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Modo: Corpus Pro

PRESCRIPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 200 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS. NECESARIAMENTE REQUIERE QUE SE HAYA OPUESTO COMO EXCEPCIÓN PARA SER ANALIZADA POR EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2013. · Registro digital (IUS): 25305
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2014-10-31
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMERO, EL TERCERO Y EL QUINTO TRIBUNALES COLEGIADOS, TODOS DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo II, Pág. 1953.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMERO, EL TERCERO Y EL QUINTO TRIBUNALES COLEGIADOS, TODOS DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO. 16 DE JUNIO DE 2014. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS NICOLÁS NAZAR SEVILLA, GERARDO DÁVILA GAONA, RICARDO DOMÍNGUEZ CARRILLO Y GUILLERMO DEL CASTILLO VÉLEZ. DISIDENTE: MARÍA EUGENIA OLASCUAGA GARCÍA. PONENTE: ALEJANDRO ROLDÁN VELÁZQUEZ. ENCARGADO DEL ENGROSE: GUILLERMO DEL CASTILLO VÉLEZ. SECRETARIA: MARÍA DEL PILAR AZUELA BOHIGAS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia.

Este Pleno del Decimoctavo Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por tratarse de una posible discrepancia entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de este circuito, y corresponde a este Pleno dilucidarla y determinar, en su caso, cuál será el criterio que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia.

SEGUNDO. Legitimación.

La denuncia de la contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal y 227, fracción III, en relación con el 226, fracción III, de la Ley de Amparo, en virtud de que fue realizada por una de las partes, como lo es la autoridad responsable, Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos.

TERCERO. Antecedentes y aspectos relevantes de las ejecutorias que contienen los criterios discordantes:

I. Amparo directo administrativo **********, resuelto por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito el veinte de septiembre de dos mil trece.

El quejoso impugnó en esa vía constitucional la sentencia definitiva dictada el diecinueve de marzo de dos mil trece, en el expediente administrativo **********, por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos.

El Tribunal Colegiado de Circuito, al estudiar lo relativo al análisis que de las prestaciones reclamadas por el actor en el juicio de nulidad llevó a cabo la autoridad responsable, calificó de infundados los conceptos de violación y señaló textualmente lo siguiente:

"Por otro lado, el quejoso se duele en sus motivos de queja, que resulta absurda la absolución al pago de la cantidad que resulte por concepto de aguinaldo desde el cinco de diciembre de dos mil once, fecha en que había sido emitida la resolución impugnada, y hasta que se realizara el pago correspondiente, porque la misma se había reclamado en tiempo y forma, y por todo el tiempo que duró la relación de trabajo.

"Es infundado este motivo de inconformidad, porque debe decirse de la resolución impugnada mediante esta vía de amparo, no se advierte, como lo señala el quejoso, que en la misma exista una absolución en cuanto hace al pago de la cantidad resultante por concepto de aguinaldo desde el cinco de diciembre de dos mil once, fecha en que fue emitida la resolución hasta que se realizara el pago correspondiente.

"Lo anterior, porque de la resolución tildada de ilegal se aprecia, la responsable resolvió en cuanto a lo relativo al aguinaldo, lo que a continuación se transcribe:

"‘Consecuentemente, al no haber acreditado fehacientemente que se le hayan pagado a la parte actora las prestaciones en estudio, es procedente condenar a la autoridad demandada al pago de la parte proporcional del aguinaldo a razón de noventa días por año, toda vez que la autoridad demandada no controvirtió la periodicidad y monto que el actor señaló atañen a tal prestación, correspondiente al periodo de uno de enero de dos mil once y hasta que se realice el pago correspondiente.’ (folio 495)

"Más adelante, el tribunal responsable resolvió que la prestación, consistente en pago de aguinaldo correspondiente al periodo comprendido entre el dieciséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, fecha en la que el actor había narrado ingresó a prestar sus servicios como elemento de seguridad pública, al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, eran improcedentes, porque a la fecha de presentación de la demanda de nulidad, a saber, doce de enero de dos mil doce, el pago de aguinaldo ya había prescrito en términos del artículo 200 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, el cual señala que las acciones derivadas de la relación administrativa del servicio de los elementos de las instituciones de seguridad pública prescribirán en noventa días (folio 496).

