CONTRATOS. AL INTERPRETARLOS LA PERSONA JUZGADORA DEBE ACUDIR A LAS REGLAS IDÓNEAS DISPUESTAS POR EL LEGISLADOR, EN CUANTO PUEDAN APOYAR RAZONABLEMENTE SU DECISIÓN.
AMPARO DIRECTO 7/2011. 17 DE MARZO DE 2011. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ALEJANDRO SÁNCHEZ LÓPEZ. SECRETARIO: ALBERTO ALBINO BALTAZAR.
CONSIDERANDO:
SEXTO.—En una parte del quinto concepto de violación, en el cual la solicitante del amparo cuestiona omisiones o irregularidades reprochadas al Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, en cuanto se vinculan implícitamente con la resolución de primera instancia, deben desestimarse por inoperantes, en atención a que al interponer en su contra recurso de apelación y dictarse el fallo de segundo grado, los efectos de aquella resolución cesaron, de modo que no es posible analizar, válidamente, una resolución que ya fue sustituida procesalmente por la de segunda instancia, acto reclamado y objeto propio de estudio en el presente juicio de garantías, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo.
En apoyo de lo anterior, se cita la jurisprudencia del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo criterio comparte este tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, enero de 1996, páginas 121 y 122, con el sumario siguiente:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO IMPUGNAN UNA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE YA FUE SUSTITUIDA POR OTRA DE SEGUNDO GRADO. Si los conceptos de violación se encuentran orientados a impugnar la valoración que de un hecho hizo el Juez de primera instancia, en la sentencia que cesó en sus efectos puesto que se apeló la misma y se dictó fallo de segundo grado, los conceptos señalados resultan inoperantes, por no poderse analizar una sentencia que ya fue sustituida por la de segunda instancia."
En algunas partes del primer concepto de violación, la promovente del amparo argumenta que el tribunal responsable, al dictar la resolución reclamada, no observó el artículo 1077 del Código de Comercio, puesto que, según ella, nada dijo ni resolvió en torno a lo expuesto en el agravio primero del recurso de apelación que interpuso su representada en contra de la resolución con que concluyó la primera instancia del juicio de origen, en el sentido de que en el adendum 3 de la póliza de seguro exhibida como documento base de la acción se aclaró y ratificó, expresamente, que sólo el contratante, pero no las coaseguradas, tendría derecho de cobrar las indemnizaciones correspondientes a cargo de la aseguradora demandada, al estipularse: "cualquier cantidad por pagar, según la póliza, deberá ser pagada a **********."
Que los principales argumentos expresados por su representada, incluidos en el agravio primero, consistieron en que por el hecho de ser que ésta es la contratante de la póliza del seguro, tiene derecho y, por tanto, está legitimada en la causa para reclamar de la aseguradora demandada el pago de la indemnización derivada del contrato del seguro, conclusión que se refuerza por la circunstancia de que en el adendum 3 de dicha póliza se pactó, expresamente, que sólo **********, pero no las coaseguradas, podría recibir las cantidades por pagar a cargo de dicha póliza.
Resultan infundados tales argumentos, en tanto que, contrariamente a lo que asevera la promovente del amparo, la simple lectura de la parte relativa de la resolución reclamada permite establecer que el Tribunal Unitario responsable sí se hizo cargo del estudio de esa parte concreta del primer agravio.
