, mediante lista del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, surtiendo efectos dicha notificación el día veintiocho enero siguiente;(17) entonces, el plazo de diez días que el artículo 86 de la Ley de Amparo(18) otorga para interponer el recurso de revisión, corrió del veintinueve de enero al quince de febrero, ambos del dos mil dieciséis, con exclusión del cómputo de los días treinta, treinta y uno de enero, y uno, cinco, seis, siete, trece y catorce de febrero de dos mil dieciséis, al haber sido inhábiles, en términos de los artículos 19 de la Ley de Amparo;(19) 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(20) y el punto primero del Acuerdo General 18/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.(21)

En esas condiciones, al haber sido presentado el recurso de revisión el doce de febrero de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito, puede concluirse que su interposición fue oportuna.

TERCERO.-El recurso de revisión se interpuso por persona legitimada pues el escrito de agravios se encuentra firmado por **********,(22) representante legal de la parte quejosa dentro del juicio de amparo **********, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

CUARTO.-En sus agravios la recurrente señaló lo que a continuación se sintetiza:(23)

1. El Tribunal Colegiado omitió estudiar el tercer concepto de violación, en la parte en la que se alegó que el artículo 25, segundo párrafo, de la Ley Seguro Social, vulnera el derecho de legalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, en razón de que la Sala Fiscal señaló que debe interpretarse de forma independiente a lo dispuesto al artículo 23 del mismo ordenamiento, y de esa forma no se conoce un elemento esencial de la contribución, como es la "base", a efecto de determinar la cuota a enterar al Instituto Mexicano del Seguro Social, pues no refiere cuál salario debe considerarse o a qué tipo de trabajadores es a los que se refiere, respecto de los que debe considerarse el salario base de cotización para la determinación de la aportación correspondiente.

En ese sentido, en la tesis 1a. III/2002, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que el artículo 25, segundo párrafo, de la Ley del Seguro Social no proporciona a cabalidad los elementos indispensables para definir la base sobre la cual aplicará el tributo, en tanto que no se sabe a qué personas corresponde el salario base de cotización que debe tomarse en cuenta, por lo que el texto íntegro del precepto citado sólo puede entenderse en función del caso al que se contrae el diverso artículo 23 de la misma ley.(24)

De esta manera, es procedente el estudio «de» la inconstitucionalidad del artículo 25, segundo párrafo, de la Ley del Seguro Social, pues al ser interpretado de forma aislada no cumple con un elemento esencial de la contribución, lo que se traduce en violación al principio de legalidad aludido.

• El Tribunal Colegiado omitió analizar la inconstitucionalidad del artículo 25, segundo párrafo, de la Ley del Seguro Social, en razón de que contiene un tributo que tiene el mismo objeto que el enterado al Instituto Mexicano del Seguro Social por el concepto de seguro de enfermedades y maternidad, ya que ambos persiguen otorgar la asistencia médico quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria que sea necesaria para los pensionados y sus beneficiarios. Entonces, existe una duplicidad de tributo que se actualiza ante la identidad del objeto de las aportaciones enteradas por el concepto mencionado, lo que resulta violatorio de los derechos fundamentales de equidad y proporcionalidad tributaria, cuestión que el Tribunal Colegiado omitió estudiar.

• Contrario a lo argumentado por el órgano federal, en el sentido de que no estaba en posibilidad de estudiar la constitucionalidad del artículo 25, segundo párrafo, la Ley del Seguro Social, en el caso se cumplieron los requisitos establecidos en la jurisprudencia 2a./J. 53/2005, pues existió un perjuicio directo, y actual en su esfera jurídica y, con fundamento en tal numeral, se determinó negar la devolución solicitada sin que se advirtiera un consentimiento previo de la norma impugnada.(25)

QUINTO.-Como cuestión previa se estima pertinente narrar los antecedentes relevantes del asunto:

1. Por escrito presentado el trece de mayo de dos mil catorce en la Subdelegación Juárez de la Delegación Estatal Jalisco del Instituto Mexicano del Seguro Social, **********, solicitó la devolución de la cantidad de **********, correspondiente al pago de cuotas obrero patronales por concepto de gastos médicos a pensionados, pues a su juicio no tiene la obligación de pagarlo en tanto que el régimen con base en el que tributa sólo lo obliga a pagar los conceptos de riesgo de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida; retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; guarderías y prestaciones sociales, todo conforme a la Ley del Seguro Social.

