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Modo: Corpus Pro

SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA MERCANTIL, POR VIOLACIÓN MANIFIESTA DE LA LEY. DEBE APLICARSE CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE OMITIÓ AJUSTARSE A PRECEPTOS LEGALES QUE RIGEN SU ACTUACIÓN DE MANERA OFICIOSA, EN EL CONTEXTO DEL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD Y DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 709/2016. · Registro digital (IUS): 27254
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2017-07-14
Promovente:
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 44, Julio de 2017, Tomo II, Pág. 1070.

AMPARO DIRECTO 709/2016. 1 DE MARZO DE 2017. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE Y PONENTE: FRANCISCO EDUARDO FLORES SÁNCHEZ. ENCARGADO DEL ENGROSE: ANTONIO CEJA OCHOA. SECRETARIO: ISRAEL TRINIDAD MURIEL.

CONSIDERANDO:

SEXTO.-Estudio de los conceptos de violación. En suplencia de la queja deficiente, este Tribunal Colegiado encuentra que existió una violación manifiesta a la ley en perjuicio de la quejosa, suficiente para concederle el amparo.

Violación de procedimiento (confesional).

En el primer concepto de violación, la quejosa sostiene que la autoridad responsable la condenó sin valorar conforme a derecho la confesional que ofreció a fin de acreditar sus excepciones, ya que la actora no se presentó al desahogo, no obstante estar legalmente notificada, y haber ofrecido el pliego de posiciones, lo que trascendió a la sentencia definitiva, porque con la declaración de confesa la Juez debió fallar a su favor.

Es decir, la quejosa se duele toralmente de la violación a lo dispuesto por el artículo 1232 del Código de Comercio, y de que la Juez debió declarar confesa a su contraparte respecto de las posiciones que acompañó, como sanción al no haber comparecido el día y hora designados para el desahogo de la diligencia.

Al respecto, cabe sostener que este Tribunal Colegiado de Circuito estima, en suplencia de la queja deficiente, que existió una violación evidente de la ley en perjuicio de la quejosa en la prueba confesional judicial ofrecida a cargo de su contraparte.

Ciertamente, el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo establece:

"Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes:

"...

"VI. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o. de esta ley. En este caso la suplencia sólo operará en lo que se refiere a la controversia en el amparo, sin poder afectar situaciones procesales resueltas en el procedimiento en el que se dictó la resolución reclamada."

Dicha norma establece que la autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en otras materias, cuando ha habido en contra del quejoso una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o. de la ley citada.

Pero, relacionado con la cuestión que nos ocupa, el artículo 171 de la misma ley dispone:

"Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. ..." (lo resaltado es propio de este tribunal)

Esa norma dispone que, al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que en su caso señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo.

En el caso particular, la quejosa sostiene, en su primer concepto de violación, que la autoridad responsable emitió una sentencia de condena sin hacer una valoración conforme a derecho de la prueba confesional que ofreció a cargo de su contraparte, quien no se presentó al desahogo de esa probanza el día estipulado a pesar de estar legalmente ofrecida, pues entregó el pliego de posiciones que, incluso, el juzgador agregó a los autos, por lo que es una violación de procedimiento y afectó sus defensas.

De primera mano y en estricto apego al artículo 171 de la Ley de Amparo, la conclusión inmediata que este Tribunal Colegiado alcanzaría es que la quejosa tenía obligación de impugnar el auto de veintiséis de julio de dos mil dieciséis, por el cual la Juez ordenó agregar a los autos el pliego de posiciones a cargo de la actora para resguardarlo en el archivo único para los Juzgados Menores de Monterrey, Nuevo León, a través del recurso procedente, sin que lo haya hecho pues, en contra de la aludida determinación, procedía el recurso de revocación, contenido en el diverso numeral 1334 de dicho ordenamiento, a través del cual la inconforme podía hacer valer la violación mencionada.

