SEGURO SOCIAL. LA CUOTA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 25, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA, NO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EXISTA CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 396/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO DEL PRIMER CIRCUITO Y PRIMERO DEL SÉPTIMO CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. 8 DE ABRIL DE 2015. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JUAN N. SILVA MEZA, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: HÉCTOR ORDUÑA SOSA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, por tratarse de criterios provenientes de Tribunales Colegiados de distintos circuitos sobre asuntos de la materia administrativa.(1)
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos del artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el cual sustentó uno de los criterios denunciados como opositores.
TERCERO. Antecedentes y criterios contendientes. Con el fin de verificar la posible existencia de la contradicción de criterios denunciada, es menester reseñar los antecedentes de los casos concretos, así como las consideraciones sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en las ejecutorias respectivas.
I. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. **********.
1. Mediante escritos recibidos el dieciséis de agosto de dos mil trece en la subdelegación ********** de la Delegación Sur del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social, ********** solicitó la devolución de las cantidades siguientes: $********** (**********), $********** (**********), $********** (**********) y $********** (**********), por los periodos 04/2013, 03/2013, 02/2013 y 01/2013.
El pago que realizó la actora de los montos referidos fue con fundamento en el artículo 25, segundo párrafo, de la Ley del Seguro Social, es decir, que respecto de cada uno de sus trabajadores en activo destinó un porcentaje específico para cubrir el concepto denominado "gastos médicos a pensionados", cuyas siglas se reflejan en las cédulas de liquidación de cuotas obrero patronales como "G.M.P."
2. Por escrito recibido el veintidós de enero de dos mil catorce en la Oficialía de Partes de las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, **********, por conducto de su representante, demandó la nulidad de las resoluciones contenidas en los oficios **********, **********, ********** y **********, de veintitrés de octubre de dos mil trece, por las que el subdelegado ********** de la Delegación Sur del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social determinó improcedente la solicitud de devolución de cantidades pagadas por concepto de gastos médicos a pensionados.
3. Del citado juicio conoció la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, quien lo registró con el número **********. Una vez sustanciado el juicio, dictó sentencia el diecinueve de agosto de dos mil catorce con los puntos resolutivos siguientes:
"I. La parte actora probó su pretensión; en consecuencia,
"II. Segunda. Se declara la nulidad lisa y llana de las resoluciones impugnadas detalladas en el resultando primero de este fallo, para los efectos precisados en el último considerando de la presente resolución."
4. El jefe de Servicios Jurídicos de la Delegación Sur del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social, autoridad encargada de la defensa jurídica de la autoridad demandada, interpuso recurso de revisión, del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien lo registró con el número ********** y, en sesión de trece de noviembre de dos mil catorce, dictó sentencia en la que declaró procedente el recurso, revocó la sentencia recurrida y reconoció la validez de las resoluciones administrativas impugnadas, con base en los siguientes argumentos:
El Tribunal Colegiado de Circuito sostuvo que para resolver los agravios sintetizados era necesario determinar si la interpretación efectuada por la Sala del conocimiento, respecto de los artículos 23 y 25, segundo párrafo, de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, fue correcta o no.
Determinó que sobre ese tema quedó delimitada la litis, toda vez que el tribunal responsable estimó que la actora no está obligada a enterar las cuotas establecidas en ese último precepto, pues ello implicaría un doble pago respecto de las cuotas que también se prevén en el régimen obligatorio del seguro de enfermedades y maternidad, establecido en el diverso 11 del referido ordenamiento, y la autoridad recurrente sostiene una postura contraria.
Agregó que la alegada violación a los principios de congruencia y exhaustividad quedaba colmada con el análisis sobre la interpretación de los artículos citados, pues la demandada adujo que debían ser entendidos de la manera en que se expresan en los agravios.
Posteriormente, realizó una relatoría de hechos y aclaró que resultaba necesario analizar el contenido de los artículos 11, 84, 91, 93, 105 y 106 de la Ley del Seguro Social, para lo cual, transcribió su contenido.
Refirió que de los preceptos transcritos se desprendía que entre los seguros que comprende el régimen obligatorio se encontraba el de enfermedades y maternidad, el cual ampara, entre otros sujetos, a los pensionados que han adquirido ese estatus jurídico por diferentes causas, es decir, por incapacidad permanente total o parcial, invalidez, cesantía en edad avanzada, etcétera. Asimismo, advirtió que las prestaciones en especie que comprende ese seguro son la asistencia médico quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria.
