AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE SE REFIEREN A CUESTIONES NOVEDOSAS NO INVOCADAS EN LA DEMANDA DE AMPARO, CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO OMITE EL ESTUDIO DEL PLANTEAMIENTO DE CONSTITUCIONALIDAD.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 617/2012. 25 DE ABRIL DE 2012. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO. AUSENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: JAIME NÚÑEZ SANDOVAL.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resulta legalmente competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción V y 84, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los puntos segundo y tercero, fracción III, en relación con el punto cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, en relación con el punto primero, fracción II, inciso c), y punto segundo, fracciones IV y V, del Acuerdo Plenario Número 5/1999, puesto que no se ubica en los supuestos señalados para el conocimiento del Tribunal Pleno y se interpone en contra de una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito en materia de trabajo, cuya materia corresponde a la especialidad de esta Sala.
SEGUNDO. La presentación del recurso de revisión que hizo valer el quejoso ********** resultó oportuna, ya que fue exhibido dentro del término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo.(1)
En efecto, la notificación de la sentencia recurrida se realizó el martes catorce de febrero de dos mil doce, por lo que tal notificación surtió sus efectos el día hábil siguiente, es decir, el miércoles quince; en consecuencia, el plazo de diez días antes aludido transcurrió del jueves dieciséis al miércoles veintinueve de febrero del referido año, descontando de tal cómputo los días dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de febrero, por haber sido inhábiles, de conformidad con el artículo 23 de la Ley de Amparo,(2) en relación con el 163(3) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Luego, si la presentación del recurso de revisión tuvo verificativo el día veintinueve de febrero de dos mil doce, es decir, el último día del plazo, es inconcuso que tal presentación resultó oportuna.
El cómputo a que se hace alusión en párrafos precedentes, se advierte claramente en el siguiente calendario:
Ver calendario
Asimismo, el recurso de revisión adhesiva que hace valer el director general jurídico y consultivo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México es oportuno, tal como se precisó en el proveído de veintidós de marzo de dos mil doce, dictado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (fojas 57 y 58).
TERCERO. El quejoso recurrente, en síntesis, expresó los agravios que a continuación se sintetizan:
• En lo concerniente a la prohibición para reincorporarlo al servicio (negativa de reinstalación), expuso lo siguiente:
1. Que la reforma del artículo 123, apartado B, fracción XIII, del Pacto Federal se hizo con el objetivo de eliminar de los malos elementos de las instituciones vinculadas con la seguridad pública, y que en el caso en estudio no se demostró que él sea un mal elemento que hubiese sido legalmente, ni que hubiere incurrido en responsabilidad, de modo que no se ha probado que no cubra los requisitos legales para continuar desempeñando el cargo.
2. Que aunque el texto del artículo 123, apartado B, fracción XIII, del Pacto Federal parece no dejar opción para reponer al servidor en su trabajo, porque aparentemente es tajante y veda rotundamente la reinstalación, en realidad debe interpretarse que no es así y que los órganos del Estado tienen la opción de reinstalar, pues si manifiestan que si reinstalaran al servidor público debe estimarse válido que lo hagan, y como el quejoso no es un mal elemento y ha estudiado acuciosamente averiguaciones previas importantes para el servicio público, el Estado puede, si quiere, reponerlo en su trabajo.
• En lo relativo a la determinación de las demás prestaciones a las que tenía derecho señaló:
A. Que tiene derecho a recibir las restantes prestaciones mencionadas en el escrito inicial de demanda, en términos de los artículos 50 y 947 de la Ley Federal del Trabajo; por ello, la sentencia recurrida es ilegal y contraria al principio de justicia y no apegada a los tratados internacionales firmados por el Estado de México.
B. Que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también debe ser sujeta de control de la convencionalidad, cuando se opone al goce de los derechos humanos y de las garantías de esos derechos. En particular, la jurisprudencia con registro IUS número 161183, Novena Época, correspondiente a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, agosto del 2011, página cuatrocientos doce, tesis 2a./J. 119/2011, materia administrativa, del rubro: "SEGURIDAD PÚBLICA. PARA DETERMINAR LOS CONCEPTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA INDEMNIZACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO ES APLICABLE, NI AUN SUPLETORIAMENTE, LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.", que prohíbe, en casos como el presente, aplicar supletoriamente la Ley Federal del Trabajo, así como el artículo 123, apartado A, de la Constitución General de la República.