Entonces, si la quejosa no agotó el recurso de revocación contra el mencionado proveído que ordenó agregar el sobre cerrado que decía contener el pliego de posiciones, que debía ser absuelto por la actora, lo lógico sería sostener que es inoperante el concepto de violación, al no ser posible analizar el fondo de la cuestión sin haber cumplido con esa exigencia.

Sin embargo, el análisis del concepto de violación debe ser realizado desde una óptica distinta y no sólo atendiendo a la observancia o no del artículo 171 de la Ley de Amparo pues, en el caso, existe una serie de circunstancias específicas que deben ser analizadas desde la perspectiva de una violación manifiesta a la ley por parte de la juzgadora responsable, que ocasionó la transgresión al derecho humano de defensa de la quejosa, con mucho mayor peso específico que la observancia de la formalidad de agotar el recurso de revocación.

En otras palabras, no es posible calificar de inoperante el concepto de violación encaminado a demostrar la violación del procedimiento porque, en el caso, se advierte que existió una violación manifiesta de la ley en perjuicio de la quejosa que la dejó sin defensa, al no materializarse la declaratoria de confesa de la actora.

La justificación plena del por qué, en el caso, la quejosa no estaba obligada a agotar el recurso de revocación, está basada en principios cuyo análisis y aplicación se harán en los siguientes apartados:

I. El principio de progresividad.

II. La suplencia de la queja deficiente.

III. El derecho de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva.

IV. El principio dispositivo en relación con la función del juzgador como director del proceso.

V. Normas del Código de Comercio en relación con la prueba confesional.

VI. Las circunstancias del caso.

VII. La conclusión alcanzada por este Tribunal Colegiado.

I. Progresividad de los derechos humanos.

El principio de progresividad está previsto en el artículo 1o. constitucional y en diversos tratados internacionales ratificados por México. Dicho principio, en términos generales, ordena ampliar el alcance y la protección de los derechos humanos en la mayor medida posible hasta lograr su plena efectividad, de acuerdo con las circunstancias fácticas y jurídicas del caso concreto.

Para el aplicador del derecho, el principio de progresividad de los derechos humanos implica el deber de interpretar las normas de manera que se amplíen, en lo posible jurídicamente, esos aspectos de los derechos y una prohibición de interpretar las normas sobre derechos humanos de manera regresiva, esto es, atribuyéndoles un sentido que implique desconocer la extensión de los derechos humanos y su nivel de tutela admitido previamente.

Esas consideraciones están contenidas en la tesis 1a. CCXCI/2016 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 37, diciembre de 2016, Tomo I, página 378 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 2 de diciembre de 2016 a las 10:14 horas», en la que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo:

"PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU CONCEPTO Y EXIGENCIAS POSITIVAS Y NEGATIVAS. El principio de progresividad está previsto en el artículo 1o. constitucional y en diversos tratados internacionales ratificados por México. Dicho principio, en términos generales, ordena ampliar el alcance y la protección de los derechos humanos en la mayor medida posible hasta lograr su plena efectividad, de acuerdo con las circunstancias fácticas y jurídicas del caso concreto. Es posible diseccionar este principio en varias exigencias de carácter tanto positivo como negativo, dirigidas a los creadores de las normas jurídicas y a sus aplicadores, con independencia del carácter formal de las autoridades respectivas, ya sean legislativas, administrativas o judiciales. En sentido positivo, del principio de progresividad derivan para el legislador (sea formal o material) la obligación de ampliar el alcance y la tutela de los derechos humanos; y para el aplicador, el deber de interpretar las normas de manera que se amplíen, en lo posible jurídicamente, esos aspectos de los derechos. En sentido negativo, impone una prohibición de regresividad: el legislador tiene prohibido, en principio, emitir actos legislativos que limiten, restrinjan, eliminen o desconozcan el alcance y la tutela que en determinado momento ya se reconocía a los derechos humanos, y el aplicador tiene prohibido interpretar las normas sobre derechos humanos de manera regresiva, esto es, atribuyéndoles un sentido que implique desconocer la extensión de los derechos humanos y su nivel de tutela admitido previamente. En congruencia con este principio, el alcance y nivel de protección reconocidos a los derechos humanos tanto por la Constitución como por los tratados internacionales, deben ser concebidos como un mínimo que el Estado Mexicano tiene la obligación inmediata de respetar (no regresividad) y, a la vez, el punto de partida para su desarrollo gradual (deber positivo de progresar)."

