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Modo: Corpus Pro

VÍA MERCANTIL. PROCEDE CUANDO SE EJERCE LA ACCIÓN DIRECTA CONTRA LA ASEGURADORA PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 147 DE LA LEY SOBRE EL CONTRATO DE SEGURO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 1203/2025. · Registro digital (IUS): 34335
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-10-23
Promovente: —
Localización: Duodécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Octubre de 2026.

AMPARO DIRECTO 1203/2025. 2 DE JULIO DE 2026. UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS GERARDO DOMÍNGUEZ, ISMAEL MORALES CASTRO Y DOMINGO ROMERO MORALES. PONENTE: GERARDO DOMÍNGUEZ. SECRETARIO: MAX ADRIÁN GUTIÉRREZ LEYVA.

Hermosillo, Sonora. Acuerdo del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, correspondiente a la sesión ordinaria virtual de dos de julio de dos mil veintiséis, en el cual emite la siguiente:

S E N T E N C I A

Mediante la que resuelve el juicio de amparo directo 1203/2025, promovido por *******************************, por su propio derecho y en representación de la menor *********, (parte actora en lo sucesivo “quejosa” o “promovente”), contra la resolución que puso fin al juicio de diez de septiembre de dos mil veinticinco, dictada por el Juzgado Primero Oral de lo Mercantil “B” del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, en el expediente *****.

I. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ANTE ESTE TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO

1. Demanda de amparo. Inconforme con la referida resolución, el seis de octubre de dos mil veinticinco, la quejosa presentó demanda de amparo directo de la que correspondió conocer a este Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, en el cual mediante acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil veinticinco, se admitió y registró con el expediente 1203/2025.

2. Emplazamiento a la parte tercera interesada. No existe.

3. Alegatos. No se formularon.

4. Turno. En auto de treinta de enero de dos mil veintiséis, se turnó el expediente al magistrado Gerardo Domínguez, para la elaboración del proyecto de sentencia correspondiente.

II. COMPETENCIA

5. Este tribunal colegiado es competente para conocer del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracciones V, inciso c) y VI, de la Constitución General de la República; 33, fracción II, 34, 170, fracción I, de la Ley de Amparo; y 35, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013,(1) en relación con el diverso 21/2015, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ahora Órgano de Administración Judicial, publicados en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece y el ocho de junio de dos mil quince, relativos —entre otros aspectos— a la jurisdicción territorial de los tribunales colegiados de circuito y de los juzgados de distrito, y la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funcionamiento de este órgano colegiado; lo anterior, toda vez que se trata de un juicio de amparo directo promovido contra una resolución que puso fin al juicio en materia civil, dictada por el Juzgado Primero Oral de lo Mercantil “B” del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, autoridad que se ubica dentro del circuito en el que este tribunal ejerce jurisdicción.

III. OPORTUNIDAD

6. Oportunidad en el amparo. El presente juicio de amparo fue promovido en tiempo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, tal como se advierte de la tabla siguiente:

Ver tabla

IV. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO

7. La existencia del acto reclamado quedó acreditada con las actuaciones originales del expediente ********, los cuales adjuntó la autoridad responsable al rendir su informe justificado, en términos del artículo 178, fracción III, de la Ley de Amparo.

V. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL ACTO RECLAMADO

8. Las consideraciones que sustentan la resolución reclamada obran de las fojas 34 a 40 del expediente ********, de ahí que resulte innecesaria su transcripción; máxime que no existe precepto legal alguno en la Ley de Amparo que establezca tal obligación; además, esa omisión no deja en estado de indefensión a la peticionaria de derechos fundamentales. No obstante, se ordena agregar al expediente electrónico de este juicio copia certificada digital de la resolución impugnada para los efectos conducentes.

9. En apoyo a lo anterior, se cita por identidad de razones, la tesis aislada(2) de rubro y texto siguientes:

“ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, sólo se infiere la exigencia relativa a que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan la fijación clara y precisa de los actos reclamados, y la apreciación de las pruebas conducentes para tener o no por demostrada su existencia legal, pero no la tocante a transcribir su contenido traducido en los fundamentos y motivos que los sustentan, sin que exista precepto alguno en la legislación invocada, que obligue al juzgador federal a llevar a cabo tal transcripción, y además, tal omisión en nada agravia al quejoso, si en la sentencia se realizó un examen de los fundamentos y motivos que sustentan los actos reclamados a la luz de los preceptos legales y constitucionales aplicables, y a la de los conceptos de violación esgrimidos por el peticionario de garantías.”.