2. Mediante oficio **********, la autoridad administrativa le negó la devolución solicitada, en razón de que el artículo 25, segundo párrafo, de la Ley del Seguro Social, dispone la forma en que se cubrirán las aportaciones, las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad de los pensionados y de sus beneficiarios, y la cuota de uno punto cinco por ciento sobre el salario base de cotización corresponde a la forma de cubrir sus aportaciones de seguridad social.

3. Inconforme con lo anterior, el actor interpuso demanda de nulidad, y la Primera Sala Regional Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa la resolvió en el expediente **********,(26) en el sentido de reconocer la validez de la resolución impugnada, al considerar que no le asiste la razón a la actora en lo que hace la solicitud de devolución, pues del artículo 25, segundo párrafo, de la Ley del Seguro Social, se desprende que la cuota establecida en dicho numeral es independiente y autónoma de las cuotas que se encuentra obligado a pagar el patrón cuando las prestaciones pactadas en el contrato colectivo de trabajo resulten superiores a las de ley.

4. En contra de tal resolución, mediante escrito presentado el diecinueve de enero de dos mil quince, ********** interpuso demanda de amparo directo, el que fue resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito en el sentido de negar la protección constitucional solicitada, sentencia contra la que interpuso el presente recurso de revisión.

SEXTO.-El recurso de revisión en amparo directo se encuentra regulado por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal; 81, fracción II, de la Ley de Amparo vigente; 10, fracción III y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los puntos primero y segundo del Acuerdo General Número 9/2015, emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ocho de junio de dos mil quince, y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil quince.(27)

De la interpretación sistemática de los preceptos mencionados y de los criterios jurisprudenciales que este Alto Tribunal ha emitido al respecto,(28) se advierte que, por regla general, las sentencias que dicten los Tribunales Colegiados de Circuito en los juicios de amparo directo no admiten recurso alguno; en principio, entonces, son inatacables. Sin embargo, por excepción tales sentencias pueden ser recurridas en revisión, cuando decidan o hubieran omitido decidir temas propiamente constitucionales, entendiendo por éstos la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general, la interpretación directa de preceptos de la Constitución Federal o de un derecho humano, establecido en algún tratado internacional del que el Estado Mexicano sea Parte, y cuando el Tribunal Colegiado de Circuito, omita pronunciarse en cualquiera de las materias precisadas no obstante que en la demanda de amparo se hayan planteado, y en el caso de que se presente tal situación y para efectos de procedencia del recurso de revisión en amparo directo, además deberán quedar satisfechos los requisitos de importancia y trascendencia que dispone la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Federal.

El Acuerdo General Número 9/2015, emitido por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ocho de junio de dos mil quince y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día doce siguiente, establece que se entenderá que se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando habiéndose actualizado una cuestión de constitucionalidad, se advierta que aquélla dará lugar a un pronunciamiento novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional; o bien, cuando lo decidido en la sentencia recurrida pueda implicar el desconocimiento de un criterio sostenido por este Alto Tribunal -ya sea que se haya resuelto en contra de dicho criterio o se hubiere omitido su aplicación-, y que esté relacionado con alguna cuestión propiamente constitucional.

Establecido lo anterior y para resolver sobre la procedencia del presente recurso debe señalarse que en su tercer concepto de violación, la quejosa planteó la inconstitucionalidad del artículo 25, párrafo segundo, de la Ley del Seguro Social, aduciendo que vulnera los principios de equidad y proporcionalidad tributaria pues establece una doble tributación, respecto del pago de las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad de los pensionados y sus beneficiados, ello al encontrarse ya dicho concepto comprendido en el seguro de enfermedades y maternidad, de conformidad con los artículos 84, 91, 93, 105, 106 y 281 del mismo ordenamiento, planteamiento que no fue analizado al considerar el Tribunal Colegiado que el quejoso no realizó una verdadera confrontación del precepto que reclama con la norma constitucional que estima vulnerada, insertando ahora en sus agravios, el ahora recurrente, en su planteamiento inicial.

