PRESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN MATERIA CIVIL. SU PROMOCIÓN LA INTERRUMPE PERO NO LA EXTINGUE (ALCANCES DEL ARTÍCULO 529 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL).
AMPARO EN REVISIÓN 223/2013. 17 DE OCTUBRE DE 2013. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: INDALFER INFANTE GONZALES. PONENTE: DANIEL HORACIO ESCUDERO CONTRERAS. SECRETARIO: OCTAVIO ROSALES RIVERA.
CONSIDERANDO:
QUINTO. En el presente considerando, se estudian en su conjunto los agravios planteados en ambos recursos de revisión, en virtud de que están planteados en similares términos.
Antes de entrar al estudio de los agravios planteados, es pertinente hacer una reseña de las constancias que remitió la autoridad responsable al Juez de Distrito, las que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.
1. ********** representada por **********, demandó de ********** y **********, en la vía especial hipotecaria, el pago de diversas prestaciones; conoció del asunto el Juez Cuadragésimo Noveno de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; se formó el expediente 1085/1995; aquéllos dieron contestación a la demanda; seguido el procedimiento, el veintitrés de octubre de mil novecientos noventa y cinco, se dictó sentencia definitiva, mediante la cual se condenó a los demandados al pago de las prestaciones reclamadas; se les otorgó un término de cinco días contados a partir del día siguiente en que causara ejecutoria la sentencia para cubrir el pago de la cantidad allí indicada y se les apercibió que en caso de no hacerlo, se procedería al remate de los bienes hipotecados para cubrir el pago respectivo (foja noventa y tres del tomo cuatro del cuaderno de amparo).
2. Por auto de catorce de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, se declaró que la sentencia definitiva había causado ejecutoria, al no haberse impugnado mediante el recurso de apelación (foja noventa y seis del tomo cuatro del cuaderno de amparo).
Dicha resolución se notificó a las partes en Boletín Judicial de dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, y surtió efectos el día diecisiete siguiente.
3. Por escrito presentado ante el Juez natural el cuatro de agosto de mil novecientos noventa y siete, la parte actora promovió el procedimiento de remate de los bienes hipotecados; a esa petición le recayó el proveído de siete de agosto siguiente, por el que se ordenó notificar a los diversos bancos que aparecen como acreedores respecto de tales bienes;
4. Por escrito presentado ante el Juez natural, el primero de marzo de dos mil doce, la codemandada ********** promovió incidente de prescripción de la acción para ejecutar la sentencia definitiva.
Coetáneamente a lo anterior, en la misma fecha, el codemandado ********** promovió incidente de prescripción de la acción para ejecutar la sentencia definitiva.
5. Una vez que se admitieron a trámite los incidentes y se dio vista a la actora (a quien se le declaró en rebeldía por no dar contestación a tales promociones), el tres de mayo de dos mil doce se dictó sentencia que declaró infundada la incidencia (fojas uno a la diez del tomo I del cuaderno de amparo).
Por auto de veintiocho de mayo de dos mil doce, se hizo la aclaración a la sentencia anterior, consistente en que se resolvieron conjuntamente ambos incidentes promovidos por los codemandados (fojas doce a la catorce del tomo VI del cuaderno de amparo).
En dicha sentencia de primera instancia, se declaró improcedente por infundado el incidente respectivo; el a quo hizo referencia a la causa de pedir planteada por los inconformes, consistente en que ya habían transcurrido más de diez años, contados a partir del auto de cuatro de septiembre de dos mil uno (mediante el cual se había designado a un nuevo perito tercero en discordia), hasta la fecha en que se promovieron los incidentes; posteriormente consideró, en esencia, lo siguiente:
a) No se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 529 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, pues desde que venció el término para dar cumplimiento voluntario a la sentencia a la fecha en que la actora promovió la ejecución de aquélla (cuatro de agosto de mil novecientos noventa y siete), no transcurrió el término de diez años.
