CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CELEBRADOS CON CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL. SU NATURALEZA.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1285/2022. 22 DE FEBRERO DE 2023. CINCO VOTOS DE LA MINISTRA Y DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIOS: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS Y RICARDO MARTÍNEZ HERRERA.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: El Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública Federal celebró un contrato con una empresa privada con el fin de que operara un Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO).
La empresa, a su vez, celebró subcontratos con una tercera compañía a fin de que llevara a cabo diversos servicios en las instalaciones del CEFERESO (lavandería, mantenimiento, alimentos, mobiliario, entre otros). Con motivo de varias inconformidades relacionadas con el cumplimiento, la empresa subcontratada fue rescindida de la relación. Inconforme con la rescisión unilateral, la empresa subcontratada demandó la declaración judicial de que sus contratos estaban vigentes y debían cumplirse, ya que era ilegal la rescisión unilateral realizada por una de las contrapartes.
En amparo directo, el Tribunal Colegiado consideró que efectivamente fue ilegal la rescisión unilateral de los contratos, pero no podía ordenar el cumplimiento forzoso, ya que el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política del país establece la prohibición de reinstalar a personas que prestan servicios en instituciones de seguridad pública, lo que era aplicable a la empresa subcontratada por prestar sus servicios dentro de un centro federal de readaptación social. En consecuencia, lo procedente era una indemnización en los términos del propio artículo 123, apartado B, fracción XIII constitucional. Inconforme, la empresa subcontratada interpuso la presente revisión.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 1285/2022, interpuesto por **********, sociedad anónima de capital variable, y **********, sociedad anónima de capital variable, en contra del fallo dictado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito el dos de febrero de dos mil veintidós, en el juicio de amparo directo 399/2021.
El problema jurídico que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver consiste en determinar si fue correcta la interpretación del Tribunal Colegiado sobre el alcance de la restricción prevista en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política del país, en relación con una empresa privada que prestaba sus servicios a un centro federal de readaptación social.
ANTECEDENTES
1. Contrato para la operación de un centro federal de readaptación social. El veintisiete de diciembre de dos mil diez, por medio de adjudicación directa, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (en adelante Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social), y **********, sociedad anónima de capital variable (**********), celebraron un contrato a largo plazo para prestación del servicio integral de capacidad penitenciaria en el Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS Femenil Morelos" (en adelante CEFERESO 16).
2. El objeto del contrato consistía en que ********** debía de proporcionar los elementos físicos, materiales y tecnológicos, así como servicios auxiliares para desempeñar funciones en materia penitenciaria. Para ello, ********** debía encargarse del diseño, financiamiento, construcción, equipamiento y preparación operativa de las instalaciones. A dicho contrato se le identificó con el número ********** (en adelante contrato ********** o contrato principal).
3. Como parte del contrato, ********** tenía la facultad de subcontratar los servicios de terceras personas que fueran necesarias para el pleno funcionamiento del CEFERESO 16, lo cual debía ser autorizado por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social. En ese sentido, **********, sociedad anónima de capital variable (en adelante **********) también prestaba y contrataba servicios con autorización del Órgano Administrativo.
4. Contrato de provisión. El veintidós de julio de dos mil catorce, ********** celebró un contrato con ********** sociedad anónima de capital variable (en adelante **********), en calidad de subcontratista, para lograr el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato principal ante el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social.
5. El objeto de este contrato consistía en que ********** debía de proporcionar provisiones, mantenimiento, soporte técnico y reposición de infraestructura, equipo y mobiliario en el CEFERESO 16, en los términos del propio contrato y su anexo técnico.
6. Contrato de administración, servicios auxiliares y operación. Posteriormente, el trece de marzo de dos mil quince, ********** celebró un contrato de administración, servicios auxiliares y operación con **********, como subcontratista, cuyo objeto consistía en que ********** debía prestar diversos servicios en el CEFERESO 16, particularmente los servicios de limpieza y manejo de residuos, fumigación, control de plagas, jardinería, administración de servicios públicos, conservación y ahorro de energía, alimentos, lavandería, entre otros servicios descritos en el anexo técnico.