Aunado a lo anterior, también aduce que el interpretar el citado numeral 25 en forma independiente del artículo 23 del mismo ordenamiento, como lo hizo el Tribunal Colegiado en su sentencia, deriva en su inconstitucionalidad por violación al principio de legalidad, pues de esa forma no es dable conocer uno de los elementos del tributo, como es la base.

Lo anterior conlleva a determinar que subsiste en esta instancia un tema de inconstitucionalidad que no ha sido resuelto jurisprudencialmente por este Alto Tribunal, y ello justifica la procedencia del recurso de revisión.

SÉPTIMO.-Como se advierte de lo anteriormente expuesto, esta Segunda Sala estima que la cuestión jurídica que subsiste en el presente recurso de revisión, consiste determinar si el artículo 25, segundo párrafo, de la Ley del Seguro Social establece una doble tributación, en transgresión de los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, y si es correcto lo dicho por el recurrente en el sentido de que no permite conocer uno de los elementos esenciales del tributo, como lo es la base, violentando con ello la garantía legalidad que rige la materia tributaria.

Para pronunciarse respecto de tales planteamientos, procede referirse a la sentencia que resolvió la contradicción de tesis 396/2014, de entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, emitida por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ocho de abril de dos mil quince, donde el tema a resolver, consistió en determinar si la cuota del uno punto cinco por ciento sobre el salario base de cotización para cubrir prestaciones en especie, prevista en el artículo 25, segundo párrafo, de la Ley del Seguro Social, sólo debe pagarse cuando las relaciones laborales, están reguladas por un contrato colectivo de trabajo, conforme al numeral 23 de ese mismo ordenamiento, o si tal cuota es de aplicación general y debe pagarse con independencia de que se haya celebrado un contrato colectivo.

En aquella ocasión, esta Segunda Sala sostuvo las consideraciones que a continuación se transcriben.

"Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a las consideraciones que se exponen a continuación.

"La presente contradicción de tesis tiene como materia la interpretación del segundo párrafo del artículo 25 de la Ley del Seguro Social. Este artículo tiene el siguiente contenido:

"‘Artículo 25. En los casos previstos por el artículo 23, el Estado aportará la contribución que le corresponda en términos de esta ley, independientemente de la que resulte a cargo del patrón por la valuación actuarial de su contrato, pagando éste, tanto su propia cuota como la parte de la cuota obrera que le corresponda conforme a dicha valuación.

"‘Para cubrir las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad de los pensionados y sus beneficiarios, en los seguros de riesgos de trabajo, invalidez y vida, así como retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, los patrones, los trabajadores y el Estado aportarán una cuota de uno punto cinco por ciento sobre el salario base de cotización. De dicha cuota corresponderá al patrón pagar el uno punto cero cinco por ciento, a los trabajadores el cero punto trescientos setenta y cinco por ciento y al Estado el cero punto cero setenta y cinco por ciento.’

"La lectura aislada del segundo párrafo transcrito lleva a afirmar que establece la regla de que los patrones, los trabajadores y el Estado aportarán una cuota de uno punto cinco por ciento sobre el salario base de cotización, la cual se destinará para cubrir las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad de los pensionados y sus beneficiarios, en los seguros de riesgos de trabajo, invalidez y vida, así como retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.

"De dicha cuota, el patrón debe pagar el uno punto cero cinco por ciento, los trabajadores el cero punto trescientos setenta y cinco por ciento y el Estado el cero punto cero setenta y cinco por ciento.

"Este párrafo no contiene ninguna expresión o frase que establezca alguna condición o excepción en el pago de la cuota referida. Simplemente estatuye que debe pagarse una cuota de uno punto cinco por ciento sobre el sueldo base de cotización, y aclara cuál es su finalidad: financiar las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad de los pensionados y sus beneficiarios. Asimismo, contiene la precisión de que son los pensionados y sus beneficiarios en los seguros de riesgos de trabajo, invalidez y vida, así como retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.

