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Modo: Corpus Pro

PENSIONES. EL ARTÍCULO 125 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL DEROGADA, AL LIMITAR EL MONTO QUE PUEDEN PERCIBIR LAS PERSONAS A QUIENES SE LES CONCEDIÓ UNA POR RIESGO DE TRABAJO Y OTRA DIVERSA COMPATIBLE, ES INCONSTITUCIONAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 87/2024. · Registro digital (IUS): 32874
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2024-11-29
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO, AMBOS DEL OCTAVO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Noviembre de 2024, Tomo V, Volumen 1, Pág.572.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 87/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO, AMBOS DEL OCTAVO CIRCUITO. 27 DE JUNIO DE 2024. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA EMMA MEZA FONSECA Y DE LOS MAGISTRADOS MIGUEL BONILLA LÓPEZ Y SAMUEL MERAZ LARES. PONENTE: MAGISTRADO SAMUEL MERAZ LARES. SECRETARIO: DIEGO ALEXIS MORALES GÓMEZ.

SENTENCIA

1. Correspondiente a la contradicción de criterios suscitada entre el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito, con sede en Saltillo, Coahuila, al resolver los amparos directos **********, ********** y **********y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del mismo Circuito, con residencia en Torreón, Coahuila, al resolver el amparo directo **********.

2. La problemática jurídica que debe resolver este Pleno Regional consiste en determinar la constitucionalidad del artículo 125 de la Ley del Seguro Social abrogada, que establece un límite al monto que pueden recibir las personas que han accedido a una pensión por riesgo de trabajo y alguna diversa compatible.

I. ANTECEDENTES

3. Mediante oficio sin número, el Juez de Distrito especializado en Materia Laboral, adscrito al Séptimo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Coahuila, con residencia en Torreón, denunció la posible contradicción de criterios entre el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo al resolver los amparos directos **********, **********, ********** y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo, al emitir pronunciamiento en el amparo directo **********.

II. TRÁMITE

4. En acuerdo de Presidencia de treinta de abril de dos mil veinticuatro, se radicó el asunto como contradicción de criterios 87/2024, se admitió a trámite, se solicitó a los integrantes de los tribunales contendientes que remitieran copia certificada digital de las ejecutorias dictadas en los referidos juicios e indicaran si sus criterios seguían vigentes.

5. Igualmente, se solicitó a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informara si tenía radicada alguna contradicción de criterios sobre la misma materia y se realizó el turno electrónico a la ponencia respectiva.

6. Mediante acuerdos de diez y trece de mayo de dos mil veinticuatro se tuvo a los tribunales contendientes informando que sus criterios continúan vigentes.

7. Finalmente, en acuerdo de catorce de mayo de dos mil veinticuatro, se recibió el informe de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el que relató que no encontró alguna contradicción de criterios relacionada con el tema del que versa el presente asunto.

8. En el mismo proveído se confirmó el turno del asunto a la ponencia del Magistrado Samuel Meraz Lares, para la elaboración del proyecto correspondiente.

III. PRESENTACIÓN DE AMICUS CURIAE

9. Conforme al artículo 45 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cualquier persona o institución puede ofrecer voluntariamente su opinión respecto a la contradicción de criterios sujeta al conocimiento de algún Pleno Regional. Puede presentarse hasta antes de la fecha para la sesión en que se programe la resolución del asunto.

10. Antes de la fecha en que fue publicada la lista de los asuntos para sesión ordinaria, ninguna persona o institución presentó opinión sobre el tema de esta contradicción de criterios. Tampoco se presentó alguna opinión entre la publicación de la lista y antes de la fecha para la sesión programada para resolverla.

IV. COMPETENCIA

11. Este Pleno Regional es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios, en términos de los artículos 94, párrafo primero, 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, reformado por el diverso Acuerdo General 1/2024; y, 2 del Acuerdo General 108/2022 del citado Pleno, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, modificado por el diverso Acuerdo General 38/2023.

12. Lo anterior, al tratarse de una contradicción entre los criterios sustentados por Tribunales Colegiados, con competencia en Materia de Trabajo del Octavo Circuito, que pertenecen a la Región Centro-Norte, donde este Pleno Regional ejerce sus atribuciones.

V. LEGITIMACIÓN

13. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, así como 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al haber sido formulada por el Juez de Distrito, adscrito al Séptimo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Coahuila, con sede en Torreón.

VI. CRITERIOS EN CONFLICTO

14. Los antecedentes de cada uno de los juicios de amparo en que fueron plasmados los criterios denunciados, son los siguientes:

A) Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito.

