Corpus
Modo: Corpus Pro

PRESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA DICTADA EN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EL JUEZ NO DEBE ANALIZARLA DE OFICIO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 51/2016. · Registro digital (IUS): 26980
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: SUSCITADA ENTRE EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I, Pág. 265.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 51/2016. SUSCITADA ENTRE EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 17 DE AGOSTO DE 2016. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, EN CUANTO AL FONDO. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIA: MÓNICA CACHO MALDONADO.

III. Competencia y Legitimación

5. Competencia. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal -aplicado en términos del criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis I/2012 de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."(5)- y el artículo 226, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los puntos segundo, fracción VII, y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos Circuitos Judiciales Federales.

6. Además, se surte la competencia de esta Primera Sala, en virtud de que el probable tema de la presente contradicción es materia civil, especialidad de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 37 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

7. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, al haber sido formulada por la Magistrada presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito. Por tanto, formalmente se actualizó el supuesto de legitimación previsto en los artículos (sic) 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Federal y el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo.

IV. Existencia de la contradicción

8. Conforme a lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la mecánica para abordar el análisis sobre la existencia de las contradicciones de tesis no necesita pasar por el cumplimiento irrestricto de los requisitos establecidos en la jurisprudencia número P./J. 26/2001 (9a.), emitida por el Tribunal Pleno, cuyo rubro dice: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.",(6) puesto que dicho criterio fue ya interrumpido. Una nueva forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos debe radicar en la necesidad de unificar criterios y no en la de comprobar que se reúnan una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados.

9. Por ello, para comprobar la existencia de una contradicción de tesis es indispensable determinar si existe una necesidad de unificación; es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto del mismo. En esa línea de pensamiento, si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios, y si el problema radica en los procesos de interpretación -que no en los resultados- adoptados por los tribunales contendientes, entonces es posible afirmar la existencia de una contradicción de tesis cuando se cumplen los siguientes requisitos:

a. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general;

c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

10. El discernimiento expuesto, es tomado y resulta complementario del criterio sustentado por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 72/2010 (9a.), de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.".(7) La jurisprudencia antes citada está encaminada a proporcionar certidumbre en las decisiones judiciales y dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional.

11. Por otro lado, cabe señalar que aun cuando solamente uno de los criterios contendientes constituye tesis aislada debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer, siendo aplicable la tesis P. L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.", emitida por el Pleno de esta Suprema Corte.(8)

12. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Sala, los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se advierte en las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados que participan en esta contradicción de tesis, tal como se verá a continuación.

Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito (amparo en revisión **********)

13. Derivado de un incidente de liquidación de sentencia de juicio ejecutivo mercantil fundado en un título de crédito, **********, parte demandada y vencida en juicio, por su propio derecho, presentó demanda de amparo indirecto el veintidós de octubre de dos mil doce, en contra de la sentencia dictada el veintiocho de agosto de dos mil doce por la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Esencialmente, el quejoso sostuvo que la autoridad responsable debió analizar de oficio la prescripción de la ejecución de la sentencia que la parte actora pretendía ejecutar.

14. El veinticinco de enero de dos mil trece, el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Puebla celebró audiencia constitucional y dictó sentencia, mediante la cual negó el amparo solicitado.

15. Inconforme, el quejoso presentó recurso de revisión, del cual, por razón de turno, correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. Dicho tribunal dictó sentencia el cuatro de julio de dos mil trece, revocó la sentencia de primera instancia constitucional y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al justiciable.

16. En dicha ejecutoria, el órgano jurisdiccional determinó que, como lo adujo el quejoso, la autoridad responsable debió advertir de oficio la prescripción de la ejecución de la sentencia dictada en el juicio natural, a pesar de que el interesado no lo hubiere hecho valer cuando se le dio vista del incidente para así formular alegatos.

17. El Tribunal Colegiado sostuvo que del artículo 1079, fracción IV, del Código de Comercio, así como de la jurisprudencia 1a./J. 99/2010 de esta Sala,9 se desprende que el plazo para ejecutar una sentencia pronunciada en un juicio ejecutivo mercantil es de tres años. Además, destacó que el diverso artículo 1397 del mismo código, el cual señala las excepciones que pueden formularse en contra de la ejecución de una sentencia, no hace alusión a la excepción de prescripción de la sentencia o su ejecución.

