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Modo: Corpus Pro

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. PROCEDE CUANDO SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE ORIGEN INOBSERVANDO EL MARCO JURÍDICO APLICABLE.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 138/2024. · Registro digital (IUS): 34320
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-10-16
Promovente: —
Localización: Duodécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Octubre de 2026.

AMPARO DIRECTO 138/2024. 26 DE FEBRERO DE 2026. UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS MAGISTRADAS SANDRA CAROLINA ARELLANO GONZÁLEZ Y PAOLA ETIANNE ABRAHAM SOLDEVILA, Y DE ANA LAURA COUTIÑO MENDOZA, SECRETARIA EN FUNCIONES DE MAGISTRADA. PONENTE: PAOLA ETIANNE ABRAHAM SOLDEVILA. SECRETARIO: ÁLVARO LARA JUÁREZ.

San Andrés Cholula, Puebla. Acuerdo del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito de veintiséis de febrero de dos mil veintiséis.

V I S T O S; y,

R E S U L T A N D O:

1. PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el veintidós de abril de dos mil veinticuatro en la Oficialía de Partes Común de las Salas Regionales de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa,(1) ************* *********** ************ *********** ****************, por conducto de su representante legal,(2) demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra del acto reclamado a la autoridad responsable que a continuación se indican, al estimar violados en su perjuicio los artículos 1.o, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

“... AUTORIDAD RESPONSABLE. Tiene tal carácter la H. Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa,(3) autoridad emisora de la sentencia definitiva que constituye el acto reclamado.--- SENTENCIA DEFINITIVA IMPUGNADA. Tiene tal carácter la sentencia definitiva en fecha 04 de marzo de 2023 (sic), por la H. Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa...”. (4)

2. La sentencia reclamada fue dictada el cuatro de marzo de dos mil veinticuatro en el juicio contencioso administrativo 2789/22-12-01-1-OT.

3. SEGUNDO. Reserva y admisión. Por acuerdo de dos de mayo de dos mil veinticuatro, la entonces magistrada presidenta de este tribunal colegiado, al que por turno correspondió conocer de la demanda de amparo, reservó su curso hasta en tanto la autoridad responsable remitiera la notificación realizada a la tercera interesada, en relación con su presentación. El juicio se registró con el número D.F.-138/2024.

4. Una vez recibida esa constancia, por proveído de veinte de mayo siguiente se admitió a trámite la demanda.

5. TERCERO. Turno. En acuerdo de veintisiete de junio de dos mil veinticuatro se turnaron los autos al magistrado Diógenes Cruz Figueroa para la formulación del proyecto de sentencia en términos del artículo 183 de la Ley de Amparo.

6. CUARTO. Alegatos. Las terceras interesadas, por conducto de la Administración Desconcentrada Jurídica de Tlaxcala “1” del Servicio de Administración Tributaria, formularon alegatos mediante oficio depositado en el Servicio Postal Mexicano el veinticinco de junio de dos mil veinticuatro,(5) los cuales se tuvieron por presentados en auto de cinco de julio de dos mil veinticuatro.

7. QUINTO. Returno. Por acuerdo general AG-POAJ-008/2025, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de septiembre de dos mil veinticinco, el pleno del Órgano de Administración Judicial, entre otras cuestiones, adscribió a las personas electas en el proceso electoral extraordinario a diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 y prorrogó a los secretarios en funciones de jueces y magistrados. La magistrada Paola Etianne Abraham Soldevila fue adscrita a la ponencia uno de este órgano jurisdiccional, en sustitución del magistrado Diógenes Cruz Figueroa. En razón de lo anterior, en proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veinticinco se returnaron los autos a la magistrada indicada.

8. SEXTO. Lista. El presente asunto se incluyó en la lista publicada el diecinueve de febrero de dos mil veintiséis en el Portal del Órgano de Administración Judicial, para verse en la sesión del veinticinco y siguientes.