"Ahora bien, la discrepancia en la interpretación de dicho párrafo surge al considerar que se encuentra ubicado en el artículo 25 de la Ley del Seguro Social, cuyo primer párrafo -también transcrito- establece una regla aplicable a los casos previstos por el artículo 23 de ese mismo ordenamiento, los cuales se refieren a los supuestos en que se pacten prestaciones contenidas en la Ley del Seguro Social en los contratos colectivos. El primer párrafo del artículo 25 precisa que, en esos casos, el Estado aportará la contribución que le corresponda en términos de dicha ley, independientemente de la que resulte a cargo del patrón por la valuación actuarial de su contrato, pagando éste, tanto su propia cuota, como la parte de la cuota obrera que le corresponda conforme a dicha valuación.

"En el artículo 23 se establece:

"‘Artículo 23. Cuando los contratos colectivos concedan prestaciones inferiores a las otorgadas por esta ley, el patrón pagará al instituto todos los aportes proporcionales a las prestaciones contractuales. Para satisfacer las diferencias entre estas últimas y las establecidas por la ley, las partes cubrirán las cuotas correspondientes.

"‘Si en los contratos colectivos se pactan prestaciones iguales a las establecidas por esta ley, el patrón pagará al instituto íntegramente las cuotas obrero patronales.

"‘En los casos en que los contratos colectivos consignen prestaciones superiores a las que concede esta ley, se estará a lo dispuesto en el párrafo anterior hasta la igualdad de prestaciones, y respecto de las excedentes el patrón quedará obligado a cumplirlas. Tratándose de prestaciones económicas, el patrón podrá contratar con el instituto los seguros adicionales correspondientes, en los términos del título tercero capítulo II de esta ley.

"‘El instituto, mediante estudio técnico-jurídico de los contratos colectivos de trabajo, oyendo previamente a los interesados, hará la valuación actuarial de las prestaciones contractuales, comparándolas individualmente con las de la ley, para elaborar las tablas de distribución de cuotas que correspondan.’

"Es cierto que los párrafos no están aislados, sino que tienen relación con otras partes del texto en el cual están insertos, las que deben tomarse en cuenta para interpretarlos. Sin embargo, en este caso, el segundo párrafo del artículo 25 de la Ley del Seguro Social no tiene una relación tal con el primer párrafo de ese mismo precepto que permita concluir que son aplicables a los mismos supuestos, o que la condición del primero afecte también al segundo.

"Como se demostrará, existen suficientes elementos que deben tomarse en cuenta en la interpretación jurídica, que corroboran que debe prevalecer el sentido consistente en que el segundo párrafo del artículo 25 de la Ley del Seguro Social contiene una cuota general para el financiamiento de las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad de los pensionados y sus beneficiarios, la cual no está condicionada ni restringida en su aplicación a los supuestos a que se refiere el primer párrafo de la referida disposición.

"Según se expuso, en ninguno de los dos párrafos del artículo 25 existe alguna expresión, referencia o palabra que permita establecer alguna relación de sucesión, continuidad, contraste o jerarquía entre ellos. Sólo tienen como único elemento común que se encuentran ubicados en el mismo artículo, el cual, además, carece de algún encabezado que permita esclarecer el contenido temático de dicho numeral y, por ende, la relación que existe entre los dos párrafos de que se trata.

"Asimismo, el artículo 25 de la Ley del Seguro Social se encuentra en el capítulo I ‘Generalidades’ del título segundo correspondiente al ‘Régimen obligatorio’. Este capítulo incluye de los artículos 11 a 26, en los cuales hay precisiones generales sobre el contenido, sujetos y las obligaciones correspondientes al régimen obligatorio, el cual comprende los seguros previstos en el artículo 11:

"‘Artículo 11. El régimen obligatorio comprende los seguros de:

"‘I. Riesgos de trabajo;

"‘II. Enfermedades y maternidad;

"‘III. Invalidez y vida;

"‘IV. Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y

"‘V. Guarderías y prestaciones sociales.’

"En tres de los artículos de dicho capítulo se contienen reglas sobre la forma en que se deben cubrir las aportaciones cuando algunas prestaciones que regula dicha ley se prevean también en los contratos colectivos. Tales numerales son 23, 24(29) y 25.

"Por tanto, a partir de los elementos textuales, como son los enunciados que integran el párrafo a interpretar y su ubicación, no es posible sostener que exista una evidente y estrecha relación entre los dos párrafos del artículo 25, que lleve a sostener, sin duda alguna, que la cuota a que se refiere el segundo sólo es aplicable al supuesto regulado en el primero.