En conclusión, del principio de progresividad de los derechos humanos deriva la obligación interpretativa para los aplicadores del derecho (órganos de impartición de justicia) de emplear las normas ampliando el alcance y protección de los derechos humanos.

II. Suplencia de la queja.

Queda claro que el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo -ya citado en párrafos anteriores- establece como premisa para justificar la suplencia de la queja en otras materias, la expresión normativa "violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o. de esta ley".

Pues bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que la frase "lo haya dejado sin defensa" ,no debe interpretarse literalmente, sino que debe entenderse en el sentido de que la autoridad responsable infringió determinadas normas, de forma que afectó sustancialmente a la parte quejosa en su defensa.

También explicó que una "violación manifiesta de la ley" es la que se advierte obvia, que es innegable e indiscutible y cuya existencia no puede derivarse de una serie de razonamientos y planteamientos cuestionables. Que así, por "violación manifiesta de la ley que deje sin defensa", se entiende aquella actuación que haga notoria e indiscutible la vulneración a los derechos de la parte quejosa, ya sea en forma directa, o bien, indirecta, mediante la transgresión a las normas procedimentales y sustantivas, y que rigen el acto reclamado.

El invocado criterio, identificado con el número 1a. LXXIII/2015 (10a.), sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aparece publicado en la página 1417, Libro 15, febrero de 2015, Tomo II, materia común, Décima Época (registro digital: 2008557), de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 27 de febrero de 2015 a las 9:30 horas», con los título, subtítulo y texto siguientes:

"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO). Del precepto citado deriva que la suplencia de la queja deficiente operará en las materias civil y administrativa cuando el tribunal de amparo advierta que ha habido contra el quejoso o recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa, por afectar sus derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al pronunciarse sobre el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, de redacción similar al 79 de la vigente, estimó que la frase ‘lo haya dejado sin defensa’ no debe interpretarse literalmente, sino que debe entenderse en el sentido de que la autoridad responsable infringió determinadas normas, de forma que afectó sustancialmente al quejoso en su defensa. Asimismo, sostuvo que una ‘violación manifiesta de la ley’ es la que se advierte obvia, que es innegable e indiscutible, y cuya existencia no puede derivarse de una serie de razonamientos y planteamientos cuestionables. Por otra parte, esta Primera Sala sostuvo que por ‘violación manifiesta de la ley que deje sin defensa’, se entiende aquella actuación que haga notoria e indiscutible la vulneración a los derechos del quejoso, ya sea en forma directa, o bien, indirecta, mediante la transgresión a las normas procedimentales y sustantivas, y que rigen el acto reclamado; de ahí que dicha interpretación es aplicable al artículo 79 de la Ley de Amparo, ya que no se le opone, sino que es concordante. Conforme a lo anterior, los tribunales de amparo sólo están obligados a suplir la queja deficiente en las materias civil y administrativa cuando adviertan una violación evidente, esto es, clara, innegable, que afecte sustancialmente al quejoso en su defensa."

Entonces, la frase "una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o. de esta ley", debe ser entendida como la constatación de un acontecimiento obvio, que es innegable e indiscutible, ocasionado por infracción de determinadas normas, de manera que afectó sustancialmente a la parte quejosa en los derechos humanos reconocidos y en las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 1o., fracción II, de la Ley de Amparo).

III. Acceso a la justicia y tutela judicial efectiva.

En cuanto al derecho a la tutela jurisdiccional, bien puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita -esto es, sin obstáculos- a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión.

La prevención de que los órganos jurisdiccionales deben estar expeditos -adjetivo con el que se designa lo desembarazado, lo que está libre de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -se insiste: poder público en cualquiera de sus manifestaciones, Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna pues, de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales.

