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Modo: Corpus Pro

SEGURIDAD PÚBLICA. LA LIMITANTE TEMPORAL AL PAGO DE "Y LAS DEMÁS PRESTACIONES" QUE, CONFORME AL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CORRESPONDE A LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS POLICIACOS CESADOS INJUSTIFICADAMENTE, ES CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE TABASCO Y ESTADO DE MÉXICO).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 330/2018. · Registro digital (IUS): 28464
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-04-05
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DECIMOPRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN COATZACOALCOS, VERACRUZ, OCTAVO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIA
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, Abril de 2019, Tomo II, Pág. 1243.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 330/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DECIMOPRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN COATZACOALCOS, VERACRUZ, OCTAVO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO Y CUARTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. 20 DE FEBRERO DE 2019. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, EDUARDO MEDINA MORA I. Y JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ. DISIDENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. SECRETARIO: JUVENAL CARBAJAL DÍAZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Puntos Primero y Tercero del Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de dos Tribunales Colegiados de diferente Circuito, en un tema que corresponde a la materia administrativa, de la especialidad de esta Segunda Sala.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por Lorenzo Torruco Ramos, en su calidad de quejoso en el juicio de amparo directo 360/2018 (cuaderno auxiliar 550/2018), del índice del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, en apoyo del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, quien está facultado para ello, en términos del artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo.

TERCERO.—Criterios contendientes. En el presente considerando se dará cuenta con los criterios de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, en la parte que interesa, esto es, a lo que sustentaron con relación al periodo de pago de las prestaciones –independientes a la indemnización– a que tienen derecho los miembros de las instituciones policiales que hubieren sido removidos injustificadamente.

I. Primera postura. Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, al resolver el amparo directo 360/2018 (cuaderno auxiliar 550/2018), en apoyo del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito.

Antecedentes relevantes.

a) Lorenzo Torruco Ramos demandó del fiscal general del Estado de Tabasco y del visitador general de la Fiscalía General de Control Interno, la nulidad de la resolución de destitución del cargo en su calidad de jefe de grupo de la Policía de Investigación de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco (ahora Fiscalía General del Estado de Tabasco) y el pago de la indemnización y demás prestaciones a las que tenía derecho en términos del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tales como compensaciones, bonos, haberes, emolumentos, sueldos, prestaciones extralegales, comisiones, percepciones extraordinarias, dotaciones complementarias, salarios y todas las cantidades de dinero que se pagaban con motivo de sus servicios, desde la fecha en que fue suspendido del cargo hasta el día en que las enjuiciadas dieran cumplimiento a la sentencia que en su caso se emitiera, en términos del artículo 41 de la Ley de Justicia Administrativa abrogada.

b) Las demandadas contestaron que eran improcedentes las prestaciones reclamadas, porque no fue injustificada la separación del cargo.

c) La Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, y condenó a las demandadas al pago de las prestaciones reclamadas.

d) Inconforme el actor promovió juicio de amparo directo.

Sentencia: En la parte que interesa el Tribunal Colegiado de Circuito consideró:

• El artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional prevé el supuesto en que los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, sean separados sin justificación, en cuyo caso tienen derecho a obtener una indemnización; y, el pago de las demás prestaciones a que tengan derecho.

• La norma constitucional reconoce un derecho genérico a la indemnización, y el pago de prestaciones que por ley les corresponda, pero no precisa cómo deben integrarse.

• Atendiendo a lo establecido por el artículo 1o. constitucional, en el que se dispone que las personas no sólo tienen reconocidos en su favor los derechos que figuran en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también aquellos previstos en tratados internacionales donde el Estado Mexicano sea parte; en relación con lo expuesto por el quejoso en el sentido que la norma secundaria impugnada, contraviene lo dispuesto en los artículos 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 7 del Protocolo Adicional de San Salvador; debe decirse que si bien tales normas de fuente internacional, también prevén el derecho a la indemnización en caso de despido sin justificación, lo cierto es, que ésta tampoco establece algún lineamiento sobre cómo debe integrarse.

• El artículo 10 de la referida convención establece que toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial; mientras que el numeral 7 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) prevé el derecho de las personas a las condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo.

• Si la Constitución Federal ni las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales, definen una forma específica en la que se debe otorgar la indemnización y las prestaciones que perciban los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, derivado del despido injustificado, se entiende que esta facultad corresponde al legislador local, conforme a la realidad y a las circunstancias de cada entidad federativa, en concordancia con la facultad prevista en el artículo 116, fracción VI, constitucional.

