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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS SE SURTE CUANDO EN SU DEMANDA ADUZCA UNA VIOLACIÓN A DERECHOS FUNDAMENTALES (FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 160 DE LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "FORMAR PARTE O INTERVENIR EN AGRUPACIONES, YA SEA PARA RECLAMAR SUS DERECHOS"). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ANÁLISIS INTEGRAL DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ QUE DAN LUGAR A TENER POR IMPUGNADA LA TOTALIDAD DE UN PRECEPTO LEGAL AUN CUANDO EN LA DEMANDA ÚNICAMENTE SE HAYA CONTROVERTIDO UNA PORCIÓN DE ÉSTE (FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 160 DE LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS). III. MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. EVOLUCIÓN DE LOS CRITERIOS JURISPRUDENCIALES RELATIVOS A LA NATURALEZA ADMINISTRATIVA DE SU RELACIÓN JURÍDICA CON EL ESTADO (ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). IV. MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. LA PROHIBICIÓN DE QUE LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES SE ASOCIEN, FORMEN PARTE O INTERVENGAN EN SINDICATOS, LIMITADA ÚNICAMENTE CUANDO TIENEN POR OBJETO UN "RECLAMO" O UNA "PRESIÓN" DE CARÁCTER EMINENTEMENTE LABORAL A LOS MANDOS DE LA CORPORACIÓN POLICIAL, NO VULNERA LOS DERECHOS DE ASOCIACIÓN Y/O DE REUNIÓN (INTERPRETACIÓN CONFORME DE LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 160 DE LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS). V. MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. LA PROHIBICIÓN DE QUE LOS INTEGRANTES DE LA INSTITUCIONES POLICIALES SE ASOCIEN, FORMEN PARTE O INTERVENGAN EN SINDICATOS O AGRUPACIONES CUYO OBJETO SEA UN "RECLAMO" O UNA "PRESIÓN" DE CARÁCTER EMINENTEMENTE LABORAL A LOS MANDOS DE LA CORPORACIÓN POLICIAL, NO VULNERA EL DERECHO DE REUNIÓN, CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 9o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 160 DE LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS). VI. MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. LA PROHIBICIÓN DE QUE LOS INTEGRANTES DE INSTITUCIONES POLICIALES SE ASOCIEN, FORMEN PARTE O INTERVENGAN EN SINDICATOS CUYO OBJETO SEA UN "RECLAMO" O UNA "PRESIÓN" DE CARÁCTER EMINENTEMENTE LABORAL A LOS MANDOS DE LA CORPORACIÓN POLICIAL, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD, ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 160 DE LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS). VII. MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. LOS ARTÍCULOS 1.1, 2 Y 15 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, NO DESARROLLAN A SU FAVOR LOS DERECHOS DE REUNIÓN Y/O ASOCIACIÓN, POR EL CONTRARIO, EL ARTÍCULO 15 PERMITE ALGUNAS RESTRICCIONES A ÉSTOS (FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 160 DE LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS). VIII. MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. LOS ARTÍCULOS 2, 2.2, 5.2, 21 Y 26 DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS NO DESARROLLAN A SU FAVOR ALGÚN DERECHO DE ORDEN SINDICAL, INCLUSO EL ARTÍCULO 22 AUTORIZA LA POSIBILIDAD DE UNA RESTRICCIÓN TRATÁNDOSE DE MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS Y DE POLICÍA (FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 160 DE LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 1/2015. · Registro digital (IUS): 27735
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2018-04-06
Promovente: COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, Pág. 15.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 1/2015. COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA. 11 DE MAYO DE 2017. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: GUILLERMO PABLO LÓPEZ ANDRADE.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día once de mayo de dos mil diecisiete.

VISTOS; para resolver los autos del expediente de la acción de inconstitucionalidad 1/2015; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.-Presentación del escrito, autoridades (emisoras y promulgadoras) y norma impugnada. Por escrito depositado el veintinueve de diciembre de dos mil catorce, en la Oficina de Correos de la localidad, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, por conducto de Francisco Mixcoatl Antonio, quien se ostentó como presidente de este organismo, promovió acción de inconstitucionalidad, en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tlaxcala.