18. Del análisis de ambos dispositivos, el colegiado concluyó que la prescripción debe analizarse de oficio por la autoridad jurisdiccional, al no encontrarse sometida al principio dispositivo ni de justicia rogada, que significa que sólo puede hacerse valer por el interesado, en tanto que en el propio Código de Comercio no otorga a los demandados la oportunidad de que dicha figura se oponga como excepción y, por el contrario, el numeral 1397 del código lo impide, por contener un número limitado de excepciones que pueden oponerse contra la ejecución de una sentencia mercantil.

19. El Colegiado determinó que, corresponde al juzgador analizar si es que en los procedimientos de ejecución de las sentencias, se ha dado o no la prescripción de las mismas, sea que lo soliciten o no las partes, lo que obedece a su papel como rector del procedimiento, conforme al cual le corresponde velar porque los juicios de su conocimiento no queden inconclusos o indefinidamente suspendidos. De afirmar lo contrario -continuó- la culminación de ese procedimiento se pospondría en forma indeterminada a voluntad de las partes, porque su terminación se daría hasta que alguna solicite se lleve a cabo la ejecución o bien que se declare prescrita, empero, con ello indiscutiblemente se vulneraría el principio de seguridad jurídica, en la medida en que no se tendría certeza respecto de la vigencia de la ejecución de la sentencia en contraposición a lo que dispone el artículo 1079.

20. El Colegiado distinguió el caso de aquellos en los cuales se aduce la prescripción de la acción cambiaria. Precisó que el artículo 8o., fracción X, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito establece la prescripción como excepción oponible a la acción cambiaria y, por ende, aquélla sí se encuentra sometida al principio de justicia rogada, de forma tal que sólo puede hacerse valer por el interesado y por cada uno de los demandados cuando hubiere pluralidad de ellos. Sin embargo, reiteró que en el caso de la prescripción de la ejecución de sentencias, al no estar ésta prevista como excepción oponible, en términos del artículo 1397 del Código de Comercio, es posible analizarla oficiosamente.

21. Del mismo modo, señaló que si bien el artículo 1403, fracción III, del Código de Comercio admite la excepción de prescripción en los juicios ejecutivos mercantiles, esto es en referencia a la acción cambiaria directa que por esa vía se intenta, pero no establece la procedencia, como violación procesal, de la prescripción de la ejecución de sentencia donde lo que se extingue es el derecho a ejecutar el fallo y no la acción.

22. El criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito dio lugar a la tesis VI.2o.C.33 C (10a.), de rubro y texto siguientes:

"PRESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EN MATERIA MERCANTIL. EL JUEZ PUEDE ANALIZARLA DE MANERA OFICIOSA, SIN QUE CON ELLO SE VULNEREN LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DISPOSITIVO QUE RIGEN ESE PROCEDIMIENTO.-De la interpretación correlacionada de la fracción IV del artículo 1079 y el numeral 1397 del Código de Comercio se advierte que la prescripción de la ejecución de la sentencia de un juicio ejecutivo mercantil es una figura procesal que no puede ser opuesta como excepción sino que, en todo caso, corresponde al juzgador del conocimiento pronunciarse sobre el particular incluso, de manera oficiosa, sin que con ello se vulneren los principios de congruencia y dispositivo que rigen el procedimiento mercantil, debido a que, por un lado, de los mismos artículos no se observa que al interesado le corresponda hacer valer, vía excepción, la prescripción de que se habla y con ello propiciar que se dirima esa cuestión, pues dicha figura no se trata de una excepción procesal a la que le sea aplicable el principio de justicia rogada y, en consecuencia, tampoco puede decirse que de analizarse oficiosamente se viole el principio de congruencia rector del procedimiento, dado que no constituye un tema que a fin de ser resuelto deba hacerse en forma específica a través de una excepción procesal. Entenderlo de otra manera implicaría contravenir el principio de seguridad jurídica, en la medida en que no se tendría certeza respecto de la vigencia de la ejecución de la sentencia en contraposición a lo que dispone el primero de los citados numerales, en cuanto a que ésta será de sólo tres años."(10)

Criterio del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito (amparo en revisión **********)

23. El veintiocho de octubre de dos mil catorce, derivado de un juicio ejecutivo mercantil fundado en un título de crédito, la endosataria en procuración de **********, parte actora en el juicio de origen, presentó un escrito por medio del cual solicitó revocar al depositario judicial del bien embargado y señaló uno diverso.

