INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. SU PROMOCIÓN INTERRUMPE EL PLAZO DE 3 AÑOS PREVISTO POR EL ARTÍCULO 1079, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, PARA EJECUTAR LA SENTENCIA QUE HA CAUSADO ESTADO, DICTADA EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA OCTAVA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CANCÚN, QUINTANA ROO Y CUARTO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS DANIEL SÁNCHEZ MONTALVO, MANUEL DE JESÚS ROSALES SUÁREZ, IRMA CAUDILLO PEÑA Y JORGE MASON CAL Y MAYOR. PONENTE: MANUEL DE JESÚS ROSALES SUÁREZ. SECRETARIO: JOSÉ EMILIO BALLINAS RAMOS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Este Pleno del Vigésimo Circuito es competente para resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III y décimo primero transitorio, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y primero transitorio del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado el veintisiete de febrero de dos mil quince, en el Diario Oficial de la Federación, por tratarse de una denuncia de contradicción de tesis entre las sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito ubicados dentro de la circunscripción territorial de este Pleno del Vigésimo Circuito.
Apoya a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 3/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de febrero de dos mil quince a las 9:00 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 15, Tomo II, febrero de 2015, página 1656, registro digital: 2008428, de título, subtítulo y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AUXILIAR, EN APOYO DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, Y UN TRIBUNAL COLEGIADO DEL MISMO CIRCUITO. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE AQUÉLLA EL PLENO DE ESE CIRCUITO Y, SI NO EXISTE, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Los Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares tienen jurisdicción en todo el territorio de la República Mexicana y, sin modificar su sede territorial, brindan apoyo a los Tribunales Colegiados de Circuito durante un determinado periodo, concluido el cual pueden auxiliar a otros, por lo que su competencia se modifica en razón del órgano jurisdiccional al que auxilie, así como de los expedientes y el lapso en el que brinden su apoyo. Ahora, aun cuando los Tribunales Auxiliares apoyan a órganos de distintos circuitos y cuentan con una competencia restringida, limitada al dictado de la sentencia, al prestar su ayuda a determinado Tribunal Colegiado de Circuito asumen la jurisdicción de éste, lo que implica que el auxiliar tenga que interpretar la normatividad estatal aplicable en dicho circuito. En ese sentido, ya que el Constituyente, el legislador ordinario y el Consejo de la Judicatura Federal establecieron una regla de competencia para decidir las contradicciones de tesis en las que participen Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares, se considera que éstos pertenecen al Circuito del Tribunal Colegiado auxiliado; por tanto, si los Tribunales Colegiados contendientes corresponden a un mismo circuito y a una misma especialidad, el competente para conocer de las contradicciones de tesis que sustenten será el Pleno de Circuito de los Tribunales correspondientes, en el entendido de que si en el circuito de que se trate no existe integrado Pleno, en términos del Acuerdo General 14/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, abrogado por el diverso Acuerdo General 11/2014 del propio órgano, quien debe conocer de la contradicción es esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues debe asumir la competencia para conocer de las contradicciones de tesis en que se actualice el supuesto de referencia, a fin de resolver la cuestión planteada, porque así se otorga certeza jurídica para resolver los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados únicos en un circuito que fueron apoyados en el dictado de resoluciones por un Tribunal Colegiado Auxiliar que asumió su jurisdicción."
SEGUNDO.-La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, al haber sido formulada por los Magistrados integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito, con sede en esta ciudad, acorde con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
TERCERO.-Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que dieron origen a la denuncia de la contradicción, son las siguientes:
1. El entonces Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, con sede en Cancún, Quintana Roo, en sesión de diecisiete de mayo de dos mil trece, al resolver el expediente auxiliar 430/2013, relativo al recurso de revisión 94/2013, del índice del Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en lo que interesa, sostuvo lo siguiente:
"2. Actuaciones que tienden a la ejecución de sentencia
"Aduce la recurrente, en su primer concepto de agravio y una parte del segundo, que el Juez de Distrito no atendió debidamente lo que expuso como concepto de violación, en relación con el artículo 17 constitucional, por las siguientes razones:
"a) Estimó acertado que los incidentes de liquidación promovidos por la actora hacían infundado el recurso de apelación, sin tomar en cuenta que la Sala responsable reconoció que había transcurrido el plazo de tres años desde que se dictó la sentencia definitiva en el juicio ejecutivo mercantil 21/2005.