"... Son infundados los conceptos de violación en los que la parte quejosa se duele que resulta absurdo absolver a las demandadas al pago correspondiente de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, por el periodo comprendido entre el dieciséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, fecha en que el actor había ingresado a prestar sus servicios como elemento de seguridad pública, al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, ya que, como se dijo en la demanda, las mismas se habían reclamado en tiempo y forma y por todo el tiempo que había durado la relación de trabajo; al haber sido reconocida la relación de trabajo-administrativa resultaba procedente; resultaba infundado que se hubiese absuelto a los terceros perjudicados al pago de las pretensiones autónomas reclamadas en el cese injustificado, es decir, el pago de la cantidad que resultara por concepto de aguinaldo a razón de 90 días de salario diario, despensa familiar mensual a razón de siete salarios mínimos por el último año de servicios o, en su caso, de forma proporcional y generada desde todo el tiempo en que había durado la relación con las demandadas, porque se trataban de pretensiones autónomas; no podía correr término prescriptivo; que los terceros perjudicados en ningún momento oponen prescripción alguna al momento de oponer sus defensas y excepciones en su escrito de contestación de demanda.

"Se dice que son infundados, pues si bien es cierto de la totalidad de la contestación de la demanda no se advierte que las autoridades hayan hecho valer como excepción la prescripción, más cierto es que el actuar de la responsable, al estudiar oficiosamente la referida prescripción de la acciones derivadas de la relación administrativa, en términos del artículo 200 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, es correcto.

"Lo anterior, porque no debemos olvidar que la prescripción es una entidad de orden público y, por ello, la responsable sí estaba facultada para estudiar oficiosamente la prescripción de las acciones derivadas de la relación administrativa, conforme a lo señalado por el diverso numeral 75 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, que si bien el mismo se refiere al estudio que debe hacer el tribunal lo aleguen o no las partes de las causales de improcedencia, es aplicable al caso porque, como se señaló la prescripción en materia administrativa al igual que lo son las causales de improcedencia, son de orden público, de ahí que sea, como ya se dijo, legal la forma de resolver por parte de la responsable ..."

II. Amparo directo administrativo **********, fallado por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito el trece de septiembre de dos mil trece.

Los quejosos demandaron la protección constitucional contra la sentencia definitiva emitida el dos de abril del año dos mil trece, por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos, en el expediente administrativo **********.

El Tribunal Colegiado de Circuito, al estudiar lo relativo al análisis que de las prestaciones reclamadas por los actores en el juicio de nulidad llevó a cabo la autoridad responsable, calificó de fundados los conceptos de violación y señaló, textualmente, lo siguiente:

"La parte quejosa, esencialmente, aduce que resulta violatorio de sus derechos fundamentales, que la responsable absolviera del pago de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, todos por los años dos mil diez y dos mil once; así como al pago de despensa familiar, anterior al mes de abril de dos mil doce; lo anterior, debido a que el tribunal responsable rebasó sus facultades al momento de resolver sobre las indicadas prestaciones, pues determinó que éstas se encontraban prescritas, en términos de lo dispuesto en el artículo 200 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos; sin que las autoridades demandadas opusieran la excepción de prescripción en términos del aludido artículo; de ahí que, señala la parte quejosa, la autoridad responsable se excedió en sus atribuciones al aplicar ‘una figura como lo es la prescripción’, sin que haya sido alegada en el juicio por las demandadas, lo que resulta ilegal en tanto que no era viable que, al emitirse la sentencia, el tribunal responsable abordara el análisis relativo a la prescripción de las indicadas prestaciones, debido a que ésta -prescripción- no se hizo valer al darse contestación a la demanda y, por ende, la responsable no debía abordar, de oficio, el análisis de la prescripción; de ahí que, sostiene la parte quejosa, al no haberse hecho valer la excepción de prescripción, se debe condenar a las demandadas del pago de las aludidas prestaciones.

