SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. PROCEDE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL JUEZ ANTE QUIEN SE PRESENTA LA DEMANDA MERCANTIL OMITE APLICAR EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 1127, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 36/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 12 DE MAYO DE 2021. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, Y LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: MELESIO RAMOS MARTÍNEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo;(1) 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) en relación con los puntos segundo, fracción VII, y tercero, del Acuerdo General Número 5/2013 del Pleno de este Alto Tribunal y el artículo 86, segundo párrafo, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis sustentada entre criterios de Tribunales Colegiados de diferente Circuito.
Lo anterior tiene sustento en el criterio emitido por el Pleno de este Alto Tribunal, contenido en la tesis P. I/2012 (10a.) de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."(3)
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, porque fue el titular del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, quien denunció la posible contradicción de criterios; por tanto, se actualiza el supuesto de legitimación previsto en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo.
TERCERO.—Presupuestos para determinar la existencia de la contradicción de tesis. Para determinar si el presente asunto cumple con los presupuestos de existencia de la contradicción de tesis, debe precisarse que este Máximo Tribunal, a ese respecto, ha sostenido los siguientes requisitos y/o lineamientos:
a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de aplicar el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b) Que en esos ejercicios interpretativos se encuentre algún punto de conexión, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea sobre el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; habiéndose resuelto en forma discrepante.
c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
d) Que no es necesario que las cuestiones fácticas que rodean los casos de los que emanan los criterios contendientes sean exactamente iguales, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes y pueden ser sólo adyacentes, debiéndose privilegiar, en tal supuesto, la función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional.
e) Que para el análisis de las ejecutorias y la consecuente determinación sobre la existencia de la contradicción, no es indispensable ni exigible que los criterios sustentados por los órganos jurisdiccionales contendientes constituyan jurisprudencia debidamente integrada.
Tales directrices han sido determinadas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias de rubros siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO."(4)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA."(5)
"CONTRADICCION DE TESIS. PARA SU INTEGRACION NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS."(6)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES." (7)
CUARTO.—Criterios contendientes. Los asuntos materia de la presente contradicción de tesis, se ocuparon de lo siguiente:
A. Criterio del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito
De la ejecutoria emitida por ese tribunal al resolver el amparo directo 874/2018-II, se advierte lo siguiente:
Mediante escrito presentado el veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, Liconsa, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de sus apoderados, demandó en la vía ejecutiva mercantil, de una persona física, entre otras prestaciones, el pago $80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de suerte principal, derivado de la suscripción de un título de crédito (pagaré).
Del asunto en cuestión correspondió conocer al titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, quien por auto de veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, determinó registrar el expediente bajo el número 353/2018 y desechar la demanda, al considerar que no era procedente la vía ejecutiva mercantil intentada por la promovente, sino la diversa vía ejecutiva oral mercantil.
En desacuerdo con el proveído anterior, la persona moral actora –Liconsa, Sociedad Anónima de Capital Variable–, interpuso recurso de revocación, el cual fue resuelto en el sentido de declararlo infundado y confirmar el proveído recurrido.
Inconforme con la resolución que antecede, Liconsa, Sociedad Anónima de Capital Variable promovió juicio de amparo directo, a quien el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito le concedió la protección constitucional solicitada.
En específico, en ese juicio de amparo directo, el Tribunal Colegiado aludido, al advertir la existencia de una violación evidente de la ley, procedió a suplir la deficiencia de la queja a favor de la peticionaria de amparo en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo.
El Tribunal Colegiado expuso que tratándose de la vía, cuando se resuelve que la misma es improcedente, la consecuencia está prevista en el artículo 1127 del Código de Comercio(8) –en específico segundo párrafo–, en el cual se dispone que cuando se declara la improcedencia de la vía, su efecto será el de continuar el procedimiento para el trámite del juicio en la vía que se considere procedente declarando la validez de lo actuado, con la obligación del Juez para regularizar el procedimiento de acuerdo a la vía que se declare procedente, por lo que no procedía desechar la demanda; motivo por el cual, a decir de ese Tribunal Colegiado contendiente, la responsable transgredió, en perjuicio de la peticionaria de amparo, los artículos 14 y 16 constitucionales.
B. Criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito
De la ejecutoria emitida por ese tribunal al resolver el amparo directo 479/2019, se advierte lo siguiente:
Mediante escrito presentado el veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, una persona física demandó en la vía ejecutiva mercantil el pago de la cantidad de $140,000.00 (ciento cuarenta mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal, intereses moratorios y costas correspondientes.
