SEGURIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO. EL ARTÍCULO 181, PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO, DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE A PARTIR DEL 28 DE JUNIO DE 2014, AL LIMITAR A DOCE MESES EL PAGO DE LAS PRESTACIONES DE LEY Y HABERES DEJADOS DE PERCIBIR O REMUNERACIÓN DIARIA ORDINARIA POR EL TIEMPO EN QUE UN SERVIDOR PÚBLICO HAYA ESTADO SUSPENDIDO, SEPARADO O REMOVIDO DE SU CARGO INJUSTIFICADAMENTE, ES INCONVENCIONAL.
AMPARO DIRECTO 30/2015. 14 DE JULIO DE 2015. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: CARLOS ALBERTO ROCHA NÉMER, SECRETARIO DE TRIBUNAL AUTORIZADO POR LA COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MAGISTRADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 81, FRACCIÓN XXII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 40, FRACCIÓN V, DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, POR EL QUE SE EXPIDE EL SIMILAR QUE REGLAMENTA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PROPIO CONSEJO; Y REFORMA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE OTROS ACUERDOS GENERALES. SECRETARIO: JUAN IGNACIO GÓMEZ MEZA.
CONSIDERANDO:
OCTAVO.-Análisis de los conceptos de violación. En el primer motivo de disenso la quejosa arguye que la sentencia reclamada viola en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1o., 5o., 13, 14, 16 y 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal, al declarar improcedente su reinstalación como elemento policial adscrita a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de esta entidad federativa.
Explica la justiciable que la prohibición de su reinstalación, prevista en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional, no debe entenderse como una prohibición absoluta, sino en el sentido de que será aplicable únicamente a quienes no hayan satisfecho los requisitos de permanencia exigidos por la ley vigente, pues de no estimarlo así, se propiciarían las remociones arbitrarias e injustas.
Añade que no obstante que se haya declarado la invalidez de la resolución, la repercusión más grave es que se le impide regresar a su trabajo como elemento policial en cualquier corporación de ese tipo, lo que la sitúa en un estado de discriminación.
Por tanto, la quejosa concluye que al no haberse señalado el incumplimiento a alguno de los requisitos de permanencia, se le debe reintegrar en el empleo que ostentaba como policía.
En relación con lo alegado por la promovente de la acción constitucional, la Sala del conocimiento estableció que de acuerdo con el artículo 123, apartado B, de la Norma Fundamental, si bien es cierto que consigna un régimen protector de los trabajadores al servicio de los Poderes de la Unión, en semejantes términos al que se contempla en el apartado A de ese precepto constitucional, también lo es que dicha protección no comprendió a todos los servidores del Estado, ya que la fracción XIII del primer apartado en mención excluyó a un determinado grupo de trabajadores, a saber: militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de las instituciones policiales.
En ese sentido, la responsable refirió que la citada fracción XIII prevé que si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio de un trabajador de los antes detallados fuere injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, sin importar el resultado del juicio o medio de defensa que hubiere promovido.
Por tanto, la Sala afirmó que a pesar de que el Magistrado a quo haya declarado la invalidez de los actos impugnados, no era procedente su reinstalación al servicio policiaco, de acuerdo con la restricción constitucional, al ubicarse plenamente en lo que dispone el numeral 123, apartado B, fracción XIII, constitucional.
Pues bien, a juicio de este Tribunal Colegiado resulta infundado el argumento que hace valer la hoy quejosa, de acuerdo con las siguientes consideraciones:
En primer lugar, es conveniente saber lo que dispone el mencionado artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley.
"El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:
"...
"B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores:
"...
"XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes.
"El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, las prestaciones a que se refiere el inciso f) de la fracción XI de este apartado, en términos similares y a través del organismo encargado de la seguridad social de los componentes de dichas instituciones; y
"Los miembros de las instituciones policiales de los Municipios, entidades federativas, del Distrito Federal, así como de la Federación, podrán ser removidos de su cargo si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento de la remoción señalen para permanecer en dichas instituciones, sin que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para combatir la remoción y, en su caso, sólo procederá la indemnización. La remoción de los demás servidores públicos a que se refiere la presente fracción, se regirá por lo que dispongan los preceptos legales aplicables."
Del numeral inserto se aprecia, en su parte conducente, que los miembros de las instituciones policiales podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en ellas, o bien, removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones.
Asimismo, se prevé que si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido.
Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que la norma constitucional citada establece una prohibición de reincorporación en el cargo a un miembro policial que debe considerarse absoluta, independientemente de que, en el caso, la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fuere injustificada.
