ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR. FUNDAMENTACIÓN DE UNA RESOLUCIÓN DETERMINANTE DE UN CRÉDITO FISCAL ACTUALIZADO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 59/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que se trata de la posible contradicción de tesis que sustentan dos Tribunales Colegiados en asuntos en materia administrativa, que es de la especialidad de esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo que, en lo conducente, establecen:
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas Salas, el procurador general de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando en Pleno decidirá cuál tesis debe prevalecer.
"La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción, ..."
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.
"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.
"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."
En los preceptos transcritos se fijan los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios en los casos de tesis contradictorias sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito. Asimismo, señalan que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, los Magistrados que los integran y las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas, se encuentran facultados para denunciar la contradicción de criterios ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que se determine cuál debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.
En el presente caso, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, que dictó una de las resoluciones que participan en la presente contradicción.
TERCERO. Para determinar la existencia o no de la contradicción de tesis denunciada, es menester transcribir las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados contendientes.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito resolvió el recurso de revisión fiscal 62/2010 interpuesto por el administrador local jurídico de Puebla Sur, en contra de la sentencia dictada el veintiuno de octubre de dos mil nueve por la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la cual se determinó confirmar la sentencia recurrida y declarar la nulidad de la resolución impugnada, con base, en lo que aquí interesa, en las consideraciones siguientes:
"QUINTO. Debe desestimarse el único concepto de agravio hecho valer. La parte recurrente aduce que la sentencia es violatoria de lo dispuesto en el artículo 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, al exigir como requisito de fundamentación el que en la resolución determinante del crédito se cite, además de las fechas de publicación en el Diario Oficial de la Federación, aquellas en que se dieron a conocer en el mismo medio de difusión, los elementos establecidos en las fracciones I y II del artículo 20 Bis del citado ordenamiento tributario, tomados en cuenta por el Banco de México para formular los Índices Nacionales de Precios al Consumidor, lo cual, a decir de la inconforme, resulta excesivo, en la medida que el requisito de fundamentación se cumple con la cita de los preceptos legales aplicables al caso concreto, lo que en la especie fue acatado por la demandada al citar en la resolución combatida las fechas de publicación de los Índices Nacionales de Precios al Consumidor que tomó en cuenta para actualizar los créditos determinados, sin que se tenga la obligación de citar otros diversos, aun cuando estuvieran relacionados con el cálculo de los mismos. Añade que con la nulidad para efectos de la resolución determinante del crédito así decretada en la sentencia, se exigen más requisitos de fundamentación de los establecidos en el artículo 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación. Son inoperantes estos argumentos, pues no combaten las razones torales con base en las cuales la Sala Fiscal declaró la nulidad para efectos de la resolución determinante. En efecto, en la parte conducente de la sentencia recurrida, la Sala Fiscal expuso lo siguiente: (se transcribe). De la parte conducente de la sentencia se desprende que para declarar la nulidad para efectos de la resolución determinante, la Sala Fiscal sostuvo que de las publicaciones en el Diario Oficial de la Federación de los Índices Nacionales de Precios al Consumidor utilizados por la autoridad demandada para actualizar los créditos no se advierte que se hayan publicado también los elementos establecidos en las fracciones I y II del artículo 20 Bis del Código Fiscal de la Federación, tomados en cuenta por el Banco de México para formular tales índices, conforme lo establece el propio numeral en su último párrafo, omisión que trasciende a la liquidación combatida, en la medida en que las actualizaciones de los créditos se realizaron con base en los mencionados Índices Nacionales de Precios al Consumidor; de lo anterior se colige que la Sala Fiscal, en forma alguna estimó que la resolución de mérito infringe lo