b) No es correcto considerar que la prescripción comienza a generarse nuevamente a partir de la última promoción tendente a dar trámite a la ejecución, toda vez que de dicho artículo no se advierte reglamentación en ese sentido o que haya transcurrido dicho término sin haberse ejecutado la sentencia, máxime que se ejercitó el derecho oportunamente, y citó las tesis de rubros: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN JUICIO CIVIL. EL HECHO DE QUE INICIE EL PLAZO PARA PEDIRLA NO TRAE CONSIGO EL QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE TAL ACCIÓN, AUNQUE DURANTE SU TRÁMITE TRANSCURRA EL TÉRMINO DE CINCO AÑOS O UNO MAYOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)." y "EJECUCIÓN DE SENTENCIA, ACCIÓN PARA PEDIR LA. UNA VEZ EJERCITADA YA NO OPERA LA PRESCRIPCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)."
6. Inconformes con esa sentencia, los codemandados interpusieron sendos recursos de apelación; conoció del asunto la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; se formaron los tocas 521/12/1 y 521/12/2, y el veintiséis de junio de dos mil doce dictó sentencia, mediante la cual se confirmó la resolución de primer grado.
Asimismo, los inconformes los interpusieron en contra del auto aclaratorio de la sentencia de primera instancia; conoció del asunto la citada Sala; se formaron los tocas 521/12/3 y 521/12/4; en resolución de dos de agosto de dos mil doce, se declararon infundados éstos; en dicha resolución se consideró que se planteaban agravios similares, los cuales ya habían sido desestimados en la sentencia a que se refiere el párrafo anterior.
7. La sentencia dictada en los tocas 521/12/1 y 521/12/2, constituye el acto reclamado en los juicios de amparo que hoy se revisan; en la sentencia recurrida, también se tuvo como acto reclamado la diversa dictada en los tocas 521/12/3 y 521/12/4, al considerarse que están vinculadas; consideración que se deja intocada al no ser motivo de inconformidad.
En el acto reclamado, la Sala responsable desestimó los agravios planteados por los inconformes, con base en las premisas siguientes:
a) La actora ejerció la acción de ejecutar la sentencia dentro del término de diez años a que se refiere el artículo 529 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
b) Dicho precepto legal no señala que dentro del término de diez años deba llevarse a cabo la ejecución de la sentencia, y no existe precepto legal que así lo disponga; por tanto, el hecho de que no se hayan rematado y adjudicado los bienes hipotecados, no significa que hubiera operado la prescripción.
c) No es procedente decretar la prescripción por inactividad procesal, pues la pérdida del derecho para el ejercicio de la acción de ejecución de sentencia emana de un derecho sustantivo y no a través de la caducidad como lo pretenden los inconformes, aunado a que no operaría la caducidad, en virtud de que ya se dictó la sentencia definitiva.
d) Si bien es cierto que la actora presentó promociones de señalamiento de nuevo domicilio y nuevos autorizados, también lo es que por escrito de seis de junio de dos mil tres, la actora solicitó que se designara perito tercero en discordia, toda vez que el diecinueve de febrero de dos mil dos, el actuario adscrito al juzgado de origen había notificado al que fue designado en principio por el a quo, sin que a esa fecha hubiera aceptado y protestado el cargo que le confirió, y mediante ocurso de diecinueve de agosto de dos mil tres, la actora había solicitado nuevamente la designación, lo que evidenciaba el interés de la enjuiciante para continuar hasta la conclusión de la ejecución de la sentencia, por lo que era incuestionable que no habían transcurrido los diez años previstos en el artículo 529 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
e) La finalidad de los actos del Juez dictados en la etapa de ejecución, dejan de ser de naturaleza jurisdiccional, por tratarse de cosa juzgada, por lo que es irrelevante que las promociones fueran o no tendentes a darle impulso procesal, máxime que existen actuaciones encaminadas a ejecutar la sentencia (precisa a partir del auto de siete de agosto de mil novecientos noventa y siete, por el que se ordena dar vista a diversos acreedores y posteriores hasta la promoción de veintiuno de agosto de dos mil tres, por el que la actora solicitó que se designara nuevo perito tercero en discordia) (fojas ciento cincuenta a la ciento cincuenta y seis del tomo VIII del cuaderno de amparo).
