JURISPRUDENCIA. NO SE ACTUALIZAN EFECTOS RETROACTIVOS RESPECTO DE LA TESIS 1a./J. 39/2020 (10a.) EMITIDA POR LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AL NO EXISTIR UNA JURISPRUDENCIA PREVIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2022. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO CON RESIDENCIA EN NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 13 DE DICIEMBRE DE 2022. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JUAN CARLOS ORTEGA CASTRO, FERNANDO SÁNCHEZ CALDERÓN, JACINTO JUÁREZ ROSAS, ISAÍAS ZÁRATE MARTÍNEZ Y MÁXIMO ARIEL TORRES QUEVEDO. PONENTE: JACINTO JUÁREZ ROSAS. SECRETARIO: HUGO ROSETE GUERRERO.
CONSIDERANDOS:
Competencia.
17. PRIMERO.—El Pleno en Materia Civil del Segundo Circuito es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Acuerdos Generales 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, reformado, adicionado y derogado por su similar 52/2015, en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados de este Segundo Circuito, en un tema relacionado con la materia de la especialidad de este Pleno y, porque, no obstante que se ha reformado la Constitución en su artículo 94, lo cierto es que los Plenos Regionales aún no se han constituido y continúan en funciones los Plenos de Circuito, en términos del artículo quinto transitorio del Acuerdo General 1/2021, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación(4) y la Circular SECNO/17/2021 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal.
Legitimación.
18. SEGUNDO.—La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en virtud de que fue formulada por un Magistrado integrante del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
Posturas contendientes
19. TERCERO.—Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, poder establecer el criterio que debe predominar como jurisprudencia, se estima conveniente conocer los actos reclamados, resoluciones recurridas, así como los razonamientos en que se basaron los Tribunales Colegiados de Circuito al emitirlos, de los que se considera existen posturas contrarias, lo que se realiza de la siguiente manera:
20. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con sede en Toluca, Estado de México.
Amparo en revisión 72/2022
21. Acto reclamado: La falta o ilegal emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil **********/2019, los autos, decretos, acuerdos y resoluciones dictadas en el mismo, todo lo actuado, incluida la sentencia y su ejecución.
22. El referido órgano jurisdiccional, por mayoría de votos de la Magistrada Mireya Meléndez Almaraz y Magistrado Victorino Hernández Infante, determinó confirmar la sentencia recurrida, en la que, por una parte, sobreseyó en el juicio de amparo y, por otra, negó el amparo solicitado por la parte quejosa, contra el voto particular del Magistrado Isaías Zárate Martínez, con base en las consideraciones siguientes:
"... Esas manifestaciones se desestiman por infundadas.
"Así se considera, porque de la sentencia recurrida se advierte que para analizar el emplazamiento reclamado se estableció que el ordenamiento legal aplicable al asunto era el Código de Comercio, el cual al no prever normas que establecieran los requisitos de cercioramiento que debían observarse en la primera notificación, se acudiría de manera supletoria al Código Federal de Procedimientos Civiles, conforme a los artículos 1054 y 1063 del código mercantil (foja 146 del expediente de amparo indirecto 694/2021-IV).
"Con base en esa consideración, el Juez de Distrito precisó que la legalidad del emplazamiento reclamado se analizaría en términos de los artículos 1393, 1394 y 1396 del Código de Comercio, así como 303, 309, fracción I, 310, 311, 312, 313 y 317 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la legislación mercantil.
"Por tanto, resulta inexacta la afirmación relativa a que en el fallo recurrido se aplicaron disposiciones del orden común para verificar la legalidad del emplazamiento reclamado.
"Jurisprudencia y ordenamiento legal aplicable.
"En otra parte del primer agravio se sostiene que la decisión recurrida es ilegal, al omitir aplicar las tesis y jurisprudencia citadas en el concepto de violación.
"En el segundo agravio se aduce que el quejoso tiene el carácter de demandado en el juicio de origen, en cuya diligencia de emplazamiento, el actuario omitió describir los anexos adjuntos a la demanda, de los cuales se le corrió traslado al recurrente y debieron describirse en el acta respectiva.