C O N S I D E R A N D O:

9. PRIMERO. Competencia. De conformidad con los artículos 107, fracciones V, inciso b), y VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, 35, fracción I, inciso b), 36 y 210 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, en vigor al día siguiente en términos de su artículo primero transitorio, puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 8/1999, segundo y tercero del Acuerdo General 47/2000 y primero, fracción VI, segundo, fracción VI, apartado 1, y tercero, fracción VI, del Acuerdo General 3/2013, todos del pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el citado órgano oficial de difusión, respectivamente, el veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y nueve, el veinticinco de agosto de dos mil y el quince de febrero de dos mil trece, este Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito es competente para conocer y resolver el presente asunto, toda vez que se reclama una resolución que puso fin al juicio dictada por una sala regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con residencia en este circuito.(6)

10. SEGUNDO. Existencia del acto reclamado. Quedó acreditada con el informe justificado y con el juicio contencioso administrativo 2789/22-12-01-1-OT, que se acompañó a aquél.

11. TERCERO. Legitimación. La demanda de amparo directo fue promovida por parte legítima, al tratarse de la persona moral actora en el juicio contencioso administrativo,(7) y la personalidad de quien la firma como su representante legal(8) fue reconocida(9) por la autoridad responsable(10)

12. CUARTO. Oportunidad de la demanda. La resolución reclamada se notificó a la hoy quejosa, por boletín jurisdiccional, el veintidós de marzo de dos mil veinticuatro.(11) Esta notificación surtió efectos al tercer día hábil siguiente,(12) es decir, el primero de abril.

13. El plazo de quince días hábiles(13) para la promoción del juicio de amparo directo inició al día hábil siguiente,(14) dos de abril y finalizó el veintidós siguiente, mientras que la demanda de amparo directo se presentó ante la autoridad responsable en esta última fecha.(15)

14. No se incluyen en el cómputo, por inhábiles, los días veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de marzo, seis, siete, trece, catorce, veinte y veintiuno de abril, por haber sido sábados y domingos, ni los días miércoles veintisiete, jueves veintiocho y viernes veintinueve de marzo.(16)

15. QUINTO. Precisión en cuanto a transcripciones innecesarias. No se transcriben la resolución impugnada y los argumentos formulados respecto de la misma por no ser necesario para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad.(17)

16. SEXTO. Estudio. Los conceptos de violación son fundados suplidos en su deficiencia con fundamento en el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo.(18)

17. Este numeral establece la suplencia de la queja, en otras materias, entre las que se encuentra la administrativa, cuando se advierte que se ha cometido en contra de la parte quejosa una violación evidente de la ley.

18. Ésta es la que se observa en forma clara y patente, que resulta obvia, que es innegable e indiscutible y que, por ello, para constatar su existencia no es necesario verter razonamientos y planteamientos cuestionables, y que la haya dejado sin defensa, aun ante la ausencia de concepto de violación o agravio específico.(19)

19. En el supuesto de que un sobreseimiento en el juicio no se apegue al marco jurídico aplicable y, en consecuencia, indebidamente se niegue el acceso a la jurisdicción tendente a dilucidar la constitucionalidad o legalidad de un acto administrativo o de autoridad, como aconteció en el caso; entonces se actualiza una violación evidente de la ley que conduce a suplir la deficiencia de la queja.(20)

20. Además, se actualizan motivos para suplir la deficiencia de la queja en atención a que la resolución que puso fin al juicio reclamada se emitió en contravención a jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como se verá más adelante.(21)

21. Ahora bien, del juicio contencioso administrativo de origen se desprenden los siguientes datos:

a. En la demanda, presentada el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, la entonces parte actora demandó la nulidad de la resolución administrativa contenida en el oficio 500-63-00-05-01-2020-1711, de treinta y uno de marzo de dos mil veinte, la cual manifestó desconocer pero atribuyó a la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala “1” del Servicio de Administración Tributaria.(22)

b. El tres de octubre de dos mil veintidós, la magistrada instructora adscrita a la entonces Primera Sala Regional de Oriente, actual Sala Regional en Puebla, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, admitió a trámite la demanda.(23)

c. Al contestar el escrito inicial, la autoridad demandada solicitó que se emplazara al representante de los trabajadores, en su carácter de tercero interesado, al haberse determinado reparto de utilidades.(24)

