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Modo: Corpus Pro

SOCIEDADES MERCANTILES. EL PLAZO PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE OPOSICIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 201, FRACCIÓN I, DE LA LEY GENERAL RELATIVA, DEBE ANALIZARSE POR EL JUZGADOR AL DICTAR SENTENCIA, AUN DE OFICIO, POR SER UNA CONDICIÓN NECESARIA PARA SU PROCEDENCIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2010. · Registro digital (IUS): 23258
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA ENTONCES TERCERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO PRIMERO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, EL SEGUN
Localización: Décima Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, Pág. 2253.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA ENTONCES TERCERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO PRIMERO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 30 DE MARZO DE 2011. CINCO VOTOS. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIO: FERNANDO A. CASASOLA MENDOZA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de esta denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con los puntos sexto y octavo del Acuerdo 5/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en tanto que la materia a resolver es del orden civil, materia de la exclusiva competencia de esta Sala.

SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo pues, en el caso, fue denunciada por el autorizado del tercero perjudicado dentro del juicio de amparo en revisión 581/2008, por lo que formalmente se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.

TERCERO. Posturas contendientes. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente analizar las consideraciones y argumentaciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados contendientes.

Ahora bien, cabe destacar que aun cuando en el acuerdo de treinta de agosto de dos mil diez, se tuvo como contendientes a la antes Tercera Sala de este Alto Tribunal, al Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito con la ejecutoria del AD. 701/2009, al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito con la ejecutoria del AD. 456/2008, al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito con la ejecutoria del AD. 50/2010, al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito con la ejecutoria del AR. 147/2004, al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito con la ejecutoria del AR. 530/2006, al Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito con la ejecutoria del AR. 18/2007 y al Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito con la ejecutoria del AR. 581/2008, no todos ellos participan de la presente contradicción, pues del análisis de la propia demanda se desprende que los criterios que a continuación se mencionan únicamente fueron invocados por el denunciante en la segunda parte de la denuncia de contradicción de tesis, en donde expuso cuál es, a su parecer, el criterio que debe prevalecer en este asunto, mas no como posturas contendientes, por lo cual, no forman parte de la contradicción y, por lo tanto, no serán tomados en cuenta:

1. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito en el AR. 147/2004.

2. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito en el AR. 530/2006; y,

3. El Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito en el AR. 18/2007.

En consecuencia, aquellos criterios que subsisten para su análisis dentro de la presente contradicción de tesis son los que han sido sustentados por la entonces Tercera Sala de este Máximo Tribunal y los siguientes Tribunales de Circuito:

1. Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito.

2. Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

3. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito; y,

4. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito.

Así entonces, se continúa con el análisis de los criterios emitidos por los referidos contendientes:

Criterio de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al resolver el amparo civil directo 2578/46, conoció de un juicio ordinario mercantil, en el que se reclamó la nulidad de la asamblea social de una empresa, así como de los acuerdos tomados en ésta y la inscripción de la misma en el Registro Público de Comercio.

La demanda de dicho juicio fue presentada ante el Juez Décimo Primero de lo Civil de la Ciudad de México, sin embargo, por cuestiones de jurisdicción el negocio le fue turnado al Juez Primero de lo Civil de la Ciudad de Morelia, éste admitió la demanda y ordenó emplazar a los demandados, quienes, al contestar la demanda, formularon reconvención sobre rendición de cuentas que debería presentarles el actor.

Tramitado el juicio, se dictó sentencia en la que declaró que el actor no había probado su acción, pero sí sus excepciones la parte demandada, declaró procedente la reconvención y condenó al demandante a rendir cuentas en un término de quince días.

Disconforme con dicha sentencia el actor formuló recurso de apelación al igual que la parte demandada, toda vez que en la sentencia pronunciada no se había condenado en costas al actor, ambos recursos fueron presentados ante la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán.

Tramitadas ambas apelaciones, fueron resueltas por la Sala en un solo fallo, por el cual se confirmó el de la primera instancia y, además, se condenó al actor al pago de costas en las dos instancias.

