ACCIÓN DE NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO. LOS PLAZOS PARA PROMOVERLA ESTÁN SUJETOS A LA CADUCIDAD, NO A LA PRESCRIPCIÓN. NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO. CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA PRESCRIPCIÓN NEGATIVA Y LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCERO Y EL CUARTO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 3 DE NOVIEMBRE DE 2020. MAYORÍA DE DOCE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ BARAJAS, ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO, WALTER ARELLANO HOBELSBERGER, ISMAEL HERNÁNDEZ FLORES, FERNANDO ALBERTO CASASOLA MENDOZA, ABRAHAM SERGIO MARCOS VALDÉS, GONZALO HERNÁNDEZ CERVANTES, FERNANDO RANGEL RAMÍREZ, GONZALO ARREDONDO JIMÉNEZ, JOSÉ RIGOBERTO DUEÑAS CALDERÓN, ALEJANDRO SÁNCHEZ LÓPEZ Y DANIEL HORACIO ESCUDERO CONTRERAS. DISIDENTES: ETHEL LIZETTE DEL CARMEN RODRÍGUEZ ARCOVEDO, VÍCTOR FRANCISCO MOTA CIENFUEGOS Y VÍCTOR HUGO DÍAZ ARELLANO. EL MAGISTRADO VÍCTOR FRANCISCO MOTA CIENFUEGOS FORMULÓ VOTO PARTICULAR AL QUE SE ADHIEREN LOS DEMÁS DISIDENTES. PONENTE: ALEJANDRO SÁNCHEZ LÓPEZ. SECRETARIA: MARÍA ELENA CORRAL GOYENECHE.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. El Pleno en Materia Civil del Primer Circuito es competente para conocer de la denuncia de contradicción, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis, 41 Ter, fracción I, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, porque se refiere a la posible contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia proviene de parte legítima, al haberse formulado por uno de los Tribunales Colegiados de Circuito que la motivaron, de conformidad con lo previsto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
TERCERO.—Posturas de los Tribunales (sic) de Circuito contendientes.
I. Criterio sustentado por el Tercer Tribunal.
El acto reclamado en el juicio de amparo directo D.C. 815/2006, fue la sentencia emitida por la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la ahora Ciudad de México, que revocó la admisión de la demanda de nulidad de juicio concluido, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción IV del artículo 737-D del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, porque a la fecha de presentación de la demanda habían transcurrido más de tres meses desde que el promovente tuvo conocimiento del supuesto error en el que sustenta la nulidad.
Mediante resolución de veintidós de febrero de dos mil siete, el Tercer Tribunal negó el amparo al actor, sobre la base de que tanto el juzgador de primer grado como el órgano de alzada, este último reasumiendo jurisdicción ante la ausencia de reenvío en la apelación, están facultados para desechar la demanda en caso de advertir la notoria improcedencia de la misma, de tal suerte que, en la especie, fue correcto que se hiciera el examen respectivo al momento de resolver sobre la admisión o rechazo de la demanda.
Asimismo, consideró que las razones en que se apoyó la Sala responsable para revocar el auto admisorio de la demanda fueron también correctas, porque había fenecido la oportunidad para intentar la acción de nulidad y no se actualizaban las causas limitativamente previstas para la procedencia de aquélla.
El órgano colegiado determinó que los plazos del artículo 737-D del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal regulan una perención de la acción en su modalidad de prescripción negativa, es decir, liberadora de obligaciones por el paso del tiempo, que opera, en un primer supuesto, ante el transcurso de un año desde que la resolución dictada en el juicio concluido adquirió categoría de cosa juzgada; y, en un segundo caso, cuando hayan pasado tres meses a partir de que el actor, a quien el precepto llama "recurrente", haya conocido o debió conocer los motivos en que se apoye la nulidad.