De la demanda en cuestión correspondió conocer al titular del Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 173/2019,(9) dictada por el mismo Tribunal Colegiado aquí contendiente, con plenitud de jurisdicción y previo requerimiento que hizo a la parte actora, mediante proveído de once de junio de dos mil diecinueve, desechó la demanda al considerar que no era procedente la vía ejecutiva mercantil pues, dijo, atendiendo a la cuantía del asunto, el procedimiento idóneo era el oral mercantil.
En desacuerdo con el proveído anterior, la parte actora en el juicio mercantil interpuso recurso de revocación, el cual fue resuelto en el sentido de declararlo infundado y confirmar el proveído recurrido.
Inconforme con la resolución que antecede, la parte accionante promovió juicio de amparo directo, el cual fue resuelto por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en el sentido de negar la protección constitucional solicitada, al considerar que la vía de tramitación adecuada era la ejecutiva mercantil oral.
QUINTO.—Existencia de la contradicción de tesis. Del examen de esas ejecutorias materia de la denuncia, se concluye que sí existe la contradicción de tesis.
En efecto, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito consideró que, cuando el acto reclamado lo constituye la resolución que confirma la improcedencia de la vía ejecutiva mercantil escrita y ordena desechar la demanda por estimarse que la vía procedente es la oral mercantil, debe suplirse la deficiencia de la queja en el amparo directo, en tanto que tal forma de proceder constituye una violación manifiesta de la ley que deja sin defensa a la parte quejosa (actora en el juicio mercantil).
Lo anterior, ya que al haberse desechado la demanda mercantil se dejó de aplicar el contenido del artículo 1127, segundo párrafo, del Código de Comercio que establece que cuando se declare la improcedencia de la vía, su efecto será el de continuar el procedimiento para el trámite del juicio en la vía en que se considere procedente, declarando la validez de lo actuado; de ahí que, a decir del citado tribunal de amparo, la falta de aplicación de esa disposición actualizó una violación evidente de la ley que dejó sin defensa al quejoso, por afectar los derechos previstos en el artículo 1o. de la Ley de amparo.
Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito también se ocupó de resolver un asunto en el cual el acto reclamado se hizo consistir en la resolución que confirmó la improcedencia de la vía ejecutiva mercantil escrita y desechó la demanda por estimar que la vía procedente es la oral mercantil.
Sin embargo, este último órgano de amparo no suplió la deficiencia de la queja, lo que revela que no consideró actualizada una violación evidente de la ley que dejara sin defensa al quejoso por afectar los derechos previstos en el artículo 1o. de la Ley de amparo.
Así, se puede afirmar que el punto de contradicción en las resoluciones emitidas por los órganos contendientes radica en resolver la siguiente interrogante:
Cuando se ordena desechar la demanda intentada en el juicio natural por haberse concluido que la vía mercantil adecuada no es la planteada por la parte actora sino una diversa vía de naturaleza también mercantil, ¿Es factible considerar que debe suplirse la deficiencia de la queja en el amparo, en atención a que en el juicio de origen se actualizó una violación evidente de la ley que dejó sin defensa a la parte quejosa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o. de la Ley de amparo?
El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito consideró que sí debe suplirse; el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito concluyó que no, por lo que es claro que uno y otro órgano dieron una respuesta diferente al mismo problema jurídico.
No obsta para establecer la existencia de un punto de contradicción, el hecho de que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito no haya justificado por qué no procedió a suplir la deficiencia de la queja; pues la Ley de Amparo no obliga al órgano de amparo a precisar las razones por las cuales no consideró actualizada alguna de las hipótesis en que opera la suplencia de la queja.
SEXTO.—Criterio que debe prevalecer. Esta Primera Sala concluye que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio consistente en que se actualiza una violación evidente de la ley que deja sin defensa al quejoso y obliga al órgano de amparo a suplir la deficiencia de la queja cuando en el juicio natural se ordena desechar la demanda intentada por considerarse que la vía mercantil correcta no es la planteada por el actor, sino una diversa vía de naturaleza también mercantil. Lo anterior, pues en tales casos se incurre en una clara inobservancia del segundo párrafo del artículo 1127 del Código de Comercio, lo que afecta no sólo derechos procesales, sino que incluso trasciende a los derechos sustantivos de la parte quejosa (actora en el juicio mercantil).
El artículo 79 de la Ley de Amparo, establece:
"Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes:
"...
"VI. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o. de esta ley. En este caso la suplencia sólo operará en lo que se refiere a la controversia en el amparo, sin poder afectar situaciones procesales resueltas en el procedimiento en el que se dictó la resolución reclamada; y, ..."
