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Modo: Corpus Pro

CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL. LA DECLARACIÓN JUDICIAL RESPECTIVA NO ES UN ELEMENTO CONSTITUTIVO DE ESA CONSECUENCIA PROCESAL, PERO SI HA DE EMITIRSE, DEBE PRONUNCIARSE POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE CONOZCA DE LA CAUSA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 56/2010. · Registro digital (IUS): 22330
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, , Pág. 250.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 56/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, por tratarse de una posible contradicción suscitada entre los criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos de materia civil, de la competencia especializada de esta Sala.

SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por el Ministro presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuentra facultado para ello, de acuerdo con el artículo 197-A de la Ley de Amparo.

TERCERO. Las consideraciones contenidas en las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:

A) El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió el juicio de amparo directo número **********, promovido con motivo de un juicio cuyas características, en lo que interesa en el presente asunto, son las siguientes:

Se trata de un juicio ordinario mercantil, en el que la parte actora demandó, entre otras cosas, la declaración judicial de prescripción de los derechos de las demandadas, para reclamar a la actora el cumplimiento de ciertas obligaciones contractuales, cuya exigibilidad data del mes de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, por lo que transcurrió en exceso el plazo de diez años necesario para que opere la prescripción.

Al dar contestación a la demanda, dos de las codemandadas señalaron que el plazo para la prescripción hecha valer por la actora, se había interrumpido por virtud de la presentación de un juicio ejecutivo mercantil en contra de la actora, en noviembre de mil novecientos noventa y cinco.

Seguido el juicio en sus diversas etapas, concluyó mediante sentencia definitiva, en la que se resolvió no declarar la prescripción de los derechos de las codemandadas. Inconforme, la parte actora interpuso recurso de apelación, que fue resuelto por la Sala responsable, en el sentido de confirmar la sentencia recurrida y condenar en costas a la apelante. Dicha resolución constituye el acto reclamado.

En la demanda de amparo la quejosa hizo valer, entre otros conceptos de violación, que para que el término para la prescripción pudiera considerarse interrumpido, no era suficiente la interposición de la demanda que dio origen al juicio ejecutivo mercantil instaurado en su contra, en noviembre de mil novecientos noventa y cinco, sino que además era necesario que se demostrara una actitud de interés continua por parte de la tercera perjudicada, tendente a satisfacer su derecho, para interrumpir indefinidamente la prescripción de su acción, lo cual no había sucedido en la especie, porque el juicio ejecutivo mercantil en mención fue abandonado, de manera que la presentación de la demanda interrumpió el término para la prescripción, pero dicho término comenzó a transcurrir de nuevo de manera inmediata, al no haberse impulsado el procedimiento en el juicio ejecutivo mercantil tras la presentación de la demanda, de manera que a la fecha en que la quejosa promovió la demanda que dio origen al juicio natural, el siete de agosto de dos mil seis, ya había transcurrido, de todos modos, el término de la prescripción.

Asimismo, la quejosa sostuvo que era ilegal que en la sentencia reclamada, la Sala responsable hubiere considerado que el plazo de la prescripción no se reanudaría sino hasta que concluyera el juicio ejecutivo mercantil instaurado en contra de la quejosa, a pesar de que en dicho juicio no existieran actuaciones fuera de la presentación de la demanda, y que no podía alegarse que la instancia de dicho juicio ejecutivo mercantil hubiera caducado, pues del expediente respectivo no se desprendía una declaración judicial en ese sentido. Lo anterior, porque en concepto de la quejosa, la caducidad opera de pleno derecho, en términos del artículo 1076 del Código de Comercio, por lo que no se requiere declaración judicial para su verificación.

El colegiado que conoció de dicho juicio de amparo determinó, en lo que interesa, lo siguiente:

"QUINTO. Los conceptos de violación son inatendibles. I. Reanudación del plazo de prescripción. Del primero al quinto se plantean argumentos relacionados entre sí, porque todos ellos están dirigidos a combatir la determinación de que no ha operado la prescripción de las obligaciones a cargo de la quejosa. Por tanto, se analizarán de manera conjunta. El problema esencial consiste en determinar cuándo comienza a correr nuevamente el plazo de prescripción, una vez interrumpida con la presentación de una demanda contra el deudor. Para la quejosa, el plazo debe correr inmediatamente después de la presentación de la demanda, porque en su concepto, la voluntad del acreedor para ejercer sus derechos, exteriorizada con la demanda, debe renovarse o reiterarse con los actos tendientes a impulsar el procedimiento hasta lograr el dictado de la sentencia. En cambio, para la responsable, la interrupción se mantiene por todo el tiempo que dure el juicio iniciado con la demanda hasta su conclusión. Este tribunal se inclina por la segunda posición. ... II. Falta de interrupción por caducidad de la instancia. En el sexto concepto de violación, la quejosa sostiene que se surte el supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 1041 del Código de Comercio, donde se entiende que no operó la interrupción, porque en el juicio promovido en su contra por ********** ha operado la caducidad de la instancia. Al efecto, el aspecto fundamental de su argumentación consiste en determinar que dicha caducidad opera de pleno derecho, sin necesidad de una declaración del Juez en ese sentido, al contrario de lo que consideró la Sala responsable. No tiene razón la quejosa. El artículo 1076 del Código de Comercio, en su segundo párrafo, establece: ‘La caducidad de la instancia operará de pleno derecho, sea porque se decrete de oficio o a petición de parte, cualquiera que sea el estado del juicio, desde el primer auto que se dicte en el mismo y hasta la citación para oír sentencia ...’. Ciertamente, según la norma, la caducidad opera de pleno derecho, y aunque ordinariamente tal expresión se ha entendido como la constitución de una situación jurídica o la producción de un efecto jurídico por el mero hecho de que se cumplan las condiciones previstas en la ley al efecto, sin embargo, tratándose de la caducidad de la instancia la ley es puntual en exigir, inmediatamente después de esa expresión, que sea decretada por el Juez, cuando se dice sea porque se decrete de oficio o a petición de parte. Con esa expresión, se pone de manifiesto la necesidad de que haya un decreto del Juez donde se declare que la caducidad ha operado, y con eso marcar el fin de la instancia. Por tanto, y en atención al postulado del legislador racional, conforme al cual debe entenderse que las normas y el lenguaje usado en ellas tienen algún sentido lógico, la determinación de que la caducidad opera de pleno derecho no podría tener el significado de que bastara la concurrencia de sus elementos para tenerla por constituida, porque de ser así, no tendría sentido haber previsto también la necesidad de su decreto por el Juez. La solución a este problema se encuentra en la exposición de motivos de la reforma por la cual se previó esa norma, por primera vez en el derecho positivo mexicano, respecto del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que posteriormente fue tomado para incluir la figura de la caducidad de la instancia en el Código de Comercio. Dicha exposición de motivos corresponde a la iniciativa presentada el veinticuatro de octubre de mil novecientos sesenta y tres, ante la Cámara de Diputados, donde se explica la plenitud de derecho de la caducidad, en los siguientes términos: Al establecerse que la caducidad de la instancia opera de pleno derecho por el solo transcurso del término establecido sin que las partes actúen, se da a entender que no son necesarios a ese fin ni incidentes ni sentencias especiales, si bien se deja abierta la posibilidad de que cualesquiera de las partes solicite al Juez, para mayor formalidad, una declaración al respecto, o éste, de oficio, lo haga por su cuenta. Como se aprecia, el legislador da a la expresión un sentido de no exigencia de formalidades gravosas, como el seguimiento de un trámite incidental o del dictado de una sentencia especial donde se dilucide la cuestión; sin embargo, no eliminó del todo las formalidades, y previó una menor: la declaración al respecto que debiera hacer el Juez por sí, o a petición de parte. Por tanto, no bastaría que se actualizara el supuesto de caducidad de la instancia, es decir, el transcurso de más de ciento veinte días sin que las partes promuevan dentro del juicio, para que se tenga por caduca la instancia, sino que se requiere el decreto judicial que así lo declare. En el caso del juicio ejecutivo mercantil número **********, promovido por ********** contra la quejosa, con independencia de que pudiera haberse actualizado la caducidad de la instancia, no hay declaración del Juez al respecto, por lo cual el juicio iniciado con la demanda se mantiene vivo y, por tanto, en esas condiciones no se verifica el supuesto de desestimación de la demanda, previsto en el segundo párrafo del artículo 1041 del Código de Comercio, según el cual, no se tendrá por interrumpida la prescripción. Así, la interrupción operada por la demanda con la cual inició ese juicio, sigue vigente, mientras no concluya el procedimiento. III. Materia de la demanda: obligaciones con factoraje capital. En el último concepto de violación, se alega incongruencia de la sentencia reclamada, por incluir en la consideración de que no prospera la prescripción, las obligaciones reclamadas por factoraje capital en el juicio ejecutivo mercantil número **********, cuando dichas obligaciones no fueron materia de la acción de prescripción, ya que se refieren a un pagaré, que es autónomo en su causa. Dichos argumentos son esencialmente fundados. ... En consecuencia, debe concederse el amparo a efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, emita otra donde modifique la resolución de primera instancia para que ésta sea inhibitoria respecto de factoraje capital, y no lo incluya en la desestimación de la prescripción negativa, pero se reiteren todas las demás consideraciones que tenía el fallo aquí reclamado."