De igual manera, consideró que, conforme a las mencionadas disposiciones, las cuotas para cubrir tanto las prestaciones en especie como en dinero del seguro de enfermedades y maternidad se distribuyen de forma tripartita por porcentajes entre el patrón, los trabajadores y el Estado.
Expuesto lo anterior, dijo que, a partir de la interpretación conjunta de los citados preceptos, tanto la actora, como la Sala responsable consideraron que no debían cubrirse las cuotas establecidas en el artículo 25, segundo párrafo, de la Ley del Seguro Social, que también se refieren a las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad de los pensionados y sus beneficiarios, en virtud de que tales sujetos quedaban amparados bajo el seguro del régimen obligatorio del mismo nombre, cuyas cuotas eran pagadas por la enjuiciante; sobre todo, porque ese último precepto únicamente tenía aplicación tratándose de las relaciones de trabajo que se rigen por un contrato colectivo. Concluir de otra forma, en opinión de la enjuiciante y de la a quo, implicaría realizar un doble pago que no tiene justificación.
Para verificar la validez de esa proposición, el Tribunal Colegiado de Circuito sostuvo que debía tenerse en cuenta el contenido de los artículos 23 y 25, segundo párrafo, de la Ley del Seguro Social, los cuales también transcribió.
En ese sentido, expresó que esos preceptos ponían en evidencia que en los contratos colectivos celebrados entre el patrón y los trabajadores que concedan prestaciones inferiores, iguales o superiores a las otorgadas por la ley, el monto de las cuotas por los seguros obligatorios debe calcularse siguiendo el método y a partir de los porcentajes que en el citado artículo 23 se establecen.
Asimismo, sostuvo que el diverso 25, primer párrafo, de la citada ley dispone que, en los casos previstos por aquel precepto, es decir, cuando las relaciones de trabajo se rijan por un contrato colectivo, el Estado aportará la contribución que le corresponda en términos de la Ley del Seguro Social, independientemente de la que resulte a cargo del patrón por la valuación actuarial de su contrato, pagando éste, tanto su propia cuota, como la parte de la cuota obrera que le corresponda conforme a dicha valuación.
Por último, precisó que el segundo párrafo del mencionado artículo 25 dispone que, para cubrir las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad de los pensionados y sus beneficiarios, en los seguros de riesgos de trabajo, invalidez y vida, así como retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, los patrones, los trabajadores y el Estado aportarán una cuota del uno punto cinco por ciento (1.5%) sobre el salario base de cotización (de los obreros en activo), distribuyéndose dicho monto de la siguiente forma: uno punto cero cinco por ciento (1.05%) a cargo del patrón; cero punto trescientos setenta y cinco por ciento (0.375%) correspondiente al trabajador; y, cero punto cero setenta y cinco por ciento (0.075%) del Estado.
Enseguida, indicó que a partir de la locución "En los casos previstos por el artículo 23", contenida en el primer párrafo del artículo 25 de la Ley del Seguro Social, la Sala responsable consideró que la obligación prevista en el segundo párrafo de ese último precepto, esto es, el deber de cubrir las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad de los pensionados y sus beneficiarios, se refiere exclusivamente a los casos en que las relaciones de trabajo entre los obreros y los patrones se rigen por un contrato colectivo.
Así, en la sentencia reclamada concluyó que si la actora tributa en el régimen obligatorio establecido en el artículo 11 de la Ley del Seguro Social y cubre las cuotas correspondientes -hecho que no fue controvertido en el juicio-, entonces, no se encontraba obligada a enterar las aportaciones que derivan del diverso 25, segundo párrafo, de ese ordenamiento, toda vez que: "... dicho numeral se encuentra relacionado con el artículo 23 del ordenamiento legal citado, que regula las relaciones laborales por un contrato colectivo de trabajo, a través del cual se pueden conceder prestaciones inferiores, iguales o superiores a las que prevé la ley en materia de seguridad social."
El Tribunal Colegiado de Circuito sostuvo que las consideraciones anteriores demostraban que para entender el contenido de los artículos 23 y 25, segundo párrafo, de la Ley del Seguro Social, la Sala responsable se valió del método de interpretación sistemático, de manera específica, el denominado a sedes materiae, que constituye una de las especies de aquél.