"Lo así alegado deviene fundado.

"En efecto, la parte actora, entre otras prestaciones, reclamó las siguientes:

"‘E) El pago de AGUINALDO, consistente en tres meses de salario, en virtud de que no le fue cubierta dicha prestación en el año 2010, reclamándose la suma de ********** (********** M.N.), y tampoco les fue cubierta dicha prestación en el año 2011, reclamándose la suma de ********** (********** M.N.), para **********, y la cantidad de ********** (********** M.N.), para **********, correspondiente al año 2011, además de solicitarse el pago de la parte proporcional del año 2012 hasta el 05 de julio por la suma de ********** (********** M.N.), para **********, y la cantidad de ********** (********** M.N.), para **********.

"‘F) El pago de VACACIONES anuales, consistentes en veinte días de salario, en virtud de que no le fue cubierta dicha prestación en el año 2010, reclamándose la suma de ********** (********** M.N.), y tampoco le fue cubierta dicha prestación en el año 2011, reclamándose la suma de ********** (********** M.N.), para **********, y la cantidad de ********** (********** M.N.), para **********, correspondiente al año 2011, además de solicitarse el pago de la parte proporcional del año 2012 hasta el 05 de julio por la suma de ********** (********** M.N.), para **********, y la cantidad de ********** (********** M.N.), para**********.

"‘G) El pago de PRIMA VACACIONAL anual, consistente en el 25% de la cantidad que arrojen las VACACIONES, en virtud de que no le fue cubierta dicha prestación en el año 2010, reclamándose la suma de ********** (********** M.N.), y tampoco le fue cubierta dicha prestación en el año 2011, reclamándose la suma de ********** (********** M.N.), para **********, y la cantidad de ********** (********** M.N.), para **********, correspondiente al año 2011, además de solicitarse el pago de la parte proporcional del año 2012 hasta el 05 de julio por la suma de ********** (********** M.N.), para **********, y la cantidad de ********** (********** M.N.), para **********.

"‘H) El pago por concepto de DESPENSA FAMILIAR mensual, misma que no podrá ser menor a siete salarios mínimos vigentes, en virtud de que las autoridades demandadas omitieron su pago en el año 2010, reclamándose la suma de ********** (********** M.N.), y tampoco le fue cubierta dicha prestación en el año 2011, reclamándose la suma de ********** (********** M.N.), para **********, y la cantidad de ********** (********** M.N.), para ********** correspondiente al año 2011, además de solicitarse el pago de la parte proporcional del año 2012 hasta el 05 de julio por la suma de ********** (********** M.N.), para **********, y la cantidad de ********** (********** M.N.), para **********, en términos de los dispuesto por el artículo 54, fracción IV, de la Ley del Servicio Civil Estatal de aplicación supletoria.’ (fojas 2 y 3)

"La autoridad responsable, en la resolución combatida, absolvió a las demandadas del pago de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, reclamadas por el actor, por cuanto hace a los años dos mil diez y dos mil once; así como al pago de las despensas familiares mensuales, anterior a la de abril de dos mil doce. La responsable consideró que dichas prestaciones se encontraban prescritas, ya que, en términos de lo dispuesto en el artículo 200 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, los actores contaban con un plazo de noventa días, contados a partir del día hábil siguiente al en que se les notificó o tuvieron conocimiento o se hicieron sabedores de que tales prestaciones no se les habían pagado, para presentar su demanda por escrito; por lo que, al haberse presentado la demanda laboral el once de julio de dos mil doce, las indicadas prestaciones se encontraban prescritas; por ende, según dijo, los quejosos consintieron tácitamente el hecho de que no se les hayan pagado esas prestaciones, lo que -concluyó la responsable- configuraba la causa de improcedencia prevista en el artículo 74, fracción XI, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