Inconforme con la sentencia emitida por el tribunal de alzada, el actor promovió juicio de garantías en la vía directa, en donde la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que: "... De lo dispuesto por el artículo 201 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se advierte que la caducidad que el mismo establece, se refiere a la oposición contra los acuerdos de las asambleas válidamente celebradas y no a la acción de nulidad de las mismas.". La Sala determinó conceder el amparo solicitado con base en las siguientes consideraciones:

"... 3o. Se dice en el cuarto concepto de violación que la Sala sentenciadora hace una indebida aplicación del artículo 201 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, porque de su simple lectura se desprende que la caducidad en él establecida se refiere a la oposición contra los acuerdos de las asambleas válidamente celebradas, y no a la acción de nulidad de las mismas, como es la de acción que se ha deducido en la especie."

De la anterior ejecutoria, derivó la tesis aislada del rubro y texto siguientes:

"ASAMBLEAS CELEBRADAS POR SOCIEDADES MERCANTILES, NULIDAD DE LAS. De lo dispuesto por el artículo 201 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se advierte que la caducidad que el mismo establece, se refiere a la oposición contra los acuerdos de las asambleas válidamente celebradas y no a la acción de nulidad de las mismas."

Criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito. Al resolver el juicio de amparo en revisión 581/2008, conoció de un juicio ordinario mercantil, en el que en ejercicio de la acción de oposición se impugnaron las resoluciones o acuerdos tomados en una asamblea general ordinaria de accionistas, a fin de que éstos se revocaran, quedaran insubsistentes y se decretara la suspensión de los mismos.

La Juez Quinto de lo Civil, con sede en la ciudad de Mexicali, Baja California, mediante auto de veintiocho de mayo del dos mil siete admitió la demanda, ordenó el emplazamiento de los demandados y concedió la suspensión solicitada.

Inconformes con el auto referido, tanto la parte actora como la demandada promovieron recurso de apelación del cual correspondió conocer a la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, quien en sentencia de cuatro de abril de dos mil ocho declaró fundado el recurso de apelación y revocó el auto de admisión de la demanda.

En las relatadas condiciones, los actores promovieron juicio de amparo indirecto, del cual correspondió conocer al Juez Décimo Segundo de Distrito del Decimoquinto Circuito, quien concedió el amparo.

En contra de tal determinación, los entonces tercero perjudicados promovieron amparo en revisión, del cual conoció el Tribunal Colegiado de referencia bajo el número AR. 581/2008 de su índice quien, en lo que interesa para la presente contradicción, consideró que "... la prescripción de la acción, prevista por el artículo 201 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, siendo susceptible de ser planteada como excepción perentoria sólo puede ser analizada en sentencia definitiva acorde a lo establecido en los artículos 1322, 1327 y 1381 del Código de Comercio ...", motivo por el cual resolvió confirmar la resolución sometida a revisión, con base en los siguientes argumentos:

"... De los artículos 201 y 202 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se desprende que regulan una acción denominada de oposición, que corresponde a los accionistas que representan el treinta y tres porciento del capital social, la cual tiene por objeto oponerse a la ejecución de los acuerdos adoptados por la asamblea general, por estimar que atenta contra los estatutos sociales o la ley, esto es, atiende a cuestiones de fondo de los acuerdos y no a circunstancias previas a la asamblea que pueden incidir en nulidad. También se colige que la ejecución de las resoluciones impugnadas puede suspenderse por el Juez, siempre que los actores dieren fianza bastante para responder de los daños y perjuicios que pudieren causarse a la sociedad, por la ejecución de dichas resoluciones en caso de que la sentencia declare infundada la oposición.

"Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 196/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos veinticuatro del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, mayo de dos mil seis, que, a la letra reza (énfasis añadido): ‘SOCIEDADES MERCANTILES. LA SUSPENSIÓN DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LAS ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 202 DE LA LEY GENERAL RELATIVA, ES APLICABLE TRATÁNDOSE DE LA ACCIÓN DE OPOSICIÓN, NO ASÍ PARA LA NULIDAD.’ (se transcribe).

"En ese contexto es incontrovertible que la fracción I del artículo 201 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, al disponer que la demanda en la que se ejerza la acción de oposición deberá presentarse dentro de los quince días siguientes a la fecha de la clausura de la asamblea, estatuye el plazo de prescripción de dicha acción.

"...

