EMPLAZAMIENTO EN MATERIA MERCANTIL. ES JURÍDICAMENTE VÁLIDO SI EN EL ACTA DE LA DILIGENCIA EL NOTIFICADOR HACE CONSTAR LA CIRCUNSTANCIA POR LA QUE NO OBRE LA FIRMA DE LA PERSONA A QUIEN SE LE PRACTICÓ Y SÓLO APAREZCA LA SUYA EN SU CARÁCTER DE PARTE DEL ÓRGANO JUDICIAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 52/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, por tratarse de una contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos que son de naturaleza civil de la exclusiva competencia de esta Sala.
SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en virtud de que fue formulada por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que es uno de los órganos colegiados entre los que se suscitó la probable contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo.
TERCERO. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que dieron origen a la denuncia de contradicción de criterios, son las siguientes:
A) El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito al resolver el veintiocho de enero de dos mil once la revisión principal 497/2010, consideró, en lo que aquí interesa, lo siguiente:
"Como se adelantó, deviene sustancialmente fundado el anterior motivo de inconformidad. Primeramente, resulta menester dejar precisado que el ordinal 1054 del Código de Comercio, en su texto aplicable al juicio natural establece: ‘Artículo 1054.’ (lo transcribe). Por su parte, el ordinal 317 del Código Federal Procedimientos Civiles dispone: (lo transcribe). Bien, como lo refieren los terceros perjudicados recurrentes y adverso a lo argumentado por el Juez de Distrito, el ordinal 317 del Código Federal Procedimientos Civiles no impone la obligación al funcionario judicial que practica una notificación, de estampar dos firmas en caso de que la persona a quien se hace no supiere o no quisiere firmar, una como parte del aparato judicial y la diversa en lugar de la persona con quien se practicó la diligencia. No, del análisis del precepto legal de que se trata, se llega a la conclusión de que establece que deben firmar las notificaciones la persona que la hace (funcionario judicial) y aquellas a quienes se hacen (la persona con quien se entiende la diligencia) y si ésta no supiere o no quiere firmar, lo hará el notificador, haciendo constar esta circunstancia. Sin embargo, esa disposición no establece de modo alguno, que el funcionario judicial tenga la obligación de firmar, primero, como tal, es decir, como parte del aparato judicial y, luego, estampar otra firma diversa a la anterior, en sustitución de la persona con quien se entendió la diligencia, sino que la obligación del secretario ejecutor responsable, aludiendo al caso que nos ocupa, era exclusivamente firmar el acta relativa haciendo constar los motivos por los cuales la persona con quien entendió la diligencia no lo hizo, avalando su dicho con esa única firma. De manera que si del acta de emplazamiento de veinticuatro de abril de dos mil seis, se advierte que el secretario responsable asentó: ‘... levantándose la presente acta firmando en ella los que quisieron hacerlo, en unión del suscrito secretario que actúa y da fe. con excepción de la entrevistada por no querer más problemas legales y porque así se lo recomendaron. Conste.’, es evidente que, adverso a lo estimado por el a quo federal, sí se tienen por satisfechas las reglas previstas por el artículo 317 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al de Comercio, pues el funcionario que realizó la actuación reclamada estableció, detalladamente, los motivos por los cuales la persona con quien entendió la diligencia no quiso firmar y enseguida estampó su firma, con lo que se valida lo asentado en el acta, es decir, que ese funcionario practicó la diligencia y que además asentó las razones por las cuales esa persona se negó a firmar ... Motivo por el cual, no se comparte la jurisprudencia invocada por el Juez de Distrito en la resolución que se revisa, publicada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en la página 1769 del Tomo XXXII, julio de dos mil diez, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘EMPLAZAMIENTO EN MATERIA MERCANTIL. RESULTA ILEGAL SI A QUIEN SE PRACTICA NO FIRMA EL ACTA CORRESPONDIENTE POR NO SABER O NO QUERER HACERLO, Y EL DILIGENCIARIO SÓLO LA FIRMA POR SÍ, COMO PARTE DEL APARATO JUDICIAL Y NO LO HACE TAMBIÉN EN LUGAR DE LA PERSONA CON LA QUE ENTENDIÓ LA DILIGENCIA (APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).’ (la transcribe). En esas condiciones, en términos del ordinal 197-A de la Ley de Amparo, deberá denunciarse la correspondiente contradicción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación."
B) Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito al resolver el nueve de diciembre de dos mil nueve el toca de revisión R. 380/2009, en lo que aquí interesa, consideró lo siguiente:
"En otro aspecto, el artículo 317 del ordenamiento procesal civil supletorio, establece literalmente: (lo transcribe). Del texto legal se infiere que las notificaciones deben ser firmadas por la persona que las hace (el diligenciario), y por aquella a quien se hace (la persona notificada), esto es, resulta obligatorio para ambos asentar su firma; empero si la persona a quien se practica la notificación no firma por no saber o no querer hacerlo, el legislador previó que el notificador asiente esta circunstancia y, además, él firme; lo que lleva a concluir que en casos como el particular, en el que la persona con quien se entendió la diligencia se negó a firmar, debe hacerlo por ella el notificador, asentando que la persona con quien practicó la notificación no quiso o no supo firmar, lo que conduce a establecer que deben obrar dos firmas del diligenciario, la que le corresponde por sí, como parte del aparato judicial, que lleva a cabo la comunicación procesal, y la que hace en lugar de la persona con quien se entendió la diligencia, en virtud de que ésta no quiso firmar o no supo hacerlo. ... En esa tesitura, debe decirse que el emplazamiento reclamado, específicamente, el acta relativa a la entrega del citatorio, es contrario a lo dispuesto por el artículo 317 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, de acuerdo a su numeral 1054, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el trece de junio de dos mil tres, en virtud de que de aquel precepto se desprende que es obligatorio para el notificador y para la persona que recibe la comunicación procesal, firmar la notificación correspondiente, pero si esta última no quiere o no sabe hacerlo, debe firmar el diligenciario por ella, asentando la circunstancia de que la persona con quien se entendió el acto procesal no quiso o no supo firmar; por ende, en estos casos deben obrar dos firmas del fedatario que practicó la diligencia en cuestión, la que le corresponde por sí, como empleado judicial que practicó la notificación, y la que debe asentar cuando la persona con quien la entendió no firmó, por no querer o no saber hacerlo, y no obstante, en el acta en cuestión sólo obra una firma de la diligenciaria responsable. Ante los motivos de ilegalidad del emplazamiento reclamado, advertidos por este tribunal revisor, es evidente que la circunstancia de que la diligenciaria que lo practicó esté investida de fe pública, no convalida las violaciones en que incurrió, al no haber dado cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 310 y 317 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente al Código de Comercio, acorde a su numeral 1054, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el trece de junio de dos mil tres. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia número VI.2o.C. J/189, integrada por este Tribunal Colegiado, publicada en la página 620, Tomo XII, septiembre de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente: ‘EMPLAZAMIENTO ILEGAL. LA FE PÚBLICA DE QUE ESTÁ INVESTIDO EL FUNCIONARIO QUE LO PRACTICA, NO CONVALIDA LAS ALTERACIONES Y CONTRADICCIONES EN QUE INCURRA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).’ (la transcribe)."
Con igual criterio resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito los amparos en revisión 418/2009, 59/2010, 132/2010 y 94/2010.