Con el propósito de demostrar la afirmación precedente, se transcribe a continuación la parte conducente de la resolución reclamada, en la cual el tribunal responsable consideró lo que enseguida se transcribe:
"... Por su parte, la inconforme, con sustento en la referida representación común acordada sólo entre los celebrantes del contrato de seguro, y la diversa, en la que dichas partes establecieron: ‘Cualquier cantidad a pagar según la póliza deberá ser pagada a **********’, aduce que la supuesta falta de representación de la contratante respecto a las coaseguradas es un yerro que, conforme a la legislación de seguros, deberá corregir esta alzada, debido a que dichas coaseguradas no tienen interés jurídico en el juicio, en términos del mismo adendum número 3 (tres), pues no tienen derecho a cobrar ninguna cantidad según la póliza básica, de acuerdo al texto literal del último párrafo del clausulado del asegurado principal y coasegurados.—Es claramente infundado lo que manifiesta la recurrente, pues, por principio, como se dijo, una legislación especial, aun de carácter imperativo, no excluye ni está por encima de los principios y garantías fundamentales emanados de la Ley Suprema del país.—A ese respecto no debe perderse de vista que, según reconoce la inconforme, la póliza de seguro base de la acción se contrató en términos del artículo 11 de la Ley sobre el Contrato de Seguro; empero, con independencia de que se haya celebrado por cuenta propia o de las terceras coaseguradas, se generaron también derechos en favor de dos sociedades mercantiles diferentes a la que, por conducto de su representación legal, signó el acuerdo de voluntades; por ende, se presume, fundadamente, sin que exista prueba en contrario, que el interés protegido por el seguro contratado corresponde al interés patrimonial independiente de cada una de las aseguradas, aun cuando se haya asegurado de manera común. De esa suerte, si en las condiciones particulares de la póliza básica se estableció que la contratante, hoy recurrente, fungiría como representante común de todas las aseguradas, y como tal sería quien, únicamente, cobraría las indemnizaciones que procedieran por los riesgos producidos, amparados por el seguro, tales estipulaciones no le autorizan de manera alguna a excluir el derecho de las demás aseguradas a recibir el pago proporcional de dicha indemnización, derecho que además siempre será oponible al que pretende adjudicarse la hoy disidente.—Se sostiene lo anterior, porque la representación común reconocida por la ley, que en materia judicial es obligatoria cuando dos o más litigantes ejercen de manera común una acción u oponen una excepción, no es más que una especie de mandato que tiene la finalidad de facilitar y hacer más ágiles los trámites extra judiciales o judiciales, facultando a uno solo de los conjuntamente interesados para intervenir, con lo cual se evita la multiplicidad de trámites que implicaría la gestión individual del negocio, es decir, por cada uno de ellos, pero éstos, al delegar su representación, únicamente confieren al representante común la facultad de realizar los trámites conducentes a obtener lo que colectivamente pretenden, mas no le transmiten su derecho individual a obtener los beneficios de la gestión.—Además, el hecho de que en la estipulación que invoca, de los respectivos adenda 3 (tres), donde se establece que cualquier pago de indemnizaciones se hará únicamente a **********, no es una designación de beneficiario, toda vez que debe entenderse en su carácter de representante común de las aseguradas, y por otra parte, sólo obliga a los signantes, pues como aduce la propia inconforme, las terceras coaseguradas no expresaron voluntad alguna al no suscribir documento alguno relacionado con el contrato de seguro básico.—Lo anterior encuentra apoyo, por identidad jurídica, en el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la tesis aislada visible en la página 556, Sexta Parte, Volúmenes 217 a 228, enero a diciembre de 1987, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: ‘REPRESENTACIÓN COMÚN, FINALIDAD DE LA. ...’."
Lo anterior revela que el Tribunal Unitario responsable, de modo contrario a lo que afirma la promovente, sí se pronunció en relación con la inconformidad relativa propuesta en el recurso de apelación, independientemente de que el resultado de ese estudio hubiese sido desfavorable a los intereses de la parte quejosa.
En diversos fragmentos del sexto concepto de violación, la solicitante del amparo argumenta lo siguiente:
1. Que para que se actualice un litisconsorcio necesario, activo o pasivo, es requisito indispensable que exista comunidad sobre el objeto litigioso y que, por tanto, no pueda pronunciarse sentencia válida en el juicio si no se cuenta con la intervención de quienes no han acudido, no obstante lo cual, en el caso, la divisibilidad de la prestación reclamada por **********, lleva a afirmar que el litisconsorcio de que se trata deviene voluntario.