A raíz de la ejecutoria de referencia, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito emitió la tesis cuyos datos de localización, rubro y texto se transcriben a continuación:

"No. Registro: 165,329

"Tesis aislada

"Materia(s): Civil

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXXI, febrero de 2010

"Tesis: I.4o.C.222 C

"Página: 2801

"CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. AUNQUE OPERA DE PLENO DERECHO, REQUIERE DE UN DECRETO. De la interpretación gramatical y psicológica del segundo párrafo del artículo 1076 del Código de Comercio, se obtiene que para el surtimiento de los efectos jurídicos que le corresponden a la caducidad de la instancia y su oposición en otros actos o procedimientos, se torna indispensable que el Juez de la causa declare la actualización de sus elementos y la decrete, sin que obste para sostener este criterio, que en el precepto se exprese que la caducidad opera de pleno derecho, pues aunque generalmente esta expresión ha sido entendida como la constitución de una situación o la producción de un efecto jurídico por el solo cumplimiento de las condiciones previstas en la ley al efecto, en el caso no está empleada con esa connotación, porque el propio precepto determina la necesidad de su decreto judicial, por lo que, atendiendo al postulado del legislador racional, en cuanto a que el contenido de las normas debe tener un sentido lógico y coherente, resulta inconcuso que, en el precepto sujeto a interpretación, la expresión de que la caducidad opera de pleno derecho está empleada de hacer patente la agilidad con la que se debe resolver esa cuestión, evitando formalidades gravosas o excesivas, como el seguimiento de un trámite incidental o el dictado de una sentencia especial para dilucidar la cuestión de la caducidad, pero no eliminó la necesidad de su decreto por el Juez. Esto se advierte en la exposición de motivos de la iniciativa que dio lugar a la reforma al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, mediante la cual se introdujo la institución procesal en comento.

"Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

"Amparo directo **********. ********** 6 de noviembre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretaria: Mónica Cacho Maldonado."

B) Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito resolvió el siete de octubre de dos mil cinco, el juicio de amparo directo número **********, que se originó con motivo de un juicio con las características que a continuación se describen, únicamente en lo que interesa para efectos de la presente contradicción.

Se trata de un juicio ejecutivo mercantil instaurado por escrito de demanda presentado el seis de noviembre de dos mil tres. En dicho juicio se llevó a cabo la diligencia de emplazamiento, requerimiento de pago y embargo, sin que la demandada produjera contestación a la demanda. El veintitrés de enero de dos mil cuatro, se concedió a las partes una dilación probatoria de quince días. No fue sino hasta el trece de enero de dos mil cinco, que la actora solicitó que se abriera la etapa de alegatos y, posteriormente, solicitó que se dictara la sentencia definitiva correspondiente, que se emitió el veinticinco de febrero siguiente, condenándose a la parte demandada.

Inconforme, la parte demandada interpuso recurso de apelación, en el que argumentó que el Juez de la causa no debió dictar sentencia definitiva, sino que oficiosamente debió advertir que el juicio había caducado. El tribunal de alzada que conoció de dicho recurso, declaró fundado el agravio, por considerar que durante un lapso mayor a ciento veinte días, no había existido en el juicio actuación alguna tendente a impulsar el procedimiento, por lo que debía considerarse que operó la caducidad. Dicha resolución constituye el acto reclamado.