Agregó que esa herramienta era útil para atribuir significado a una norma a partir del lugar que ocupa en el contexto normativo del que forma parte, ya que se considera que su localización topográfica proporciona información sobre su contenido por ser fruto de un plan del legislador, por lo que, a partir de ese hecho, queda reflejada su voluntad.
Sin embargo, consideró que ese método de interpretación, frecuentemente utilizado por los órganos jurisdiccionales y cuyo uso conduce normalmente a conclusiones razonables, no era el adecuado para entender en sus justos términos el artículo 25, segundo párrafo, de la Ley del Seguro Social.
Posteriormente, el Tribunal Colegiado de Circuito citó la exposición de motivos de la Ley del Seguro Social presentada ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el nueve de noviembre de mil novecientos noventa y cinco.
También transcribió la intervención de dos de los integrantes de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión en la discusión que tuvo lugar el doce de diciembre de mil novecientos noventa y cinco.
Sostuvo que de las partes reseñadas del proceso legislativo se destaca que el legislador puso en evidencia el grado de deterioro de las finanzas públicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, ocasionado, en una parte, por el otorgamiento de las prestaciones relacionadas con el seguro de enfermedades y maternidad, sin contar con una retribución adecuada por la falta de aumento en el entero de las cuotas obrero patronales. Por ese motivo, el legislador hizo ver la necesidad de emprender acciones para que tal situación no se agravara.
El tribunal precisó que, entre esas tareas, se impulsó dividir el seguro de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte (IVCM) en dos segmentos: a) invalidez y vida (IV), y b) retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (RCV), hecho que implicaba modificar la forma de otorgar prestaciones a esos seguros y establecer una reserva específica para financiar los gastos médicos de todos los pensionados, por ser uno de los rubros de mayor erogación en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
De igual manera, el Tribunal Colegiado de Circuito refirió que del citado proceso legislativo se desprendía que, con ese propósito, se dijo que la cuota del ocho punto cinco por ciento (8.5%) de los salarios cotizables que se aportaban al seguro de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte (IVCM) se dividiría en tres: dos punto cinco por ciento (2.5%) para el seguro de invalidez y vida; cuatro punto cinco por ciento (4.5%) para retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y uno punto cinco por ciento (1.5%) para la reserva especial de gastos médicos a pensionados.
También precisó que, al aprobarse la Ley del Seguro Social, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, se concretó la división del seguro de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte (IVCM), y se estableció una reserva especial destinada al financiamiento de los gastos médicos de los pensionados.
Agregó que la reserva operativa correspondiente quedó incorporada en el artículo 281, fracción II, de la Ley del Seguro Social.
El Tribunal Colegiado de Circuito destacó que en el proceso legislativo reseñado no se mencionaba en absoluto que la obligación de enterar la cuota del uno punto cinco por ciento (1.5%) para cubrir las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad de los pensionados y sus beneficiarios, establecida en el artículo 25, segundo párrafo, de la Ley del Seguro Social, se generaba siempre y cuando las relaciones de trabajo entre los obreros y los patrones se rijan por un contrato colectivo, en términos de lo que dispone el diverso 23 de esa legislación, sino que ese deber era independiente de la existencia de esa clase de convenios.
Consideró que el establecimiento de dicha cuota comprendía a todos los sujetos que integran el régimen obligatorio de seguridad social, ya que tiene por objeto financiar el otorgamiento de prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad de una clase de sujetos en particular, esto es, de los pensionados y sus beneficiarios -tomando como base el salario base de cotización de los trabajadores en activo-.
Asimismo, sostuvo que de la lectura integral de los preceptos transcritos en la sentencia, analizados conjuntamente con el proceso legislativo descrito, concluía que la cuota relativa a los gastos médicos de los pensionados y sus beneficiarios debía enterarse con independencia de que las relaciones laborales se gobiernen o no bajo un contrato colectivo de trabajo.
Determinó que la interpretación originalista realizada respecto del artículo 25, segundo párrafo, de la Ley del Seguro Social brindaba a dicha norma un sentido completamente distinto de aquel que deriva si sólo se toma en cuenta su ubicación en el contexto normativo al que pertenece.