"b) De las constancias que tuvo a su alcance el Juez de Distrito debió advertir que, a pesar de que la Sala responsable hizo ese reconocimiento de que había transcurrido el plazo prescriptivo, no reasumió jurisdicción para subsanar la irregularidad en que incurrió la Jueza de primera instancia.
"c) El juzgador de amparo debió estimar que ninguna de las actuaciones procesales de la actora es adecuada para suspender los términos prescriptivos establecidos en la ley, porque ninguna impulsa el procedimiento de ejecución de sentencia.
"d) Entonces, el Juez de Distrito indebidamente estimó que no se actualiza la hipótesis del artículo 1079, fracción IV, del Código de Comercio, al determinar que los incidentes aludidos dan impulso al procedimiento de ejecución de sentencia y, al hacerlo así, permitió que la responsable no respetara los plazos de prescripción establecidos en la ley.
"El anterior motivo de disenso es esencialmente fundado en su causa de pedir,(1) como se demostrará enseguida:
"En efecto, tal como ha quedado patente al relatar los antecedentes de la sentencia constitucional recurrida, el tema que se discute desde la interposición del incidente de inejecución de sentencia ante la Jueza primaria y hasta el juicio de amparo indirecto que se revisa, con fundamento en el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, es el consistente en si los incidentes de liquidación de intereses son actuaciones aptas para interrumpir la prescripción prevista por el artículo 1079, fracción IV, del Código de Comercio, cuando existe condena de cantidades líquida e ilíquida.
"Tanto la Jueza de primer grado, como la Sala responsable y el juzgador federal de amparo estiman que esos incidentes constituyen actos tendientes a la ejecución de la sentencia, aptos para interrumpir la prescripción, en virtud de que son actuaciones adecuadas al género de interpelación judicial.
"Por su parte, la quejosa y ahora recurrente sostiene que tales incidentes no son actuaciones que tiendan a la ejecución de la sentencia, porque no conducen directamente hacia el remate o adjudicación de los bienes embargados; de ahí que no puedan interrumpir la prescripción.
"Este órgano colegiado estima que la razón asiste a la recurrente, atentas las siguientes consideraciones:
"En principio, debe decirse que la prescripción negativa es un contraderecho que puede oponerse al derecho sustantivo correspondiente, como medio para liberarse de la acción ejercida en juicio. Se produce cuando un derecho sustantivo no se hace valer, por quien podría hacerlo, durante un tiempo determinado. Si esto sucede, ese derecho es perdido por el titular.
"Ahora, el derecho sustantivo para solicitar la ejecución de una sentencia firme derivada de un juicio ejecutivo mercantil y obtener lo reconocido en ella, puede extinguirse por prescripción si transcurren tres años sin que se haga valer.(2)
"En el juicio ejecutivo mercantil, ese plazo de tres años debe iniciar a contarse desde el día en que la ejecución sea legalmente exigible,(3) esto es, desde que la sentencia cause ejecutoria, porque no pueda recurrirse por ningún medio ordinario o extraordinario de impugnación,(4) puesto que es cuando las obligaciones contenidas en sentencia se encuentran en estado de constituir materia de un procedimiento de ejecución que permita hacer realidad lo decidido.
"Ahora, para estar en aptitud de establecer qué tipo de actuación es apta para interrumpir ese plazo, debe atenderse al tipo de obligaciones generadas por la condena.
"Se esclarece, entonces, que como la ejecución debe realizar, aun por la vía de la fuerza, lo que inicialmente debía cumplir el demandado, la finalidad a la cual debe tender indudablemente esa ejecución es la de conseguir el mismo resultado práctico que se habría obtenido con el cumplimiento espontáneo del obligado, incluso, antes de acudir a juicio.