"Otro elemento a considerar en la interpretación de la ley es la intención del legislador. Así, en la exposición de motivos de la Ley del Seguro Social, presentada ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el nueve de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, se ponderó lo siguiente:

"‘Es de señalarse que desde 1944, a través de distintas modificaciones a la ley, los beneficios del ramo se han aumentado sustancialmente tales como: pensiones a familiares ascendientes, reducción de las semanas necesarias para tener derecho a los beneficios, gastos médicos a pensionados y sus derechohabientes, ayuda asistencial, extensión de la edad límite para la pensión de orfandad, asignaciones familiares, incremento de los montos de las pensiones, indización (sic) de las mismas al salario mínimo, un mes de aguinaldo e incrementos de las cuantías mínimas, las cuales se encontraban en 1989 en cerca del 35% de un salario mínimo del Distrito Federal, pasando, a partir del 1o. de enero de 1995, al 100% del mismo.

"‘En cambio, las cuotas de este seguro sólo se han incrementado en dos ocasiones: en 1991, cuando se aumentaron del 6% al 7% sobre los salarios cotizables, además de un aumento anual de 0.2% hasta llegar al 8% en 1996 y el 0.5% que se agregó en las reformas a la ley en 1993. No obstante, esto ha resultado insuficiente para cubrir las prestaciones que otorga este ramo.

"‘Más aún, debe recordarse que, por mandato legal, los remanentes de este ramo de seguro se invirtieron en la construcción de una amplia red de infraestructura para la atención médica y las prestaciones sociales en beneficio de los derechohabientes y la población en general.

"‘Durante la trayectoria institucional de cinco décadas, se han efectuado transferencias de recursos entre los distintos ramos de aseguramiento, muy especialmente de los ramos de la IVCM (invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte) y guarderías para apoyar al de enfermedades y maternidad, el cual ha operado prácticamente desde su inicio con déficit financiero.

"‘La IVCM, por tanto, no cuenta con las reservas líquidas necesarias, además de que el ramo de enfermedades y maternidad fue omiso en retribuir la renta correspondiente por las inversiones hechas en su favor.

"‘Todo lo anteriormente descrito ha colocado al IMSS en una difícil situación financiera, que de no tomar las medidas necesarias con oportunidad, lo llevaría a poner en entredicho el cumplimiento de las obligaciones del ramo de la IVCM en perjuicio de millones de mexicanos. El costo fiscal de la iniciativa que se propone, como se verá más adelante, es menor que el costo que se tendría que cubrir de no realizar modificaciones.

"‘...

"‘Se propone que el seguro de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte sea dividida en dos seguros, de conformidad con la naturaleza propia de los riesgos o situaciones a cubrir. Esto implica también, modificar la forma de otorgar prestaciones a fin de hacerlas congruentes entre los dos seguros, así como con las del seguro de riesgos de trabajo al que nos referiremos posteriormente. Los dos seguros que se crean son: la invalidez y vida (IV) y retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (RCV). Asimismo se establece una reserva específica para financiar los gastos médicos de todos los pensionados.

"‘...

"‘La prima propuesta para este seguro (invalidez y vida) es del 2.5% del salario base de cotización, la cual se cubrirá de manera, tripartita. Para efecto de darle transparencia a la administración financiera del instituto se crea una reserva especial destinada al financiamiento de los gastos médicos de todos los pensionados, que es una de las prestaciones más significativas desde el punto de vista económico y social que reciben los trabajadores retirados y que representa uno de los rubros de mayor erogación en la institución. La prima de dicha reserva, también de naturaleza tripartita, será de 1.5% del salario base de cotización.

"‘...

"‘Es necesario recapitular que la cuota del 8.5% de los salarios cotizables que actualmente se aportan a la IVCM, de manera tripartita, se dividirá en tres: 2.5% para el seguro de invalidez y vida; 4.5% para retiro, cesantía en edad avanzada y vejez y 1.5% para la reserva especial de gastos médicos a pensionados, distribuyéndose en el mismo porcentaje de contribuciones tripartitas que actualmente se considera. Por su parte el 2% patronal de la subcuenta de retiro del SAR se incorporará al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, es decir, esta propuesta no implica modificación alguna en las contribuciones de obreros y patrones sino una mejor asignación de acuerdo a la naturaleza de las prestaciones.’