Advirtió que la inadecuada posición de ese precepto no podía llevar a una conclusión que estuviera por encima de la verdadera intención del legislador, al establecer la obligación de pago de una cuota de uno punto cinco por ciento (1.5%), para financiar las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad de los pensionados y sus beneficiarios, y crear con ese propósito una reserva operativa.
El Tribunal Colegiado de Circuito refirió que no se relaciona el segundo párrafo del artículo 25 con el diverso 23 de la Ley del Seguro Social, que el legislador dispuso en el precepto 196, primer párrafo, de ese ordenamiento, que si el asegurado que gozaba de una pensión de cesantía en edad avanzada o de vejez reingresaba al régimen obligatorio, no efectuará las cotizaciones a que se refiere el párrafo segundo del citado artículo 25.
Sostuvo que el citado artículo 196 confirmaba que las cotizaciones por los gastos médicos de los pensionados y sus beneficiarios no se vinculan con la existencia de un contrato colectivo de trabajo, sino que la obligación de su pago se generaba por el simple hecho de que un trabajador se encontrara inscrito en el régimen obligatorio.
El tribunal aclaró que no se oponía a la conclusión alcanzada el hecho de que los artículos 11, fracción II, 84, 91, 93, 105 y 106 de la Ley del Seguro Social establecieran que en el régimen obligatorio del seguro de enfermedades y maternidad se encontraban amparados los pensionados, quienes tienen derecho a recibir prestaciones en especie, tales como asistencia médico quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, y que las cuotas para cubrirlas se distribuyen de forma tripartita en los porcentajes que en el último de esos artículos se establece.
Refirió que tales preceptos deben concatenarse con el diverso 25, segundo párrafo, de dicho ordenamiento, al contener la regla especial que debe considerarse para financiar las prestaciones en especie del seguro de enfermedades de los pensionados y sus beneficiarios.
También tomó en consideración que la previsión legal de una reserva operativa para el rubro de gastos médicos a los pensionados y a sus beneficiarios tuvo como propósito establecer un régimen de financiamiento distinto -o adicional- respecto del régimen obligatorio para sufragar los gastos de las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad.
Por ello, estableció que si bien es cierto que el concepto "gastos médicos a pensionados" no constituye un seguro del régimen obligatorio, también lo es que implica un gravamen para garantizar las coberturas en especie de los pensionados y sus beneficiarios correspondientes al seguro mencionado.
En concepto del Tribunal Colegiado de Circuito, el artículo 25 de la Ley del Seguro Social debe leerse en el siguiente sentido:
a) La obligación establecida en el segundo párrafo, esto es, el deber de enterar de manera tripartita una aportación de uno punto cinco por ciento (1.5%) sobre el salario base de cotización para cubrir las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad de los pensionados y sus beneficiarios, se actualizaba sin que para ello fuera relevante la existencia de una relación de trabajo que se rigiera por un contrato colectivo, en términos de lo que dispone el artículo 23 de la citada legislación, ya que, por el contrario, tenía aplicación de manera general.
b) La cuota de uno punto cinco por ciento (1.5%) sobre el salario base de cotización se enteraba como parte integrante -la norma utilizaba la preposición "en"- de los seguros de riesgos de trabajo, invalidez y vida, así como retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.
Expresó que así fue propuesto en la exposición de motivos de dicha ley.
Con base en los reseñados razonamientos, declaró fundado el agravio propuesto, toda vez que, tal como lo sostuvo la autoridad recurrente, la Sala llevó a cabo una interpretación inexacta de los artículos 23 y 25, segundo párrafo, de la Ley del Seguro Social, en la medida en que la cuota establecida en ese último precepto debe pagarse con independencia de que la parte patronal tenga celebrado o no un contrato colectivo con sus trabajadores.
De igual manera, el Tribunal Colegiado de Circuito refirió que el entero de esa contribución no podía entenderse como una doble tributación, en relación con las cuotas previstas en el seguro del régimen obligatorio de enfermedades y maternidad, pues los gastos médicos a pensionados, establecidos en el citado artículo 25, segundo párrafo, tienen autonomía y son complementarios a aquéllas.
