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Modo: Corpus Pro

SEGURIDAD PÚBLICA. PARA DETERMINAR LOS CONCEPTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA INDEMNIZACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO ES APLICABLE, NI AUN SUPLETORIAMENTE, LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 61/2011. · Registro digital (IUS): 23049
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, , Pág. 413.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 61/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo 5/2001 del Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de criterios sustentados en materia administrativa y no es necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.

El primer párrafo del artículo 197-A de la Ley de Amparo dispone:

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días."

Como se ve, los Magistrados de los Tribunales Colegiados que sustentaron los criterios que se denuncian como contradictorios están legitimados para hacer la denuncia correspondiente. En el caso, ésta fue formulada por el presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. Siendo así, es claro que está legitimado para denunciar la contradicción de tesis.

TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el amparo directo 17/2010, sostuvo lo siguiente:

"Son infundados tales argumentos.

"En efecto, de la lectura del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, transcrito en otra parte de esta ejecutoria, se observa que en él se establece que cuando la autoridad correspondiente resuelva sobre la terminación de la relación de prestación de servicios, aun cuando no se acredite la causa de la destitución, en ningún caso procederá la reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido, y que únicamente estará obligado el Estado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho el servidor público.

"Asimismo, si bien en nuestra Norma Fundamental no se precisa qué debe entenderse por ‘demás prestaciones’ ni tampoco se aclara qué legislación es la que debe tomarse en consideración para resolver sobre ese aspecto; también cierto es que de ninguna manera se podrían aplicar supletoriamente las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.

"En efecto, no debe olvidarse que ha sido criterio reiterado de nuestro Máximo Tribunal del País, que las relaciones entre los empleados de los cuerpos de seguridad pública y el gobierno de los Estados y Municipios, al igual que la de dichos empleados y los Poderes de la Unión y el Gobierno del Distrito Federal, es de carácter administrativo y no laboral y, por ende, los conflictos surgidos con motivo de esa relación deben ser del conocimiento de autoridades administrativas.

"En este sentido, tanto la Constitución Local, como las leyes reglamentarias del Estado de México, deberán ajustarse a lo establecido en el artículo 123 constitucional, en su apartado B, pues esta fue la intención del legislador y siendo así deberá atenderse a la exclusión que respecto de diversos grupos de servidores públicos hace la fracción XIII de dicho precepto constitucional, entre los que se encuentran los miembros de los cuerpos de seguridad pública.

"Por tanto, resulta claro que no podrían aplicarse disposiciones de la Ley Federal del Trabajo para resolver la litis en el presente asunto, máxime si se toma en consideración que el juicio deriva precisamente de un procedimiento administrativo, donde se aplicaron disposiciones en esta materia, y fue ventilado ante un Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

"En esta tesitura, se estima que no podrían resultar aplicables, ni aun de manera supletoria, disposiciones de una ley que se refieren a una relación laboral, como es la Ley Federal del Trabajo.

"...

"Bajo tales premisas, la indemnización a que se refiere el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de nuestra Carta Magna, debe ser en relación con otras disposiciones legales diversas a la Ley Federal del Trabajo, siendo que en este momento no es dable analizar cuáles son esas disposiciones, pues tal circunstancia no fue materia de la litis en el juicio de nulidad que nos ocupa.

"En efecto, en el caso el quejoso se limita a sostener que se debieron aplicar supletoriamente disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, lo que, como se dijo, no es posible, de ahí que será hasta el momento en que la autoridad demandada dé cumplimiento con la sentencia dictada por la Sala Superior, cuando se podrán analizar cuáles son las disposiciones legales que se tomarán en consideración para determinar la indemnización a que tiene derecho el quejoso, así como los montos que le corresponden.

"Sobre este aspecto, no escapa a la consideración de este órgano jurisdiccional, el contenido de la tesis VI.4o.(II Región)1 A, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, febrero de 2010, página 2864, que dice:

"‘INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 50, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. TIENEN DERECHO A ELLA LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, LOS PERITOS Y LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DE LA FEDERACIÓN, EL DISTRITO FEDERAL, ESTADOS Y MUNICIPIOS RESPECTO DE QUIENES LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL RESOLVIERE QUE LA SEPARACIÓN, REMOCIÓN, BAJA, CESE O CUALQUIER OTRA FORMA DE TERMINACIÓN DE SU SERVICIO FUE INJUSTIFICADA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL). ...’