VI. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN

10. La parte quejosa planteó como conceptos de violación, los que figuran en su libelo constitucional, visibles de las fojas 02 a 33 del expediente en que se actúa, respecto de los cuales tampoco existe obligación legal de transcribirlos, en la medida en que obran en el presente juicio de amparo.

11. Surge en apoyo de lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010(3) que dice lo siguiente:

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.”.

VII. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO

12. Mediante escrito presentado el tres de septiembre de dos mil veinticinco, ante el Juzgado Primero Oral de lo Mercantil “B” del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, ************************, por propio derecho y en representación de la menor ******., por conducto de su apoderado legal ****************************, ********promovió juicio oral mercantil en ejercicio de la acción de cumplimiento forzoso de contrato de seguro contra *************************************************, ************** reclamando las prestaciones que se mencionan en el escrito inicial de demanda (fojas 1 a 33 del expediente ********).

13. Por acuerdo de diez de septiembre de dos mil veinticinco, dicho juzgado tuvo por presentado al citado profesionista como apoderado legal de la promovente; sin embargo, determinó no reconocerle personalidad para comparecer en representación de la menor *****., al considerar que la representación derivada de la patria potestad constituye un derecho-deber personalísimo e indelegable. Asimismo, estimó improcedente la vía oral mercantil intentada y, en consecuencia, desechó la demanda promovida, ordenando la devolución de los documentos exhibidos, con excepción de la demanda inicial (fojas 34 a 40 ibídem).

14. Dicha resolución constituye el acto reclamado en el presente juicio, lo que se precisa en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo.

VIII. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE ESTA SENTENCIA

15. Estudio. Los conceptos de violación son fundados, aunque para ello sea necesario suplir la queja deficiente, en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo (menor de edad).(4)

16. Resulta ilustrativa, la jurisprudencia(5) que dice lo siguiente:

“MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz.”.

17. Previo al estudio de los motivos de inconformidad expresados por la parte quejosa, se destaca que estos se analizarán atendiendo a los hechos y los puntos debatidos, extrayendo de ellos sus planteamientos torales, sin necesidad de atenderlos renglón por renglón, ni en el orden en que se expusieron; lo que no implica soslayar su derecho de defensa y los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos consagrados en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que estos se cumplen al estudiarse en su integridad el problema, materia de la litis constitucional.

18. Lo anterior, se apoya en la tesis(6) de rubro: “GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.”.

19. En el primer concepto de violación, la quejosa alega, en esencia, que la resolución reclamada vulnera los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, así como los principios de legalidad, fundamentación y motivación, al determinar incorrectamente que su apoderado carecía de personalidad para promover la demanda, pues la responsable confundió la representación procesal derivada de un mandato para pleitos y cobranzas con el ejercicio de la patria potestad sobre su menor hija. Para sustentar lo anterior, expresa que:

• La responsable realizó una interpretación aislada de las disposiciones del Código de Familia para el Estado de Sonora, sin relacionarlas con las normas del Código Civil que regulan el mandato, pese a que su apoderado compareció con un poder para pleitos y cobranzas otorgado en escritura pública (en términos de los numerales 2831 y 2868 del Código Civil para el Estado de Sonora).

• El ejercicio de la patria potestad no impide conferir mandato a un tercero para actuar judicialmente en representación de quien la ejerce.

• El mandato otorgado no implicó delegar la patria potestad sobre la menor, sino únicamente encomendar la defensa judicial de los derechos de la promovente y de su hija.

• La autoridad confundió la patria potestad, como derecho-deber personalísimo e indelegable, con la representación procesal derivada del mandato, figuras jurídicas distintas.

20. Invoca en apoyo a sus argumentos, las tesis de rubros: “APODERADO JUDICIAL” y “PARTES DEBEN ASISTIR PERSONALMENTE, O MEDIANTE APODERADO, A LA AUDIENCIA DE LEY CONVOCADA POR UN JUEZ DE PAZ, Y NO LIMITARSE A COMPARECER POR ESCRITO.”

21. Los referidos argumentos son fundados –suplidos en su deficiencia– en cuanto sostienen que la autoridad responsable confundió la representación derivada de la patria potestad con la representación procesal conferida mediante mandato para pleitos y cobranzas, lo que la llevó a desconocer indebidamente la personalidad del apoderado de la promovente. Se explica.

I. Marco normativo.

22. Los artículos 308, 309, 321 y 322 del Código de Familia para el Estado, establecen lo siguiente:

“Artículo 308. La patria potestad es un conjunto de derechos y obligaciones que se otorgan e imponen legalmente a los padres o a los abuelos, en su caso, para cumplir las funciones nutricias, protectoras y normativas en favor de sus descendientes, así como para la correcta administración de sus bienes”.

