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Modo: Corpus Pro

INDEMNIZACIÓN POR RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA. PROCEDE LA VÍA CIVIL CUANDO SE DEMANDA EN EL MISMO ACTO TANTO A LAS PERSONAS RESPONSABLES DIRECTAS, COMO A SUS EMPRESAS ASEGURADORAS, AL AMPARO DE LOS ARTÍCULOS 145 Y 147 DE LA LEY SOBRE EL CONTRATO DE SEGURO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 100/2022. · Registro digital (IUS): 31233
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y, EL ENTONCES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO, ACTUAL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERI
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Enero de 2023, Tomo II, Pág.1925.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 100/2022. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL ENTONCES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO, ACTUAL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO. 6 DE JULIO DE 2022. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: MERCEDES VERÓNICA SÁNCHEZ MIGUEZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al seis de julio de dos mil veintidós, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios, suscitada entre el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, ahora Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Vigésimo Segundo Circuito.

El problema jurídico a resolver por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar cuál es la vía procedente –civil o mercantil– cuando la parte actora reclama la indemnización con motivo de la responsabilidad civil sufrida y demanda tanto a las personas responsables directas, como a sus empresas aseguradoras al amparo de los artículos 145 y 147 de la Ley sobre el Contrato de Seguro.

ANTECEDENTES DEL ASUNTO

1. Denuncia de la contradicción. Dentro del juicio de amparo 530/2021, ********** (en adelante **********), a través de su apoderado **********, interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el diecisiete de enero de dos mil veintidós por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.(1) En ese mismo escrito, también denunció la contradicción de criterios entre el emitido en el juicio de amparo recurrido y del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, actual Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Vigésimo Segundo Circuito al resolver el amparo directo 1/2009.

2. Trámite de la denuncia. Hecha la remisión correspondiente, el diecisiete de febrero de dos mil veintidós, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación registró el recurso con el número de expediente **********, lo admitió y lo turnó a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández.(2) En ese mismo acto, advirtió la denuncia de la posible contradicción de criterios, por lo que –al estar ante un trámite diferente– ordenó que se tramitara por separado el expediente con copia certificada del escrito original de expresión de agravios y de la sentencia impugnada.

3. Con motivo de lo anterior, mediante acuerdo de veinticinco de abril de dos mil veintidós, el presidente de este Alto Tribunal registró el asunto con el número de expediente 100/2022 y advirtió que se denunciaba la posible contradicción de criterios entre los Tribunales Colegiados mencionados respecto la temática: "Derecho al pago de la indemnización por daño. Determinar si la vía por la que procede el reclamo debe ser civil o mercantil cuando el sujeto responsable tiene un contrato de responsabilidad civil con una empresa aseguradora"; de ahí que, admitió a trámite la denuncia y ordenó remitir los autos a la ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

4. En este mismo acto y a fin de integrar debidamente el expediente relativo, se solicitó la remisión de la versión digitalizada del original o copia certificada del acuerdo en el que se informe si los criterios todavía se encuentran vigentes o, en su caso, de que se tengan por superados o abandonados, así como de las ejecutorias de donde emanan los criterios contendientes. Finalmente, requirió a la Dirección General de Archivos y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal la copia certificada de la ejecutoria emitida por el órgano del Vigésimo Segundo Circuito.

5. Recibidos los autos en la Primera Sala, mediante proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, la presidenta de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se avocó al conocimiento del asunto.

6. Finalmente, una vez desahogados los requerimientos por los órganos contendientes, mediante acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, se determinó que el asunto se encontraba debidamente integrado por lo que acordó la remisión del mismo a la ponencia designada.

I. Competencia

7. En principio, es menester referir que, en términos de lo establecido en la fracción II del artículo primero transitorio(3) del decreto de reformas a la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, así como el diverso tercero transitorio del decreto publicado en dicho medio oficial el once de marzo de esa anualidad,(4) por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativas al Poder Judicial de la Federación, toda vez que aún no se surte la competencia de los Plenos Regionales prevista en el artículo 42, fracción I,(5) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, el trámite del presente asunto se rige por las disposiciones constitucionales y legales aplicables, vigentes hasta el once de marzo y siete de junio de dos mil veintiuno, respectivamente.