Las anteriores consideraciones dieron origen a la emisión de la jurisprudencia número VI.2o.C. J/320, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, julio de dos mil diez, página 1769, de rubro y texto siguientes:
"Jurisprudencia
"Materia(s): Civil
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"XXXII, julio de 2010
"Tesis: VI.2o.C. J/320
"Página: 1769
"EMPLAZAMIENTO EN MATERIA MERCANTIL. RESULTA ILEGAL SI A QUIEN SE PRACTICA NO FIRMA EL ACTA CORRESPONDIENTE POR NO SABER O NO QUERER HACERLO, Y EL DILIGENCIARIO SÓLO LA FIRMA POR SÍ, COMO PARTE DEL APARATO JUDICIAL Y NO LO HACE TAMBIÉN EN LUGAR DE LA PERSONA CON LA QUE ENTENDIÓ LA DILIGENCIA (APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Del artículo 317 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente en términos del artículo 1054 del Código de Comercio, reformado por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 2003, se infiere que las notificaciones deben ser firmadas por la persona que las hace (el diligenciario), y por aquella a quien se practica (la persona notificada), esto es, resulta obligatorio para ambos asentar su firma; empero, si la persona a quien se practica la notificación no firma por no saber o no querer hacerlo, el legislador previó que el notificador debe asentar esta circunstancia y, además, firmar; lo que lleva a concluir que en los casos en que la persona con quien se entendió la diligencia se negó a firmar, debe hacerlo por ella el notificador, asentando que la persona con quien practicó la notificación no quiso o no supo firmar, lo que a su vez conduce a establecer que deben obrar dos firmas del diligenciario, la que corresponde por sí, como parte del aparato judicial, que lleva a cabo la comunicación procesal, y la que hace en lugar de la persona con quien se entendió la diligencia, en virtud de que ésta no quiso firmar o no supo hacerlo. Por lo que, si en el acta de emplazamiento reclamado el diligenciario responsable asentó que firmaban él y la parte actora, pero no la persona con quien entendió la diligencia por negarse a hacerlo, y sólo obran dos firmas ilegibles que corresponden a los mencionados en primer término, entonces el llamamiento a juicio resulta ilegal."
CUARTO. A continuación, debe establecerse si en el caso, efectivamente existe la contradicción de tesis denunciada, ya que sólo bajo ese supuesto es posible efectuar el estudio relativo a fin de determinar cuál es el criterio que debe prevalecer.
Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se apoya en el criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal al resolver, por unanimidad de diez votos, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la contradicción de tesis 36/2007-PL, en cuanto a que de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito, en las sentencias que pronuncien sostengan "tesis contradictorias", entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales.
Así, la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución.
En tales condiciones, de conformidad con el criterio referido del Pleno de este Alto Tribunal, la existencia de la contradicción de tesis debe estar condicionada a que las Salas de esta Corte o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien:
a) Sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia; y,
b) Que dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean exactamente iguales.
La finalidad de dicha determinación es definir puntos jurídicos que den seguridad jurídica a los gobernados, pues para ello fue creada desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la figura jurídica de la contradicción de tesis.
QUINTO. Precisado lo anterior procede, en primer término, examinar si en la especie existe o no la contradicción de tesis sustentadas entre los Tribunales Colegiados de Circuito.
Del análisis de las ejecutorias emitidas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que sí existe la contradicción de tesis denunciada, en razón de que se adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho.
Efectivamente, los citados Tribunales Colegiados en Materia Civil establecieron lo siguiente:
a) El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito al resolver el veintiocho de enero de dos mil once la revisión principal 497/2010, consideró lo siguiente:
• El artículo 317 del Código Federal de Procedimientos Civiles no impone la obligación al funcionario judicial que practica una notificación, de estampar dos firmas en caso de que la persona a quien se practica no supiere o no quisiere firmar, una como parte del aparato judicial y la otra en lugar de la persona con quien se practicó la diligencia.
• Esa disposición no establece de modo alguno, que el funcionario judicial tenga la obligación de firmar, primero, como tal, es decir, como parte del aparato judicial y, luego, estampar otra firma diversa a la anterior, en sustitución de la persona con quien se entendió la diligencia, sino que la obligación del secretario ejecutor responsable, consiste exclusivamente en firmar el acta relativa haciendo constar los motivos por los cuales la persona con quien entendió la diligencia no lo hizo, avalando su dicho, con esa única firma con lo cual se tienen por satisfechas las reglas previstas por el artículo 317 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al de Comercio, pues el funcionario que realizó la actuación reclamada estableció, detalladamente, los motivos por los cuales la persona con quien se entendió la diligencia no quiso firmar y enseguida estampó su firma, con lo que se valida lo asentado en el acta.