"Señala que esa afirmación la sustenta en la jurisprudencia de rubro: ‘EMPLAZAMIENTO. DEBE CONSIDERARSE VÁLIDO SÓLO CUANDO AL REALIZAR LA CERTIFICACIÓN RELATIVA, EL NOTIFICADOR DESCRIBE CUÁLES SON LAS COPIAS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTARON A LA DEMANDA CON LAS QUE CORRE TRASLADO.’, la cual es aplicable al caso, porque no contraviene el principio de retroactividad de la jurisprudencia previsto en el artículo 217 de la Ley de Amparo.
"Señala que si antes no existía un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hubiera abandonado o modificado, resultaba procedente aplicar esa jurisprudencia al resolver el asunto, incluso, la norma interpretada era la misma en cuanto a lo sustancial.
"Afirma que si en la diligencia de emplazamiento la ejecutora omitió indicar de qué anexos se corrió traslado al demandado, se incumplió con la mencionada jurisprudencia, lo cual evidenció que el emplazamiento resultaba ilegal, porque la fe pública del actuario no permitía incurrir en omisiones que invalidaban su actuación.
"Los resumidos agravios resultan infundados.
"Esto es así, porque con independencia de que el quejoso en la demanda de amparo y ampliación no impugnó los actos reclamados en términos de la jurisprudencia invocada en los agravios que se examinan, en la especie, operaba la suplencia de la queja a su favor al reclamar la diligencia de emplazamiento, en la especie dichos argumentos resultan infundados porque no resulta válido examinar el emplazamiento reclamado a la luz de normas y criterios que no le son aplicables, tanto para la fecha en que aquél se llevó a cabo, como por su aplicación en el espacio.
"En el caso, no puede analizarse la legalidad del emplazamiento en términos de la jurisprudencia de rubro: ‘EMPLAZAMIENTO. DEBE CONSIDERARSE VÁLIDO SÓLO CUANDO AL REALIZAR LA CERTIFICACIÓN RELATIVA, EL NOTIFICADOR DESCRIBE CUÁLES SON LAS COPIAS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTARON A LA DEMANDA CON LAS QUE CORRE TRASLADO.’, invocada por el recurrente, porque debe atenderse a las reglas de aplicación establecidas en el artículo 217 de la Ley de Amparo, en el Acuerdo General Plenario 16/2019 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el cual se regula la publicación y difusión del Semanario Judicial de la Federación y en los diversos criterios jurisprudenciales emitidos en relación con el tema.
"En efecto, el artículo 217 de la Ley de Amparo establece lo siguiente:
"‘Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Plenos de Circuito, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, los Juzgados de Distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, los Juzgados de Distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del Circuito correspondiente.
"‘La jurisprudencia que establezcan los Tribunales Colegiados de Circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás Tribunales Colegiados de Circuito.
"‘La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.’
"Por su parte, el artículo séptimo, segundo párrafo, del Acuerdo General Plenario 16/2019 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regula la publicación y difusión del Semanario Judicial de la Federación, establece:
"‘Se considerará de aplicación obligatoria un criterio jurisprudencial a partir del lunes hábil siguiente, al día en que la tesis respectiva o la ejecutoria dictada en una controversia constitucional o en una acción de inconstitucionalidad, sea ingresada al Semanario Judicial de la Federación.’
"A su vez, debe tenerse presente que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 199/2016 (10a.), sostuvo el criterio siguiente: ‘JURISPRUDENCIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE AQUÉLLA TUTELADO EN EL ARTÍCULO 217, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY DE AMPARO. De acuerdo al citado principio, la jurisprudencia puede aplicarse a los actos o hechos jurídicos ocurridos con anterioridad a que cobre vigencia, siempre y cuando ello no conlleve un efecto retroactivo en perjuicio de las personas, como acontece cuando: (I) al inicio de un juicio o procedimiento existe una jurisprudencia aplicable directamente a alguna de las cuestiones jurídicas relevantes para la interposición, tramitación, desarrollo y resolución del asunto jurisdiccional; (II) antes de emitir la resolución jurisdiccional respectiva, se emite una jurisprudencia que supera, modifica o abandona ese entendimiento del sistema jurídico; y (III) la aplicación del nuevo criterio jurisprudencial impacta de manera directa la seguridad jurídica de los justiciables. De ahí que si el gobernado orientó su proceder jurídico o estrategia legal conforme a una jurisprudencia anterior, siguiendo los lineamientos expresamente establecidos en ésta –ya sea para acceder a una instancia jurisdiccional, para plantear y acreditar sus pretensiones, excepciones o defensas o, en general, para llevar a cabo alguna actuación jurídica–, no es dable que la sustitución o modificación de ese criterio jurisprudencial afecte situaciones legales definidas, pues ello conllevaría corromper la seguridad jurídica del justiciable, así como la igualdad en el tratamiento jurisdiccional de las mismas situaciones y casos, con lo cual se transgrediría el principio de irretroactividad tutelado en el artículo 217, párrafo último, de la Ley de Amparo.’