C. Que para concluir que no es aplicable la Ley Federal del Trabajo no basta ubicar en el derecho administrativo la relación entre el gobernado y la entidad pública, porque son muchos los casos de indemnizaciones que corresponden, por ejemplo, al derecho penal y se hacen conforme a las reglas del derecho civil o a las del derecho del trabajo. Así, debe pensarse que el sistema jurídico mexicano es una estructura, no un conjunto de partes aisladas entre sí y con nula vinculación; además, la finalidad de esa estructura es ser efectiva para organizar la convivencia pacífica, para arbitrar las instituciones necesarias que la aseguren y garanticen, y uno de los principales medios para lograr esto es utilizar las normas de una especialidad para subsanar las falencias de otra rama.
D. Que el quejoso goza del derecho a trabajar y de la estabilidad en el trabajo; éstos son derechos humanos que confiere la Constitución General, la Convención Americana de Derechos Humanos (sic) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, todos estos tratados de los que el Estado Mexicano es parte. Que el artículo 6 del último de los instrumentos internacionales mencionados reconoce el derecho de trabajar, como un derecho a ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido; el diverso numeral 7 del mismo ordenamiento reconoce el derecho a condiciones de trabajo que aseguren remuneración y condiciones de trabajo dignas para los trabajadores y sus familias; el artículo 9 de ese pacto internacional describe el derecho de toda persona a la seguridad social; mientras que el numeral 11 reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí, para su familia y una mejora continua de las condiciones de existencia, también reconoce el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre; el derecho de toda persona al más alto nivel de salud física y mental; la creación de condiciones que aseguren asistencia médica y servicios médicos. Por su parte, el artículo 7, apartado d), del aludido Protocolo de San Salvador, que firmó el Estado Mexicano, reconoce el derecho a la estabilidad en el empleo de acuerdo a las características del trabajo y profesión.
E. Que la reforma del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, sólo afecta el derecho de ser reinstalado y no merma la garantía correspondiente al pago de los salarios dejados de percibir; en efecto, esta reforma constitucional se trata de una excepción, y lo único que pretende es otorgar al Estado la opción de reinstalar o no reinstalar, pero no establece que el servidor público pierda el derecho de ser indemnizado exactamente en los términos que la ley establece para el caso de que el patrón niegue la reinstalación (Ley Federal del Trabajo) pues, en la especie, el Estado emitió una ley que permite negar la reinstalación, pero debe considerase que el mismo Estado debe pagar la indemnización que corresponde cuando él se niega a reinstalar al trabajador.
F. Que jurídicamente no es asequible otra solución, porque el quejoso nunca incurrió en conducta alguna que deba acarrearle sanción; por ello, no se debe recibir una indemnización que no incluya salarios vencidos cuando no es culpa del quejoso, sino del Estado que no haya desarrollado su trabajo los días que deben pagarse por tal concepto; la conclusión es que la relación del servidor público con el órgano del Estado debe ser disuelta y en términos de ley (artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo), este último debe pagar la indemnización, salarios vencidos desde la fecha de la separación y hasta el momento en que cubra la totalidad del monto de las indemnizaciones.
CUARTO. En la adhesión al recurso de revisión interpuesta por el director general jurídico y consultivo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en representación de su titular, en vía de agravios, en sustancia, se reiteraron los razonamientos utilizados por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, para negar el amparo al quejoso, los cuales ya fueron transcritos.
QUINTO. Antes de abordar el estudio de los agravios hechos valer, es necesario determinar si, en la especie, se satisfacen los requisitos de procedencia del recurso de revisión, de conformidad con lo previsto en los artículos 94, párrafos primero, tercero y séptimo, 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo cuarto transitorio del decreto de reformas a ésta de diez de junio de mil novecientos noventa y nueve, en vigor a partir del día doce siguiente; 10, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en términos de lo previsto en el Acuerdo Plenario Número 5/1999, emitido por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en especial, el punto primero, fracciones I y II.
La Segunda Sala sustenta el criterio de que para determinar la procedencia del recurso de revisión en amparo directo, es necesario que se reúnan los siguientes requisitos:
I. Que se haya presentado oportunamente.
II. Que en la demanda de amparo se haya planteado la inconstitucionalidad de una ley, tratado internacional o reglamento (federal o local) o la interpretación directa de un precepto de la Constitución y en la sentencia se haya omitido su estudio o en ella se contenga alguno de esos pronunciamientos.
III. Que el problema de constitucionalidad referido entrañe la fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia a juicio de la Sala respectiva o del Tribunal Pleno, lo que se establecerá tomando en cuenta los criterios especificados en el Acuerdo Plenario Número 5/1999.