Para sustentar esta afirmación, el Tercer Tribunal expresó los siguientes argumentos:
• Se trata de dos hipótesis diversas (refiriéndose a los plazos previstos en el artículo analizado) que pueden actualizarse de forma separada en tanto obedecen a motivos diversos, pues mientras la primera prevé una circunstancia genérica (existencia de cosa juzgada), la segunda atiende a una específica (conocimiento real o presunto de los motivos de nulidad).
• No obsta a la anterior conclusión, el hecho de que en el precepto analizado se haya utilizado la conjunción copulativa "y" que sirve "para unir palabras o cláusulas en concepto afirmativo" (Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, vigésima segunda edición, dos mil uno), dado que el legislador la colocó delante del signo ortográfico denominado "punto y coma", empleado "generalmente antes de cláusula de sentido adversativo" (ibidem), o sea, "que denota oposición o contradicción de sentido", conforme a la misma fuente semántica, lo que evidencia que se trató de separar una y otra hipótesis por tener diverso sentido, tanto en el tiempo (un año, tres meses) como en el supuesto de hecho (existencia de cosa juzgada, conocimiento de los motivos de nulidad).
• Incluso, si se estimara que la redacción utilizada por el legislador obedeció a una inadecuada sintaxis, y que, por tanto, el signo punto y coma debió anteceder a la conjunción copulativa "y", entrañando así esta última la unión de las dos hipótesis, habría que atender a la intención del órgano legislativo de poner restricciones al ejercicio de la acción de nulidad, propósito con el que colisionaría la unión de dos plazos diversos en uno solo (un año tres meses) que sería mayor a cada uno de ellos individualmente considerados, amén de las distintas causas fácticas ya apuntadas a que obedece su fraccionamiento en dos supuestos.
• Los plazos de un año y de tres meses que prevé esa disposición legal, por referirse a la prescripción de una acción, es decir, a la figura liberadora de obligaciones por el simple transcurso del tiempo, que es de carácter sustantivo, se cuentan en la forma prevista en los artículos 1176 y 1177 del Código Civil para el Distrito Federal, que disponen:
"Artículo 1176. El tiempo para la prescripción se cuenta por años y no de momento a momento, excepto en los casos en que así lo determine la ley expresamente."
"Artículo 1177. Los meses se regularán con el número de días que les correspondan."
Este último precepto es aplicable a los tres meses previstos como plazo de prescripción de la acción de nulidad de juicio concluido.
• No obsta para estimarlo así, el hecho de que dicha acción esté regulada en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, pues ello no significa que deban aplicarse las reglas establecidas en ese ordenamiento para los términos judiciales que son de carácter adjetivo y rigen sólo dentro del procedimiento en relación con el ejercicio de derechos procesales, a diferencia de los plazos de prescripción que son de carácter sustantivo, en tanto afectan al ejercicio de un derecho de ese tipo, como el relativo a la nulidad.
• De esa manera, mientras la falta de ejercicio de un derecho adjetivo, dentro de un plazo determinado, da lugar a figuras extintivas como la preclusión o la caducidad, el hecho de dejar de ejercer una acción origina la prescripción, por lo que la naturaleza sustantiva de esta última permite distinguirlas de aquellas que son netamente procesales.
• La diferencia apuntada no se ve contrariada por el hecho de que en ocasiones a la prescripción de un derecho sustantivo se le llame caducidad, pues esa designación no cambia la naturaleza eminentemente sustantiva de la primera, ni la adjetiva de la segunda.
• Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 1a./J. 23/2002 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, abril de dos mil dos, página 231, que establece:
"FIANZAS POR TIEMPO INDETERMINADO. PARA EFECTOS DE LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE LA ACCIÓN DE COBRO, DEBE APLICARSE EL PLAZO PREVISTO EN LA LEGISLACIÓN BAJO CUYA VIGENCIA SE OTORGARON E HICIERON EXIGIBLES. Cuando se trata del cobro de pólizas de fianzas por tiempo indeterminado que se suscribieron e hicieron exigibles antes del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de julio de mil novecientos noventa y tres, por el que se reformó, entre otros, el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, pero que se requirió su pago durante la vigencia de éste, para el efecto de la prescripción extintiva de la acción, debe aplicarse la legislación anterior bajo cuya vigencia se otorgaron e hicieron exigibles, la cual establecía el plazo de tres años contado, desde luego, a partir de que la obligación garantizada se hizo exigible, al ser la prescripción ahí prevista una figura de carácter sustantivo y, por ende, un derecho adquirido al amparo de la ley anterior. No es óbice a lo antes expuesto el contenido del artículo cuarto transitorio del referido decreto que, entendido a contrario sensu, significa que los procedimientos derivados de reclamaciones contra una institución de fianzas con motivo del otorgamiento de pólizas, que se inicien luego de la vigencia del referido decreto, deberán tramitarse conforme a la ley reformada, pues esa disposición sólo puede referirse a las normas relacionadas con el desarrollo del proceso, esto es, a las disposiciones que regulan la iniciación, el trámite y la terminación de un proceso jurisdiccional y que definen no sólo los conceptos procesales más importantes como lo son la acción legal, el interés, la relación jurídica, la jurisdicción, la competencia y la constitución de los órganos jurisdiccionales, sino también los distintos elementos que constituyen los procedimientos y formalidades, tales como las notificaciones y actuaciones judiciales; de ahí que el artículo 120 reformado no sea aplicable para efectos del plazo de la prescripción extintiva de la acción, ahora llamada ‘caducidad’, porque ello implicaría restringir el derecho subjetivo sustancial que ya estaba en el patrimonio de las partes desde el tiempo en que se otorgaron las referidas pólizas."
• La naturaleza sustantiva de la prescripción, tanto en su variante positiva como negativa, que es la que interesa en la especie, y su aplicación sobre el derecho sustantivo materia de la acción de nulidad, queda evidenciado al atender al sistema utilizado en la codificación civil sustantiva y adjetiva para el Distrito Federal, en el que se advierte la indistinta previsión de acciones en uno u otro código, teniendo el procesal, incluso, un capítulo (I del título primero), dedicado ex profeso a las acciones, aunque al mismo tiempo, prevé acciones, como la que es materia de estudio, en un apartado diverso; y por su parte, el Código Civil también establece distintas acciones a lo largo de su articulado.
• Este último ordenamiento, empero, es el que regula la prescripción de las acciones, lo que se entiende por ser ellas el instrumento para excitar la actividad del órgano jurisdiccional con el fin de que se dilucide un derecho o una obligación, mediante el ejercicio de su facultad de control de un proceso que es lo que significa, sustancialmente, la jurisdicción.
• Así, se desprende de la interpretación sistemática de los artículos 1159, 1160, 1161, 1161, (sic), 1163 y 1164 del Código Civil para el Distrito Federal que establecen un plazo general y diversos específicos para que opere la prescripción, así como un caso de exclusión a la actualización de ese instituto sustantivo, según se advierte de su texto que es del tenor siguiente:
"Artículo 1159. Fuera de los casos de excepción, se necesita el lapso de diez años, contado desde que una obligación pudo exigirse, para que se extinga el derecho de pedir su cumplimiento."
"Artículo 1160. La obligación de dar alimentos es imprescriptible."
"Artículo 1161. Prescriben en dos años:
"I. Los honorarios, sueldos, salarios, jornales u otras retribuciones por la prestación de cualquier servicio. La prescripción comienza a correr desde la fecha en que dejaron de prestarse los servicios;
"II. La acción de cualquier comerciante para cobrar el precio de objetos vendidos a personas que no fueren revendedoras.
"La prescripción corre desde el día en que fueron entregados los objetos, si la venta no se hizo a plazo;
"III. La acción de los dueños de hoteles y casas de huéspedes para cobrar el importe del hospedaje; y la de éstos y la de los fondistas para cobrar el precio de los alimentos que ministren.