24. Por auto de doce de noviembre de dos mil catorce, el Juez de la causa no acordó de conformidad lo solicitado y declaró que en dicho proceso había operado en perjuicio de la parte actora la prescripción para la ejecución de la sentencia definitiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1079, fracción IV, del Código de Comercio.

25. Inconforme, la parte actora interpuso recurso de revocación, el cual fue resuelto el dieciocho de febrero de dos mil quince por el Juzgado Primero de lo Civil del Partido Judicial del Estado de Baja California, el cual declaró improcedente el recurso de revocación intentado.

26. En contra de dicha resolución, el veintiséis de marzo siguiente, el actor interpuso demanda de amparo, de la cual tocó conocer al Juez Quinto de Distrito en el Estado de Baja California. Dicho juzgador federal celebró audiencia constitucional y dictó sentencia el veintiocho de mayo de dos mil quince, mediante la cual negó el amparo solicitado.

27. El quejoso presentó recurso de revisión, del cual, por razón de turno, correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito. Dicho tribunal dictó sentencia el diecisiete de diciembre de dos mil quince, revocó la sentencia de primera instancia constitucional y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al justiciable. Además, en dicha resolución, el pleno del Tribunal Colegiado acordó denunciar la contradicción de tesis que nos ocupa.

28. En dicha ejecutoria, el órgano jurisdiccional sostuvo que, como lo adujo el quejoso, el Juez responsable no se encontraba facultado para decretar oficiosamente la prescripción de la ejecución de la sentencia condenatoria dictada en el juicio de origen.

29. Con base en lo sustentado por esta Primera Sala, al resolver la contradicción de tesis 113/2015, el Tribunal Colegiado sostuvo que el juicio ejecutivo mercantil es un proceso que pertenece al derecho privado, en el que rige el principio dispositivo, por lo que la litis en el mismo es de tipo cerrado y por regla general se limita la intervención oficiosa del juzgador a cuestiones estrictamente relacionadas con la procedencia de la acción o excepcionalmente consideradas indispensables por el legislador para que el actor obtenga sentencia favorable, o bien cuando deba ejercer control difuso de constitucionalidad.

30. Además, el Colegiado sostuvo que, resulta útil atender a la distinción funcional que existe entre las excepciones propias y las impropias en el derecho procesal civil, pues mientras las excepciones propias se componen de hechos que por sí mismos no excluyen la acción, por lo que responden al principio de justicia rogada y deben ser planteados y probados por el demandado, las llamadas excepciones impropias se componen de hechos que por sí solos sí excluyen la acción, por lo que una vez que consta en autos la prueba de tales hechos, el Juez tiene el deber de estimar de oficio la exclusión de la acción, aunque el demandado no lo haya invocado.

31. El colegiado explicó que la excepción de prescripción del título de crédito o de la acción cambiaria directa es una excepción "propia", en tanto que no se funda en un hecho que por sí solo excluya la acción, sino que involucra hechos que deben ser allegados y probados en el juicio, por lo que debe hacerse valer por el demandado para poder ser considerada por el juzgador.

32. De lo anterior, el Tribunal Colegiado desprendió que la sola apreciación que pudiera hacer de oficio el juzgador respecto del tiempo transcurrido en relación con las reglas generales previstas en la ley para que opere la prescripción de la acción cambiaria derivada de títulos de crédito, resultaría insuficiente para resolver sobre la extinción del derecho, a menos que se impusiera al actor la carga de ocuparse de justificar y acreditar las condiciones, circunstancias o hechos por los cuales no se encuentra prescrito su derecho, siendo que esto último es contrario a la intención manifiesta del legislador al diseñar el juicio ejecutivo mercantil. El Colegiado hizo extensivas dichas consideraciones a la prescripción de la ejecución de una sentencia condenatoria dictada en un juicio ejecutivo mercantil.