"Dicha jurisprudencia surgió con motivo de la reiteración de criterios emitidos en los amparos directos en revisión 5157/2014, 1881/2015, 1443/2016, 2501/2016, 2500/2016 y 199/2016, en los cuales, en lo que interesa al presente asunto, se sostuvo:
"‘La aplicación del principio de irretroactividad a las jurisprudencias emitidas por los Plenos de Circuito. Respecto al primero de los puntos jurídicos identificados, es menester tener en cuenta que, al resolver el amparo directo en revisión 5157/2014, esta Segunda Sala determinó, en lo que interesa, que la jurisprudencia es una norma general que impacta en todo el derecho a efecto de aportar una visión completa del mismo, así como de su cometido deóntico –lo cual la constituye como una fuente relevante del derecho–, es decir, se constituye como una determinación judicial que permite la operabilidad adecuada y funcional del sistema jurídico y, por ende, delimita lo que es el derecho. Asimismo, reconoció que la aplicación jurisprudencial puede ser controlada a través de los medios que se encuentren previstos en ley y que ordenen a los juzgadores a que observen determinados requisitos para la aplicación de los criterios jurisdiccionales al momento de resolver los casos que se les presenten, a fin de salvaguardar la seguridad jurídica de los justiciables.
"‘Atento a lo anterior, se determinó que la aplicación jurisprudencial está condicionada al principio legal de proscripción retroactiva en perjuicio de las personas, previsto en el artículo 217 de la Ley de Amparo, el cual se encuentra enderezado a proteger, a su vez, la garantía de seguridad jurídica de los justiciables.
"‘Respecto a la funcionalidad del referido principio de irretroactividad, esta Segunda Sala arribó a las siguientes conclusiones:
"‘• La «retroactividad de la jurisprudencia» implica necesariamente, la preexistencia de un criterio jurisdiccional, pues es claro que no puede presumirse un efecto retroactivo, si no es en referencia al establecimiento previo y obligatorio de un punto jurídico determinado que es relevante para el dictado de determinación, resolución o fallo jurisdiccional.
"‘Esto es, implica la identificación de un criterio que ordenaba la postura que debía asumirse al emitir la determinación, resolución o fallo jurisdiccional respectivo, y que fue superado, modificado o abandonado por la emisión de una nueva jurisprudencia; «pues es precisamente esa situación la que genera el cambio de entendimiento en un punto jurídico que ya estaba definido, en tanto aquel criterio novedoso obra o tiene fuerza sobre el pasado».
"‘• La retroactividad en «perjuicio en la persona acontece cuando la aplicación jurisprudencial perjudica el derecho humano a la seguridad jurídica, al modificar una situación legal que sería definible mediante otro ejercicio interpretativo obligatorio».
"‘• Por tanto, debe entenderse que la irretroactividad de la aplicación de la jurisprudencia busca «preservar el carácter previsible del ordenamiento jurídico y las reglas en las contiendas jurisdiccionales», ya que los justiciables suelen orientar, en un primer momento, sus acciones, defensas o excepciones en un litigio, con base en el conocimiento jurídico que el criterio jurisprudencial despliega.
"‘• En esa lógica, si el justiciable se acogió a un criterio que en su momento le resultaba obligatorio para plantear sus pretensiones, «no resulta dable que la sustitución o modificación de tal criterio jurisprudencial afecte el resultado de la contienda jurisdiccional», pues de lo contrario, los particulares no podrían orientar su comportamiento a un orden jurídico vigente y cierto, en el cual se expresan el sentido y las consecuencias de éste. Éstos son los fundamentos del principio de irretroactividad de la jurisprudencia desfavorable para las personas.
"‘• En suma, se colige que existe una aplicación retroactiva de la jurisprudencia en perjuicio de las personas, cuando la aplicación del nuevo criterio jurisprudencial impacte de manera directa la seguridad jurídica del justiciable, el cual había orientado su proceder jurídico o estrategia legal conforme a una jurisprudencia anterior, siguiendo los lineamientos expresamente establecidos en ésta, de tal suerte que la aplicación de un nuevo criterio jurisprudencial que abandona, modifica o supera dicha jurisprudencia, conllevaría irrumpir y corromper la previsibilidad del justiciable, así como la igualdad en el tratamiento jurisdiccional de las mismas situaciones y casos.