"La prescripción corre desde el día en que debió ser pagado el hospedaje, o desde aquel en que se ministraron los alimentos;
"IV. La responsabilidad civil por injurias, ya sean hechas de palabra o por escrito, y la que nace del daño causado por personas o animales, y que la ley impone al representante de aquéllas o al dueño de éstos.
"La prescripción comienza a correr desde el día en que se recibió o fue conocida la injuria o desde aquel en que se causó el daño;
"V. La responsabilidad civil proveniente de actos ilícitos que no constituyan delitos.
"La prescripción corre desde el día en que se verificaron los actos."
"Artículo 1162. Las pensiones, las rentas, los alquileres y cualesquiera otras prestaciones periódicas no cobradas a su vencimiento, quedarán prescritas en cinco años, contados desde el vencimiento de cada una de ellas, ya se haga el cobro en virtud de acción real o de acción personal."
"Artículo 1163. Respecto de las obligaciones con pensión o renta, el tiempo de la prescripción del capital comienza a correr desde el día del último pago, si no se ha fijado plazo para la devolución; en caso contrario, desde el vencimiento del plazo."
"Artículo 1164. Prescribe en cinco años la obligación de dar cuentas. En igual término se prescriben las obligaciones líquidas que resulten de la rendición de cuentas. En el primer caso la prescripción comienza a correr desde el día en que el obligado termina su administración; en el segundo caso, desde el día en que la liquidación es aprobada por los interesados o por sentencia que cause ejecutoria."
• Por esa naturaleza sustantiva de la prescripción es que los plazos se cuentan conforme a lo establecido en el ordenamiento civil invocado, y la forma en que se hace el cómputo respectivo es diverso al de los términos judiciales, según ha quedado establecido al referirse el legislador a los meses en el artículo 1171 del Código Civil para el Distrito Federal, que denota una clara intención de atender al periodo de calendario de un año, en tanto un mes constituye "cada una de las doce partes en que se divide el año", o "el conjunto de días consecutivos desde uno señalado hasta otro de igual fecha en el mes siguiente" (Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, vigésima segunda edición, dos mil uno).
• Esa consecución de días entraña la ausencia de interrupción, lo que ocurriría de incluir días inhábiles en los plazos señalados en meses, lo cual también queda de manifiesto al prever el legislador, en el artículo 1178 del Código Civil invocado, lo siguiente:
"Artículo 1178. Cuando la prescripción se cuente por días, se entenderán éstos de veinticuatro horas naturales, contadas de las veinticuatro a las veinticuatro."
• En cambio, los términos judiciales, cuya falta de ejercicio da lugar a la preclusión, o la ausencia de actividad procesal, es decir, de continuación del ejercicio del derecho de instar, que da lugar a la caducidad de la instancia, son figuras procesales que están reguladas en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, por lo que no puede aplicarse a la prescripción negativa el criterio que se sigue en ellos, a saber, la prohibición de contar los días inhábiles contenida en el artículo 131 de dicho ordenamiento adjetivo en la forma siguiente:
"Artículo 131. En ningún término se contarán los días en que no puedan tener lugar actuaciones judiciales."
• Por las anteriores razones, son inaplicables a la prescripción de la acción de nulidad las tesis invocadas en los conceptos de violación de rubros: "VACACIONES EN LOS TRIBUNALES, EN RELACIÓN CON LOS TÉRMINOS JUDICIALES." y "TÉRMINOS.", de la Segunda Sala y del Pleno, respectivamente, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invocadas por el quejoso.
• Tampoco puede aplicarse, atendiendo a las mismas consideraciones, la diversa tesis «I.4o.C. 93 C» del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 137 BIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.", igualmente citada por el demandante de garantías, dado que no se comparte el criterio sustentado en ella, conforme a las razones vertidas con anterioridad, ya que en ese criterio se realiza una interpretación susceptible de generalizar la aplicación de un criterio excluyente de los días inhábiles a todas las figuras previstas en el código adjetivo civil, lo cual de ningún modo puede aceptarse al existir figuras, como las acciones, sujetas a institutos como la prescripción, que debe regularse en términos de la legislación sustantiva civil, según ha quedado expuesto.
