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Modo: Corpus Pro

SEGURIDAD PÚBLICA. PROCEDE OTORGAR AL MIEMBRO DE ALGUNA INSTITUCIÓN POLICIAL, LAS CANTIDADES QUE POR CONCEPTO DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO PUDO PERCIBIR DESDE EL MOMENTO EN QUE SE CONCRETÓ SU SEPARACIÓN, CESE, REMOCIÓN O BAJA INJUSTIFICADA Y HASTA AQUEL EN QUE SE REALICE EL PAGO DE LAS DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO, SIEMPRE QUE HAYA UNA CONDENA POR TALES CONCEPTOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 489/2011. · Registro digital (IUS): 23496
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, Pág. 610.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 489/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 1o. DE FEBRERO DE 2012. CINCO VOTOS. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIO: JOSÉ ÁLVARO VARGAS ORNELAS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos tercero, quinto y octavo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto, del Acuerdo General Plenario 5/2001, toda vez que los asuntos de los que deriva el posible punto de divergencia son del orden administrativo, materia de la exclusiva competencia de esta Sala.

No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio del mismo año, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido es:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.

"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.

"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción; ..."

De donde deriva que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre los Tribunales Colegiados del mismo circuito, como acontece en el presente asunto.

No obstante lo anterior, esta Segunda Sala considera que en tanto no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, debe asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes; de lo contrario, se prolongaría la solución del presente asunto, en claro perjuicio del orden público y del interés social.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima conforme a lo establecido en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, en razón de que fue realizada por **********, en su carácter de autorizado de **********, **********, ********** y **********, quienes figuraron como recurrentes, los dos primeros en el recurso de queja número **********, el tercero en el recurso de queja número **********, ambos del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, y el último en el recurso de queja número ********** del índice del Tercer Tribunal Colegiado en la citada materia y circuito; además de que en dichos medios de impugnación se tuvo por acreditado el referido carácter del promovente.

TERCERO. En principio, es pertinente tener en cuenta lo que los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados expusieron en las ejecutorias de las que emanaron los criterios que los denunciantes estiman contradictorios.

En ese sentido, cabe señalar que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito al resolver los días ********** y ********** los recursos de queja números ********** y **********, respectivamente, sostuvo en lo que interesa al caso, lo siguiente:

En el recurso de queja número **********:

"SÉPTIMO. Estudio del asunto. Los agravios son en una parte infundados, y en otra fundados pero inoperantes. ... En otro orden de ideas, los recurrentes sostienen en su agravio segundo, que el juzgador incurrió en un vicio de carácter formal al no pronunciarse sobre el tercer agravio de recurso (sic) de queja promovido, a su vez, contra el proveído de la autoridad responsable de fecha **********. Lo anterior es fundado, porque del análisis de la sentencia constitucional se advierte que el Juez a quo efectivamente incurrió en el vicio de congruencia que se le atribuye; sin embargo, también participa de la característica de inoperancia al resultar finalmente ineficaz para beneficiar la esfera jurídica de la parte recurrente, como a continuación se demostrará. Para justificar lo anterior, tenemos que en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, el juzgador federal debe cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad, de manera que las sentencias que emita deben no sólo deben (sic) ser congruentes consigo mismas, sino también con la litis constitucional, por lo que el juzgador debe resolver sin omitir nada y sin añadir cuestiones no hechas valer por la parte quejosa. Lo anterior obliga al juzgador de amparo a pronunciarse sobre todos los agravios hechos valer por el quejoso, analizando, la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Ahora bien, del análisis de las constancias allegadas al cuaderno principal se advierten como datos relevantes, que en el agravio tercero del escrito relativo al recurso de queja promovido ante el Juez a quo, los aquí inconformes manifestaron, en esencia, que no asistía razón a la autoridad responsable al pretender pagar los conceptos de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, únicamente hasta el diez y el once de mayo de dos mil diez (fecha (sic) en que respectivamente se notificó a los recurrentes la terminación de su empleo (sic); que de conformidad con el artículo 80 de la Ley de Amparo, la protección de la Justicia Federal debe retrotraer las cosas al estado que guardaban hasta antes de la violación y, por ende, se deben reincorporar al quejoso los derechos que hubiese perdido; que derivado de lo anterior, los conceptos referidos deben pagarse hasta la fecha en que se cubran los salarios caídos; y que consecuentemente, la autoridad debió incluir en su liquidación los sesenta días de aguinaldo previstos en el Manual de Políticas y Procedimientos de la dirección (sic) de Recursos Humanos del Municipio de **********, **********, así como los dos periodos de quince días de vacaciones. No obstante, en su resolución recaída al mencionado recurso de queja, el juzgador a quo fue omiso en atender dichos planteamientos, toda vez que sólo se limitó a manifestar en el considerando cuarto, lo siguiente: ‘... de conformidad con lo establecido en los artículos 49, 50, 80 y 87 y demás aplicables de la Ley Federal del Trabajo aplicable supletoriamente a la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León por disposición de su artículo 7, deberá estar integrada, además del importe (sic) de tres meses de salario, veinte días de salario por año laborado, pago de vacaciones y aguinaldo, así como lo salarios (sic) y emolumentos que hayan dejado de percibir desde la fecha de su baja y hasta el momento en que se pague la indemnización ...’. Pero sin dilucidar de manera específica lo aducido por los recurrentes en cuanto a la necesidad de que en el cálculo de su indemnización se incluyeran las prestaciones de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, sin limitarlas a la fecha en que se les notificó su respectiva baja (**********), sino calculada hasta el momento en que se cumplieran totalmente los efectos del amparo, mediante la entrega de los salarios caídos. Con dicha omisión, el Juez Federal vulneró el principio de congruencia en su aspecto externo, al no ocuparse de la totalidad de los planteamientos que oportunamente se le plantearon, y en consecuencia, este tribunal reasume jurisdicción a efecto de atender los señalados aspectos omitidos, ante la inexistencia de la figura del reenvío en el recurso de queja. Una vez analizados, se considera que los argumentos de que se trata resultan ineficaces, pues contra lo argumentado por los ahora inconformes, los conceptos prestacionales de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, por su propia naturaleza, se encuentran vinculados necesariamente a días laborados; y por ende, no pueden seguirse generando más allá de la fecha de terminación de la relación jurídica entre el empleador y el empleado. Como premisa de dicha determinación se destaca que, conforme a lo dispuesto en el artículo 78, fracciones II y IV, del Reglamento Interior de Trabajo de los Elementos de la Secretaría de Seguridad pública (sic) de **********, **********, los agentes de policía de dicha municipalidad tienen derecho a disfrutar de dos periodos de vacaciones de quince días cada uno, los cuales sólo se otorgarán cuando el elementos (sic) de recién ingreso haya cumplido seis meses por lo menos en el servicio; y además, que junto con dichos periodos se les entregará una prima adicional sobre sueldo compactado. Por otra parte, en el punto 11 ‘Relativas al aguinaldo’ del Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección de Recursos Humanos del Municipio de **********, **********, se prevé que el aguinaldo se calculará sobre una base de sesenta días, pero en forma proporcional a los días trabajados en cada año de calendario, sin tomar en cuenta los permisos, suspensiones y licencias laborales. En mérito de lo anterior, puede afirmarse válidamente que las prestaciones de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo atienden a un criterio de ‘prestación devengada’, pues sólo se generan por días laborados, es decir, aquellos comprendidos en el lapso de vigencia de la relación o vínculo jurídico con el empleado, sin posibilidad de extenderse más allá de la terminación de dicho vínculo, ni siquiera en el supuesto de que se llegare a demostrar lo injustificado de la baja o cese de éste, pues en el marco jurídico constitucional y legal que rige a dichas prestaciones no existe base o sustento alguno para afirmar que dichas prestaciones deben otorgarse en este último supuesto (es decir, por el sólo (sic) hecho de que haber (sic) obtenido una resolución favorable en donde se declare la ilegalidad de la baja o cese). Antes bien, de conformidad con la fracción VII del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a trabajo igual corresponderá salario igual, lo que autoriza a colegir que respecto de quienes no laboraron la anualidad completa, el pago de las prestaciones accesorias debe efectuarse conforme a los días efectivamente laborados ya que, de lo contrario, a empleados que sí asistieron a sus labores se les estaría otorgando el mismo trato que a quienes no lo hicieron. Es aplicable al caso, por analogía, la tesis de rubro: ‘AGUINALDO DE LOS TRABAJADORES DE LOS PODERES DE LA UNIÓN. EL DERECHO A SU PAGO SE GENERA POR LOS DÍAS LABORADOS PARA EL PATRÓN EQUIPARADO, POR LO QUE AQUELLOS EN QUE SE HAYAN AUSENTADO SIN CAUSA JUSTIFICADA NO DEBEN CONSIDERARSE PARA CUANTIFICARLO.’. En las anteriores circunstancias, al resultar infundados en una parte y fundados pero inoperantes en otra, se declara infundado el recurso de queja ..."