b) El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, el nueve de diciembre de dos mil nueve, al resolver el toca de revisión R. 380/2009 consideró que:
• Del artículo 317 del ordenamiento procesal civil supletorio se infiere que las notificaciones deben ser firmadas por la persona que las hace (el diligenciario), y por aquella a quien se hace (la persona notificada), esto es, resulta obligatorio para ambos asentar su firma; empero, si la persona a quien se practica la notificación no firma por no saber o no querer hacerlo, el legislador previó que el notificador asiente esta circunstancia y, además, él firme; lo que lleva a concluir que en casos como el particular, en el que la persona con quien se entendió la diligencia se negó a firmar, debe hacerlo por ella el notificador, asentando que la persona con quien practicó la notificación no quiso o no supo firmar.
• Lo anterior conduce a establecer que deben obrar dos firmas del diligenciario, la que le corresponde por sí, como parte del aparato judicial, que lleva a cabo la comunicación procesal, y la que hace en lugar de la persona con quien se entendió la diligencia, en virtud de que ésta no quiso firmar o no supo hacerlo.
• Conforme a lo dispuesto por el artículo 317 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, en relación al diverso 1054 del Código de Comercio, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el trece de junio de dos mil tres, se desprende que es obligatorio para el notificador y para la persona que recibe la comunicación procesal, firmar la notificación correspondiente, pero si esta última no quiere o no sabe hacerlo, debe firmar el diligenciario por ella, asentando la circunstancia de que la persona con quien se entendió el acto procesal no quiso o no supo firmar; por ende, en estos casos deben obrar dos firmas del fedatario que practicó la diligencia en cuestión, la que le corresponde por sí, como empleado judicial que practicó la notificación, y la que debe asentar cuando la persona con quien la entendió no firmó, por no querer o no saber hacerlo.
• Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia número VI.2o.C. J/189, integrada por ese Tribunal Colegiado, publicada en la página 620, Tomo XII, septiembre de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente: "EMPLAZAMIENTO ILEGAL. LA FE PÚBLICA DE QUE ESTÁ INVESTIDO EL FUNCIONARIO QUE LO PRACTICA, NO CONVALIDA LAS ALTERACIONES Y CONTRADICCIONES EN QUE INCURRA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)."
Como se puede apreciar, los Tribunales Colegiados de Circuito analizaron el mismo punto de derecho respecto del cual emitieron criterios jurídicos discrepantes, lo que origina que se tenga que dilucidar si conforme a lo previsto por el artículo 317 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en la práctica de la notificación en la que la persona a quien se practique no firma por no saber o no querer hacerlo resulta obligatorio para el notificador además de asentar esta circunstancia, firmar el acta de la diligencia por sí como parte del aparato judicial, que lleva a cabo la comunicación procesal y, adicionalmente, hacerlo en lugar de la persona con quien se entendió la diligencia, en virtud de que ésta no quiso hacerlo, de lo que deriva que en dicha diligencia obren dos firmas de dicho funcionario judicial.
SEXTO. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Una vez precisado el tema de la presente contradicción de tesis cabe señalar que, en el caso que nos ocupa, las resoluciones dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que emitieron criterios discrepantes tuvieron como origen una notificación practicada en materia mercantil -emplazamiento en el juicio ejecutivo mercantil-, lo que originó interpretaciones diversas del artículo 317 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio en términos de su artículo 1054, en el que se establecen las previsiones relativas a todo tipo de notificaciones y no únicamente a los emplazamientos en materia mercantil, por lo que el análisis de dicha disposición se realizará a partir de las notificaciones en general.
