CONTRATO DE SEGURO CONTRA DAÑOS A VEHÍCULO. LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA RECLAMAR LA INDEMNIZACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 428/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR CON RESIDENCIA EN MORELIA, MICHOACÁN Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 1o. DE JUNIO DE 2011. CINCO VOTOS. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIA: MIREYA MELÉNDEZ ALMARAZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de esta denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con los puntos sexto y octavo del Acuerdo 5/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en tanto que los asuntos de los que deriva el punto de contradicción son del orden mercantil, materia de la exclusiva competencia de esta Sala.
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo pues, en el caso, fue denunciada por los señores Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado Auxiliar, con residencia en Morelia, Michoacán, por lo que formalmente se actualiza el supuesto de legitimación a que se refieren los referidos preceptos.
TERCERO. Posturas contendientes. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente analizar las consideraciones y argumentaciones en que los Tribunales Colegiados contendientes basaron sus resoluciones.
Criterio del Primer Tribunal Colegiado Auxiliar con residencia en Morelia, Michoacán. En el amparo directo 1214/2010, el Tribunal Colegiado en comento resolvió un asunto en el que se planteaba la necesidad de que la titular del contrato de seguro de daños a vehículo, base de su pretensión, acreditara o no la propiedad del automóvil objeto del contrato para exigir la indemnización correspondiente, una vez verificado el siniestro contra el cual se aseguró el mismo que, en el caso específico, fue por robo del vehículo.
En el referido asunto, el particular (titular de la póliza) demandó en la vía ordinaria mercantil a una aseguradora, diversas prestaciones vinculadas con el contrato de seguro de vehículo que había celebrado con dicha persona moral, en virtud de que se había verificado el siniestro amparado en la póliza, esto es, el robo del vehículo asegurado. Seguidos los trámites legales del juicio natural, el Juez de primera instancia dictó sentencia en el sentido de acoger la pretensión del actor y, en consecuencia, condenó a la aseguradora al pago de las prestaciones demandadas.
Inconforme con el sentido de esa resolución, la aseguradora, por medio de su representante legal, promovió juicio de amparo directo, del cual tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado Auxiliar con residencia en Morelia, Michoacán, en apoyo del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito. Así entonces, el Tribunal Colegiado dictó la sentencia que concedió el amparo solicitado, cuyo sustento fue que el asegurado sí tenía la carga de acreditar la propiedad del vehículo para estar en aptitud de reclamar la indemnización del contrato de seguro, pues no bastaba que hubiera sido designado beneficiario en la póliza correspondiente.
Respecto a la materia de la presente contradicción de tesis, el Tribunal Colegiado dictó las siguientes consideraciones:
"CUARTO. Los conceptos de violación transcritos son fundados en una parte y suficientes para conceder a la quejosa el amparo que solicita.
"Previo a su estudio, para una mejor comprensión del asunto, se estima conveniente relatar algunos antecedentes de la sentencia reclamada, que se derivan de las constancias remitidas por el Juez responsable junto con su informe justificado, las cuales merecen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2o.
"Mediante escrito presentado el seis de enero de dos mil diez, ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, **********, por su propio derecho, demandó, en la vía ordinaria mercantil, a la empresa aseguradora *********** sobre el pago de las siguientes prestaciones: ...
"Como hechos torales de su acción, la actora refirió que con fecha diez de febrero de dos mil nueve, celebró un contrato de seguro al amparo de la póliza número **********, tomando como riesgo asegurado, los daños que sufriera el vehículo **********, teniendo las coberturas ahí precisadas; que dicho contrato tenía una vigencia del diez de febrero de dos mil nueve al diez de febrero de dos mil diez, estando al corriente del pago de la prima, lo que también fue reconocido por la demandada dentro del procedimiento conciliatorio desahogado ante la Condusef; que el día dieciséis de abril de dos mil nueve, le robaron el vehículo asegurado, habiendo levantado la denuncia correspondiente, como lo acreditaba con la constancia respectiva, además de que también dio el aviso correspondiente a la aseguradora, en la misma fecha del acontecimiento; pero que era el caso que la demandada no había cumplido con sus obligaciones contractuales, esto es, con el pago de las coberturas reclamadas, aduciendo que la actora no cumplió con lo estipulado en las condiciones generales del contrato de seguro, al no contar con la factura original del vehículo asegurado.