"Luego, si la autoridad responsable motivó la determinación de desechar la acción de oposición con el argumento de que ésta era extemporánea por haberse presentado fuera del plazo de quince días a que se refiere el artículo 201, fracción I, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, es inconcuso que infringió lo dispuesto por los artículos 1322, 1327 y 1381, todos del Código de Comercio, cuenta habida que materialmente resolvió sobre la prescripción de la acción, excepción perentoria que, de acuerdo con dichos numerales, sólo puede ser materia de análisis en la sentencia definitiva, cuando se hace valer como excepción por la parte demandada.

"Tan es así, que en su escrito de contestación, las codemandadas en el juicio natural ********* y ********** viuda de *********, plantearon la excepción de prescripción de la acción de oposición en los siguientes términos:

"‘... III. Excepción de prescripción de la acción de oposición prevista por el artículo 201 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. (se transcribe).

"‘...

"‘Si la acción de oposición es en contra de los acuerdos tomados en la asamblea de 29 de noviembre de 2005, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio el 22 de junio de 2006, según confesión expresa de los actores, es obvio también que a la fecha de presentación de esta demanda el plazo de 15 días que prevé el artículo 201 de la Ley General de Sociedades Mercantiles había transcurrido y el derecho de los actores se había extinguido por prescripción ...’

"Además, ********** (codemandado en el proceso judicial del que emana el acto reclamado), al contestar la demanda opuso la excepción de prescripción de la acción de oposición de la siguiente manera:

"‘... III. La de procedencia por prescripción de la acción de oposición.

"‘Es improcedente la acción de oposición prevista por los artículos 200 y 201 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por no haberse presentado la demanda dentro de los 15 días siguientes a la fecha de clausura de la asamblea.

"‘Indebidamente se admitió a trámite la acción de oposición hecha valer por la parte actora, violándose lo dispuesto por el artículo 201, fracción I, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, al haberse admitido dicha acción contra las resoluciones de asamblea de la sociedad mercantil denominada **********, **********, de fecha 29 de noviembre del año dos mil cinco, no obstante que la demanda se presentó fuera del término de 15 (quince) días que para tal efecto establece el precepto legal invocado, por lo que en la especie, resulta notoriamente extemporánea e improcedente la acción de oposición ...’

"En las relatadas condiciones, ante lo fundado del concepto de violación analizado, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida y conceder la protección constitucional a ********** y a **********, para que la autoridad responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y dicte otra en la que, siguiendo los lineamientos contenidos en este fallo, resuelva lo que en derecho corresponda."

Criterio del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Al resolver el juicio de amparo directo 701/2009, conoció de un juicio ordinario mercantil, en el que se impugnaban las resoluciones adoptadas por la asamblea general de accionistas de una empresa.

Por cuestión de turno, correspondió conocer del referido asunto al Juez Octavo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; seguido el juicio en su trámite correspondiente, dictó sentencia en la que resolvió absolver a la parte demandada de las prestaciones reclamadas.

Inconforme con la sentencia emitida, el actor promovió juicio de garantías en la vía directa, en donde el referido Tribunal Colegiado sostuvo que "... si bien por regla general, el término que se tiene para el ejercicio de una acción no constituye un elemento o requisito de la acción que deba analizarse de oficio por el juzgador para determinar la procedencia de la misma, sino que, en todo caso, debe hacerse valer como excepción de prescripción por la parte interesada, también existen excepciones a dicha regla, conforme a las cuales, el propio legislador la establece como condición o elemento para ejercitar la acción. Que el juzgador federal sí se encuentra no sólo facultado, sino obligado a analizar tal elemento de procedencia, con independencia de que la parte demandada lo haya hecho valer o no vía excepción al contestar la demanda ...", motivo por el cual negó el amparo, con base en las siguientes consideraciones:

"... Al respecto, cabe destacar, en primer término, que los requisitos de procedencia o procedibilidad, son todas aquellas condiciones necesarias para ejercitar la acción, que la propia ley impone, tanto en forma genérica como específica para cada acción. De igual forma, debe puntualizarse que la procedencia de la acción debe analizarse de oficio por el juzgador al momento de dictar la sentencia, independientemente de que la parte demandada hubiera opuesto excepción al respecto.

"Como apoyo de lo anterior, se cita la jurisprudencia sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 6 del Tomo IV, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Sexta Época, que dice: ‘ACCIÓN. ESTUDIO OFICIOSO DE SU IMPROCEDENCIA.’ (se transcribe).