"‘Como se aprecia del precedente en cita, esta Segunda Sala determinó que, de acuerdo al citado principio, la jurisprudencia se puede aplicar a los actos o hechos jurídicos ocurridos con anterioridad a que cobre vigencia, siempre y cuando ello no conlleve un efecto retroactivo en perjuicio de las personas, como acontece cuando: (I) al inicio de un juicio o procedimiento existe una jurisprudencia aplicable directamente a alguna de las cuestiones jurídicas relevantes para la interposición, tramitación, desarrollo y resolución del asunto jurisdiccional; (II) antes de emitir la resolución jurisdiccional respectiva, se emite una jurisprudencia que supera, modifica o abandona ese entendimiento del sistema jurídico; y, (III) la aplicación del nuevo criterio jurisprudencial impacta de manera directa la seguridad jurídica de los justiciables.
"‘En ese sentido, si se ha reconocido que la aplicación jurisprudencial puede ser controlada a través de los medios que se encuentren previstos en ley, y que uno de estos instrumentos de control del precedente jurisprudencial lo constituye el principio legal de proscripción retroactiva en perjuicio de las personas previsto en el artículo 217 de la Ley de Amparo, resulta inconcuso que los criterios vinculantes emitidos por los Plenos de Circuito se encuentran sujetos a la observancia de tal principio.
"‘Es así, en virtud de que, como se ha expuesto, todo el andamiaje legal que conforma el principio de irretroactividad de la jurisprudencia en perjuicio de las personas, está edificado sobre la base de salvaguardar la seguridad jurídica de los justiciables y, precisamente, se proyecta a los órganos jurisdiccionales, a fin de resguardar el carácter previsible del ordenamiento jurídico y las reglas en las contiendas jurisdiccionales.
"‘En ese sentido, para dar cabida a la eficiente protección de la seguridad jurídica, así como para priorizar las interpretaciones que conduzcan al máximo desarrollo de tal derecho humano, resulta indispensable que el aludido principio de proscripción jurisprudencial impacte a la totalidad de los órganos judiciales que, conforme a las disposiciones constitucionales y a las leyes secundarias, se les ha conferido la función de emitir criterios jurisprudenciales –ya sea por reiteración o por contradicción–, es decir, a los tribunales a que hacen mención los artículos 94(6) de la Constitución Federal; 216(7) y 217(8) de la Ley de Amparo, a saber: (I) El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; (II) las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; (III) los Plenos de Circuito; y, (IV) los Tribunales Colegiados de Circuito.
"‘A mayor abundamiento, se precisa que el último párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo establece, expresamente, que: «La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.», de donde se advierte que, al consagrar tal principio en el orden jurídico mexicano, el legislador no estableció delimitación o diferenciación alguna respecto a la fuente jurisdiccional de donde emanen tales criterios vinculantes y, por ende, atendiendo a la máxima consistente en que «en donde la ley no distingue, no les es dable distinguir al operador jurídico –ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus–», se refuerza la conclusión alcanzada, en el sentido de que el aludido principio de proscripción de la aplicación jurisprudencial en perjuicio de las personas, es un medio de control que debe normar indistintamente todo criterio jurisprudencial que sea emitido por los tribunales federales que tienen competencia para emitir jurisprudencia, entre ellos, los Plenos de Circuito.’