7. Reportes y no conformidades. En ambos contratos, así como en sus anexos técnicos, las partes contratantes acordaron la entrega de reportes mensuales sobre el servicio integral, desempeño y pagos. Durante la vigencia de los contratos, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social realizó reportes de hallazgos y no conformidades, los cuales notificó a ********** y ********** con el fin de que ********** subsanara las aparentes deficiencias en la prestación de los servicios contratados.(1)
8. Rescisión unilateral de los contratos de provisión y administración. Derivado de diversos desacuerdos con el cumplimiento de los contratos y con base en los reportes de hallazgos y no conformidades, el dos de julio de dos mil dieciocho, ********** y **********, con intervención de un corredor público, notificaron a ********** la rescisión unilateral de los contratos de provisión y administración descritos en párrafos anteriores.
9. ********** y ********** argumentaron que ********** incurrió en incumplimiento en la prestación de los servicios, según los informes firmados por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social.
10. Con motivo de dicha rescisión unilateral, el tres de julio de dos mil dieciocho, el personal de ********** ya no pudo ingresar al CEFERESO 16, y no siguió prestando los servicios contratados, ya que fue sustituida por diversas empresas.(2)
11. Juicio civil de origen. Inconforme con la rescisión unilateral, el seis de marzo de dos mil diecinueve, ********** promovió un juicio ordinario civil en contra de ********** y **********. En su demanda, la empresa ********** afirmó que sí cumplió con los contratos, por lo que las demandadas no tenían derecho para rescindir unilateralmente los acuerdos de voluntades y, en consecuencia, demandó las siguientes prestaciones:
a) La declaración judicial de que los contratos de provisión y de administración continuaban vigentes;
b) La declaración de que las notificaciones de rescisión unilateral fueron ilegales;
c) El cumplimiento y pago de los contratos en los términos pactados;
d) El pago de los daños y perjuicios por la terminación prematura de las relaciones laborales con sus empleados;
e) El pago de los daños y perjuicios por la pérdida de las herramientas y mobiliario dentro del CEFERESO 16.
f) Los gastos y costas.
12. Reconvención. ********** y ********** dieron contestación a la demanda, negaron la procedencia de la acción y, a su vez, formularon una reconvención en contra de **********, de quien demandaron la rescisión de los contratos de provisión y de administración celebrados el veintidós de julio de dos mil catorce y trece de marzo de dos mil quince, respectivamente, por incumplimiento.(3)
13. Sentencia de primera instancia. El trece de febrero de dos mil veinte, el Juzgado Trigésimo Primero de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México dictó sentencia en el expediente 249/2019, en la cual declaró que los contratos de provisión y de administración continuaban vigentes, en virtud de que sus cláusulas no contenían un pacto comisorio expreso para que las partes pudieran dar por terminados los contratos sin la necesidad de una declaración judicial ante un supuesto incumplimiento;(4) condenó a ********** y ********** al cumplimiento forzoso de los contratos, al pago de las demás prestaciones demandadas, así como gastos y costas. Por otra parte, el Juez declaró infundadas las reconvenciones formuladas y absolvió a ********** de las prestaciones reclamadas en la contrademanda.
14. Recurso de apelación. Inconformes con la resolución anterior, ********** y ********** interpusieron recursos de apelación. El diez de junio de dos mil veintiuno, la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México dictó sentencia en los expedientes 955/2019/12 y 955/20219/13, mediante la cual revocó la resolución de primera instancia.
15. La Sala determinó que ********** no acreditó sus pretensiones, por lo que absolvió a las empresas ********** y ********** de las prestaciones reclamadas en la demanda principal. Por otro lado, la Sala de apelación declaró parcialmente fundada la reconvención en la que ********** y ********** solicitaron la rescisión de los contratos por incumplimiento. Al respecto, la Sala determinó que ********** incumplió en un primer momento con sus obligaciones contractuales de acuerdo con diversa documentación exhibida como prueba, por lo que ********** y ********** tenían el derecho y acción para reclamar la rescisión de los contratos por incumplimiento.