"...

"Sin embargo, no se comparte el criterio emitido por el citado tribunal auxiliar, en atención a que, como se dijo anteriormente, en primer lugar se debe partir de la base que la relación existente entre los policías ministeriales de la Procuraduría General de Justicia y el Gobierno del Estado de México, es de carácter administrativo, por lo que de ninguna forma se podrían aplicar disposiciones de carácter laboral.

"En efecto, si bien es verdad que el artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional, no aclara cuál es la indemnización a que tienen derecho los policías que sean dados de baja de la corporación respectiva, ni tampoco qué legislación la prevé; lo cierto es que ésta no podría ser la Ley Federal del Trabajo, porque en ella se regulan las relaciones de trabajo entre particulares, y no así la relación administrativa de los servidores públicos y, particularmente, de los policías -que se rigen por sus propias leyes-.

"En segundo lugar, tampoco se comparte la afirmación en el sentido de que en la exposición de motivos que dio origen a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, en particular en el dictamen de la Cámara de Origen, se hubiese hecho alusión a que procedía la indemnización contemplada en el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo."

CUARTO. El Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, al resolver el amparo directo 383/2009 (en auxilio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito), sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:

"Lo relatado es esencialmente fundado, y para demostrarlo es importante traer a contexto, nuevamente, el contenido del artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional, que dice: (resulta innecesaria su transcripción).

"Como se puede advertir del anterior numeral:

"a) En el caso de que la autoridad correspondiente resuelva sobre la terminación de la relación de prestación de servicios, aun cuando no se acredite la causa de la destitución, en ningún caso procederá la reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido.

"b) Únicamente estará obligado el Estado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho el servidor público.

"En ese orden, si en el caso concreto, tal y como lo consideró la responsable, la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México y el Reglamento del Cuerpo de Seguridad Pública Preventiva de esa entidad federativa, no hacen referencia a los conceptos identificados en el inciso b), para resolver el problema jurídico se estima necesario acudir a la Ley Federal de Trabajo que en sus artículos 49 y 50 textualmente dicen: (no es necesario citar su texto).

"De dichos numerales se advierte que el patrón quedará eximido de reinstalar al trabajador mediante las indemnizaciones a que se refiere el artículo 50 de la citada Ley Federal del Trabajo, entre las que se encuentran los veinte días de salario por cada año de servicio, cuando se actualice alguno de los supuestos contemplados en el primero de los numerales transcritos.

"Consecuentemente, si en la especie, se declaró la nulidad de la resolución que determinó destituir al aquí quejoso del cargo que ocupaba en la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, no obstante que la causa por la que se impide reinstalarlo, no es imputable a la autoridad demandada, sino que deriva de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ello de ninguna manera implica que no se pueda condenar al pago de los veinte días de salario por cada año de servicio que contempla el artículo 50, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, porque tampoco se le puede atribuir la causa de imposibilidad de reinstalación al aquí quejoso, y la Carta Magna no lo prohíbe.

"Además, este órgano jurisdiccional estima que al disponer el precepto constitucional arriba transcrito que el Estado estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho el servidor público, prácticamente está determinando que éste tiene derecho a que se le indemnice con los veinte días de salario por año de trabajo prestado, como una especie de compensación por no poder continuar desempeñando su trabajo, por causas no imputables a él.

"...

"Interpretar en un sentido diverso el precepto constitucional mencionado, implicaría aceptar que el Poder Constituyente desvinculó de la esfera de derechos de aquellos servidores públicos que se desempeñan en el área de seguridad, la posibilidad de que reciban la prestación antes mencionada, a pesar de que a través de un mecanismo de defensa se determinó que fue ilegal la destitución de que fueron objeto.