Antes de proseguir, es importante destacar que la actual fracción VI del artículo 79 de la Ley de Amparo tiene una redacción similar a la que tenía la entonces fracción VI del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada;(10) por tal razón, continúan vigentes los criterios que sobre la fracción VI del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada emitió esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los cuales determinó que la suplencia prevista en esa porción normativa sí operaba en los amparos en materia civil, toda vez que el legislador, al emplear las palabras "en otras materias", se refirió a las que no estaban expresamente reguladas en las demás fracciones, y que eran, precisamente, la civil y la administrativa.(11)
Asimismo, sobre la fracción VI previamente transcrita que, se reitera, es de redacción análoga al 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, este Alto Tribunal ya ha concluido que la frase "lo haya dejado sin defensa" no debe interpretarse literalmente, toda vez que contra todo acto de autoridad existen medios de defensa, entre ellos el juicio de amparo; sino que debe entenderse en el sentido de que la autoridad infringió determinadas normas, de forma que afectó sustancialmente al quejoso en su defensa. De igual modo, se ha dicho que una "violación manifiesta de la ley" es la que se advierte obvia, que es innegable e indiscutible, y cuya existencia no puede derivarse de una serie de razonamientos y planteamientos cuestionables.(12)
Particularmente, esta Primera Sala ha sostenido que por "violación manifiesta de la ley que deje sin defensa", se entiende aquella actuación que haga notoria e indiscutible la vulneración a los derechos fundamentales del quejoso, ya sea en forma directa, o bien, indirecta, mediante la transgresión a las normas procedimentales y sustantivas, y que rigen el acto reclamado.(13)
Inclusive, al resolver el amparo directo en revisión 7867/2018, esta Primera Sala estableció que procede la suplencia de la queja en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo en asuntos de estricto derecho (como la mercantil) aun en ausencia de argumentos (agravios y/o conceptos de violación) cuando existe una patente y notoria violación a la ley que deja al quejoso en indefensión.
Una vez que conforme a la doctrina jurisprudencial se ha precisado la forma en que opera la suplencia de la queja en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, corresponde demostrar que, cuando en un juicio mercantil se declara la improcedencia de la vía por estimarse que la correcta es una diversa vía de naturaleza también mercantil (como lo oral mercantil o la ejecutiva mercantil oral), y en vez de reencausar el litigo en la vía (mercantil) adecuada se desecha la demanda, ello actualiza una violación manifiesta de la ley que deja sin defensa al quejoso (actor en el juicio natural).
En efecto, el artículo 1127, párrafo segundo, del Código de Comercio, establece:
"Artículo 1127.
"...
"Cuando se declare la improcedencia de la vía, su efecto será el de continuar el procedimiento para el trámite del juicio en la vía que se considere procedente declarando la validez de lo actuado, con la obligación del Juez para regularizar el procedimiento de acuerdo a la vía que se declare procedente."
La mera lectura permite constatar que el enunciado normativo contenido en el precepto aquí transcrito, es claro por cuanto hace al supuesto y a la consecuencia; pues ese numeral es preciso al señalar que si se verifica el supuesto en el cual el órgano jurisdiccional declare la improcedencia de la vía intentada, la consecuencia será continuar el procedimiento para el trámite del juicio en la vía que se considere procedente, declarando la validez de lo actuado; con la obligación del Juez de regularizar el procedimiento.
Al respecto, incluso existe una jurisprudencia firme y vinculante de esta Primera Sala en la que se especifica que la regla de derecho antes indicada está circunscrita a los juicios mercantiles, por lo que es inaplicable a controversias de otra naturaleza.
La jurisprudencia vinculante de que se habla es la 1a./J. 5/2009, de la literalidad siguiente:
"IMPROCEDENCIA DE LA VÍA. LA REGLA CONTENIDA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 1127 DEL CÓDIGO DE COMERCIO ESTÁ CIRCUNSCRITA A LOS JUICIOS MERCANTILES, POR LO QUE ES INAPLICABLE A CONTROVERSIAS DE OTRA NATURALEZA. De la interpretación sistemática del citado numeral se advierte que la regla que contiene, relativa a que cuando se declare fundada la excepción de improcedencia de la vía debe continuarse el procedimiento en la vía correcta, declarando válido todo lo actuado y regularizando el procedimiento, está circunscrita a los juicios mercantiles, por lo que es inaplicable a controversias de otra naturaleza, pues dada la ubicación de dicha norma y según el contexto normativo al que pertenece, la expresión ‘vía’ que emplea se refiere a la forma del procedimiento a través del cual se deduce una pretensión netamente mercantil. Así, cuando se plantea que la pretensión de fondo no es mercantil sino de otra índole, y que por ello debió deducirse a través de los procedimientos regulados en leyes diversas, resulta evidente que no se actualiza la hipótesis prevista en el segundo párrafo del artículo 1127 del Código de Comercio y, por tanto, es inadmisible que el Juez enmiende la demanda del actor y continúe el procedimiento con arreglo a esas otras leyes, pues ello significaría: 1) actuar más allá de lo expresamente consignado en la norma; 2) romper el equilibrio procesal entre actor y demandado, permitiendo enmendar oficiosamente el yerro del actor que solicitó el desahogo de su demanda con base en leyes inaplicables; y, 3) incurrir en el absurdo de que el Juez acepte la validez de lo actuado en otro asunto conforme a normas ajenas a la materia que regula los procesos comunes."
