INCOMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO EN MATERIA MERCANTIL. EL JUZGADOR NO PUEDE DECRETARLA CUANDO CONSIDERA QUE NO SE REÚNEN LOS REQUISITOS PARA QUE OPERE LA SUMISIÓN EXPRESA A SU JURISDICCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1093 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, ANTE LA EVENTUAL ACTUALIZACIÓN DE LA SUMISIÓN TÁCITA PREVISTA EN LOS DIVERSOS 1092 Y 1094 DEL MISMO ORDENAMIENTO.
AMPARO DIRECTO 334/2022. 5 DE ENERO DE 2023. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: GERARDO MARTÍNEZ CARRILLO. SECRETARIA: MA. GUADALUPE CERVANTES HERNÁNDEZ.
CONSIDERACIONES
SEXTO.—Estudio. Son parcialmente fundados los conceptos de violación esgrimidos, aunque para ello sea menester suplir la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo.
En principio, es dable precisar que cuando al decidir sobre la procedencia de la vía mercantil intentada el juzgador omite aplicar el contenido de los artículos 1092, 1093 y 1094 del Código de Comercio, y de oficio se declara incompetente por razón de territorio, dejando de advertir que el actor se sometió tácitamente a su jurisdicción, tal como acontece en el supuesto que ahora se examina, y el quejoso no señala expresamente el agravio relativo, procede suplir la deficiencia de la queja pues, como más adelante se verá, se actualiza una violación evidente de la ley que lo deja sin defensa, entendiéndose por tal aquella actuación que haga notoria e indiscutible la vulneración a los derechos de la parte quejosa, tutelados por la Constitución General o por los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea Parte, mediante la transgresión a las normas procedimentales o sustantivas que rigen el acto reclamado.
Lo anterior tiene sustento por analogía en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 3/2021 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:
"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. PROCEDE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL JUEZ ANTE QUIEN SE PRESENTA LA DEMANDA MERCANTIL OMITE APLICAR EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 1127, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
"Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes conocieron de diversos amparos directos en los cuales el Juez ante quien se entabló una demanda mercantil omitió aplicar el segundo párrafo del artículo 1127 del Código de Comercio. Uno de los Tribunales Colegiados consideró que ello constituía una violación manifiesta de la ley que dejaba sin defensa a la parte quejosa, por lo que suplió la deficiencia de la queja, el otro órgano de amparo contendiente no efectuó tal suplencia de la queja.
"Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación arriba a la convicción de que cuando el Juez ante quien se presentó una demanda mercantil omite aplicar el segundo párrafo del artículo 1127 del Código de Comercio, procede suplir la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo.
"Justificación: Lo anterior es así, porque el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo faculta para suplir la deficiencia de la queja en materias de estricto derecho, como la mercantil, cuando se hubiere actualizado una violación evidente de la ley que haya dejado sin defensa a la parte quejosa, entendiéndose por tal, aquella actuación que haga notoria e indiscutible la vulneración a los derechos de la parte quejosa, tutelados por la Constitución General o por los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, mediante la transgresión a las normas procedimentales o sustantivas que rigen el acto reclamado. En ese sentido, esta Primera Sala concluye que cuando al decidir sobre la procedencia de la vía mercantil intentada se omite aplicar el segundo párrafo del artículo 1127 del Código de Comercio, procede suplir la deficiencia de la queja en el juicio de amparo respectivo. Ello, pues el aludido precepto de la legislación mercantil es claro y preciso al señalar que si se verifica el supuesto en el cual el órgano jurisdiccional declare la improcedencia de la vía mercantil propuesta por la parte actora, la consecuencia será continuar el procedimiento para el trámite del juicio en la vía mercantil que se considere procedente declarando la validez de lo