"Y es que no debe perderse de vista que en el espíritu de la reforma al artículo 123 constitucional, de dieciocho de junio de dos mil ocho, según se lee en los trabajos legislativos, particularmente en el dictamen de la Cámara de Origen, la intención no fue la de determinar que únicamente procedía la acción de indemnización contemplada en el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo y, en consecuencia, excluir la prestación en comento, pues el término indemnización únicamente fue empleado para establecer que debía resarcirse el daño ocasionado al servidor público, en virtud de que ya no podría continuar desempeñándose en el cargo que tenía."

Idéntico criterio sostuvo el citado órgano colegiado, al resolver el amparo directo 384/2009.

De dichos precedentes derivó la tesis visible en la página 1864 del Tomo XXXI, correspondiente al mes de febrero de dos mil diez, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 50, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. TIENEN DERECHO A ELLA LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, LOS PERITOS Y LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DE LA FEDERACIÓN, EL DISTRITO FEDERAL, ESTADOS Y MUNICIPIOS RESPECTO DE QUIENES LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL RESOLVIERE QUE LA SEPARACIÓN, REMOCIÓN, BAJA, CESE O CUALQUIER OTRA FORMA DE TERMINACIÓN DE SU SERVICIO FUE INJUSTIFICADA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL). La finalidad de la reforma al artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, que en relación con los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, Estados y Municipios, dispone ‘... Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido ...’, según se lee en los trabajos legislativos, particularmente en el dictamen de la Cámara de Origen, no fue la de determinar que únicamente procedía la indemnización contemplada en el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo y, en consecuencia, excluir la de veinte días de salario por cada año de servicios prestados, establecida en el diverso numeral 50, fracción II, de la citada legislación, pues el término ‘indemnización’ únicamente fue empleado para determinar que debía resarcirse el daño ocasionado al servidor público, en virtud de que ya no podría continuar desempeñándose en el cargo que tenía, y si bien es verdad que la imposibilidad de reinstalación no puede ser imputada a la autoridad, también lo es que tampoco le es atribuible al servidor público, sino que deriva de la propia Constitución Federal. Por tanto, al establecer el señalado precepto constitucional que el Estado estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a los indicados servidores públicos en la hipótesis que describe, se colige que éstos tienen derecho a la indemnización prevista en el mencionado artículo 50, fracción II."

QUINTO. Se actualiza la contradicción de tesis denunciada.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, emitió la tesis visible en la página 68 del Tomo XXX, correspondiente al mes de julio de dos mil nueve, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 26/2001, DE RUBRO: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’)."

De la citada jurisprudencia se desprende que la contradicción de tesis se configura cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, con independencia de que las cuestiones fácticas de los asuntos en los que se sostienen tales criterios no sean idénticas.

En el caso, según quedará demostrado, los dos Tribunales Colegiados de Circuito adoptaron criterios opuestos al resolver un problema jurídico similar, de manera que se actualiza la contradicción de tesis denunciada. En efecto, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito adoptó la conclusión relativa a que la Ley Federal del Trabajo no resulta aplicable (ni aun supletoriamente) para determinar las prestaciones que debe comprender la indemnización establecida en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución General, que debe cubrirse a policías, peritos y agentes del Ministerio Público que son dados de baja injustificadamente. Esta determinación se sustenta en los siguientes razonamientos torales:

• El artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución General prevé un régimen especial (de exclusión) que regula la relación entre los empleados de los cuerpos de seguridad pública y los gobiernos de la Federación, Estados y Municipios.

• Ese "régimen especial" es de naturaleza administrativa y no laboral, lo que incluso ha sido reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ha sostenido que los miembros de los cuerpos de seguridad pública y de la representación social se rigen por sus propias leyes.

• Tomando en cuenta que el régimen especial es de carácter administrativo, es claro que no puede válidamente aplicarse la Ley Federal del Trabajo para determinar la indemnización que debe cubrirse a los servidores públicos que son dados de baja injustificadamente. Lo anterior, pues dicho ordenamiento legal regula relaciones de índole laboral entre particulares y en el caso se trata de una relación de naturaleza administrativa que debe regularse por leyes especiales.