2. Que al ser divisible el objeto del litigio, trae consigo que la controversia pueda dilucidarse válidamente condenando a la aseguradora demandada al pago de la indemnización que corresponda.
3. Que solamente las empresas coaseguradas, en su caso, podrían desconocer el carácter de representante de **********, que se acordó en el contrato de seguro.
4. Que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia, por contradicción de tesis, en el sentido de que la sanción civil respecto a actos jurídicos celebrados por un falso representante es la nulidad relativa, lo que apoyó en la jurisprudencia de rubro: "CONTRATOS. SE AFECTAN DE NULIDAD RELATIVA CUANDO SON CELEBRADOS POR FALSO REPRESENTANTE O TRASPASANDO LOS LÍMITES DEL PODER CONFERIDO, SIN QUE SE RATIFIQUE POR EL MANDANTE."
5. Que aunque ordinariamente el contratante del seguro y el asegurado es la misma persona, puede suceder que ambas posiciones estén disociadas, como es el caso del seguro por cuenta de otro, a que se refiere el artículo 11 de la Ley sobre el Contrato de Seguro.
6. Que el Tribunal Unitario responsable, al negarle a la quejosa la categoría de representante de las coaseguradas, se arroga una facultad que corresponde exclusivamente a las propias coaseguradas, con lo cual les está privando del derecho a optar entre pedir la nulidad o ratificar la cuestión del supuestamente falso representante, en términos de lo dispuesto en el artículo 1802 del Código Civil Federal.
7. Que salvo que se ejercitara una hipotética acción de nulidad por parte interesada, la "autoridad judicial" está impedida para pronunciarse sobre la validez o ineficacia de la representación que **********, reconoció a la sociedad quejosa en la póliza del seguro exhibida como documento base de la acción.
Son inoperantes los anteriores argumentos, en cuanto se vinculan en torno a la supuesta divisibilidad o escindibilidad de las prestaciones que inciden y tienen que ver con el concepto de la existencia de una comunidad jurídica inherente a la figura del litisconsorcio activo necesario –es decir, con la posibilidad de que el tribunal se pronunciara en el fondo respecto a la indemnización que sólo corresponde a la sociedad quejosa, con exclusión de la que tenga que ver con las coaseguradas–, así como sobre el tema de la nulidad relativa derivada de una pretendida representación irregular de la sociedad quejosa respecto de las empresas coaseguradas, en tanto que esas razones específicas no fueron expuestas a título de agravio ante el Tribunal Unitario responsable, lo que se corrobora de la lectura del texto del escrito que está glosado a fojas 7 a la 85 y el escrito de ampliación de agravios glosado a fojas 143 a la 206 en los tocas de apelación ********** y **********.
Por ese motivo, ahora no es admisible que se invoquen, tardíamente, ya que, por una parte, no existen bases ciertas que permitan presumir que su planteamiento extemporáneo se debió a causas atribuibles al tribunal responsable, que hubiesen dejado en estado de indefensión a dicha quejosa y, por otra, es evidente que si la autoridad jurisdiccional responsable no estuvo en aptitud de examinar esos argumentos, simplemente porque no le fueron propuestos, menos podría hacerlo ahora este tribunal, en atención a la técnica que rige en el juicio de amparo.