8. En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo,(6) en relación con los puntos segundo, fracción VII y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Pleno de este Alto Tribunal. Lo anterior, dado que se trata de una denuncia de contradicción de criterios suscitada entre los sustentados por Tribunales Colegiados de distintos circuitos y en una materia que corresponde a la especialidad de esta Sala, sin que se advierta necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

9. Resulta aplicable la tesis del Pleno de este Alto Tribunal que se transcribe:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011). De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo circuito, y si bien en el Texto Constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un Circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente circuito."(7)

II. Legitimación

10. La denuncia de la contradicción de criterios proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo,(8) pues fue realizada por ********** (en adelante **********) a través de su apoderado **********, quien fue parte quejosa en el amparo directo 530/2021, del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

III. Criterios denunciados

11. Criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el amparo directo 530/2021

• En el caso, ********** y una empresa dedicada al transporte de carga especializada en materiales y residuos peligrosos celebraron un contrato de seguro para los posibles daños que pudieran ocasionar las mercancías y bienes propios y de terceros.

• La empresa estaba trasladando diésel de Veracruz al Estado de México, cuando el vehículo propiedad de una diversa transportista chocó con el asegurado de **********, lo que ocasionó la volcadura y derrame de ********** litros de diésel.

• Luego de los peritajes, ********** indemnizó a su asegurado.

• Como consecuencia, ********** demandó en la vía oral civil a ********** (quien conducía y podía ser propietario del vehículo) y/o a ********** (la empresa que también podría ser propietaria del vehículo), así como a ********** (en adelante **********; aseguradora de los dos sujetos anteriores), con motivo de la responsabilidad civil objetiva y porque la empresa de transporte de energéticos cedió los derechos a favor de su aseguradora **********. Las prestaciones se reclamaron de la siguiente forma:

• "a) El pago de daños por el derrame ocasionado a ********** litros de diésel (ultra low sulfur diesel), mercancía que viajaba asegurada por la póliza de ********** celebrado con **********, daños que fueron ocasionados por el vehículo propiedad de ********** y/o **********.

• b) El pago de la cantidad de $********** (**********), por concepto de pago de daños ocasionados.

• c) De **********, el cumplimiento del contrato de seguro, póliza **********, celebrado con ********** y/o **********, por ser éste el beneficiario.

• d) De **********, la indemnización por mora e interés moratorio que establece el artículo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

• e) De **********, el pago de los intereses legales desde el momento en que se ocasionaron los daños, de conformidad con el artículo 2935 del Código Civil sustantivo para el Distrito Federal.

• f) De todas las demandadas el pago del treinta por ciento que resulte de la suerte principal, como daños punitivos.

• g) El pago de gastos y costas".

• La demanda se turnó a un Juez civil de proceso oral de la Ciudad de México; sin embargo, el Juez dictó un auto en el que se inhibió de conocer el asunto y desechó la demanda. En concreto, advirtió que en un solo procedimiento se hacían valer acciones de diversa naturaleza (el pago de daños derivado de la responsabilidad civil objetiva y el cumplimiento del contrato de seguro de la demandada **********), refirió que las pretensiones no podían ventilarse en una sola vía y que no podían acumularse por la prohibición establecida en el artículo 31 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, aplicado de manera supletoria a la legislación mercantil; esto, porque a su juicio, el sistema de acumulación exige compatibilidad procesal y material de las acciones, de forma que cuando el trámite de una y otra persigan la misma condena, no será válida la acumulación porque no se puede acumular doblemente el pago.

• Como consecuencia, la actora promovió juicio de amparo directo en el que esencialmente alegó que la vía civil era la procedente porque no se pedía un doble pago de las codemandadas, sino que se les condenara para que pagara ya sea los responsables directos o la aseguradora, a la luz del artículo 147, primer párrafo, de la Ley sobre el Contrato de Seguro (cobertura de responsabilidad civil a terceros); de ahí que, el auto violaba lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Así, el Tribunal Colegiado negó el amparo a partir de las siguientes consideraciones:

• Se determinaron inatendibles los conceptos de violación. Para explicar la conclusión, en primer lugar se explicó si las pretensiones formuladas en el juicio de origen debían analizarse en la vía oral civil o en la oral mercantil.

• Se aclaró que en una acción civil se involucran cuestiones sustentadas en un contrato mercantil (como en el caso fue un contrato de seguro), antes de desechar el escrito, se deben analizar las peticiones, los sujetos involucrados, los hechos narrados en la demanda y documentos exhibidos; esto, para determinar la vía, si es posible la acumulación o debería escindirse. Indicó que en términos semejantes se pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada de rubro: "ACCIONES DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DE ACTOS MERCANTILES. LA VÍA PROCEDENTE PARA RECLAMARLAS NO ES NECESARIAMENTE LA MERCANTIL."