• En ninguna parte de la exposición de motivos de la reforma al artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución General, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dieciocho de junio de dos mil ocho, se afirmó que la legislación que debía aplicarse para calcular la indemnización correspondiente era la Ley Federal del Trabajo.

Por otra parte, el Cuarto Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Segunda Región, al dictar sentencia en el juicio de amparo directo 383/2009 (en auxilio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito), adoptó la conclusión relativa a que para calcular la indemnización prevista en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución General, que debe cubrirse a policías, peritos y agentes del Ministerio Público que son dados de baja injustificadamente, son aplicables los artículos 49 y 50 de la Ley Federal del Trabajo. Dicha conclusión se apoya en los siguientes razonamientos fundamentales:

• La Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México y el Reglamento del Cuerpo de Seguridad Pública de dicha entidad federativa son omisos en precisar los conceptos que debe comprender la indemnización prevista en el citado precepto constitucional. Siendo así, debe aplicarse lo dispuesto en los artículos 49 y 50 de la Ley Federal del Trabajo.

• La aplicación del ordenamiento legal mencionado en último término se robustece si se considera que la causa que impide la reinstalación del servidor público que fue injustificadamente dado de baja no es imputable a éste, sino que deriva de la propia Constitución General.

• El hecho de que el artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional disponga que el Estado estará obligado a indemnizar al afectado por una baja que haya sido calificada como injustificada, "prácticamente está determinando que éste tiene derecho a que se le indemnice con los veinte días de salario por año de trabajo prestado, como una especie de compensación por no poder continuar desempeñando su trabajo, por causas no imputables a él".

• La indemnización a que alude el citado precepto constitucional debe comprender el pago de veinte días de salario por cada año de servicio en los términos establecidos en el artículo 50, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo.

De lo hasta aquí expuesto se aprecia que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito sostuvo que para determinar las prestaciones que debe comprender la indemnización establecida en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución General (que tiene que cubrirse a policías o agentes del Ministerio Público que son dados de baja injustificadamente), no resulta aplicable la Ley Federal del Trabajo. En cambio, el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región determinó que dicho ordenamiento legal es aplicable para determinar los conceptos que debe comprender la citada indemnización. Tan es así, que sostuvo que ésta debía integrarse por el pago de veinte días de salario por cada año de servicios conforme a lo establecido en el artículo 50, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo.

En congruencia con lo anterior, la materia de la presente contradicción de tesis se constriñe a establecer si para determinar los conceptos que integran la indemnización prevista en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución General, resulta o no aplicable la Ley Federal del Trabajo.

Es importante apuntar aquí que la materia de la presente contradicción de tesis necesariamente debe constreñirse a lo precisado en el párrafo anterior, sin que pueda abarcar la determinación de los conceptos que debe comprender la indemnización prevista en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución General. Esto es así, porque si bien el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región afirmó que dicha indemnización tiene que integrarse con el pago de veinte días de salario por cada año de servicios; sin embargo, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito se limitó a sostener la conclusión relativa a que para la determinación de dicha indemnización no resultaba aplicable la Ley Federal del Trabajo, sin que hubiese abordado el estudio sobre los conceptos que aquélla debería comprender.

Lo expuesto en el párrafo anterior se corrobora con la afirmación contenida en la sentencia que el órgano jurisdiccional mencionado en último término hizo en la sentencia que emitió en el juicio de amparo directo 17/2010, que dice:

"Bajo tales premisas, la indemnización a que se refiere el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de nuestra Carta Magna, debe ser en relación con otras disposiciones legales diversas a la Ley Federal del Trabajo, siendo que en este momento no es dable analizar cuáles son esas disposiciones, pues tal circunstancia no fue materia de litis en el juicio de nulidad que nos ocupa.

"En efecto, en el caso el quejoso se limita a sostener que se debieron aplicar supletoriamente disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, lo que, como se dijo, no es posible, de ahí que será hasta el momento en que la autoridad demandada dé cumplimiento con la sentencia dictada por la Sala Superior, cuando se podrán analizar cuáles son las disposiciones legales que se tomarán en consideración para determinar la indemnización a que tiene derecho el quejoso, así como los montos que le corresponden."