“Artículo 309. Los menores de edad no emancipados y las personas con incapacidad mental manifiesta o declarados judicialmente, cualquiera que sea su edad, estarán bajo la patria potestad de sus padres o de sus abuelos, en los casos y condiciones que señala este Código. [...]”.

“Artículo 321. Los que ejercen la patria potestad son legítimos representantes de los menores e incapaces sometidos a ella, así como administradores legales de sus bienes, conforme a las prescripciones de este Código. [...]”.

“Artículo 322. Las personas que ejerzan la patria potestad representarán también a los menores en juicio; si dentro del juicio se nombrare representante común a alguna de ellas, no podrá ésta celebrar ningún arreglo para terminarlo sin el consentimiento expreso de su consorte y con la autorización judicial cuando la ley lo requiera expresamente”.

23. Por su parte, el artículo 1 del Código Federal de Procedimientos Civiles -de aplicación supletoria al Código de Comercio-, dispone lo siguiente:

“Artículo 1. Sólo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él, quien tenga interés en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena, y quien tenga el interés contrario.

Actuarán, en el juicio, los mismos interesados o sus representantes o apoderados, en los términos de la ley. En cualquier caso, los efectos procesales serán los mismos, salvo prevención en contrario.

(...)”.

24. Luego, los diversos 56 y 57 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora -de aplicación supletoria al Código de Comercio-, dicen lo siguiente:

“Artículo 56. Por los que no tengan capacidad procesal, comparecerán sus representantes legítimos, o los que deban suplir su incapacidad conforme a derecho. Los ausentes e ignorados serán representados como se previene en el Título Undécimo, Libro Segundo del Código Civil. En los casos en que la ley lo determine, el Juez de oficio o a petición de la parte legítima o del Ministerio Público, proveerá para los menores e incapacitados, el nombramiento de tutor especial para un juicio determinado”.

“Artículo 57. Los interesados y sus representantes legítimos podrán comparecer en juicio por sí o por medio de mandatario con poder bastante, excepto en los casos en que conforme a la ley se exija la comparecencia personal”.

25. De lo anterior se advierte que los niños, niñas y adolescentes están bajo la patria potestad de sus padres o, en su caso, de sus abuelos, quienes son sus legítimos representantes; y que la patria potestad es un conjunto de derechos y obligaciones que se otorgan e imponen legalmente para cumplir las funciones nutricias, protectoras y normativas en favor de los descendientes, así como para la correcta administración de sus bienes.

26. Además, quienes carecen de capacidad procesal deben comparecer a juicio por conducto de sus representantes legítimos; por tanto, los niños, niñas y adolescentes sujetos a patria potestad deben hacerlo a través de quienes la ejercen.

27. De igual forma, el artículo 57 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, prevé que los representantes legítimos pueden comparecer a juicio por sí mismos o por conducto de mandatario con poder suficiente, salvo en aquellos casos en que la ley exija expresamente su comparecencia personal.

28. Sobre esta temática, la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 5833/2019, sostuvo lo siguiente:

“...un aspecto relevante de los deberes de los progenitores, padres adoptivos y tutores, para el cumplimiento de los derechos subjetivos y fundamentales de los menores de edad, está dado mediante el ejercicio de la patria potestad y de la tutela en defecto de ésta, que como es sabido, son instituciones jurídicas dispuestas por el derecho interno para regular ese ejercicio de deberes parentales o de tutela, como funciones en beneficio de los menores de edad, las cuales, entre otros elementos, comprenden la representación jurídica de los menores ante la ley para el ejercicio de sus derechos sustanciales, que a su vez, necesariamente conllevan facultades específicas para su representación procesal en los procedimientos jurisdiccionales en que se diluciden esos derechos.

39. Sin embargo, en el ejercicio de la representación jurídica de los menores de edad, que originalmente asiste a los progenitores o padres adoptivos con motivo de la función de la patria potestad, o a los tutores legales que tienen discernida la función de la tutela en defecto de la patria potestad, prevalecen los deberes del Estado en la protección y asistencia para el eficaz y pleno cumplimiento de los derechos de los menores. (...)