actuado; con la obligación del Juez de regularizar el procedimiento. Por ende, si no se aplica esa norma de derecho y en vez de reencausar el litigo en la vía mercantil adecuada se desecha la demanda, ello derivará en la afectación de derechos sustantivos de la persona accionante, en tanto que el no reencausar la vía, además de traducirse en la imposición injustificada de un obstáculo en el acceso a la jurisdicción, puede derivar en la pérdida, por prescripción negativa, de la acción misma, ya que conforme al artículo 1041 de la codificación mercantil en cita, cuando en un juicio mercantil la demanda es desestimada no opera la interrupción de la prescripción de la acción. Por lo que, la suplencia de la queja en los términos aquí apuntados operará, en principio, a condición de que la vía mercantil adecuada deba tramitarse ante la propia persona juzgadora que ya conoce de la demanda; pues de otro modo el análisis y la aplicación de las normas adjetivas relativas a la vía derivaría también en un pronunciamiento con relación a la competencia del órgano jurisdiccional, tópico respecto del cual existen reglas propias y a las cuales se debe atender caso por caso."(15)
Señalado lo anterior, el disconforme alega que el proveído reclamado es violatorio de derechos fundamentales, al desechar de plano la demanda mercantil que promovió en contra de **********, por considerar que no se colma el presupuesto procesal de la competencia legal del juzgado responsable para conocer del asunto, ya que carece de competencia territorial para tales efectos, no obstante la sumisión expresa a la jurisdicción de los tribunales de esta ciudad para conocer de cualquier controversia e interpretación respecto del contrato maestro de apertura de crédito simple con garantía prendaria sin transmisión de la posesión número **********, de fecha quince de noviembre de dos mil dieciséis, estipulada en su cláusula trigésima, pues en dicho apartado expresaron someterse a la jurisdicción de los tribunales competentes, ya sea del Distrito Federal –hoy Ciudad de México– o de Querétaro, o cualquier otra a elección de la parte actora, conforme al artículo 78 del Código de Comercio.
A lo que agrega la quejosa que si al momento de formalizar el contrato base de la acción se sometieron, entre otros, a los tribunales de la ciudad de Querétaro, el juzgador responsable debe respetar tal decisión en términos del invocado artículo 78 pues, incluso, el diverso numeral 1102 del Código de Comercio establece que las contiendas sobre competencia sólo podrán entablarse a instancia de parte, lo cual no acontece en el caso, porque el propio juzgador es quien pretende inhibirse.
Considera la inconforme que acorde con lo pactado en la cláusula trigésima, y a la luz del artículo 1104 del mismo ordenamiento, al ser elección de su parte el Juez competente de la ciudad de Querétaro, no es procedente la inhibitoria, lo que se robustece con la tesis aislada I.3o.C.369 C, de rubro: "COMPETENCIA POR TERRITORIO EN MATERIA MERCANTIL. SU PRÓRROGA POR PACTO DE SUMISIÓN EXPRESA, ESTÁ LIMITADA A LOS CASOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 1093 DEL CÓDIGO DE COMERCIO."
Añade el disidente que si bien de conformidad con lo establecido en los artículos 1092, 1093, 1104 y 1120 del Código de Comercio, la competencia territorial es prorrogable, en la medida en que las partes pueden someterse, para el caso de controversia, a los tribunales de un determinado lugar a través del pacto de sumisión en el que manifiesten su voluntad en forma expresa, para que sean competentes para conocer de un litigio futuro, con la condición de que se renuncie al fuero que la ley les concede; sin embargo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 192/2018, estableció una excepción a la regla de sumisión expresa para prorrogar la jurisdicción por razón de territorio, lo que originó la tesis de jurisprudencia 1a./J. 1/2019 (10a.), intitulada: "COMPETENCIA POR SUMISIÓN EXPRESA. LA REGLA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 1093 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO RESULTA APLICABLE A LAS CLÁUSULAS ESTIPULADAS EN CONTRATOS BANCARIOS DE ADHESIÓN CUANDO SE ADVIERTA VULNERACIÓN A LA GARANTÍA DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA."