Como se ve, el órgano jurisdiccional de que se trata, de manera destacada sostuvo que sería hasta que la autoridad demandada diera cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, cuando se estaría en aptitud de determinar las disposiciones legales que deben considerarse para cuantificar la indemnización correspondiente, así como los montos con los que ésta debe integrarse. Siendo así, es incuestionable que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito no hizo pronunciamiento alguno sobre los conceptos que deben integrar la indemnización de que se trata (tan es así, que sostuvo que tal cuestión no era materia de la litis), de manera que en este tópico no se configura contradicción de tesis alguna.

SEXTO. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio que esta Segunda Sala sustentará en la presente resolución.

Para resolver el problema jurídico al que se constriñe la presente contradicción de tesis, es necesario hacer referencia al texto del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución General vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de ocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve. En esta fecha dicho precepto establecía:

"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley.

"...

"B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores:

"...

"XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes.

"El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, las prestaciones a que se refiere el inciso f) de la fracción XI de este apartado, en términos similares y a través del organismo encargado de la seguridad social de los componentes de dichas instituciones; y

"Los miembros de las instituciones policiales de los Municipios, entidades federativas, del Distrito Federal, así como de la Federación, podrán ser removidos de su cargo si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento de la remoción señalen para permanecer en dichas instituciones, sin que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para combatir la remoción y, en su caso, sólo procederá la indemnización. La remoción de los demás servidores públicos a que se refiere la presente fracción, se regirá por lo que dispongan los preceptos legales aplicables."

De la disposición transcrita se desprende, en lo que aquí interesa, que la Constitución estableció un régimen especial para los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público y miembros de instituciones policiales. Se afirma que se trata de un régimen especial (de exclusión), porque de manera expresa dispuso que se regirían por "sus propias leyes". El establecimiento de dicho régimen se corrobora con la exposición de motivos de la iniciativa correspondiente en la que esencialmente se afirmó:

• Es indispensable establecer un marco constitucional que permita, por una parte, cumplir con el objeto de los sistemas de carrera de las instituciones de seguridad pública y, por la otra, contar con los mecanismos necesarios para remover libremente a aquellos servidores públicos que no cumplan con los requisitos de permanencia que las leyes vigentes en el momento de la remoción señalen para permanecer en el cargo.

• En la legislación secundaria se deberán mantener las ventajas que ofrecen los sistemas de carrera en lo relativo a la selección, ingreso, formación, capacitación, profesionalización, desarrollo, actualización, promoción, reconocimiento y separación de los miembros de las instituciones de seguridad pública y policiales. No obstante, se deberá regular lo relativo a la libre remoción de quienes dejen de cumplir con requisitos de permanencia para el servicio.

• Es necesario reformar el párrafo primero de la fracción XIII, apartado B, del artículo 123 constitucional, a fin de precisar que los miembros del Ministerio Público y de la policía que los auxilia, son parte de las instituciones de seguridad pública y se rigen por sus propias leyes especiales.

• Se propone la adición de un último párrafo a la fracción XIII del apartado B del precepto constitucional de que se trata, con el objeto de permitir la libre remoción del cargo de aquellos miembros de las instituciones de seguridad pública e instituciones policiales que no cumplan con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del cese señalen para permanecer en dichas instituciones, sin que, en ningún caso, proceda la reinstalación o restitución de la plaza, cargo o comisión, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa utilizado para combatir el acto.

Como se ve, en la exposición de motivos, de manera destacada, se sostuvo que los miembros del Ministerio Público y de la policía se considerarían parte de las instituciones de seguridad pública y, en consecuencia, se regirían por sus "propias leyes especiales".

Posteriormente, mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, se modificó el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal, a fin de quedar en los términos siguientes:

"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

"El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

"...

"B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores:

"...

"XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes.

"Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23049-50af0974/seguridad-publica-para-determinar-los-conceptos-que-deben · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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