"Asimismo, debe señalarse que si bien, por regla general, el término que se tiene para el ejercicio de una acción no constituye un elemento o requisito de la acción que deba analizarse de oficio por el juzgador para determinar la procedencia de la misma, sino que, en todo caso, debe hacerse valer como excepción de prescripción por la parte interesada; también existen excepciones a dicha regla, conforme a las cuales, el propio legislador la establece como condición o elemento para ejercitar la acción, como ocurre en la especie.

"En efecto, para poder determinar sobre la procedencia de una acción, debe atenderse de manera específica a las disposiciones que la regulan, pues sólo de esa manera se puede deducir cuáles son las condiciones que la ley requiere para que pueda ejercitarse la misma.

"En la especie, la acción de oposición ejercitada por la actora, ahora quejosa, se encuentra prevista en los artículos 201 al 205 de la Ley General de Sociedades Mercantiles que disponen lo siguiente: (se transcriben).

"Del análisis integral de los preceptos legales transcritos se desprende que la ley establece como requisitos de procedencia de la acción de oposición a los acuerdos tomados en una asamblea de accionistas los siguientes:

"a) Que la demanda se presente dentro de los quince días siguientes a la fecha de la clausura de la asamblea;

"b) Que los reclamantes no hayan concurrido a la asamblea o hayan dado su voto en contra de la resolución;

"c) Que la demanda señale la cláusula del contrato social o el precepto legal infringido y el concepto de la violación; y,

"d) Que los accionistas depositen los títulos de sus acciones ante notario público o en una institución de crédito.

"Como puede observarse, los cinco (sic) requisitos antes enumerados son las condiciones que el propio legislador impuso al accionista como elementos necesarios para que pudiera ejercer la acción de oposición a los acuerdos tomados en una asamblea a la que no hubiese asistido o respecto de la cual, haya dado su voto en contra de la resolución que pretenda impugnar.

"Entre tales condiciones o elementos, podemos encontrar, en primer término, a la temporalidad para ejercer la acción, es decir, al término dentro del cual debe ejercerse la misma, por lo que se reitera, que aunque por regla general el plazo establecido en la ley para el ejercicio de una acción no constituye un elemento de procedencia de la misma, sino que en todo caso, cuando se advierte que la acción no se ejercitó dentro de ese plazo, debe hacerse valer por parte de la demandada vía excepción al contestar la demanda, como prescripción; lo cierto es que en la especie, el plazo de presentación de la demanda respectiva, sí resulta un requisito de procedencia o procedibilidad para el ejercicio de la acción de oposición de que se trata, ya que el propio legislador lo dispuso así al redactar el artículo 201 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

"En ese contexto, este Tribunal Colegiado estima que contrariamente a lo que alega la impetrante, en el caso, el plazo de quince días con que ésta contaba para la presentación de la demanda de oposición judicial a los acuerdos tomados en la asamblea que refiere, sí constituye un elemento de procedibilidad de la acción, porque así lo establece el propio artículo 201 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

"En esas condiciones, debe concluirse también, contrariamente a lo que alega la impetrante, que el juzgador federal sí estaba no sólo facultado, sino obligado a analizar tal elemento de procedencia, con independencia de que la parte demandada lo haya hecho valer o no vía excepción al contestar la demanda, por lo cual, es infundado que su proceder al realizar tal análisis constituya una violación al principio de congruencia establecido en los artículos 1077 y 1327 del Código de Comercio, ya que como se dijo, el Juez se encuentra obligado a analizar la procedencia de la acción, aun en el caso de que la parte demandada no se hubiere opuesto a la misma.

"Como apoyo de lo anterior, se cita la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en la página 77 del tomo 199-204, Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice lo siguiente: ‘EXCEPCIONES NO OPUESTAS EN TRATÁNDOSE DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN.’ (se transcribe).

"De ahí lo infundado del primer concepto de violación."