Esgrime el quejoso que acorde con ese criterio jurisprudencial se consideró que esa excepción es aplicable cuando el pacto de sumisión con renuncia al fuero por razón del domicilio se contiene en las cláusulas de un contrato de adhesión sobre prestación de servicios bancarios que celebra un particular con una institución financiera; y se faculta al usuario de los servicios financieros a fijar la competencia donde se tramita el juicio, tomando como parámetro el lugar donde se encuentra su domicilio, siempre y cuando la institución financiera tenga infraestructura o representación en el lugar donde se desenvuelva la controversia.
Agrega el peticionario que, en el caso, debió realizarse un examen acucioso del problema para determinar si la competencia por territorio es susceptible de decidirse con prueba plena, ya sea porque la decisión derive de un problema jurídico que atañe exclusivamente a la interpretación del derecho, o bien, si se trata de un asunto que amerite prueba de hechos y, en el caso, era necesario que se debatiera y probara que la quejosa tiene infraestructura o representación en el lugar donde se desenvuelva el juicio y, por tanto, no debió establecerse la incompetencia desde el primer proveído.
Aduce, además, que indebidamente el juzgador se inhibió aplicando una jurisprudencia que no le resulta aplicable, dado que la quejosa es una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, con lo cual se transgrede el diverso numeral 1o. de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.
Asiste razón al quejoso en suplencia de la deficiencia de la queja.
Se estima así, porque el Juez responsable consideró que carece de competencia para conocer del asunto sometido a su potestad pues, en el caso, el pacto de sumisión expresa de la competencia por territorio de los tribunales en materia mercantil está condicionado a que sean únicamente los del domicilio de alguna de las partes, los del lugar del cumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas, o los del lugar de ubicación de la cosa, los cuales no pueden estimarse satisfechos, ya que los domicilios de las partes contenidos en el contrato base de la acción no cumplen con las reglas de competencia previstas en el artículo 1093 del Código de Comercio; además, si bien se actualiza la renuncia clara y terminante del fuero que la ley les concede a los contratantes, esa sumisión expresa a la jurisdicción a los tribunales de Querétaro no es eficaz, al no considerarse ninguno de los supuestos previstos en el artículo 1093 del Código de Comercio, como son el tribunal del domicilio de alguna de las partes o el lugar designado para el pago.
En efecto, las razones expresadas por el Juez de oralidad mercantil de esta ciudad para considerar que carece de competencia territorial y, por ende, inhibirse para conocer de la demanda promovida por **********, con la finalidad de obtener principalmente el cumplimiento de contrato de apertura de crédito refaccionario, fueron las siguientes:
"Examinada la demanda, tengo a ********** compareciendo a juicio a través de sus apoderados generales para pleitos y cobranzas. ...
"Analizados los escritos de cuenta, así como los documentos que anexo al segundo, no ha lugar a dar trámite a la demanda propuesta, en razón a los argumentos que a continuación expongo:
"La parte promovente comparece en la vía oral mercantil y en ejercicio de la acción de cumplimiento de contrato de crédito, las prestaciones que precisa en su escrito inicial de demanda.
"Impuesta del contenido de su documento base de la acción, es decir, del contrato maestro de apertura de crédito simple con garantía prendaria sin transmisión de la posesión No. ********** de fecha 15 de noviembre de 2016, advierto que el mismo fue firmado en el Estado de México, por otro lado, el domicilio de los demandados se encuentra en el Estado de Guanajuato, pues es el ubicado en **********, colonia **********, Municipio de **********, Estado de Guanajuato, C.P. **********.
"Mientras que el domicilio de **********, se encuentra ubicado en el Estado de México, como obra en el contrato que exhibe, así como en la cédula de identificación fiscal.