• Hecho lo anterior, destacó que la actora es una empresa aseguradora subrogatoria de quien le extendió una póliza de seguros y le pagó los daños producidos en el siniestro; que los sujetos demandados son personas propietarias del camión que se vio involucrado en el accidente carretero y una compañía de seguros que extendió una póliza a favor de los codemandados; las pretensiones se reducían al pago de daños y perjuicios sufridos por la pérdida total de la mercancía por incurrir en responsabilidad civil objetiva y de la compañía aseguradora se pedía el pago en cumplimiento al contrato de seguro. Asimismo, precisó la causa de pedir y los hechos que ya se indicaron con anterioridad.

• Asimismo, destacó que los sujetos involucrados en la demanda se consideran comerciantes en sentido amplio, por lo que sus actos, en principio, se reputan de comercio, en términos del artículo 75, fracciones VIII, XVI y XXV, del Código de Comercio.

• Precisó que la pretensión de pago de daños y perjuicios por responsabilidad civil objetiva es esencialmente civil, por lo que la acción, en caso de enderezarse sólo contra los responsables directos, debería deducirse en la vía civil; sin embargo, al incluir a la aseguradora para que cubra los daños, se produce un cambio.

• La pretensión en contra de la aseguradora a partir del cumplimiento de un contrato de seguros, al ser un acto de comercio, implica el ejercicio de una acción mercantil.

• Así, refirió que en un primer momento la demanda no es susceptible de una acción civil, se incluye una pretensión perteneciente al orden mercantil que no puede canalizarse por la vía de la acumulación de las pretensiones, contemplada en el artículo 31 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, por pertenecer a una jurisdicción diferente de la prevista para la reclamación de daños y perjuicios.

• En cuanto a la posibilidad de acumular las dos pretensiones en la vía mercantil, destacó que en el caso era aplicable el artículo 1050 del Código de Comercio. De esta forma, puso de manifiesto que para la empresa de transporte de energéticos su relación con el contrato de seguro contratado por los propietarios del vehículo que causó los daños era meramente civil; en cambio, para la codemandada aseguradora era indudablemente un acto de comercio.

• Aunado, refirió que el artículo 1050 también era aplicable por analogía, respecto de la acción de daños y perjuicios por responsabilidad objetiva. Así, explicó que los elementos de la analogía son: a) una norma que regula un supuesto al que se le aplica la consecuencia allí prevista; un supuesto no regulado por ninguna norma; la semejanza entre los dos supuestos anteriores; y la identidad o mayoría de razón del supuesto regulado frente al no regulado.

• Desarrolló que la finalidad de la disposición consiste en resolver el conflicto normativo que podría resultar que dos partes de un litigio estén provistas de diversas acciones para ventilar la controversia, y tomando en cuenta que no se debe conducir a ambas jurisdicciones en contravención a la economía procesal, la concentración de actuaciones y el riesgo de la emisión de sentencias contradictorias, el legislador se inclinó por la atracción de lo civil hacia la vía mercantil. Así, el legislador se apegó al principio general del derecho de privilegiar la aplicación de las normas especiales frente a las generales y solucionó los riesgos de separar en dos juicios las pretensiones sustentadas esencialmente en la misma causa de pedir, así como de que resulten fallos contradictorios con las dificultades que reportaría en la ejecución de una doble cosa juzgada.

• La acumulación de acciones civiles con acciones mercantiles no se prevé expresamente en la legislación comercial y sí está prohibida en la legislación procesal civil, pero la falta de solución directa a los problemas, se exige una solución armónica con el sistema procesal.

• Refiere que al concurrir las circunstancias particulares del asunto, se debe acudir a la aplicación analógica del artículo 1050 del Código de Comercio, pues de la analogía se advierte la común finalidad de superar las posibles consecuencias nocivas para el derecho y la justicia, de ventilar en dos procesos diferentes una controversia que se comparte la causa.

• Como consecuencia, se arriba a una segunda conclusión relativa a que sí es posible la acumulación de la acción civil y la mercantil mediante la atracción de todo el asunto a la jurisdicción comercial.

• Por todo lo expuesto, se desestimó la alegación sobre la violación al artículo 17 constitucional por la supuesta exigencia de entablar dos juicios con el contenido de la demanda natural; esto, ya que se aclaró que las dos pretensiones se pueden hacer valer en un solo proceso de carácter mercantil.

12. Criterio del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, actual Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Vigésimo Segundo Circuito, al resolver el amparo directo 1/2009. • Una persona física promovió juicio ordinario civil ya que en dos mil cuatro sufrió un accidente en la carretera de cuota Zapotlanejo-Lagos de Moreno, porque cayó en baches llenos de agua, perdió el control y se impactó con el muro central de concreto. Con motivo del accidente, las lesiones le generaron incapacidad parcial permanente, daños y perjuicios patrimoniales relacionados con el vehículo, su depósito y traslado.