De la anterior ejecutoria derivaron las tesis aisladas, de rubros y textos siguientes:

"ACCIÓN DE OPOSICIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 201 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. EL PLAZO PARA SU EJERCICIO CONSTITUYE UN ELEMENTO DE PROCEDENCIA QUE DEBE ANALIZARSE DE OFICIO POR EL JUZGADOR. Aunque por regla general, el plazo establecido en la ley para el ejercicio de una acción no constituye un elemento de procedencia de la misma, sino que en su caso, debe hacerse valer por la demandada vía excepción al contestar la demanda, como prescripción; lo cierto es que tratándose de la acción de oposición que prevé el artículo 201 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el plazo de presentación de la demanda respectiva, sí resulta un requisito de procedencia o procedibilidad para su ejercicio, ya que así lo dispuso el propio legislador al redactar dicho precepto. Por lo tanto, partiendo de la premisa de que el Juez se encuentra obligado a analizar la procedencia de la acción, aun en el caso de que la parte demandada no se hubiere opuesto a la misma, se concluye que el Juez debe analizar la temporalidad de la presentación de la demanda como requisito de procedencia de la acción, con independencia de que la parte demandada lo haya hecho valer o no en vía de excepción al contestar la demanda."

"ACCIÓN DE OPOSICIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 201 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DEBE COMPUTARSE EN DÍAS NATURALES. Por regla general, todos los términos que se refieren a actos prejudiciales, deben computarse en días naturales; mientras que los actos judiciales, se computan sólo con días hábiles, ya que las actuaciones judiciales sólo pueden llevarse a cabo en los días en que laboran las autoridades jurisdiccionales, salvo los casos de excepción que la propia ley establece. Ahora bien, por actos prejudiciales deben entenderse todos aquellos que se realizan antes de que se dé inicio a un procedimiento judicial, esto es, antes de la presentación de la demanda respectiva y por lógica, los actos judiciales serán aquellos que las partes realizan dentro de un procedimiento judicial, es decir, después de presentada la demanda o solicitud respectiva. Atendiendo a lo anterior, el término que establece el artículo 201 de la Ley General de Sociedades Mercantiles es relativo a un acto prejudicial, porque se refiere a un acto acontecido con anterioridad a la presentación de la demanda, pues se trata precisamente del plazo con que cuenta un socio para presentar la demanda a través de la cual va a oponerse a los acuerdos tomados en una asamblea y en esas condiciones, es evidente que dicho término debe computarse en días naturales y no hábiles."

Por otro lado, el criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el AD. 456/2008 conoció de un juicio, en el que se reclamaron: a) La nulidad del juicio especial hipotecario; b) la inexistencia del contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria, formalizado sin consentimiento de ********** en la escritura pública **********; y, c) el pago de daños y perjuicios, así como las costas del juicio.

Seguido el juicio en su trámite, el Juez dictó sentencia desestimatoria, por lo que la sucesión actora interpuso recurso de apelación, cuyo conocimiento correspondió a la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la cual confirmó la sentencia recurrida y condenó al apelante al pago de costas causadas en ambas instancias.

Inconforme con lo anterior, la sucesión actora promovió juicio de amparo directo, en donde el referido Tribunal Colegiado sostuvo que "... la presentación oportuna del escrito de demanda, es decir, dentro del plazo legal previsto para el válido planteamiento de la pretensión, constituye un presupuesto procesal para la correcta integración de la relación jurídico procesal, pues si hubiere operado la caducidad en el ejercicio de la acción, el proceso no podría estar correctamente conformado, al ser ineficiente al uso que de ella hizo el actor; máxime que la caducidad de la acción debe diferenciarse de la prescripción, ya que la primera es de orden procesal y sólo extingue la posibilidad de tramitar en juicio una pretensión que no se intentó oportunamente, en tanto que la segunda, es de naturaleza sustantiva y está referida a la extinción, por lo que el transcurso del tiempo, del derecho u obligación exigidos a través del ejercicio de aquélla; una por ser de carácter procesal debe ser advertida de oficio por la autoridad judicial, en cambio la otra, al ser de orden sustantivo requiere ser opuesta como excepción por el directamente interesado en su declaración ...", motivo por el cual negó el amparo solicitado, con base en las siguientes consideraciones:

"... Una vez que se han sentado estas precisiones y al estudiar el tema indicado se encuentra, que aun cuando la prescripción y la caducidad son medios extintivos de las relaciones jurídicas, en virtud del transcurso del tiempo, lo cierto es que entre ellas existen diferencias notables en cuanto a la materia sobre la que actúan, la previsibilidad de la duración del derecho sujeto a tales figuras, la finalidad perseguida con su regulación, la causa que las genera, el interés protegido por ellas, la disponibilidad de los derechos sujetos a prescripción y las particularidades del cómputo de los plazos en una y otra institución, como se expone enseguida:

"En conformidad con el artículo 1135 del Código Civil para el Distrito Federal, la prescripción (negativa) es el medio de librarse de obligaciones mediante el transcurso del tiempo y con la observancia de los requisitos previstos en la ley.