8. Cabe precisar que por escrito presentado ante el juzgado de origen el dieciséis de junio de dos mil tres, la parte actora solicitó que se designara un perito tercero en discordia, toda vez que, al que se había designado por auto de veintisiete de septiembre de dos mil uno, no obstante que había sido notificado, no se presentó a aceptar y protestar el cargo conferido (foja seiscientos noventa y cinco del tomo IV del cuaderno de amparo).
A esa petición le recayó el proveído de diecinueve de junio de dos mil tres, en el que se acordó lo siguiente;
"A sus autos el escrito de cuenta y tomando en consideración que dado el tiempo transcurrido desde los días treinta de agosto y dieciocho de octubre de dos mil, en que los peritos **********, ********** y **********, rindieron sus dictámenes periciales a esta fecha y dadas las condiciones económicas del país es un hecho notorio el aumento de precios en los inmuebles, en esa virtud y atento a lo establecido por el artículo 511 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, dígase a la parte actora, por conducto de su apoderado promovente, que aclarada que sea tal situación se acordará lo conducente en relación con lo solicitado en el ocurso de cuenta. Notifíquese." (foja seiscientos noventa y seis del tomo IV del cuaderno de amparo).
Por escrito presentado el veintiuno de agosto de dos mil tres, la parte actora solicitó que se designara un perito tercero en discordia, toda vez que al que se había designado por auto de veintisiete de septiembre de dos mil uno, no obstante que había sido notificado, no se había presentado a aceptar y protestar el cargo conferido (foja seiscientos noventa y siete del tomo IV del cuaderno de amparo).
A esa petición le recayó el proveído de veinticinco de agosto de dos mil tres, por el que se determinó que una vez que se diera cumplimiento al diverso de diecinueve de junio de dos mil tres, se acordaría la procedencia de tal solicitud.
Debe precisarse que posterior a lo anterior, sólo se advierten promociones relativas a diversos autorizados y señalamiento de domicilios para oír y recibir notificaciones, así como para que se devuelva el expediente al juzgado de origen y el auto que lo acordó favorablemente.
Estudio de los agravios planteados por los hoy recurrentes.
Los inconformes aducen que son genéricas e imprecisas las consideraciones que sostuvo el Juez de Distrito, como las relativas a la imprescriptibilidad de la ejecución de la sentencia que se aleja del problema jurídico a dirimirse; que, por lo anterior, carecen de fundamentación y motivación tales consideraciones.
Refieren que el Juez de Distrito no precisó qué conceptos de violación calificó como fundados pero inoperantes.
Señalan que son imprecisas, genéricas e infundadas que no resuelven los conceptos de violación, ni expuso razonamientos lógico jurídicos para resolver en el sentido en que lo hizo, por lo que es inaplicable la tesis que invocó el Juez Federal.
Sostienen que no son inoperantes los conceptos de violación, porque sí controvierten las consideraciones contenidas en el acto reclamado, ya que se argumentó que el artículo 529 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal dispone el plazo de diez años para pedir la ejecución de la sentencia, por lo que dentro de ese término debe llevarse a cabo el trance y remate de los inmuebles; que tales motivos de inconformidad no fueron estudiados por el Juez de Distrito, pues sólo sostuvo consideraciones genéricas que evidencian una falta de fundamentación y motivación.
Los agravios son sustancialmente fundados.
El Juez de Distrito hizo un resumen de los conceptos de violación que plantearon los inconformes; posteriormente relató el contenido del acto reclamado.