"Ahora bien, en la cláusula trigésima, las partes pactaron: ‘... En caso de conflicto de su interpretación, cumplimiento y ejecución de este contrato, las partes se someten por su libre voluntad expresa e incondicionalmente a la jurisdicción de los tribunales competentes para: (i) el Distrito Federal o (iii) Santiago de Querétaro, Querétaro o (iii) cualquier otro a elección de la parte actora... (sic)’; sin embargo, la eficacia de esta cláusula a la cual la actora pretende sujetarse –puesto que comparece ante esta autoridad a entablar la presente demanda– está sujeta o en función a dos circunstancias:
"Primera, este sometimiento es válido siempre que considere o atienda a alguno de los tres supuestos que da el artículo 1093 del Código de Comercio, que reza:
"‘Artículo 1093. ...’
"De lo anterior se colige que para que se configure válidamente esa sumisión expresa, es necesario que los contratantes designen expresamente el tribunal competente, entre aquellos que correspondan: a) al del domicilio de alguna de las partes; b) el del lugar del cumplimiento de alguna de las obligaciones; o, c) el de la ubicación de la cosa; y que exista la voluntad de los contratantes de renunciar al fuero que la ley les concede.
"En ese orden de ideas, en el caso concreto si bien se actualiza la renuncia clara y terminantemente del fuero que la ley les concede a los contratantes; no obstante, esa sumisión expresa a la jurisdicción de los tribunales de Querétaro no es eficaz, pues no consideró ninguno de los supuestos previstos en el artículo 1093 del Código de Comercio, como son el tribunal del domicilio de alguna de las partes (Estado de México o Guanajuato, respectivamente) o el lugar designado para el pago (Estado de México).
"Lo anterior tiene sustento, además, en la jurisprudencia por contradicción de tesis emitida por la Primera Sala, consultable en la Décima Época, materias constitucional y civil, tesis 1a./J. 1/2019 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, Tomo I, abril de 2019, página 689, del tenor siguiente:
"‘COMPETENCIA POR SUMISIÓN EXPRESA. LA REGLA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 1093 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO RESULTA APLICABLE A LAS CLÁUSULAS ESTIPULADAS EN CONTRATOS BANCARIOS DE ADHESIÓN CUANDO SE ADVIERTA VULNERACIÓN A LA GARANTÍA DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. ...’
"En consecuencia, al no ser eficaz la cláusula de sometimiento a la competencia, consignada en el contrato maestro de apertura de crédito simple con garantía prendaria sin transmisión de la posesión No. **********, de fecha quince de noviembre de 2016, con fundamento en el artículo 1115 del Código de Comercio, dejando a salvo los derechos del actor para que los haga valer ante el Juez competente.
"...
"De igual manera, se emplea como criterio orientador, la tesis aislada 1a. XXII/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, septiembre de 1999, página 87, correspondiente a la Novena Época, con número de registro digital: 193384, cuyo rubro y texto son:
"‘COMPETENCIA EN MATERIA MERCANTIL. PRIMER PROVEÍDO EN EL QUE PUEDE SER DECLINADA DE OFICIO POR EL JUZGADOR, ES AQUEL EN EL QUE SE DEFINE EL DESTINO DE LA DEMANDA O DE LA RECONVENCIÓN. ...’
"Lo anterior, sin que sea necesario enviarlo al tribunal competente, como así lo señala la tesis de jurisprudencia 1a./J. 16/2014 (10a), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 4 de abril de 2014 a las 10:40 horas, con número de registro digital: 2006095, la cual a la letra dice:
"‘COMPETENCIA. LA FACULTAD DE LOS TRIBUNALES PARA INHIBIRSE DEL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO EN EL PRIMER PROVEÍDO, SIGNIFICA DESECHAR LA DEMANDA Y PONERLA A DISPOSICIÓN DEL ACTOR CON SUS ANEXOS, MÁS NO ENVIARLA A OTRO TRIBUNAL. ...’