Ante tal panorama, resulta obvio, innegable e indiscutible que si una demanda mercantil se presenta en una vía mercantil (como la ejecutiva mercantil) y el órgano jurisdiccional estima que la vía correcta es una diversa a la intentada por la parte actora pero también de naturaleza mercantil (como lo es la oral mercantil o la ejecutiva mercantil oral), entonces el juzgador no debe desechar la demanda; pues esta última no es la consecuencia que prevé el segundo párrafo del artículo 1127 del Código de Comercio.
Es por ello que esta Primera Sala arriba a la convicción de que la injustificada inaplicación del segundo párrafo del artículo 1127 del Código de Comercio, sí constituye una violación manifiesta (evidente, patente, obvia) de la ley.
En este punto es relevante decir que la obviedad de la violación a la ley previamente descrita, no puede verse disminuida y menos aún desvirtuada con argumentos en los cuales se pretenda justificar que sólo procede reencausar la vía, en los términos ordenados en la fracción II del artículo 1127, cuando se resuelve una excepción de improcedencia de la vía, no así cuando el órgano jurisdiccional, de oficio, analiza dicho presupuesto procesal (la vía).
Lo anterior, pues, conforme a un argumento de reductio ad absurdum, resultaría ilógico que cuando la parte demandada se opone, mediante una excepción, a la vía planteada por el actor, el Juez sí debe reencausar la vía, pero cuando no existe tal oposición del demandado porque el Juez emprendió el estudio oficioso de la vía, no debe reencausarla. Sostener una postura así implicaría que el actor sólo puede verse beneficiado con la adecuación de la vía cuando hay oposición (excepción) de la parte demandada, pero no cuando el Juez mercantil actúe de forma oficiosa.
Un argumento así es evidentemente insostenible y no puede invocarse para pretender justificar la inaplicación del párrafo segundo del artículo 1127 del Código de Comercio.
Establecido esto, corresponde ahora poner en relieve que la aludida violación manifiesta (clara e indiscutible) de la ley deja sin defensa a la parte quejosa (actora en el juicio mercantil) en tanto que deriva en una afectación de los derechos sustantivos tutelados por la Constitución.
Para demostrar este aserto es necesario tomar en cuenta el contenido de los artículos 1038 a 1041 del Código de Comercio,
"Artículo 1038. Las acciones que se deriven de actos comerciales se prescribirán con arreglo a las disposiciones de este código."
"Artículo 1039. Los términos fijados para el ejercicio de acciones procedentes de actos mercantiles, serán fatales, sin que contra ellos se dé restitución."
"Artículo 1040. En la prescripción mercantil negativa, los plazos comenzarán a contarse desde el día en que la acción pudo ser legalmente ejercitada en juicio."
"Artículo 1041. La prescripción se interrumpirá por la demanda u otro cualquier género de interpelación judicial hecha al deudor, por el reconocimiento de las obligaciones, o por la renovación del documento en que se funde el derecho del acreedor.
"Se considerará la prescripción como no interrumpida por la interpelación judicial si el actor desistiese de ella o fuese desestimada su demanda."
Los anteriores preceptos regulan la prescripción de las acciones mercantiles (acciones que derivan de actos de comercio).
Particularmente, interesa destacar que conforme al artículo 1041 del Código de Comercio, por regla general, la prescripción de la acción se interrumpe por la presentación de la demanda; sin embargo, si la demanda es desestimada no opera la interrupción de la prescripción de la acción.
Esto permite destacar que el que no se observe el contenido del segundo párrafo del artículo 1127 del Código de Comercio no se traduce en una mera violación procesal, sino que incluso trasciende a los derechos sustantivos de la parte actora.