SEGUNDO.-Norma general cuya invalidez se reclama. En esta acción de inconstitucionalidad, se impugnó la fracción X del artículo 160 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial de la entidad el veintiocho de noviembre de dos mil catorce.

TERCERO.-Concepto de invalidez. La promovente en su concepto de invalidez, manifestó, en síntesis, lo siguiente:

- Inconstitucionalidad de la restricción a los integrantes de las instituciones policiales para formar parte o intervenir en agrupaciones para reclamar sus derechos. La fracción X del artículo 160 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, en la parte que establece "... formar parte o intervenir en agrupaciones, ya sea para reclamar sus derechos ...", es inconstitucional por contravenir los artículos 1o. y 9o. de la Constitución Federal, así como 1.1, 2 y 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 2, 2.2, 5.2, 21 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

- La disposición impugnada vulnera el principio de progresividad en materia de derechos humanos establecido en el artículo 1o. de la Constitución Federal, porque se restringe el derecho a la libertad de reunión y la facultad de exigir la efectividad de sus derechos, lo que constituye una regresión injustificada por el legislador en el respeto, protección y garantía de los derechos humanos de los integrantes de las instituciones policiales, ya que incumple los más altos estándares de protección a nivel constitucional e internacional en materia de derechos fundamentales.

- Se afecta el derecho de reunión consagrado en el artículo 9o. de la Constitución Federal que implica la libertad de todos los habitantes de la república para poder congregarse con otros con cualquier finalidad y objeto, siempre que dicha reunión sea de carácter pacífico y tenga un objeto lícito, y en consecuencia, la norma impugnada es contraria al principio de progresividad toda vez que pretende privar de forma regresiva el disfrute de dicho derecho, aun cuando el máximo ordenamiento constitucional lo concede de forma expresa a todas las personas sin hacer ninguna restricción a determinado sector de la sociedad.

- La forma tan amplia en que fue redactada la fracción X del artículo 160 impugnada "... para reclamar sus derechos ...", prohíbe a los integrantes de las instituciones policiales la posibilidad de hacer efectivos sus derechos concedidos como trabajadores al servicio del Estado, negándoles la existencia y el que puedan hacer uso de toda garantía para que logren gozar de los mismos, señalándolos como individuos sin derechos, lo que no resulta coherente con los principios de un Estado democrático, ni con lo establecido en el artículo 1o. de la Constitución Federal que establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, sin discriminación alguna, violentando además los principios que se derivan del artículo 133 constitucional, por lo que resulta procedente, se decrete la invalidez de la fracción X del artículo 160 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala.

CUARTO.-Disposiciones que el promovente señala como violadas. Los artículos 1o. y 9o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1.1, 2, 15 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, 2.2, 5.2 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

QUINTO.-Admisión y trámite. Mediante proveído de siete de enero de dos mil quince, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 1/2015,(1) promovida por el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro José Ramón Cossío Díaz.

Por acuerdo de siete de enero de dos mil quince, el Ministro instructor admitió la demanda de acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, por ser quienes, respectivamente, emitieron y promulgaron las normas impugnadas para que rindieran sus informes. También dio vista al procurador general de la República para que formulara el pedimento correspondiente.(2)

SEXTO.-Informes de los Poderes Legislativo(3) y Ejecutivo(4) de la entidad.

A) El Poder Legislativo señaló, en síntesis, lo siguiente:

- Es cierto que la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, que contiene la disposición impugnada, fue aprobada el veintiséis de noviembre de dos mil catorce, sin embargo, la fracción X del artículo 160 de la citada ley es constitucional y se apega a la naturaleza jurídica que existe entre los elementos de seguridad pública y el Estado.