33. Para el Colegiado, tratándose de la ejecución de sentencia, la oposición del demandado sólo debe atender a las excepciones que expresamente permite la ley para este tipo de procedimientos y, en consecuencia, debe concluirse que los Jueces de primera instancia no están facultados para decretar oficiosamente la prescripción del derecho del actor para ejecutar una sentencia, pues la vigencia del derecho relativo se finca en la sola existencia de ésta. El tribunal precisó que no podría ser exigible al actor que justifique de manera adicional o complementaria ese derecho ni que el mismo está vigente, pues de estimar lo contrario, se impondría a los acreedores-actores la carga procesal de justificar de manera adicional o complementaria a su solicitud, las circunstancias o condiciones por las que se considera y acredita que su derecho no está prescrito.

34. Sustentó su determinación en las jurisprudencias 1a./J. 81/99 y 1a./J. 9/2014, de rubros: "PRESCRIPCIÓN, EXCEPCIÓN DE. SÓLO OPERA RESPECTO DEL CODEMANDADO QUE LA HACE VALER, NO ASÍ POR LOS DEMÁS, EN EL JUICIO EN QUE SE DEDUCE LA ACCIÓN CAMBIARIA DIRECTA.";(11) y "ACCIÓN CAMBIARIA. LOS PAGOS PARCIALES ASENTADOS AL REVERSO DEL TÍTULO DE CRÉDITO (CHEQUE), NO SON SUFICIENTES PARA DESVIRTUAR LA PRESCRIPCIÓN DE AQUÉLLA, A MENOS QUE EL ACTOR DEMUESTRE LA VERACIDAD DE LOS MISMOS."(12)

35. Segundo requisito: razonamiento y diferendo de criterios interpretativos

36. Esta Primera Sala considera que el segundo requisito queda cumplido en el presente caso, ya que los ejercicios interpretativos realizados por los tribunales contendientes giraron en torno a una misma cuestión jurídica, a saber: si los Jueces pueden analizar de oficio la prescripción del derecho de ejecución de una sentencia dictada en un juicio ejecutivo mercantil.

37. Por una parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, del análisis conjunto de los artículos 1079, fracción IV, y 1397 del Código de Comercio, concluyó que los juzgadores deben analizar de oficio la prescripción de la ejecución de una sentencia dictada en un juicio ejecutivo mercantil, ya que la prescripción no es susceptible de ser planteada como excepción y, de no hacerlo, se contravendría el principio de seguridad jurídica, en la medida en que no se tendría certeza respecto de la vigencia de la ejecución de la sentencia.

38. Por otra parte, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito aplicó analógicamente lo resuelto en la contradicción de tesis 113/2015, y concluyó que los juzgadores no se encuentran facultados para decretar oficiosamente la prescripción de la ejecución de una sentencia dictada en juicio ejecutivo mercantil, pues ello sería violatorio del principio de justicia rogada e impondría a los actores la carga procesal de justificar las circunstancias y condiciones por las cuales consideran que su derecho no está prescrito.

39. Notoriamente, ambos tribunales contendientes abordaron una misma cuestión jurídica y arribaron a conclusiones divergentes. Por ende, se hace necesario que esta Primera Sala defina la cuestión.

40. Tercer requisito: elementos constitutivos de la hipótesis y surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción.

41. A partir de lo anterior, es posible concluir que los puntos de vista de los tribunales contendientes, al reflejar contradicción en sus consideraciones y razonamientos, pueden dar lugar a la formulación de la siguiente pregunta:

• ¿Está permitido a los juzgadores analizar de oficio la prescripción del derecho de ejecución de una sentencia dictada en un juicio ejecutivo mercantil?

V. Criterio que debe prevalecer

42. Consideraciones de la resolución. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio de que el transcurso del plazo de prescripción previsto en el artículo 1079, fracción IV, del Código de Comercio para pedir la ejecución de una sentencia dictada en juicio ejecutivo, genera una acción o una excepción a favor del ejecutado cuyo análisis, en consecuencia, sólo procede a petición de parte y no de oficio por parte del Juez, como se demuestra enseguida.