En añadidura a lo anterior, precisó que de esa misma disposición fundamental se advierte que, correlativo a esta prohibición de reincorporación absoluta, se prevé el derecho para el elemento de la corporación policial a que, en tal supuesto, se le pague una indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho.
El Alto Tribunal refirió que lo anterior es así, puesto que tal derecho al pago fue previsto por el legislador para compensar el hecho de que los miembros de las instituciones policiales cesados no pueden ser reinstalados o reincorporados al servicio público, por exigencia de la fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional, aun cuando obtengan resolución por parte de la autoridad jurisdiccional que determine fue injustificada la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio.
Es decir, la indemnización contemplada en la norma constitucional que se analiza, tiene como finalidad cubrir el daño provocado por el acto del Estado declarado injustificado, en tanto que la obligación de pagar "las demás prestaciones a que tenga derecho" el servidor público, como supuesto normativo, busca satisfacer los perjuicios ocasionados por ese acto, y se encuentra cargada del mismo sentido jurídico previsto por el Poder Reformador, de compensar o reparar las consecuencias de ese acto autoritario.
Las consideraciones que anteceden se ven reflejadas en la jurisprudencia 2a./J. 103/2010,(17) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:
"SEGURIDAD PÚBLICA. LA PROHIBICIÓN DE REINSTALAR EN SU CARGO A LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, PREVISTA POR EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008, ES APLICABLE EN TODOS LOS CASOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RAZÓN QUE MOTIVÓ EL CESE.-Del citado precepto constitucional se advierte que los miembros de las instituciones policiales podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos de permanencia o si incurren en responsabilidad, con la expresa previsión de que si la autoridad resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo está obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. De lo anterior se sigue que a partir de la aludida reforma la prohibición de reincorporación es absoluta, lo que se corrobora con el análisis del proceso relativo del que deriva que el Constituyente Permanente privilegió el interés general por el combate a la corrupción y la seguridad por encima de la afectación que pudiere sufrir el agraviado la que, en su caso, se compensaría con el pago de la indemnización respectiva, por lo que independientemente de la razón del cese tiene preferencia la decisión del Constituyente de impedir que los miembros de las corporaciones policiacas que hubiesen causado baja se reincorporen al servicio."
Igualmente, es ilustrativo el criterio que contiene la tesis 2a./J. 110/2012 (10a.),(18) emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, que establece:
"SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO ‘Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO’, CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008.-El citado precepto prevé que si la autoridad jurisdiccional resuelve que es injustificada la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio de los miembros de instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio. Ahora bien, en el proceso legislativo correspondiente no se precisaron las razones para incorporar el enunciado ‘y demás prestaciones a que tenga derecho’; por lo cual, para desentrañar su sentido jurídico, debe considerarse que tiene como antecedente un imperativo categórico: la imposibilidad absoluta de reincorporar a un elemento de los cuerpos de seguridad pública, aun cuando la autoridad jurisdiccional haya resuelto que es injustificada su separación; por tanto, la actualización de ese supuesto implica, como consecuencia lógica y jurídica, la obligación de resarcir al servidor público mediante el pago de una ‘indemnización’ y ‘demás prestaciones a que tenga derecho’. Así las cosas, como esa fue la intención del Constituyente Permanente, el enunciado normativo ‘y demás prestaciones a que tenga derecho’ forma parte de la obligación resarcitoria del Estado y debe interpretarse como el deber de pagar la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio y hasta que se realice el pago correspondiente. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que la reforma constitucional privilegió el interés general de la seguridad pública sobre el interés particular, debido a que a la sociedad le interesa contar con instituciones policiales honestas, profesionales, competentes, eficientes y eficaces, también lo es que la prosecución de ese fin constitucional no debe estar secundada por violación a los derechos de las personas, ni ha de llevarse al extremo de permitir que las entidades policiales cometan actos ilegales en perjuicio de los derechos de los servidores públicos, sin la correspondiente responsabilidad administrativa del Estado."
Así pues, de acuerdo con lo hasta aquí expuesto, y derivado de lo que ha establecido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 103/2012 (10a.), se llega a la convicción de que no asiste razón a la quejosa, en el sentido de que se le debe reincorporar en el empleo que desempeñaba como elemento policial, en virtud de que, como ya se dijo, en caso de que los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios sean separados o removidos de su cargo, bajo ningún supuesto procederá su reinstalación o restitución, aun cuando el servidor público interponga un medio de defensa en contra de su remoción, cese o separación y logre obtener una sentencia favorable, ya sea por vicios del procedimiento que propicien la reposición, o bien, por una decisión de fondo; únicamente será procedente su indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho.