"Por acuerdo del once de enero de dos mil diez, se admitió a trámite la demanda y se ordenó emplazar a la accionada, quien por escrito de fecha once de febrero de dos mil diez, compareció a dar contestación a la misma, al tiempo que opuso las excepciones y defensas que estimó convenientes a sus intereses, entre ellas, la relativa a que la actora carece de legitimación ad causam para ejercer la acción, por no haber justificado que es propietaria del bien asegurado.
"Posteriormente, seguido el juicio natural por todas sus etapas procesales correspondientes, el Juez del conocimiento dictó sentencia definitiva con fecha dos de julio de dos mil diez, misma que concluyó con los siguientes puntos resolutivos: ...
"Esta sentencia es la que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo directo.
"Ahora bien, en su primer concepto de violación, la persona moral quejosa aduce, por conducto de su apoderado jurídico **********, que la sentencia reclamada infringe en su perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales, en relación con los imperativos 11, 111 y 116 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, en la parte en que el Juez responsable desestimó la excepción de falta de legitimación activa ad causam opuesta por su parte, dando como razón que en autos se encontraba plenamente demostrado el vínculo jurídico que existe entre la actora ********** con la empresa demandada denominada **********, pues, dice, la legitimación en la causa implica tener la titularidad del derecho cuestionado en juicio, y en ese sentido si precisamente se está cuestionando la titularidad del bien asegurado, resultaba indispensable para la hoy tercera perjudicada acreditara en el sumario de origen con medio suficiente tal titularidad; y que por lo tanto, teniendo clara la diferencia entre la legitimación ad causam (de pedir) y ad procesum, resulta evidente que contra lo sustentado por el Juez responsable, la tercera perjudicada carece de tal legitimación, en virtud de que no justificó la propiedad del vehículo materia de la litis, siendo que en este tipo de seguros rige el principio indemnizatorio conforme al cual la indemnización constituye propiamente la reparación del daño patrimonial causado por la realización del siniestro, bajo el entendido de que se constituyó, deterioró o perdió una cosa integrante del patrimonio del asegurado o en la especie el beneficiario; esto es, la naturaleza indemnizatoria del seguro contra daños impone que la indemnización que debe cubrir la aseguradora sea pagada a quien ha sufrido la merma patrimonial y no a otra persona, de manera que no se puede admitir que la indemnización pueda pagarse a una persona distinta de quien sufrió el daño patrimonial, porque convertiría al seguro en un medio para lucrar, atentando así contra la naturaleza del mismo; de tal suerte que resultaba indispensable para la hoy tercero perjudicada justificar ser titular del bien siniestrado, a efecto de que proceda dicho pago indemnizatorio de parte de la aseguradora (hoy quejosa); lo que se confirma si se toma en consideración que atento a lo que se dispone en el artículo 111 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, de suceder el riesgo, la empresa aseguradora se subrogaría hasta la cantidad pagada en todos los derechos y acciones contra terceros que por causa de daño sufrido correspondan al asegurado o beneficiario, en caso de realización del siniestro previsto en la póliza, lo que denota que el asegurado o beneficiario debe ser el propietario del bien,(4) porque de esta manera se impide que el contrato de seguro se convierta en un instrumento de enriquecimiento.
"El anterior concepto de violación es fundado.
"A efecto de sustentar lo anterior, precisa indicar que, al resolver la contradicción de tesis 104/98, entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del mismo circuito, la Primera Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó la naturaleza del seguro de automóviles, lo que hizo en los siguientes términos:
"‘... Bajo la consideración de que la buena fe contractual que recíprocamente se deben las partes cobra una relevancia especial y aun mayor en tratándose del contrato de seguro, según quedó expuesto en el apartado considerativo anterior, resulta lógico y jurídico que, si el contratante asegurado declara que es propietario del automóvil asegurado e, incluso, exhibe documentos con los que pretende acreditar dicha titularidad (copia de la factura), la aseguradora tome por verdadero el dicho del asegurado vertido en sus declaraciones y decida prestar su consentimiento para celebrar el contrato de seguro.
"‘Esto es así pues, como se ha visto, la aseguradora cuenta con este principio de buena fe contractual estipulado en su favor, particularmente en tratándose del contenido de las declaraciones que hace el asegurado para contratar, lo que incluso alcanza el extremo de eximirle de realizar cualquier diligencia o averiguación adicional para verificar la veracidad del contenido de dichas declaraciones.
"‘Como también quedó asentado, exigirle a la aseguradora que revise y verifique la información y documentación que le suministre el asegurado, significaría desconocer el principio de buena fe que en estas operaciones resulta tan preponderante.