Enseguida, el Juez Federal razonó que los planteamientos expuestos en vía de agravios fueron atendidos por la Sala responsable, por lo que, desde su perspectiva, las inconformidades planteadas quedaron superadas.
Sin embargo, tales consideraciones son imprecisas, porque si bien es cierto que el Juez de Distrito relata el contenido del acto reclamado y resume los conceptos de violación, también lo es que no explica en qué sentido fueron atendidos los agravios planteados ante la Sala responsable, y porqué razones o motivos quedaron superados, máxime si no se pronunció si efectivamente asistía o no la razón a la autoridad responsable de haberse pronunciado en ese sentido.
También son imprecisas las consideraciones que sostuvo el Juez de Distrito relativas a que la "imprescriptibilidad de la ejecución de la sentencia, se aleja del problema jurídico a dirimirse ante la Sala responsable, conforme a la litis que se formó".
Lo anterior se considera así, toda vez que el Juez de Distrito no explica cómo se conformó la litis planteada en el incidente y, por qué razón la imprescriptibilidad no puede ser estudiada en la vía de amparo; lo anterior pone de manifiesto que la sentencia recurrida carece de fundamentación y motivación.
Además, son imprecisas las consideraciones relativas a que los conceptos de violación que identificó con los incisos c), d), y e), son una reproducción de los agravios planteados ante la Sala responsable que, desde su perspectiva, no controvertían el acto reclamado; lo anterior, toda vez que el Juez Federal no explica el por qué los conceptos de violación son una repetición de los agravios, y por qué no son factibles de estudiarse en conceptos de violación, máxime que tampoco precisó cuáles fueron las consideraciones que no fueron controvertidas por los inconformes, por lo que en este caso, no se justifica la aplicación de la tesis de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, SI SE CONCRETAN A REPETIR LOS AGRAVIOS Y NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTO DEL FALLO."
Lo anterior, máxime que conforme a dicha tesis, para declarar inoperantes los conceptos de violación, no sólo es suficiente considerar que éstos sean una reproducción de los agravios, sino también invocar las razones que expliquen el por qué se considera que no atacan las consideraciones y fundamentos del acto reclamado, lo que no justificó el Juez de Distrito.
Ante tales imprecisiones, es evidente que se dejó en estado de indefensión a los hoy inconformes, pues tal como lo hacen ver, no se justifica el sentido de la sentencia recurrida; motivo por el cual, se procede al estudio de los conceptos de violación, en términos del artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo.
SEXTO. Las consideraciones de la sentencia reclamada son las siguientes:
"I. Toda vez que tanto la codemandada ********** como el codemandado ********** interpusieron sendos recursos de apelación en contra de la misma resolución de fecha tres de mayo de dos mil doce, esta Sala entra al estudio conjunto de ambas inconformidades, atendiendo a los principios de concentración, economía procesal y claridad, que deben prevalecer en todas las sentencias, así como a fin de evitar sentencias contradictoras, dado que el estudio de los agravios repercute en el mismo fallo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial que bajo el rubro: ‘APELACIONES DISTINTAS CONTRA UNA RESOLUCIÓN, DEBEN DECIDIRSE EN UNA SOLA SENTENCIA.’, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Tomo: II, noviembre de 1995. Tesis: V.2o.16 C. Página: 500. En virtud de lo anterior, los agravios hechos valer por los codemandados recurrentes, se estudian y resuelven conjuntamente atento a su relación, y los mismos resultan infundados para modificar o revocar la sentencia interlocutoria impugnada, porque no existe la violación a los artículos 55, 81, 83, 402 y 529 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal que se le imputa al juzgador primario, habida cuenta que de la revisión de las actuaciones judiciales, de eficacia probatoria plena, de conformidad con el artículo 327, fracción VIII, en relación al 403 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se desprende que fue correcta la actuación del a quo, al haber declarado improcedente el incidente de prescripción de la acción para la ejecución de la sentencia definitiva promovido por los ahora apelantes; pues, no les asiste razón al afirmar que la prescripción de ejecución de sentencia comienza