d. El doce de diciembre de dos mil veintidós, la magistrada instructora tuvo por contestada la demanda y requirió a la entonces parte actora que en el plazo de cinco días hábiles señalara el nombre y domicilio del representante actual de la mayoría de los trabajadores, en su carácter de tercero interesado, bajo el apercibimiento que, en caso de incumplimiento, se sobreseería en el juicio.(25) La demandante quedó notificada, por boletín jurisdiccional, el seis de enero de dos mil veintitrés.(26)

e. Mediante escrito presentado el dieciocho de enero de dos mil veintitrés, la entonces parte actora manifestó, bajo protesta de decir verdad, que la persona moral dejó de realizar operaciones desde dos mil quince, por lo que en el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, por el cual se determinó el crédito fiscal en la resolución administrativa impugnada, no contaba con algún trabajador, en el entendido que no existe alguien que pueda fungir como tercero interesado.(27)

f. El veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, la magistrada instructora indicó que la manifestación anterior se tomaría en cuenta con la reserva y apercibimiento que, si durante la sustanciación del juicio es desvirtuada, se sobreseería en él.(28)

g. Previas ampliaciones de demanda(29) y sus contestaciones,(30) el primero de marzo de dos mil veinticuatro se declaró cerrada la instrucción.(31)

h. El cuatro de marzo de dos mil veinticuatro, la sala regional dictó resolución en la cual sobreseyó en el juicio al tener por actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 8.o, fracción XVII, en relación con el diverso 9.o, fracción VI, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo porque, a su consideración, la autoridad demandada acreditó que en el ejercicio fiscal dos mil dieciséis la contribuyente sí tuvo trabajadores, por lo que estimó procedente hacer efectivo el apercibimiento decretado en auto de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, al haber incumplido lo previsto en el numeral 14, fracción VII, de dicho ordenamiento legal.

22. Este último y el antepenúltimo párrafo del artículo en cuestión establecen:

“Artículo 14.- La demanda deberá indicar:... VII. El nombre y domicilio del tercero interesado, cuando lo haya... Cuando se omita el nombre del demandante o los datos precisados en las fracciones II y VI, el magistrado instructor desechará por improcedente la demanda interpuesta. Si se omiten los datos previstos en las fracciones III, IV, V, VII y VIII, el magistrado instructor requerirá al promovente para que los señale dentro del término de cinco días, apercibiéndolo que de no hacerlo en tiempo se tendrá por no presentada la demanda o por no ofrecidas las pruebas, según corresponda...”.

23. Las porciones normativas transcritas disponen que en la demanda se debe indicar el nombre y domicilio del tercero interesado, cuando lo haya, y que, si esos datos se omiten, la persona magistrada instructora requerirá al promovente para que los señale dentro del plazo de cinco días, apercibiéndolo que, de no hacerlo en tiempo, se tendrá por no presentada la demanda.

24. En la jurisprudencia 2a./J. 146/2011,(32) la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que a quien debe emplazarse al juicio contencioso administrativo como tercero interesado, tratándose de la impugnación de una resolución que ordena un reparto adicional de utilidades, es al representante del sindicato o de la mayoría de los trabajadores (en caso de no existir aquél) actual,(33) es decir, a quien en ese momento represente los intereses de los trabajadores, en los términos siguientes:

“REPARTO ADICIONAL DE UTILIDADES. LOS TRABAJADORES, COMO TERCEROS, DEBEN SER LLAMADOS A JUICIO POR CONDUCTO DE QUIEN LOS REPRESENTE, CUANDO SE DEMANDA LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN QUE LO ORDENA. De los artículos 121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo, 10, 86, 130 y 133 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y 7o. y 8o. del Reglamento de los Artículos 121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo, se advierte una obligación anual de los contribuyentes en la que, concomitante con la de presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta en la que se determina el ingreso gravable, debe fijarse, por el propio contribuyente, el monto que corresponda a la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, lo cual significa que también se trata de una obligación anual que considera para su cumplimiento un específico ejercicio fiscal. Igualmente, deriva que dicho reparto debe efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual y, en caso de que deba aumentarse el ingreso gravable declarado inicialmente para efectos fiscales, procede hacer un reparto adicional dentro de un plazo igual o dentro de los 30 días siguientes a la resolución dictada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando haya mediado impugnación de los trabajadores. Por tanto, las resoluciones que ordenan el reparto adicional de utilidades como resultado de la modificación del ingreso global gravable, tienen una relación de carácter complementario con la declaración original, pues forman parte del resultado del ejercicio fiscal de que se trate y pueden repercutir en los derechos de los trabajadores, por lo que debe citarse a juicio como tercero interesado al sindicato o al representante de los trabajadores de la empresa que demandó la nulidad de una resolución que ordena un reparto adicional de utilidades, pues de resolverse en favor del actor podría privarse a aquellos trabajadores de la participación activa en las utilidades que legalmente pudiera corresponderles; emplazamiento que se hará a través del representante del sindicato o de la mayoría de los trabajadores en caso de no existir aquél, es decir, de quien represente los intereses de los trabajadores en el momento de requerir al actor; lo que no significa que una vez establecida legalmente la obligación de realizar el reparto adicional de utilidades, deba considerarse para esos efectos a los trabajadores que prestan sus servicios al actualizarse el mencionado requerimiento, sino a los que laboraron durante el ejercicio fiscal que se corrige”.

25. De tal forma, para efectos de la procedencia del juicio contencioso administrativo, en relación con el emplazamiento al tercero interesado, lo relevante es si existe o no un representante de los intereses de los trabajadores en el momento de requerir al actor.

26. Además, en la diversa 2a./J. 170/2019 (10a.),(34) estableció que existen supuestos excepcionales en que el órgano jurisdiccional debe investigar el nombre y domicilio del representante de los trabajadores:

“REPARTO ADICIONAL DE UTILIDADES. FORMA DE EMPLAZAMIENTO AL REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES TERCEROS INTERESADOS EN LOS JUICIOS DE NULIDAD EN LOS QUE SE IMPUGNA LA VALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN QUE LO ORDENA. En los juicios de nulidad en los que se analiza la validez de la resolución de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que ordena un reparto adicional de utilidades, los trabajadores terceros interesados deben ser emplazados a través de su representante. Así, para que la Sala Administrativa pueda ordenar este emplazamiento, el artículo 14, fracción VII, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo le impone al actor la carga procesal de señalar en su demanda el nombre y domicilio del representante de los trabajadores; cuando no lo haga, o cuando al realizar el emplazamiento resulte imposible por su imprecisión al indicar estos datos, la Sala Administrativa debe requerirlo bajo el apercibimiento que, de no hacerlo sin expresar un motivo justificado, la demanda resultará improcedente. En este primer momento, la Sala Administrativa no tiene una obligación de investigar necesariamente el nombre y domicilio del representante de los trabajadores, pues en la mayoría de los asuntos ello no resulta necesario, ya que el artículo 18 de la ley citada le impone a la persona que fue emplazada la carga de justificar su derecho para intervenir en el asunto al apersonarse en el juicio, lo que en estos casos se traduce en la obligación de acreditar que legalmente cuenta con tal representación. A partir de lo anterior, existen algunos supuestos en los que la Sala Administrativa excepcionalmente debe requerir a la autoridad competente que le informe si existe un registro de un sindicato de la empresa y, en caso de ser así, el nombre y domicilio de su representante, los cuales se actualizan cuando: (i) el actor manifieste, bajo protesta de decir verdad, un motivo justificado por el cual no está en posibilidad de conocer el nombre y domicilio del representante de los trabajadores; (ii) la persona emplazada no comparezca a juicio a defender los derechos de los trabajadores; o bien, (iii) al comparecer no pueda acreditar su carácter como representante de los terceros interesados”.

27. De tal forma, al sobreseer en el juicio a partir de la premisa consistente en que la autoridad demandada acreditó que en el ejercicio fiscal dos mil dieciséis (ejercicio fiscal por el cual se determinó el crédito fiscal) la contribuyente sí tuvo trabajadores, la sala regional inobservó lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 146/2011, conforme a la cual lo relevante, para efectos de la procedencia del juicio contencioso administrativo, en relación con el emplazamiento al tercero interesado, es si existe o no un representante de los intereses de los trabajadores en el momento en que se está tramitando el juicio contencioso administrativo, que en la especie inició en dos mil veintidós; con lo cual contravino el derecho fundamental de legalidad en detrimento de la hoy quejosa.