16. Juicio de amparo directo. En contra de la sentencia de segunda instancia, ********** promovió un juicio de amparo directo en el que se inconformó con la rescisión de los contratos, pues reiteró que no hubo incumplimiento de su parte. En esencia, los conceptos de violación contenían los siguientes argumentos:
• Pacto comisorio expreso. ********** argumentó que el tema relativo a si los contratos contenían un pacto comisorio expreso era una decisión firme, ya que ese aspecto no fue controvertido por **********, ni **********, por lo que la Sala no debió abordar esa cuestión. En ese sentido, la Sala violentó los principios de exhaustividad, igualdad jurídica y procesal, debido proceso, certeza jurídica y tutela judicial efectiva.
• Inexistencia de un pacto comisorio expreso. Adicional a lo anterior, ********** consideró incorrecto que la Sala de apelación declarara que los contratos contenían un pacto comisorio expreso a partir del cual pudieran rescindir unilateralmente, por lo que fue ilegal la rescisión unilateral por parte de ********** y **********, pues, dicha cláusula no fue pactada de forma expresa ni tácita.
• Valoración incorrecta de las pruebas. ********** planteó diversas cuestiones de legalidad, entre las que destaca que la Sala realizó una valoración incorrecta de las pruebas ofrecidas, pues en ningún momento ********** y ********** acreditaron el supuesto incumplimiento atribuido.
• La valoración incorrecta de los documentos suscritos por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, en los que supuestamente este órgano informó sobre el incumplimiento, derivó en que la Sala declarara la rescisión de los contratos y que se le negara a ********** el derecho a reclamar el pago por daños y perjuicios.
17. Amparos adhesivos. ********** y **********, por conducto de su apoderado, promovieron amparos adhesivos en los que sostuvieron argumentos a favor de la resolución de la Sala de apelación. Esas empresas reiteraron que los contratos cuentan con cláusulas a partir de las cuales tenían la facultad de rescindir los contratos unilateralmente, además de que ********** no acreditó el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
18. Sentencia de amparo. De la demanda de amparo conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito con el número de expediente 399/2021. En sesión correspondiente al dos de febrero de dos mil veintidós, el Tribunal Colegiado dictó sentencia en la que consideró ilegal la rescisión unilateral de los contratos, en consecuencia, concedió el amparo a ********** y negó los amparos adhesivos a ********** y **********.
19. Por otro lado, el Tribunal Colegiado también consideró que no podía ordenar el cumplimiento de los contratos en sus términos, ya que otras empresas ya estaban prestando los servicios en sustitución de ********** y, además, existía prohibición expresa del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política del país para reinstalar a esta empresa, en virtud que el objeto de los contratos tenía relación con la seguridad pública, lo que actualizaba la referida restricción constitucional.
20. Las consideraciones de la sentencia de amparo son las siguientes:
• Violación al principio de estricto derecho. El Tribunal Colegiado declaró fundado el concepto de violación planteado por ********** en el que argumentó violación al principio de estricto derecho, pues la Sala analizó si los contratos tenían un pacto comisorio expreso, sin embargo, esas consideraciones no fueron controvertida en el recurso de apelación.
• Inexistencia del pacto comisorio expreso. El Tribunal determinó que quedaron firmes las consideraciones relativas a que los contratos no tenían un pacto comisorio expreso, es decir, que las demandadas no tenían facultad para dar por terminados los contratos de manera unilateral y, por tanto, las notificaciones de rescisión llevadas a cabo por ********** y ********** fueron ilícitas y no surtían efecto.
• En las cláusulas novena y décima de los contratos, las empresas firmantes establecieron que en caso de incumplimiento podrían demandar el cumplimiento o la rescisión, lo que se traducía en que era necesaria la intervención judicial para determinar el cumplimiento o incumplimiento de los contratos, pues dicha circunstancia no podía dejarse a la interpretación de una de las partes contratantes.
• El Tribunal Colegiado reiteró que los contratos no contaban con un pacto comisorio expreso y, aun cuando las partes lo hubieran establecido, dicho pacto carecería de validez por las actividades penitenciarias ligadas al propio contrato. En otras palabras, tales cláusulas serían contrarias al artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución del país, pues los contratos de origen se relacionan con temas de seguridad en el que las partes no podrían prescindir de la intervención judicial para dirimir conflictos.