15. A.1. Amparo directo **********. El quejoso promovió demanda de amparo directo en la que reclamó el laudo dictado el cinco de octubre de dos mil veintidós, por la Junta Especial número veinticinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en Saltillo, Coahuila.

16. El laudo condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social a restituir la pensión de incapacidad permanente parcial por riesgo de trabajo determinada en 21 % por hipoacusia y 10% por neumoconiosis, a partir de diciembre de dos mil veinticuatro y enero de dos mil veinticinco, así como los incrementos generados de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Las que deberían agregarse a la incapacidad del 50 % por enfermedad músculo esquelético de columna lumbar.

17. Además de la pensión por riesgo de trabajo en comento, correspondía sumarse la pensión por vejez y quedó precisado en el laudo que deberían hacerse los ajustes en términos del artículo 125 de la Ley del Seguro Social, para lo cual ordenó abrir incidente de liquidación.

18. En auto de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito admitió a trámite la demanda, la registró como amparo directo ********** y en sesión de seis de octubre de dos mil dieciséis resolvió el asunto, en el sentido de conceder el amparo.

19. Los efectos de la protección constitucional consistieron en que la autoridad responsable debía dejar sin efectos el laudo declarado inconstitucional y pronunciarse nuevamente sobre la fecha en que procedía la restitución de la pensión, que en su momento demandó el quejoso.

20. Sin embargo, respecto la constitucionalidad del artículo 125 de la Ley del Seguro Social abrogada, en la sentencia de amparo se realizó un análisis el cual concluyó que es constitucional la restricción al monto de las pensiones.

21. El tribunal estableció que de la exposición de motivos de la legislación abrogada, la intención fue otorgar a los trabajadores asegurados con derecho a las pensiones de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada, así como las derivadas de la muerte de un trabajador, el beneficio de percibir cualquiera de esas pensiones y también una proveniente del seguro de riesgo de trabajo en forma simultánea, con la única limitación que la suma de las cuantías no exceda el 100 % del salario promedio del grupo mayor que sirvió de base para determinar la cuantía de las pensiones concedidas.

22. Por su parte, señaló que el artículo 123 de la Constitución Federal, si bien establece el derecho a la seguridad social, así como establece que la Ley del Seguro Social contenga diversos seguros, entre ellos el de invalidez y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores, lo cierto es que no establece los parámetros sobre cómo habrán de regularse o cuantificarse los montos de las pensiones de cada uno de los seguros.

23. En cambio, el artículo 125 de la Ley del Seguro Social abrogado establece el derecho a los trabajadores de percibir cualquiera de las pensiones, así como el de riesgo de trabajo, empero, dispone que la percepción de ambas será sin exceder el 100 % del salario promedio del grupo mayor que sirvió de base para determinar la cuantía de las pensiones concedidas.

24. En estas circunstancias, dijo el tribunal colegiado contendiente, el precepto normativo no es inconstitucional, porque la ley fundamental no establece alguna directiva sobre la existencia de un límite a la cuantía de las pensiones.

25. Además, porque el límite tiene una razón lógica financiera plenamente justificada, consistente en que el presupuesto del sistema de pensiones del Estado no es inagotable, pues en caso de no existir dicho tope, existe el riesgo de que al instituto le sea imposible financiar el pago de las pensiones de sus asegurados, por lo que el legislador debe ser realista y hacer que subsistan algunas limitaciones derivadas del estado financiero del Instituto de Seguridad Social, pues sus recursos no son infinitos. Por ende, el límite en comento no afecta las bases mínimas establecidas en la Constitución.

26. A.2. Amparo directo **********. El quejoso promovió demanda de amparo contra el laudo dictado el catorce de noviembre de dos mil veintidós por la Junta Especial número veinticinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje.

27. En el laudo se absolvió al Instituto Mexicano del Seguro Social de la cancelación y devolución de los descuentos realizados por concepto de cobro indebido de pensión, por lo que hace al seguro de invalidez y diverso derivado de riesgo de trabajo, así como del restablecimiento de la cuantía de la pensión de invalidez, que en su momento demandó el quejoso.

28. El Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo, en auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, admitió a trámite la demanda, la registró con el número ********** y en sesión de trece de octubre siguiente, concedió el amparo.

29. Los efectos del amparo se limitaron exclusivamente a que la responsable motivara adecuadamente el acto reclamado, en tanto que no realizó pronunciamiento sobre la totalidad de pretensiones de la parte actora, esto es, respecto al porcentaje descontado y la ilegalidad de los descuentos previos a la fecha en que se emitió la resolución de modificación. Por lo que debería atender tales posturas de la parte actora, para dotar de exhaustividad el laudo.