43. En el Código Civil Federal, supletorio al de Comercio, la prescripción negativa se define como un medio para librarse de obligaciones por no exigirse su cumplimiento en el transcurso de cierto tiempo, y bajo las condiciones establecidas en la ley (artículos 1135 y 1136).

44. Tanto en materia civil como en materia mercantil, la prescripción negativa supone la extinción de la eficacia de una determinada pretensión por no haber sido ejercitada en juicio dentro del plazo legal dispuesto para tal efecto.(13) Esta pérdida de eficacia es consecuencia de la inercia o inactividad del titular del derecho sustantivo -pretendido o efectivamente existente- durante un cierto espacio de tiempo establecido en ley -término prescriptivo-. Para que opere la prescripción negativa, por tanto, se requiere el silencio o la inacción del acreedor durante el tiempo señalado por la ley.

45. Esta institución se ha justificado en la necesidad de poner término a las situaciones de incertidumbre en el ejercicio de los derechos y en la presunción de abandono por parte de su titular. La inactividad, el silencio o falta de ejercicio del derecho constituye el fundamento de la prescripción extintiva por ser contrario al interés social una prolongada situación de incertidumbre jurídica.(14)

46. En ese sentido, se ha dicho que con la prescripción se evita la existencia de una eterna "espada de Damocles" pendiente siempre sobre las relaciones jurídicas;(15) y que sin la prescripción, ningún deudor podría estar tranquilo, ni aun después de haber pagado el importe de su crédito, si por desgracia se hubiera perdido el documento que acredita el pago o se hubiera destruido por un caso fortuito.(16)

47. También se le concibe como una sanción al acreedor, por su falta de diligencia en exigir el cumplimiento de las obligaciones a su favor.

48. Es importante aclarar que por virtud de la prescripción negativa la obligación no se extingue de pleno derecho por el simple transcurso del tiempo y la inacción del acreedor, sino que se genera a favor del deudor un medio para verse librado de la obligación, de modo que si no obstante el tiempo transcurrido el deudor la cumple, esto constituye un pago correctamente efectuado; y si pretendiera hacer valer la acción de pago de lo indebido, dicha acción no prosperaría: La prescripción no opera de pleno derecho. Debe ser opuesta por el deudor, que no queda liberado mientras no juzgue conveniente servirse de este medio de defensa. Se deduce de ello una consecuencia notable; es que si el deudor renuncia al beneficio de la prescripción y paga voluntariamente su deuda, el acto es un pago y no una donación.(17)

49. Se trata, por tanto, de una institución establecida en beneficio del deudor, quien puede decidir si se ampara en el plazo de prescripción para verse librado de la obligación respectiva, o bien, si no lo hace y procede a realizar el pago respectivo.

50. Es por lo anterior que la prescripción genera una acción o una excepción perentoria(18) a favor del deudor, de modo que para hacerla valer necesariamente se requiere de su formulación ante el Juez, sea en vía de acción o en vía de excepción.

51. De lo anterior se deduce que, el Juez no puede considerarla de oficio. Además, porque no bastaría advertir el transcurso del tiempo fijado en la ley, sino que requiere exponer los hechos en que se funda ante el Juez para dar oportunidad al acreedor de controvertir sobre las diversas condiciones necesarias para actualizar la prescripción; por ejemplo, si la obligación es prescriptible, si el cómputo del plazo se hizo correctamente, cuál es su punto inicial y cuál el final, si tuvo lugar algún supuesto de suspensión o de interrupción del plazo de prescripción, etcétera. Y, por esto, es menester que el deudor interesado en que se declare prescrito el derecho a ejecutar, exponga los hechos en que se sustenta su pretensión y, en su caso, señale y aporte las pruebas atinentes, para que el acreedor esté en aptitud de hacer lo propio.(19)