a generarse nuevamente a partir de la última actuación en que se da trámite a la ejecución de la sentencia, pues el plazo de diez años no es para que únicamente se inicie el procedimiento de ejecución de la sentencia, sino para que se ejecute la sentencia, es decir, para que se remate y adjudique los bienes hipotecados, así como para que se apruebe el remate, por lo que, según los inconformes, la actora tenía la obligación de llevar a cabo la ejecución de la sentencia en el plazo de diez años, durante el que debió exhibir certificado de gravámenes, avalúos, publicar edictos, celebrar el remate hasta la adjudicación de los bienes hipotecados; toda vez que el artículo 529 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, dispone que: ‘La acción para pedir la ejecución de una sentencia, transacción o convenio judiciales, durará diez años, contados desde el día en que se venció el término judicial para el cumplimiento voluntario de lo juzgado y sentenciado’; por tanto, si la sentencia definitiva fue dictada el veintitrés de octubre de mil novecientos noventa y cinco, causando estado el catorce de noviembre del mismo año, publicada el dieciséis de noviembre y surtiendo sus efectos el diecisiete del mismo mes y año, los cinco días para que los demandados dieran cumplimiento voluntario a lo condenado, transcurrieron del día veintiuno al veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, luego entonces si del veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y cinco empezó a correr el término que refiere el precepto antes citado al veintiocho de agosto de mil novecientos noventa y siete, fecha en que la actora ejerció su acción para ejecutar la sentencia no transcurrieron diez años, que es el término que dispone el señalado artículo 529 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, para ejercer la acción de ejecución de sentencia; en tal sentido, como lo consideró acertadamente el juzgador de primera instancia, resultaba improcedente el incidente de que se trata, en virtud de que, como ya se dijo, la actora ejerció su derecho en el tiempo al que se contrae el referido numeral, pues contrariamente a lo sostenido en los agravios a estudio, el citado artículo no señala que dentro del término de diez años se tenga que llevar forzosamente a cabo la ejecución, además de que no existe precepto legal alguno que así lo disponga; por eso, el hecho de que la parte actora no haya logrado a la fecha, llevar a cabo el remate y adjudicación de los bienes hipotecados, no implica de ninguna manera que opere la prescripción pretendida por los apelantes y, mucho menos, decretar la prescripción de la acción para la ejecución de sentencia definitiva por inactividad procesal, en razón de que los escritos de autorización de personas o señalamiento de nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones promovidas por la actora, no son promociones que tiendan a impulsar el procedimiento o que tiendan a interrumpir el plazo para que opere la prescripción, como lo aducen los enjuiciados recurrentes pues, como lo sostuvo el a quo, la figura de la prescripción implica el ejercicio de un derecho sustantivo que emana de la cosa juzgada, por consiguiente el ejercicio de una acción y la pérdida del derecho para ejercer la acción de ejecución de sentencia es a través de la prescripción, no así a través de la caducidad como lo pretenden hacer valer los apelantes, dado que la acción es el único derecho susceptible de prescribir, además de que no operaría la caducidad porque en el caso que nos ocupa ya se dictó sentencia definitiva; por ello lo infundado de los agravios de los apelantes, máxime que no es correcto el argumento en el que los demandados apelantes aducen, esencialmente, que las promociones presentadas por la actora, no interrumpen el plazo para que opere la prescripción, pues no demuestran el interés de las partes para continuar con el procedimiento; habida cuenta que en el caso, de las actuaciones judiciales, se desprende lo contrario, pues si bien es cierto que la demandante presentó diversas promociones en las que autorizaba a determinadas personas para oír notificaciones, y en las que señalaba nuevo domicilio para oír notificaciones, también lo es que por escrito de fecha seis de junio de dos mil tres, el apoderado de la parte actora solicitó se designará perito tercero en discordia, toda vez que con fecha diecinueve de febrero de dos mil dos, el C. Actuario adscrito al juzgado de origen notificó personalmente