- El promovente parte de premisas equivocadas por lo que deberá declararse infundado su único concepto de invalidez, pues la norma impugnada no atenta contra los derechos fundamentales de reunión y asociación, y menos aún violenta el principio de progresividad. Por el contrario, la porción normativa impugnada, constituye una medida razonable aplicable a los miembros de los cuerpos de seguridad pública, atendiendo por un lado a la naturaleza jurídica de la relación existente entre dichos elementos y el Estado, así como a la alta disciplina jerárquica que caracteriza a esa relación.

- La norma impugnada tiende a privilegiar la disciplina, en tanto que representa la base del funcionamiento y organización de las instituciones policiales, pues los integrantes de las corporaciones deberán sujetar su conducta a la observancia de las leyes, órdenes y jerarquías, así como la obediencia y al alto concepto del honor, de la justicia y de la ética.

- La posibilidad de los elementos policiales a conformar sindicatos o agrupaciones no implica una restricción a los derechos de asociación o reunión de las personas que ejercen funciones de policía, ya que la restricción se actualiza, únicamente, cuando el fin de dichas agrupaciones sea la defensa de sus derechos, o bien, cuando sea para presionar a los mandos en relación con cuestiones del servicio, funciones, prestaciones, o cualquier otra, circunstancias que se estiman razonables si se considera la alta disciplina jerárquica que debe caracterizar a la función de los policías.

- La intención no es menoscabar los derechos de las personas que ejercen las funciones de policía, pues en caso de que algún oficial requiera exigir el cumplimiento de algún derecho cuenta con las instancias correspondientes para ello, sin que le sea permitido agruparse para ese efecto. En estas circunstancias no se infringe el principio de progresividad.

- La porción impugnada de la fracción X del artículo 160 respeta, protege y garantiza lo referente a los cuerpos de seguridad pública, conforme a lo establecido en la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal.

- Conforme a la citada disposición constitucional los grupos constituidos por cuerpos policiacos tienen una relación de naturaleza administrativa con el poder público, por lo que al diferenciar a ese grupo de servidores públicos de las reglas que rigen las relaciones del Estado con sus trabajadores y precisar que deberán regirse por sus propias leyes, la citada disposición constitucional los excluye de la aplicación de las normas de trabajo para los servidores públicos del Estado. De esta manera, se reitera que la relación jurídica entre los elementos de seguridad pública del Estado de Tlaxcala y sus Municipios es de naturaleza administrativa. Cita en apoyo a sus argumentaciones la tesis 2a./J. 8/2013 (10a.), de la Segunda Sala, de rubro: "AGENTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DE TABASCO, SU RELACIÓN JURÍDICA CON EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA."

- Es dable encontrar restricciones al derecho de asociarse y aun la privación de su ejercicio a los miembros de los elementos de seguridad pública del país dada la relación de naturaleza administrativa que tienen con el Estado. De ahí que la norma impugnada no vulnera el derecho a la libertad de reunión.

- El hecho de que la fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional disponga que los miembros de los cuerpos de seguridad pública, se regirán bajo sus propias leyes, lógicamente implica los derechos laborales (entre ellos el de formar sindicatos o agruparse para reclamar sus derechos), que se establecen en el resto de las fracciones contenidas en el citado apartado, pues de lo contrario no se explica que el constituyente, hubiera establecido una fracción que de manera destacada hace la distinción de que se trata. Lo anterior, se justifica porque los elementos de seguridad pública, por la naturaleza de las funciones que desempeñan, deben de estar sujetos a un control que requiere de una disciplina jerárquica de carácter administrativa que les impide gozar de todas las prerrogativas que son propias de una relación laboral.

- Cita en apoyo a sus argumentaciones las tesis P./J. 24/95 y P. XLIX/98, de rubros: "POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA." y "POLICÍA JUDICIAL FEDERAL. LOS ARTÍCULOS 65 Y 66 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, QUE ESTABLECEN UNA RELACIÓN LABORAL ENTRE LOS AGENTES QUE INTEGRAN AQUÉLLA Y DICHA DEPENDENCIA, TRANSGREDEN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, CONSTITUCIONAL."