28. Ante la conclusión a la que se arribó es innecesario el estudio de los argumentos específicos esgrimidos en los conceptos de violación.

29. SÉPTIMO. Alegatos. Las terceras interesadas, por conducto de la Administración Desconcentrada Jurídica de Tlaxcala “1” del Servicio de Administración Tributaria, formularon alegatos,(35) pero no plantean causas de improcedencia ni existe alguna incidencia o cambio de criterio a partir del estudio de dichos argumentos que este órgano jurisdiccional estime necesario abordar de forma destacada, pues exponen las razones por las que a su parecer las consideraciones de la resolución reclamada resultan ajustadas a derecho.(36)

30. OCTAVO. Términos del fallo protector. Procede, pues, otorgar el amparo a fin de que la sala responsable:

i. Deje insubsistente la resolución reclamada, y;

ii. En su lugar dicte otra en la que se abstenga de sobreseer en el juicio a partir de la premisa consistente en que la autoridad demandada acreditó que en el ejercicio fiscal dos mil dieciséis (por el cual se determinó el crédito fiscal) la contribuyente sí tuvo trabajadores.

31. En el entendido de que queda a la ponderación de la sala responsable determinar si se actualizan los supuestos excepcionales en que el órgano jurisdiccional debe investigar el nombre y domicilio del representante de los trabajadores, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 170/2019 (10a.).

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ******************** ************************************* ******** en contra de la resolución de cuatro de marzo de dos mil veinticuatro, dictada por la entonces Primera Sala Regional de Oriente, actual Primera Sala Regional en Puebla, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el juicio contencioso administrativo 2789/22-12-01-1-OT, en los términos precisados en el último considerando de la presente ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos a la autoridad responsable y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito por unanimidad de votos de las magistradas Sandra Carolina Arellano González, presidenta, Paola Etianne Abraham Soldevila, ponente, y la licenciada Ana Laura Coutiño Mendoza, secretaria en funciones de magistrada de conformidad con el Acuerdo General del pleno del Órgano de Administración Judicial AG-POAJ-008/2025.(37) Firman electrónicamente, con el secretario de tribunal que da fe, de conformidad con lo previsto por el artículo 3.o del Acuerdo General 12/2020 del pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, este último en relación con el artículo décimo noveno transitorio del decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado en el citado medio oficial de difusión el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro.

“En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción XXI, 69, fracción II, 112, 115 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos”.

________________

1. Fojas 3 a 18.

2. ****************************.

3. Actual Primera Sala Regional en Puebla del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

4. Foja 3 vuelta.

5. Fojas 34 a 36.

6. Registro: 2005544. Tesis: 2a./J. 8/2014 (10a.):

“COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, POR RAZÓN DE TERRITORIO, PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO CONTRA SENTENCIAS DEFINITIVAS O RESOLUCIONES QUE PONEN FIN AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. REGLA PARA DETERMINARLA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Tratándose de sentencias definitivas o resoluciones que ponen fin al juicio contencioso administrativo federal, la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer del juicio de amparo directo promovido en su contra, debe fijarse atendiendo a la regla general prevista por el artículo 34, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, esto es, de acuerdo al domicilio donde reside la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que dictó la sentencia o resolución reclamada, como se prevé para el caso del recurso de revisión en materia contencioso administrativa, no así al lugar donde se trate de ejecutar, se esté ejecutando o se haya ejecutado, pues, además de que la regla especial de competencia prevista en el último párrafo del citado numeral no es acorde con la naturaleza del juicio de amparo directo, la citada regla general permite agilizar su trámite y resolución, evitando sentencias contradictorias y eventualmente conflictos competenciales por razón de territorio, cuando el juicio de amparo directo y el recurso de revisión deba resolverlos el mismo Tribunal Colegiado de Circuito, al derivar del propio juicio contencioso administrativo federal, o bien, por interponerse contra la misma resolución”.

7. *****************************************************************.