"En palabras de Piero Calamandrei:(5)
"‘Ya que la finalidad a la cual tiende la garantía jurisdiccional es la de operar en la vida de las relaciones humanas en forma de conseguir, prescindiendo de la voluntad del obligado, el mismo resultado práctico (o un resultado equivalente) que se habría obtenido si la norma jurídica hubiera sido observada voluntariamente, es natural que los medios prácticos con los que la jurisdicción actúa se adapten y se conformen al diverso contenido de las normas jurídicas, de las que, caso por caso, se trata de garantizar la observancia, y de los intereses que, caso por caso, buscan, en la observancia de tales normas jurídicas, su satisfacción.’
"De ahí que, si en la sentencia del juicio ejecutivo mercantil que ha causado ejecutoria se establece como condena el pago de cantidades líquida e ilíquida, entonces, para saber qué actos la interrumpen, es menester atender, precisamente, a esas características de la condena.
"Se patentiza pues, en ese supuesto, que por cuanto toca a la cantidad líquida, para conseguir el mismo resultado práctico, consistente en el pago, se necesita únicamente el ejercicio del derecho de su titular ante el órgano jurisdiccional, dado que existe garantía desde el inicio del juicio. Es decir, para su realización necesita únicamente de la voluntad de su titular.
"Por otra parte, en lo que corresponde a la cantidad ilíquida, se requiere hacerla valer incidentalmente, a través de la formulación de la planilla correspondiente, dado que la ejecución de la primera no impide que posteriormente se pida la liquidación de la segunda, ya que el artículo 1348 del Código de Comercio(6) no restringe a reclamar conjuntamente las cantidades determinadas con las indeterminadas.
"En tal virtud, es claro que un incidente de liquidación de intereses se endereza para determinar la parte ilíquida de la sentencia, pero ninguna trascendencia tiene para la parte líquida que es ejecutable desde que la sentencia ha causado ejecutoria.
"Si esto es así, el incidente de liquidación de intereses no resulta apto para interrumpir la prescripción de la parte líquida de la sentencia, porque es innecesario su trámite para que el ejecutante pueda obtener la satisfacción de la condena en esa parte de la sentencia, es decir, para conseguir el mismo resultado práctico, consistente en el pago de la suerte principal.
"Por consiguiente, si el derecho a pedir la ejecución de la parte líquida se encuentra en condiciones de ser ejercitado y, con todo, en lugar de realizar los actos indispensables para hacerlo efectivo, su titular incurre en inercia durante tres años o más, se justifica que, si a su interés conviene, el obligado oponga la excepción de prescripción, dado que la pérdida del derecho de ejecutar la sentencia definitiva ejecutoriada se explica por el abandono de las prestaciones obtenidas. De ahí lo fundado del agravio de la recurrente por lo que concierne a la parte líquida de la sentencia.
"Ahora, sin desconocer que la liquidación de intereses está vinculada con la ejecución de la sentencia, no puede tener el alcance de prorrogar el plazo de prescripción de la suerte accesoria no determinada en cantidad líquida.
"En efecto, el incidente de liquidación de intereses es un acto procesal en un estadio previo a los actos que son propiamente de ejecución de sentencia. Como su finalidad es determinar el importe de la parte ilíquida para obtener una cantidad cierta, no puede sostenerse que conduce directamente a la ejecución de la sentencia en esa parte.
"Aun cuando es menester tramitar ese incidente para que la actora pueda obtener íntegra la satisfacción de las prestaciones condenadas, como su promoción no implica el requerimiento de pago de la cantidad que se determina por virtud del propio incidente, entonces, no es apto para interrumpir la prescripción de la parte ilíquida de la sentencia.
"El hecho de que el Juez de los autos deba avisar a la parte demandada para que manifieste lo que a su interés jurídico convenga sobre la liquidación que formule la parte actora, y que aquélla quede en aptitud de oponerse a la planilla presentada por la ejecutante, no significa un exhorto al ejecutado a que pague la cantidad que, en su caso, sea aprobada.
"Esto es, la controversia en el incidente de liquidación de intereses no está constituida por la determinación de una cantidad incierta y su pago. El litigio incidental está limitado a establecer una cuantía de dinero cierta, como resultado de la comparación del cargo no pagado con la data en que debió pagarse.