- El artículo constitucional aludido, ha sido interpretado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aun cuando en dichos criterios no se sostiene en forma expresa que los elementos policiacos no tienen derecho a sindicalizarse para reclamar sus derechos, lo cierto es que tal cuestión deriva de la afirmación de que los cuerpos de seguridad pública, están excluidos del régimen laboral establecido en el apartado B del artículo 123 constitucional, pues dentro de ese régimen laboral está contenido el derecho a formar sindicatos.

- Esta exclusión constitucional es coincidente con los principios del derecho internacional, rama que se ha ocupado del trato innovador que modernamente dispensa a esos empleados públicos.

- Desde que se creó la Organización Internacional del Trabajo, el Convenio Número 87, de diecisiete de junio de mil novecientos cuarenta y ocho, establece en su artículo 9o., inciso 1), que "la legislación nacional deberá determinar hasta qué punto se aplicarán a las fuerzas armadas y a la policía las garantías previstas por el presente convenio".

- Por su parte, el artículo 1o. del Convenio 151, dispone en los incisos 2 y 3 que: "2. La legislación nacional deberá determinar hasta qué punto las garantías previstas en el presente convenio se aplican a los empleados de alto nivel que, por sus funciones, se considera normalmente que poseen poder decisorio o desempeñan cargos directivos o a los empleados cuyas obligaciones son de naturaleza altamente confidencial. 3. La legislación nacional deberá determinar, asimismo, hasta qué punto las garantías previstas en el presente convenio son aplicables a las fuerzas armadas y a la policía."

- Los elementos de seguridad pública en la doctrina del derecho internacional, coinciden con la excepción constitucional del artículo 123, en el apartado B, fracción XIII, pues desempeñan servicios públicos cuyo objetivo es el establecimiento del orden, la estabilidad y defensa de la nación, o para su imagen interna, cuyo control requiere de una rígida disciplina jerárquica de carácter administrativo, una constante vigilancia y una movilidad de los cargos y servidores públicos en razón de las necesidades que se vayan suscitando para el Estado. De modo que tal discernimiento, por sus características, representa prácticamente un principio constitucional, que se ha conservado hasta la fecha.

- Cita en apoyo a sus argumentaciones, la tesis de la Primera Sala de rubro: "POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL. SUS AGENTES PERTENECEN CONSTITUCIONALMENTE A UN RÉGIMEN ESPECIAL DONDE NO PUEDE RECLAMARSE LA POSIBLE AFECTACIÓN A DERECHOS LABORALES COMO EL DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO O CARGO O INMUTABILIDAD DE LAS CONDICIONES DE PERMANENCIA."

Por todo lo anterior, solicita se declare la validez de la norma impugnada.

B) El Poder Ejecutivo, por su parte manifestó, en síntesis, lo siguiente:

- Son ciertos los actos atribuidos al Poder Ejecutivo Local, consistentes en haber sancionado, promulgado y ordenado la publicación del Decreto Número 59 relativo a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, sin que por ello se reconozca la invalidez del precepto legal impugnado.

- La disposición impugnada no debe ser interpretada en forma aislada, sino de manera sistemática con otros preceptos normativos del mismo ordenamiento legal y en armonía con los principios que regulan su actuación, tales como el artículo 153 de la propia ley que prescribe la debida prestación de la función de seguridad pública, incluso con la relación jurídica que prevalece entre las instituciones policiales y sus integrantes, incluyendo la función de seguridad pública que brindan a la población y al Estado, pues es en esta última parte en donde se justifica la validez del precepto legal impugnado.

- El hecho de que los policías se reúnan para reclamar sus derechos, puede ocasionar un mayor perjuicio a la sociedad, incluyendo al Estado, pues sus integrantes en lugar de cumplir con su función de otorgar seguridad de carácter preventiva, protección y salvaguarda, estarían reclamando derechos de manera conjunta que pueden plantear de manera individual, con el riesgo incluso, de que al momento de la reunión se encuentren armados, circunstancia que pondría en riesgo la estabilidad del Estado y la propia nación, ya que si el motivo de la reunión es para reclamar un derecho que consideran vulnerado, éste no puede ser sino sólo con quien mantienen su relación jurídica, esto es, con el Estado mismo.