• El artículo 40 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Tabasco prevé (en la parte final del penúltimo párrafo) que, en caso de que la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, baja, remoción, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada de los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar al servidor público la indemnización y las prestaciones que le correspondan, al momento de la terminación del servicio, precisando que estas últimas nunca podrán ser superiores a nueve meses.

• Conforme a los lineamientos establecidos por nuestro Máximo Tribunal de la Nación en el amparo directo en revisión 2019/2012 y en la jurisprudencia 2a./J. 19/2014 (10a.), de título y subtítulo: "INDEMNIZACIÓN EN CASO DE DESPIDO INJUSTIFICADO. EL ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, NO VIOLA DERECHOS HUMANOS.", se estima que el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, no es violatorio de los preceptos 1o. y 123, apartado B, fracción XIII, constitucionales, así como de los numerales 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 7 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), en virtud de que:

a) El legislador local tiene libertad para determinar las condiciones para el otorgamiento de la indemnización y las prestaciones a que tienen derecho los trabajadores, con motivo de un despido injustificado; ello, de conformidad con lo previsto en el artículo 116, fracción VI, de la Constitución Federal.

b) El único lineamiento previsto en la Constitución Federal, para efectos del otorgamiento de una indemnización, está referido a los trabajadores que se rigen por el apartado A del artículo 123 constitucional (ya que establece que ésta consistirá en tres meses de salario); por tanto, se considera que si el numeral 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución, no establece un límite para el pago de las prestaciones a que tienen derecho los trabajadores de esa naturaleza y otorga la facultad al legislador local para que regule esa situación, entonces el numeral 40 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Tabasco no viola lo dispuesto en la mencionada fracción XIII del artículo 123, ya que no se le están restringiendo sus derechos mínimos, como son la obtención de una indemnización y el pago de las prestaciones a que se tenga derecho al momento de la separación, de modo que, no puede considerarse que la norma combatida restrinja derechos constitucionales, pues simplemente delimita de manera concreta el periodo por el que deben cubrirse esas prestaciones.

c) La medida legislativa es razonable y proporcional, ya que sólo limita el pago de las prestaciones a que tengan derecho los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones, desde el momento de su separación a nueve meses, la cual es adecuada para alcanzar fines constitucionalmente válidos, consistentes en evitar que los juicios se prolonguen artificialmente, con el fin de obtener una mayor condena.

• La Sala responsable no perdió de vista que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J 110/2012 (10a.), especificó que tratándose de los trabajadores de cuerpos de seguridad de los Estados, el pago de las demás prestaciones salariales comprende, desde que se concretó su separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio y hasta que se realice el pago correspondiente, porque es cierto que en la jurisprudencia destacada por el quejoso, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, estableció que el enunciado normativo "demás prestaciones a que tenga derecho" contenido en la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal, debía interpretarse como una obligación resarcitoria del Estado de pagar la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público, por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio y hasta que se realice el pago correspondiente.

• Sin embargo, tal interpretación no debe entenderse en el sentido que el legislador no puede regular el periodo en que deben cubrirse tales prestaciones, pues la Constitución Federal otorga facultad, al legislador secundario de normar la forma en que debe indemnizarse a los servidores públicos; aunado, a que de la ejecutoria de la que deriva el criterio jurisprudencial en comento, no se advierte que la Segunda Sala aludida, haya examinado el tópico que aquí se examina.

• Precisa que no soslayó la tesis aislada «2a./J. 18/2012 (10a.)» de rubro: "SEGURIDAD PÚBLICA. PROCEDE OTORGAR AL MIEMBRO DE ALGUNA INSTITUCIÓN POLICIAL. LAS CANTIDADES QUE POR CONCEPTO DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO PUDO PERCIBIR DESDE EL MOMENTO EN QUE SE CONCRETÓ SU SEPARACIÓN, CESE, REMOCIÓN O BAJA INJUSTIFICADA Y HASTA AQUEL EN QUE SE REALICE EL PAGO DE LAS DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO, SIEMPRE QUE HAYA UNA CONDENA POR TALES CONCEPTOS.".

• Sin embargo, tal criterio no colma la pretensión de quejoso, pues si bien es cierto que de él, se advierte que, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de manera similar a en la diversa jurisprudencia 2a./J 110/2012 (10a.), especificó que a los trabajadores de cuerpos de seguridad de los Estados, deben entregárseles las cantidades que por los conceptos consistentes en vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, pudieron percibir desde que se concretó su separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio y hasta que se realice el pago correspondiente; lo cual pretende el quejoso se entienda extensivo y aplicable a la indemnización y las restantes prestaciones a que tiene derecho, en virtud del cese injustificado del que fue objeto.