En el recurso de queja número **********:

"SÉPTIMO. Estudio de los agravios. Son infundados e inoperantes los agravios formulados por la parte recurrente, con base en las consideraciones que a continuación se detallan. ... Al margen de esta inoperancia, este Tribunal Colegiado considera oportuno precisarle al quejoso que el concepto de aguinaldo, por su propia naturaleza, se encuentra vinculado necesariamente a días laborados; y por ende, no pueden seguirse generando más allá de la fecha de terminación de la relación jurídica entre el empleador y el empleado. Como premisa de dicha determinación, se destaca que, conforme a lo dispuesto en el artículo 78, fracciones II y IV, del Reglamento Interior de Trabajo de los Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad de **********, **********, los agentes de policía de dicha municipalidad tienen derecho a disfrutar de dos periodos de vacaciones de quince días cada uno, los cuales sólo se otorgarán cuando los elementos de recién ingreso haya (sic) cumplido seis meses por lo menos en el servicio; y además, que junto con dichos periodos se les entregará una prima adicional sobre sueldo compactado. Por otra parte, en el punto 11 ‘Relativas al aguinaldo’ del Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección de Recursos Humanos del Municipio de **********, **********, se prevé que el aguinaldo se calculará sobre una base de sesenta días, pero en forma proporcional a los días trabajados en cada año de calendario, sin tomar en cuenta los permisos, suspensiones y licencias laborales. En mérito de lo anterior, puede afirmarse válidamente que las prestaciones de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo atienden a un criterio de ‘prestación devengada’, pues sólo se generan por días laborados, es decir, aquellos comprendidos en el lapso de vigencia de la relación o vínculo jurídico con el empleado, sin posibilidad de extenderse más allá de la terminación de dicho vínculo, ni siquiera en el supuesto de que se llegare a demostrar lo injustificado de la baja o cese de éste, pues en el marco jurídico constitucional y legal que rige a dichas prestaciones no existe base o sustento alguno para afirmar que dichas prestaciones deben otorgarse en este último supuesto (es decir, por el sólo (sic) hecho de que haber (sic) obtenido una resolución favorable en donde se declare la ilegalidad de la baja o cese). Antes bien, de conformidad con la fracción VII del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a trabajo igual corresponderá salario igual, lo que autoriza a colegir que respecto de quienes no laboraron la anualidad completa, el pago de las prestaciones accesorias debe efectuarse conforme a los días efectivamente laborados, ya que de lo contrario, a empleados que sí asistieron a sus labores se les estaría otorgando el mismo trato que a quienes no lo hicieron. Es aplicable al caso, por analogía, la tesis de rubro: ‘AGUINALDO DE LOS TRABAJADORES DE LOS PODERES DE LA UNIÓN. EL DERECHO A SU PAGO SE GENERA POR LOS DÍAS LABORADOS PARA EL PATRÓN EQUIPARADO, POR LO QUE AQUELLOS EN QUE SE HAYAN AUSENTADO SIN CAUSA JUSTIFICADA NO DEBEN CONSIDERARSE PARA CUANTIFICARLO.’. En el caso, de la transcripción precedente, se evidencia que el a quo determinó que el concepto de aguinaldo le fue pagado de manera proporcional, en una cantidad de ********** (**********); con lo cual queda cumplido el pago de tal prestación. Además, por otra parte, por cuanto hace al salario que debe considerarse para la cuantificación del aguinaldo, la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en jurisprudencia de la Séptima Época que es el salario base diverso al ‘integrado’ previsto en el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo al que alude el recurrente, el que se debe tomar para hacer la cuantificación de la prestación. Dicha jurisprudencia textualmente dice: ‘AGUINALDO, SALARIO BASE PARA LA CUANTIFICACIÓN DEL.’ (se transcribió). En las anteriores circunstancias, al resultar infundados e inoperantes los agravios vertidos por la parte recurrente, se declara infundado el recurso de queja. ..."