Lo antedicho se encuentra en la tesis de jurisprudencia, cuyos rubro, texto y datos de identificación a continuación se transcriben:
"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción V, 86 y 93 de la Ley de Amparo, 10, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo 5/1999, del 21 de junio de 1999, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece las bases generales para la procedencia y tramitación de los recursos de revisión en amparo directo, permiten inferir que un recurso de esa naturaleza sólo será procedente si reúne los siguientes requisitos: I. Que se presente oportunamente; II. Que en la demanda se haya planteado la inconstitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal y en la sentencia se hubiera omitido su estudio o en ella se contenga alguno de esos pronunciamientos; y III. Que el problema de constitucionalidad referido entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia a juicio de la Sala respectiva de la Suprema Corte; en el entendido de que un asunto será importante cuando de los conceptos de violación (o del planteamiento jurídico, sí opera la suplencia de la queja deficiente) se advierta que los argumentos o derivaciones son excepcionales o extraordinarios, esto es, de especial interés; y será trascendente cuando se aprecie la probabilidad de que la resolución que se pronuncie establezca un criterio que tenga efectos sobresalientes en materia de constitucionalidad; por el contrario, deberá considerarse que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando exista jurisprudencia sobre el tema de constitucionalidad planteado, cuando no se hayan expresado agravios o cuando, habiéndose expresado, sean ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes, siempre que no se advierta queja deficiente que suplir y en los demás casos análogos a juicio de la referida Sala, lo que, conforme a la lógica del sistema, tendrá que justificarse debidamente." (Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, diciembre de 2001, tesis 2a./J. 64/2001, página 315, registro IUS: 188101)
El recurso de mérito resulta procedente, ya que en la sentencia impugnada el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito realizó la interpretación directa del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución. Esto es así, pues interpretó la citada norma constitucional, en la porción normativa que dice: "... Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. ..."
Como se ve, en el caso, subsiste el tema de constitucionalidad, sobre todo, en lo concerniente al asunto del pago de las demás prestaciones a que tiene derecho el quejoso, el cual es importante, ya que no existe jurisprudencia que resuelva tal cuestión y se trata de un tópico de especial relevancia, en virtud de que, a partir de la reforma al artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución General (publicada en el Diario Oficial de la Federación de dieciocho de junio de dos mil ocho), que prohibió de manera definitiva la reincorporación de agentes del Ministerio Público y miembros de las instituciones policiales y de seguridad pública, entre otros, que hubiesen sido dados de baja injustificadamente, es indispensable saber los conceptos que debe comprender la indemnización a que tienen derecho, pues ello no se desprende de manera expresa de la propia Constitución.
Por otro lado, respecto al tema de la prohibición para reincorporarlo al servicio a agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de las instituciones policiales que han sido separados de su cargo, que se contiene en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que existe jurisprudencia temática emitida por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin embargo, no se desecha el recurso por tal rubro, considerando que la revisión en amparo directo sólo puede desecharse en forma general y no parcialmente, por lo que basta que alguno de los agravios expuestos amerite estudio para determinar la procedencia del recurso.
Lo anterior fue establecido por esta Segunda Sala en la tesis de jurisprudencia cuyos rubro, texto y datos de identificación, a continuación se transcriben:
"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. SÓLO PUEDE DESECHARSE EN FORMA GENERAL Y NO PARCIALMENTE, POR REFERIRSE A LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO RESPECTIVO. Los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 83, fracción V, y 84, fracción II, de la Ley de Amparo, que prevén que el recurso de revisión en amparo directo sólo procede excepcionalmente contra sentencias dictadas en el sumario de garantías correspondiente, así como las reglas del Acuerdo Número 5/1999, del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en su punto primero, fracción II, señala los supuestos en los cuales debe desecharse tal medio de impugnación, como son la existencia de jurisprudencia sobre el tema constitucional planteado, la inoperancia de los agravios o en los demás casos análogos a juicio del Alto Tribunal, deben interpretarse en el sentido de que tales supuestos se actualicen en relación con todos los planteamientos expuestos en los agravios, lo que lleva a concluir que basta con que alguno amerite su estudio para determinar la procedencia del recurso, aunque al analizarse los demás pueda decidirse que aquéllos son inoperantes o que se surte algún otro supuesto por el cual no deba emitirse pronunciamiento al respecto; por las razones antes señaladas, esta Segunda Sala se aparta del criterio visible en la tesis 2a. CLIX/2007 del rubro ‘REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. PUEDE DESECHARSE EN PARTE Y ADMITIR SU PROCEDENCIA EN LA PARTE RESTANTE.’." (Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, enero de 2008, tesis 2a./J. 253/2007, página 481, registro IUS: 170446)
Por tanto, para un mejor desarrollo del asunto, se considera oportuno realizar un estudio separado de los agravios presentados, abordando, en primer término, los relacionados con la prohibición para reincorporar al servicio y, posteriormente, los concernientes a establecer las demás prestaciones a que tienen derecho las personas que son separadas del cargo ante la prohibición de reinstalarlas.