En apoyo de la anterior consideración se invoca la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, abril de 2008, página 39, con el sumario siguiente:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. TIENEN ESTA CALIDAD SI SE REFIEREN A CUESTIONES NO ADUCIDAS EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE APELACIÓN Y NO SE DEJÓ SIN DEFENSA AL APELANTE. En atención a los principios dispositivo, de igualdad de las partes y de congruencia que rigen en el proceso civil, y en virtud de que el objetivo del recurso de apelación es que el tribunal de segunda instancia examine la sentencia recurrida en función de los agravios propuestos por el apelante, resulta inconcuso que aquél no debe modificar o ampliar los agravios en beneficio de éste; de ahí que si en ellos no se invoca una violación cometida por el a quo, se estimará consentida y quedará convalidada, con la consecuente pérdida del derecho a impugnarla posteriormente, a causa de la preclusión, por lo cual la parte quejosa en el juicio de amparo directo no debe impugnar una irregularidad consentida tácitamente con anterioridad. Sin que obste a lo anterior que con el artículo 76 bis de la Ley de Amparo se haya ampliado la figura de la suplencia de la queja deficiente al especificar las hipótesis en que opera, pues el juicio de garantías sigue rigiéndose por el principio de estricto derecho contenido en el artículo 2o. de dicha Ley, y no es un instrumento de revisión de las sentencias de primera instancia impugnables mediante algún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, en acatamiento del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. Por tanto, la falta de expresión de agravios imputable al apelante no actualiza el supuesto de la fracción VI del indicado artículo 76 bis, que permite a los tribunales federales suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, inclusive en la materia civil, excepto cuando se advierta que contra el quejoso o el particular recurrente ha habido una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. En este orden de ideas, se concluye que deben declararse inoperantes los conceptos de violación cuando se refieren a cuestiones no aducidas en los agravios del recurso de apelación si contra el recurrente no existió una violación manifiesta de la ley que lo hubiere dejado sin defensa, sino que voluntariamente o por negligencia no expresó los agravios relativos, cuya circunstancia no es atribuible a la autoridad responsable que pronunció la sentencia de segunda instancia reclamada; de manera que es improcedente examinar los conceptos de violación o conceder el amparo por estimarse que la sentencia que resolvió la apelación es violatoria de garantías sobre una cuestión que de oficio no podía analizar la autoridad responsable, ante la ausencia de agravios."
Ahora bien, con el propósito de abordar el análisis de los conceptos de violación que se refieren a la determinación del Tribunal Unitario responsable de que no se integró el litisconsorcio activo necesario entre la sociedad quejosa y las empresas coaseguradas, a partir del hecho de que existe una comunidad de intereses jurídicos entre ellas, debe tomarse en cuenta, como punto de partida, que al estudiar los agravios expresados por la entonces apelante en contra de la resolución con la que concluyó la primera instancia, los declaró infundados e ineficaces con base en las siguientes consideraciones:
1. Que no se puede negar el derecho derivado de las reclamaciones formuladas en la demanda inicial que pudiera corresponder a las coaseguradas, pues si bien la legislación especial de seguros permite la modalidad de asegurar a un tercero por cuenta propia, lo que no se puede sostener, por ser contrario a la lógica que impera en "nuestro sistema jurídico", es que, según lo pretende la inconforme, la Ley sobre el Contrato de Seguro permite asegurar a un tercero para el efecto de que si éste sufre un daño o perjuicio en su patrimonio con motivo de algún riesgo o siniestro, la indemnización correspondiente acreciente el patrimonio del contratante, de manera injustificada.
2. Que, en términos generales, cualquier persona que desee prevenir un daño en su patrimonio, por un eventual siniestro, puede protegerlo por medio de un seguro contra los daños que contrate, pero únicamente en el supuesto a que se refiere el segundo párrafo del artículo 87 de la citada ley es permisible que quien asegura a un tercero se beneficie, y sólo de manera preferente, de la indemnización respectiva, cuando al momento de la contratación existe en favor del contratante un interés originado en la cosa asegurada; sin embargo, no se advierte que se esté en ese caso.
3. Que aun en esa hipótesis no se extingue, necesariamente, el derecho del tercero asegurado, ya que si después de cubierto el interés del contratante y las primas que pagó existe un remanente en la cobertura del seguro, éste le deberá ser pagado al tercero, circunstancia que lo legitima para reclamarlo en la vía judicial, de ser necesario, si por simple razón lógica no es el contratante del seguro quien tiene en exclusiva esa facultad, pues a éste siempre será oponible el derecho del tercero asegurado.
4. Que resulta inatendible la circunstancia relativa a que la actora hubiere realizado el pago de las primas correspondientes, pues como contratante del seguro era su obligación hacerlo, independientemente de que pudiera exigir a las coaseguradas la restitución proporcional de las primas pagadas, pues a eso se limita su derecho, salvo el caso de que tuviera algún interés previo sobre la cosa asegurada perteneciente a las terceras.