A su vez, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito al resolver el ********** el recurso de queja número ********** sostuvo, en lo que interesa para el asunto, lo siguiente:

"CUARTO. Los agravios formulados resultan en parte fundados y en otra inoperantes, de acuerdo con las consideraciones siguientes: ... Por otra parte, el segundo y tercero de sus motivos de agravio, se analizarán de forma conjunta por guardar relación con los términos en que habrán de pagarse las prestaciones alegadas por el recurrente y que fueron materia del cumplimiento de la sentencia de amparo. En el segundo de dichos agravios el quejoso señala que en relación con el pago de salarios que dejaron de percibirse desde la fecha de la baja hasta el día en que se pague la indemnización correspondiente, existe una contradicción, ya que en el considerando ‘séptimo’, declaró fundado el agravio sobre la interpretación del pago de la indemnización y al respecto la juzgadora dijo que debía integrarse con el importe de tres meses de salario, pago de aguinaldo, vacaciones y demás prestaciones a que tuviera derecho, pero no confirmó si dentro del concepto ‘demás prestaciones’ debían incluirse las remuneraciones, beneficios, retribuciones, percepciones o haberes que se dejaron de recibir desde la baja del servicio hasta el pago de la indemnización; por tanto, a su parecer es menester que se aclare dicho alcance a fin de que la responsable no soslaye la entrega de algún concepto a que tenga derecho. En el tercero de sus motivos de disenso, el quejoso manifiesta que respecto del pago de aguinaldo y vacaciones la Juez determinó que era improcedente que estos conceptos se pagaran incluyendo cantidades generadas después de la fecha de baja; determinación que a su parecer es ilegal, ya que debía observarse lo establecido en la Ley de Seguridad Pública del Estado, en lo particular el artículo 220, fracciones V y VIII, segundo párrafo, en donde se prevé que en un procedimiento de suspensión si el elemento es declarado sin responsabilidad se deberán pagar las percepciones, salarios y demás prestaciones que se dejaron de percibir mientras estuvo suspendido. Lo anterior resulta fundado. Así es, pues acorde con los artículo (sic) 105 y 113 de la Ley de Amparo, el cumplimiento de las ejecutorias es de orden público y por tanto, el juzgador debe velar para que éstas se acaten en los términos correspondientes, evitando actuaciones que lo dificulten o generen confusión respecto de sus alcances; esto es, que las determinaciones vinculadas con la ejecución de la sentencia concesoria habrán de ser los más claro (sic) posible a fin obtener su cumplimiento de forma rápida y sencilla. Decisión que se adopta con apoyo en el criterio emitido por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, de junio de 1991, página 99, que al respecto dice: ‘SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO ES DE ORDEN PÚBLICO DEBIÉNDOSE EVITAR ACTUACIONES O DECISIONES QUE LO DIFICULTEN O IMPIDAN.’ (se transcribió). Ahora bien, en el caso que nos ocupa, de la interlocutoria recurrida se advierte, en lo particular en el considerando ‘séptimo’, que la Juez Federal declaró fundado el argumento del quejoso relativo a los conceptos que debían incluir la indemnización y demás prestaciones a que se refería el artículo 123, apartado ‘B’, fracción XIII, constitucional y al respecto precisó que de las constancias relativas al cumplimiento se observaba que la responsable pretendía cumplir con dicha indemnización haciendo entrega únicamente de cincuenta y cinco días de aguinaldo y quince días de vacaciones. Al respecto, la Juez puntualizó que si de conformidad con la norma constitucional citada la indemnización ahí prevista debía comprender tres meses de salario correspondiente a la época en que fue dado de baja el impetrante, así como el pago de las demás prestaciones a que tuviera derecho como funcionario público de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de **********, **********, como lo era el pago de la remuneración ordinaria diaria, los beneficios, gratificaciones, retribuciones, subvenciones, haberes, compensaciones y/o cualquier otro concepto que se pueda catalogar como una prestación a favor del quejoso, por tanto, se estimó que la autoridad incurrió en un cumplimiento defectuoso. Lo anterior, pues debía acreditarse que se realizó el pago de tres meses de salario correspondiente a la época en que fue separado de su cargo, así como las demás prestaciones a que tenía derecho el impetrante como funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública y **********, **********; y no como lo realizó la responsable con el sólo (sic) pago de cincuenta y cinco días de aguinaldo y quince de vacaciones. Como puede advertirse, la Juez Federal hizo alusión a los conceptos que debía comprender la indemnización y demás prestaciones señaladas en el citado artículo 123, apartado (sic) ‘B’ constitucional, puesto que destacó los tres meses de salario, así como la remuneración diaria ordinaria que percibía el actor (sueldo) y las gratificaciones, haberes y en general cualquier otro ingreso a que tuviere derecho el accionante. Sin embargo, se estima que también debió precisarse el periodo que habrían de comprender los pagos correspondientes y respecto de lo cual, debe entenderse como las cantidades dejadas de percibir desde la fecha de la remoción o baja hasta el día en que se realice el pago correspondiente, es decir, hasta el día en que se cumpla con la resolución constitucional y se haga entrega al quejoso de los montos relativos a los ingresos que pudiere (sic) tener derecho, dada la responsabilidad del Estado frente al servidor público que se vio afectado con su actuación. Razonamiento que tiene sustento en el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, de junio de 2011, página 428, de rubro y texto siguientes: ‘SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO «Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO», CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008.’ (se transcribió). Por tanto, acorde con el criterio reseñado, los conceptos que integran la indemnización y prestaciones controvertidas debe entenderse como el pago de tres meses de salario (correspondiente a la época de la baja o cese), así como la remuneración diaria ordinaria (sueldo percibido por la prestación del servicio público de policía), gratificaciones, premios, haberes y cualquier otro concepto que percibiera como parte de sus ingresos el servidor público, comprendiendo desde el día de la baja reclamada en el juicio constitucional hasta el momento en que se realice el pago correspondiente. En ese orden de ideas, es que también se estima fundado el tercero de los conceptos de agravio. Se dice lo anterior, ya que al entenderse que el pago de vacaciones y aguinaldo constituyen conceptos que forman parte de las ‘demás prestaciones’ referidas en el artículo 123, apartado (sic) ‘B’ constitucional, puesto que se trata de retribuciones entregadas al servidor público con motivo de la prestación de su servicio, que además, fueron reconocidos (sic) por la responsable en virtud de que emitió pagos por estos conceptos y sobre su interpretación, la Suprema Corte consideró que habrían de comprender desde la fecha del cese hasta la del cumplimiento de la sentencia, por lo que resulta evidente que esos emolumentos comprenden también los generados con posterioridad a la baja reclamada. Decisión que se adopta conforme a la responsabilidad que debe afrontar el Estado respecto de aquellos elementos de los cuerpos de seguridad que sean dados de baja o cesados de su encargo sin justificación alguna y lo cual fue determinado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la tesis LX/2011, de rubro: ‘SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO «Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO», CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008.’. En mérito de las consideraciones expuestas, ante lo acertado de los conceptos de agravio en estudio, lo procedente es declarar fundado el recurso de queja, y revocar el fallo recurrido a fin de precisar los alcances del cumplimiento de la sentencia de amparo en los términos siguientes: Para que de conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Amparo se requiera a la autoridad responsable Dirección de Recursos Humanos del Municipio de **********, **********, a fin de que indemnice al quejoso y pague además las prestaciones a que se refiere el artículo 123, apartado ‘B’ constitucional, esto es, tres meses de salario correspondiente a la época de la baja reclamada, así como la retribución diaria ordinaria (sueldo percibido con motivo de la prestación del servicio), además de cualquier otro concepto que recibiera como elemento de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de ese Municipio, desde la fecha de baja hasta el día en que se cumpla con la ejecutoria de amparo. Asimismo, se cubran las cantidades restantes por concepto de aguinaldo y vacaciones que no se hubiesen pagado y que se generaron desde la baja, hasta el cumplimiento del pago correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia de que no se prejuzga sobre los conceptos que efectivamente se hubiesen percibido por parte del quejoso, ya que ello, en todo caso, se debe analizar a la luz de los documentos que para tal efecto se exhiban (tanto por el promovente como por la responsable), pues la litis en el presente asunto se limita precisar (sic) el contenido de la indemnización y prestaciones que pudiesen reclamar con motivo del cumplimiento de la sentencia de amparo, así como el lapso que habrán de comprender. Así, al haber resultado fundados los motivos de agravio expuestos, lo que procede es declarar fundado el presente recurso de queja en los términos precisados con antelación. ..."

CUARTO. Cabe significar que la circunstancia de que los criterios de los Tribunales Colegiados de Circuito no constituyan jurisprudencia ni estén expuestos formalmente como tesis y, por ende, no existan las publicaciones respectivas en términos de lo previsto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, no es obstáculo para que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ocupe de la denuncia de la posible contradicción de tesis de que se trata, pues a fin de que se determine su existencia, basta que se adopten criterios disímbolos al resolver sobre un mismo punto de derecho.

Son aplicables a lo anterior, las jurisprudencias P./J. 27/2001 del Tribunal Pleno, y 2a./J. 94/2000 de la Segunda Sala, de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se identifican y transcriben:

"Núm. registro: 189998

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Jurisprudencia

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Materia(s): Común

"Tesis: P./J. 27/2001

"Página: 77

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23496-e8d7b4b3/seguridad-publica-procede-otorgar-al-miembro-de-alguna · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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