• Análisis del incumplimiento de los contratos. El Tribunal dio respuesta a las cuestiones de legalidad planteadas relacionadas con el supuesto incumplimiento de los contratos.
• Para el Tribunal Colegiado, los presuntos incumplimientos por parte de ********** no podían ser materia de controversia en el juicio de origen, ya que no fueron precedidos por un requerimiento formal de cumplimiento, en los términos establecidos en el propio contrato. Es decir, no se siguieron las formalidades pactadas y, por tanto, no se actualizaba el elemento de exigibilidad de la obligación.
• Al respecto, el Tribunal consideró que los oficios suscritos por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, en los que informaba sobre el presunto incumplimiento de **********, debieron ser analizados por la Sala de apelación y, en su caso, determinar si se trataba de incumplimientos menores o graves, a fin de iniciar el procedimiento de fianza o reemplazo de subcontratista.
• De manera específica, el Tribunal Colegiado determinó que los informes del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social sobre aparentes irregularidades en la prestación de los servicios no eran aptos para acreditar el "incumplimiento" de los contratos, por lo que no era procedente la acción en reconvención en donde se solicitó la rescisión, debido a que esos informes no demuestran, por sí solos, incumplimiento por parte de **********.
• Al respecto, el Tribunal Colegiado destacó que era cierto que el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social entregó a ********** y ********** diversos informes relacionados con la prestación del servicio, sin embargo, dichos informes no constituían incumplimiento por sí mismos.
• En los oficios de reportes y hallazgos, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social solamente describió los desperfectos encontrados por una empresa auditora, y solicitó a ********** que gestionara las acciones necesarias para solventar las problemáticas detectadas. Por lo que debía pedir a ********** que realizara las acciones correctivas de esas observaciones.
• De esa manera, los reportes de hallazgos y no conformidades no se refieran a incumplimientos por parte de **********, quien tenía la oportunidad de subsanar cualquier deficiencia advertida.
• Además, en los propios contratos establecieron que, en caso de discrepancia relacionada con el cumplimiento de los contratos, ********** seguiría prestando los servicios contratados a fin de garantizar el pleno funcionamiento del CEFERESO 16, no obstante, ********** y ********** optaron por rescindir unilateralmente los contratos de manera ilegal.
• En virtud de que la rescisión unilateral fue declarada ilegal, el Tribunal Colegiado determinó que los contratos de provisión y administración debían considerarse vigentes y ********** y ********** tenían la obligación de pagar por ellos, como lo demandó **********. El primero de los contratos hasta su vigencia contractual (dos mil veinte), y el segundo, hasta el día en el que las empresas demandas realizaran los pagos correspondientes.
• Imposibilidad de ordenar el cumplimiento forzoso. Por otra parte, el Tribunal consideró que respecto del contrato de administración se actualizó la frustración para dar cumplimiento con su objeto. En primer lugar, porque hubo sustitución de empresas en la prestación de los servicios y, en segundo término, porque era imposible que se continuara prestando el servicio por parte de **********, en la medida de que el ingreso del personal pondría en riesgo la seguridad del CEFERESO, pues la actividad de dicha empresa se relaciona con la operación administrativa de un centro de readaptación social.
• El Tribunal consideró aplicable al caso el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política del país, el cual prevé la prohibición de reinstalar a elementos de cuerpos de seguridad en su cargo, aunque la causa de separación hubiera sido injustificada, lo que también aplicaba al personal de **********, por prestar sus servicios a un centro federal de readaptación social y, por tanto, obtiene información relacionada con la seguridad pública.
• Así, en lugar de reinstalación, procedía la indemnización por la separación injustificada, en los términos establecidos en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política del país, esto es, todas aquellas percepciones que debió haber cobrado ********** en caso de no se le hubiera rescindido la relación contractual.
• Indemnización. Ante la imposibilidad de cumplir con los contratos por las razones apuntadas, las empresas ********** y ********** debían de indemnizar a ********** de acuerdo con lo siguiente: a) ********** debía pagar las contraprestaciones pactadas en el contrato de provisión desde la fecha en que no permitió ingresar al CEFERESO 16 al personal de **********, y hasta el día del vencimiento del contrato en el año dos mil veinte.
b) Por su parte, ********** debía realizar el pago de las contraprestaciones pactadas en el contrato de administración, desde que impidió al personal de ********** prestar los servicios y hasta la fecha que realizara el pago a **********. Dicha indemnización incluía remuneración diaria, beneficios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía ********** dentro de la relación contractual.