• Ello no puede validarse en el sentido de que el legislador secundario tiene vedado regular el periodo en que deben cubrirse tales prestaciones, pues además de que tampoco se aborda dicho tópico, aquella facultad le es otorgada directamente al legislador local por la Constitución Federal, y en virtud de ella queda a su cargo determinar la forma en que debe indemnizarse a los servidores públicos.

II. Segunda postura. Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, al resolver el amparo en revisión 18/2016 (cuaderno auxiliar 149/2016), en apoyo del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito.

Antecedentes relevantes.

a) Bulmaro León Ramírez promovió juicio de amparo indirecto en contra del incumplimiento del convenio celebrado con el Ayuntamiento de Ecatepec, Morelos, Estado de México, consistente en el pago de la cantidad de **********, así como su remoción arbitraria de su empleo, cargo o comisión como policía, adscrito a la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Vial de Ecatepec de Morelos, Estado de México.

b) El Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México determinó sobreseer en el juicio de amparo.

c) Inconforme el quejoso interpuso recurso de revisión.

Sentencia:

• El artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza como derecho el pago de una indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que hubieran obtenido resolución favorable, respecto de su cese, baja o remoción, sin que por ello proceda su reinstalación.

• El derecho al pago de una indemnización y demás prestaciones, deviene de la exigencia de que el Estado compense al afectado por el daño provocado y la imposibilidad de reinstalarlo en el encargo que venía desempeñando, por lo tanto, dicha contraprestación debe representar una reparación económica por el daño sufrido, es decir, el resarcimiento en beneficio del servidor público por la terminación de la relación de trabajo por causas ajenas a él.

• Ello debe representar el mayor beneficio que sea posible, en la medida en que se ve afectado el servidor público, ante la falta de ocupación a la que se va a someter; consecuentemente, ese derecho no debe verse restringido de manera alguna, sin embargo, el artículo 181 de la Ley de Seguridad del Estado de México sí lo limita, pues señala que el pago de las prestaciones de ley, así como los salarios dejados de percibir, únicamente serán por el último año en que el servidor público prestó sus servicios.

• Es decir, lo que no limita la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y contemplan los tratados internacionales, no lo puede hacer una ley secundaria, dado que, en el caso que nos ocupa, lo que debe quedar resguardado en todo momento es el derecho al pago de una compensación en la medida que más beneficie al servidor público, por haber sido cesado o removido de su encargo, por causa no atribuible a él.

• En el caso, nuestra Constitución otorga una mayor protección al servidor público que ha sido cesado en sus servicios por causa injustificada, pues la primera comprende, además de la indemnización correspondiente, el pago de las demás prestaciones a que tuviere derecho, mientras que los últimos conceden el beneficio de la indemnización y cualquier otra prestación, prevista por la legislación nacional, sin que por ello sea procedente su reinstalación.

• En ese sentido, el aludido artículo 181 de la Ley de Seguridad del Estado de México atenta contra el derecho de restitución de manera plena, a los miembros de los cuerpos policiales, derecho que se encuentra comprendido tanto en el artículo 123, fracción B (sic), fracción XIII, constitucional, como en los artículos 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 7 del Protocolo de San Salvador; porque prevé una consecuencia desproporcionada para el miembro del cuerpo policial que ha sido cesado o removido de su encargo, cuando se haya resuelto en forma injustificada su baja, en virtud de que no contempla el pago de sueldo, haberes dejados de percibir o remuneración diaria ordinaria por el tiempo en que el servidor público haya estado suspendido, separado o removido del cargo, hasta que se realice su pago, con lo cual lo deja indefenso, al no integrar el pago de las demás prestaciones contempladas en la ley y en los tratados internacionales ya citados; lo que se insiste, debe garantizarse acorde a lo previsto en los artículos 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal, 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 7 del Protocolo de San Salvador.

• Derecho que también ha sido motivo de salvaguarda por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como se obtiene de la jurisprudencia 2a./J. 18/2012 (10a.), cuyo rubro es: "SEGURIDAD PÚBLICA. PROCEDE OTORGAR AL MIEMBRO DE ALGUNA INSTITUCIÓN POLICIAL, LAS CANTIDADES QUE POR CONCEPTO DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO PUDO PERCIBIR DESDE EL MOMENTO EN QUE SE CONCRETÓ SU SEPARACIÓN, CESE, REMOCIÓN O BAJA INJUSTIFICADA Y HASTA AQUÉL EN QUE SE REALICE EL PAGO DE LAS DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO, SIEMPRE QUE HAYA UNA CONDENA POR TALES CONCEPTOS.".