dispuesto en el artículo 38, fracción IV, del ordenamiento tributario en consulta, ante su indebida fundamentación, como en forma inexacta lo aduce la inconforme; de ahí que al no combatir en forma alguna los razonamientos expuestos por la Sala Fiscal para declarar la nulidad para efectos de la resolución determinante, los argumentos analizados resultan inoperantes. Se cita en apoyo de lo anterior, por compartirse, la jurisprudencia número VII.1o.A.T. J/27, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, visible en la página 1409, Tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente: ‘AGRAVIOS EN LA REVISIÓN FISCAL, SU ANÁLISIS ES DE ESTRICTO DERECHO, POR LO QUE SON INOPERANTES SI NO SE CONTROVIERTEN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA.’ (se transcribe). Por otra parte, la recurrente refiere que la Sala Fiscal no aprecia que es inexistente la afectación a la actora con la omisión de citar las fechas de publicación en el Diario Oficial de la Federación, de los elementos señalados en el artículo 20 Bis, fracciones I y II, del Código Fiscal de la Federación, pues al ser el Diario Oficial de la Federación un documento de acceso general, su contenido puede ser consultado por cualquier persona; y agrega que el único vicio que pudiera afectar a la actora sería que los índices no se hubieran calculado conforme a lo establecido en el citado precepto legal, lo que, a decir de la recurrente, no aconteció, por ende, es suficiente la cita de las fechas de publicación de los propios Índices Nacionales de Precios al Consumidor. Asimismo, la inconforme aduce que la falta de señalamiento en la resolución combatida, de las fechas de publicación de los elementos establecidos en el artículo 20 Bis, fracciones I y II, del Código Fiscal de la Federación, no afecta a la legalidad de la propia resolución, pues lo que se debe tomar en cuenta al momento de determinar la situación fiscal es el índice y no su cálculo, tan es así que aun cuando éste fuera incorrecto no puede ser corregido por la autoridad exactora por ser una facultad expresamente conferida al Banco de México. La inconforme aduce que al no existir argumento alguno tendente a controvertir el cálculo realizado por el Banco de México de los mencionados índices, debe entenderse que la actora estimó que dicho cálculo es correcto, lo cual es suficiente para que la Sala considerara legal su aplicación en la resolución determinante. Debe desestimarse este argumento, atento a que la Sala Fiscal justificó en sus consideraciones el porqué estimó que sí existe afectación a la actora, pues al respecto señaló lo siguiente: ‘... esa omisión, trasciende al sentido de la liquidación contenida en el oficio 500-60-00-03-02-2008-4518, en la parte en que se realiza la actualización de las multas impuestas, lo que además afecta las defensas del particular, al no contar con todos los elementos necesarios para combatir la manera en que el Banco de México calculó los Índices Nacionales de Precios al Consumidor aplicados por la autoridad fiscal ...’. Asimismo, debe decirse que si bien es cierto que el Diario Oficial de la Federación es un documento de acceso general y que puede ser consultado por los particulares; sin embargo, la autoridad exactora sí está obligada a citar en sus actos la fecha de publicación de las normas de carácter general que le sirvan de base para determinar un crédito a cargo de un particular. Se afirma lo anterior, porque en la materia fiscal se generan reformas constantes a las normas, actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, particularmente en las aplicables a fin de actualizar los créditos, recargos y multas, como en el caso ocurre con los Índices Nacionales de Precios al Consumidor, cuyo resultado sirve de sustento para el cálculo de las referidas actualizaciones; de ahí que si estos parámetros se encuentran en constante cambio, es inconcuso que la autoridad fiscal está obligada a proporcionar al gobernado todos los elementos en los que se apoyó para la determinación de los créditos a cargo del particular, a fin de proporcionar seguridad jurídica en el gobernado y esté en aptitud de conocer el contenido de las disposiciones que se le aplicaron. En esa medida, si de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 20 Bis del Código Fiscal de la Federación, los elementos de cotización señalados en las fracciones I y II del citado numeral deben ser publicados en el Diario Oficial de la Federación, por ser integrantes de los propios Índices Nacionales de Precios al Consumidor, y ser estos actos de observancia general por formar parte del sistema previsto por el legislador para la determinación, entre otros, de las actualizaciones de créditos, recargos y multas, entonces, las autoridades fiscalizadoras, al imponer una cantidad actualizada con base en esos Índices, debe citar la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación de éstos (INPC) y de los elementos