"De manera que si la promoción del incidente de liquidación de intereses no constituye un requerimiento del actor que el Juez proyecta hacia el demandado para que cumpla su obligación de pago, entonces, es evidente que no es apto para lograr el mismo resultado práctico que se habría obtenido con el cumplimiento espontáneo del obligado, por cuanto a la parte ilíquida de la condena.
"En consecuencia, el incidente de liquidación de intereses no puede estimarse un tipo de interpelación judicial. De ahí lo fundado del agravio de la recurrente, por lo que concierne a la parte ilíquida de la sentencia.
"Alcanzada la conclusión anterior, es evidente que en el caso enfrentado por la responsable, primero, y por el Juez de Distrito, después, el artículo 1041 del Código de Comercio, no resultaba aplicable, puesto que la promoción del incidente de liquidación de intereses no constituye un tipo de interpelación judicial.
"En efecto, acorde con el artículo mencionado,(7) la prescripción en materia mercantil se interrumpe por los siguientes actos procesales:
"i. Demanda.
"ii. Interpelación judicial hecha al deudor.
"iii. Reconocimiento de las obligaciones.
"iv. Renovación del documento en que se funde el derecho del acreedor.
"Es evidente que el incidente de liquidación de intereses no es propiamente una demanda, ni un reconocimiento de obligaciones ni una renovación de documento. Y, como ya quedó demostrado que tampoco es un tipo de interpelación judicial, entonces, resulta indiscutible que la Jueza primaria del conocimiento no debió aplicar el artículo 1041 aludido. Lo que tiene dos consecuencias:
"Primera. Tal y como lo alegó la recurrente ante el Juez de Distrito, si la sentencia en que fue condenada causó ejecutoria el once de mayo de dos mil cinco, entonces, era exigible desde ese día, por lo que corresponde a la parte líquida.
"En efecto, conforme con la obligación de pago a que fue condenada la demandada, desde esa fecha la parte actora estaba en aptitud de ejecutar la sentencia en su parte líquida, pues, como se dijo, contaba con una garantía, consistente en el embargo de un bien inmueble, para obtener el resultado práctico que buscó satisfacer al iniciar el juicio ejecutivo mercantil.
"Al no hacerlo así, y limitarse a promover incidentes de liquidación de intereses, que no son actuaciones procesales aptas para interrumpir la prescripción de la ejecución de la suerte principal, entonces, no puede estimarse interrumpida la prescripción prevista por el artículo 1079, fracción IV, del Código de Comercio.
"Lo anterior, porque como se dijo, el trámite del incidente de liquidación es irrelevante para la realización práctica de la condena, en cuanto al pago de la suerte principal, dado que ésta ya se encontraba determinada desde el inicio del juicio ejecutivo.
"Segunda. Por lo que incumbe a la parte ilíquida de la condena, había dos derechos a favor de la parte actora:
"1. El derecho a promover la liquidación de los intereses moratorios, mediante el incidente respectivo; y,
"2. El derecho a solicitar la ejecución de la sentencia interlocutoria que acogiera la planilla respectiva.
"Esto es, como los incidentes de liquidación no son una interpelación judicial, entonces, tampoco resultan aptos para interrumpir la prescripción de esa parte de la condena.
"Ahora, como el plazo para liquidar los intereses moratorios no se interrumpió con motivo de los diversos incidentes de liquidación, ya que no son interpelaciones judiciales; entonces, ese plazo corrió íntegro desde el mismo momento en que la sentencia definitiva causó ejecutoria, es decir, desde el once de mayo de dos mil cinco.
"Y ya que la demandada, ahora recurrente, promovió incidente de inejecución de sentencia con base en que habían transcurrido más de tres años desde que causó ejecutoria la sentencia definitiva, entonces, debió estimarse que sólo fueron promovidos en tiempo los incidentes de liquidación de intereses que se propusieron antes del once de mayo de dos mil ocho.
"Así, como los incidentes promovidos en tiempo por la actora sólo fueron necesarios para establecer una cantidad cierta de dinero por concepto de intereses, estos últimos se hicieron exigibles a partir de que causó ejecutoria cada una de las interlocutorias en que se aprobó la correspondiente planilla de liquidación. De ahí que la prescripción para ejecutar esas planillas inició desde el día en que cada una fue aprobada, pues desde ese momento, eran susceptibles de constituir materia de procedimiento de ejecución que permitiera hacer realidad lo decidido por lo que atañe a la parte ilíquida de la condena.