En la demanda de amparo, el actor quejoso sostuvo, entre otras cosas, que en términos del artículo 1076 del Código de Comercio, el momento para decretar la caducidad de oficio o a petición de parte, lo es en cualquier etapa dentro del procedimiento, hasta antes de que se pronuncie la sentencia definitiva, por lo que si en la especie, en ninguna de las etapas del procedimiento se decretó la caducidad de la instancia, ni fue solicitada por la demandada, la Sala responsable debió resolver sobre lo que se controvirtió en el juicio principal, y no debió declarar fundado el agravio de la apelante, ni decretar la caducidad del juicio, ya que en la sentencia definitiva, el Juez de la causa no se pronunció al respecto, y la labor del tribunal de alzada se limita a revisar la sentencia recurrida y no a estudiar los posibles defectos del procedimiento.

En la ejecutoria de amparo, el colegiado determinó, en lo que interesa, lo siguiente:

"QUINTO. ... El motivo de disenso extractado en el párrafo que antecede es infundado, con base en las siguientes consideraciones. En primer término, cabe precisar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis **********, consideró respecto de la caducidad de la instancia, lo siguiente: ‘El Código de Comercio se reformó mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, y, en lo que interesa, en el artículo 1076 se instituyó la caducidad en los asuntos mercantiles; dispositivo que interpretaron los citados Tribunales Colegiados para sostener su postura. Dicho numeral señala: (se transcribe). En primer lugar, antes de proceder al análisis del artículo transcrito, cabe señalar que etimológicamente la palabra caducidad corresponde al vocablo latino caducus, que significa decrépito, poco estable, cercano a caerse y acabarse. La caducidad también se le conoce con el nombre de perención, palabra que procede del verbo latino perimere peremptuni, que quiere decir extinguir, destruir, anular. La caducidad tiene sus orígenes en el derecho romano donde se instituyó con la finalidad de impedir que los litigios entre particulares se eternizaran por la inacción de sus derechos. Eduardo Pallares, en su obra Diccionario de Derecho Procesal Civil, al igual que José Becerra Bautista en su obra El Proceso Civil en México, mencionan que fue Justiniano quien en el año 530 estableció el remedio de dicho mal en la Constitución denominada Properandum, pues, agrega Pallares «... el código Ley 11, del título I, cap. II, dice: <Temeroso de que los procesos se hagan casi eternos, y para que no sobrepasen la vida humana (como ya anteriormente nuestra ley ha fijado para la decisión de los negocios criminales dos años, y como los civiles son más numerosos y frecuentemente dan origen a los primeros), nos ha parecido necesario para apresurar su tramitación, establecer en todo el universo la presente ley que no será restringida en ningún caso y en ningún lugar: 1o. Es por causa de ello por lo que ordenamos que todos los procesos intentados, sea sobre bienes, sea cual fuere su valor, sobre acciones personales, sobre los derechos de las ciudades y de los particulares, sobre la posesión, la servidumbre, etcétera ... se terminen en el espacio de tres años a contar de la litis contestatio ...>.». De acuerdo con lo anterior, el derecho romano estableció, por un lado, la esencia y naturaleza de la caducidad, o sea, la instituyó como una figura extintiva del proceso cuando las partes no promovieran en él después de transcurrido cierto lapso de tiempo, características que acepta la doctrina generalizada, pues la considera como la extinción de la instancia originada por la inactividad de las partes, lo que, dicho sea de paso y a manera de comparación, se asemeja al desistimiento de la demanda en cuanto que éste implica el abandono expreso del proceso y aquélla su abandono tácito, por el desinterés presumido en la falta de impulso procesal. Por otro lado, el propio derecho romano, en la mencionada Constitución, consideró que el inicio de la caducidad fuera a partir de la litis contestatio (que es el estado que guarda el proceso después de que ha sido contestada la demanda), o sea, con posterioridad a la práctica del emplazamiento, y es precisamente en este aspecto donde divergen diversas legislaciones del país, como se verá más adelante. Giuseppe Chiovenda, en su obra Curso de Derecho Procesal Civil, expresa que la caducidad es un modo de extinción de la relación procesal, que se produce después de cierto periodo de tiempo, en virtud de la inactividad de los sujetos procesales ya que cierra la relación procesal con todos sus efectos procesales y sustantivos. Así, la caducidad es una figura procesal cuya finalidad es la extinción de la instancia originada por la inactividad de las partes. La sanción es para las partes.’