al perito tercero en discordia designado por el a quo, sin que a esa fecha haya aceptado y protestado el cargo que se le confirió, y por ocurso del diecinueve de agosto de dos mil tres, solicitó nuevamente la designación de dicho perito, lo que evidencia sin lugar a dudas el interés de la parte actora para continuar hasta su conclusión la ejecución de la sentencia definitiva dictada en los autos del juicio natural; de ahí lo infundado de los agravios que se examinan, pues es incuestionable que no han transcurrido los diez años referidos en el artículo 529 del código procesal civil, además de que la finalidad de la etapa de ejecución de sentencia es ejecutar el fallo, por lo que los actos realizados por el juzgador en ejecución de sentencia dejan de ser de naturaleza jurisdiccional, por tratarse de cosa juzgada, por ello es que es irrelevante el hecho de que las promociones presentadas por las partes fueran tendientes o no a darle impulso procesal al presente juicio; máxime que de las presentes actuaciones también se desprende que con posterioridad a la fecha en que la parte actora ejercitó la acción de ejecución de sentencia, se han realizado diversos actos procesales, ya que mediante auto de fecha siete de agosto de mil novecientos noventa y siete, el a quo mandó a llamar a los acreedores para que intervinieran en el avalúo y subasta de los bienes; mediante escrito de fecha veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y siete el acreedor ********** exhibió certificado de adeudo y por auto de fecha tres de diciembre de mil novecientos noventa y siete, se señaló fecha y hora para la audiencia de remate en primera almoneda, misma que se llevó a cabo el diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y ocho, por lo que en fecha veinticuatro de febrero del mismo año, desahogó la vista ordenada en la audiencia de remate respecto del incidente de reavalúo promovido por los codemandados; mediante diverso escrito de esta misma fecha desahogó la vista respecto al incidente de nulidad de actuaciones hecha valer por los codemandados; por escrito de ocho de octubre de mil novecientos noventa y nueve, exhibió certificado de gravámenes actualizado respecto de los bienes hipotecados y se ordenó notificar a los acreedores; en escrito de dieciocho de febrero de dos mil, la actora designó perito valuador y el ocho de mayo de ese año, la parte actora exhibió certificado de libertad de gravámenes actualizado; en tanto que el cuatro de agosto de dos mil, designó nuevamente perito valuador, y mediante escrito de fecha ocho de septiembre de dos mil, acusó la rebeldía a los codemandados por no presentar perito valuador; y por escrito de cinco de septiembre de dos mil manifestó su conformidad con el dictamen pericial rendido por el perito valuador designado por su parte; y el seis de octubre de la misma anualidad, acusó la rebeldía de los peritos designados por los codemandados por no haber rendido su dictamen pericial; y mediante ocurso de fecha diez de octubre de dos mil, la parte actora desahogó la vista ordenada por auto de cuatro de octubre de ese mismo año, respecto a la objeción que realizó el acreedor **********; y por escrito presentado el veintiocho de noviembre de dos mil, acusó la rebeldía a los peritos designados por los codemandados al no haber ratificado sus dictámenes ante la presencia judicial; en escrito presentado el nueve de enero de dos mil uno, acusa la rebeldía a los peritos de la demandada y solicita se designe nuevo perito en rebeldía para el efecto de la elaboración de los dictámenes periciales respecto de los bienes inmuebles sujetos a remate; asimismo, por escrito de fecha nueve de mayo de dos mil uno la parte actora solicitó se designara perito tercero en discordia; y en escrito presentado el veintiuno de agosto de dos mil tres, la actora solicita nuevamente al a quo designe perito tercero en discordia; actuaciones que en forma contraria a lo sostenido en los agravios de que se trata, se encuentran encaminadas a ejecutar la sentencia definitiva antes referida; motivo por el cual devienen infundados los agravios hechos valer por los codemandados recurrentes. II. Al resultar infundados los motivos de inconformidad que hicieron valer los enjuiciados apelantes, es inconcuso que debe confirmarse la sentencia interlocutoria impugnada. III. No encontrándose el presente asunto en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, no ha lugar a hacer especial condena en costas en esta instancia."