El derecho a la tutela judicial, entonces, puede verse conculcado por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carecen de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador.

Tiene aplicación, al caso, la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 124, en la que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo:

"GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.-La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos."

Este derecho de acceso a la justicia comprende tres etapas, a las que corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que corresponden las garantías del debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas.

Apoya lo anterior, la tesis 1a. LXXIV/2013 (10a.), localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, marzo de 2013, Tomo 1, página 882, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

"DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. SUS ETAPAS.-De los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Ahora bien, como se señaló en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: ‘GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.’, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que corresponden las garantías del debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Los derechos antes mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales."

Pues bien, específicamente, la tutela judicial efectiva implica la obligación para los tribunales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial, por lo que los órganos encargados de administrar justicia, al interpretar los requisitos y las formalidades procesales legalmente previstos, deben tener presente la ratio de la norma para evitar que los meros formalismos impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto.

Por ello, debe buscarse, con apoyo en los principios pro homine e in dubio pro actione, la interpretación más favorable al ejercicio de ese derecho humano, sin soslayarse los presupuestos esenciales de admisibilidad y procedencia de los juicios, incidentes en éstos permitidos o recursos intentados.

Ese criterio se encuentra en la tesis 1a. CCXCI/2014 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 9, agosto de 2014, Tomo I, página 536 (registro digital: 2007064) «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 8 de agosto de 2014 a las 8:05 horas», la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que:

"TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE ADMINISTRAR JUSTICIA, AL INTERPRETAR LOS REQUISITOS Y LAS FORMALIDADES ESTABLECIDOS EN LA LEY PARA LA ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LOS JUICIOS, DEBEN TENER PRESENTE LA RATIO DE LA NORMA PARA EVITAR FORMALISMOS QUE IMPIDAN UN ENJUICIAMIENTO DE FONDO DEL ASUNTO. La tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo, implica la obligación para los tribunales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial, por lo que los órganos encargados de administrar justicia, al interpretar los requisitos y las formalidades procesales legalmente previstos, deben tener presente la ratio de la norma para evitar que los meros formalismos impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto. Por tanto, los requisitos para admitir los juicios, incidentes en ellos permitidos, o recursos intentados, establecidos por el legislador, son de interpretación estricta para no limitar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, haciendo posible, en lo esencial, el ejercicio de dicho derecho, por lo que debe buscarse, con apoyo en los principios pro homine e in dubio pro actione, la interpretación más favorable al ejercicio de ese derecho humano, sin soslayarse los presupuestos esenciales de admisibilidad y procedencia de los juicios, incidentes en éstos permitidos o recursos intentados."

La conclusión, que de los criterios anteriores interesa, es que el derecho de acceso a la justicia es el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita -sin obstáculos- a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión.

Para que ese derecho de acceso a la justicia sea visto como un principio jurídico verdaderamente efectivo, debe buscarse, con apoyo en los principios pro homine e in dubio pro actione, la interpretación más favorable al ejercicio de ese derecho humano.

La importancia de lo anterior está en que el rigorismo irracional de las formalidades debe ceder ante el enjuiciamiento de fondo del asunto para que, verdaderamente, exista una materialización del derecho de acceso a la justicia; claro está, sin pasar por alto los presupuestos esenciales de admisibilidad y procedencia de los juicios, incidentes en éstos permitidos o recursos intentados.

IV. Principio dispositivo.

Tradicionalmente y con el rigor que lo caracteriza, el principio dispositivo se define como un principio procesal por virtud del cual la tarea de iniciación e impulso del procedimiento está en manos de los contendientes y no en el juzgador.

En razón de este principio, se considera que es en ellos en quienes recae no sólo la obligación de iniciar el procedimiento, sino también la determinación de su contenido e impulso para el esclarecimiento de la verdad en la resolución de la controversia.