42. En esa línea, debe destacarse que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cuya finalidad es desarrollar en el ámbito interno del país los derechos humanos de los menores de edad de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en la materia, en sus artículos 82 y 83, reconoce expresamente el derecho de niñas, niños y adolescentes, a la seguridad jurídica y al debido proceso, y en éste, el derecho a ser representados en los términos de esa misma ley,(7) la cual, en sus artículos 4, fracciones XXI, XXII y XXIII, y 106, establece las diversas clases de representación procesal que podrán tener los menores de edad en los procedimientos jurisdiccionales o administrativos en que se dilucide sobre sus derechos, a saber:

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

XXI. Representación Coadyuvante: El acompañamiento de niñas, niños y adolescentes en los procedimientos jurisdiccionales y administrativos, que de manera oficiosa, quedará a cargo de las Procuradurías de Protección, conforme a sus respectivos ámbitos de competencia, sin perjuicio de la intervención que corresponda al Ministerio Público;

XXII. Representación Originaria: La representación de niñas, niños y adolescentes a cargo de quienes ejerzan la patria potestad o tutela, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones aplicables;

XXIII. Representación en Suplencia: La representación de niñas, niños y adolescentes a cargo de las Procuradurías de Protección, conforme a sus respectivos ámbitos de competencia, sin perjuicio de la intervención que corresponda al Ministerio Público; (...)”.

“Artículo 106. A falta de quienes ejerzan la representación originaria de niñas, niños y adolescentes, o cuando por otra causa así lo determine el órgano jurisdiccional o autoridad administrativa competente, con base en el interés superior de la niñez, la representación en suplencia corresponderá a la Procuraduría de Protección competente. (REFORMADO, D.O.F. 23 DE JUNIO DE 2017)

Las autoridades federales, de las entidades federativas, las municipales y de las demarcaciones de la Ciudad de México, garantizarán que en cualquier procedimiento jurisdiccional o administrativo se dé intervención a la Procuraduría de Protección competente para que ejerza la representación coadyuvante, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y en las demás disposiciones aplicables.

Asimismo, dispondrán que cuando existan indicios de conflicto de intereses entre quienes ejerzan la representación originaria o de éstos con niñas, niños y adolescentes o por una representación deficiente o dolosa, a petición del Ministerio Público, de la Procuraduría de Protección competente o de oficio, el órgano jurisdiccional o administrativo que conozca del asunto, deberá sustanciar por vía incidental, un procedimiento sumario de restricción, suspensión o revocación de la representación originaria, según sea el caso, para efectos de que la Procuraduría de Protección competente ejerza la representación en suplencia.

El Ministerio Público tendrá la intervención que las leyes dispongan en los procedimientos jurisdiccionales o administrativos en que niñas, niños o adolescentes estén relacionados. En materia de justicia penal, se estará a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Ley y demás disposiciones aplicables.

No podrá declararse la caducidad ni la prescripción en perjuicio de niñas, niños y adolescentes.

43. Como se observa de los preceptos anteriores, la ley general en comento reconoce como representación originaria, la que ejercen quienes tienen a su cargo la patria potestad o la tutela de los menores de edad conforme a la ley, y este tipo de representación comprende la representación procesal de los menores dentro de un procedimiento (jurisdiccional o administrativo) en que se diriman sus derechos, la cual, tendrá lugar como regla general en todo proceso, por ser parte de las funciones inherentes a esas instituciones jurídicas –patria potestad o tutela en defecto de ésta-.”

29. Estas consideraciones jurídicas dieron origen a la tesis de rubro y texto siguientes:

“REPRESENTACIÓN JURÍDICA. ALCANCES DE ESTE DERECHO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN UN PROCESO JURISDICCIONAL.

Hechos: Una persona menor de edad promovió demanda de amparo directo por propio derecho, para impugnar la sentencia de apelación derivada de un juicio del orden familiar, en la que se determinó absolver a su progenitor de la pérdida de la patria potestad y se estableció un régimen de convivencia entre ellos. El Tribunal Colegiado de Circuito que recibió la solicitud de amparo advirtió que la infante tenía designada una tutriz dativa especial en el juicio de origen, que ejercía su representación procesal, por lo que requirió a ésta para que interviniera con ese carácter en el juicio constitucional; la tutriz desahogó el requerimiento e hizo suya la demanda, y el órgano colegiado la admitió a trámite teniéndola como promovida por la representante. En la sentencia del juicio de amparo se decretó el sobreseimiento por estimar extemporánea la demanda. En contra de esta determinación la persona menor de edad interpuso amparo directo en revisión también por propio derecho (suscribió directamente el escrito respectivo y plasmó huellas digitales), en el que cuestionó el hecho de que su demanda se considerara promovida por su tutriz dativa especial y que el plazo para instarla se haya contabilizado a partir de que el acto reclamado fue notificado a ésta en el recurso de apelación.

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que las personas menores de edad cuyos derechos se dirimen en un proceso jurisdiccional deben contar con la participación de sus representantes originarios y, en todos los casos, con una representación coadyuvante; asimismo, excepcionalmente, debe operar una representación en suplencia de la originaria, cuando se presenten situaciones extraordinarias que la justifiquen.