8. ***********************.

9. Foja 662 frente del juicio contencioso administrativo.

10. Artículo 11 de la Ley de Amparo.

11. Foja 670 del juicio de origen.

12. Conforme al artículo 65, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

13. Artículo 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo.

14. Artículo 18 de la Ley de Amparo.

15. Foja 3 del juicio constitucional.

16. Artículo 19 de la Ley de Amparo, Acuerdo SS/1/2024 del pleno general de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por el que se determina el calendario oficial de suspensión de labores para el año dos mil veinticuatro y certificación anexa a la demanda de amparo.

17. Vigente en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo. Registro digital: 164618. Tesis: 2a./J. 58/2010:

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X ‘De las sentencias’, del título primero ‘Reglas generales’, del libro primero ‘Del amparo en general’, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer”.

18. “Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes:... VI. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra de la persona quejosa o del o la particular recurrente una violación evidente de la ley que la haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o. de esta Ley. En este caso la suplencia sólo operará en lo que se refiere a la controversia en el amparo, sin poder afectar situaciones procesales resueltas en el procedimiento en el que se dictó la resolución reclamada...”.

19. Por analogía. Registro: 205929. Tesis: LV/89:

“SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE ÚNICAMENTE ANTE UNA VIOLACIÓN MANIFIESTA DE LA LEY. Para efectos de la suplencia de la queja deficiente, prevista en la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, que se refiere implícitamente a las materias civil y administrativa, debe establecerse que sólo procede ante una violación manifiesta de la ley, que es la que se advierte en forma clara y patente, que resulta obvia, que es innegable e indiscutible, y cuya existencia no puede derivarse de una serie de razonamientos y planteamientos cuestionables”.

Registro digital: 2009936. Tesis: 2a./J. 120/2015 (10a.):

“SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SU PROCEDENCIA EN OTRAS MATERIAS, AUN A FALTA DE CONCEPTO DE VIOLACIÓN O AGRAVIO, CUANDO SE ADVIERTA VIOLACIÓN GRAVE Y MANIFIESTA DE LA LEY. La regulación establecida en el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo faculta al juzgador de amparo para suplir la deficiencia de la queja en materias diversas a las que el propio numeral prevé, ante una irregularidad procesal grave y manifiesta en la controversia del amparo, no resuelta en el procedimiento de origen, que afecte al quejoso o recurrente, aun ante la ausencia de concepto de violación o agravio al respecto, ya que revela la intención del legislador de no permitir que una de las partes se beneficie a costa de la indefensión de su contraria, como consecuencia de una actuación ilegal de la autoridad, permitiendo al Juez ejercer un discernimiento en cada caso concreto, en atención a la materia y sujeto de que se trate, lo cual es congruente con el artículo 107, fracción II, antepenúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

20. Por analogía. Registro digital: 2018980. Tesis: P./J. 34/2018 (10a.):

“SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS AGRAVIOS. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO, PROCEDE EN UN RECURSO DE QUEJA CUANDO EL ÓRGANO REVISOR ADVIERTE EL DESECHAMIENTO INDEBIDO DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, POR NO ACTUALIZARSE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El precepto citado faculta al órgano jurisdiccional a suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios cuando advierta que ha habido en contra del quejoso o del recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o. de la Ley de Amparo. Ahora bien, la suplencia referida procede en un recurso de queja cuando se combate la resolución que desechó la demanda de amparo indirecto por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia, siempre y cuando se advierta: i) la existencia de una violación manifiesta de la ley; y, ii) que dicha violación haya dejado sin defensa al quejoso. Lo anterior es así, pues al analizar la resolución recurrida, el órgano jurisdiccional debe verificar en primer lugar si se violó de manera evidente la ley, esto es, si se transgredió el artículo 113 de la Ley de Amparo y, en segundo lugar, si dicha transgresión dejó al quejoso sin defensa, lo cual debe entenderse como una afectación sustancial dentro del procedimiento y que se actualiza al negar el acceso a la acción de amparo con un desechamiento que no se apega al marco jurídico aplicable”.

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Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34320-87ee10d5/suplencia-de-la-queja-deficiente-procede-cuando-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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