SÉPTIMO. En el juicio de amparo indirecto 683/2012-II, la quejosa ********** plantea los conceptos de violación siguientes:
"Primer concepto de violación. Violación a las garantías individuales de legalidad y audiencia consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República. Violación a las disposiciones legales contenidas en los artículos 55, 81, 83, 402, 529 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. Conforme a dichas disposiciones legales a nadie se le puede privar de la vida, de su libertad, de sus propiedades, posesiones y derechos, si no es mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en los que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento. Nadie puede ser molestado en su domicilio, papeles y posesiones sino es a través de mandato por escrito de autoridad judicial competente, que se encuentre debidamente fundado y motivado. Esto es, que a nadie se le puede privar de sus propiedades, posesiones y derechos sin antes haber sido oído y vencido en juicio y que en el mismo se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento. Sostiene la Sala responsable que los agravios son infundados, ya que no existe violación a las disposiciones legales invocadas, siendo correcta la actuación del Juez civil al declarar improcedente el incidente que nos ocupa, ya que es infundado el argumento de que la prescripción de ejecución de sentencia comienza a generarse nuevamente a partir de la última actuación en que se da trámite a la ejecución de la sentencia, pues el plazo de 10 años no es para que únicamente se inicie el procedimiento de ejecución de sentencia sino para que se ejecute la sentencia. Dice la Sala responsable que si la sentencia definitiva fue dictada el 23 de octubre de 1995 causando ejecutoria el 14 de noviembre del mismo año, publicada el 16 de noviembre y surtiendo sus efectos el 17 de noviembre del mismo año, los 5 días para que los demandados dieran cumplimiento voluntario a lo condenado transcurrió del 21 al 27 de noviembre de 1995, por lo que si el 27 de noviembre de 1995 empezó a correr el término antes citado al 28 de agosto de 1997 fecha en que la actora ejercitó su acción para ejecutar la sentencia no transcurrieron los 10 años que dispone el artículo 529 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, que es el término que exige dicho artículo, por tanto, es improcedente el incidente de que se trata, ya que la actora ejercitó su derecho en tiempo pues el referido artículo no señala que dentro del término de 10 años se tenga que llevar a cabo forzosamente la ejecución y no existe precepto legal que así lo indique, por lo que si la actora no haya (sic) logrado a la fecha llevar a cabo el remate y adjudicación de los bienes hipotecados no indica que opera la prescripción pretendida de la acción para la ejecución de la sentencia por inactividad procesal. La Sala responsable no hace más que repetir los mismos argumentos del Juez civil, sin estudiar ni resolver mis agravios. Estos argumentos son ilegales, infundados, improcedentes, contrarios a la ley, a la jurisprudencia, a las constancias de autos y a lo alegado y probado por las partes en este juicio. En efecto, el citado artículo 529 dispone un plazo de 10 años para pedir la ejecución de una sentencia. En la sentencia definitiva se hace una condena al pago de prestaciones y se estableció que se procede al trance y remate de los bienes dados en garantía y con su producto pago a la actora. Como puede verse en la sentencia definitiva se me condena al pago de diversas prestaciones y en caso de no efectuarlo se ordena el trance y remate de los bienes hipotecados y con su producto pago a la actora. Ahora bien, ese precepto legal establece que en el término de 10 años se debe pedir la ejecución de la sentencia, es decir, que en ese plazo debe llevarse a cabo el trance y remate de los inmuebles hipotecados y con su producto pago a la actora. Ello quiere decir que la actora dispone de 10 años, para presentar certificado de grav
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24869-eb29f0fb/prescripcion-de-la-ejecucion-de-sentencia-en-materia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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