• Para el Tribunal Colegiado, esa manera de indemnizar es acorde con el artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional, que establece que cuando la causa de separación sea injustificada, el Estado sólo está obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que se tenga derecho, lo que se traduce en el pago de las contraprestaciones pactadas en los contratos de provisión y administración.
• El Tribunal apoyó su resolución en la jurisprudencia 2a./J. 110/2012, en la que la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó la fracción normativa "y demás prestaciones a que tenga derecho", la cual se interpretó como el deber de pagar la remuneración diaria ordinaria y los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía la persona servidora pública por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación, cese, remoción o baja, y hasta que se realice el pago.(5)
• Amparos adhesivos. Finalmente, respecto de los conceptos de violación de ********** y ********** sustentados en los amparos adhesivos, el Tribunal Colegiado los declaró infundados por las razones sostenidas en el amparo principal.
21. Recursos de revisión. En desacuerdo con la sentencia anterior, ********** y ********** interpusieron un recurso de revisión, en el que plantean que el Tribunal Colegiado interpretó incorrectamente el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política del país en relación con la imposibilidad de reinstalar a la empresa ********** como prestadora de los servicios, así como en el cálculo de las indemnizaciones correspondientes. En resumen, los agravios son los siguientes:
• Procedencia. ********** y ********** argumentan que el recurso de revisión es procedente por los siguientes motivos:
i) El Tribunal interpretó el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política del país;
ii) La interpretación establecida violenta los derechos de las personas internas en el CEFERESO, así como los derechos de acceso a la justicia y la prohibición de la explotación;
iii) La condena comprometería el cumplimiento de sus obligaciones en el CEFERESO 16, y supone un riesgo en materia de seguridad nacional.
• Primero. Posible condena solidaria. Las empresas señalan que la sentencia de amparo es errónea, incongruente y confusa, ya que podría interpretarse que ********** también debe pagar las contraprestaciones del contrato de administración como si se tratara de una condena solidaria, cuando esa persona moral no fue parte en el contrato de administración celebrado entre ********** y **********.
• Segundo. Incongruencia en la vigencia de los contratos. Las empresas ********** y ********** consideran que el Tribunal violentó el principio de congruencia al momento de determinar la vigencia del contrato de administración. Por una parte, el Tribunal declara la terminación de la relación contractual por frustración del objeto, pero también determina que los contratos deben considerarse vigentes para efectos de fijar la indemnización hasta el momento del pago.
• Tercero. Incongruencia en la indemnización. ********** y ********** señalan que la sentencia de amparo es incongruente en el tema de la indemnización, ya que el Tribunal declaró la terminación de la relación contractual al impedir la reinstalación, pero al mismo tiempo determina el pago de contraprestaciones por un periodo en el cual el contrato ya no surtía efectos.
• Es decir, ordena el pago en favor de **********, como si esta empresa hubiera prestado los servicios contratados, sin considerar que no tuvo gastos u otros pasivos en caso de haber cumplido con sus obligaciones y, por tanto, el pago total de los contratos es excesivo.
• Cuarto. Incorrecta interpretación del artículo 123 de la Constitución Política del país. El Tribunal Colegiado realizó incorrectamente la interpretación del artículo 123 de la Constitución Política del país al momento de fijar la indemnización del contrato de administración.
i) ********** y ********** plantean que el Tribunal Colegiado acierta al considerar que no es posible reinstalar a ********** en la prestación del servicio. No obstante, para el efecto de fijar las indemnizaciones, el tribunal no consideró que ni ********** ni sus empleados son agentes de seguridad pública, por lo que el Tribunal debió de aplicar por analogía el apartado A, fracción XXII, del artículo 123 de la Constitución Política del país, no así el apartado B de la norma constitucional.
ii) Lo conducente es fijar la indemnización de las personas trabajadoras al pago de tres meses, más veinte días por año efectivo de servicio,(6) en lugar de ordenar el pago de la indemnización en términos de la vigencia de los contratos, aplicando el artículo 123, apartado B, fracción XIII constitucional.