- Del contexto de la disposición legal impugnada, se desprende que su incorporación en el texto normativo, sólo regula la forma en que los policías pueden reclamar sus derechos para no desatender la función de seguridad pública, que el Estado tiene la obligación de otorgar a través de los integrantes de esas instituciones policiales y, con ello, evitar que se cause un mayor perjuicio a la población y al Estado, sin que se trastoquen los derechos reconocidos por la Constitución Federal como es la libertad de reunión.

- La validez de la norma impugnada frente al derecho de reunión, reconocido por los artículos 9o. de la Constitución Federal y 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como por el 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se justifica en cuanto se establecen límites formales a los integrantes de las instituciones policiales para reclamar sus derechos, no el derecho en sí mismo. Además de que con esta modalidad de inconformidad (agrupación), se puede alterar u obstaculizar de manera grave la debida prestación de la función de seguridad pública que entendida como garantía individual, implica la obligación del Estado de otorgar seguridad a la población y al Estado mismo para mantener el orden público y evitar se cometan delitos contra la seguridad del Estado como rebelión, terrorismo, sabotaje, sedición, conspiración y motín previstos y sancionados por el Código Penal del Estado de Tlaxcala.

El orden público, constituye una garantía individual a favor de los gobernados por lo que la omisión del Estado de otorgarla implica una violación grave de garantías. Así lo ha establecido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. XLIX/2007, de rubro: "GARANTÍAS INDIVIDUALES. EL RETARDO, OMISIÓN O INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE LAS AUTORIDADES PUEDE DAR LUGAR A LA VIOLACIÓN GRAVE DE AQUÉLLAS."

- La disposición impugnada no implica que se coarte el derecho de reunión de los policías estatales y municipales, ya que tanto el artículo 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos como el 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, permiten al Estado Parte, establecer restricciones al ejercicio del derecho de reunión que sean indispensables para mantener la seguridad pública y la del propio Estado, siempre que éstas se prevean en un ordenamiento jurídico, esto es, la legitimación de las restricciones, dependerán de su reconocimiento en la ley.

- Por lo anterior, no se transgrede el derecho de reunión pues si se considera que la Constitución Federal establece límites para su ejercicio, como lo es que no cause daños a terceros y no ponga en peligro la paz y seguridad pública, es que se justifica el texto de la fracción X del artículo 160 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala.

- No se transgrede el principio de progresividad, reconocido por el artículo 1o. de la Constitución Federal, ya que el límite del derecho de reunión no impide una mayor protección y garantía de los derechos humanos, porque el Estado tiene la facultad legal de establecer restricciones a éste salvaguardando la garantía de seguridad pública en los términos y condiciones que han quedado precisadas en párrafos precedentes. Frente al derecho de reunión de los integrantes de estas corporaciones está el de la seguridad pública, el cual va a tener mayor preeminencia sobre el primero al tratarse de cuestiones de orden público e interés social. Cita en apoyo a sus argumentaciones la tesis XXVI.5o.(V Región) 2 P (10a.), de rubro: "PROGRESIVIDAD Y NO REGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. LOS ARTÍCULOS 478 Y 479 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, AL LIMITAR LA CANTIDAD DE NARCÓTICOS QUE DEBE CONSIDERARSE PARA EL ESTRICTO E INMEDIATO CONSUMO PERSONAL, NO VULNERAN DICHOS PRINCIPIOS."