"‘Lógicamente, si la ley no le exige mayor investigación sino, por el contrario, le autoriza a tomar por ciertas las declaraciones que se le han formulado, no se le puede reprochar en juicio a la aseguradora no haber cumplido con una obligación que no tiene a su cargo.
"‘Más aún, debe destacarse y precisarse que lo anterior cobra una relevancia mayor y distinta en el caso del seguro de automóviles, pues en los seguros contra daños -categoría a la cual pertenece el seguro de automóviles- la circunstancia de quién es el propietario del bien objeto del contrato es determinante para la eficacia e, incluso, vigencia del contrato.
"‘Existen varias disposiciones de la Ley sobre el Contrato de Seguro que ponen de manifiesto esta relevante situación, pues en sus hipótesis normativas se prevén las consecuencias de hechos que se vinculan con la titularidad del bien asegurado, en este caso, hechos vinculados con la titularidad del automóvil asegurado.
"‘Los artículos 106, 107 y 108 son una clara manifestación de lo anterior y revelan también que todo cambio en la posesión afecta la relación jurídica entre la aseguradora y el asegurado e, incluso, llegan al extremo de permitir la rescisión anticipada del contrato en atención al cambio de propietario del bien asegurado. Dichos artículos, a la letra disponen:
"‘«Artículo 106. Si el objeto asegurado cambia de dueño, los derechos y obligaciones que deriven del contrato de seguro pasarán al adquirente. El propietario anterior y el nuevo adquirente quedarán solidariamente obligados a pagar las primas vencidas y pendientes de pago en el momento de la transmisión de propiedad.»
"‘«Artículo 107. La empresa aseguradora tendrá el derecho de rescindir el contrato dentro de los quince días siguientes a la fecha en que tenga conocimiento del cambio de dueño del objeto asegurado. Sus obligaciones terminarán quince días después de notificar esta resolución por escrito al nuevo adquirente, pero reembolsará a éste la parte de la prima que corresponda al tiempo no transcurrido.»
"‘«Artículo 108. No obstante lo dispuesto en los dos artículos anteriores, los derechos y obligaciones del contrato de seguro no pasarán al nuevo adquirente:
"‘«I. Cuando el cambio de propietario tenga por efecto una agravación esencial del riesgo en los términos de la presente ley; y
"‘«II. Si dentro de los quince días siguientes a la adquisición, el nuevo propietario notifica por escrito a la empresa su voluntad de no continuar con el seguro.»
"‘Para revelar mejor la importancia que tiene la titularidad del contratante tenga sobre el bien asegurado, conviene expresar algunas ideas en torno a las características específicas de los seguros contra daños.
"‘En los seguros contra daños rige un principio que la doctrina ha llamado el «principio indemnizatorio», que si bien nuestra legislación positiva no ha recogido bajo dicha terminología, sí lo ha abrazado en cuanto a su contenido conceptual. Veamos:
"‘Este principio que impera en los seguros contra daños, consiste en que éste es un contrato que esencialmente tiene por objeto indemnizar el daño patrimonial causado por la realización del siniestro, bajo el entendido de que se destruyó o deterioró una cosa integrante del patrimonio del asegurado.
"‘Como consecuencia de esta especial naturaleza, el principio indemnizatorio que rige en la materia supone que el contrato de seguro jamás deberá ser un medio para procurar una ganancia al asegurado, pues -se insiste- en esencia sólo le corresponde indemnizar por daños sufridos.
"‘Luego entonces, la naturaleza indemnizatoria del seguro contra daños impone que la indemnización que debe pagar la aseguradora sea pagada a quien ha sufrido la merma patrimonial y no a otra persona. Admitir que la indemnización pueda pagarse a una persona distinta de quien sufrió el daño patrimonial convertiría al seguro en un medio para lucrar, atentando así contra la naturaleza indemnizatoria del mismo.
"‘También consecuencia de la naturaleza indemnizatoria del seguro contra daños es el hecho de que en esta categoría de seguros opere la subrogación por parte de la aseguradora en los derechos del asegurado sobre el bien objeto del seguro. En este sentido, el artículo 111 de la Ley sobre el Contrato de Seguro señala:
"‘«Artículo 111. La empresa aseguradora que pague la indemnización se subrogará hasta la cantidad pagada, en todos los derechos y acciones contra terceros que por causa del daño sufrido correspondan al asegurado.
"‘«La empresa podrá liberarse en todo o en parte de sus obligaciones, si la subrogación es impedida por hechos u omisiones que provengan del asegurado.
"‘«Si el daño fue indemnizado sólo en parte, el asegurado y la empresa aseguradora concurrirán a hacer valer sus derechos en la proporción correspondiente.»
"‘Tan viene a ser una característica importantísima en los seguros contra daños que, incluso, el hecho de que la subrogación se vea impedida libera a la aseguradora de la obligación del pago de la indemnización.
"‘Todo lo anterior se explica de nuevo con base en la esencia indemnizatoria del seguro contra daños, pues, por una parte, la subrogación se convierte en una extensión manifiesta de este principio al permitirle y facilitarle a la aseguradora la recuperación de la indemnización que pagará al asegurado con motivo de la realización del siniestro y, por otra parte, impide que el asegurado cobre dos veces la indemnización del daño sufrido (a la aseguradora y a quien le causó el daño), lo que convertiría al seguro en un instrumento de enriquecimiento.
"‘Para posibilitar la subrogación referida y hacer realmente vigente la teleología del principio indemnizatorio del seguro de daños, es que es tan importante y determinante quién es el propietario del bien asegurado. A la aseguradora necesariamente debe interesarle saber que el contratante de seguro es el propietario del bien objeto del contrato, pues de lo contrario, no tendrá derechos y acciones en qué subrogarse ...’
"Ahora, como puede leerse, en dicha ejecutoria, la Primera Sala Civil de nuestro Máximo Tribunal determinó que en los seguros contra daños rige un principio que la doctrina ha llamado el ‘principio indemnizatorio’, que si bien nuestra legislación positiva no ha recogido bajo dicha terminología, sí lo ha abrazado en cuanto a su contenido conceptual; que este principio que impera en los seguros contra daños, consiste en que éste es un contrato que esencialmente tiene por objeto indemnizar el daño patrimonial causado por la realización del siniestro, bajo el entendido de que se destruyó o deterioró una cosa integrante del patrimonio del asegurado; que como consecuencia de esta especial naturaleza, el principio indemnizatorio que rige en la materia supone que el contrato de seguro jamás deberá ser un medio para procurar una ganancia al asegurado, pues en esencia sólo le corresponde indemnizar por daños sufridos; que, entonces, el carácter indemnizatorio del seguro contra daños impone que la indemnización que debe pagar la aseguradora sea cubierta a quien ha sufrido la merma patrimonial y no a otra persona; y que admitir que la indemnización pueda pagarse a una persona distinta de quien sufrió el daño patrimonial convertiría al seguro en un medio para lucrar, atentando así contra la esencia indemnizatoria del mismo.
"Asimismo, dicho órgano supremo determinó que también consecuencia de la naturaleza indemnizatoria del seguro contra daños es el hecho de que en esta categoría de seguros opere la subrogación por parte de la aseguradora en los derechos del asegurado sobre el bien objeto del seguro; pues en este sentido, el artículo 111 de la Ley sobre el Contrato de Seguro establece que la empresa aseguradora que pague la indemnización se subrogará hasta la cantidad pagada, en todos los derechos y acciones contra terceros que por causa del daño sufrido correspondan al asegurado; que la empresa podrá liberarse en todo o en parte de sus obligaciones, si la subrogación es impedida por hechos u omisiones que provengan del asegurado; que si el daño fue indemnizado sólo en parte, el asegurado y la empresa aseguradora concurrirán a hacer valer sus derechos en la proporción correspondiente; y que tan venía a ser una característica importantísima en los seguros contra daños que, incluso, el hecho de que la subrogación se vea impedida libera a la aseguradora de la obligación del pago de la indemnización.
"Ahora bien, atento a las consideraciones precisadas, no puede convenirse con el Juez responsable en su determinación relativa a que ‘... en autos se encuentra plenamente demostrado el vínculo jurídico que existe entre la actora **********, con la empresa demandada denominada ********** por lo que deriva improcedente la excepción de falta de legitimación activa ‘ad causam’ que opone la moral accionada. Lo anterior es así, toda vez que, como ya se dijo, la legitimación activa en la causa de la accionante, se refiere a la calidad de la actora en el juicio, lo que implica que la acción debe ser intentada por la titular del derecho accionado, por lo que, en el particular la intentada lo es el cumplimiento del contrato de seguro identificado en el número de póliza **********, tomando como riesgo del seguro, el robo total que sufriera el vehículo **********, con número de serie *********** número de motor **********; luego, dicho instrumento fue exhibido por la demandante, glosado a fojas 17 del expediente, en la cual, se advierte que la misma responde por el seguro de automóviles, con el número de póliza precitado, con el nombre de la asegurada ***********, respecto del vehículo aludido, con vigencia desde las 12:00 p.m. del día 10 diez de febrero del año 2009 dos mil nueve, hasta las 12:00 p.m. del 10 diez de febrero del 2010 dos mil diez, que cubre entre otros siniestros, el robo total por la suma de ********** pagando en concepto de prima la cantidad de ********** pagaderos junto con el resto de las coberturas contratadas, en forma quincenal por ********** constando al calce la firma del funcionario autorizado por la compañía aseguradora ********** que otorga el servicio aludido. Documental privada que detenta pleno valor convictivo al tenor de los artículos 1238 y 1296 del Código de Comercio, y con la cual se acredita plenamente la legitimación activa de la actora para actuar dentro del presente contradictorio en relación a la acción ejercitada sobre cumplimiento de contrato de seguro de automóvil, pues es evidente que la titular del derecho accionado es precisamente la demandante ********** quien resulta ser la persona asegurada en el contrato de seguro número ********** base de la acción. Asimismo, es menester aclarar que en la presente controversia el objeto de análisis es esencialmente la póliza de seguro aludida, atendiendo a que la prestación reclamada consiste en el pago de la indemnización contratada mediante dicho pacto contractual, lo que constituye entrar al estudio y valoración de los términos que se pactaron por los contratantes, para determinar la procedencia o improcedencia de la acción intentada. De ahí que, si bien, revisados los autos, se tiene que en efecto como lo aduce la reo, la accionante no exhibió la factura del vehículo objeto del aseguramiento identificado con las características siguientes: **********, número de motor ********** no menos verdad es que en el presente caso no es necesario atraer dicha documental para sustentar la acción ejercitada, en atención a que, como ya se dijo, la titularidad del derecho accionario (cumplimiento de contrato de seguro) radica indiscutiblemente en el contrato de seguro atraído en autos como base de la acción, mas no así, sobre la propiedad del vehículo objeto del aseguramiento contratado, hecho que no es materia de la presente litis, así como tampoco, la circunstancia de que el automotor se encuentre a nombre de propietario diverso, como lo refiere la persona moral accionada, como aduce se desprende del reporte del vehículo robado, con número de folio 390/09, de fecha 16 dieciséis de abril del 2009 dos mil nueve, pues se insiste, la propiedad de tal bien mueble, no es objeto de controversia dentro esta litis. Por ende, la actora *********, detenta plena legitimación activa ‘ad causam’ en este litigio, dado que en el contrato de seguro accionario, se advierte que es la titular de los derechos reclamados en el sumario, amparados en la póliza de seguro de automóviles número ********** con número de serie ********** número de motor **********, atendiendo a los servicios que le fueron proporcionados por la empresa ************ con la cual pactó el contrato aludido. Orienta lo anterior la tesis dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, durante la Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, junio de 1994, que dice: ‘SEGURO DE DAÑO, CONTRATO DE. LEGITIMACIÓN ACTIVA DEL ASEGURADO PARA RECLAMAR LA INDEMNIZACIÓN. ...’
"Y es que, lo que en el caso discute la aseguradora accionada, ahora quejosa, no es la titularidad del contrato de seguro cuyo cumplimiento se demandó, ni cuestiones relacionadas con la validez o eficacia de dicho acuerdo de voluntades, sino el derecho de la actora para demandar la indemnización derivada del siniestro consistente en el robo del vehículo asegurado, por el hecho de que, a decir de la demandada, aquélla no justifica ser propietaria del bien que sufrió el daño y, como consecuencia de ello, la merma patrimonial, que es el sustento de la reclamación indemnizatoria demandada, y de que esa omisión en que incurrió la asegurada también imposibilita a la reo para subrogarse en los derechos que aquélla pudiera tener sobre el bien asegurado, en términos de lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, que establece lo siguiente:
"‘La empresa aseguradora que pague la indemnización se subrogará hasta la cantidad pagada, en todos los derechos y acciones contra terceros que por causa del daño sufrido correspondan al asegurado.
"‘La empresa podrá liberarse en todo o en parte de sus obligaciones, si la subrogación es impedida por hechos u omisiones que provengan del asegurado.
"‘Si el daño fue indemnizado sólo en parte, el asegurado y la empresa aseguradora concurrirán a hacer valer sus derechos en la proporción correspondiente.’
"Consecuentemente, atento a lo expuesto con antelación, debe convenirse con la peticionaria de garantías en su argumento relativo a que en el caso sí se requería que la actora justificara, a través de los medios de convicción previstos en el código de la materia, la propiedad del bien asegurado, a efecto de justificar su legitimación para demandar el pago de la indemnización correspondiente, derivada del robo del vehículo asegurado.
"Debiendo precisarse que atentas a las consideraciones vertidas con antelación, este Tribunal Colegiado no converge con la tesis jurisprudencial que invocó el Juez responsable para sustentar su determinación, titulada: ‘SEGURO DE DAÑO, CONTRATO DE. LEGITIMACIÓN ACTIVA DEL ASEGURADO PARA RECLAMAR LA INDEMNIZACIÓN.’, a más de que dicha tesis tampoco le es obligatoria por provenir de un tribunal de igual jerarquía y, por el contrario, este órgano federal converge y hace suya la diversa tesis I.4o.C.251 C sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 2230 del Tomo XXXI, enero de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 165390, que dice:
"‘SEGUROS. ROBO DE VEHÍCULOS. PARA HACER EXIGIBLE LA INDEMNIZACIÓN, EL ASEGURADO DEBE ACREDITAR LA PROPIEDAD DEL VEHÍCULO, COMO MEDIO PARA LA SUBROGACIÓN. De conformidad con el artículo 111 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, para que el asegurado o beneficiario de un seguro de automóvil tenga derecho a recibir la indemnización correspondiente de la compañía aseguradora, en caso de robo de dicho bien, deben acreditar la propiedad del vehículo con la factura o en su defecto, por algún otro medio que resulte idóneo conforme a la ley o a los usos mercantiles, a fin de contribuir a la formalización de la subrogación a favor de dicha compañía. Lo anterior, porque conforme a dicho precepto, una vez ocurrido el robo del vehículo, la compañía aseguradora adquiere la obligación de pagar el valor del bien, en los términos pactados en el contrato, y a su vez tiene el derecho a subrogarse en los derechos y acciones que el asegurado tenga frente a los autores del robo, lo cual se traduce en la reclamación del vehículo, si llega a localizarse, y el seguimiento de otras acciones que correspondieran al ofendido con motivo del robo, como la de reparación del daño en la causa penal; y por su parte, para efectos de hacer efectivo su derecho a obtener la indemnización, el asegurado se encuentra obligado a informar a la compañía aseguradora del siniestro, y contribuir a la formalización de la subrogación, con la entrega de los documentos y la realización de los actos necesarios al efecto. Por tanto, se trata de obligaciones recíprocas que, por regla general, son de cumplimiento simultáneo, salvo pacto en contrario, de modo que para hacer exigible la obligación de la aseguradora, el asegurado debe satisfacer la que le incumbe, por lo que, para exigir la indemnización del seguro por robo del automóvil, se requiere presentar los documentos o comprobar que se hicieron las gestiones necesarias para formalizar la subrogación legal a favor de la aseguradora, que se traducen en la comprobación de la propiedad del bien y en la realización de los actos necesarios para transmitir sus derechos, lo cual puede lograrse a través de la presentación de la factura o, en su defecto, de otros elementos o medios que se consideraran suficientes, de acuerdo con la ley, los usos mercantiles, las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, como una copia de la expedición de la factura por la agencia automotriz, la carta factura, medios preparatorios para obtener el reconocimiento sobre la transmisión de la propiedad por el enajenante, diligencias de jurisdicción voluntaria sobre la declaración judicial de la acreditación de la propiedad del vehículo, etcétera.’
"...
"Consecuentemente, al no haberlo estimado así el Juez responsable, debe concluirse que la sentencia reclamada vulnera, en perjuicio de la persona moral quejosa, las garantías individuales consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, y ello obliga a concederle el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita, para el efecto de que dicha autoridad la deje insubsistente y, en su lugar, emita otra en la que tome en cuenta que en el caso sí se requería que la actora justificara, a través de los medios de convicción previstos en el código de la materia, la propiedad del bien asegurado, a efecto de justificar su legitimación para demandar el pago de la indemnización correspondiente, derivada del robo del vehículo asegurado; y hecho lo anterior, resuelva con plenitud de jurisdicció
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23149-d1dacc0d/contrato-de-seguro-contra-danos-a-vehiculo-legitimacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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