• La autoridad responsable tiene la obligación de resarcir de manera integral, el derecho del que se vio privado el actor, mediante el pago de la indemnización correspondiente y de las demás prestaciones a que tenga derecho, entendiéndose esto como las remuneraciones diarias ordinarias o haberes dejados de percibir, desde el momento en que se concretó la baja y hasta que se realice el pago relativo, así como a los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo o cualquier otro concepto que el servidor público dejó de percibir por la prestación de sus servicios, durante el periodo antes referido.

• No es obstáculo a la conclusión adoptada con anterioridad la jurisprudencia 2a./J 19/2014 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "INDEMNIZACIÓN EN CASO DE DESPIDO INJUSTIFICADO. EL ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, NO VIOLA DERECHOS HUMANOS.", ya que se trata de un supuesto diferente, al aquí analizado, en razón de que se refiere a los trabajadores al servicio del Estado, categoría en la que no se incluyen a los policías. Además, como se ha dicho, el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal dispone que si se resuelve que es injustificada su separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones que tenga derecho, sin que proceda su reincorporación al servicio.

La anterior ejecutoria dio lugar a que se emitiera la tesis aislada, que a continuación se transcribe:

"Registro digital: 2012654

"Décima Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Tesis: Aislada

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Libro 34, Tomo IV, septiembre de 2016

"Materia constitucional

"Tesis (I Región)8o.30 A (10a.)

"Página: 3009

"SEGURIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO. EL ARTÍCULO 181 DE LA LEY RELATIVA, AL LIMITAR A UN AÑO EL PAGO DEL IMPORTE DE LAS PRESTACIONES LEGALES DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS POLICIALES QUE HAYAN SIDO REMOVIDOS INJUSTIFICADAMENTE, ATENTA CONTRA EL DERECHO A SU RESTITUCIÓN PLENA, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El precepto constitucional citado prevé expresamente la obligación del Estado Mexicano de pagar la indemnización y demás prestaciones a que los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de las instituciones policiales tengan derecho, en caso de que se resuelva por autoridad jurisdiccional que su despido fue injustificado, aun cuando expresamente se prohíba su reinstalación, esto es, prevé el derecho a la restitución plena de aquéllos. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 110/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XII, Tomo 2, septiembre de 2012, página 617, de rubro: "SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO ‘Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO’, CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008.", definió la expresión "y demás prestaciones a que tenga derecho", contenida en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, indicado, como el deber de pagar la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación, remoción, baja, cese o cualquier forma de terminación del servicio y hasta que se realice el pago correspondiente. En consecuencia, el artículo 181 de la Ley de Seguridad del Estado de México, al limitar a un año el pago del importe de las prestaciones legales de los miembros de los cuerpos policiales removidos injustificadamente, atenta contra el derecho mencionado.".

III. Tercera postura. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el juicio de amparo 764/2014.

Antecedentes relevantes.

a) Pedro Espinoza Galicia demandó la nulidad de la resolución emitida por la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, mediante la cual se decretó su separación del cargo de policía R-3, adscrito en el Segundo Agrupamiento Tlalmanalco, Región XXIII-A, Subdirección Operativa Regional Volcanes, de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, Secretaría de Seguridad Ciudadana (Estado de México).

b) La Quinta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México revocó la sentencia recurrida y declaró la validez de la resolución condenando a la Comisión de Honor y Justicia, al pago de la indemnización y demás prestaciones a que tenía derecho el accionante, sin que su pago pudiera exceder de doce meses, en términos del artículo 181 de la Ley de Seguridad del Estado de México vigente.

c) Inconforme, el actor promovió juicio de amparo directo.

Sentencia:

• En ejercicio de la atribución derivada de los artículos 1o. y 133 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, el Tribunal Colegiado se pronuncia sobre la inconvencionalidad de la limitante contenida del artículo 181, párrafo tercero, de la Ley de Seguridad del Estado de México, vigente hasta el veintisiete de junio de dos mil catorce, pues éste resultaba el aplicable, al momento en que ocurrió la separación del cargo, empleo o comisión que desempeñaba el quejoso en la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana –treinta de julio de dos mil trece–.