Posteriormente, el Tercer Tribunal desestimó los restantes argumentos, entre los que se encontraban los atinentes a la hipótesis sobre la cual se apoyó la acción de nulidad de juicio concluido, así como la manera de contabilizar el plazo de prescripción.
Esta resolución dio origen a la siguiente tesis aislada:
"NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO. FORMA DE CONTAR EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN. Los plazos de un año y de tres meses que prevé el artículo 737-D del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, por referirse a la prescripción de una acción, es decir, a la figura liberadora de obligaciones por el simple transcurso del tiempo que es de carácter sustantivo, se cuentan en la forma prevista en los artículos 1176 y 1177 del Código Civil para el Distrito Federal. Este último precepto es aplicable a los tres meses previstos como plazo de prescripción de la acción de nulidad de juicio concluido. No obsta para estimarlo así, el hecho de que dicha acción esté regulada en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, pues ello no significa que deban aplicarse las reglas establecidas en ese ordenamiento para los términos judiciales que son de carácter adjetivo y rigen sólo dentro del procedimiento en relación con el ejercicio de derechos procesales, a diferencia de los plazos de prescripción que son de carácter sustantivo, en tanto afectan al ejercicio de un derecho de ese tipo, como el relativo a la nulidad. De esa manera, mientras la falta de ejercicio de un derecho adjetivo, dentro de un plazo determinado, da lugar a figuras extintivas como la preclusión o la caducidad, el hecho de dejar de ejercer una acción origina la prescripción, por lo que la naturaleza sustantiva de esta última permite distinguirlas de aquellas que son netamente procesales. La diferencia apuntada no se ve contrariada por el hecho de que en ocasiones a la prescripción de un derecho sustantivo se le llame caducidad, pues esa designación no cambia la naturaleza eminentemente sustantiva de la primera, ni la adjetiva de la segunda. La naturaleza sustantiva de la prescripción, tanto en su variante positiva como negativa, que es la que interesa en la especie, y su aplicación sobre el derecho sustantivo materia de la acción de nulidad, queda evidenciada al atender al sistema utilizado en la codificación civil sustantiva y adjetiva para el Distrito Federal, en el que se advierte la indistinta previsión de acciones en uno u otro código, teniendo el procesal, incluso, un capítulo (I, del título primero), dedicado ex profeso a las acciones, aunque, al mismo tiempo, contempla acciones como la que es materia de estudio, en un apartado diverso; y por su parte, el Código Civil también establece distintas acciones a lo largo de su articulado. Este último ordenamiento, empero, es el que regula la prescripción de las acciones, lo que se entiende por ser ellas el instrumento para excitar la actividad del órgano jurisdiccional a fin de que se dilucide un derecho o una obligación, mediante el ejercicio de su facultad de control de un proceso que no otra cosa es la que significa, sustancialmente, la jurisdicción. Así, se desprende de la interpretación sistemática de los artículos 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, y 1164 del Código Civil para el Distrito Federal, que establecen un plazo general y diversos específicos para que opere la prescripción, así como un caso de exclusión a la actualización de ese instituto sustantivo. Por esa naturaleza sustantiva de la prescripción es que los plazos se cuentan conforme a lo establecido en el ordenamiento civil invocado, y la forma en que se hace el cómputo respectivo es diverso al de los términos judiciales, según ha quedado establecido al referirse el legislador a los meses en el citado artículo 1171 del Código Civil para el Distrito Federal, que denota una clara intención de atender al periodo de calendario de un año, en tanto un mes constituye ‘cada una de las doce partes en que se divide el año’, o ‘el conjunto de días consecutivos desde uno señalado hasta otro de igual fecha en el mes siguiente’ (Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, vigésima segunda edición, dos mil uno). Esa consecución de días entraña la ausencia de interrupción, como ocurriría de incluir días inhábiles en los plazos señalados en meses, lo cual también queda de manifiesto al prever el legislador, en el artículo 1178 del Código Civil invocado que, aun tratándose de días se atenderá a los naturales, según puede verse claramente en el texto correspondiente. En cambio, los términos judiciales, cuya falta de ejercicio da lugar a la preclusión, o la ausencia de actividad procesal, es decir, de continuación del ejercicio del derecho de instar, que da lugar a la caducidad de la instancia, son figuras procesales que están reguladas en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, por lo que no puede aplicarse a la prescripción negativa el criterio que se sigue en ellos, a saber, la prohibición de contar los días inhábiles contenida en el artículo 131 de dicho ordenamiento adjetivo."(3)