30. Además, para este caso resulta relevante que en la ejecutoria de amparo en comento, el tribunal contendiente realizó un análisis respecto la constitucionalidad del artículo 125 de la Ley del Seguro Social abrogada, con la misma conclusión que el diverso amparo directo **********, es decir, que el precepto legal es constitucional.

31. A.3. Amparo directo **********. El quejoso promovió demanda de amparo contra el laudo dictado el nueve de marzo de dos mil veintitrés por la Junta Especial número veinticinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje.

32. En el laudo se absolvió al Instituto Mexicano del Seguro Social de la cancelación y devolución de los descuentos realizados por concepto de cobro indebido de pensión, así como al pago retroactivo y el restablecimiento de la cuantía completa de la pensión de cesantía en edad avanzada, que en su momento demandó el quejoso.

33. El Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito, en auto de seis de julio de dos mil veintitrés, admitió a trámite la demanda, la registró con el número ********** y en sesión de veintitrés de febrero de dos mil veinticuatro, concedió el amparo.

34. Los efectos fueron para que la responsable cumpliera con el principio de exhaustividad, pues no motivó adecuadamente el acto reclamado, al no contestar las pretensiones del demandante respecto que el Instituto Mexicano del Seguro Social realizó descuentos retroactivos previos a la resolución de modificación de la pensión, así como respecto el porcentaje que fue descontado.

35. Además, para este caso resulta relevante que en la ejecutoria de amparo en comento, el tribunal contendiente realizó un análisis respecto la constitucionalidad del artículo 125 de la Ley del Seguro Social abrogada, con la misma conclusión que los diversos amparos directos ********** y **********; es decir, que el precepto legal es constitucional.

B) Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, al resolver el amparo directo **********.

36. El quejoso promovió demanda de amparo contra la sentencia dictada el veintidós de junio de dos mil veintitrés por el Juez Séptimo del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales del Estado de Coahuila, con sede en Torreón.

37. En la sentencia combatida se absolvió al Instituto Mexicano del Seguro Social de la totalidad de pretensiones del demandante, esto es, de la reducción indebida de su pensión por cesantía en edad avanzada y del pago retroactivo de las diferencias generadas en los meses subsecuentes. Lo anterior, a partir de la aplicación del artículo 125 de la Ley del Seguro Social abrogada.

38. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo, del Octavo Circuito, en auto de siete de agosto de dos mil veintitrés, admitió a trámite la demanda, la registró con el número ********** y en sesión de cuatro de abril de dos mil veinticuatro concedió el amparo.

39. Esencialmente, el tribunal contendiente indicó que el artículo 125 de la Ley del Seguro Social abrogada resulta inconstitucional, por lo cual ordenó a la autoridad responsable dictar una nueva resolución donde con libertad de jurisdicción, de manera congruente, fundada y motivada, resolviera lo que en derecho correspondía.

40. Los argumentos torales en que se apoyó la decisión fueron que las pensiones derivadas de riesgo de trabajo y cesantía tienen orígenes distintos, cubren riesgos diferentes y tienen autonomía financiera.

41. Por ende, precisó que el artículo 125 de la abrogada Ley del Seguro Social, en relación con el numeral 116 de la ley vigente, que restringen la posibilidad de acceder a las pensiones de cesantía en edad avanzada y la de riesgo de trabajo, de manera íntegra, con motivo del ajuste que debe efectuarse a la primera de ellas, transgrede el derecho a la seguridad social y previsión social, consagrados en favor del asegurado en el artículo 123, apartado A, fracción XXIX, de la Constitución Federal.

42. Lo anterior, dijo el tribunal contendiente, porque limita el derecho de disponer íntegramente el acceso a dos pensiones que tienen orígenes distintos y corresponden a diversas ramas de aseguramiento y que además gozan de autonomía financiera, en virtud de que esa protección debe ser completa y congruente con las diversas ramas de aseguramiento, por lo que al limitar su acceso sin que exista una causa justificada para ello, se vulneran los derechos de seguridad y previsión social consagrados en la Constitución.

43. Que al quedar evidenciado que la regulación de ese precepto legal, es transgresor de los derechos de seguridad social y previsión social, su aplicación en perjuicio del quejoso, fue inconstitucional, ya que las pensiones a que tiene derecho, le deben ser cubiertas de manera conjunta e íntegra.