Así, por virtud de este principio, el juzgador no puede sustituirse al actor y ejercer de manera oficiosa una acción, ni tampoco puede hacerlo con relación al demandado a efecto de dar una contestación a la demanda y fijar la litis, pues, salvo algunas excepciones, a nadie se puede constreñir u obligar a solicitar su tutela jurisdiccional o ejercer su defensa ante los tribunales; del mismo modo, el juzgador no puede tomar la iniciativa de recabar las pruebas que estime conducentes para el esclarecimiento de la verdad en la resolución de la controversia, pues es en las partes en quienes recae esa carga, en tanto que ello redunda en su propio beneficio.

La razón de ser de ese principio descansa en el hecho de que, por regla general, los derechos e intereses jurídicos que se discuten en el proceso son del dominio absoluto de los particulares y, por ende, es en ellos en quienes recae la obligación de iniciar e impulsar el procedimiento; no obstante, en razón de que el artículo 17 constitucional exige prontitud en la justicia, la obligación de iniciación e impulso del procedimiento que se deriva del principio que se analiza, se rige por el diverso de oportunidad que se deriva de los plazos y términos que fijen las leyes correspondientes.

Ahora bien, como los derechos e intereses jurídicos susceptibles de ser discutidos en un procedimiento no siempre son del dominio absoluto de los particulares, frente al principio dispositivo se encuentra el inquisitivo, el cual otorga una facultad oficiosa al juzgador para llegar al conocimiento de la verdad controvertida, la cual lo autoriza a recabar por iniciativa propia las pruebas que estime conducentes para ese efecto.

En los juicios mercantiles rige el principio dispositivo, ya que en esos procedimientos sólo se discuten cuestiones que incumben, exclusivamente, a los contendientes; por tanto, es en ellos en quienes recae la obligación de probar sus pretensiones o defensas, tan es así que el artículo 1194 del Código de Comercio señala que el que afirma está obligado a probar; en consecuencia, el actor debe probar su acción y el reo sus excepciones.

Esta carga probatoria que recae en las partes y no en el juzgador, es lógica, pues con independencia de que respeta la igualdad y el equilibrio procesal que debe haber entre los contendientes en términos del principio de justicia imparcial que se deriva del derecho de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 constitucional, deja al arbitrio de los litigantes valorar la necesidad de ofrecer pruebas y determinar las que, en su caso, estimen conducentes a sus intereses, lo cual redunda en su propio beneficio pues, al formar parte de la contienda, se presume que nadie sabe mejor que los litigantes cuándo deben ofrecer pruebas y cuándo deben abstenerse de hacerlo y, en su caso, cuáles son las más idóneas para demostrar sus pretensiones o defensas.

Así, atendiendo al principio dispositivo, el cual cobra relevancia en materia probatoria, el juzgador no puede ir más allá de lo pedido por las partes; por tanto, no puede recabar ninguna prueba que ellas no hayan ofrecido o preparado adecuadamente para su desahogo, máxime que dicho ordenamiento, ni siquiera faculta al juzgador a realizar diligencias para mejor proveer.

Ahora bien, el hecho de que el principio dispositivo impida que el juzgador pueda actuar de manera oficiosa en el impulso del procedimiento y el esclarecimiento de la verdad litigiosa, no limita el derecho de acceso a la justicia pues, esa circunstancia, no causa afectación alguna a los particulares, en tanto que no les impide acceder a los tribunales a plantear una pretensión o defenderse de ella para que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa que se plantea; por el contrario, este principio contribuye a la imparcialidad que el juzgador debe tener en el proceso, pues impide que tomando partido por alguna de las partes y a pretexto de ser el director del proceso, éste lo impulse indebidamente o recabe pruebas ajenas a las ofrecidas por ellas para la solución de la controversia.

Aunado a lo anterior, este principio que obliga a las partes a vigilar el correcto y oportuno desarrollo del procedimiento, también contribuye a que la justicia sea administrada en los plazos y términos que para tal efecto establezcan las leyes conducentes pues, la actividad que las partes están constreñidas a realizar por virtud de e

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27254-34047884/suplencia-de-la-queja-en-materia-mercantil-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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