"Ahora, conviene recordar que la actora promovió los siguientes incidentes de liquidación de intereses:
Ver incidentes de liquidación de intereses
"Los anteriores incidentes fueron declarados fundados, con excepción del promovido el cuatro de febrero de dos mil nueve.
"Esto deja clara la fecha en que cada interlocutoria fue exigible para obtener, por la vía de ejecución de sentencia, el mismo resultado práctico que se habría alcanzado con el cumplimiento espontáneo de la obligada en el pago de los intereses moratorios.
"En esas condiciones, resulta evidente que si el derecho a pedir la ejecución de la parte ilíquida se encontró en condiciones de ser ejercitado (porque ya se había establecido la cantidad adeudada) y el titular no realizó los actos idóneos para hacerlo efectivo, durante tres o más años a partir de las fechas en que causaron ejecutoria las sentencias interlocutorias; entonces, al oponerse la excepción de prescripción, por lo que concierne a la parte ilíquida de la condena, debió tomarse en cuenta si se había actualizado para los incidentes promovidos en tiempo. ..."
2. El Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, al resolver el recurso de revisión 71/2015 de su índice, el veintiocho de mayo de dos mil quince, en lo que a esta contradicción de tesis interesa, señaló:
"SEXTO.-Estudio. Los agravios son infundados.
"Es pertinente puntualizar que el estudio de los motivos de inconformidad se hará bajo el principio de estricto derecho, por tratarse de un asunto de naturaleza civil, en el cual, no existe razón para suplir la queja deficiente, ya que el acto reclamado no se fundó en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni por el Pleno del Vigésimo Circuito; tampoco se advierte una violación manifiesta de la ley que haya dejado sin defensa a los inconformes, en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracciones I y VI, de la Ley de Amparo; además, no están involucrados intereses de menores de edad, ni existen datos que permitan advertir objetivamente que el recurrente se encuentra en tal situación de pobreza y marginación que representen una clara desventaja social para su defensa en el juicio, por lo que no se dan las hipótesis de las fracciones II y VII del citado precepto.
"El recurrente aduce que el juzgador federal interpretó erróneamente lo dispuesto por la fracción IV del artículo 1079 del Código de Comercio, y que aplicó indebidamente el numeral 1078 de ese mismo ordenamiento legal, porque ninguna de las actuaciones procesales que realizó la parte actora son adecuadas para suspender los términos prescriptivos de la codificación invocada, pues ninguna impulsó el procedimiento de ejecución de sentencia, toda vez que los incidentes de liquidación de intereses no conducen directamente al remate o adjudicación de los bienes embargados.
"El inconforme agrega que el ordinal 1348 del multicitado código no restringe a reclamar conjuntamente las cantidades determinadas con las indeterminadas, ya que un incidente de liquidación de intereses se endereza para determinar la parte ilíquida de la sentencia, pero ninguna trascendencia tiene para la parte líquida que es ejecutable desde que la sentencia causó ejecutoria; por consiguiente, el incidente de liquidación de intereses no resulta apto para interrumpir la prescripción de la parte líquida de la sentencia.
"Así también, que el mencionado incidente no puede tener el alcance de prorrogar el plazo de tres años para que opere la prescripción, pues no se realiza requerimiento de pago alguno, y acorde con el dispositivo 1041 del Código de Comercio, aquélla se interrumpe solamente por la demanda, la interpelación judicial hecha al deudor, el reconocimiento de las obligaciones y la renovación del documento en que se funde el derecho del acreedor.
"Los sintetizados motivos de disenso son infundados, y para demostrar esta afirmación, es pertinente reproducir el contenido de lo dispuesto por el normativo 1348 del Código de Comercio, que reza:
"‘Artículo 1348. Si la sentencia no contiene cantidad líquida la parte a cuyo favor se pronunció al promover la ejecución presentará su liquidación, de la cual se dará vista por tres días a la parte condenada y sea que la haya o no desahogado, el Juez fallará dentro de igual plazo lo que en derecho corresponda. Esta resolución será apelable en el efecto devolutivo, de tramitación inmediata.’