Se expone esto último, pues si el órgano jurisdiccional concluye que la vía mercantil originalmente intentada por la actora es improcedente en virtud de que el litigio se debe tramitar y resolver en diversa vía mercantil, pero el juzgador, en vez de continuar el procedimiento para el trámite del juicio en la vía mercantil que considera adecuada, desecha la demanda, coloca a la parte actora en riesgo de que opere la prescripción de la acción que intenta. Lo anterior, ya que en un supuesto así la presentación del ocurso de demanda no habrá interrumpido el plazo de prescripción al haber sido desestimada (desechada).
Es decir, el no aplicar el contenido del artículo 1127, segundo párrafo, del Código de Comercio, se traduce en imponer injustificadamente al gobernado un requisito impeditivo u obstaculizador del derecho de acceso a la justicia tutelado en el artículo 17 constitucional.
Este precepto de la Norma Fundamental, en lo conducente, establece:
"Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.
"Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. ..."
Al respecto, este Alto Tribunal ya ha establecido, de manera reiterada, que el derecho de acceso a la jurisdicción implica la posibilidad de los gobernados para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa de cada uno; y, en su caso, se ejecute tal decisión.
De igual forma, ha señalado que ese derecho se traduce en que los órganos jurisdiccionales estén expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, lo que significa que el poder público –en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial– no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición injustificada alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales.
Bajo esta lógica, como ya se apuntó, la inobservancia del segundo párrafo del artículo 1127 del Código de Comercio afecta no sólo derechos procesales, sino que incluso trasciende a los derechos sustantivos de la parte quejosa (actora en el juicio mercantil) pues la inaplicación de ese precepto se traduce en la imposición injustificada de un obstáculo en el acceso a la jurisdicción e inclusive se puede traducir en la pérdida, por prescripción negativa, de la acción misma.
De ahí que, en tal caso, el tribunal de amparo debe suplir la deficiencia de la queja con base en el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo; en el entendido de que esta regla general operará, en principio, a condición de que la vía mercantil adecuada deba tramitarse ante la propia persona juzgadora que ya conoce de la demanda; pues, de otro modo, el análisis y aplicación de las normas adjetivas relativas a la vía derivaría también en un pronunciamiento con relación a la competencia del órgano jurisdiccional, tópico respecto del cual existen reglas propias y a las cuales se debe atender caso por caso.
SÉPTIMO.—Tesis de jurisprudencia. Por lo expuesto en el considerando anterior, debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, el criterio siguiente:
Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes conocieron de diversos amparos directos en los cuales el Juez ante quien se entabló una demanda mercantil omitió aplicar el segundo párrafo del artículo 1127 del Código de Comercio. Uno de los Tribunales Colegiados consideró que ello constituía una violación manifiesta de la ley que dejaba sin defensa a la parte quejosa, por lo que suplió la deficiencia de la queja, el otro órgano de amparo contendiente no efectuó tal suplencia de la queja.
Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación arriba a la convicción de que cuando el Juez ante quien se presentó una demanda mercantil omite aplicar el segundo párrafo del artículo 1127 del Código de Comercio, procede suplir la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo.
Justificación: Lo anterior es así, porque el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo faculta para suplir la deficiencia de la queja en materias de estricto derecho, como la mercantil, cuando se hubiere actualizado una violación evidente de la ley que haya dejado sin defensa a la parte quejosa, entendiéndose por tal, aquella actuación que haga notoria e indiscutible la vulneración a los derechos de la parte quejosa, tutelados por la Constitución General o por los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, mediante la transgresión a las normas procedimentales o sustantivas que rigen el acto reclamado. En ese sentido, esta Primera Sala concluye que cuando al decidir sobre la procedencia de la vía mercantil intentada se omite aplicar el segundo párrafo del artículo 1127 del Código de Comercio, procede suplir la deficiencia de la queja en el juicio de amparo respectivo. Ello, pues el aludido precepto de la legislación mercantil es claro y preciso al señalar que si se verifica el supuesto en el cual el órgano jurisdiccional declare la improcedencia de la vía mercantil propuesta por la parte actora, la consecuencia será continuar el procedimiento para el trámite del juicio en la vía mercantil que se considere procedente declarando la validez de lo actuado; con la obligación del Juez de regularizar el procedimiento. Por ende, si no se aplica esa norma de derecho y en vez de reencausar el litigo en la vía mercantil adecuada se desecha la demanda, ello derivará en la afectación de derechos sustantivos de la persona accionante, en tanto que el no reencausar la vía, además de traducirse en la imposición injustificada de un obstáculo en el acceso a la jurisdicción, puede derivar en la pérdida, por prescripción negativa, de la acción misma, ya que conforme al artículo 1041 de la codificación mercantil en cita, cuando en un juicio mercantil la demanda es desestimada no opera la interrupción de la prescripció
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30063-cff6f021/suplencia-de-la-queja-deficiente-procede-en-terminos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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