5. Que si la inconforme contratara el seguro por cuenta propia, debido al interés particular que tuviera en relación con la cosa asegurada, perteneciente a las otras personas morales, que es lo que permite la Ley sobre el Contrato de Seguro, es inconcuso que, aun en ese caso, por disposición de la ley, y no por consenso de las partes, se actualizaría un litisconsorcio activo.
6. Que la contratante, al estar facultada legalmente para reclamar, de manera preferente, lo que legítimamente le correspondiera y reservado al tercero o terceros asegurados el derecho de reclamar el remanente de la indemnización, si lo hubiera, el litisconsorcio sería voluntario, en virtud de que al estar delimitado cuantitativamente el interés de cada una de las aseguradas, no habría impedimento para que actuaran de manera individual.
7. Que la intención de la apelante fue reclamar la indemnización total por los riesgos asegurados, no obstante que existen otras dos personas jurídicas que pudieran ser afectadas por los siniestros ocurridos y que esa circunstancia no se aclara en la demanda.
8. Que por lo que hace concretamente a que únicamente la recurrente y la aseguradora suscribieron el contrato o póliza de seguro, sin intervención alguna de las terceras coaseguradas, sus argumentos carecen de fundamento y, por ende, de eficacia, puesto que tal circunstancia implica que lo acordado entre las partes signantes no puede perjudicar o menoscabar los derechos de las coaseguradas, ya que no consta la voluntad de éstas respecto a lo pactado en el contrato de seguro ni su renuncia a algún derecho o facultad.
9. Que si bien pudo haberse generado sin su consentimiento, resulta válido, ya que lo cierto es que se contrató un seguro que les generó el derecho al pago de una indemnización por pérdidas que sufran en su patrimonio, con la sola obligación de restituir al contratante, proporcionalmente, las primas pagadas a la compañía de seguros.
10. Que la relevancia de los apéndices radica en que su interpretación es esencial, tanto en la emisión de la sentencia recurrida, como en los agravios de la apelante, con los cuales controvierte los razonamientos del juzgador, quien sostuvo que los contratantes establecieron expresamente que tanto los derechos como las obligaciones que deriven de la póliza deben ejercerse y exigirse de manera conjunta, pues así se pactó en cada uno de los adendum. 11. Que el juzgador señaló que de dichos adendum se advierte que los contratantes determinaron que el término "asegurado" se refiere tanto al asegurado principal como a los coasegurados, es decir, a las partes de manera colectiva; que se pactó que **********, sería el representante común para todas las cuestiones y asuntos relacionados con la póliza, pero la representación común otorgada a la demandante no puede tener los alcances de representación en la contienda judicial, puesto que de los propios adendum se advierte que la representación común sólo tiene efectos para trámites internos de la póliza, pero no para ejercer los derechos derivados del acuerdo de voluntades, como la demandante pretende, al comparecer a juicio de manera individual.
12. Que el ejercicio de la acción debe recaer activamente en todas las coaseguradas, quienes, de manera conjunta o colectiva, son titulares del derecho que se reclama, pero no únicamente la actora, como ésta pretendió al promover la demanda de manera unilateral, y no como representante común de las coaseguradas.
13. Que con independencia de que el contrato de seguro se hubiese celebrado por cuenta propia o de las terceras coaseguradas, se generaron también derechos en favor de dos sociedades mercantiles diferentes a las que, por conducto de su representación, signó el acuerdo de voluntades, de modo que el interés protegido por el seguro contratado corresponde al interés patrimonial independiente de cada una de las aseguradas, aun cuando se haya asegurado de manera común.