. De lo expuesto se observa que la caducidad de la instancia se instituyó con la finalidad de impedir que los litigios entre particulares se eternicen por la inacción de sus derechos, de tal manera que dicha figura es la sanción que la ley impone a los litigantes derivada de la presunción de que han abandonado sus pretensiones, por haber dejado de promover o de concurrir a las audiencias. Ahora bien, dicha institución de derecho se introdujo en el Código de Comercio reformado el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, tomándola del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, según se advierte de la exposición de motivos de la mencionada reforma, que en lo que aquí interesa, dice lo siguiente: ‘Una de las máximas aspiraciones de todos los mexicanos es contar con un régimen donde la ley sea el único marco para la convivencia social y las normas regulen con eficacia las relaciones entre los integrantes de la sociedad, y entre estos y sus autoridades. Por ello, el Gobierno de la República ha emprendido una vasta tarea tendiente a lograr el desarrollo y fortalecimiento del Estado de derecho. Este compromiso exige actuar en varios frente (sic). Además de las reformas estructurales sobre la organización, atribuciones y funcionamientos de los órganos judiciales, el Estado de derecho demanda la existencia de normas jurídicas que garanticen la impartición de justicia pronta y expedita. La complejidad de los sistemas legales, la existencia de procedimientos notoriamente improcedentes y el exceso de trámites y requisitos procesales fomentan la inseguridad jurídica de los gobernados y el sentimiento de injusticia. Asimismo, la incertidumbre derivada de normas inadecuadas constituye un problema que afecta el desarrollo del país, e inhibe la iniciativa de los particulares. A pesar de los innegables avances que se han logrado en México respecto a la modernización del marco jurídico, aún se observan rezagos que impiden la plena seguridad jurídica. Debemos reconocer que hoy en día subsisten normas y prácticas viciadas que obstaculizan el acceso a la justicia a un número importante de mexicanos, dando lugar a procesos de gran complejidad, en donde incluso la propia ley llega a propiciar comportamientos que desvirtúan la intención original del legislador. Por ello, debemos contar con ordenamientos legales que permitan aplicar, de manera pronta y expedita, la norma al caso concreto: velar porque nuestras leyes planteen soluciones justas; pro (sic) propiciar que las operaciones que deberán ser ágiles y sencillas no se tornen difíciles o irrealizables, así como impedir la desigualdad entre las partes, derivada de circunstancias de índole económica. Los niveles de seguridad jurídica que exige el desarrollo económico únicamente podrán alcanzarse si contamos con los instrumentos judiciales que garanticen una ágil aplicación de las normas. Debemos prever fórmulas para desalentar demandas o defensas a todas luces improcedentes, con una efectiva condenación en costas a quien incurra en estas conductas. Únicamente debe acudir o defenderse en juicio quien considere tener un legitimo derecho y quiera hacerlo valer y no quien, a sabiendas de que se fallará en su contra, busque exclusivamente demorar la sentencia a través de maniobras que retardan la impartición de justicia. En razón de las consideraciones anteriores, en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 1999-2000, se ha realizado un profundo análisis de las leyes que rigen a los procedimientos judiciales. En ellas se han encontrado instituciones que se han venido incorporando a lo largo de los años, en muchos casos atendiendo a problemáticas coyunturales y, en ocasiones, sin una visión integral de nuestro sistema procesal. En ese tenor, es preciso evaluar cuál ha sido el propósito de establecer distintos incidentes y etapas en las fases de conocimiento de los procedimientos judiciales. Asimismo, debemos considerar que diversas interpretaciones en la aplicación de figuras no debidamente articuladas han ocasionado dilaciones y el entorpecimiento de los juicios. La autoridad judicial, ante múltiples situaciones contradictorias, se ve obligada a mantener en la indefinición jurídica controversias que hayan sido plateadas (sic), ya que a través de prácticas viciosas se impide la continuación de los procedimientos. Estos abusos se sustentan en disposiciones cuyo espíritu no ha sido cabalmente recogido por el texto de la ley. La inseguridad jurídica e incertidumbre que, en razón de lo anterior, enfrentan quienes son (sic) los cauces legales solicita una resolución vinculativa a sus controversias de orden mercantil, civil o familiar, tienen una significativa repercusión económica y social en nuestro país. Por tal razón, es constante preocupación del Gobierno Federal implantar y procurar condiciones que permitan a las empresas y a las personas solucionar los conflictos de su entorno sin largos, complicados y costosos procedimientos. ... Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. La reforma al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que a través de esta iniciativa se somete a la consideración del H. Congreso de la Unión tiene como propósito la actualización y depuración de las normas que ordenan y conducen la actividad judicial, buscando en todo momento restituir el sano equilibrio que entre las partes debe existir en un Estado de derecho. Para ello es fundamental impedir que bajo argumentaciones dolosas se manipule el ordenamiento procesal, obteniendo ventajas indebidas en perjuicio de quien, conforme a derecho, acude ante la autoridad judicial en busca de solución a una controversia. Es reprochable la utilización de instituciones del derecho adjetivo para evitar el cumplimiento de las obligaciones contraídas legalmente. La presente iniciativa recoge la experiencia forense en el Distrito Federal y atiende a las preocupaciones de Magistrados, Jueces y litigantes que afrontan juicios interminables ante la posición de algunos profesionales que hacen del entorpecimiento de los procesos su oficio, en detrimento de sus contrapartes y, en general, de la administración de justicia. Se ha tenido especial cuidado en retornar al origen y motivación de múltiples figuras que fueron deformadas al paso de los años, restituyendo con ello el justo equilibrio entre los colitigantes ... Se modifica el término para que opere la caducidad de la instancia, a fin de que la misma pueda hacerse va