"Los elementos obligación, liberación, tiempo, observancia de requisitos (a los que el precepto citado menciona como condiciones) son suficientes para lograr que una situación de mero hecho se transforme en una situación de derecho.

"Así, por ejemplo, un derecho de crédito exigible, respecto al cual el acreedor ha adoptado una actitud de impasibilidad o apatía durante un tiempo superior al previsto en la ley para prescribir, da lugar a la situación de hecho consistente en que, el patrimonio del deudor ha tenido un aumento equivalente, por lo menos, al importe del crédito, que no ha restituido a su contraparte, quien, a su vez, de hecho, ha visto disminuido su patrimonio en la medida en que ha aumentado el del deudor.

"Si la prescripción negativa que hiciera valer el obligado es acogida jurisdiccionalmente, esa situación de hecho descrita queda ajustada a una situación de derecho, de manera que, en adelante, debe estimarse conforme a derecho lo que antes tuvo vida nada más en el terreno de lo fáctico.

"Esto ocurre gracias a la prescripción (negativa) en la cual se advierten las características siguientes:

"La prescripción tiene como materia, por regla general, derechos subjetivos y, por ende, actúa en una concreta y particular relación jurídica con sujetos determinados, donde respecto de un objeto específico hay una correlación entre derecho-deber.

"La duración del derecho sujeto a prescripción es imprevisible, porque una vez que ha nacido y se ha hecho exigible, es difícil saber con certeza cuándo concluye, porque el plazo de prescripción se suspende cuando el ejercicio del derecho se encuentra obstaculizado, o bien, puede ser interrumpido, con el consecuente reinicio del plazo fijado en la ley (artículos 1166, 1167 y 1168 del Código Civil para el Distrito Federal).

"La finalidad de la prescripción es descrita por el autor Francesco Santoro Passarelli como la oportunidad de lograr la adecuación de una situación de hecho a una situación de derecho.(6) Esto ocurre si un derecho subjetivo no se hace valer, por quien podría hacerlo, durante cierto tiempo (situación de hecho) entonces, ante tal impasibilidad, el derecho mismo es perdido por su titular (situación de derecho).

"La causa de la prescripción es subjetiva, consiste en la inercia del titular del derecho subjetivo, para hacerlo valer en el plazo que la ley prevé. De ahí que si el hecho causante de la prescripción es la inercia de su titular durante cierto tiempo, es explicable que no se pierdan por prescripción los derechos cuya pertenencia al sujeto no dependa de la voluntad de éste, así como que la existencia de situaciones y acontecimientos que den lugar a que la falta de ejercicio del derecho no tenga como causa la inercia voluntaria de su titular hayan de influir en el curso de la prescripción, lo cual debe tenerse presente para el cómputo del plazo.

"Es de llamar la atención que está prohibido renunciar al derecho a prescribir en lo sucesivo (última parte del artículo 1141 del Código Civil para el Distrito Federal). Esto se debe a que en la prescripción, el interés protegido es el interés público de que los derechos se ejerzan. Por ese motivo, la inactividad en que al respecto incurra su titular no debe exceder de determinado plazo, pues si el tiempo fijado por la ley se cumple, surge a favor del sujeto pasivo de la relación jurídica, el derecho de disponer de lo que, como resultado de la inercia de dicho titular, ya le corresponde.

"En cuanto a la disponibilidad de los derechos sujetos a prescripción, ya se vio que si la causa que la origina es la inercia de su titular durante cierto tiempo, esto influye en que la institución no actúe en derechos que escapen a la voluntad del titular y, por ende, los derechos respecto a los cuales el titular no pueda disponer son imprescriptibles, pues si no dependen de su voluntad, ésta (expresada a través de la impasibilidad y el no hacer

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23258-218cd0c9/sociedades-mercantiles-el-plazo-para-el-ejercicio-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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