Precisó que no pasaba inadvertida la existencia de la tesis aislada 1a. III/2002 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 25, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA QUE ESTABLECE LA FORMA EN QUE SE CUBRIRÁN LAS APORTACIONES EN ESPECIE PARA DIVERSOS SEGUROS, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE LEGALIDAD TRIBUTARIA CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."(2)
Consideró que, a diferencia de lo que resolvió dicho Tribunal Colegiado de Circuito, en la tesis aislada transcrita se sostuvo que el texto del artículo 25, segundo párrafo, de la Ley del Seguro Social sólo puede entenderse en función de que lo que prevé el diverso 23 de ese ordenamiento, pues está destinado a regular el monto y la forma de las aportaciones a cubrir al Instituto Mexicano del Seguro Social cuando las relaciones laborales estén reguladas por un contrato colectivo.
Sin embargo, aclaró que tal criterio no resultaba de observancia obligatoria para ese órgano judicial, en términos de lo que dispone el artículo 217, primer párrafo, de la Ley de Amparo, y que no tenía aplicación en el caso concreto.
Sostuvo que la sentencia de la que derivó se advertía que la Primera Sala de este Alto Tribunal analizó un tema completamente distinto, ya que la interpretación de dicho precepto tuvo como propósito verificar la constitucionalidad del artículo 25, segundo párrafo, de la Ley del Seguro Social a la luz de uno de los principios de justicia tributaria establecidos en el artículo 31, fracción IV, de la Ley Fundamental.
Precisó que en ese estudio no permitía, como se desprendía de la lectura de la ejecutoria correspondiente, identificar las razones que llevaron al legislador a establecer en el artículo 25, segundo párrafo, de la Ley del Seguro Social la obligación de enterar una cuota por concepto de gastos médicos a pensionados que se actualiza ya sea con o sin la existencia de una relación de trabajo que se regule por un contrato colectivo.
Consecuentemente, al resultar fundado el agravio de la autoridad recurrente, revocó el fallo sujeto a revisión y reconoció la validez de las resoluciones administrativas impugnadas, dado que la actora no realizó un pago de lo indebido y, por ende, estaba obligada a cubrir las aportaciones correspondientes a los gastos médicos de pensionados.
II. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito. AD. **********.
1. El primero de octubre de dos mil doce, **********, en representación de su menor hijo, ********** promovió ante la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa juicio contencioso administrativo en contra de la resolución negativa ficta recaída a la solicitud de devolución de pago indebido por concepto de gastos médicos de pensionados contenida en el escrito sin número de doce de mayo de dos mil uno presentado ante la Oficialía de Partes de la Subdelegación Metropolitana Xalapa, de la Delegación Estatal Veracruz Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social el dieciséis de mayo de dos mil once, juicio que se radicó con el número **********.
2. El cuatro de septiembre de dos mil trece se dictó sentencia, en la que se reconoció la validez de la resolución impugnada.
3. El diecisiete de octubre de dos mil trece, la actora promovió juicio de amparo directo, el cual fue registrado con el número ********** del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito.
4. En sesión de treinta de enero de dos mil catorce, el Tribunal Colegiado de Circuito concedió el amparo con determinados efectos.
5. El catorce de febrero de dos mil catorce, la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa dictó sentencia en cumplimiento a la ejecutoria mencionada, en la que reconoció la validez de la resolución impugnada.
6. El veintisiete de marzo de dos mil catorce, la parte actora promovió nuevamente juicio de amparo, que se registró como amparo directo ********** del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, quien concedió la protección constitucional con base en las consideraciones siguientes:
En principio, determinó que eran parcialmente fundados los conceptos de violación formulados, suplidos en su deficiencia, y expuso las razones por las cuales, en este caso, operaba la suplencia a favor del menor de edad, quien era el patrón actor en el juicio contencioso administrativo.
Para efectos de resolver la presente contradicción de tesis, sólo se reseñan las consideraciones por las que se consideraron fundados los conceptos de violación en los se impugnaron los considerandos cuarto y quinto de la sentencia reclamada.
En los referidos considerandos, la Sala regional responsable aseveró que la cuota del seguro de enfermedades y maternidad, conforme al régimen de financiamiento previsto en los artículos 106 y 107 de la Ley del Seguro Social, sólo cubre las prestaciones en dinero y en especie de los trabajadores en activo y sus beneficiarios, y que el régimen financiero destinado a garantizar la cobertura en especie de los pensionados y sus beneficiarios del seguro de enfermedades y maternidad, en los seguros de riesgos de trabajo, invalidez y vida, así como retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, se regula en el artículo 25, segundo párrafo, de la propia Ley del Seguro Social.