"Esa determinación del tribunal responsable se torna ilegal. En efecto, de la sentencia reclamada se advierte que el tribunal responsable, al fijar el acto impugnado en el juicio natural, consideró que éste consistió en ‘... el cese verbal injustificado, de que fueron objeto los actores el día 5 de julio del año 2012, aproximadamente a las 9:30 horas, en la puerta de entrada y/o salida de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de ********** ...’. Los quejosos demandaron la nulidad de ese acto y, como consecuencia de ello, reclamaron de la autoridad demandada, como pretensiones derivadas de esa acción: a) El pago de la indemnización que corresponda por el monto de tres meses de la retribución que percibían al momento del cese; y, b) El pago de salarios que dejaran de percibir -salarios vencidos (sic)- y que se generaran desde el cese de que fueron objeto y hasta el cumplimiento de la sentencia respectiva. Ésa fue la acción principal intentada por los actores en el juicio de nulidad y las pretensiones derivadas de la misma.

"De la demanda natural, se desprende que los actores hicieron valer otras pretensiones autónomas e independientes de la acción principal, como son el pago de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y despensa familiar, pero no se aprecia que los actores las hayan señalado como actos impugnados en forma destacada y las omisiones del pago de esos conceptos no pueden tener la calidad de actos para los efectos del juicio de nulidad, precisamente, por tratarse de prestaciones que, según los actores, devengaron por la prestación de sus servicios, y el reclamo de su pago lo hacen derivar del incumplimiento de la obligación a cargo de la demandada; por ende, fue incorrecto que el tribunal responsable haya estimado que se configuraba la causa de improcedencia, prevista en el artículo 74, fracción XI, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, precisamente, porque esas prestaciones no tienen la calidad de actos impugnados.

"El artículo 200 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos dispone que prescribirán en noventa días las acciones derivadas de la relación administrativa del servicio de los elementos de las instituciones de seguridad pública que surjan de la propia ley, con excepción de los casos expresamente establecidos; por tanto, la prescripción es la sanción impuesta por la ley al acreedor que por negligencia o deliberada intención no las ejercita en tiempo, demostrando la falta de interés en hacer uso de ese derecho.

"Para ser analizada tal prescripción se requiere, necesariamente, ser invocada por la persona que se vea beneficiada con ella, si se tiene en cuenta que la prescripción no extingue la obligación, sino que crea una excepción para el deudor que no paga en tiempo su obligación. En efecto, cuando se demanda el cumplimiento de una obligación y se opone la excepción de prescripción, el juzgador deberá resolver en su sentencia que la deuda existe, pero que en vista de haber operado la prescripción y haberla opuesto el deudor, no puede condenar al cobro de la obligación exigida, es decir, es hasta el momento en que se pronuncia la sentencia en este sentido, cuando la acción queda extinguida, pero la acción no la extingue por sí sola la prescripción, sino que precisa de una declaración judicial en tal sentido.

"De lo anterior se obtiene que la prescripción crea una excepción para el deudor, y por excepción debe entenderse como la oposición que el demandado formula frente a la demanda, ya sea como un obstáculo definitivo o provisional a la actividad provocada -mediante el ejercicio de la acción ante el órgano jurisdiccional-, para contradecir el derecho material que el actor pretende hacer valer, con el objeto de que la sentencia que ha de pronunciarse y que ponga fin a la relación procesal, lo absuelva totalmente o de manera parcial.

"En consecuencia, para que la prescripción fuera estudiada en la sentencia reclamada, era necesario que la opusiera la autoridad demandada a quien se atribuye el incumplimiento de las prestaciones que, según los actores, devengaron por la prestación de sus servicios y no les fueron cubiertas por aquélla, porque la prescripción es una de las excepciones enfocadas a destruir la acción o la pretensión del actor; de tal suerte que, si no se opone esa excepción, no se genera controversia sobre las prestaciones reclamadas; en vía de consecuencia, la prescripción no puede ser analizada en el fallo reclamado, de oficio, por el tribunal responsable; lo cual es acorde, incluso, con lo previsto en el artículo 120 de la Ley de Justicia Administrativa, conforme al cual la sentencia debe contener la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos.