utilizados para su cotización, lo anterior, a fin de salvaguardar la seguridad jurídica y las defensas del contribuyente afectado, pues de este modo se proporciona certidumbre acerca de todos los elementos utilizados por la autoridad para determinar las actualizaciones, y así el afectado estará, si así conviene a sus intereses, en posibilidad de impugnar los referidos índices y sus elementos de cotización. Por las razones expuestas, debe decirse a la inconforme que la formalidad analizada por la a quo sí trasciende a la legalidad de la resolución determinante, tal como lo consideró la Sala, en la medida que afecta las defensas de la contribuyente al desconocer todos los elementos que sirvieron de base para la formulación de los Índices Nacionales de Precios al Consumidor utilizados para fincarle los créditos impugnados, lo cual genera incertidumbre al desconocer la fuente de los parámetros con los cuales fueron actualizados los créditos. Finalmente, no asiste razón a la recurrente cuando afirma que la actora estimó legal el cálculo de los índices al no haberlos controvertido en la demanda de nulidad, pues contrario a ello, la actora sí combatió dichos índices al señalar precisamente en el concepto de impugnación identificado como 8, analizado por la Sala en el décimo considerando, que se incumplió con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de los elementos señalados en las fracciones I y II del artículo 20 Bis del ordenamiento tributario en consulta, a que obliga el último párrafo del mencionado precepto legal. En esa medida, al haberse desestimado el único concepto de agravio formulado, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida y con fundamento en los artículos 51, fracciones II y IV, y 52, fracciones II y IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada y para efectos de la recurrida, en los términos precisados en la sentencia materia del presente recurso."
La resolución dio origen a la tesis VI.1o.A.293 A, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 2295, que es del tenor siguiente:
"ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR. POR SEGURIDAD JURÍDICA LA AUTORIDAD EXACTORA ESTÁ OBLIGADA A SEÑALAR EN EL ACTO ADMINISTRATIVO LA FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, DE LOS ELEMENTOS DE COTIZACIÓN SEÑALADOS EN LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 20 BIS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, POR SER INTEGRANTES DE AQUÉL. Si de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del mencionado artículo 20 Bis del Código Fiscal de la Federación, los elementos de cotización señalados en las fracciones I y II del citado numeral, deben ser publicados en el Diario Oficial de la Federación, por ser integrantes de los propios índices Nacionales de Precios al Consumidor, y ser estos actos de observancia general por formar parte del sistema previsto por el legislador para la determinación, entre otros, de las actualizaciones de crédito, recargos y multas, entonces, las autoridades fiscalizadoras, al imponer una cantidad actualizada con base en esos índices, deben citar la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación de éstos (INPC) y de los elementos utilizados para su cotización, lo anterior a fin de salvaguardar la seguridad jurídica y las defensas del contribuyente afectado, pues de este modo se proporciona certidumbre acerca de todos los elementos utilizados por la autoridad para determinar las actualizaciones, y así el afectado estará, si así conviene a sus intereses, en posibilidad de impugnar los referidos índices y sus elementos de cotización."
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito conoció del juicio de amparo directo 639/2010, promovido por el representante legal de **********, en contra de la sentencia dictada el dos de agosto de dos mil diez, por la Primera Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la cual se negó el amparo solicitado apoyando su resolución, en la parte que interesa, en las consideraciones siguientes:
"SEXTO. Los conceptos de violación hechos valer por la quejosa son infundados, como enseguida se verá. ... Finalmente señala la impetrante de amparo que en el concepto de impugnación identificado como trece de su demanda alegó que se debía de dictar la nulidad de la resolución impugnada por indebida fundamentación y motivación de la resolución impugnada (sic) en cuanto a la actualización de las cantidades determinadas y los recargos que fueron calculados con base en dichas cantidades actualizadas, ya que no se puede saber si los índices de precios utilizados, fueron calculados cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 20-Bis del Código Fiscal de la Federación, para que pudiera actualizar las cantidades utilizando los Índices Nacionales de Precios al Consumidor de los meses de enero a diciembre de dos mil tres, ya que la exactora debió indicarle en qué medio se publicó y que dichos