er transcurrido un lapso de 90 días hábiles. Lo anterior obedece al gran círculo de asuntos que por falta de interés de las partes permanecen en los juzgados, provocando con ello la utilización innecesaria de recursos humanos y materiales ... Código de Comercio. Las reformas propuestas a este código persiguen los mismos fines que las descritas para el ordenamiento procesal civil. Por ello, la gran mayoría de las figuras, términos, modificaciones y adiciones contenidas en el código adjetivo para el Distrito Federal, se recogen en este proyecto de reformas al Código de Comercio ...’. Por su parte, en la exposición de motivos de la reforma de treinta y uno de enero de mil novecientos sesenta y cuatro, que estableció la figura jurídica de la caducidad de la instancia en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se adujo lo siguiente: ‘En los últimos años la multiplicación de las causas civiles y mercantiles y su acumulación constante ante los tribunales del ramo civil en el Distrito Federal, se han convertido en un problema que hace lenta y costosa la administración de justicia. Ello se debe a dos causas fundamentales: el crecimiento de la población y la intensidad de la actividad económica. El problema señalado hace que, en la práctica no obstante los términos procesales, la resolución de los litigios planteados ante los tribunales se prolongue, por años. Además, debe tenerse en cuenta la falta de una disposición, en el Código de Procedimientos Civiles, que establezca la figura procesal conocida, desde el derecho romano, como caducidad de la instancia, que en la actualidad resulta indispensable, tanto para descongestionar a los juzgados civiles de juicios inconclusos, cuanto para impedir a muchos litigantes valerse de esa laguna de la ley para alargar, indefinidamente, los procesos. A las anteriores consideraciones deber agregarse el interés del Estado en procurar una administración de justicia pronta y expedita, en que la actividad de los órganos jurisdiccionales no se despliegue innecesariamente y resulte eficaz en perjuicio de la sociedad. Es indudable que cuando los órganos jurisdiccionales no cumplen con suficiencia las finalidades para las que fueron creados, el interés público se lesiona y la ciudadanía pierde la confianza en las autoridades encargadas de impartir justicia. La introducción de la caducidad de la instancia en la ley adjetiva del Distrito Federal, está plenamente de acuerdo con nuestra tradición jurídica, como se demuestra con el hecho de que el Código Federal de Procedimientos Civiles y la legislación de algunos Estados de la Federación la tienen establecida. El planteamiento de esta adición, al Código de Procedimientos Civiles de que se trata, fija claramente, a nuestro parecer, la naturaleza de la caducidad de la instancia y la forma en que debe operar. Por lo tanto, sus alcances se delimitan con toda precisión a fin de evitar confundirla con otras figuras jurídicas y procesales como la prescripción y la preclusión, con las que, si bien guarda cierta semejanza, es, sin embargo, visiblemente distinta. No se trata de limitar o de reducir el tiempo dentro del cual deba ejercitarse un derecho, ya que esto, en tratándose de prescripciones, sería materia del Código Civil y, tratándose de preclusión, sería objeto de otras reformas al Código de Procedimientos Civiles. Por el contrario, lo que se persigue es fijar un término, ya iniciada la instancia, dentro del cual, si las partes en pugna no promueven lo necesario para conducir el juicio hasta su fin natural y, por la falta de interés o intencion

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22330-c2ecd5c2/caducidad-de-la-instancia-en-materia-mercantil-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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