• Precepto que contempla los siguientes supuestos:

a) En el primer párrafo indica que resulta improcedente la reinstalación cuando los integrantes de las instituciones policiales sean separados de su cargo, por resolución de remoción, baja o cese, cualquiera que hubiere sido el resultado del juicio o medio de defensa promovido;

b) En el segundo párrafo se establece que cuando la resolución por la que se impuso la separación o remoción sea injustificada, las instituciones policiales sólo estarán obligadas a la indemnización de tres meses de sueldo y al pago de las prestaciones de ley, entendiendo éstas por el pago de la parte proporcional de aguinaldo, vacaciones y las demás previstas en las leyes; y,

c) Finalmente, en el tercer párrafo estableció el legislador que en ningún caso procederá el pago de sueldo, salarios caídos, haberes dejados de percibir o remuneración diaria ordinaria por el tiempo en que el servidor público haya estado suspendido, separado o removido del cargo.

• El artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé la obligación del Estado para pagar a los miembros policiales una indemnización y demás prestaciones en caso que una autoridad jurisdiccional haya resuelto que la baja, cese o remoción de su cargo haya sido injustificado; protección que se ve extendida por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador.

• En tal sentido, el artículo 181, en el tercer párrafo, de la Ley de Seguridad del Estado de México, vigente hasta el veintisiete de junio de dos mil catorce, al restringir el derecho del pago de las demás prestaciones, contraviene constitucional y convencionalmente el derecho que tienen los miembros de los cuerpos policiales al pago de una completa indemnización, pues tal apartado legal, limita las demás prestaciones que aquéllos prevén; de ahí que la autoridad responsable en el caso que nos ocupa deba inaplicar dicha disposición.

• Es así, pues el derecho al pago de una indemnización y demás prestaciones devienen de la exigencia de que el Estado compense al afectado por el daño provocado y la imposibilidad de reinstalarlo en el encargo que venía desempeñando, por lo tanto, dicha contraprestación debe representar una reparación económica por el daño sufrido, es decir, el resarcimiento en beneficio del servidor público por la terminación de la relación de trabajo por causas ajenas a él.

• Luego, ello debe representar el mayor beneficio que sea posible en la medida en que se ve afectado el servidor público, ante la falta de ocupación a la que se va a someter; consecuentemente ese derecho no debe verse restringido de manera alguna, sin embargo, el tercer párrafo del artículo 181 de la Ley de Seguridad del Estado de México, antes mencionado, sí lo limita, pues señala que en ningún caso procederá el pago de sueldo, salarios caídos, haberes dejados de percibir o remuneración diaria ordinaria, por el tiempo en que el servidor público haya estado suspendido, separado o removido del cargo.

• Es decir, lo que no limita la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y prevén los tratados internacionales, no lo puede hacer una ley secundaria, dado que, en el caso, lo que debe quedar resguardado en todo momento es el derecho al pago de una compensación en la medida que más beneficie al servidor público por haber sido cesado o removido de su encargo, por causa no atribuible a él.

• En el caso, la Constitución Federal y los tratados internacionales, previamente analizados, otorgan una mayor protección al servidor público que ha sido cesado en sus servicios por causa injustificada, pues la primera comprende, además de la indemnización correspondiente, el pago de las demás prestaciones, a que tuviere derecho, mientras que los últimos conceden el beneficio de la indemnización y cualquier otra prestación prevista por la legislación nacional; sin que por ello sea procedente su reinstalación.

• No pasa inadvertido que en el caso concreto, en atención a la fecha en que se concretó la separación del cargo del aquí quejoso –treinta de julio de dos mil trece– el texto legal que debería regir el asunto es el previsto en el artículo 181 de la Ley de Seguridad Estatal vigente hasta el veintisiete de junio de dos mil catorce (numeral que en su párrafo tercero se ha estimado inconvencional por este órgano colegiado en párrafos precedentes); también lo es, que la Sección de la Sala responsable aplicó el artículo 181 de la ley en cita, vigente a partir del veintiocho de junio de dos mil catorce, al considerar que tal numeral traía un mayor beneficio al promovente.

• Este Tribunal Colegiado considera que tal numeral (al igual que lo acontecido con el artículo 181 de la Ley de Seguridad Estatal vigente hasta el veintisiete de junio de dos mil catorce), resulta inconvencional en el contenido de sus párrafos segundo y tercero –numeral que no se transcribe, pues el mismo se encuentra transcrito párrafos precedentes–.

• Del contenido de dicho numeral se aprecia que al igual que acontecía con el texto anterior a la reforma de veintisiete de junio de dos mil catorce, se atenta contra el derecho a una indemnización que restituya de manera plena a los miembros de los cuerpos policiales, tal como lo exigen tanto el artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional, como los artículos 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 7 del Protocolo de San Salvador.

• Ello se considera así, si se toma en cuenta qu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28464-2dba4da8/seguridad-publica-la-limitante-temporal-al-pago-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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