- La norma impugnada no vulnera derechos adquiridos, entendidos como aquellos que introducen un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, a su dominio o a su haber jurídico, en tanto el límite impuesto al derecho de reunión (agrupación) de ningún modo implica una restricción a las prerrogativas reconocidas y otorgadas por la Constitución Federal y la norma secundaria a los policías estatales y municipales que prestan sus servicios para el Estado, antes bien, se estableció como medida para garantizar el orden y seguridad pública de la sociedad y el Estado en donde fue emitida. Cita en apoyo a sus argumentaciones la tesis (IV Región)2o.5 K (10a.), de rubro: "JURISPRUDENCIA. PARA DETERMINAR SI LA OBSERVADA EN LA SOLUCIÓN DE UN CASO CONCRETO, SE APLICÓ RETROACTIVAMENTE EN PERJUICIO DE ALGUNA PERSONA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 217, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, DEBE VERIFICARSE SI SE AFECTAN DERECHOS ADQUIRIDOS O MERAS EXPECTATIVAS LITIGIOSAS."

Por lo anterior, se solicitó que lo procedente era declarar la validez de la norma impugnada.

C) Opinión del procurador general de la República. Este funcionario no emitió opinión alguna.

SÉPTIMO.-Cierre de instrucción. Mediante acuerdo dictado el trece de marzo de dos mil quince, el Ministro instructor José Ramón Cossío Díaz, determinó el cierre de la instrucción de conformidad a lo previsto por el artículo 68, párrafo tercero, de la Ley Reglamentaria de la Materia, y se procedió a elaborar el proyecto de resolución correspondiente, mismo que sometido a consideración del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de doce de mayo de dos mil dieciséis, se determinó desechar por mayoría de nueve votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales.

De igual forma, se determinó en dicha sesión devolver los autos a la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el efecto de que se returnara el asunto a uno de los Ministros de la mayoría, para la elaboración de un nuevo proyecto.

En atención a lo anterior, por acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, returnó los autos de la presente acción de inconstitucionalidad al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, a efecto de que se formulara el nuevo proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(5) toda vez que se plantea la posible contradicción entre la fracción X del artículo 160 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala y sus Municipios y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como algunos instrumentos de carácter internacional.

SEGUNDO.-Oportunidad. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,(6) dispone que el plazo para promover una acción de inconstitucionalidad, es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente al en que se haya publicado en el correspondiente medio oficial, la norma general o tratado internacional impugnados, considerando para el cómputo cuando se trate de materia electoral, todos los días como hábiles.

El Decreto por el que se expidió la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se publicó en el Periódico Oficial de la entidad, el veintiocho de noviembre de dos mil catorce,(7) de donde se desprende la fracción X del artículo 160 como norma impugnada.

Tomando en cuenta esta fecha -veintiocho de noviembre-, el primer día del plazo para efectos del cómputo respectivo fue el veintinueve de noviembre, de lo que resulta que el plazo de treinta días naturales, venció el domingo veintiocho de diciembre de dos mil catorce.

Por tanto, si la demanda se presentó el día hábil siguiente en la oficina de correos de la localidad,(8) esto es, el lunes veintinueve de diciembre de dos mil catorce,(9) según se advierte de los sellos que obran en la foja sesenta del expediente, la impugnación resulta oportuna.

TERCERO.-Legitimación. Se procederá a analizar la legitimación de quien promueve la acción de inconstitucionalidad, por ser presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.

Suscribe la demanda, Francisco Mixcoatl Antonio, ostentándose como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tlaxcala, lo que acredita con la copia certificada del Periódico Oficial de nueve de agosto de dos mil once, del que se advierte su designación y toma de protesta por el Congreso de la entidad, para el periodo que comprende del cuatro de agosto de dos mil once, al tres de agosto de dos mil quince.(10)

De conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(11) la Comisión Estatal de Derechos Humanos de la entidad podrá ejercer la acción de inconstitucionalidad en contra de leyes expedidas por la Legislatura Estatal. En el caso, la acción se promovió en contra de la fracción X del artículo 160 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, esto es, de una ley estatal expedida por el Congreso Local, y se planteó, entre otros aspectos, la vulneración a los derechos humanos, relacionados con una causa de remoción para los integrantes de las instituciones policiales, consistente en formar parte o intervenir en agrupaciones para reclamar sus derechos. Por tanto, no cabe duda que la comisión accionante cuenta con la legitimación necesaria para promover la presente acción de inconstitucionalidad y quien viene en su representación también tiene facultades para ello, ya que en términos del invocado precepto constitucional, en relación con el artículo 24, fracción I, de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos,(12) dicho funcionario cuenta con la representación necesaria.