14. Que si en las condiciones particulares de la póliza básica se estableció que la contratante fungiría como representante común de todas las aseguradas, y como tal sería quien, únicamente, cobraría las indemnizaciones que procedieran por los riesgos producidos, amparados por el seguro, tales estipulaciones no le autorizan de manera alguna a excluir el derecho de las demás aseguradas a recibir el pago proporcional de dicha indemnización, derecho que además siempre será oponible al que pretende adjudicarse la disidente.
15. Que la representación común reconocida por la ley y que en materia judicial es obligatoria cuando dos o más litigantes ejercen de manera común una acción u oponen una excepción, no es más que una especie de mandato que tiene la finalidad de facilitar y hacer más ágiles los trámites extra judiciales o judiciales, facultando a uno solo de los conjuntamente interesados para intervenir, con lo cual se evita la multiplicidad de trámites que implicaría la gestión individual del negocio (por cada uno de ellos), pero éstos, al delegar su representación, únicamente confieren al representante común la facultad de realizar los trámites encaminados a obtener lo que colectivamente pretenden, mas no le transmiten su derecho individual a obtener los beneficios de la gestión.
16. Que el hecho de que en la estipulación que invoca, de los respectivos adendum, donde se establece que cualquier pago de indemnizaciones se hará únicamente a **********, no es una designación de beneficiario, puesto que debe entenderse en su carácter de representante común de las aseguradas.
17. Que si la propia contratante del seguro estipuló bilateralmente con la aseguradora, como dice, ser ella la representante común de las aseguradas, qué necesidad tendría esa estipulación si las coaseguradas carecieran de interés alguno en dicho contrato y sólo la contratante tuviera, de manera exclusiva, el derecho a las indemnizaciones por los riesgos protegidos en el contrato de seguro.
18. Que el ejercicio de la acción derivada de lo dispuesto en el artículo 1882 del Código Civil Federal es ajena al juicio de origen, ya que la invocación de ese precepto sirve para destacar que la ley califica de ilegítima la intención que el apelante manifiesta en sus agravios, así como que está preservado el interés patrimonial de las coaseguradas, a quienes categóricamente niega derecho alguno, lo que apoyó en las tesis de jurisprudencia de rubros: "ENRIQUECIMIENTO ILEGÍTIMO. EL QUE SU ACTUALIZACIÓN TENGA COMO ORIGEN UN ERROR DERIVADO DE UN VÍNCULO CONTRACTUAL, NO LE DA EL ADJETIVO ‘CON CAUSA’." y "NULIDAD ABSOLUTA DE UN ACTO JURÍDICO. AUNQUE PUEDE SER INVOCADA POR CUALQUIER INTERESADO, CARECE DE LEGITIMACIÓN LA PARTE QUE DIO LUGAR A ELLA."
19. Que lo que no resulta ilegal es la contratación por una persona de un seguro para proteger los bienes patrimoniales de un tercero, pero sólo tiene derecho, parcial o total, a la indemnización que proceda por el riesgo generado cuando tenga un interés directo sobre lo asegurado, es decir, cuando exista una causa, pues de lo contrario el derecho que surge del acuerdo de voluntades a la indemnización corresponde al tercero asegurado, con la sola obligación de restituir al contratante las primas cubiertas a la aseguradora, puesto que ese derecho siempre será oponible al que pretende la recurrente.
20. Que el hecho de que las partes hubiesen otorgado su consentimiento expreso para asegurar a terceros, sin la intervención de éstos, constituye la figura denominada de estipulación en favor de tercero, reconocida en nuestro sistema jurídico y regulada, esencialmente, en los artículos 1868, 1869 y 1870 del Código Civil Federal, de los cuales emanan principios que son incorporados por el legislador en el artículo 11 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, el cual prevé que cualquier persona puede celebrar con una aseguradora un contrato para asegurar a un tercero sus bienes patrimoniales, con provecho del contratante o sin él.
