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Modo: Corpus Pro

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN EN MATERIA DE SEGUROS. EL PLAZO SE INTERRUMPE CON MOTIVO DE LA RECLAMACIÓN PRESENTADA ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF), Y SE REINICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN DONDE SE DEJAN A SALVO LOS DERECHOS DE LAS PARTES POR NO HABER LLEGADO A ALGÚN CONVENIO NI ACEPTADO SOMETERSE AL ARBITRAJE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2022. · Registro digital (IUS): 30967
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2022-10-07
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y EL DÉCIMO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Octubre de 2022, Tomo III, Pág.2998.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2022. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y EL DÉCIMO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 7 DE JUNIO DE 2022. MAYORÍA DE ONCE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MARÍA DEL CARMEN AURORA ARROYO MORENO, ADALBERTO EDUARDO HERRERA GONZÁLEZ, FORTUNATA FLORENTINA SILVA VÁSQUEZ, HORTENCIA MARÍA EMILIA MOLINA DE LA PUENTE, GONZALO HERNÁNDEZ CERVANTES, MARTHA GABRIELA SÁNCHEZ ALONSO, FERNANDO RANGEL RAMÍREZ, GONZALO ARREDONDO JIMÉNEZ, MANUEL ERNESTO SALOMA VERA, ETHEL LIZETTE DEL CARMEN RODRÍGUEZ ARCOVEDO Y MA. DEL REFUGIO GONZÁLEZ TAMAYO (PRESIDENTA). DISIDENTES: ILIANA FABRICIA CONTRERAS PERALES, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR, PAULA MARÍA GARCÍA VILLEGAS SÁNCHEZ CORDERO, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR, MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR, JUDITH MOCTEZUMA OLVERA, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR Y ALEJANDRO SÁNCHEZ LÓPEZ, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: MARÍA DEL CARMEN AURORA ARROYO MORENO. SECRETARIOS: MARÍA DEL ROSARIO ORTIZ VELÁZQUEZ Y ALFREDO DÍAZ MELO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Civil del Primer Circuito es competente para conocer de la contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente al dictarse el acuerdo de admisión de la referida denuncia, y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados en Materia Civil de este Primer Circuito, que corresponden a la materia de especialidad de este Pleno de Circuito.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, con fundamento en lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues fue formulada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo criterio se señala como discrepante respecto del sostenido por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

TERCERO.—Posturas de los Tribunales Colegiados de Circuito.

Para mayor claridad, es conveniente precisar los criterios que adoptaron los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes en las ejecutorias objeto de la presente denuncia de contradicción de tesis.

I. Criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la ejecutoria de siete de enero de dos mil veintidós, resolvió por unanimidad de votos el juicio de amparo directo D.C. 274/2021, donde sostuvo, en lo que interesa, que el plazo de la prescripción de la acción de cumplimiento de un contrato de seguro, cuando dicho plazo se interrumpe por la reclamación presentada ante la Condusef (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros), en el que las partes no llegan a algún acuerdo conciliatorio, tampoco se someten al arbitraje y se dejan a salvo sus derechos, pero la asegurada opta por solicitar a la mencionada Comisión el dictamen a que se refiere el artículo 68 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, se reinicia a partir de que esa autoridad emite el dictamen solicitado.

La parte considerativa de la sentencia dictada en el juicio de amparo directo D.C. 274/2021 por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, dice:

"SEXTO.—Los conceptos de violación se estiman inoperantes en un aspecto e infundados en otro; los cuales por razón de método, se analizarán en un orden diverso al propuesto, y en gran parte de manera conjunta dada su estrecha vinculación, de conformidad con lo establecido por el artículo 76 de la Ley de Amparo.

"En principio, se estima oportuno analizar los conceptos de violación mediante los cuales la sociedad quejosa alega que la sentencia reclamada transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica reconocidos por los artículos 14 y 16 constitucionales, en relación con los diversos numerales 81 de la Ley sobre el Contrato de Seguro; 84 y 1,039 del Código de Comercio, y 11, 66 y 68 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, ya que contrario a lo que en ésta se sostuvo, la acción de cumplimiento de contrato de seguro promovida en su contra, se encuentra prescrita.

"Lo anterior, pues aduce que el dos de enero de dos mil dieciocho, aconteció el siniestro del vehículo objeto del contrato de seguro materia de la controversia; el veintitrés de febrero del mismo año, ésta declaró el vehículo materia del seguro, como pérdida total; el veintiocho de mayo de esa anualidad, ésta se negó a realizar el pago de la indemnización por robo total, amparado en la póliza de seguro base de la acción, por virtud de que la asegurada no había exhibido la documentación necesaria, a fin de que ésta se pudiera subrogar en los derechos y acciones que la asegurada pudiera haber tenido frente a terceros, relacionados con el vehículo asegurado y robado, y el siete de junio de dos mil dieciocho, ante su negativa a realizar el pago de la indemnización por el robo total del vehículo objeto del seguro en conflicto, **********, presentó reclamación ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, a fin de solucionar el conflicto surgido por virtud del seguro vehicular en comento.

"En ese contexto, la quejosa señala que si bien, con el trámite de reclamación iniciado ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, se interrumpió el cómputo para la prescripción de la acción jurisdiccional, derivada del contrato de seguro vehicular en controversia, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, lo cierto es que en audiencia de quince de agosto de ese año, al no llegar las partes en conflicto, a un acuerdo conciliatorio, se dejaron a salvo los derechos para que los hicieran valer en la vía y forma que estimaran convenientes; momento en el cual asegura, debe considerarse concluido el procedimiento ante dicha instancia administrativa, y por tanto, a partir del dieciséis de agosto de esa anualidad, por reiniciado el cómputo de dos años para la prescripción de la acción jurisdiccional derivada del contrato de seguro en comento.

"Así, la quejosa concluye que si el plazo de dos años para la prescripción de la acción, reinició a partir del dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, y éste concluía el diecisiete de agosto de dos mil veinte, es inconcuso que si **********, presentó la demanda instaurada en su contra, en la Oficialía de Partes Común del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, hasta el diecinueve de octubre de dos mil veinte, el Juez responsable debió arribar a la conclusión de que ésta fue presentada fuera del término de dos años que para tal efecto prevé el artículo 81 de la Ley sobre el Contrato de Seguro y, por tanto, en la sentencia definitiva se debió declarar fundada la excepción de prescripción de la acción, que opuso al contestar la demanda, y absolverla del cumplimiento y pago de la totalidad de las prestaciones que le fueron exigidas.

"De igual manera, la quejosa alega que fue incorrecto que en la sentencia reclamada, el Juez responsable considerara que el procedimiento de reclamación ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros había concluido hasta que ésta emitió el dictamen a que se refiere el artículo 68 Bis de la de la (sic) Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, pues asevera que contrario a ello, fue a partir del momento en que se realizó el acta derivada de la audiencia de conciliación respectiva ante la institución mencionada, cuando debió considerarse concluido dicho procedimiento conciliatorio, debiendo reiniciaRse con el cómputo para la prescripción de la acción jurisdiccional respectiva, desde el día siguiente al en que se dejaron a salvo los derechos de las partes en el proceso conciliatorio mencionado.

"Lo anterior, pues la inconforme señala que en la audiencia de conciliación ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros derivado de una reclamación en materia financiera, pueden ocurrir tres situaciones diferentes:

"i) Que las partes lleguen a un convenio.

"ii) Que las partes se sometan a un arbitraje para dirimir el conflicto, y

"iii) En caso de que no ocurra ninguno de los dos supuestos anteriores, que se dejen a salvo los derechos de las partes, para que éstas se encuentren en aptitud de acudir ante los tribunales competentes.

"En ese orden de ideas, la quejosa también señala que con independencia de que el usuario, ante la falta de convenio, o del sometimiento al arbitraje, puede solicitar el dictamen a que se refiere el artículo 68 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, lo cierto es que, a partir de que se dejan a salvo los derechos de las partes, éstas se encuentran en aptitud de acudir ante los órganos jurisdiccionales competentes para iniciar formalmente con cualquier acción legal que pudiera derivar del contrato de seguro de automóvil en controversia, y de conformidad con lo establecido por el artículo 1,040 del Código de Comercio, reiniciar con el cómputo para la prescripción extintiva.

"Máxime que el dictamen que emite la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en dicho procedimiento, constituye una mera opinión técnica, emitida fuera del procedimiento conciliatorio, posterior al momento en que se dejan a salvo los derechos de las partes en la audiencia de conciliación respectiva, además de que dicho dictamen no reviste un carácter vinculatorio para ninguna de las partes.

"Los conceptos de violación señalados, son infundados.

"A fin de evidenciar lo anterior, se estima oportuno tomar en consideración lo dispuesto por el artículo 81 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, que a la letra dice:

"‘Artículo 81. Todas las acciones que se deriven de un contrato de seguro prescribirán:

"‘I. En cinco años, tratándose de la cobertura de fallecimiento en los seguros de vida.

"‘II. En dos años, en los demás casos. En todos los casos, los plazos serán contados desde la fecha del acontecimiento que les dio origen.’

"Del precepto legal transcrito se obtiene, en lo que interesa, que todas las acciones que se deriven de un contrato de seguro, prescribirán en cinco años, tratándose de la cobertura de fallecimiento en los seguros de vida, y dos años, en todos los demás casos. Asimismo, debe observarse lo dispuesto por los artículos 84, 1,039 y 1,076 del Código de Comercio, que establecen:

"‘Artículo 84. En los contratos mercantiles no se reconocerán términos de gracia o cortesía, y en todos los cómputos de días, meses y años, se entenderán: el día, de veinticuatro horas; los meses, según están designados en el calendario gregoriano; y el año, de trescientos sesenta y cinco días.’

"‘Artículo 1,039. Los términos fijados para el ejercicio de acciones procedentes de actos mercantiles, serán fatales, sin que contra ellos se dé restitución.’

"‘Artículo 1,076. En ningún término se contarán los días en que no puedan tener lugar actuaciones judiciales, salvo los casos de excepción que se señalen por la ley.’

"Los preceptos legales reproducidos, versan sobre la forma de computarse los términos para el ejercicio de las acciones mercantiles, y sobre su prescripción extintiva, y prevén que en los contratos mercantiles, no se reconocerán términos de gracia o cortesía, y en todos los cómputos de días, meses y años, se entenderán: el día, de veinticuatro horas; los meses, según están designados en el calendario gregoriano, y el año, de trescientos sesenta y cinco días.

"Asimismo, se establece que los términos fijados para el ejercicio de acciones procedentes de actos mercantiles, serán fatales, sin que contra ellos se dé restitución.

"De igual manera, se dispone que en la prescripción mercantil negativa, los plazos comenzarán a contarse desde el día en que la acción pudo ser legalmente ejercida en juicio.

"Y finalmente, que en ningún término se contarán los días en que no puedan tener lugar actuaciones judiciales, salvo los casos de excepción que se señalen por la ley.

"En ese orden, a fin de analizar la prescripción de una acción derivada de un contrato de seguro, y uno de los supuestos de su interrupción, debe tomarse en cuenta lo previsto por los artículos 11, 66, 68 y 68 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, que dicen:

"‘Artículo 11. La Comisión Nacional está facultada para:

"‘I. Atender y resolver las consultas que le presenten los usuarios, sobre asuntos de su competencia;

"‘II. Atender y, en su caso, resolver las reclamaciones que formulen los usuarios, sobre los asuntos que sean competencia de la Comisión Nacional;

"‘III. Llevar a cabo el procedimiento conciliatorio entre el usuario y la institución financiera en los términos previstos en esta ley, así como entre una institución financiera y varios usuarios, exclusivamente en los casos en que éstos hayan contratado un mismo producto o servicio, mediante la celebración de un solo contrato, para lo cual dichos usuarios deberán apegarse a lo establecido en el último párrafo del artículo 63 de esta ley, así como emitir dictámenes de conformidad con la misma. Fracción reformada.

"‘IV. Actuar como árbitro en amigable composición o en juicio arbitral de estricto derecho, de conformidad con esta ley y con los convenios arbitrales celebrados entre las partes en conflicto, así como llevar a cabo las acciones necesarias para la organización, funcionamiento y promoción del Sistema Arbitral en Materia Financiera, en los términos previstos en esta Ley, y mantener un padrón de árbitros independientes;

"‘IV Bis. Emitir dictámenes de conformidad con esta ley; ...’

"‘Artículo 66. La reclamación que reúna los requisitos señalados, por su sola presentación, interrumpirá la prescripción de las acciones legales correspondientes, hasta que concluya el procedimiento.’

"‘Artículo 68. La Comisión Nacional, deberá agotar el procedimiento de conciliación, conforme a las siguientes reglas:

"‘I. El procedimiento de conciliación sólo se llevará a cabo en reclamaciones por cuantías totales inferiores a tres millones de unidades de inversión, salvo tratándose de reclamaciones en contra de instituciones de seguros en cuyo caso la cuantía deberá de ser inferior a seis millones de unidades de inversión.

"‘I Bis. La Comisión Nacional citará a las partes a una audiencia de conciliación que se realizará dentro de los veinte días hábiles siguientes contados a partir de la fecha en que se reciba la reclamación.

"‘La conciliación podrá celebrarse vía telefónica o por otro medio idóneo, en cuyo caso la Comisión Nacional o las partes podrán solicitar que se confirmen por escrito los compromisos adquiridos.

"‘II. La institución financiera deberá, por conducto de un representante, rendir un informe por escrito que se presentará con anterioridad o hasta el momento de la celebración de la audiencia de conciliación a que se refiere la fracción anterior;

"‘III. En el informe señalado en la fracción anterior, la institución financiera, deberá responder de manera razonada a todos y cada uno de los hechos a que se refiere la reclamación, en caso contrario, dicho informe se tendrá por no presentado para todos los efectos legales a que haya lugar;

"‘La institución financiera deberá acompañar al informe, la documentación, información y todos los elementos que considere pertinentes para sustentarlo, no obstante, la Comisión Nacional podrá en todo momento, requerir a la institución financiera la entrega de cualquier información, documentación o medios electromagnéticos que requiera con motivo de la reclamación y del informe;

"‘IV. La Comisión Nacional podrá suspender justificadamente y por una sola ocasión, la audiencia de conciliación. En este caso, la Comisión Nacional señalará día y hora para su reanudación, la cual deberá llevarse a cabo dentro de los diez días hábiles siguientes.

"‘La falta de presentación del informe no podrá ser causa para suspender la audiencia referida.

"‘V. La falta de presentación del informe dará lugar a que la Comisión Nacional valore la procedencia de las pretensiones del usuario con base en los elementos con que cuente o se allegue conforme a la fracción VI, y para los efectos de la emisión del dictamen, en su caso, a que se refiere el artículo 68 Bis.

"‘VI. La Comisión Nacional cuando así lo considere o a petición del usuario, en la audiencia de conciliación correspondiente o dentro de los diez días hábiles anteriores a la celebración de la misma, podrá requerir información adicional a la institución financiera, y en su caso, diferirá la audiencia requiriendo a la institución financiera para que en la nueva fecha presente el informe adicional;

"‘Asimismo, podrá acordar la práctica de diligencias que permitan acreditar los hechos constitutivos de la reclamación.

"‘VII. En la audiencia respectiva se exhortará a las partes a conciliar sus intereses, para tal efecto, el conciliador deberá formular propuestas de solución y procurar que la audiencia se desarrolle en forma ordenada y congruente. Si las partes no llegan a un arreglo, el conciliador deberá consultar el Registro de Ofertas Públicas del Sistema Arbitral en Materia Financiera, previsto en esta misma ley, a efecto de informar a las mismas que la controversia se podrá resolver mediante el arbitraje de esa Comisión Nacional, para lo cual las invitará a que, de común acuerdo y voluntariamente, designen como árbitro para resolver sus intereses a la propia Comisión Nacional, quedando a elección de las mismas, que sea en amigable composición o de estricto derecho.

"‘Para el caso de la celebración del convenio arbitral correspondiente, a elección del usuario la audiencia respectiva podrá diferirse para el solo efecto de que el usuario desee asesorarse de un representante legal. El convenio arbitral correspondiente se hará constar en el acta que al efecto firmen las partes ante la Comisión Nacional.

"‘En caso de que las partes no se sometan al arbitraje de la Comisión Nacional se dejarán a salvo sus derechos para que los hagan valer ante los tribunales competentes o en la vía que proceda.

"‘En el evento de que la institución financiera no asista a la junta de conciliación se le impondrá sanción pecuniaria y se emplazará a una segunda audiencia, la cual deberá llevarse a cabo en un plazo no mayor a diez días hábiles; en caso de no asistir a ésta se le impondrá una nueva sanción pecuniaria.

"‘La Comisión Nacional entregará al reclamante, contra pago de su costo, copia certificada del dictamen a que se refiere el artículo 68 Bis, a efecto de que lo pueda hacer valer ante los tribunales competentes;

"‘La solicitud se hará del conocimiento de la institución financiera para que ésta manifieste lo que a su derecho convenga y aporte los elementos y pruebas que estime convenientes en un plazo que no excederá de diez días hábiles.

"‘Si la institución financiera no hace manifestación alguna dentro de dicho plazo, la Comisión emitirá el dictamen con los elementos que posea.

"‘VIII. En caso de que las partes lleguen a un acuerdo para la resolución de la reclamación, el mismo se hará constar en el acta circunstanciada que al efecto se levante. En todo momento, la Comisión Nacional deberá explicar al usuario los efectos y alcances de dicho acuerdo; si después de escuchar explicación el usuario decide aceptar el acuerdo, éste se firmará por ambas partes y por la Comisión Nacional, fijándose un término para acreditar su cumplimiento. El convenio firmado por las partes tiene fuerza de cosa juzgada y trae aparejada ejecución; "‘IX. La carga de la prueba respecto del cumplimiento del convenio corresponde a la institución financiera y, en caso de omisión, se hará acreedora de la sanción que proceda conforme a la presente ley, y

"‘X. Concluidas las audiencias de conciliación y en caso de que las partes no lleguen a un acuerdo se levantará el acta respectiva. En el caso de que la institución financiera no firme el acta, ello no afectará su validez, debiéndose hacer constar la negativa.

"‘Adicionalmente, la Comisión Nacional ordenará a la institución financiera correspondiente que registre el pasivo contingente totalmente reservado que derive de la reclamación, y dará aviso de ello a las Comisiones Nacionales a las que corresponda su supervisión.

"‘En el caso de instituciones y sociedades mutualistas de seguros, la orden mencionada en el segundo párrafo de esta fracción se referirá a la constitución e inversión conforme a la ley en materia de seguros, de una reserva técnica específica para obligaciones pendientes de cumplir, cuyo monto no deberá exceder la suma asegurada. Dicha reserva se registrará en una partida contable determinada.

"‘En los supuestos previstos en los dos párrafos anteriores, el registro contable podrá ser cancelado por la institución financiera bajo su estricta responsabilidad, si transcurridos ciento ochenta días naturales después de su anotación, el reclamante no ha hecho valer sus derechos ante la autoridad judicial competente o no ha dado inicio el procedimiento arbitral conforme a esta ley.

"‘El registro del pasivo contingente o la constitución de la reserva técnica, según corresponda, será obligatoria para el caso de que la Comisión Nacional emita el dictamen a que hace referencia el artículo 68 Bis de la presente ley. Si de las constancias que obren en el expediente respectivo se desprende, a juicio de la Comisión Nacional, la improcedencia de las pretensiones del usuario, ésta se abstendrá de ordenar el registro del pasivo contingente o la constitución de la reserva técnica, según corresponda.

"‘XI. Los acuerdos de trámite que emita la Comisión Nacional no admitirán recurso alguno.’

"‘Artículo 68 Bis. Cuando las partes no se sometan al arbitraje, y siempre que del expediente se desprendan elementos que a juicio de la Comisión Nacional permitan suponer la procedencia de lo reclamado, ésta podrá emitir, previa solicitud por escrito del usuario, un acuerdo de trámite que contenga un dictamen.

"‘Cuando este dictamen consigne una obligación contractual incumplida, cierta, exigible y líquida, a juicio de la Comisión Nacional, se considerará título ejecutivo no negociable, en favor del usuario.

"‘La institución financiera podrá controvertir el monto del título, presentar las pruebas y oponer las excepciones que estime convenientes ante la autoridad judicial competente. La acción ejecutiva derivada del dictamen prescribirá a un año de su emisión.

"‘Para la elaboración del dictamen, la Comisión Nacional podrá allegarse todos los elementos que juzgue necesarios.

"‘El dictamen a que se refiere el presente artículo sólo podrá emitirse en asuntos de cuantías inferiores a tres millones de unidades de inversión, salvo tratándose de reclamaciones en contra de instituciones de seguros en cuyo caso la cuantía deberá de ser inferior a seis millones de unidades de inversión. El dictamen sólo podrá tener el carácter de título ejecutivo, en los términos de este artículo, en asuntos por cuantías inferiores al equivalente en moneda nacional a cincuenta mil unidades de inversión, salvo que se trate de instituciones de seguros, sociedades mutualistas de seguros y administradoras de fondos para el retiro, en los cuales el monto deberá ser inferior a cien mil unidades de inversión. En ambos supuestos se considerará la suerte principal y sus accesorios.’

"La primera de las disposiciones legales reproducidas, es clara al establecer que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, se encuentra jurídicamente facultada, entre otras cosas, para:

"I. Atender y resolver las consultas que le presenten los usuarios, sobre asuntos de su competencia.

"II. Atender y, en su caso, resolver las reclamaciones que formulen los usuarios, sobre los asuntos que sean competencia de dicha institución.

"III. Llevar a cabo el procedimiento conciliatorio entre el usuario y la institución financiera en los términos previstos por la ley.

"IV. Actuar como árbitro en amigable composición o en juicio arbitral de estricto derecho, de conformidad con la ley de la materia, y con los convenios arbitrales celebrados entre las partes en conflicto, así como llevar a cabo las acciones necesarias para la organización, funcionamiento y promoción del sistema arbitral en materia financiera, en los términos previstos en la ley, y mantener un padrón de árbitros independientes.

"IV Bis. Emitir dictámenes de conformidad con esta ley, entre ellos, el previsto por el numeral 68 Bis de dicha normatividad legal.

"En ese orden, se establece que la reclamación que reúna los requisitos establecidos por la propia Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, interrumpirá la prescripción de las acciones legales correspondientes, hasta que concluya el procedimiento (entendiéndose por ello, cuando se termine el procedimiento de reclamación realizado por el usuario en su totalidad, y no sólo se culmine con la fase conciliatoria).

"En ese orden, el tercero de los artículos en comento, establece el procedimiento conciliatorio que se lleva a cabo ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, se lleva a cabo (sic) respecto de reclamaciones por cuantías totales, inferiores a tres millones de unidades de inversión, salvo tratándose de reclamaciones en contra de instituciones de seguros, en cuyo caso la cuantía deberá de ser inferior a seis millones de unidades de inversión.

"En ese orden, se prevé que una vez iniciado el procedimiento ante la Comisión en comento, ésta citará a las partes a una audiencia de conciliación, que se realizará dentro de los veinte días hábiles siguientes contados a partir de la fecha en que se reciba la reclamación.

"Luego, se prevé que la institución financiera debe rendir un informe por escrito, que se presenta con anterioridad o hasta el momento de la celebración de la audiencia de conciliación; en el cual deberá responder de manera razonada a todos y cada uno de los hechos a que se refiere la reclamación, debiendo acompañarse al informe rendido por la institución financiera, la documentación, información y todos los elementos que considere pertinentes para sustentarlo; en caso contrario, dicho informe se tendrá por no presentado.

"De igual manera, se establece la facultad de que la autoridad administrativa puede requerir a la institución financiera la entrega de cualquier información, documentación o medios electromagnéticos que requiera con motivo de la reclamación y del informe.

"En ese orden, en el precepto en estudio se establece que la falta de presentación del informe por parte de la institución financiera, dará lugar a que la autoridad valore la procedencia de las pretensiones del usuario, con base en los elementos con que cuente o se hubieran allegado, para los efectos de la emisión del dictamen, en su caso, a que se refiere el artículo 68 Bis de la legislación en cita.

"De igual manera, se establece que en la audiencia respectiva, la autoridad exhortará a las partes a conciliar sus intereses, y si las partes no llegan a un arreglo, el conciliador deberá consultar el Registro de Ofertas Públicas del Sistema Arbitral en Materia Financiera, a efecto de informar a las partes, que la controversia se podrá resolver mediante el arbitraje de esa Comisión; para lo cual las invitará a fin de que, de común acuerdo y voluntariamente, la designen como árbitro para resolver sus intereses ante la propia Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, quedando a elección de las mismas, que sea en amigable composición o en juicio arbitral de estricto derecho.

"En este punto debe destacarse que, en caso de que las partes lleguen a un acuerdo conciliatorio para la resolución de la reclamación, el mismo se hará constar en el acta circunstanciada que al efecto se realice; debiendo la Comisión explicar al usuario, los efectos y alcances de dicho pacto de voluntades, y de aceptarse, se firmará por ambas partes, y por la autoridad instructora del procedimiento, fijándose un término para acreditar su cumplimiento; convenio que tendrá fuerza de cosa juzgada y traerá aparejada ejecución.

"Posteriormente, se establece que la carga de acreditar el cumplimiento del convenio al que hubieran llegado las partes, corresponderá a la institución financiera, y en caso de omisión, se hará acreedora de la sanción que proceda conforme a la ley de la materia.

"En ese orden, se prevé que en caso de que las partes no concilien, ni se sometan al arbitraje de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, se dejarán a salvo sus derechos para que los hagan valer ante los tribunales competentes o en la vía que proceda.

"Asimismo, se dispone que cuando las partes no se someten al arbitraje, y siempre que del expediente se desprendan elementos que a juicio de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, permitan suponer la procedencia de lo reclamado, ésta podrá emitir, previa solicitud por escrito del usuario, un acuerdo de trámite que contenga un dictamen.

"La solicitud de emisión del dictamen, se hará del conocimiento de la institución financiera, para que ésta manifieste lo que a su derecho convenga y aporte los elementos y pruebas que estime convenientes en un plazo que no excederá de diez dí

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30967-68665462/prescripcion-de-la-accion-en-materia-de-seguros · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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