"Dada la consecuencia legal de lo antes citado autorizo la devolución de los documentos presentados, tanto a la parte actora como a las personas que autoriza para tales efectos, los cuales se entregarán previa copia certificada, constancia, toma de razón, así como que la firma de recibo obre en autos. Para ese efecto, preciso que dichos documentos serán entregados cuando acredite la parte interesada a la suscrita que ha realizado el pago de los derechos de certificación, mediante la exhibición del recibo de pago, de conformidad con el artículo 166 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, debiendo realizar dicho pago conforme a las opciones y modalidades correspondientes; en este sentido, deberá de comparecer a este juzgado para recibirlos en días y horas hábiles; bajo apercibimiento que, de no recogerlos en el plazo señalado en líneas posteriores, serán destruidos junto con el expediente donde fueron exhibidos."
De la anterior transcripción se desprende que el juzgado responsable se declaró incompetente para conocer de la demanda planteada y se inhibió, porque si bien se actualiza la renuncia clara y terminante del fuero que la ley les concede a los contratantes, no obstante, esa sumisión expresa de las partes de someterse a la jurisdicción de los tribunales de esta ciudad de Querétaro, según el contenido del contrato de apertura de crédito base de la acción no es eficaz, porque no consideró ninguno de los supuestos previstos en el artículo 1093 del Código de Comercio, a saber: el tribunal del domicilio de alguna de las partes o el del lugar designado para el pago.
Sin embargo, este Tribunal Colegiado de Circuito estima que tal determinación fue incorrecta, pues dejó de advertir que el aquí quejoso se sometió tácitamente a su jurisdicción, con independencia de lo señalado en el contrato de referencia.
En efecto, los artículos 1092, 1093 y 1094 del Código de Comercio establecen:
"Artículo 1092. Es Juez competente aquel a quien los litigantes se hubieren sometido expresa o tácitamente."
"Artículo 1093. Hay sumisión expresa cuando los interesados renuncien clara y terminantemente al fuero que la ley les concede, y para el caso de controversia, señalan como tribunales competentes a los del domicilio de cualquiera de las partes, del lugar de cumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas, o de la ubicación de la cosa. En el caso de que se acuerden pluralidad de jurisdicciones, el actor podrá elegir a un tribunal competente entre cualquiera de ellas."
"Artículo 1094. Se entienden sometidos tácitamente:
"I. El demandante, por el hecho de ocurrir al Juez entablando su demanda, no sólo para ejercitar su acción, sino también para contestar a la reconvención que se le oponga;
"II. El demandado, por contestar la demanda o por reconvenir al actor;
"III. El demandado por no interponer dentro del término correspondiente las excepciones de incompetencia que pudiera hacer valer dentro de los plazos, estimándose en este caso que hay sumisión a la competencia del Juez que lo emplazó;
"IV. El que habiendo promovido una competencia, se desiste de ella;
"V. El tercer opositor y el que por cualquier motivo viniere al juicio en virtud de un incidente.
"VI. El que sea llamado a juicio para que le pare (sic) perjuicio la sentencia, el que tendrá calidad de parte, pudiendo ofrecer pruebas, alegar e interponer toda clase de defensas y recursos, sin que oponga dentro de los plazos correspondientes, cuestión de competencia alguna."
De la interpretación armónica de los artículos 1092, 1093 y 1094 del Código de Comercio, se puede concluir que el primero de ellos no impone al juzgador la regla de seguir un orden determinado para fijar su competencia, al decir que: "Es Juez competente aquel a quien los litigantes se hubieren sometido expresa o tácitamente.", por lo que debe entenderse que si acontece cualquiera de los dos, sea el sometimiento expreso o el tácito, dicha situación podrá determinar la competencia del Juez y, en consecuencia, el juzgado responsable no puede declararse incompetente de oficio sin haberse abierto la controversia entre las partes.
Por tanto, si en el caso concreto la aquí quejosa tácitamente se sometió a la jurisdicción del Juzgado de Primera Instancia Especializado en Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de esta ciudad, al presentar su demanda, es claro que éste no podía declararse incompetente para conocerla por así permitirlo los artículos 1092 y 1094, fracción I, del Código de Comercio.