SEXTO. Previo a establecer las razones que sustentan la determinación de esta Sala, se realiza la reseña siguiente:
1. **********, como agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, impugnó ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, la orden de baja verbal en el cargo que desempeñaba (páginas 1 a 14 del juicio administrativo de origen).
2. Por auto de cuatro de noviembre de dos mil nueve, el Magistrado de la Cuarta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México admitió a trámite la demanda y, seguidos los respectivos trámites, el dieciséis de febrero de dos mil diez, dictó sentencia en la que sobreseyó en el juicio administrativo (páginas 109 a 111 vuelta del juicio administrativo).
3. Inconforme, ********** interpuso recurso de revisión, del cual conoció la tercera sección de la Sala Superior del referido tribunal estatal y, seguidos los procedimientos correspondientes, se dictó sentencia el veintinueve de abril de dos mil diez, confirmando el fallo de primer grado que sobreseyó en el juicio (páginas 27 a 33 del recurso de revisión **********).
4. En contra de dicha sentencia definitiva, ********** promovió juicio de amparo, el que fue resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar, con residencia en Naucalpan de Juárez, en sesión de veintiuno de enero de dos mil once, en apoyo al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito; en dicha ejecutoria se otorgó la protección federal para el efecto de que la sección de la Sala responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada y dictara otra en la que atendiera debidamente a la litis, esto es, a la orden de baja verbal del cargo de agente del Ministerio Público impugnada y, con plenitud de jurisdicción, analizara los agravios expuestos (páginas 83 a 90 del recurso de revisión **********).
5. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la responsable dejó insubsistente la sentencia reclamada y dictó otra en la que determinó la invalidez de la orden de baja verbal impugnada y condenó a la autoridad, en términos del artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional, únicamente al pago de la indemnización constitucional y demás prestaciones a las que tuviera derecho el actor, entendiéndose por tales, respecto de la primera, el pago de tres meses del sueldo que percibía en el empleo y, relativo a la segunda, todas aquellas que usualmente la autoridad le otorgaba al demandante como consecuencia del servicio prestado; asimismo, la condenó al pago del sueldo correspondiente del veintinueve de septiembre al trece de octubre de dos mil nueve, por haber manifestado él mismo que en esa fecha dejó de presentarse a trabajar (páginas 96 a 109 vuelta del recurso de revisión **********).
6. En contra de dicha sentencia definitiva, ********** promovió sendo juicio de amparo, el que fue resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en sesión de veintiséis de enero de dos mil doce; en dicha ejecutoria se negó la protección federal al quejoso (páginas 107 a 142 del recurso de revisión 237/2010).
SÉPTIMO. Son inoperantes los agravios expresados por el quejoso recurrente, relativos a la prohibición para reincorporar al servicio a las personas que son separadas del cargo, toda vez que existe el criterio jurisprudencial de esta Segunda Sala que atiende esa problemática, cuyos rubro, texto y datos de localización se reproducen a continuación:
"SEGURIDAD PÚBLICA. LA PROHIBICIÓN DE REINSTALAR EN SU CARGO A LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, PREVISTA POR EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008, ES APLICABLE EN TODOS LOS CASOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RAZÓN QUE MOTIVÓ EL CESE. Del citado precepto constitucional se advierte que los miembros de las instituciones policiales podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos de permanencia o si incurren en responsabilidad, con la expresa previsión de que si la autoridad resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo está obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. De lo anterior se sigue que a partir de la aludida reforma la prohibición de reincorporación es absoluta, lo que se corrobora con el análisis del proceso relativo del que deriva que el Constituyente Permanente privilegió el interés general por el combate a la corrupción y la seguridad por encima de la afectación que pudiere sufrir el agraviado la que, en su caso, se compensaría con el pago de la indemnización respectiva, por lo que independientemente de la razón del cese tiene preferencia la decisión del Constituyente de impedir que los miembros de las corporaciones policiacas que hubiesen causado baja se reincorporen al servicio." (Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Mayoría de cuatro votos. Disidente y ponente: Luis María Aguilar Morales. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, julio de 2010, tesis 2a./J. 103/2010, página 310, registro IUS: 164225)
Así, de acuerdo con la jurisprudencia transcrita, se advierte que dicho asunto ya fue debidamente abordado y aclarado por esta Segunda Sala, por tanto, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito estuvo en lo correcto, al interpretar el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución General, conforme al criterio jurisprudencial señalado, el cual le resultaba de observancia obligatoria, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo.