CUARTO.-Causas de improcedencia. En el presente caso las partes no hacen valer causas de improcedencia, ni este Alto Tribunal advierte de oficio que se actualice alguna. Por tanto, lo procedente es analizar el único concepto de invalidez que formuló la comisión estatal promovente.

QUINTO.-Estudio de fondo. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, impugnó la fracción X del artículo 160 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, en la parte que establece "... formar parte o intervenir en ... agrupaciones, ya sea para reclamar sus derechos ...", por considerar que contraviene los artículos 1o. y 9o. de la Constitución Federal; 1.1, 2 y 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, 2.2, 5.2, 21 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La promovente considera que se vulnera el principio de progresividad en materia de derechos humanos, establecido en el artículo 1o. de la Constitución Federal, porque se restringe el derecho a la libertad de reunión y la facultad de exigir la efectividad de sus derechos, lo que constituye una regresión injustificada por el legislador en el respeto, protección y garantía de los derechos humanos de los integrantes de las instituciones policiales, ya que incumple los más altos estándares de protección a nivel constitucional e internacional en materia de derechos fundamentales.

Agrega que se afecta el derecho de reunión, consagrado en el artículo 9o. de la Constitución Federal que implica la libertad de todos los habitantes de la República para congregarse con otros con cualquier finalidad y objeto, siempre que dicha reunión sea de carácter pacífico y tenga un objeto lícito, por lo que, en su opinión, la norma impugnada es contraria al principio de progresividad, toda vez que pretende privar de forma regresiva el disfrute de dicho derecho, a un sector de la sociedad, a pesar de que la Constitución Federal lo concede de forma expresa a todas las personas sin hacer ninguna restricción a nadie.

Finalmente, el promotor de la acción añade que con la forma tan amplia en que fue redactada la fracción X del artículo 160 impugnada "... para reclamar sus derechos ...", se prohíbe a los integrantes de las instituciones policiales, hacer efectivos sus derechos concedidos como trabajadores al servicio del Estado, negándoles la existencia y el que puedan hacer uso de toda garantía para que puedan gozar de los mismos, señalándolos como individuos sin derechos, lo que no resulta coherente con los principios de un Estado democrático, ni con lo establecido en el artículo 1o. de la Constitución Federal.

Pues bien, en el caso la comisión promovente señala que impugna la fracción X del artículo 160 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y si bien este Tribunal Pleno advierte que en ciertas partes del escrito de acción, la accionante de manera expresa señala que de dicha fracción "reclama la restricción que se efectúa a los integrantes de las instituciones policiales para formar parte o intervenir en agrupaciones para reclamar sus derechos", lo cierto es que en sus conceptos de invalidez, elabora argumentos de los que se advierte que en realidad impugna la totalidad de la fracción X, del citado precepto, por tanto, este Tribunal Pleno analizará la totalidad de la fracción X aludida.(13)

A la vez, aunque en esencia la comisión promovente, centra su concepto de invalidez en el derecho de reunión, lo cierto es que en el mismo se formulan argumentos que podrían impactar el derecho de asociación, por lo que también se analizarán las implicaciones en este sentido.

5.1. Naturaleza administrativa de la relación jurídica con el Estado de los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de las instituciones policiales.

A fin de resolver el tema planteado, este Tribunal considera, pertinente, analizar previamente la naturaleza de la relación con el Estado de los servidores públicos contemplados en el apartado B del artículo 123 constitucional y, en particular, el estatus de aquellos referidos específicamente en la fracción XIII de dicho apartado.

Desde el texto original de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de mil novecientos diecisiete, quedó expresamente plasmado que las bases de las leyes del trabajo, previstas en el artículo 123, regirían a los obreros, jornaleros, empleados domésticos y artesanos,(14) y si bien s

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27735-e7a621c9/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-legitimacion-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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