En ese sentido, asiste razón a la quejosa al señalar que la decisión del Juzgado Segundo de Primera Instancia Especializado en Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial de esta ciudad, viola sus derechos a gozar de una tutela judicial efectiva y acceso a la impartición de justicia consagrados en los artículos 17 constitucional y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no debió declararse incompetente e inhibirse para conocer de la demanda planteada, sin que haya iniciado la contienda.
Lo anterior con independencia de la controversia que surja y el planteamiento que hagan las partes en su oportunidad.
Se considera aplicable al caso el criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, previsto en la tesis aislada III.1o.C.96 C, de rubro y texto siguientes:
"COMPETENCIA. EL CÓDIGO DE COMERCIO NO IMPONE AL JUZGADOR UN ORDEN DETERMINADO EN EL ANÁLISIS DE LOS CASOS DE SOMETIMIENTO. La interpretación armónica de los artículos 1092 y 1094, fracciones I y II, del Código de Comercio, permite concluir que el primero de los preceptos no impone al juzgador la regla de seguir un orden determinado para fijar su competencia, ya que este precepto dice que ‘Es Juez competente aquel a quien los litigantes se hubieren sometido expresa o tácitamente.’, por lo que debe entenderse que si acontece cualquiera de los dos, sea el sometimiento expreso o el tácito, dicha situación podrá determinar la competencia del Juez, y en consecuencia, de acuerdo con ambos numerales, el Juez natural no puede declararse incompetente de oficio si las partes no controvirtieron su competencia durante el procedimiento, ya sea por inhibitoria o declinatoria, como lo prevé la ley, específicamente en el artículo 1096, vigente hasta el 23 de julio de 1996, del ordenamiento mercantil mencionado, por lo que los preceptos citados deben interpretarse armónicamente con los demás artículos que integran el capítulo relativo a las cuestiones de competencia que establece el señalado Código de Comercio."(16)
También resulta aplicable la tesis aislada XVI.2o.15 C, cuyos rubro y texto dicen:
"COMPETENCIA POR TERRITORIO EN MATERIA MERCANTIL. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 1090, 1092, 1094, fracción I, y 1102 del Código de Comercio, siempre que se presente ante el órgano jurisdiccional una demanda mercantil en vía ejecutiva u ordinaria, en la que se señale como domicilio del demandado uno ubicado fuera del lugar de residencia del juzgador, éste se encuentra obligado a admitirla y proveer lo conducente, porque la competencia por razón de territorio es prorrogable, existe la sumisión tácita y las cuestiones de competencia sólo se pueden promover y resolver a instancia de parte; además, la determinación del Juez competente por razón de territorio es propia y exclusiva de la correspondiente inhibitoria o declinatoria que eventualmente llegue a interponerse."(17)
Adicionalmente debe decirse que no resulta aplicable el criterio contenido en la tesis aislada 1a. XXII/99, de la Primera Sala del Más Alto Tribunal del País, que invocó el juzgado responsable, y es del rubro: "COMPETENCIA EN MATERIA MERCANTIL. PRIMER PROVEÍDO EN EL QUE PUEDE SER DECLINADA DE OFICIO POR EL JUZGADOR, ES AQUEL EN EL QUE SE DEFINE EL DESTINO DE LA DEMANDA O DE LA RECONVENCIÓN.",(18) toda vez que se refiere, en específico, a la posibilidad que tiene el órgano jurisdiccional de declararse incompetente para conocer de la demanda, cuando se trate de territorio, sin que ello implique que así debe ser en todos los casos, mucho menos se le constriñe en ese aspecto.
Es decir, establece la posibilidad de que la competencia mercantil pueda ser declinada de oficio por el juzgador y en el primer proveído, siempre que no se haya pronunciado expresa o implícitamente, sobre la admisión o rechazo de la demanda, haciendo la distinción del primer proveído en relación con los anteriores, en que la competencia sea rechazada de oficio, siempre que se defina el destino de la demanda.