"Asimismo, es indispensable atender al criterio jurisprudencial 2a./J. 128/2016 (10a.) del contenido: ‘JURISPRUDENCIA. CONTENIDO Y ALCANCES DE LA EXPRESIÓN «PERSONA ALGUNA» PREVISTA EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 217 DE LA LEY DE AMPARO. La porción normativa referida, al establecer que la jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna impone al juzgador una serie de exigencias, pues en primer término deberá cerciorarse de que en un caso concreto existe un problema de retroactividad en relación con un criterio jurisprudencial y, en ese escenario, respecto de las personas físicas y morales siempre se actualizará la prohibición contenida en la Ley de Amparo, al encuadrar en la expresión «persona alguna». Sin embargo, cuando se trate de una persona moral oficial, el juzgador tendrá que analizar la naturaleza del asunto y el carácter con el que ésta comparece, pues si lo hace para defender un acto de autoridad, entonces no encuadrará en la prohibición aludida, pero sí lo hará cuando comparezca a defender un interés de otra naturaleza, como patrimonial, patronal o contractual, entre otros.’ "Criterio que derivó de las consideraciones sostenidas por el Máximo Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 158/2016,(14) conforme con lo siguiente:
"‘Ahora bien, a partir de una interpretación sistemática de la Ley de Amparo es posible advertir que el término «persona» es empleado para hacer referencia a personas físicas y morales que sufren una afectación en sus derechos fundamentales. Sostener lo contrario, implicaría que el Estado y sus instituciones son titulares de derechos fundamentales, lo que significaría desconocer la naturaleza de éstos como verdaderos límites a la actuación de los poderes públicos.
"‘Sin embargo, la propia Ley de Amparo en su artículo 7o. establece la posibilidad de que las personas morales públicas puedan ser quejosas dentro de un juicio de amparo; requiriendo de una afectación en el patrimonio de las personas morales oficiales respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares.
"‘En otras palabras, la propia Ley de Amparo, a través de la cual se reglamenta un medio de control de constitucionalidad cuya naturaleza consiste en la protección de los derechos fundamentales de las personas frente a los actos de autoridad, incluso prevé un supuesto excepcional en el que ciertos órganos del Estado no comparecen como autoridades sino como quejosos.
"‘Todo lo anterior pone de relieve que no es posible establecer un contenido absoluto sobre el término «persona alguna» previsto en el último párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo, sino que el juzgador, en cada caso concreto, deberá atender a una serie de lineamientos. Así las cosas, en primer término, la expresión «persona alguna» a que alude el artículo 217 de la Ley de Amparo, se refiere en primer momento a las personas físicas y morales.
"‘Ahora bien, respecto de las personas morales oficiales, habrá que realizar una distinción: cuando comparecen al juicio correspondiente en su calidad de autoridades, y aquellos supuestos en los que no lo hacen. En efecto, cuando las personas morales oficiales comparecen en su calidad de autoridades, para la defensa de los actos que han emitido bajo tal naturaleza (a manera de ejemplo, cuando comparecen como autoridades responsables en el juicio de amparo), no podrán encuadrar en el supuesto contenido en el último párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo.
"‘Sin embargo, cuando una persona moral oficial comparezca en un procedimiento determinado, pero no para la defensa de un acto emitido en su calidad de autoridad, sino para la defensa de otro tipo de interés (por ejemplo, cuando comparezca en calidad de patrón), entonces la jurisprudencia no podrá tener efectos retroactivos en su perjuicio, pues ello implicaría una desigualdad procesal en aquellos casos en los que los órganos del Estado no comparecen como autoridades, sino en un plano de igualdad con algún particular.
"‘Lo anterior también se refiere, por ejemplo, al supuesto contenido en el artículo 7o. de la Ley de Amparo, esto es, cuando los órganos del Estado comparecen en calidad de quejosos para la defensa de sus intereses patrimoniales, y no como autoridades responsables.
"‘En otras palabras, el último párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo, al prever que la jurisprudencia no podrá tener efectos retroactivos en perjuicio de «persona alguna», implica que tal retroactividad no podrá afectar a las personas físicas y morales, y tampoco a las personas morales oficiales, cuando estas últimas no comparezcan a defender un acto emitido en su calidad de autoridades, sino un interés de otra índole (estrictamente patrimonial, patronal, contractual, entre otros).
"‘No obstante, cuando una persona moral oficial comparezca a defender un acto de autoridad, entonces no se actualizará la prohibición contenida en el último párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo y, en consecuencia, la jurisprudencia podrá tener efectos retroactivos, incluso cuando ello implique un perjuicio para la autoridad.
"‘En efecto, cabe señalar que el artículo 217 de la Ley de Amparo, establece que la jurisprudencia en ningún caso podrá tener efectos retroactivos en perjuicio de persona alguna, lo cual implica –interpretando la disposición a contrario sensu–, que la jurisprudencia sí podrá tener efectos retroactivos en beneficio de alguna persona.