44. Apoyó su determinación en la tesis 2a. XCVIII/2018 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LOS ARTÍCULOS 51, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007, Y 12, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES SUJETOS AL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL INSTITUTO REFERIDO, SON INCONSTITUCIONALES."(1)

45. Para ello, el tribunal colegiado realizó una comparación entre el texto de los artículos 51, segundo párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado –declarado inconstitucional– con el texto del artículo 125 de la Ley del Seguro Social abrogada y el 12 segundo párrafo, del reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del decreto por el que se expide la ley del instituto referido, de lo cual obtuvo que fueron redactados en similares términos, respecto la limitación al monto de las pensiones.

46. Por ende, sostuvo que aunque la normativa analizada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue respecto la legislación de diverso Instituto de Seguridad Social, la cuestión jurídica abordada contiene los mismos elementos de estudio, esto es, si una norma secundaria puede restringir o no el acceso integral a dos pensiones que son compatibles.

VII. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN

47. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que sí existe contradicción de criterios entre los sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes.

48. Por contradicción de criterios debe entenderse cualquier discrepancia en el criterio adoptado por órganos jurisdiccionales terminales mediante argumentaciones lógico-jurídicas que justifiquen su decisión en una controversia, independientemente de que hayan o no emitido tesis.

49. Sirve de apoyo para esta determinación la tesis de rubro "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS."(2) y la jurisprudencia "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(3)

50. De acuerdo con lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una forma de aproximarse a los problemas que se plantean en este tipo de asuntos es la necesidad de unificar criterios y no la de comprobar que se reúnan una serie de características formales o fácticas.

51. Para resolver si existe o no la contradicción de criterios es necesario analizar detenidamente los procesos interpretativos involucrados –no tanto los resultados que arrojen– con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos–.

52. Por ende, para que una contradicción de criterios exista, es indispensable que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;

b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

c) Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible. 53. De acuerdo a lo anterior, sí existe la contradicción de criterios denunciada, toda vez que de los antecedentes y consideraciones sustentadas por cada uno de los Tribunales Colegiados contendientes, satisfacen los requisitos, en la medida de que ejercieron su arbitrio judicial al resolver las cuestiones litigiosas que les fueron planteadas a través de los amparos directos resueltos.

54. Además, de sus criterios se advierte un punto de toque, relativo a determinar la constitucionalidad del artículo 125 de la abrogada Ley del Seguro Social.

55. Por una parte, el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, Coahuila, determinó que el artículo 125 de la abrogada Ley del Seguro Social no resultaba contrario a los derechos fundamentales establecidos en el numeral 123, apartado A, fracción XXIX, en relación con el 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el tope establecido en la hipótesis legal prevista en el citado artículo, en virtud de que el presupuesto del sistema de pensiones del Estado no es inagotable, pues de no existir, se correría el riesgo de que al Instituto demandado le fuera imposible financiar el pago de las pensiones de sus asegurados.

56. Mientras que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, con residencia en Torreón, Coahuila, resolvió que el artículo 125 de la abrogada Ley del Seguro Social, en relación con el numeral 116 de la ley vigente, que restringe la posibilidad de acceder a las pensiones de cesantía en edad avanzada y la de riesgo de trabajo, de manera íntegra, con motivo al ajuste que debe efectuarse a la primera, transgredía el derecho a la seguridad social y previsión social, consagrados en favor del asegurado en el artículo 123, apartado A, fracción XXIX, de la Constitución Federal, por lo cual resultaba inconstitucional, ya que las dos pensiones a que tenía derecho, le debían ser cubiertas de manera conjunta e íntegra.

57. Como puede corroborarse, en los ejercicios interpretativos realizados por los tribunales contendientes existió un punto de toque con respecto a la resolución de idéntico tipo de problema jurídico.

58. Porque en ambos casos los contendientes efectuaron un análisis constitucional del artículo 125 de la abrogada Ley del Seguro Social, concretamente respecto la limitación de la cuantía que deberán recibir los pensionados que accedieron a dos pensiones provenientes de diversos seguros, a su vez son compatibles.

59. Uno de los tribunales indicó que no es violatorio de los derechos fundamentales contenidos en el artículo 123, en relación con los diversos 1o. y 4o. de la Constitución Federal; mientras el diverso criterio concluyó que la limitación sí es violatoria del derecho a la seguridad social, previsto en el primero de los artículos de la máxima legislación nacional.

60. En estas circunstancias, surge una pregunta que deberá resolver este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México: ¿Es inconstitucional el artículo 125 de la abrogada Ley del Seguro Social?

VIII. ESTUDIO

61. La respuesta a esta interrogante es en sentido positivo. Este Pleno Regional en Materias Penal y del Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México determina que la restricción contenida en el artículo 125 de la abrogada Ley del Seguro Social, que implica la reducción de la cuantía de quien recibe las pensiones derivadas de riesgo de trabajo y alguna otra compatible, es violatoria del derecho fundamental de seguridad social contenido en el artículo 123, fracción XXIX de la Constitución Federal.