Ello es así, pues a pesar de que, en la especie, se demostró que fue ilegal el motivo por el cual se instauró el procedimiento administrativo de separación en contra de la quejosa, lo cierto es que resulta plenamente aplicable la prohibición constitucional absoluta de reinstalar a los servidores públicos a las instituciones de seguridad. De ahí la ineficacia del argumento analizado.
En otro orden de ideas, del segundo concepto de violación se desprende que la quejosa pretende, de acuerdo con lo que dispone el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal, en el sentido de ordenar a la autoridad al pago de la indemnización y demás prestaciones a que tiene derecho, como son los salarios caídos, sueldos, emolumentos y otras percepciones que obtenía por su servicio, que se condene a la demandada al pago de las horas extraordinarias que laboró y respecto de las cuales no devengó cantidad alguna.
En relación con este tópico, en el fallo que se examina la resolutora estimó fundado aquel argumento que hizo valer la entonces actora, relativo a que en restitución de sus derechos se le debe aplicar lo que más beneficio le irrogue la ley.
En ese sentido, la responsable estableció que fue incorrecta la determinación del juzgador de primera instancia, en la que condenó a la autoridad demandada al pago de la indemnización de tres meses que marca la Constitución, así como al de las demás prestaciones a que tuviera derecho, de conformidad con el artículo 181 de la Ley de Seguridad del Estado de México, es decir, al pago de la parte proporcional de aguinaldo, vacaciones y demás cantidades contempladas en la ley.
Lo anterior, explicó la Sala del conocimiento, puesto que en la sentencia recurrida no se estableció de manera precisa la procedencia del pago de las "prestaciones de ley que correspondan", al limitarse únicamente al contenido del referido numeral 181; lo que, a su parecer, fue incorrecto, en tanto que el Magistrado de la Sala Regional no debió pasar por alto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la jurisprudencia 2a./J. 110/2012 (10a.), desentrañó el significado del enunciado "y demás prestaciones a que tiene derecho", que contiene la fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional.
Por tanto, la juzgadora modificó la condena de la sentencia para el efecto de que en términos del artículo 276 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, entre otras cosas, la autoridad demandada realice el pago de las prestaciones a que tiene derecho la actora, entendiéndose éstas como la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía la servidora pública de manera continua por la prestación de sus servicios, por el tiempo en que ha estado separada, sin que dicho pago pudiera exceder de doce meses.
Pues bien, para resolver el planteamiento formulado por la hoy quejosa, resulta conveniente recordar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 2300/2011, determinó que en el proceso legislativo que reformó el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, no se precisaron las razones para incorporar el enunciado "y demás prestaciones a que tenga derecho", por lo cual determinó que para desentrañar su sentido jurídico debía considerarse como antecedente la imposibilidad absoluta de reincorporar a un elemento de los cuerpos de seguridad pública, aun cuando la autoridad jurisdiccional haya resuelto que fue injustificada su separación, por lo que la actualización de ese supuesto implicaba, como consecuencia lógica y jurídica, la obligación de resarcir al servidor público mediante el pago de una "indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho".
Para concluir que, como ésa fue la intención del Constituyente Permanente, el enunciado normativo "y demás prestaciones a que tenga derecho", que forma parte de la obligación resarcitoria del Estado, debía interpretarse como el deber de pagar la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio, y hasta que se realizara el pago correspondiente.
Lo anterior, consideró ese Alto Tribunal, porque si bien resultaba cierto que la reforma constitucional privilegió el interés general de la seguridad pública sobre el interés particular de la sociedad que busca contar con instituciones policiales honestas, profesionales, competentes, eficientes y eficaces, también lo era que la prosecución de ese fin constitucional no debe estar secundada por violación a los derechos de las personas, ni llevarse al extremo de permitir que las entidades policiales cometan actos que resulten ilegales en perjuicio de los derechos de los servidores públicos, sin la correspondiente responsabilidad administrativa del Estado.
Las consideraciones a que se ha hecho referencia están contenidas en el criterio jurisprudencial 2a./J. 110/2012 (10a.),(19) cuyo rubro es: "SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO ‘Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO’, CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008.", transcrito párrafos arriba.
Bajo esa premisa, resulta válido colegir que el Máximo Tribunal del País ya determinó cuáles serán las percepciones que conforme al enunciado "y demás prestaciones a que tenga derecho", contenido en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deberán ser cubiertas al elemento policial respecto del que se haya demostrado que la causa de su separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada.
Esto es, la Segunda Sala del Alto Tribunal refirió que esas percepciones serán la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, sin que se adviertan contempladas las horas extraordinarias que supuestamente el elemento policial haya laborado al desempeñar su empleo, cargo o comisión.