"‘En las resoluciones que contienden en el presente asunto, emitidas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, se sostuvo que no será posible que la jurisprudencia tenga efectos retroactivos en beneficio del quejoso, si ello a su vez implica un perjuicio para una autoridad que sea parte en el juicio de amparo, pues los órganos del Estado también se encuentran comprendidos en el término «persona alguna» a que hace referencia el artículo 217 de la Ley de Amparo.
"‘De admitir la interpretación absoluta del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, se generaría un esquema contrario a la lógica del último párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo. Ello es así, pues si no es posible que una jurisprudencia tenga efectos retroactivos cuando ello afecte a alguna de las partes, incluyendo a los órganos del Estado, entonces nunca podría tener efectos retroactivos en beneficio de persona alguna, pues tal beneficio, por regla general, traería aparejado un perjuicio para alguna de las otras partes.
"‘Esto es, el último párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo, señala de manera expresa que la jurisprudencia no podrá tener efectos retroactivos en perjuicio de persona alguna, pero ello implica, de manera complementaria, que sí podrá tener efectos en beneficio de las personas.
"‘En consecuencia, es necesario que el precepto se interprete de tal modo que permita que ambas facetas del mismo sean funcionales, tal y como se ha desarrollado en párrafos precedentes.
"‘Admitir la postura absoluta del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, implicaría vaciar de facto el contenido de los efectos retroactivos de la jurisprudencia en beneficio de las personas. Por tanto, para aceptar la existencia de efectos retroactivos en beneficio de las personas, se requiere el correlativo perjuicio de los mismos en el interés contrapuesto, lo cual no podría acontecer si en todos los casos las personas morales oficiales son englobadas en la expresión «persona alguna», contenida en el numeral 217 de la Ley de Amparo.
"‘En otras palabras, al incluir de manera absoluta a las personas morales oficiales dentro del último párrafo del artículo 217 ya citado, se generaría un «candado» que imposibilitaría que la jurisprudencia tenga efectos retroactivos en beneficio de las personas, pues el órgano jurisdiccional en cuestión simplemente invocaría el posible perjuicio a los intereses de la autoridad que es parte en el juicio como obstáculo para tal faceta del precepto.
"‘A partir de los anteriores elementos, a consideración de esta Segunda Sala, los alcances del término «persona alguna» contenido en el artículo 217 de la Ley de Amparo, implican las siguientes exigencias para el juzgador:
"‘a) Verificar en primer término si existe una cuestión de retroactividad de la jurisprudencia.
"‘b) Respecto de las personas físicas y morales, siempre se actualizará la prohibición de que la jurisprudencia tenga efectos retroactivos en su perjuicio.
"‘c) En caso de que se trate de una persona moral oficial y exista un problema de retroactividad de jurisprudencia, el juzgador tendrá que analizar la naturaleza del asunto y el carácter con el que comparece en el procedimiento o juicio en concreto:
"‘i. Si comparece a defender un acto de autoridad, entonces no encuadrará en el último párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo.
"‘ii. Si comparece a defender un interés de otra naturaleza, como patrimonial, patronal, contractual, entre otros, entonces la persona moral oficial sí se encontrará protegida por el supuesto contenido en la Ley de Amparo.’
"En el caso, para estar en condiciones de determinar el alcance en la aplicación de los criterios referidos, debe destacarse que la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento se llevó a cabo el veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, siendo que la jurisprudencia invocada por el recurrente, se publicó el viernes dieciocho de septiembre de dos mil veinte en el Semanario Judicial de la Federación, por ende, se consideran de aplicación obligatoria a partir del lunes siguiente, conforme con el contenido del punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019.
"En ese contexto, en el momento en que se llevó a cabo la diligencia de emplazamiento de mérito no existía la obligación del ejecutor en describir cada uno de los documentos referidos en la razón de emplazamiento, ni existía criterio relacionado con la certificación de entrega de copias.
"Por otro lado, es cierto que cuando se dictó la sentencia recurrida e incluso a la fecha en que se emite la presente resolución, ya era de observancia obligatoria el criterio jurisprudencial en estudio.
"Sin embargo, ello no conduce a su aplicación inmediata, precisamente porque el emplazamiento reclamado es anterior a dicho criterio jurisprudencial, lo cual obliga a los operadores jurídicos a verificar que no se actualice alguno de los supuestos que impidan su observancia.
"Así, en el presente asunto, este Tribunal Colegiado no desconoce la existencia de la
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31254-19c345c6/jurisprudencia-no-se-actualizan-efectos-retroactivos-respecto-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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