Primeramente debe señalarse el contenido de los artículos 1054 del Código de Comercio, 309, fracción I, 310, párrafo primero, 311 y 317 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los cuales son del texto siguiente:
"Artículo 1054. En caso de no existir convenio de las partes sobre el procedimiento ante tribunales en los términos de los anteriores artículos, salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones de este libro y, en su defecto, se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles y en caso de que no regule suficientemente la institución cuya supletoriedad se requiera, la ley de procedimientos local respectiva."
"Artículo 309. Las notificaciones serán personales:
"I. Para emplazar a juicio al demandado, y en todo caso en que se trate de la primera notificación en el negocio."
"Artículo 310. Las notificaciones personales se harán al interesado o a su representante o procurador, en la casa designada, dejándole copia íntegra, autorizada, de la resolución que se notifica."
"Artículo 311. Para hacer una notificación personal, y salvo el caso previsto en el artículo 307, se cerciorará el notificador, por cualquier medio, de que la persona que deba ser notificada vive en la casa designada, y, después de ello, practicará la diligencia, de todo lo cual asentará razón en autos.
"En caso de no poder cerciorarse el notificador, de que vive, en la casa designada, la persona que debe ser notificada, se abstendrá de practicar la notificación, y lo hará constar para dar cuenta al tribunal, sin perjuicio de que pueda proceder en los términos del artículo 313."
"Artículo 317. Deben firmar las notificaciones la persona que las hace y aquellas a quien se hacen. Si ésta no supiere o no quisiere firmar, lo hará el notificador, haciendo constar esta circunstancia. A toda persona se le dará copia simple de la resolución que se le notifique, sin necesidad de acuerdo judicial. Las copias que no recojan las partes, se guardarán en la secretaría, mientras esté pendiente el negocio."
De acuerdo a lo previsto por el artículo 1054 del Código de Comercio, los juicios mercantiles se regirán primordialmente por las disposiciones de la propia legislación mercantil y, en su defecto, se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, y en caso de que este último sea insuficiente será aplicable la legislación procesal civil del orden local.
Por su parte, el artículo 309 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en su fracción primera establece que las notificaciones para emplazar a juicio al demandado, y en todo caso en que se trate de la primera notificación en el proceso, serán personales; realizándose al interesado o a su representante o procurador, en la casa designada, dejándole copia íntegra, autorizada, de la resolución que se notifica, de conformidad con lo previsto en el artículo 310 de la citada legislación adjetiva civil federal.
Asimismo, el artículo 311 establece que para practicar una notificación personal, el funcionario judicial encargado se cerciorará por cualquier medio, de que la persona que deba ser notificada vive en la casa designada, y después de ello, practicará la diligencia, de todo lo cual asentará razón en autos; y en caso de no poder cerciorarse de que la persona vive en la casa designada, se abstendrá de practicar la notificación, y lo hará constar para dar cuenta al tribunal. De tal suerte, la diligencia de notificación implica un solo acto que se desarrolla de momento a momento describiéndose la diligencia en el acta que al efecto emita el notificador, quien está investido de fe pública.
Finalmente, del numeral 317 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se aprecia que deben firmar las notificaciones la persona que las practica y aquellas a quien se hacen, y que si ésta no supiere o no quisiere firmar, lo hará el notificador haciendo constar esta circunstancia; no obstante, esto no implica que si la persona a quien se practica la notificación se negó a estampar su firma, deba hacerlo por ella el funcionario notificador, debiendo obrar dos firmas del fedatario que practicó la diligencia en cuestión, esto es, la que le corresponde por sí, como parte del aparato judicial, y la que imprime a nombre de la persona con quien la entendió y que no firmó por no querer o no saber hacerlo.
Ahora bien, para acreditar los extremos de las manifestaciones vertidas en los párrafos que anteceden, se debe atender primeramente a la naturaleza de las notificaciones por una parte, y por otra a la intención que tuvo el legislador al plasmar el contenido del precepto en cuestión.
En primer lugar, debe señalarse que una notificación forma parte de los llamados "medios de comunicación procesal", los cuales tienen como finalidad informar por vía oral o escrita las determinaciones del órgano a las partes de un proceso a los demás participantes en el mismo, a los terceros o a otras autoridades jurisdiccionales o no jurisdiccionales.