"Dicho numeral fue objeto de interpretación por parte de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 81/96, de donde emanó la jurisprudencia 1a./J. 35/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, noviembre de 1997, página 126, con el rubro y texto siguientes:
"‘PLANILLA DE LIQUIDACIÓN EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. AUNQUE NO SE OPONGA A ELLA EL CONDENADO, EL JUEZ TIENE FACULTADES PARA EXAMINAR DE OFICIO SU PROCEDENCIA.-Los incidentes de liquidación tienen como objetivo determinar con precisión la cuantía de las prestaciones a que quedaron obligadas las partes en el juicio y así perfeccionar la sentencia en los detalles relativos a esas condenas, que no pudieron cuantificarse en el fallo y son indispensables para exigir su cumplimiento y efectuar su ejecución. Luego, si el Juez es el director del proceso, es obvio que en él recae la responsabilidad de emprender esas funciones, circunstancia que al relacionarla armónicamente con la finalidad del incidente de liquidación y lo dispuesto por el artículo 1348 del Código de Comercio, conduce a estimar que el juzgador está posibilitado legalmente para examinar, de oficio, que la planilla de liquidación presentada por la parte a la que le resultó favorable la sentencia, se ajuste a la condena decretada, aun cuando no medie oposición del vencido, pues tal conducta omisiva no suple las condiciones formales y sustantivas de que requiere el obsequio de la pretensión formulada en la planilla; lo que conlleva a que no es adecuado que se aprueben automáticamente los conceptos contenidos en ésta, sin el previo análisis de su comprobación y justificación, en razón de que el juzgador, al emplear el arbitrio judicial, debe decidir en forma justa, con apoyo en los elementos allegados al juicio y al procedimiento incidental, atendiendo primordialmente a las bases que para ese fin se desprendan de la resolución principal, sin modificarlas, anularlas o rebasarlas, para así respetar los principios fundamentales del proceso, como el de la invariabilidad de la litis, una vez establecida, o el de congruencia, así como la inafectabilidad de las bases de la cosa juzgada.’
"Como se advierte, la aludida Sala de ese Alto Tribunal consideró que los incidentes de liquidación tienen como objetivo primordial determinar con precisión la cuantía de ciertas prestaciones a las que quedaron obligadas las partes en el juicio, para perfeccionar la sentencia en detalles relativos a esas prestaciones que no se pudieron dilucidar en el fallo y que son indispensables para exigir su cumplimiento y efectuar su ejecución.
"En ese contexto, cuando en un juicio ejecutivo mercantil se dicta una sentencia donde se condena al demandado al pago de un importe determinado de dinero por concepto de suerte principal, al pago de los intereses moratorios pactados en el documento base de la acción, así como de los gastos y costas del litigio, es indiscutible que se está en presencia de una condena de cantidad líquidas e indeterminadas.
"De ahí que, si la finalidad del incidente de liquidación será cuantificar y determinar la cantidad por la cual deba despacharse ejecución, resulta obvio que este último sí es un acto vinculado para hacer ejecutable el fallo en comento y, por tanto, con su promoción es susceptible de interrumpir el plazo de tres años para ejecutar una sentencia de un juicio ejecutivo, que estatuye la fracción IV del artículo 1079 del Código de Comercio.
"En ese orden de ideas, si el Juez de Distrito consideró que los diversos incidentes de liquidación y actualización de intereses moratorios que interpuso el actor en el juicio ejecutivo mercantil de origen, interrumpieron el término prescriptivo en comento, tal determinación resultó apegada a derecho.
"Es ilustrativa al respecto, la tesis aislada VII.3o.C.62 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, julio de 2006, página 1223, que invocó el Juez Federal al emitir su fallo, que se comparte, de rubro: ‘INCIDENTES DE LIQUIDACIÓN EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. SON ACTUACIONES QUE IMPULSAN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA CUANDO SE TRATA DE UNA CONDENA ILÍQUIDA DE COSTAS E INTERESES (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1348, 1410 Y 1079, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO).’