El Tribunal Colegiado de Circuito sostuvo que dicha interpretación es incorrecta, porque de conformidad con el artículo 84 de la Ley del Seguro Social, los pensionados y sus beneficiarios también se encuentran amparados en el seguro de enfermedades y maternidad, los cuales podrán disfrutar de todas las prestaciones que otorga la propia ley. Asimismo, determinó que los artículos 105, 106 y 107 de ese mismo ordenamiento legal establecen la forma en que se financiarán las prestaciones en especie y en dinero del seguro de enfermedades y maternidad, como se advertía de su literalidad.
Aclaró que no era óbice a lo anterior, lo aseverado por la Sala responsable, para sustentar su afirmación, en el sentido de que el régimen financiero, previsto en los citados artículos 106 y 107, sólo cubre las prestaciones en especie de los trabajadores en activo mencionadas en los artículos 91 y 94 de esa misma ley. Al respecto, el Tribunal Colegiado de Circuito expuso que el artículo 93 de la Ley del Seguro Social establece: "... Las prestaciones en especie que señala el artículo 91 de esta ley se otorgarán también a los demás sujetos protegidos por este seguro que se mencionan en el artículo 84 de este ordenamiento. Los padres del asegurado o pensionado fallecido, conservarán el derecho a los servicios que señala el artículo 91 de la ley."; lo cual evidencia que, en oposición a lo sostenido por la Sala responsable, en el pago de las aportaciones del seguro de enfermedad y maternidad ya se encuentran contempladas las prestaciones en especie, amparando al asegurado y sus beneficiarios, así como al pensionado y sus beneficiarios, lo cual, incluso, reconoció implícitamente la autoridad demandada, al contestar la ampliación a la demanda.
De igual manera, el Tribunal Colegiado de Circuito consideró que el artículo 25, segundo párrafo, de la Ley del Seguro Social sólo es aplicable cuando se trata de trabajadores con los que el patrón tiene celebrado un contrato colectivo de trabajo, como se obtiene de la interpretación armónica y sistemática de dicho numeral, en relación con los diversos, 11, 12, fracción I, 15, fracciones I y III, y 23, todos de la Ley del Seguro Social.
Afirmó que, al establecer el artículo 25, segundo párrafo, de la Ley del Seguro Social, que los patrones, los trabajadores y el Estado aportarán una cuota de uno punto cinco por ciento sobre el salario base de cotización para cubrir las prestaciones en especie sobre los seguros de enfermedades y maternidad de los pensionados y sus beneficiarios, de riesgos de trabajo, invalidez y vida, así como de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, ello debía entenderse en función del artículo 23 de esa ley, destinado a regular el monto y la forma de las aportaciones a cubrir al Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando las relaciones laborales estuvieran reguladas por un contrato colectivo de trabajo, de conformidad con el criterio de la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 25, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA QUE ESTABLECE LA FORMA EN QUE SE CUBRIRÁN LAS APORTACIONES EN ESPECIE PARA DIVERSOS SEGUROS, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE LEGALIDAD TRIBUTARIA CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."
Agregó que de las consideraciones expuestas se advertía que, por una parte, la Ley del Seguro Social prevé que el régimen de seguro obligatorio contempla los seguros establecidos en su artículo 11 (a saber: de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, el de guarderías y prestaciones sociales), cuyo régimen de financiamiento se establece en los artículos 70, 71, 105, 106, 107, 146, 147, 167 y 168 del propio ordenamiento invocado; que, en especial, el seguro de "enfermedades y maternidad" cubre las prestaciones en especie y en dinero del asegurado, así como del pensionado y sus beneficiarios, y cuotas que el patrón estaba obligado a cubrir, en los términos de la propia ley.
Sostuvo que, por otra parte, en los numerales 23 y 25 de la Ley del Seguro Social se prevé una regulación específica en la manera en que se determinará el monto y la forma de las aportaciones a cubrir al Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando las relaciones laborales estuvieran reguladas por un contrato colectivo de trabajo, regímenes financieros excluyentes entre sí; de ahí que, indebidamente, en el considerando cuarto de la sentencia combatida, se expresó que la obligación impuesta en el segundo párrafo del artículo examinado, no está limitada
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25647-9e1a6dd3/seguro-social-la-cuota-establecida-en-el-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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