"De la contestación de la demanda se advierte que las demandadas no opusieron la excepción de prescripción, en términos de lo dispuesto en el artículo 200 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos;(2) incluso, no opusieron excepción de prescripción alguna, pues al dar contestación a la demanda, simplemente se limitaron a señalar de manera reiterada que las prestaciones reclamadas por los actores resultaban improcedentes e infundadas, debido a que ellos -demandados-, al igual que los actores, son trabajadores del Ayuntamiento Municipal de **********; por tanto, no son autoridad facultada ni autorizada para realizar el acto que ‘... se impugna ...’ que, en todo caso, debieron haber requerido a ‘... nuestro patrón, el H. Ayuntamiento municipal de ********** ...’ (fojas de la 53 a la 58)

"En consecuencia, si los demandados no se excepcionaron, en el sentido de que las prestaciones reclamadas por los actores, consistentes en el pago de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y despensa familiar se encontraran prescritas, en términos de lo dispuesto en el artículo 200 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos; entonces, como bien lo aducen los quejosos, la autoridad responsable no estaba en condiciones de abordar, en forma oficiosa, el análisis sobre la prescripción de tales prestaciones, por no haberla hecho valer oportunamente las demandadas, lo cual era requisito sine qua non para entrar al estudio de la prescripción; de ahí que fue incorrecto que se absolviera a los demandados del pago de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, todos por los años dos mil diez y dos mil once; así como al pago de despensa familiar, anterior al mes de abril de dos mil doce ..."

III. Amparo directo administrativo **********, resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito el veinte de septiembre de dos mil trece.

El quejoso impugnó en esa vía constitucional la sentencia definitiva dictada el diecinueve de marzo de dos mil trece, en el expediente administrativo **********, por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos.

El Tribunal Colegiado de Circuito, al estudiar lo relativo al análisis que de las prestaciones reclamadas por el actor en el juicio de nulidad llevó a cabo la autoridad responsable, calificó de fundados los conceptos de violación y señaló, textualmente, lo siguiente:

"Ahora bien, no obstante la violación procesal precisada, se estima pertinente, analizar los argumentos del quejoso en cuanto al fondo del asunto, encaminados a señalar que la responsable abordó de manera oficiosa la prescripción de las prestaciones reclamadas, consistentes en el pago de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y despensa familiar, en términos del artículo 200 de Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado, no obstante que las autoridades demandadas no opusieron la excepción correspondiente; los cuales se estiman fundados.

"En efecto, de la sentencia reclamada se advierte que la responsable, al analizar las prestaciones destacadas, esencialmente, señaló que el pago proporcional de aguinaldo del año dos mil siete, a partir del uno de julio de ese año, fecha en la que ingresó a prestar sus servicios el actor, todo el año dos mil ocho, dos mil nueve y dos mil diez, resultaba improcedente, porque esa prestación no se demandó dentro del término de noventa días naturales que establece el artículo 200 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado.

"Señaló la responsable, que esa circunstancia se analizaba de oficio en términos del artículo 75 de la Ley de Justicia Administrativa vigente en el Estado; que se actualizaba la improcedencia prevista en el artículo 74, fracción XVII, en relación con el 36, fracción VII, de la Ley de Justicia Administrativa vigente, y con el artículo 200 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado.

"De igual forma, se pronunció respecto a las prestaciones consistentes en el pago de vacaciones proporcionales y prima vacacional del año dos mil siete, a partir del uno de julio de ese año, fecha en la que ingresó a prestar sus servicios el actor, el año dos mil ocho y dos mil nueve; las cuales declaró improcedentes por haber prescrito el derecho del actor a reclamarlas en términos del numeral citado.

"Asimismo, la responsable declaró improcedente la prestación consistente en el pago de la despensa familiar mensual a razón de siete salarios mínimos, del uno de julio de dos mil siete, en que ingresó a prestar sus servicios el actor, al mes de diciembre de dos mil siete, el año dos mil ocho, dos mil nueve y dos mil diez; en virtud de que esas prestaciones no fueron demandadas en el término de un año que establece el artículo 104 de la Ley del Servicio Civil del Estado.