II. Criterio sustentado por el Cuarto Tribunal.
El acto reclamado en el juicio de amparo directo D.C. 456/2008, es la resolución emitida por la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que confirmó la sentencia absolutoria emitida en el juicio de nulidad de juicio especial hipotecario.
Mediante resolución de veinte de febrero de dos mil nueve, el Cuarto Tribunal negó el amparo al desestimar la posición de la sucesión quejosa relativa a la suspensión del plazo extintivo de la acción de nulidad, sobre la base de la imposibilidad que tuvo para acudir a hacer valer sus derechos, por desconocimiento del juicio, ya que no fue oída ni vencida en él, y por falta de legitimación, al no existir designación de albacea, al considerar que los plazos previstos en el artículo 737-D del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, para el ejercicio de la acción de nulidad de juicio concluido, son de caducidad y no de prescripción.
Las consideraciones que sustentaron la resolución, son las siguientes:
• Es necesario precisar la naturaleza de los plazos previstos en el artículo 737-D del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, para lo cual: a) previamente se han de sentar algunas bases doctrinales en relación con la prescripción y a la caducidad; b) para fines del asunto, sólo se abordará el estudio de la caducidad legal, no de la negocial, ya que ésta es ajena al caso concreto; c) por cuanto hace al otro medio de extinción, se examinarán únicamente aspectos de la prescripción negativa; y, d) el estudio de dichas instituciones se relacionará únicamente con la acción de nulidad de juicio concluido ejercida contra un proceso que haya finalizado de manera normal, es decir, con una sentencia de fondo, que ha causado ejecutoria.
• Una vez sentadas esas precisiones consideró que aun cuando la prescripción y la caducidad son medios extintivos de las relaciones jurídicas, en virtud del transcurso del tiempo, lo cierto es que entre ellas existen diferencias notables en cuanto a la materia sobre la que actúan, la previsibilidad de la duración del derecho sujeto a tales figuras, la finalidad perseguida con su regulación, la causa que las genera, el interés protegido por ellas, la disponibilidad de los derechos sujetos a prescripción y las particularidades del cómputo de los plazos en una y otra instituciones, como se expone enseguida.
• En conformidad con el artículo 1135 del Código Civil para el Distrito Federal, la prescripción (negativa) es el medio de librarse de obligaciones mediante el transcurso del tiempo y con la observancia de los requisitos previstos en la ley.
• Los elementos obligación, liberación, tiempo y observancia de requisitos (a los que el precepto citado menciona como condiciones) son suficientes para lograr que una situación de mero hecho se transforme en una situación de derecho.
• Así, por ejemplo, un derecho de crédito exigible, respecto al cual el acreedor ha adoptado una actitud de impasibilidad o apatía durante un tiempo superior al previsto en la ley para prescribir, da lugar a la situación de hecho consistente en que el patrimonio del deudor ha tenido un aumento equivalente, por lo menos, al importe del crédito, que no ha restituido a su contraparte, quien, a su vez, de hecho, ha visto disminuido su patrimonio en la medida en que ha aumentado el del deudor.
• Si la prescripción negativa que hiciera valer el obligado es acogida jurisdiccionalmente, esa situación de hecho descrita queda ajustada a una situación de derecho, de manera que, en adelante, debe estimarse conforme a derecho lo que antes tuvo vida nada más en el terreno de lo fáctico.