• Prohibición de la explotación y peligró de afectar derechos de terceras personas.
i) Si se llegara a fijar la indemnización como lo determina el Tribunal, esa condena atenta contra la prohibición de la explotación en términos del artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues una condena de esa naturaleza es excesiva y desproporcionada.
ii) Lo anterior, pues el Tribunal ordena el pago de las contraprestaciones por un tiempo prolongado, que es mucho mayor a los tres meses que contempla el artículo 123, apartado A, fracción XXII, de la Constitución Política del país.
iii) En otras palabras, la indemnización fijada en la sentencia comienza desde que se concretó la baja del personal y hasta que se realice el pago, lo que incluye remuneración diaria, beneficios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibían las personas, así como impuestos y aportaciones, por un lapso excesivo.
iv) Asimismo, el pago de la indemnización en los términos ordenados en la sentencia de amparo pondría en peligro la operación del propio CEFERESO 16, y afectaría los derechos de las personas internas.
• Quinto. Variación de los argumentos. El Tribunal violentó el principio de imparcialidad, seguridad y certeza jurídica al variar el planteamiento original.
i) El Tribunal Colegiado analiza cuestiones que no fueron planteadas en las demandas de amparo. Además, el estudio debió limitarse a la existencia o no de un pacto comisorio expreso, y no así a la vigencia de los contratos y la indemnización.
• Sexto. Incorrecta equiparación de la indemnización y la contraprestación. El Tribunal equipara incorrectamente la indemnización con la contraprestación. El Tribunal debió de justificar dicha equiparación, ya que ambas figuras tienen un objeto y lógica distintas.
i) Tal interpretación permite una condena excesiva que configura un enriquecimiento injusto de ********** y un empobrecimiento arbitrario de las recurrentes, sin que en ningún momento se hubiera acreditado el daño.
ii) La indemnización de daños y perjuicios no puede ordenarse como si se hubiera cumplido la prestación original, ya que el pago respectivo incluye pasivos y gastos que ********** no realizó.
iii) Es decir, la mecánica de cuantificación establecida en la sentencia impugnada no representa las ganancias lícitas que hubiera obtenido ********** en caso de que hubiera prestado efectivamente los servicios contratados.
iv) En todo caso, la indemnización sólo debería ser sobre las ganancias lícitas que pudo haber obtenido ********** en caso de haber prestado los servicios, pero no la cantidad total del contrato como si se hubiera cumplido en sus términos, lo que representa un enriquecimiento injustificado.
22. Admisión. Por acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, el Presidente de este alto tribunal registró el expediente con el número 1285/2022, admitió a trámite el recurso de revisión y ordenó turnarlo a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para la elaboración del proyecto de resolución.
23. Recurso de revisión adhesiva. Mediante escrito recibido el veinticinco de mayo de dos mil veintidós, **********, por conducto de su apoderado, interpuso recurso de revisión adhesiva en el que sostiene argumentos en favor de la resolución del Tribunal Colegiado en los términos siguientes:
• Causales de improcedencia. Para ********** el amparo directo en revisión interpuesto por ********** y ********** debe desecharse porque se actualizan cuatro causales de improcedencia:
i) El asunto no reúne los requisitos de constitucionalidad e interés excepcional;
ii) El Tribunal Colegiado no realizó una interpretación del artículo 123 Constitucional;
iii) Las partes recurrentes no reprodujeron en su escrito de revisión la parte de la sentencia en la que el Tribunal Colegiado realizó la interpretación constitucional, de acuerdo con el artículo 88 de la Ley de Amparo; y,
iv) Los agravios de las recurrentes son novedosos, ya que no los hicieron valer desde el amparo.
• Primero. Debe confirmarse la sentencia de amparo. ********** señala que debe prevalecer lo resuelto por el Tribunal, ya que ********** y ********** se valieron de su poder económico y político para rescindir unilateralmente y de forma ilegal los contratos, lo que le generó
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32656-b0a1769b/contratos-de-prestacion-de-servicios-celebrados-con-centros · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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