52. De ahí que, como excepción, la de prescripción no cabe ubicarla dentro de la categoría de lo que en la jurisprudencia de esta Sala(20) se ha identificado como "excepciones impropias", que se componen de hechos que por sí solos excluyen la acción por referirse a hechos impeditivos, modificativos o extintivos de las relaciones jurídicas que por razones de interés público pueden o deben ser invocados oficiosamente por los órganos jurisdiccionales, por lo que una vez que consta en autos la prueba de tales hechos, el Juez tiene el deber de estimarlos de oficio, aunque el demandado no lo haya invocado. Se incluye más bien en la categoría de las llamadas excepciones propias, cuyos hechos no excluyen por sí mismos las (sic) acción, porque involucra la demostración de diversas condiciones que pueden resultar controvertidas entre las partes (acreedor y deudor) referidas en el párrafo anterior, de modo que responden al principio de justicia rogada y deben ser planteados y probados por el demandado.

53. En consecuencia, al ser la prescripción una institución por la cual el deudor puede verse librado de su obligación, sea en vía de acción o en vía de excepción perentoria y propia, la misma no puede ser invocada de oficio por el juzgador, sino que debe ser analizada por éste únicamente a petición de parte.(21)

54. El régimen general de la prescripción negativa en materia mercantil está regulada en el Título Segundo del Libro Cuarto del Código de Comercio -artículos 1038 a 1048-. El artículo 1047 del propio Código(22) establece un término general de diez años para la prescripción, aunque los diversos artículos 1043,(23) y 1045,(24) establecen un término más corto sobre supuestos específicos.

55. Asimismo, se prevén los supuestos en que opera la interrupción del plazo de prescripción.(25)

56. En relación con la ejecución de sentencias, el artículo 1079, fracciones IV y V, del Código de Comercio, establece los siguientes plazos de prescripción:

"Artículo 1079. Cuando la ley no señale término para la práctica de algún acto judicial, ó para el ejercicio de algún derecho, se tendrán por señalados los siguientes:

"...

"IV. Tres años para la ejecución de sentencias en juicios ejecutivos y demás especiales que se prevean en las leyes mercantiles y de los convenios judiciales celebrados en ellos;

"V. Cinco años para la ejecución de sentencias en juicios ordinarios y de los convenios judiciales celebrados en ellos, y..."

57. En efecto, aunque dicho precepto se encuentra dentro del capítulo relativo a los términos judiciales, esta Primera Sala ha establecido que se trata de plazos de prescripción, porque el derecho de ejecución se considera de carácter sustantivo.(26)

58. En consecuencia, da lugar a una acción o a una excepción perentoria a favor del ejecutado, quien debe determinar si se acoge a ella o no, sin que resulte válido su análisis de oficio por el Juez.

59. No obsta a lo anterior el contenido del artículo 1397 del Código de Comercio,(27) en que no se prevé expresamente a la prescripción dentro de las excepciones admisibles contra una sentencia ya que, en primer lugar, ese precepto no se refiere precisamente a las excepciones oponibles a la ejecución de una sentencia dictada en el juicio ejecutivo mercantil, sino a las que resultan admisibles frente a la demanda en un juicio ejecutivo mercantil, a la que se acompaña como título ejecutivo una sentencia ejecutoriada.

60. En efecto, dicha disposición se ubica dentro del Título Tercero, de los Juicios Ejecutivos, en cuyo primer artículo, el 1391, se enlistan los documentos que traen aparejada ejecución y que pueden dar lugar a esa clase de procedimientos, entre ellos, la sentencia ejecutoriada o pasada en autoridad de cosa juzgada y la arbitral que sea inapelable (fracción I). En los siguientes artículos 1392 a 1396 se establece el procedimiento a seguir una vez que el Juez recibe la demanda, en el cual, una vez verificado que el documento fundatorio tiene carácter de título ejecutivo, se proveerá el auto de ejecución contra el demandado, para requerirle el pago y, en su caso, embargarle bienes suficientes; y finalmente, emplazarlo al juicio ejecutivo mercantil. Por tanto, en el siguiente artículo, el 1397, al hablar de que si se trata de sentencia se admitirán ciertas excepciones, se está refiriendo a las que p

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26980-9873d984/prescripcion-de-la-ejecucion-de-una-sentencia-dictada · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.