• Esto ocurre gracias a la prescripción (negativa) en la cual se advierten las características siguientes:
• La prescripción tiene como materia, por regla general, derechos subjetivos y, por ende, actúa en una concreta y particular relación jurídica con sujetos determinados, donde respecto de un objeto específico hay una correlación entre derecho-deber.
• La duración del derecho sujeto a prescripción es imprevisible, porque una vez que ha nacido y se ha hecho exigible, es difícil saber con certeza cuándo concluye, porque el plazo de prescripción se suspende cuando el ejercicio del derecho se encuentra obstaculizado, o bien, puede ser interrumpido, con el consecuente reinicio del plazo fijado en la ley (artículos 1166, 1167 y 1168 del Código Civil para el Distrito Federal).
• La finalidad de la prescripción es descrita por Francesco Santoro Passarelli como la oportunidad de lograr la adecuación de una situación de hecho a una situación de derecho.(4) Esto ocurre si un derecho subjetivo no se hace valer por quien podría hacerlo durante cierto tiempo (situación de hecho), entonces, ante tal imposibilidad, el derecho mismo es perdido por su titular (situación de derecho).
• La causa de la prescripción es subjetiva, consiste en la inercia del titular del derecho subjetivo, para hacerlo valer en el plazo que la ley prevé. De ahí que si el hecho causante de la prescripción es la inercia de su titular durante cierto tiempo, es explicable que no se pierdan por prescripción los derechos cuya pertenencia al sujeto no dependa de la voluntad de éste, así como que la existencia de situaciones y acontecimientos que den lugar a que la falta de ejercicio del derecho no tenga como causa la inercia voluntaria de su titular hayan de influir en el curso de la prescripción, lo cual debe tenerse presente para el cómputo del plazo.
• Es de llamar la atención que está prohibido renunciar al derecho a prescribir en lo sucesivo (última parte del artículo 1141 del Código Civil para el Distrito Federal). Esto se debe a que en la prescripción el interés protegido es el interés público de que los derechos se ejerzan. Por ese motivo, la inactividad en que al respecto incurra su titular no debe exceder de determinado plazo, pues si el tiempo fijado por la ley se cumple, surge a favor del sujeto pasivo de la relación jurídica el derecho de disponer de lo que, como resultado de la inercia de dicho titular, ya le corresponde.
• En cuanto a la disponibilidad de los derechos sujetos a prescripción, ya se vio que si la causa que la origina es la inercia de su titular durante cierto tiempo, esto influye en que la institución no actúe en derechos que escapen a la voluntad del titular y, por ende, los derechos respecto a los cuales el titular no pueda disponer son imprescriptibles, pues si no dependen de su voluntad, ésta (expresada a través de la impasibilidad y el no hacer) no puede dar origen a su pérdida.
• Por el interés público de la institución, según se apuntó, no es admisible la renuncia al derecho de prescribir para lo sucesivo (última parte del artículo 1141 del Código Civil para el Distrito Federal). En cambio, se permite la renuncia de la prescripción sobrevenida (primera parte del artículo 1141 del mismo Código), esto es, no obstante la inercia del titular del derecho durante todo el plazo fijado en la ley para su ejercicio, con la consecuente extinción de la relación jurídica, si así lo decide la voluntad del sujeto pasivo, éste puede cumplir con lo que se obligó, ya que puede disponer de lo que por la adecuación de la situación de hecho a la situación de derecho, quedó dentro de su patrimonio.
• Ésta es la causa por la cual, en juicio seguido contra el obligado, no es admisible que el Juez invoque de oficio a la prescripción, sino que ésta sólo opera cuando es opuesta como excepción,(5) pues depende de la voluntad del sujeto pasivo cumplir con la obligación contraída, o bien, disponer de lo surgido a su favor como resultado de la inercia de su contraparte.
• En la prescripción existen circunstancias que alteran el cómputo del plazo, porque lo im
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29677-ef25674c/accion-de-nulidad-de-juicio-concluido-los-plazos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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