• Demandó a:

• Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. ("Banobras"), como fiduciaria y fideicomisaria del Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas, cuyo fin es administrar y operar las autopistas rescatadas.

• Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos ("Capufe") por celebrar un contrato con Banobras para que el primero se encargara de la operación, conservación, administración, mantenimiento y rehabilitación de las carreteras.

• ********** como empresa aseguradora de las dos anteriores con las que celebró contratos de responsabilidad civil para cubrir daños en bienes y personas por siniestros en las carreteras mencionadas.

• El Juez de primera instancia emitió sentencia en la que determinó que la vía civil era improcedente porque se dilucidaban cuestiones que derivaron de un contrato de seguro celebrado entre Banobras y su aseguradora, por lo que la vía mercantil era la indicada para exigir el cumplimiento del contrato, así como los daños y perjuicios derivados del accidente.

• Inconforme, el actor interpuso recurso de apelación; sin embargo, el Tribunal Unitario de Circuito confirmó la sentencia.

• En contra, se promovió juicio de amparo directo (AD. **********) y el Tribunal Colegiado concedió el amparo sólo para decretar que la ilegalidad de la inoperancia de los agravios y que sí debían estudiarse.

• En cumplimiento, el Tribunal Unitario dictó una nueva resolución en la que entró al fondo del asunto y nuevamente confirmó la sentencia impugnada.

• Igualmente, el actor presentó demanda de amparo directo en la que alegó que la vía correcta era la civil, dada la naturaleza de la indemnización que reclamó y porque sólo demandó a la aseguradora como se le permitía a partir de los artículos 145 y 147 de la Ley sobre el Contrato de Seguro; el Tribunal Colegiado concedió el amparo a partir de las siguientes consideraciones:

• Determinó que los conceptos de violación eran fundados porque cuando la parte quejosa afirmó que las prestaciones que reclamó a Banobras y Capufe derivaban de la figura de responsabilidad civil objetiva, negligencia y descuido –prevista en el Código Civil Federal– y no en el contrato de seguro. Destacó que la parte actora se dolió por la negligencia y descuido atribuidos a las demandadas por el pésimo estado de la carretera, con lo que la responsabilidad derivaba de los artículos 1910, 1913 y 1915 del Código Civil Federal, que obligaban a indemnizar a la víctima del daño.

• Destacó que si bien era cierto que la parte actora insistió en que Capufe y Banobras celebraron al menos un contrato de seguro de responsabilidad civil con **********, por lo que había adquirido la calidad de beneficiario por ser víctima del siniestro, la mención no podría llevar a concluir que todas las pretensiones indemnizatorias tenían origen en el contrato de seguro.

• Indicó que las demandas debían analizarse como un todo congruente, buscando el verdadero sentido de lo que se persigue con la promoción de un juicio y resolver lo efectivamente planteado, de conformidad con el principio de impartición de justicia pronta, completa e imparcial.

• A partir de dichos principios, el órgano de amparo aclaró que el actor pretendía obtener el pago de una indemnización por los daños físicos y patrimoniales que le ocasionó el acto ilícito extracontractual atribuido a Capufe y Banobras, consistente en la existencia de baches en la carretera. Asimismo, como se pretende obtener la indemnización, también se demandó a la aseguradora porque precisamente se busca que el monto se cubra, ya sea con recursos propios de los responsables directos o por conducto de la aseguradora, hasta el límite de la cobertura.

• Insistió en que el hecho de que el actor haya decidido demandar en el mismo juicio tanto a las responsables directas, como a la empresa aseguradora, no podía entenderse como que las prestaciones que se le reclama a las primeras, tengan su origen en el contrato de seguro; esto, ya que la parte actora precisó que las prestaciones indemnizatorias principales que demandó a Capufe y Banobras tuvieron su fundamento en la realización de un acto ilícito. En cambio, las prestaciones en contra de la aseguradora tienen relación con el contrato de seguro demandado entre las responsables directas y la empresa.

• Refirió que realizar una interpretación contraria dejaría al actor en estado de indefensión porque desde la demanda se advirtió con claridad el origen distinto de las prestaciones a cada uno de los sujetos.

• Precisado lo anterior, el Tribunal Colegiado estudió si era posible promover en la vía ordinaria civil, una demanda en la que se demandan prestaciones de distinta naturaleza.

• Para obtener una respuesta, tomó en cuenta que los seguros de indemnización de daños tienen por objeto reparar la pérdida sufrida con motivo de un siniestro en el patrimonio del asegurado. En este tipo de contratos, el vínculo se establece sólo entre las partes contratantes, por lo que todo se desarrolla en la relación bilateral.

• Advierte que en los seguros de responsabilidad civil hay un sujeto alterno –beneficiario–, que puede reclamar su derecho a la indemnización de diversas formas: (i) cuando se demanda al responsable directo del acto ilícito, lo que consideró que era de naturaleza civil, ya que la reparación del daño sería extracontractual y derivada de la propia ley (artículos 1910, 1913 y 1915 del Código Civil Federal); y, (ii) cuando la parte afectada demanda sólo y de manera directa a la empresa aseguradora porque se percata que adquirió la calidad de beneficiario de un contrato de responsabilidad civil contratado con el responsable directo, lo cual es de naturaleza mercantil porque el derecho de reclamar el pago directamente a la aseguradora deriva del artículo 147 de la Ley sobre el Contrato de Seguro.

• Refiere que en el último caso, el reclamo contra la empresa aseguradora tiene su origen en un contrato de seguro, lo cual se traduce en un acto de comercio; lo anterior da lugar a la procedencia de la acción mercantil en términos de los artículos 75, fracción XVI y 1049 del Código de Comercio.

• No obstante, el Tribunal Colegiado puso de manifiesto que existe una tercera opción en la que el afectado demande tanto al responsable directo, como a la empresa aseguradora; sin embargo, advierte que la legislación no prevé solución para ese supuesto. En consecuencia, retomó el derecho comparado (Ley sobre Seguros de Argentina; Código de Comercio de Colombia; y España) para encontrar una solución.

• En ese sentido, destacó que las legislaciones extranjeras reconocen la necesidad de que en un mismo juicio se determinen las dos cuestiones para que el beneficiario obtenga la indemnización en un solo procedimiento.

• Reconoció que si bien no existen las mismas figuras que en los casos extranjeros, el legislador federal ha propiciado que las controversias entre varias partes relacionadas, se definan en un mismo procedimiento porque así se evita que se dicten sentencias contradictorias con la proliferación de juicios. Estimó que lo anterior se evidenciaba con los artículos 72 y 78 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues el primero establece que en la conexidad de causas, deben acumularse para que se resuelvan en una sola sentencia y evitar problemas de contradicción por cosa juzgada, y el segundo precepto habla de los terceros llamados a juicio, entendidos como las personas que sin ser parte tienen conocimiento de que cualquiera que sea la resolución que se dicte por la autoridad judicial competente, puede causarles algún perjuicio, pudiendo acudir al juicio de forma voluntaria o provocada.

• Explicó que el fin de llamar a juicio a terceras personas a fin de que se integren a la litis y la sentencia que se dicte les pare perjuicio, es la de evitar que la parte afectada en un juicio interponga otra demanda en contra del tercero no llamado, con lo que se da mayor seguridad jurídica, se receta la cosa juzgada y se evita la tramitación de juicios innecesarios.

• Destacó que en los artículos 1094, fracción VI, y 1203 del Código de Comercio, también regula la figura jurídica de los terceros llamados a juicio. Con ello, destacó la intención del legislador federal de aportar herramientas para evitar múltiples procedimientos sobre controversias relacionadas.

• Por ello, consideró que no había impedimento para que un sujeto afectado demande en un mismo juicio al responsable directo del daño y a la empresa aseguradora que se comprometió a cubrir la indemnización en la medida del seguro. Destacó que demandar a ambos tiene como beneficio: (i) que la víctima se protege de eventual insolvencia del responsable del daño, ya que de lo contrario tendría que promover un segundo juicio cuando note la insolvencia; (ii) para el responsable directo también es conveniente que intervenga la aseguradora, ya que si se determina la procedencia de la indemnización, ésta realizará directamente el pago cuando la póliza cubra el siniestro, pues de lo contrario se tendría que pagar con recursos propios y repetir contra la aseguradora; (iii) se evita la posibilidad de que el beneficiario intente un doble cobro; y, (iv) se evita el dictado de sentencias contradictorias.

• Finalmente, el Tribunal Colegiado consideró que la vía civil era la correcta, ya que la base del reclamo del actor fue el accidente que sufrió con motivo del mal estado de la carretera, lo cual deriva de la ley (responsabilidad civil extracontractual prevista en los artículos 1910, 1913 y 1915 del Código Civil Federal) y no de un acto de comercio como sería el contrato de seguro. Así, ref

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31233-eee70204/indemnizacion-por-responsabilidad-civil-objetiva-procede-la-via · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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