21. Que en el primer caso, debe haber una causa para que el contratante esté legitimado a cobrar, para sí, parte o la totalidad de la indemnización que corresponda por el riesgo producido; y que de no ser así, un pretendido derecho al cobro no es oponible al del tercero asegurado, sin que pueda tener otra interpretación lo que señala la apelante de manera dogmática, en cuanto a que las terceras coaseguradas son simples sujetos de derechos, por lo cual es incorrecto lo que aduce la apelante de que las terceras coaseguradas carecen de interés en el juicio incoado en contra de la aseguradora para exigir la indemnización pactada en caso de verificarse el riesgo previsto en la póliza del seguro.
22. Que la inconforme no reseñó en su demanda inicial que el riesgo materia del seguro se produjo únicamente respecto a su patrimonio, sin ninguna justificación de la indemnización correspondiente a la pérdida patrimonial de las terceras coaseguradas; y en cambio, de la manifestación de que existen por cobrar riesgos que fueron sufridos directamente por la ahora recurrente, hace llegar a la conclusión de que entre lo que reclamó en su demanda se incluye el pago de riesgos no sufridos por ella, esto es, por las terceras coaseguradas, los que por estar asegurados de manera común deben exigirse en la vía judicial por todas las interesadas, en virtud de que se constituye la figura del litisconsorcio activo necesario, por lo cual cualquiera de ellas, de manera individual, carece de legitimación para reclamar el total de lo adeudado por la enjuiciada.
23. Que el argumento de que el contrato de seguro sólo fue firmado por ella y por la aseguradora, puesto que era la única facultada para hacerlo sin la participación de las otras dos coaseguradas, redunda en su perjuicio, ya que revela una cuestión primordial, consistente en la ausencia de voluntad de las restantes aseguradas para designarla como representante común, así como para que reciba el pago de las indemnizaciones que deriven de los riesgos protegidos contractualmente.
24. Que las estipulaciones establecidas en los adendum, correspondientes a cada una de las vigencias del seguro, sólo obligan, estrictamente, a los signantes del contrato, puesto que la demandante tampoco justifica tener un interés específico sobre el patrimonio de las otras personas morales aseguradas, protegido por la póliza del seguro, para que, en ese supuesto, tuviera preferencia en el cobro de la indemnización, en términos del segundo párrafo del artículo 87 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, con la circunstancia de que aun en esa hipótesis no necesariamente se extinguiría el interés jurídico de aquéllas.
25. Que la demandante tampoco manifiesta y menos acredita que dichas terceras, a quienes reconoce como coaseguradas y simples sujetos de derechos, le hayan transmitido o cedido, a través de algún instrumento jurídicamente válido, los derechos de indemnización que se originen del seguro que se contrató respecto a su interés patrimonial.
26. Que esa situación, conforme a derecho elemental, era indispensable para que, por sí misma, la demandante estuviera legitimada ad processum, de manera individual, excluyendo unilateralmente el derecho de sus coaseguradas, pues no se le podría considerar única beneficiaria con motivo de lo estipulado en los referidos adendum, en cuanto que es la única autorizada para cobrar indemnizaciones.
27. Que lo estipulado en dichos adendum confirma que tanto la asegurada principal, contratante, como las coaseguradas, fueron aseguradas de manera conjunta, sin que se hiciera distinción destacada y precisa del riesgo protegido en relación con cada una de ellas, de acuerdo con lo cual debe entenderse que su interés es común y que, por tanto, no puede negarse su derecho colectivo y común a la indemnización pactada en el contrato de seguro.
28. Que si no existe en el expediente del juicio manifestación alguna o medio de convicción tendente a demostrar, de manera fehaciente, que respecto al contrato de seguro únicamente la demandante estuviere facultada para reclamar, para sí, la indemnización por los riesgos asegurados, al haberse extinguido en su favor los derechos de las restantes aseguradas, por virtud básicamente de una transmisión o cesión legal de éstos, es inconcuso que no le asiste la razón cuando afirma que las referidas coaseguradas carecen de interés jurídico alguno y que es ella quien, por las razones que aduce y quedaron desvirtuadas, tiene legitimación
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32513-4cd115b3/contratos-al-interpretarlos-la-persona-juzgadora-debe-acudir · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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