62. En los cuatro casos de los cuales deriva esta contradicción de criterios, los Tribunales Colegiados de Circuito tuvieron como coincidencia el pago de dos pensiones por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en todos los asuntos una fue proveniente del seguro de riesgo de trabajo; a la cual los quejosos tenían derecho junto con diversa pensión: en dos casos proveniente del seguro de cesantía en edad avanzada, uno respecto el seguro de invalidez y diverso con el de vejez.

63. Para resolver esta problemática jurídica en el proyecto se abordarán las siguientes temáticas: A) Derecho a la seguridad social y previsión social; B) Pensiones derivadas de riesgo de trabajo, cesantía en edad avanzada, invalidez y vejez; C) Restricción de pago íntegro de pensiones compatibles, establecida en el artículo 125 de la abrogada Ley del Seguro Social; D) Precedente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre inconstitucionalidad de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; y E) Conclusión.

A) DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PREVISIÓN SOCIAL

64. El derecho fundamental a la Seguridad Social y a la Previsión Social, se encuentra reconocido en el artículo 123, apartado A, fracción XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto vigente en aquélla fecha –mil novecientos setenta y tres– establecía:

"Art. 123. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán entre los obreros, jornaleros, empleados, domésticos y artesanos y de una manera general sobre todo contrato de trabajo: (...)

XXIX.- Se considera de utilidad pública la expedición de la Ley del Seguro Social y ella comprenderá seguros de la invalidez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes y otras con fines análogos. (...)"(4)

65. Actualmente, el texto vigente establece:

"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo: (...)

XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares. (...)"

66. Como puede corroborarse, en ambas redacciones, el constituyente permanente encomendó al legislador secundario expedir leyes sobre el trabajo, en lo que interesa, respecto de la Ley del Seguro Social, estableció que sería de utilidad pública y debería contener las previsiones sobre los seguros de la invalidez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes y otras con fines análogos.

67. Adicionalmente, del texto vigente puede extraerse que la finalidad es la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.

68. En el artículo constitucional preinserto se instituyeron las bases mínimas de previsión social que aseguran en lo posible la tranquilidad y bienestar personal de los trabajadores y de sus familiares; además, se previó a nivel constitucional la protección para dichos trabajadores y sus familiares en caso de invalidez, vejez y muerte.

69. De tal modo que se elevaron a rango constitucional las disposiciones orientadas a procurar el mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores y sus familiares y se adoptaron bases mínimas de seguridad social con igual propósito; por lo que las garantías sociales establecidas en el precepto en comento podrán ampliarse, pero nunca restringirse.

70. Conforme lo anterior, la seguridad social como garantía social constitucionalmente reconocida en favor de los trabajadores, también está dirigida a sus familiares, por lo que, a éstos tampoco se les puede reducir o restringir.

71. En el ámbito internacional, el Convenio Número 102 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la norma mínima de la seguridad social, establece la obligación de todo Estado miembro de garantizar a las personas protegidas la concesión de prestaciones en caso de accidente del trabajo y de enfermedad profesional.

72. Además, dicho Convenio señala que se deberá garantizar a las personas protegidas la concesión de diversas prestaciones relacionadas con los seguros establecidos en el artículo 123, apartado A, fracción XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B) PENSIONES DERIVADAS DE RIESGO DE TRABAJO, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA, INVALIDEZ Y VEJEZ.

73. Para cumplir con el mandato constitucional, el doce de marzo de mil novecientos setenta y tres se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Seguro Social, cuyo primer transitorio estableció que entraría en vigor el uno de abril de ese año.

74. Lo cual resulta relevante porque en lo subsecuente, al realizar referencias a la Ley del Seguro Social se deberá entender que se trata de ese cuerpo normativo, actualmente abrogado, con la publicación de la Ley con el mismo nombre, publicada el veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, que entró en vigor el uno de enero de mil novecientos noventa y siete.

75. Ahora bien, el constituyente permanente encomendó al legislador secundario expedir leyes sobre el trabajo, en lo que interesa, respecto la Ley del Seguro Social, estableció que sería de utilidad pública y debería contener las previsiones sobre los seguros de la invalidez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes y otras con fines análogos.

76. La Ley del Seguro Social abrogada establece la regulación sobre el seguro de riesgo de trabajo, en su capítulo III, precisamente en los artículos 48 a 50, que prevén lo siguiente:

"ARTÍCULO 48. Riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo."

"ARTÍCULO 49

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32874-abf652a5/pensiones-el-articulo-125-de-la-ley-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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