OBLIGACIONES BILATERALES O SINALAGMÁTICAS EN EL CONTRATO DE SEGURO POR DAÑOS. LA INDEMNIZACIÓN, REPARACIÓN O REPOSICIÓN EN CASO DE SINIESTRO NO SE SUJETA A QUE EL ASEGURADO GARANTICE QUE OPERARÁ LA SUBROGACIÓN, LA CUAL OPERA POR MINISTERIO DE LEY Y NO POR DECLARACIÓN CONVENCIONAL NI JUDICIAL (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 111 Y 116 DE LA LEY SOBRE EL CONTRATO DE SEGURO).
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 106/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 23 DE MARZO DE 2022. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, Y LA MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. DISIDENTE: MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR RELACIONADO CON EL PUNTO DE CONTRADICCIÓN. PONENTE: MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIA: GABRIELA ELEONORA CORTÉS ARAUJO.
Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintitrés de marzo de dos mil veintidós, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de tesis 106/2021 suscitada entre los criterios sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito y el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito al resolver, respectivamente, el amparo directo 309/2020 y la contradicción de tesis 26/2018, de este último derivó la jurisprudencia PC.I.C. J/92 C (10a.): "CONTRATO DE SEGURO CONTRA ROBO O PÉRDIDA TOTAL DEL VEHÍCULO POR DAÑOS. LA EXHIBICIÓN DE LA FACTURA ORIGINAL NO CONSTITUYE UN ELEMENTO DE LA ACCIÓN DE PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN POR ACTUALIZACIÓN DEL SINIESTRO."
El posible punto de contradicción entre los criterios sustentados consiste en determinar, primero ¿Cuál es la fuente de obligaciones recíprocas entre el asegurado y la aseguradora cuando se reclama el cumplimiento de un contrato de seguro contra daños en términos de los artículos 111 y 116 de la Ley sobre el Contrato de Seguro? y, luego, ¿La indemnización es un presupuesto de la subrogación de la aseguradora o, inversamente, la subrogación constituye una condición para el pago de la indemnización?
I. DENUNCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE TESIS
1. Por escrito enviado vía MINTERSCJN, los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, denunciaron la posible contradicción de criterios entre el criterio que sustentaron al resolver el amparo directo 309/2020 y el diverso sostenido por Pleno en Materia Civil del Primer Circuito al resolver la contradicción de tesis 26/2018.
2. Por acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la denuncia de la posible contradicción de tesis, la registró bajo el expediente 106/2021 y ordenó turnar los autos al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para la formulación del proyecto respectivo, en el mismo acuerdo se reconoció la legitimación de la parte denunciante.
3. Finalmente, mediante acuerdo de tres de junio de dos mil veintiuno, la presidenta de esta Primera Sala se avocó al conocimiento del asunto
II. LEGITIMACIÓN
4. Tal como fue acordado, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en los términos dispuestos por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que la hace valer el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito.
III. COMPETENCIA
5. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente desde el tres de abril de dos mil trece, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con la fracción VII del punto segundo del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de trece de mayo de dos mil trece y el artículo 86 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre un Tribunal Colegiado y un Pleno de Circuito de la misma especialidad pero de distinto circuito, que hicieron un pronunciamiento en materia civil, en la cual se considera innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
IV. CUESTIONES NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO
6. Con la finalidad de establecer y determinar la existencia de la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, fijar el criterio que debe predominar, se estima conveniente precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes.
IV.1. Ejecutoria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver el amparo directo 309/2020.
7. Antecedentes:
a) El 13 de diciembre de 2016, ********** demando, en la vía ordinaria mercantil de ********** las siguientes prestaciones: a) el pago de la suma asegurada en la póliza, en relación con un vehículo con cobertura de robo total; b) el pago de una indemnización por mora; c) el pago de las mensualidades caídas; d) el pago de la renta de un vehículo; e) el pago del daño moral y económico que se ha generado, en virtud de que la compañía no ha realizado la indemnización correspondiente a la pérdida total por robo de la unidad mencionada; y, f) el pago de gastos y costas del juicio.
b) El 10 de octubre de 2017, el Juez de instancia ordenó regularizar el procedimiento y darle trámite en la vía ordinaria mercantil, toda vez que, en la audiencia preliminar dentro del juicio oral mercantil, se declaró la improcedencia de la vía propuesta y, seguido el juicio, se resolvió que era improcedente la acción intentada por el actor, por lo que absolvió al demandado de las prestaciones reclamadas.
c) Inconforme con dicha resolución el actor interpuso recurso de apelación y la demandada apelación adhesiva, en el que el tribunal de alzada determinó revocar la sentencia de primer grado, para el efecto de condenar a la parte demandada ********** al pago indemnizatorio por realización del siniestro menos el pago del deducible cuantificables en sección de ejecución de sentencia, así como al pago indemnizatorio por mora y por concepto de defensa jurídica en términos de la cobertura contratada, empero absolvió respecto de las restantes acciones intentadas.
d) En contra de la resolución definitiva anterior, la demandada promovió amparo directo, de la cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito.
8. Criterio. El Tribunal Colegiado de Circuito negó el amparo a la quejosa y denunció la posible contradicción de tesis bajo los argumentos que se abrevian a continuación:
a) En la póliza contratada no existe constancia que el actor hubiere declarado ante la aseguradora no ser el propietario del vehículo asegurado. Tampoco que el contratante hubiere disimulado o declarado inexactamente los hechos con la finalidad de hacer incurrir en error a la asegurada, sino que se dio una falta de pericia en la elaboración del cuestionario para apreciar el riesgo, lo cual es imputable a la aseguradora.
b) La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 104/1998, concluyó que el contrato de seguro es un contrato en el que la buena fe de las partes adquiere un valor preponderante en su celebración y eficacia jurídica; que la preponderancia de la buena fe se traduce, en última instancia, en la obligación que tiene el asegurado de conducirse con veracidad al momento de formular sus declaraciones y, por otra parte, en la obligación de la aseguradora de realizar una correcta elaboración del cuestionario respectivo; la Ley sobre el Contrato de Seguro (en adelante LCS) no establece obligación alguna a cargo de la aseguradora en el sentido de que tenga que verificar la información vertida en las declaraciones del asegurado o de revisar la documentación que al efecto le es suministrada por el declarante, y; sólo puede imputarse a la aseguradora falta de pericia o negligencia en el desenvolvimiento de su actividad si las preguntas formuladas no fueron suficientes o atinadas para acreditar los extremos necesarios para la apreciación del riesgo.
c) En relación con las declaraciones expresadas por el asegurado ante la aseguradora, el artículo 7o. de la LCS dispone que las declaraciones que formule el asegurado serán la base para el contrato, siempre y cuando la aseguradora manifieste su aceptación dentro de un plazo de quince días. Además, conforme al artículo 8o., la aseguradora está autorizada para apreciar el riesgo en función de lo contenido en dichas declaraciones, las que se harán con base en el cuestionario que al efecto le suministre la aseguradora.
d) Por su parte, el artículo 47 de la ley faculta a la aseguradora para rescindir el contrato cuando se omita o se declara inexactamente los hechos a que se refieren los cuestionarios a efecto de apreciar el riesgo; mientras que el artículo 50 prohíbe a la aseguradora el derecho a rescindir el contrato cuando la irregularidad de la declaración ha sido provocada por ella misma. Apoya lo expuesto la tesis de la extinta Tercera Sala: "SEGURO, CONTRATO DE. REQUISITOS PARA LOS CUESTIONARIOS DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS."
e) La aseguradora cuenta con la carga de desvirtuar la presunción de buena fe en las declaraciones al momento de contratar el seguro, pese a que actúa diligentemente requiriendo la declaración de la información necesaria para apreciar el riesgo al momento de la declaración, el asegurado, el contratante y/o representante de los mismos disimulan o declaran inexactamente hechos con la intención de hacerla caer en el error. Por tanto, si bien de la póliza contratada no se advierte que el propietario del vehículo sea una persona diversa a la contratante, lo cierto es que ese hecho es insuficiente para desvirtuar la buena fe contractual y no es un requisito que deba contener la póliza en términos del artículo 20 de la LCS y, luego, correspondía a la aseguradora demostrar que el contratante simuló o declaró ser propietario del vehículo mediante el cuestionario en donde diligentemente se le pidió declarar el nombre del propietario del vehículo a asegurar.
f) Resulta infundado lo aducido en relación con que se debió condenar a la parte actora a la transmisión por subrogación de los derechos de propiedad del vehículo asegurado, pues este Tribunal Colegiado no comparte la tesis PC.I.C. J/92 C (10a.) del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito: "CONTRATO DE SEGURO CONTRA ROBO O PÉRDIDA TOTAL DEL VEHÍCULO POR DAÑOS. LA EXHIBICIÓN DE LA FACTURA ORIGINAL NO CONSTITUYE UN ELEMENTO DE LA ACCIÓN DE PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN POR ACTUALIZACIÓN DEL SINIESTRO.", porque el elemento de la acción de pago a causa de un siniestro asegurado es que se acredite la propiedad, no es aplicable en el caso concreto ya que ello ocurre en los casos en que el actor se haya ostentado como propietario desde la contratación del seguro y bajo ese dicho haya instaurado su acción, lo cual en el caso la aseguradora no probó y quedó convalidado.
g) Por tanto, en los casos en que el asegurado no sea el propietario del vehículo, en términos de los artículos 111, párrafos primero y tercero, y 116 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, para que la aseguradora pueda liberarse de sus obligaciones derivado de la imposibilidad de subrogarse a los derechos asegurados, debió haber pagado la indemnización correspondiente. La liberación en dicha hipótesis es materia de excepción y no un elemento de la acción, tal como lo refiere la jurisprudencia 1a./J. 114/2008: "CONTRATO DE SEGURO. AL NO SER EL PAGO DE LA PRIMA UN ELEMENTO DE LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR RIESGO PRODUCIDO, NO ES OBLIGACIÓN DEL ASEGURADO ACREDITAR ÉSTE PARA EJERCITARLA, SINO QUE CORRESPONDE A LA ASEGURADORA OPONER COMO EXCEPCIÓN LA FALTA DE PAGO PARA DESVIRTUARLA."
h) Ello, porque los artículos 111 y 116 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro sujetan la subrogación de derecho a que se salven los derechos a través del pago indemnizatorio y no a la inversa; en ese sentido, sujetar el pago indemnizatorio a que se garantice la subrogación contraviene el principio de buena fe contractual y se tendría por acreditada una excepción conforme hechos que no han quedado demostrados en juicio.
i) Si bien se comparte que el contrato de seguro establezca obligaciones bilaterales o sinalagmáticas, dichas obligaciones no derivan de la sentencia, sino de la relación contractual, así como de las disposiciones normativas. Por tanto, la sentencia no es fuente creadora de dos obligaciones entre sí que obliga al contratante a aportar los elementos de convicción que acrediten la propiedad del bien asegurado y a alienar el bien a la aseguradora a su pago, sino que ello deriva de la relación contractual, pues, de estimar que la sentencia crea dos obligaciones reciprocas entre sí, obligaría en todos los casos al contratante, aun cuando no hubiere sido así convenido.
j) En todo caso, de imponer una condena a la parte actora, sin que para ello se hayan seguido las formalidades esenciales del procedimiento, redunda en vulneración al artículo 14 constitucional.
IV.2. Ejecutoria del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 26/2018.
9. Antecedentes:
a) Se trabó una contradicción de criterios entre los sostenidos, por una parte, por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en el juicio de amparo directo D.C. 510/2018-13, quien resolvió en que era necesario exhibir la factura del vehículo asegurado para que la aseguradora se subrogara en las acciones y derechos correspondientes, mientras que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en el juicio de amparo directo 17964/2004, emitió el criterio del que derivó la tesis I.4o.C.76 C, de rubro: "CONTRATO DE SEGURO. LA FALTA DE EXHIBICIÓN DE LA FACTURA ORIGINAL DEL AUTOMÓVIL ASEGURADO, NO CONSTITUYE INCUMPLIMIENTO QUE LLEVE A DETERMINAR LA IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE."
b) El Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito determinó que la exhibición de la factura original del bien asegurado constituye un elemento de la acción para que proceda el pago de la indemnización, cuyo incumplimiento deja sin efecto lo pactado en el contrato de seguro y para que proceda la subrogación es indispensable exhibir la factura original del bien asegurado.
c) Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito determinó que la entrega de la factura debidamente endosada a favor de la aseguradora, para la subrogación en los derechos del bien asegurado, es consecuencia del pago de la indemnización, por lo que debía otorgarse el amparo para el efecto de que la responsable dicte nueva sentencia definitiva, en la que deje sin efectos la reclamada, y sin perjuicio de reiterar las consideraciones de esta última y hacer suyas las consideraciones de su ejecutoria en las que establezca la procedencia del pago de la indemnización, precise que la actora deberá entregar a la demandada, la factura del vehículo asegurado, en la que conste la transmisión de derechos a favor de la aseguradora, en forma concomitante al pago de la indemnización. Esto, pues la exhibición de la factura del bien asegurado no constituye una obligación principal y, por ende, su incumplimiento no conlleva la improcedencia de pago de la indemnización, ya que la propiedad del bien asegurado puede acreditarse, mediante diversas probanzas.
10. Criterio. El Pleno de Circuito arribó a la conclusión señalada, con base en los razonamientos que a continuación se abrevian:
a) La exhibición de la factura original del bien asegurado no constituye un elemento de la acción de pago de indemnización por robo o pérdida total y, por tanto, no es indispensable exhibirla con la demanda, ya que, de conformidad con lo resuelto por la Primera Sala en la contradicción de tesis 84/2008 (sic) (jurisprudencia 1a./J. 114/2008), los elementos que conforman la acción de indemnización por actualización del riesgo sólo son: la existencia del contrato de seguro que demuestre la vigencia de la obligación a cargo de la aseguradora para cubrir la indemnización y la realización del siniestro, cuyos extremos corresponde al actor demostrar. De ahí que la exhibición de la factura original del vehículo siniestrado no constituya un elemento constitutivo de la acción de indemnización por el riesgo producido, ya que la Ley sobre el Contrato de Seguro no prevé tal requisito y que necesariamente deba ser la factura original.
b) Demostrada la vigencia del contrato de seguro, que se dio aviso oportuno a la aseguradora del siniestro y se proporcionó, a solicitud de aquélla, la documentación relacionada únicamente con ese evento, por los cuales pueden determinarse las circunstancias de su realización y sus consecuencias, en términos de los artículos 66 a 70 de la ley, nace el derecho del asegurado a obtener por parte de la aseguradora el pago de la indemnización que se haya acordado en el contrato, conforme al artículo 71. Esto es, una vez acreditada la causa eficiente en que se funda la acción y en caso de que se desestimen las excepciones y defensas opuestas tendentes a destruirla directamente, procederá decretar la existencia de la obligación de pago de la indemnización, sin necesidad de entregar la factura.
c) En las obligaciones bilaterales sinalagmáticas importa que sean recíprocas e interdependientes, de manera que cada una de ellas con relación a otras funciona como contraprestación y ambos deberes de prestación deben cumplirse para que sea funcional conforme a la ley, por lo que si se pactó en el contrato la exhibición de la factura endosada ante la aseguradora, sólo constituirá la falta de cumplimiento de una obligación para efectuar el pago inmediato para efectos de la subrogación, pero no de la improcedencia de la acción de pago, salvo que se considere que la parte actora carezca de legitimación para demandar el pago de la indemnización, por no haber acreditado en el juicio ser propietaria del vehículo siniestrado, siempre y cuando se haya ostentado como tal al momento de la celebración del contrato y haber promovido la demanda con ese carácter como lo dispone la jurisprudencia 1a./J. 74/2011 (9a.): "CONTRATO DE SEGURO CONTRA DAÑOS A VEHÍCULO. LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA RECLAMAR LA INDEMNIZACIÓN."
d) Así, la falta de exhibición de la factura no lleva que se declare improcedente la acción de pago, máxime que la comprobación de la propiedad, ya sea con ese documento o con otros medios de convicción, no forma parte de los elementos de la acción intentada ni puede considerarse como una obligación principal cuyo incumplimiento justifique la improcedencia en el pago de la indemnización, aunado a que puede haber casos en que el asegurado o beneficiario del seguro no es el propietario del bien asegurado. En ese orden, sólo cuando la parte actora se ostente como propietaria del bien asegurado y de haber celebrado con ese carácter el contrato de seguro, entonces, para efectos de la legitimación, deberá acreditar la propiedad del bien asegurado con los medios de prueba que tenga a su alcance, en los términos de dicha jurisprudencia, sin que ello implique que necesariamente deba ser con la factura original.
e) En términos del artículo 111 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, una consecuencia del pago de la indemnización es que la aseguradora se subroga hasta por la cantidad pagada en todos los derechos y acciones contra terceros que por causa del daño sufrido correspondan al asegurado, y sólo podrá librarse de la obligación de pago en todo o en parte, si la subrogación es impedida por hechos u omisiones que provengan del asegurado. Esa consecuencia también se encuentra contemplada en el artículo 116 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, que dispone que la empresa podrá adquirir los efectos salvados, siempre que abone al asegurado su valor real según estimación pericial. f) Una vez que se declara que el asegurado tiene derecho al pago de la indemnización, esa declaración trae como consecuencia o se convierte en una fuente creadora de dos obligaciones recíprocas entre sí: una obligación de dar, a cargo de la parte actora o asegurado, que es la de proporcionar a la aseguradora los elementos de convicción que acrediten la propiedad del bien asegurado y realizar los actos para el traslado de dominio, de tal manera que aquélla pueda subrogarse en los derechos y obligaciones que corresponden al propietario y; una obligación de dar a cargo de la aseguradora, consistente en ejecutar o efectuar el pago de la indemnización cuya modalidad adquiere un matiz condicional porque su resolución depende de la entrega de la documentación que acredite la propiedad del bien asegurado para efectos de la subrogación.
V. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE TESIS
11. Esta Primera Sala considera que, con base en el estudio de los precedentes recién detallados, en el caso se actualiza una contradicción de criterios.
12. Para justificar lo anterior, como cuestión previa, es importante señalar que de existir la contradicción de tesis planteada y, en su caso, resolver cuál es el criterio que deberá prevalecer, no es necesario que los criterios de los tribunales contendientes se sostengan en tesis jurisprudenciales, pues esta Primera Sala estima que por contradicción de tesis debe entenderse cualquier discrepancia en el criterio adoptado por órganos jurisdiccionales terminales a través de argumentaciones lógico-jurídicas que justifiquen su decisión en una controversia, independientemente de que hayan o no emitido tesis.
13. Sirve de apoyo para esta determinación la tesis P. L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS."(1)
14. Así, de acuerdo con lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, una forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos debe radicar en la necesidad de unificar criterios y no en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados.
15. Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente, se requiere determinar si existe una necesidad de unificación; es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto del mismo.
16. En otras palabras, para resolver si existe o no una contradicción de tesis será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –y no tanto los resultados que ellos arrojen–, con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos– aunque legales.
17. Si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y, dado que el problema radica en los procesos de interpretación –no en los resultados– adoptados por los tribunales contendientes, entonces es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:
a) Los tribunales contendientes debieron haber resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se debe encontrar algún punto de toque; es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.
c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
18. Al respecto, es aplicable por analogía la jurisprudencia P./J. 72/2010, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(2)
19. Ahora bien, en el caso concreto, se advierte que se cumplieron los dos primeros requisitos para la existencia de la contradicción.
20. Primero, el Tribunal Colegiado de Circuito y el Pleno de Circuito contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial para alcanzar sus conclusiones, en las que coincidieron en que la factura original del vehículo objeto del contrato de seguro contra daños no es un elemento constitutivo de la acción de pago de la indemnización por la actualización del siniestro, pero discreparon en torno a la fuente creadora de las obligaciones sinalagmáticas de indemnización y subrogación por daños.
21. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito sostuvo que la sentencia en la que se reconoce el derecho del asegurado a recibir el pago de la indemnización no es fuente creadora de dos obligaciones recíprocas entre sí que obliga al contratante a aportar los elementos de convicción que acrediten la propiedad del bien asegurado y a alienar el bien a la aseguradora a su pago, sino que ello deriva de la relación contractual así como de las disposiciones normativas, ya que los artículos 111 y 116 de la LCS sujetan la subrogación de derecho a que se salven los derechos a través del pago indemnizatorio y no a la inversa.
22. En ese sentido, el tribunal determinó que sujetar el pago indemnizatorio a que se garantice la subrogación contraviene el principio de buena fe contractual y se tendría por acreditada una excepción conforme a hechos que no han quedado demostrados en juicio.
23. Por su parte, el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito concluyó que, una vez que se dicte sentencia en la que se determine el derecho del asegurado a recibir el pago de la indemnización, ésta se convierte en una fuente creadora de dos obligaciones recíprocas entre sí: la primera, consistente en una obligación de dar, a cargo de la parte actora o asegurado, que es la de proporcionar a la aseguradora los elementos de convicción que acrediten la propiedad del bien asegurado y el traslado de dominio, para hacer posible que aquélla se subrogue en los derechos y las obligaciones que corresponden al propietario; la segunda, relativa a una obligación de dar, a cargo de la aseguradora, consistente en la de ejecutar o efectuar el pago de la indemnización, cuya modalidad adquiere un matiz condicional, porque su resolución depende de la entrega de la documentación que acredite la propiedad del bien asegurado y su transmisión, para efectos de la subrogación; lo anterior significa que una vez que se dicte sentencia definitiva que determine el derecho del asegurado a recibir el pago de la indemnización, será en la etapa de ejecución de sentencia en la que deberán ejecutarse ambas obligaciones recíprocas, cuyo cumplimiento, en el orden indicado, garantiza que la aseguradora se subrogue en los derechos que corresponden al propietario del bien asegurado, y que éste no obtenga un doble lucro al recibir la indemnización y conservar a la vez la propiedad del bien siniestrado.
24. Con base en lo anterior, se colma el último requisito para el estudio de contradicción de criterios, toda vez que es evidente que existen posiciones divergentes sobre el mismo tema y, consecuentemente, ello da lugar a establecer un cuestionamiento: ¿Cuál es la fuente que reconoce y crea obligaciones recíprocas entre el asegurado y la aseguradora cuando se reclama el cumplimiento de un contrato de seguro contra daños en términos de los artículos 111 y 116 de la Ley sobre el Contrato de Seguro?
VI. ESTUDIO DE FONDO
25. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado en esta resolución, con base en los razonamientos que a continuación se exponen.
A. Nociones generales sobre el contrato de seguro
26. Debe recordarse que los actos comerciales sólo se rigen por lo dispuesto en el Código de Comercio y, en su caso, en las leyes mercantiles aplicables, de lo que deriva la idea de que, por un lado, existe un ordenamiento base o general que establece las reglas esenciales que inciden en las relaciones de comercio y, por otro, un principio de especialidad en el que el creador de las normas tiene amplia potestad legislativa, de conformidad con las atribuciones que la Constitución le hubiere conferido, para establecer reglas muy determinadas y ceñidas a organizar determinado tipo de actividad mercantil.(3)
27. Conforme a estas nociones, tratándose de convenciones mercantiles, la regla general es que cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados; salvo en aquellos casos en los cuales el propio Código de Comercio o las leyes mercantiles especiales impongan requisitos necesarios para su eficacia.(4)
28. Pues bien, el legislador federal, en quien recae el deber de crear leyes en materia mercantil,(5) reconoció en lo general que los contratos de seguro de toda especie se reputan actos de comercio(6) y estimó adecuado emitir una ley especial dirigida a regular l
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30833-32493298/obligaciones-bilaterales-o-sinalagmaticas-en-el-contrato-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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