Justificación: La representación jurídica de niñas, niños y adolescentes en un proceso que versa sobre sus derechos, es una institución fundamental para su adecuada defensa conforme a los derechos de tutela judicial efectiva y de acceso a la justicia, ya que aquéllos, por su especial condición de sujetos de derechos en desarrollo de su madurez física y mental, no tienen reconocida capacidad jurídica plena y requieren el auxilio de personas mayores de edad. En consonancia con los deberes parentales y estatales que establecen los artículos 3 y 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 4o. de la Constitución Política del país y 4 y 106 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se reconocen tres tipos de representación procesal a las personas menores de edad: a) La originaria que asiste a quienes ejercen la patria potestad o la tutela sustitutiva de ésta, y que tiene lugar como regla general en todo proceso; b) La coadyuvante que asume el Estado y que opera en cualquier procedimiento como acompañamiento a la originaria, sin sustituirla o desplazarla, a la que atañe un deber general subyacente de vigilar que no prevalezcan conflictos de interés entre los representantes originarios y las personas menores de edad, la cual está a cargo de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a nivel federal y local; y c) La que se establece en suplencia ante situaciones excepcionales, a fin de sustituir o desplazar la originaria para los efectos del proceso, mediante su restricción, suspensión o revocación, en los casos siguientes: (i) a falta de la representación originaria, es decir, cuando no exista o no se conozca persona o institución que esté ejerciendo la patria potestad o una tutela en defecto de ésta; (ii) cuando exista conflicto de intereses entre quienes ejercen la patria potestad o la tutela y las personas menores de edad; (iii) cuando la persona juzgadora advierta que quienes ejercen la originaria están realizando una representación deficiente o dolosa en perjuicio de los intereses del representado; y, (iv) cuando por alguna otra causa, la autoridad determine la designación de este tipo de representación en suplencia, en el interés superior del infante involucrado; este tipo de representación deberá discernirse en vía incidental. Las representaciones oficiales coadyuvante y en suplencia, para ser eficaces y adecuadas, deben ser ejercidas con perspectiva de infancia bajo los principios básicos de especialización, independencia y proporcionalidad. Así, las autoridades judiciales deben ser cuidadosas en el momento de discernir el tipo de representación jurídica oficial que corresponde proveer a los menores de edad en los procesos, sin sustituir la originaria injustificadamente, y asegurando la coadyuvante en todos los casos.”(8)

30. De lo anteriormente relatado se advierte que la representación originaria derivada de la patria potestad comprende la representación jurídica y procesal de las personas menores de edad en los procedimientos jurisdiccionales o administrativos en los que se diriman sus derechos, constituyendo la regla general para su adecuada defensa y acceso efectivo a la justicia.

31. Así, quienes ejercen la patria potestad se encuentran facultados para comparecer en representación de los menores sujetos a ella y realizar los actos necesarios para la tutela de sus derechos e intereses ante los órganos jurisdiccionales.

32. En concordancia con lo anterior, el artículo 56 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria al Código de Comercio en términos de su numeral 1054, dispone que las personas que carecen de capacidad procesal deben comparecer a juicio por conducto de sus representantes legítimos.

33. Mientras que, el diverso artículo 57 del citado ordenamiento establece que tanto los interesados como sus representantes legítimos podrán comparecer a juicio por sí mismos o por conducto de mandatario con poder suficiente, salvo en aquellos casos en que la ley exija expresamente su comparecencia personal.

II. Caso concreto.

34. En el caso, ************************* promovió juicio oral mercantil por propio derecho y en representación de la menor ******* respecto de quien ejerce la patria potestad, ejercitando la acción de cumplimiento forzoso de un contrato de seguro; sin embargo, la demanda fue presentada y suscrita por el licenciado *********************************, quien compareció como su apoderado general para pleitos y cobranzas.

35. Para acreditar la personalidad con la que compareció dicho profesionista, se exhibió la escritura pública número *****, volumen ****, de treinta y uno de julio de dos mil veinticinco, de la que se advierte que ************************** le otorgó poder general para pleitos y cobranzas, con las facultades que en ella se consignan.

36. Asimismo, para acreditar su carácter de representante legal de la menor, la accionante acompañó copia certificada del acta de nacimiento de ******, documental de la que se desprende el vínculo filial que las une y, por ende, el ejercicio de la patria potestad que aquélla ostenta.

37. No obstante, la autoridad responsable desconoció la personalidad del licenciado *************** ********************para promover la demanda, al estimar que la actora pretendía delegar median

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34335-40ecc48d/via-mercantil-procede-cuando-se-ejerce-la-accion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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