"Sin embargo, se estima que fue incorrecto el proceder de la responsable al abordar el estudio de la prescripción de las prestaciones a comento de manera oficiosa, puesto que las autoridades demandadas no lo hicieron valer al momento de contestar la demanda en su contra.

"En efecto, de la contestación de demanda formulada por las autoridades demandadas no se advierte que hayan opuesto la excepción de prescripción ni en lo particular ni en lo general, de ahí que, si la responsable, al determinar la cuantía de las prestaciones reclamadas, consistentes en aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y despensa familiar, se pronunció en el sentido de que resultan improcedentes en los términos antes destacados, ello resulta conculcatorio de los derechos del quejoso, pues tal como lo refiere, si no se opuso la excepción, no fue correcto que invocara a favor de las demandadas en forma oficiosa esa circunstancia, pues ello implica suplir la deficiencia de la quejosa (sic), lo cual no es procedente.

"Al respecto, por analogía, se cita la tesis:

"‘Novena Época

"‘Registro: 186748

"‘Instancia: Segunda Sala

"‘Jurisprudencia

"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"‘Tomo XV, junio de 2002

"‘Materia: laboral

"‘Tesis: 2a./J. 48/2002

"‘Página: 156

"‘PRESCRIPCIÓN EN MATERIA LABORAL. LA PARTE QUE LA OPONGA DEBE PARTICULARIZAR LOS ELEMENTOS DE LA MISMA, PARA QUE PUEDA SER ESTUDIADA POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. La excepción de prescripción es una institución jurídica de orden público recogida por el derecho laboral en beneficio del principio de certeza y seguridad jurídica, misma que no se examina de manera oficiosa, puesto que requiere la oposición expresa de la parte interesada, lo cual es particularmente necesario en derecho laboral cuando la hace valer el patrón, cuya defensa no debe suplirse, además de que la Ley Federal del Trabajo, en los artículos 516 a 522, establece un sistema complejo de reglas de prescripción con distintos plazos, integrado por un conjunto de hipótesis específicas que es complementado por una regla genérica, lo que evidencia que cuando la excepción se basa en los supuestos específicos contemplados en la ley, requiere que quien la oponga proporcione los elementos necesarios para que la Junta los analice, tales como la precisión de la acción o pretensión respecto de la que se opone y el momento en que nació el derecho de la contraparte para hacerla valer, elementos que de modo indudable pondrán de relieve que la reclamación se presentó extemporáneamente y que, por ello, se ha extinguido el derecho para exigir coactivamente su cumplimiento, teniendo lo anterior como propósito impedir que la Junta supla la queja deficiente de la parte patronal en la oposición de dicha excepción, además de respetar el principio de congruencia previsto en el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, que le obliga a dictar los laudos con base en los elementos proporcionados en la etapa de arbitraje.

"‘Contradicción de tesis 61/2000-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Segundo del Noveno Circuito, Primero del Décimo Sexto Circuito y los Tribunales Colegiados Cuarto y Séptimo en Materia de Trabajo del Primer Circuito y Segundo en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito. 17 de mayo de 2002. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Sofía Verónica Ávalos Díaz.

"‘Tesis de jurisprudencia 48/2002. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veinticuatro de mayo de dos mil dos.’."

CUARTO. Existencia y estructuración de la contradicción de tesis.

I. Cuestiones previas.

1. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que es necesaria la reunión de los siguientes supuestos para que exista contradicción de tesis: a) Dos o más ejecutorias en las que se adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales; y, b) Que la diferencia de criterios emitidos en esas ejecutorias se presente en las consideraciones, razonamientos o respectivas interpretaciones jurídicas.

Es aplicable la jurisprudencia P./J. 72/2010, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25305-e8eefbb2/prescripcion-prevista-en-el-articulo-200-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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