Cuando la comunicación se establece entre la autoridad judicial y las partes en conflicto, los terceros o los demás participantes en el proceso, se está en presencia de las figuras de la notificación, el emplazamiento, la citación y el requerimiento.
A través de la notificación se le hará saber una resolución judicial a la parte que, se considera, está interesada en el conocimiento de su contenido. Una notificación es un acto procesal por medio del cual el órgano jurisdiccional hace del conocimiento de las partes, de los demás participantes o de los terceros una resolución o alguna otra actuación judicial.
Muchas de estas notificaciones, por su trascendencia, deben hacerse de manera personal y cumpliendo con diversas formalidades, entre las cuales se encuentra la obligación de que el notificador se cerciore del domicilio y de la identidad de la persona que debe ser notificada, por el dicho de la persona con quien se entiende la diligencia.
Sin embargo, en la práctica, existe la posibilidad de que la persona que recibe la notificación no desee o no sepa firmar el acta correspondiente; por lo que a fin de evitar que el proceso se prolongue indefinidamente, el Código Federal de Procedimientos Civiles faculta a la persona que practica la diligencia, a desarrollarla y validarla con su firma en el caso de que la persona con la que se entienda no quiera o no sepa hacerlo.
El sustento jurídico de dicha atribución del funcionario judicial encargado de practicar la notificación se encuentra en el principio de la fe pública.
Mediante la fe pública se está en presencia de afirmaciones que objetivamente deben ser aceptadas como verdaderas, en acatamiento del ordenamiento jurídico que la sustenta.
Las relaciones jurídicas de una sociedad son sumamente complejas, por lo que ha sido necesario establecer un sistema a través del cual sean aceptados como ciertos algunos hechos y actos, a pesar de no haberse presenciado su realización.
Este sistema presupone la investidura de personas a quienes se va a conferir la función de autentificar a nombre del Estado, de tal manera que su dicho sea considerado como una verdad oficial cuya creencia es obligatoria, salvo prueba en contrario.
La fe pública no puede concebirse sin la característica de la exactitud, entendida ésta como la adecuación entre los hechos y la narración de los mismos con la cual se dota de eficacia probatoria erga omnes al instrumento en el cual consta el hecho.
Apoya a lo anterior, en lo conducente, las tesis aisladas de la Sexta y Séptima Épocas de la entonces Tercera Sala de este Alto Tribunal, siguientes:
"Núm. registro: 270199
"Tesis aislada
"Materia(s): Civil
"Sexta Época
"Instancia: Tercera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Cuarta Parte, LXXXII
"Tesis:
"Página: 108
"NOTIFICACIONES, FORMALIDADES DE LAS. El artículo 116 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, establece textualmente que ‘la primera notificación se hará personalmente al interesado, o a su representante o procurador en la casa designada, y no encontrándolo el notificador le dejará cédula en la que hará constar la fecha y hora en que la entregue, el nombre y apellido del promovente, el Juez o tribunal que manda practicar la diligencia, la determinación que se manda notificar y el nombre y apellido de la persona a quien se entrega, recogiéndole la firma en la razón que se asentará del acto’. Por lo tanto, si en la diligencia practicada por un actuario se asienta haberse presentado en el domicilio del inquilino y que no habiéndolo encontrado realizó la notificación por cédula que entregó a una persona que dijo vivir en dicha casa, pero que no quiso dar su nombre, no es obstáculo que dicho ejecutor no haya levantado su diligencia ante la fe de dos testigos, pues la ley no exige tal requisito, ya que para tales actos se encuentra revestido de fe pública y por tanto debe reconocerse con valor de prueba plena el contenido del acta que levante al respecto mientras no se demuestre la falsedad de la misma."
"Núm. registro: 241095
"Tesis aislada
"Materia(s): Común
"Séptima Época
"Instancia: Tercera Sala
"Fu
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23087-9f2df66a/emplazamiento-en-materia-mercantil-es-juridicamente-valido-si · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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