Tampoco cabría aplicar de manera directa la tesis de jurisprudencia 1a./J. 1/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(19) ya que la impetrante del amparo no es una institución bancaria; además, no se advierte que dicha persona moral preste sus servicios a lo largo de todo el territorio nacional.
Máxime que, como se apuntó, el Juez responsable no puede declararse incompetente de oficio si las partes no controvirtieron su competencia durante el procedimiento; además, si el hoy quejoso tácitamente se sometió a su jurisdicción, al presentar su demanda, es claro que dicho juzgador no podía declararse incompetente para conocerla por así permitirlo los artículos 1092 y 1094, fracción I, del Código de Comercio.
Por lo anterior, lo procedente será conceder el amparo solicitado para los efectos que se precisarán a continuación.
SÉPTIMO.—Efectos de la protección de la Justicia Federal. En términos del artículo 77, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, procede otorgar el amparo solicitado para el efecto de que la Juez responsable:
- Deje insubsistente el acuerdo de doce de abril de dos mil veintidós, en el que se inhibió para conocer de la demanda mercantil promovida por la aquí quejosa y, en su lugar, emita otro en el que omita de oficio inhibirse de su conocimiento por razón de territorio.
Al resultar fundados y suficientes para conceder el amparo solicitado, los argumentos de la parte quejosa analizados, es innecesario el estudio de los restantes argumentos propuestos, en tanto que no redundaría en un mayor beneficio.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO.—La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad no Regulada, en contra del proveído de doce de abril de dos mil veintidós, emitido por el Juzgado Segundo de Primera Instancia Especializado en Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de esta ciudad, en el juicio oral mercantil **********, para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria. En la inteligencia de que la dispensa constitucional es por vicios de fondo.
Notifíquese; por lista a la parte quejosa y agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a la autoridad responsable, lo anterior, con fundamento en los artículos 26, fracciones II, inciso a) y III, 28 y 29 de la Ley de Amparo; publíquese, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente; y requiérase el cumplimiento de esta ejecutoria conforme al artículo 192 de la Ley de Amparo, para lo cual la autoridad responsable dispondrá de un plazo no mayor de diez días y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Carlos Hernández García, (presidente) José Luis Mendoza Pérez y Gerardo Martínez Carrillo (ponente), en sesión ordinaria virtual de cinco de enero de dos mil veintitrés, desarrollada a través del sistema de videoconferencia, haciendo uso de la plataforma tecnológica que el Consejo de la Judicatura Federal determinó a través de la Dirección General de Tecnologías de la Información, la cual fue debidamente resguardada de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós y que entró en vigor el siete de noviembre siguiente.
En términos de lo previsto en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Nota: Las tesis de jurisprudencia 1a./J. 3/2021 (11a.) y 1a./J. 1/2019 (10a.) citadas en esta sentencia, también aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de los viernes 3 de septiembre de 2021 a las 10:12 horas y 12 de abril de 2019 a las 10:16 horas, respectivamente.
La tesis aislada I.3o.C.369 C citada en esta sentencia, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, enero de 2003, página 1744, con número de registro digital: 185229.
La tesis de jurisprudencia 1a./J. 16/2014 (10a.) citada en esta sentencia, aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, Tomo I, abril de 2014, página 611.
La parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 192/2018 citada en esta sentencia, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 12 de abril de 2019 a las 10:16 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 65, Tomo I, abril de 2019, página 654, con número de registro digital
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31636-a47ae720/incompetencia-por-razon-de-territorio-en-materia-mercantil · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- INCOMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO EN MATERIA MERCANTIL. EL JUZGADOR NO PUEDE DECRETARLA CUANDO CONSIDERA QUE NO SE REÚNEN LOS REQUISITOS PARA QUE OPERE LA SUMISIÓN EXPRESA A SU (XXII.2o.A.C. J/2 C (11a.))
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