índices están calculados cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 20-Bis del Código Fiscal de la Federación, por lo que si no se señaló en qué publicación del Diario Oficial de la Federación se encuentra contenido el procedimiento que realizó el Banco de México para realizar el cálculo de los índices su aplicación para actualizar las contribuciones determinadas resulte ilegal. Por lo cual continúa alegando, si bien es cierto no es imputable a la autoridad fiscalizadora que no se haya publicado el procedimiento que llevó a cabo el Banco de México para determinar el Índice Nacional de Precios al Consumidor, sí es imputable a ella no haber señalado el Diario Oficial de la Federación en donde se publicó tal procedimiento, lo cual constituye una falta de fundamentación y motivación del acto de molestia. Los anteriores motivos de inconformidad, se consideran infundados, ya que dentro de la fundamentación que debe contener la resolución impugnada, se advierte que no era necesario que la autoridad hacendaria citara el Diario Oficial de la Federación en donde se publicó el procedimiento que realizó el Banco de México para efectuar el cálculo de los índices, el cual se encuentra previsto en el artículo 20-Bis del Código Fiscal de la Federación, toda vez que lo único necesario era la cita del Diario Oficial de la Federación en el que se publicaron los índices Nacionales de Precios al Consumidor en los cuales se apoyó para actualizar los recargos determinados en contra de la quejosa, puesto que la autoridad hacendaria sólo se encuentra obligada a fundamentar sus actos de autoridad en los ordenamientos legales en los cuales se apoye, sin que lo anterior signifique que deba señalar la fecha de la publicación del procedimiento por el que éstos se conformaron, pues tal aspecto (formación o procedimiento), debe cumplimentarlo la autoridad encargada de ello (Banco de México) de manera que no da lugar a interpretación diversa lo que establece el artículo 20-Bis, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación en cuanto dispone: (Adicionado, D.O.F. 31 de diciembre de 1988) ‘Artículo 20-Bis.’ (se transcribe). Consecuentemente, la autoridad exactora sólo estaba obligada a señalar la publicación del Diario Oficial de la Federación de los Índices Nacionales de Precios al Consumidor que le sirvieron de sustento a su determinación fiscal lo que al efecto realizó, toda vez que la autoridad hacendaria no se encuentra facultada para verificar que los Índices Nacionales de Precios al Consumidor que publica el Banco de México, hayan cumplido con el procedimiento establecido en el artículo 20-Bis del Código Fiscal de la Federación, a más de que con la cita que se haga de la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación de los Índices Nacionales de Precios al Consumidor se ve colmada la garantía de la debida fundamentación de los actos de autoridad, ya que como se indicó la conformación de los factores de actualización no puede ser analizada por la autoridad hacendaria, toda vez que no se encuentra dentro de sus facultades, razón por la cual los argumentos en cita, se estiman infundados. Una vez sentado lo anterior, como se anticipó al inicio del presente considerando, lo argüido por la quejosa es infundado, ya que es inexacto que al dictarse la sentencia que se reclama se haya transgredido en su perjuicio el contenido de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución General y 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Por lo que en las relatadas condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación examinados, sin que se advierta infracción manifiesta de la ley que haya dejado sin defensa a la quejosa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 Bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados."
CUARTO. Ahora bien, una vez expuestos los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados que se consideran contradictorios, es necesario determinar la existencia o no de la contradicción denunciada, para lo cual es indispensable atender a las cuestiones jurídicas que fueron tratadas por los órganos jurisdiccionales contendientes, es decir, que dichos tribunales hubieren resuelto situaciones jurídicas esencialmente iguales y hubieren adoptado posiciones o criterios jurídicos discrepantes, ya sea en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las resoluciones respectivas.
Lo anterior se desprende de lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, que sirven como fundamento para dilucidar si en el presente caso existe o no la contradicción de tesis denunciada, los cuales se encuentran transcritos en el considerando segundo de esta resolución.
En este sentido, resulta aplicable el criterio del Pleno de este Alto Tribunal sustentado en la tesis siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución." (Jurisprudencia P./J. 72/2010, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 7).