Cabe destacar que el criterio transcrito se orienta en el sentido de que en caso de que los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios sean separados o removidos de su cargo, bajo ningún supuesto procederá su reinstalación o restitución, aun cuando el servidor público interponga un medio de defensa en contra de su remoción, cese o separación, y logre obtener una sentencia favorable, ya sea por vicios de procedimiento que propicien la reposición del procedimiento, como por una decisión de fondo, siendo procedente, en tales casos, únicamente su indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho.
Bajo ese contexto, esta Segunda Sala estima inoperantes los agravios expresados por el recurrente respecto a la prohibición de reincorporarlo al servicio, ya que, al existir jurisprudencia firme, el problema de constitucionalidad planteado no reviste las características de importancia y trascendencia necesarias para abordar su estudio en revisión, al no ser un caso inédito, cuya resolución incida en el orden jurídico nacional.
OCTAVO. Son fundados los agravios manifestados por el quejoso recurrente en relación al tema de las demás prestaciones que tiene derecho a percibir, tomando en consideración además la causa de pedir.
Conviene recordar que la autoridad responsable en el juicio natural dejó insubsistente la sentencia reclamada y dictó otra en la que determinó la invalidez de la orden de baja verbal impugnada y condenó a la autoridad, en términos del artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional, únicamente al pago de la indemnización constitucional y demás prestaciones a las que tuviera derecho el actor.
Entonces, el punto jurídico que debe dilucidarse en esta instancia constitucional es cómo debe interpretarse la porción normativa "y demás prestaciones a que tenga derecho" que se encuentra contenida en el párrafo segundo de la fracción XIII, apartado B, del artículo 123 de la Constitución, tal y como lo refiere el recurrente.
Para resolver este problema de interpretación constitucional, se considera conveniente hacer referencia al texto del artículo mencionado, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de ocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve, que sólo preveía como concepto para resarcir a los miembros de instituciones policiales, el de la indemnización:
"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley.
"...
"B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores:
"...
"XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes.
"El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, las prestaciones a que se refiere el inciso f) de la fracción XI de este apartado, en términos similares y a través del organismo encargado de la seguridad social de los componentes de dichas instituciones; y (sic)
"Los miembros de las instituciones policiales de los Municipios, entidades federativas, del Distrito Federal, así como de la Federación, podrán ser removidos de su cargo si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento de la remoción señalen para permanecer en dichas instituciones, sin que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para combatir la remoción y, en su caso, sólo procederá la indemnización. La remoción de los demás servidores públicos a que se refiere la presente fracción, se regirá por lo que dispongan los preceptos legales aplicables."
Fue hasta la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, en que se agregó al segundo párrafo de la fracción XIII, apartado B, del mencionado artículo, el elemento normativo "y demás prestaciones a las que tenga derecho", como complemento al de la indemnización.
Sin embargo, durante el proceso legislativo de reformas a la Constitución, no se precisaron las razones para incorporar en la fracción XIII que se analiza el aludido enunciado, incluso, en la exposición de motivos del presidente de la República se observa que tuvo la intención de que prevaleciera como concepto único la "indemnización", y en los dictámenes de las Cámaras de Diputados y de Senadores no se abonó argumento alguno para justificar su anexión al Texto Constitucional.
En tal virtud, para desentrañar el sentido jurídico de la norma que se estudia, habrá que atender a las razones fundamentales y relevantes que motivaron la reforma constitucional de la multicitada fracción XIII en estudio, pues a partir de ellas se podrá establecer una conexión lógica, jurídica y necesaria, con el enunciado que se analiza, por formar parte integral del contexto normativo constitucional.
Así las cosas, se ha visto con claridad que la intención primordial de la reforma al Texto Constitucional, contenido en el segundo párrafo de la fracción XIII, apartado B, del artículo 123, se enmarca en dos aspectos importantes:
Primero, permitir que las instituciones encargadas de la procuración de justicia y las policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, puedan remover a los malos elementos que hayan incumplido los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que todo servidor público debe acatar.
Segundo, prohibir de manera absoluta y categórica que los miembros de esas instituciones sean reincorporados, aun cuando obtengan resolución jurisdiccional que declare injustificada la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio.
Sobre el sentido jurídico de la reforma a la fracción XIII, apartado
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24899-b889caa3/amparo-directo-en-revision-son-inoperantes-los-agravios · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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