"De los demás documentos del proceso legislativo se advierte que la cuota del uno punto cinco por ciento para financiar las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad a favor de los pensionados y sus beneficiarios no se modificó, sino que fue aprobada por las Cámaras del Congreso de la Unión.

"La finalidad del legislador se reafirma como elemento relevante para dilucidar el sentido del segundo párrafo del artículo 25 de la Ley del Seguro Social, si se considera el contenido de los demás artículos relacionados con el seguro de enfermedades y maternidad, así como a su financiamiento.

"Para tal efecto, resulta pertinente atender al contenido de los artículos 84, 91, 93, 105, 106 y 281 de la Ley del Seguro Social, los cuales, en lo conducente, establecen:

"‘Título segundo

"‘Del régimen obligatorio

"‘Capítulo IV

"‘Del seguro de enfermedades y maternidad

"‘Sección primera

"‘Generalidades

"‘Artículo 84. Quedan amparados por este seguro (enfermedades y maternidad):

"‘I. El asegurado;

"‘II. El pensionado por:

"‘a) Incapacidad permanente total o parcial;

"‘b) Invalidez;

"‘c) Cesantía en edad avanzada y vejez; y,

"‘d) Viudez, orfandad o ascendencia;

"‘III. La esposa del asegurado o, a falta de ésta, la mujer con quien ha hecho vida marital durante los cinco años anteriores a la enfermedad, o con la que haya procreado hijos, siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio. Si el asegurado tiene varias concubinas ninguna de ellas tendrá derecho a la protección.

"‘Del mismo derecho gozará el esposo de la asegurada o, a falta de éste el concubinario, siempre que hubiera dependido económicamente de la asegurada, y reúnan, en su caso, los requisitos del párrafo anterior;

"‘IV. La esposa del pensionado en los términos de los incisos a), b) y c) de la fracción II, a falta de esposa, la concubina si se reúnen los requisitos de la fracción III.

"‘Del mismo derecho gozará el esposo de la pensionada o a falta de éste el concubinario, si reúne los requisitos de la fracción III;

"‘V. Los hijos menores de dieciséis años del asegurado y de los pensionados, en los términos consignados en las fracciones anteriores;

"‘VI. Los hijos del asegurado cuando no puedan mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad crónica o discapacidad por deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, hasta en tanto no desaparezca la incapacidad que padecen o hasta la edad de veinticinco años cuando realicen estudios en planteles del sistema educativo nacional;

"‘VII. Los hijos mayores de dieciséis años de los pensionados por invalidez, cesantía en edad avanzada y vejez, que se encuentren disfrutando de asignaciones familiares, así como los de los pensionados por incapacidad permanente, en los mismos casos y condiciones establecidos en el artículo 136;

"‘VIII. El padre y la madre del asegurado que vivan en el hogar de éste; y,

"‘IX. El padre y la madre del pensionado en los términos de los incisos a), b) y c) de la fracción II, si reúnen el requisito de convivencia señalado en la fracción VIII.

"‘Los sujetos comprendidos en las fracciones III a IX, inclusive, tendrán derecho a las prestaciones respectivas si reúnen además los requisitos siguientes:

"‘a) Que dependan económicamente del asegurado o pensionado; y,

"‘b) Que el asegurado tenga derecho a las prestaciones consignadas en el artículo 91 de esta ley.’

"‘Sección segunda

"‘De las prestaciones en especie

"‘Artículo 91. En caso de enfermedad no profesional, el instituto otorgará al asegurado la asistencia médico quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria que sea necesaria, desde el comienzo de la enfermedad y durante el plazo de cincuenta y dos semanas para el mismo padecimiento.

"‘No se computará en el mencionado plazo, el tiempo que dure el tratamiento curativo que le permita continuar en el trabajo y seguir cubriendo las cuotas correspondientes.’

"‘Artículo 93. Las prestaciones en especie que señala el artículo 91 de esta ley, se otorgarán también a los demás sujetos protegidos por este seguro que se mencionan en el artículo 84 de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27217-14ea7ef1/seguro-social-el-articulo-25-segundo-parrafo-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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