Tomando en cuenta lo expresado en el considerando anterior, debe precisarse lo siguiente:
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el recurso de revisión fiscal 62/2010, sostuvo que la autoridad exactora está obligada a citar en sus actos la fecha de publicación de las normas de carácter general que le sirvan de base para determinar un crédito a cargo de un particular, pues debe proporcionar al gobernado todos los elementos en los que se apoyó para emitir su determinación, a fin de proporcionarle seguridad jurídica y que esté en aptitud de conocer el contenido de las disposiciones que se le aplicaron; por tanto, consideró que, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 20 Bis del Código Fiscal de la Federación, los elementos de cotización señalados en las fracciones I y II del citado numeral, deben ser publicados en el Diario Oficial de la Federación, por ser integrantes de los propios Índices Nacionales de Precios al Consumidor, y al ser estos actos de observancia general por formar parte del sistema previsto por el legislador para la determinación, entre otros, de las actualizaciones de créditos, recargos y multas, entonces, las autoridades fiscalizadoras, al imponer una cantidad actualizada con base en esos índices, debe citar la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación, tanto de estos índices como de los elementos utilizados para su cotización.
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, al resolver el juicio de amparo directo sometido a su conocimiento, consideró que la autoridad hacendaria sólo se encuentra obligada a fundar sus actos de autoridad en los ordenamientos legales en los cuales se apoyó, por lo que no es necesario que cite, como fundamentación de la resolución determinante de un crédito fiscal actualizado, el Diario Oficial de la Federación en donde se publicó el procedimiento que realizó el Banco de México para efectuar el cálculo del Índice Nacional de Precios al Consumidor, el cual se encuentra previsto en el artículo 20-Bis del Código Fiscal de la Federación, toda vez que lo único necesario es la cita del Diario Oficial de la Federación en el que se publicaron los índices en los cuales se apoyó para actualizar los recargos determinados, sin que lo anterior signifique que deba señalar la fecha de la publicación del procedimiento por el que éstos se conformaron, pues tal aspecto (formación o procedimiento) debe cumplimentarlo la autoridad encargada de ello (Banco de México), aunado a que la autoridad hacendaria no se encuentra facultada para verificar que los índices que publica el Banco de México hayan cumplido con el procedimiento establecido en el artículo citado.
Deriva de lo anterior que sí existe la contradicción de tesis entre el criterio sustentado por los tribunales contendientes, en virtud de que ambos llegaron a conclusiones diversas respecto de una misma cuestión jurídica, a saber: si la autoridad hacendaria, al determinar un crédito fiscal actualizado, para cumplir con la garantía de fundamentación, debe citar, además del Diario Oficial de la Federación en el que se publicaron los índices que utilizó para
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22865-c6a62134/indice-nacional-de-precios-al-consumidor-fundamentacion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- SEGURIDAD PÚBLICA. PARA DETERMINAR LOS CONCEPTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA INDEMNIZACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS E (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
- AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PARA SU CELEBRACIÓN NO ES NECESARIO QUE MEDIE EL PLAZO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DE AMPARO, ENTRE EL ÚLTIMO DÍA DEL PLAZO DE LA AUTORIDAD RESP (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
- REPARTO ADICIONAL DE UTILIDADES. LOS TRABAJADORES, COMO TERCEROS, DEBEN SER LLAMADOS A JUICIO POR CONDUCTO DE QUIEN LOS REPRESENTE, CUANDO SE DEMANDA LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN QU (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
- EMBARGO PRECAUTORIO DE MERCANCÍAS CON MOTIVO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA. SU DEVOLUCIÓN O EL PAGO DE SU VALOR PROCEDE A FAVOR DE QUIEN COMPRUEBE TENER UN D (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- TESIS DE JURISPRUDENCIA Y PRECEDENTES, SU CITA. NO CAUSA AGRAVIO EL QUE NO SE TRANSCRIBAN INTEGRAMENTE, SI SE PROPORCIONAN DATOS QUE INDUDABLEMENTE LA IDENTIFICAN. (s/clave)
- TESIS AISLADAS DE TRIBUNALES COLEGIADOS. LOS JUECES DE DISTRITO NO ESTÁN IMPEDIDOS PARA APOYAR EN ELLAS SU CRITERIO. (XVII.4o.4 K )
- AGRAVIOS EN LA REVISIÓN, SON INATENDIBLES LOS QUE YA FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN UNA EJECUTORIA ANTERIOR. (VI.A. J/8)
- AGRAVIOS EN LA REVISIÓN, SON INATENDIBLES LOS QUE YA FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN UNA EJECUTORIA ANTERIOR. (2289)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis