PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN ORDINARIA DERIVADA DE UN CONTRATO DE SEGURO. EL PLAZO PARA QUE OPERE NO SE INTERRUMPE CON LA SOLICITUD Y EMISIÓN DEL DICTAMEN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 68 BIS DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 52/2023. SUSCITADA ENTRE EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS Y LAS MINISTRAS LORETTA ORTIZ AHLF, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. DISIDENTE: MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR. PONENTE: LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIO: CARLOS ADRIÁN LÓPEZ SÁNCHEZ.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintisiete de noviembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 52/2023 respecto de las posturas sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el extinto Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, ambos correspondientes a la Región Centro-Sur, al resolver el amparo directo 10/2022 y la contradicción de tesis 4/2022, respectivamente.
El problema jurídico que esta Primera Sala debe resolver consiste en determinar si existe la contradicción denunciada y, en su caso, el criterio que debe prevalecer respecto a si la emisión del dictamen previsto en el artículo 68 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros que emita Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, a solicitud de quien instó el procedimiento de reclamación, interrumpe el plazo para que opere la prescripción de la acción ordinaria(1) que deriva de un contrato de seguro.
I. ANTECEDENTES
1. Denuncia de la contradicción. Mediante escrito presentado el veinte de febrero de dos mil veintitrés **********(2) denunció la contradicción de criterios suscitada entre los emitidos por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el extinto Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, ambos correspondientes a la Región Centro-Sur, al resolver el amparo directo 10/2022 y la contradicción de tesis 4/2022, respectivamente.
2. Trámite. El veintiocho de febrero de dos mil veintitrés la Ministra Presidenta registró la denuncia de contradicción de criterios en el expediente 52/2023 y al considerar que la competencia del asunto recaía en el antes denominado Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en Guadalajara, Jalisco ordenó remitir las constancias respectivas para su conocimiento.
3. Por lo anterior el órgano jurisdiccional indicado integró la contradicción de criterios 50/2023 y, previos trámites de ley, en sentencia dictada el diecisiete de agosto de dos mil veintitrés declaró carecer de competencia, por lo que devolvió el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su resolución.
4. Así, en acuerdo de siete de septiembre de dos mil veintitrés la Presidenta de este Alto Tribunal admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios relativa y turnó el expediente para la elaboración del proyecto correspondiente.
5. Además, requirió a las presidencias del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito –por corresponder a la adscripción de la persona que asumió la presidencia del extinto Pleno en Materia Civil del Primer Circuito–, por lo que hace a este último, testimonio de la ejecutoria emitida en el contradicción de tesis 4/2022 y, a ambos órganos jurisdiccionales, que informaran si los criterios en que se apoyaron están vigentes, superados o han sido abandonados; lo que comunicaron posteriormente en el sentido de que aquéllos continúan vigentes y de lo que se tomó conocimiento.(3)
6. Avocamiento. En acuerdo de veinte de octubre de dos mil veintitrés esta Primera Sala se avocó al conocimiento del asunto y ordenó remitir el asunto, para su estudio, al entonces Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
7. Returno. Mediante oficio SGA/MFEN/734/2023 se informó que en sesión privada del Tribunal Pleno que tuvo verificativo el dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés se comunicó el cambio de adscripción de la Ministra Loretta Ortiz Ahlf a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir del día diecisiete siguiente.
8. Así, por auto de veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés el Ministro Presidente de esta Primera Sala ordenó returnar el presente asunto para la elaboración del proyecto correspondiente.
II. COMPETENCIA
9. Esta Primera Sala es competente para conocer de este asunto en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; punto segundo, fracción V, del Acuerdo General 1/2023 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, modificado por Instrumento Normativo de diez de abril siguiente, toda vez que se trata de una contradicción suscitada entre un Tribunal Colegiado de Circuito y un Pleno en Materia Civil pero de diferente Circuito, sin que se considere necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
III. LEGITIMACIÓN
10. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, ya que fue formulada por la tercera interesada en el amparo directo 10/2022 del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, por lo que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo.(4)
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
A. Criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito al resolver el amparo directo 10/2022.
11. Una persona promovió juicio oral mercantil contra una aseguradora, de quien reclamó, en esencia, el pago de una cantidad de dinero en términos de la póliza base de la acción y con apoyo en el dictamen emitido por Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.
12. Al dar contestación la demandada hizo valer diversas excepciones y defensas, de entre las que destaca la de prescripción en términos del numeral 81, fracción II, de la Ley Sobre el Contrato de Seguro(5) en relación con el diverso 66 del ordenamiento referido en el párrafo que antecede.(6)
13. Seguido el juicio en sus etapas, el cinco de noviembre de dos mil veintiuno el juzgado de origen emitió sentencia en la que absolvió a la demandada al considerar que la acción intentada había prescrito por haber transcurrido el plazo de dos años establecido en el artículo 81 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, debido, esencialmente, a lo siguiente:
• El siniestro ocurrió el once de marzo de dos mil dieciséis;
• El término de dos años se interrumpió con la reclamación realizada ante Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, empero, aquél se volvió a computar con la culminación del proceso conciliatorio, esto es, desde el veinte de septiembre de dos mil dieciséis;
• El dictamen técnico solicitado a la comisión referida se emitió el veintiocho de julio de dos mil diecisiete;
• Los dos años precisados finalizaron el veinte de septiembre de dos mil dieciocho; y,
• La demanda se presentó hasta el nueve de abril de dos mil diecinueve.
14. Inconforme con esa determinación el actor promovió juicio de amparo directo, el que se admitió a trámite en el expediente 10/2022 del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y, previa integración del asunto, en sesión de quince de junio de dos mil veintidós ese órgano jurisdiccional concedió la protección de la justicia federal al considerar, en esencia, lo siguiente:
• Precisó las consideraciones formuladas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 319/2012,(7) de la cual derivó la jurisprudencia de rubro “COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS. EL ACUERDO QUE DECLARA IMPROCEDENTE LA EMISIÓN DEL DICTAMEN TÉCNICO A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 68, FRACCIÓN VII, 68 BIS Y 68 BIS 1 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO ORGANISMO, NO ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.”.(8)
• A partir de lo anterior, señaló que, de acuerdo con lo sostenido por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, el procedimiento conciliatorio seguido ante Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros concluye con la terminación de la etapa de conciliación cuando se rechaza el arbitraje de aquélla y dejan a salvo los derechos de las partes para que los hagan valer ante las autoridades competentes.
• También refirió que el dictamen técnico a que hace referencia el artículo 68 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros no forma parte del procedimiento de conciliación.
• Sin embargo, destacó que la solicitud y emisión de ese documento son aptas para interrumpir el plazo establecido para que opere la prescripción, ya que es factible equipararlo al nombramiento de peritos a que se hace referencia en el artículo 84 de la Ley sobre el Contrato de Seguro.
• Así, estableció que por identidad jurídica sustancial y por mayoría de razón la solicitud y emisión del dictamen técnico a cargo de Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, una vez concluido el procedimiento conciliatorio, sí interrumpe la prescripción de la acción respectiva.
• En consecuencia, determinó que una vez finalizado el procedimiento conciliatorio precisado, la persona usuaria está en aptitud de hacer valer sus derechos ante los tribunales competentes o de ejercer acción ejecutiva a partir del dictamen técnico correspondiente.
• De tal manera estimó que, en el primer supuesto, la prescripción de la acción operará en el plazo de dos años de conformidad con el artículo 81 de la Ley sobre Contrato de Seguro y, en el segundo, en un año de acuerdo con el diverso 68 Bis referido; por tanto, como el actor optó por presentar demanda en la vía oral mercantil el término de prescripción sería de dos años.
• De ahí que, si el procedimiento conciliatorio finalizó, dicho término se interrumpió con motivo de la solicitud y elaboración del dictamen técnico a cargo de la comisión precisada. Por consiguiente, si el dictamen relativo se emitió el veintiocho de julio de dos mil diecisiete es patente que a partir de esa fecha empezó a correr el término de dos años referido, el cual feneció el veintisiete de julio de dos mil diecinueve.
• En ese sentido, toda vez que la demanda se presentó el nueve de abril de dos mil diecinueve es claro que no operó la prescripción de la acción, por lo que determinó conceder el amparo.
B. Criterio del extinto Pleno en Materia Civil del Primer Circuito al resolver la contradicción de tesis 4/2022.
15. El extinto Pleno en Materia Civil del Primer Circuito conoció de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre los criterios adoptados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en el juicio de amparo directo D.C. 274/2021 y por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en el diverso D.C. 637/2019; la que registró en el expediente 4/2022.
16. Seguida en sus trámites la denuncia respectiva, el siete de junio de dos mil veintidós el Pleno de Circuito dictó sentencia en la que, en primer lugar, precisó que en el expediente D.C. 274/2021 se determinó que el plazo para la prescripción de la acción reinicia a partir de que la comisión respectiva emite el dictamen técnico solicitado por la persona usuaria; mientras que en el D.C. 637/2019 se concluyó que sería desde el día siguiente al de la audiencia de conciliación correspondiente.
17. Luego, estableció como punto a dilucidar “...a partir de cuándo reinicia el plazo para la prescripción en materia de seguros, cuando dicho plazo se interrumpe con motivo de la reclamación presentada ante la CONDUSEF...”.(9)
18. En la parte considerativa de la sentencia materia de este asunto, señaló, en esencia, lo siguiente:
• Indicó que el procedimiento de conciliación respectivo finaliza con la audiencia en la que Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros deja a salvo los derechos de la persona usuaria en caso de que las partes no lleguen a un acuerdo ni acepten someterse a arbitraje.
• En relación con el dictamen técnico refirió que no forma parte del procedimiento conciliatorio, ya que éste concluye en los términos señalados en el párrafo que antecede, aunado al hecho de que ese documento no participa de la naturaleza y finalidad de dicho procedimiento, además de que depende exclusivamente de la solicitud de la parte usuaria y de la existencia de elementos necesarios para su emisión.
• También mencionó las consideraciones formuladas por la Segunda Sala de este Máximo Tribunal al resolver la contradicción de tesis 319/2012 y citó la jurisprudencia que derivó de ese asunto.
• Y destacó que si bien el artículo 68 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros se reformó para establecer que cuando el dictamen técnico consigne una obligación contractual incumplida, cierta, exigible y líquida, a juicio de la comisión se considerará título ejecutivo no negociable, lo cierto es que eso no tuvo por objeto integrar la emisión del documento referido al procedimiento de conciliación, sino solamente dotarlo de carácter de título ejecutivo.
• Además, precisó que el estimar que el dictamen forma parte del procedimiento de conciliación y que éste termina con la emisión del documento indicado derivaría en inseguridad y falta de certeza jurídicas, toda vez que se dejaría al arbitrio de la persona usuaria definir el momento en el que se reanudaría el cómputo para el plazo de la prescripción.
• Por lo anterior, al estimar que la solicitud y emisión del dictamen técnico no corresponden al procedimiento de conciliación seguido ante la comisión referida consideró que “...el plazo para la prescripción se reinicia a partir del día siguiente a esa audiencia, pues es cuando las partes ya están en posibilidad de hacer valer las acciones derivadas del contrato de seguro.”,(10) asimismo, destacó que la finalidad de esa constancia es constituir una acción distinta, a saber, la ejecutiva.
• En esa virtud, estableció que la emisión del dictamen relativo no es apta para reiniciar el cómputo del plazo para la prescripción.
• Consideraciones que dieron lugar a la jurisprudencia de rubro “PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN EN MATERIA DE SEGUROS. EL PLAZO SE INTERRUMPE CON MOTIVO DE LA RECLAMACIÓN PRESENTADA ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF), Y SE REINICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN DONDE SE DEJAN A SALVO LOS DERECHOS DE LAS PARTES POR NO HABER LLEGADO A ALGÚN CONVENIO NI ACEPTADO SOMETERSE AL ARBITRAJE.”(11)
19. Hasta aquí la reseña de las consideraciones formuladas por los órganos jurisdiccionales.
V. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS
20. El Pleno de este Alto Tribunal señaló que para analizar si se actualiza la existencia de una contradicción de criterios basta identificar alguna divergencia interpretativa entre dos o más órganos jurisdiccionales terminales sobre un mismo punto de derecho.
21. Lo anterior, con independencia de que exista o no identidad en las situaciones fácticas que precedieron a las consideraciones que habrán de confrontarse, empero, esa variación o diferencia no debe ser determinante para la solución del problema jurídico, es decir, la disparidad fáctica debe versar sobre aspectos meramente accesorios, accidentales o secundarios que no modifiquen la situación examinada y que sólo formen parte de los antecedentes.
22. Por lo tanto, si las cuestiones materiales influyen directamente en las consideraciones jurídicas es evidente que no puede existir contradicción de criterios, ya que lógicamente no podría arribarse a un criterio único.
23. Apoyan lo anterior los criterios P./J. 72/2010(12) y P. XLVII/2009.(13)
24. Por consiguiente, si la denuncia de contradicción de criterios tiene como propósito que se unifiquen posturas y el problema radica en la interpretación jurídica realizada por los órganos jurisdiccionales, entonces para determinar su existencia es necesario que:
a) Las autoridades contendientes hayan resuelto algún problema jurídico en el ejercicio de su arbitrio judicial a través de algún ejercicio interpretativo;
b) Al realizar dichas interpretaciones exista un punto en el que se aborde un mismo tema; y,
c) El diferendo pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
25. De las exigencias señaladas se advierte que la existencia de una contradicción de criterios depende de que los órganos jurisdiccionales contendientes: a) realicen ejercicios interpretativos; b) sobre el mismo problema jurídico y determinen conclusiones distintas; así como que, c) esa diferencia interpretativa se pueda solucionar a partir de una pregunta específica.
26. En ese contexto, se estima que en la especie se actualiza el supuesto identificado con el inciso a), toda vez que los tribunales de que se trata ejercieron su arbitrio judicial al resolver las cuestiones litigiosas que les fueron planteadas, pues como se desprende de los antecedentes reseñados, aquéllos realizaron interpretaciones en las partes considerativas de las sentencias que emitieron a fin de proveer sobre el problema jurídico sometido a su conocimiento.
27. Tocante al segundo requisito esta Primera Sala considera pertinente destacar que los órganos jurisdiccionales contendientes analizaron asuntos que comparten características comunes, las cuales, en síntesis, son las siguientes:
I. Examinaron el procedimiento de conciliación previsto en la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, cuyo trámite está a cargo de Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros;
II. La parte actora intentó una acción ordinaria con base en la póliza de seguro, pero acompañando como documento probatorio el dictamen previsto en el artículo 68 Bis de la ley indicada;
III. Los órganos contendientes se pronunciaron sobre la relación que guardan ese procedimiento y el dictamen referido; y,
IV. Abordaron lo relativo a la prescripción de la acción derivada de un contrato de seguro de acuerdo con lo establecido en el artículo 81, fracción II, de la Ley Sobre el Contrato de Seguro cuando se solicitó y emitió el dictamen precisado con motivo de la tramitación de un procedimiento de conciliación ante la comisión referida.
28. En ese sentido, se considera que se satisface la exigencia identificada con el inciso b), pues en las consideraciones formuladas por los tribunales contendientes existe un punto de toque que obedece a la resolución del mismo tipo de problema jurídico, a saber: determinar si la solicitud y emisión del dictamen señalado interrumpen el plazo previsto para que prescriba la acción ordinaria que deriva de un contrato de seguro.
29. Se afirma lo anterior debido a que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito al resolver el amparo directo 10/2022 determinó, en esencia, que la solicitud y emisión del dictamen relativo sí interrumpen el término establecido para que prescriba la acción ordinaria que derivó de un contrato de seguro; mientras que el extinto Pleno en Materia Civil del Primer Circuito sostuvo, medularmente, que la emisión del documento indicado no es apta para ese propósito. 30. De acuerdo con las consideraciones formuladas por cada uno de los órganos contendientes es patente que existe una contradicción de criterios, dado que aquéllos analizaron una misma cuestión de derecho –prescripción de la acción ordinaria que deriva de un contrato de seguro–, pero llegaron a conclusiones distintas como consecuencia del entendimiento que cada uno tuvo respecto al momento en el que debe reiniciar el plazo de prescripción cuando concluye el procedimiento que instó la persona usuaria ante Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en el cual las partes no llegaron a conciliación ni se sometieron al arbitraje y se solicitó la emisión del dictamen a que se refiere el artículo 68 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.
31. En relación con el tercer requisito –inciso c)– se puntualiza que el problema jurídico a dilucidar radica en resolver si la emisión del dictamen a cargo de Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, a solicitud de quien instó el procedimiento de conciliación, interrumpe el plazo para que opere la prescripción de la acción ordinaria que deriva de un contrato de seguro.
VI. ESTUDIO DE FONDO
32. A fin de responder el problema jurídico materia de la presente contradicción de criterios se considera oportuno precisar cómo se desarrolla el procedimiento de conciliación, por ser el marco en el que Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros puede emitir el dictamen relativo; además, es necesario conocer la naturaleza de ese instrumento para determinar si con su solicitud y emisión se interrumpe el plazo para que opere la prescripción.
33. Para dar seguimiento a ese propósito se estima necesario traer a contexto el contenido de los artículos 60 a 68 Bis 1 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, con las reformas publicadas el diez de enero de dos mil catorce, el cual es el siguiente:
TÍTULO QUINTO
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
CAPÍTULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN
Artículo 60. La Comisión Nacional está facultada para actuar como conciliador entre las Instituciones Financieras y los Usuarios, con el objeto de proteger los intereses de estos últimos.
Tratándose de diferencias que surjan respecto al cumplimiento de fideicomisos, la Comisión Nacional sólo conocerá de las reclamaciones que presenten los fideicomitentes o fideicomisarios en contra de los fiduciarios.
Artículo 61. La Comisión Nacional no conocerá de las reclamaciones por variaciones de las tasas de interés pactadas entre el Usuario y la Institución Financiera, cuando tales variaciones sean consecuencia directa de condiciones generales observadas en los mercados.
Artículo 62. La Comisión Nacional podrá rechazar de oficio las reclamaciones que sean notoriamente improcedentes.
Artículo 63. La Comisión Nacional recibirá las reclamaciones de los Usuarios con base en las disposiciones de esta Ley. Dichas reclamaciones podrán presentarse ya sea por comparecencia del afectado, en forma escrita, o por cualquier otro medio idóneo, cumpliendo los siguientes requisitos:
I. Nombre y domicilio del reclamante;
II. Nombre y domicilio del representante o persona que promueve en su nombre, así como el documento en que conste dicha atribución;
III. Descripción del servicio que se reclama, y relación sucinta de los hechos que motivan la reclamación;
IV. Nombre de la Institución Financiera contra la que se formula la reclamación. La Comisión Nacional podrá solicitar a la Secretaría y a las Comisiones Nacionales los datos necesarios para proceder a la identificación de la Institución Financiera, cuando la información proporcionada por el Usuario sea insuficiente, y
V. Documentación que ampare la contratación del servicio que origina la reclamación.
La Comisión Nacional estará facultada para suplir la deficiencia de las reclamaciones en beneficio del Usuario
Las reclamaciones podrán ser presentadas de manera conjunta por los Usuarios que presenten problemas comunes con una o varias Instituciones Financieras, debiendo elegir al efecto uno o varios representantes formales comunes.
Artículo 64. Las autoridades a que se refiere la fracción IV del artículo anterior, deberán contestar la solicitud que les formule la Comisión Nacional en un plazo no mayor de diez días hábiles contados a partir de la fecha en que reciban la solicitud.
Artículo 65. Las reclamaciones deberán presentarse dentro del término de dos años contados a partir de que se presente el hecho que les dio origen, a partir de la negativa de la Institución Financiera a satisfacer las pretensiones del Usuario o, en caso de que se trate de reclamaciones por servicios no solicitados, a partir de que tuvo conocimiento del mismo.
La reclamación podrá presentarse por escrito o por cualquier otro medio, a elección del Usuario, en el domicilio de la Comisión Nacional o en cualquiera de las Delegaciones o en la Unidad Especializada a que se refiere el artículo 50 Bis de esta Ley, de la Institución Financiera que corresponda.
Artículo 66. La reclamación que reúna los requisitos señalados, por su sola presentación, interrumpirá la prescripción de las acciones legales correspondientes, hasta que concluya el procedimiento.
Artículo 67. La Comisión Nacional correrá traslado a la Institución Financiera acerca de la reclamación presentada en su contra, dentro de los ocho días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la misma, anexando todos los elementos que el Usuario hubiera aportado, y señalando en el mismo acto la fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, con apercibimiento de sanción pecuniaria en caso de no asistir.
La Comisión Nacional podrá en todo momento solicitar a la Institución Financiera información, documentación y todos los elementos de convicción que considere pertinentes, siempre y cuando estén directamente relacionados con la reclamación.
Tratándose de instituciones de fianzas, deberá citarse al fiado en el domicilio que la Institución tuviere de éste o de su representante legal.
Artículo 68. La Comisión Nacional, deberá agotar el procedimiento de conciliación, conforme a las siguientes reglas:
I. El procedimiento de conciliación sólo se llevará a cabo en reclamaciones por cuantías totales inferiores a tres millones de unidades de inversión, salvo tratándose de reclamaciones en contra de instituciones de seguros en cuyo caso la cuantía deberá de ser inferior a seis millones de unidades de inversión.
I. Bis. La Comisión Nacional citará a las partes a una audiencia de conciliación que se realizará dentro de los veinte días hábiles siguientes contados a partir de la fecha en que se reciba la reclamación.
La conciliación podrá celebrarse vía telefónica o por otro medio idóneo, en cuyo caso la Comisión Nacional o las partes podrán solicitar que se confirmen por escrito los compromisos adquiridos.
II. La Institución Financiera deberá, por conducto de un representante, rendir un informe por escrito que se presentará con anterioridad o hasta el momento de la celebración de la audiencia de conciliación a que se refiere la fracción anterior;
III. En el informe señalado en la fracción anterior, la Institución Financiera, deberá responder de manera razonada a todos y cada uno de los hechos a que se refiere la reclamación, en caso contrario, dicho informe se tendrá por no presentado para todos los efectos legales a que haya lugar;
La institución financiera deberá acompañar al informe, la documentación, información y todos los elementos que considere pertinentes para sustentarlo, no obstante, la Comisión Nacional podrá en todo momento, requerir a la institución financiera la entrega de cualquier información, documentación o medios electromagnéticos que requiera con motivo de la reclamación y del informe;
IV. La Comisión Nacional podrá suspender justificadamente y por una sola ocasión, la audiencia de conciliación. En este caso, la Comisión Nacional señalará día y hora para su reanudación, la cual deberá llevarse a cabo dentro de los diez días hábiles siguientes.
La falta de presentación del informe no podrá ser causa para suspender la audiencia referida.
V. La falta de presentación del informe dará lugar a que la Comisión Nacional valore la procedencia de las pretensiones del Usuario con base en los elementos con que cuente o se allegue conforme a la fracción VI, y para los efectos de la emisión del dictamen, en su caso, a que se refiere el artículo 68 Bis.
VI. La Comisión Nacional cuando así lo considere o a petición del Usuario, en la audiencia de conciliación correspondiente o dentro de los diez días hábiles anteriores a la celebración de la misma, podrá requerir información adicional a la Institución Financiera, y en su caso, diferirá la audiencia requiriendo a la Institución Financiera para que en la nueva fecha presente el informe adicional;
Asimismo, podrá acordar la práctica de diligencias que permitan acreditar los hechos constitutivos de la reclamación.
VII. En la audiencia respectiva se exhortará a las partes a conciliar sus intereses, para tal efecto, el conciliador deberá formular propuestas de solución y procurar que la audiencia se desarrolle en forma ordenada y congruente. Si las partes no llegan a un arreglo, el conciliador deberá consultar el Registro de Ofertas Públicas del Sistema Arbitral en Materia Financiera, previsto en esta misma Ley, a efecto de informar a las mismas que la controversia se podrá resolver mediante el arbitraje de esa Comisión Nacional, para lo cual las invitará a que, de común acuerdo y voluntariamente, designen como árbitro para resolver sus intereses a la propia Comisión Nacional, quedando a elección de las mismas, que sea en amigable composición o de es
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33006-b007f391/prescripcion-de-la-accion-ordinaria-derivada-de-un · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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