De ahí que sea infundada la pretensión de la amparista, en el sentido de que también se le deban retribuir las cantidades por concepto de horas extraordinarias que laboró y por las que no devengó cantidad alguna, ya que, se insiste, de la jurisprudencia en estudio, que resulta ser de observancia obligatoria para este órgano colegiado en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, no se desprende que las horas extras deban ser tomadas en consideración dentro de la expresión "y demás prestaciones a que tenga derecho".
No obstante lo anteriormente resuelto, con fundamento en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, este órgano colegiado, en suplencia de los conceptos de violación, considera que lo dispuesto por el último párrafo del artículo 181 de la Ley de Seguridad del Estado de México fue aplicado en perjuicio de la quejosa, al establecerse el efecto de la invalidez decretada, pues tal disposición es violatoria del artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Federal.
Lo anterior se afirma, de conformidad con las consideraciones que a continuación se harán en torno al control de convencionalidad.
En materia de derechos humanos, la contradicción entre una norma general interna y lo establecido en un tratado internacional, es posible analizarla a través del juicio de amparo, pues con motivo del contenido del artículo 1o. constitucional, reformado mediante decreto de diez de junio de dos mil once, así como de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el veintitrés de noviembre de dos mil nueve, relativa al caso Rosendo Radilla Pacheco contra el Estado Mexicano, y también de la resolución del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto al propio caso en el expediente varios 912/2010, los Jueces Federales también están obligados a realizar ese control de convencionalidad.
Sobre el tema, específicamente en la sentencia emitida en el caso Radilla Pacheco, en el párrafo 339, la Corte Interamericana estableció lo siguiente:
"339. En relación con las prácticas judiciales, este tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es consciente de que los Jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus Jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer un ‘control de convencionalidad’ ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana."
Así, si bien en materia de derechos humanos los juzgadores federales tienen facultades para efectuar el control difuso de constitucionalidad de las normas jurídicas, en términos de los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también las tienen para realizar control de convencionalidad en términos de los artículos 1o. y última parte del 133 de la propia Carta Magna.
En ese sentido, los juzgadores de amparo, al advertir la inconvencionalidad de un precepto legal que sustente el acto reclamado, deberán otorgar la protección constitucional respecto del acto en el que se concretó lo dispuesto en él, inaplicando este último y dando preferencia a la Constitución y a los tratados internacionales.
Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis:(20)
"CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD.-De conformidad con lo previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona. Estos mandatos contenidos en el artículo 1o. constitucional, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011, deben interpretarse junto con lo establecido por el diverso 133 para determinar el marco dentro del que debe realizarse el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial, el que deberá adecuarse al modelo de control de constitucionalidad existente en nuestro país. Es en la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo 133 en relación con el artículo 1o. constitucionales, en donde los jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior. Si bien los jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución), sí están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores dando preferencia a las contenidas en la Constitución y en los tratados en la materia."
Es decir, una vez que el juzgador realice el control de convencionalidad, estableciendo que la norma interna es contraria a determinado derecho humano contenido en un tratado internacional e, incluso, en interpretaciones realizadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, analizará el acto reclamado, prescindiendo o inaplicando el precepto de derecho interno y aplicando el instrumento internacional en materia de derechos humanos.
En congruencia con lo anterior, el Alto Tribunal estableció el parámetro de análisis que deben ejercer los juzgadores para este tipo de control de convencionalidad, el cual se contiene en el siguiente criterio:(21)
"PARÁMETRO PARA EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.-El mecanismo para el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial debe ser acorde con el modelo general de control establecido constitucionalmente. El parámetro de análisis de este tipo de control que deberán ejercer todos los jueces del país, se integra de la manera siguiente: a) todos los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal (con fundamento en los artículos 1o. y 133), así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación; b) todos los derechos humanos contenidos en tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; c) los criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos derivados de las sentencias en las que el Estado Mexicano haya sido parte, y d) los criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes de la citada Corte, cuando el Estado Mexicano no haya sido parte."
Por otra parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, en sus artículos 2 y 10, señala lo siguiente:
"Artículo 2. Deber de adoptar disposiciones de derecho interno.
"Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades."
"Artículo 10. Derecho a indemnización.
"Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial."
De igual forma, el artículo 7 del Protocolo de San Salvador establece:
"Artículo 7
"Condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo.
"Los Estados partes en el presente protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior, supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular:
"a. Una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción;
"b. El derecho de todo trabajador a seguir su vocación y a dedicarse a la actividad que mejor responda a sus expectativas y a cambiar de empleo, de acuerdo con la reglamentación nacion
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25964-f9791461/seguridad-del-estado-de-mexico-el-articulo-181 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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