"Finalmente, es pertinente destacar que el recurso de revisión 94/2013 -mencionado por el recurrente-, no fue resuelto por este órgano jurisdiccional, sino por el Primer Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Octava Región, con sede en Cancún, Quintana Roo, el cual consideró, en lo que interesa, que:
"• El incidente de liquidación de intereses no es propiamente una demanda, ni un reconocimiento de obligaciones, ni una renovación de documento, mucho menos un tipo de interpelación judicial; y,
"• Los incidentes de liquidación de intereses no son actuaciones procesales aptas para interrumpir la prescripción de la ejecución de la suerte principal y, por ende, no puede estimarse interrumpida la prescripción prevista por el artículo 1079, fracción IV, del Código de Comercio, porque el trámite del aludido incidente es irrelevante para la realización práctica de la condena en cuanto al pago de la suerte principal, dado que ésta ya se encontraba determinada desde el inicio del juicio ejecutivo.
"Sin embargo, el referido criterio no se comparte, pues como se estableció en párrafos anteriores, cuando en un juicio ejecutivo mercantil se dicta una sentencia donde se condena al demandado al pago de un importe determinado de dinero por concepto de suerte principal, al pago de los intereses moratorios pactados en el documento base de la acción, así como de los gastos y costas del litigio, se está en presencia de una condena de cantidad líquidas e indeterminadas, siendo necesario cuantificar y determinar el importe por cual deba despacharse ejecución, que es la finalidad del incidente de liquidación; particularidad por la que este último sí es un acto vinculado para hacer ejecutable el fallo en comento y, por tanto, con su promoción es susceptible de interrumpir el plazo de tres años para ejecutar una sentencia de un juicio ejecutivo, que estatuye la fracción IV del artículo 1079 del Código de Comercio.
"Por consiguiente, con fundamento el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, por conducto del presidente de este tribunal, procede denunciar la posible contradicción de criterios ante el Pleno del Vigésimo Circuito. ..."
CUARTO.-En primer lugar, debe determinarse si existe la contradicción de tesis denunciada, pues este asp
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26148-60a60e9b/incidente-de-liquidacion-su-promocion-interrumpe-el-plazo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. SU INTERPOSICIÓN INTERRUMPE EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE CONDENE AL PAGO DE PRESTACIONES LÍQUIDA (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- PRESCRIPCIÓN DE SENTENCIA DE CONDENA MIXTA DICTADA EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EL PLAZO PARA QUE OPERE COMIENZA DE MANERA DIFERENCIADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN Y PA (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- SENTENCIA DEFINITIVA. EN SU EJECUCIÓN NO OPERA LA PRESCRIPCIÓN DE FORMA INDEPENDIENTE RESPECTO DE ALGUNAS DE LAS PRESTACIONES (LÍQUIDAS O GENÉRICAS), PUES ELLO IMPLICARÍA TRANSGRED (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- PRESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN MATERIA CIVIL. SU PROMOCIÓN LA INTERRUMPE PERO NO LA EXTINGUE (ALCANCES DEL ARTÍCULO 529 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL D (AMPARO EN REVISIÓN)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- EJECUCIÓN DE SENTENCIA O DE CONVENIO ELEVADO A LA CATEGORÍA DE COSA JUZGADA. PRESCRIBE EL DERECHO A TERMINAR EL PROCEDIMIENTO, TANTO EN MATERIA MERCANTIL COMO CIVIL, SI TRANSCURREN (VI.1o.C.66 C (10a.))
- PRESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN MATERIA CIVIL. SU PROMOCIÓN LA INTERRUMPE PERO NO LA EXTINGUE (ALCANCES DEL ARTÍCULO 529 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL D (I.11o.C.42 C (10a.))
- LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA EN MATERIA MERCANTIL. SU PROMOCIÓN NO ESTÁ SUJETA A LA FIGURA JURÍDICA DE LA PRECLUSIÓN, SINO A LA DE PRESCRIPCIÓN NEGATIVA. (VI.2o.C.674 C )
- PRESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN UN JUICIO ORDINARIO MERCANTIL. NO SE INTERRUMPE SI SE PRESENTA UN INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN, QUE DE FONDO NO PROSPERA O SE DENIEGA, AL C (I.10o.C.12 C (10a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis