COMPENSACIÓN DE BIENES EN EL JUICIO DE DIVORCIO. HABER CELEBRADO EL MATRIMONIO BAJO EL RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES NO CONSTITUYE UN IMPEDIMENTO PARA QUE PROCEDA A FAVOR DEL CÓNYUGE QUE SE DEDICÓ PREPONDERANTEMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR Y AL CUIDADO DE LOS HIJOS (LEGISLACIÓN PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). PENSIÓN ALIMENTICIA. SU CANCELACIÓN NO ES OFICIOSA EN TANTO ESA PRESTACIÓN SÓLO PUEDE RESOLVERSE EN UN JUICIO DE DIVORCIO CUANDO SE PRUEBE SU EXISTENCIA Y ASÍ SE SOLICITE. PENSIÓN COMPENSATORIA E INDEMNIZACIÓN POR BIENES ADQUIRIDOS DURANTE EL MATRIMONIO. PUEDEN COEXISTIR AMBAS MEDIDAS AL CONSTITUIR PRESTACIONES DISTINTAS.
AMPARO DIRECTO 282/2024. 26 DE DICIEMBRE DE 2025. UNANIMIDAD DE VOTOS DEL MAGISTRADO JOSÉ ANTONIO BELDA RODRÍGUEZ, QUIEN EMITIÓ VOTO CONCURRENTE, Y DE DIANA HELENA SÁNCHEZ ÁLVAREZ Y BERNARDO HERNÁNDEZ OCHOA, SECRETARIOS EN FUNCIONES DE MAGISTRADOS. PONENTE: JOSÉ ANTONIO BELDA RODRÍGUEZ. ENCARGADA DEL ENGROSE: DIANA HELENA SÁNCHEZ ÁLVAREZ. SECRETARIO: ALAN IVÁN TORRES HINOJOSA.
Xalapa-Enríquez, Veracruz. Acuerdo del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, correspondiente a la sesión del día veintiséis de diciembre de dos mil veinticinco.
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo directo *****; y,
R E S U L T A N D O:
PRIMERO. Por escrito presentado ante la autoridad responsable el quince de enero del dos mil veinticuatro, ***** demandó el amparo y la protección de la justicia federal, contra los actos que reclamó de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Xalapa, Veracruz, como ordenadora y Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, del Distrito Judicial de Poza Rica, Veracruz, como ejecutora, que consideró violatorios de los artículos 1°, 14 y 16 constitucionales, y que hizo consistir en la sentencia de veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, en el toca de apelación ***** y su ejecución.
La parte quejosa señaló como tercero interesado a *****, quien fue emplazado a juicio, según consta a fojas 18 y 19 del expediente de amparo.
SEGUNDO. Para una mejor comprensión del presente asunto, cabe destacar, los antecedentes del juicio ordinario civil *****, del índice del citado Juzgado.
1. Por escrito fechado el once de febrero de dos mil veintitrés, *****, demandó de *****, el divorcio incausado en términos de lo dispuesto en el artículo 140, en íntima relación con el diverso 143 del Código Civil del Estado de Veracruz, la disolución del vínculo matrimonial y el pago de gastos y costas (fojas 1 a 8).
Fundó su demanda en los hechos que estimó pertinentes y de los cuales se hará mención en la medida requerida para la solución de este asunto.
2. Por escrito presentado el quince de marzo de dos mil veintitrés, *****, dio contestación a la demanda instaurada en su contra. En diverso escrito demandó de *****, el pago de una pensión alimenticia provisional y en su oportunidad definitiva consistente en el cincuenta por ciento del salario diario y demás prestaciones ordinarias, extraordinarias y comisiones que percibe el demandado (fojas 36 a 40 y 47 a 49).
3. Seguido el juicio por sus etapas procesales, el ocho de agosto del año dos mil veintitrés, el Juez del conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos son los siguientes:
"... PRIMERO. Por las razones legales de esta sentencia, se declara disuelto el vínculo matrimonial que une a los contendientes ***** con ***** una vez declarada ejecutoriada esta sentencia, gírese atento oficio al Oficial Encargado del Registro Civil de Poza Rica, Veracruz, Veracruz, (sic) para que realice las anotaciones en el acta de matrimonio número *****, del libro *****, con fecha de registro 08 de enero de 2016 y se expida copia certificada del acta de divorcio respectiva. En virtud, de haberse casado bajo el régimen de separación de bienes, por tal motivo, no existen bienes materia de liquidación.
SEGUNDO. Oportunamente y por los conductos legales debidos gírese atento oficio al Encargado del Registro Civil de Poza Rica, Veracruz, para que realice las anotaciones en el Libro correspondiente y se expida copia del acta de divorcio respectiva, en términos de lo que dispone el numeral 501 del Código de Procedimientos Civiles.
TERCERO. Se reservan los derechos de ambos litigantes para que puedan demandar el pago de alimentos y de pensiones compensatorias, en cuyo caso deberán acudir en un diverso juicio a demandarlos bajo las formalidades que exige la ley para ello. En el entendido de que el dictado de la presente sentencia no significa la preclusión de los derechos que tienen ambos consortes de exigirlos.
CUARTO. Hágase la devolución de los documentos exhibidos en su escrito inicial, previa toma de razón que se deje asentada en autos, autorizando para recibirlos a los licenciados que indica en el escrito inicial de demanda. Hecho que sea lo anterior, archívese el presente asunto como totalmente concluido y ordénese su emisión oportuna al Archivo General del Poder Judicial del Estado de Veracruz.
QUINTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 51 del Código de Procedimientos Civiles, a fin de garantizar los derechos humanos de las partes a la defensa adecuada y a la administración de justicia pronta y expedita, consagrados en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y respetar el principio de economía procesal, este tribunal autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas a todas las actuaciones judiciales, constancias procesales y registros electrónicos que con motivo de este juicio se generen, sin necesidad de que lo soliciten por escrito, ni acuerdo posterior, bastando sólo que paguen los derechos que correspondan por las copias certificadas conforme aI artículo 60 del Código de Derechos para el Estado de Veracruz por cada foja. Lo anterior, debido a que este tribunal considera que la solicitud de copias certificadas de las partes, hecho por escrito, sólo provoca la tramitación burocrática de un acuerdo, lo que implica el desgaste de la maquinaria judicial para un acuerdo de trámite, con todo lo que ello implica, como lo es el registro de la promoción y el movimiento el expediente, con los registros correspondientes en los libros de gobierno, lo cual se hace innecesario con este acuerdo y hace que este tribunal utilice de manera eficiente todos sus recursos para administrar justicia de manera expedita.
SEXTO. Publíquese y notifíquese ..." (fojas 182 a 185).
4. Inconforme con la anterior determinación, la parte demandada interpuso recurso de apelación, medio de impugnación del que correspondió conocer por razón de turno a la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Xalapa, Veracruz, quien lo radicó con el número de toca *****, de su índice, y cuyos integrantes por sentencia de veintiocho de noviembre del año dos mil veintitrés, determinaron modificar el fallo apelado, en los términos siguientes:
"TERCERO. Se ordena cancelar la pensión alimenticia que viene disfrutando la demandada dentro del expediente *****, del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia del Distrito Judicial de Poza Rica, Veracruz, consistente en el veinte por ciento de sueldo y demás prestaciones a favor de *****, por lo que una vez que esta sentencia cause ejecutoria se deber de librar el oficio de cancelación de la pensión alimenticia antes indicada. Así mismo se condena a *****, al pago de una pensión alimenticia compensatoria en su carácter asistencial en favor de *****, consistente en diez por ciento del sueldo y demás prestaciones exceptuando viáticos gastos de representación por el lapso de siete años diez meses, tiempo que duró su relación matrimonial, por lo que una vez que cause estado la presente sentencia deberá de librarse oficio a la fuente pagadora de ***** a fin de que proceda aplicar la pensión alimenticia descrita."
TERCERO. El trece de marzo de dos mil veinticuatro, se recibió la demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, turnada y recibida en este órgano colegiado el catorce siguiente, el que por conducto de su presidenta, mediante auto de diecinueve de marzo del citado año, la registró con el número ***** y la admitió, en el mismo auto se tuvo al tercero interesado formulando alegatos.
CUARTO. Al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se le dio la intervención que le compete.
QUINTO. Por diverso proveído de veinticuatro de abril del año dos mil veinticuatro, se ordenó turnar el presente asunto a la ponencia C, actualmente a cargo del magistrado relator, quien asumió el cargo a partir del uno de septiembre de dos mil veinticuatro, en atención al oficio SEADS/2752/2024 emitido por la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, para la formulación del proyecto respectivo.
SEXTO. De conformidad con el oficio AG-POAJ-008/2025, signado por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Órgano de Administración Judicial, por medio del cual comunica el Acuerdo General del Poder Judicial de la Federación, aprobado en sesión extraordinaria 4/2025, del dos de septiembre de dos mil veinticinco, a través del cual se adscribieron a las personas electas en el Proceso Electoral Extraordinario a diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, asimismo, se comisionaron, reubicaron y readscribieron a personas funcionarias de los órganos jurisdiccionales, se designaron y, en su caso, prorrogaron a personas secretarias en funciones de personas juzgadoras; en términos del punto "OCTAVO" del citado acuerdo; este órgano jurisdiccional, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar, queda integrado por el magistrado José Antonio Belda Rodríguez, así como por los secretarios en funciones de magistrados Diana Helena Sánchez Álvarez y Bernardo Hernández Ochoa; y,
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. Este Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de amparo directo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República; 33, fracción II, 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo; 38, fracción I, inciso c) y 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintitrés de enero de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de ese mismo año, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito.
SEGUNDO. En el caso concreto, *****, está legitimada para la promoción del juicio de amparo directo, pues se trata de la parte demandada en la contienda de origen, y quien considera contraria a sus intereses la sentencia aquí reclamada; por tanto, es la parte directamente afectada; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley de Amparo.
TERCERO. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, según se advierte de sus respectivos informes justificados, lo que se corrobora con las actuaciones de primera y segunda instancia remitidas por la autoridad ordenadora.
CUARTO. La sentencia reclamada se notificó a la parte quejosa el ocho de diciembre de dos mil veintitrés, y surtió efectos el día hábil siguiente, que lo fue el tres de enero de dos mil veinticuatro (del once de diciembre de dos mil veintitrés al dos de enero de dos mil veinticuatro inhábiles). Por tanto, el plazo de quince días hábiles con que contaba para promover el amparo, transcurrió del cuatro al veinticuatro de enero de dos mil veinticuatro, y la demanda se presentó ante la autoridad responsable el quince de enero siguiente, debiéndose descontar para el cómputo respectivo los días seis, siete, trece y catorce de enero, por ser sábados y domingos, por lo que su presentación es oportuna.
QUINTO. Resulta innecesaria la transcripción de la sentencia reclamada, en virtud de obrar en el toca en el cual fue emitida, y que se tiene a la vista al momento de resolver. No obstante, para los efectos legales conducentes, agréguese copia certificada de la misma al presente expediente, cuya copia en términos similares se ha entregado a los integrantes de este tribunal colegiado de circuito.
Los conceptos de violación que se expresan, únicamente se tienen aquí por reproducidos como si se insertaran a la letra, pues su transcripción no es obligatoria y resulta innecesaria en tanto se estudien los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente aducidos; máxime que se ha entregado copia certificada de los mismos a los integrantes de este tribunal colegiado de circuito.
Lo anterior, acorde a la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, (1) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN".
SEXTO. Los conceptos de violación hechos valer por la quejosa, resultan fundados, aunque para estimarlos así procede suplir la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo.
1) En ellos, la quejosa expresa que la sentencia reclamada viola los artículos 142, fracción VI, 145, 148, 252, 252 TER del Código Civil, y 57 del Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Estado, en virtud de que la modificación del fallo de primera instancia, le depara perjuicio.
2) Lo anterior, explica la quejosa, pues la sala responsable determinó que una parte de sus agravios era infundada, otra inoperante y una más fundada, lo que es incongruente, pues consideró que "... el quinto agravio es infundado, debido a que lo solicitado como inconformidad, lo puede solicitar en la sección de ejecución respectiva, donde en su momento se debe de realizar el inventario de los bienes que en su caso llegaron a adquirir las partes durante su matrimonio"; sin que advirtiera que el matrimonio se celebró conforme al régimen de separación de bienes, no resolviendo el tribunal de alzada la repartición de los bienes como indemnización que la favorece a ella, conforme al artículo 142, fracción VI, del Código Civil, que ordena que la sentencia debe resolver al respecto.
3) De igual forma, la quejosa manifiesta que el tribunal responsable no obstante que reconoce que padece de trastorno no resuelto, establece una pensión compensatoria en su vertiente asistencial, de un diez por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe su ex cónyuge, con lo que dejó de aplicar el artículo 252 TER del Código Civil del Estado, en cuanto a su estado de salud mental y que el tercero interesado tiene los medios económicos suficientes, pues no tiene otros acreedores alimentarios.
4) Asimismo, expresa que es improcedente que la sala responsable cancelara la pensión alimenticia consistente en el 20% del salario y demás prestaciones que percibe su contraparte, derivada del expediente *****, del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia del Distrito Judicial de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz; toda vez que no existe acumulación de autos y no ordena la cancelación sin que se haya agotado el procedimiento de dicho juicio de alimentos al momento de emitir la resolución en el toca ***** (de donde deriva el acto reclamado), violando sus derechos fundamentales, pues, incluso, es procedente que en el presente controvertido se otorguen ambas pensiones, al ser independientes y en el último de los casos condenar a su ex cónyuge por concepto de pensión compensatoria en un 20% y no en un 10%, pues con ello se le deja en estado de indefensión, pues sólo percibe por el equivalente al 20% del juicio de alimentos, la cantidad de $700.00 pesos semanales, que no le alcanzan más que para pagar su terapia semanal, y aun no puede desarrollarse laboralmente.
5) En primer lugar, este órgano constitucional considera que resulta fundado el concepto de violación relativo a que la autoridad responsable canceló de forma indebida la pensión alimenticia establecida en favor de la quejosa en un juicio de alimentos diverso; esto, pues señala que no existe una acumulación de juicios y la controversia planteada en dicho proceso no ha sido agotada.
6) Lo fundado de tal planteamiento radica en que las autoridades jurisdiccionales no pueden introducir prestaciones ajenas a las expresamente reclamadas por las partes en el presente asunto, pues de hacerlo así estarían analizando aspectos extra litis que vulneran el principio de congruencia externa(2) al traer a debate aspectos no controvertidos ni impugnados por las partes.
7) Cabe resaltar que el principio de congruencia externa obliga a las autoridades jurisdiccionales a resolver en la sentencia únicamente sobre los puntos litigiosos expresamente planteados por las partes –tanto al promover la demanda inicial como al darse la contestación respectiva–.
8) Sobre el tema es preciso traer a colación la Jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: SENTENCIAS CIVILES, CONGRUENCIA DE LAS (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ).,(3) que a la letra dispone:
El principio de congruencia de las sentencias que establece el artículo 57 del código procesal civil para el Estado de Veracruz, implica la exhaustividad que debe regir en las mismas, es decir, la obligación del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento, tomando en cuenta todos y cada uno de los argumentos aducidos tanto en la demanda, como aquellos en que se sustenta la contestación a ésta y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo, sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate, debiéndose tomar en cuenta que en tratándose de una reconvención, el actor principal se convierte a su vez en demandado, pues constituye propiamente una contrademanda que el reo hace valer frente al actor en el mismo juicio en que fue emplazado. Por ello si esa reconvención se presenta oportunamente y cumple con los requisitos de forma, el juzgador al resolver deberá necesariamente atender y decidir en la misma sentencia, tanto lo deducido por la parte actora en su escrito de demanda, como lo alegado por la demandada en la acción reconvencional; todo ello en exacta concordancia con lo establecido en los numerales 57 y 214 del código adjetivo civil de la entidad antes referida.
9) En ese sentido, cuando la autoridad responsable introduce un aspecto no planteado por las partes incurre en un vicio procesal de incongruencia (extra petita)(4) pues no es factible que en su resolución aborde aspectos ajenos a la controversia y respecto de los cuales no hubo oportunidad de debate entre los contendientes, por lo cual transgrede los diversos principios de debido proceso y seguridad jurídica.
10) Sobre este aspecto, es preciso traer a colación el criterio orientador sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EN LAS SENTENCIAS. EL ARTÍCULO 84 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE QUERÉTARO, NO VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA.,(5) el cual dispone lo siguiente:
El precepto citado, al establecer que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y las contestaciones, y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate, no viola el derecho de acceso a la justicia, pues no restringe la apreciación íntegra de las pretensiones dentro de un juicio, por el contrario, recoge el principio de congruencia que rige y da eficacia al derecho procesal civil, ya que su propósito es asegurar que el Juez sólo pueda pronunciarse respecto de lo discutido, y que no fallará ni extra petita, ni ultra petita, porque la decisión judicial deberá tomarse de acuerdo con las pretensiones y excepciones probadas en el proceso. Así, si bien para la procedencia de la acción intentada en un juicio civil es innecesario nombrarla por la denominación con que la designa el derecho, pues basta con expresar con claridad lo exigido al demandado y el título o la causa de la acción por ser estos elementos los que permiten identificar jurídicamente la acción promovida, lo cierto es que esta apreciación no debe llegar al extremo de realizar cambio alguno en lo pedido y en la causa de pedir, pues éstos deben permanecer inalterados durante el proceso en salvaguarda de los derechos fundamentales al debido proceso y de seguridad jurídica. 11) No pasa desapercibido que quien instó la función revisora de la alzada fue precisamente la parte quejosa con el objeto de controvertir la sentencia de primer grado; por tanto, al introducir la autoridad responsable una prestación no reclamada en el juicio y cancelarla en perjuicio de la propia apelante vulneró otro de los principios generales del derecho, el "non reformatio in peius"(6) impone la obligación procesal al juzgador de no modificar las sentencias apeladas en perjuicio de la misma parte apelante.
12) Esto es así, pues conforme dicho principio procesal los Tribunales revisores están condicionados a lo resuelto en el recurso no debe resultar más perjudicial para el recurrente, por lo cual existe una limitación procesal para que los órganos jurisdiccionales de alzada no agraven lo resuelto en el juicio de origen en contra de la persona que precisamente promovió el recurso de mérito.
13) De ahí lo fundado de tal planteamiento, pues, en primer lugar, la autoridad responsable está limitada por el principio de congruencia externa y debe acotarse a resolver únicamente sobre los puntos litigiosos planteados por las partes sin poder introducir aspectos ajenos; y, por otro, la sentencia de alzada carece del potencial y del alcance de agravar la situación jurídica de quien recurre.
14) En otro aspecto, este órgano colegiado considera igualmente fundado el diverso concepto de violación planteado por la quejosa consistente en que la autoridad responsable no resolvió el tema relativo a la partición de los bienes habidos durante el matrimonio con motivo de la indemnización a la tiene derecho y que le corresponden en atención al trabajo en el hogar que ella desarrolló durante la vigencia del matrimonio.
15) En este tipo de asuntos debe atenderse conforme al principio de igualdad que debe prevalecer entre los cónyuges, el cual deriva del principio general de igualdad y no discriminación contemplados en los artículos 1º y 4º de la Constitución,(7) así como los diversos 17, puntos 2 y 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos(8) (CADH) y 16, punto 1, incisos c) y h) de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.(9)
16) Tal principio tiene como finalidad garantizar que ambos cónyuges gocen de un reconocimiento pleno de sus derechos de forma equitativa en función de las cargas asumidas durante la vigencia de la vida en común y al decretarse su disolución; por tanto, el principio de igualdad permea el funcionamiento del matrimonio y toda cuestión concerniente a su disolución de forma sustantiva, con la finalidad de evitar la prevalencia de los derechos de uno de los miembros de la pareja respecto de los derechos del otro.
17) Por tanto, los órganos jurisdiccionales tienen la obligación de analizar y atender las particularidades y diferencias tanto implícitas como explícitas que, de manera general y constante, se presentan durante la vigencia del matrimonio y/o relación de pareja; las cuales, conforman las dinámicas que los roles de género inciden en el matrimonio y que son desarrollados por cada uno de sus miembros a lo largo del tiempo.
18) Estas dinámicas de familia, que si bien en un inicio pudieran parecer inocuas, al ser desarrolladas de forma prolongada y constante durante el lapso que dure la relación de familia, tienen el potencial de ser perjudícales para uno de los cónyuges, en razón de la preeminencia de ciertos roles y estereotipos de género respecto de otros sustentados a partir del sexo y condición humana que quienes los realizan o, bien por el estado civil de sus miembros o el tipo de régimen matrimonial bajo el cual se casaron.
19) Por ello, los juzgadores deben velar para que, al resolver cuestiones inherentes tanto al matrimonio como a su disolución, no se perpetúen situaciones de desventaja, tanto para el hombre como para la mujer, basadas en estereotipos que se traduzcan en el disfrute de derechos de manera limitada o desproporcionada, en perjuicio del otro miembro de la pareja.
20) Por tanto, las condiciones en que se encuentren las partes al sobrevenir el divorcio deben ser las mismas tanto para un miembro de la pareja como para el otro, lo cual debe contemplar las decisiones respecto de la división de los bienes, la pensión alimenticia y la custodia de los hijos, etcétera.
21) En esta línea argumental, el Comité Para la Eliminación de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), ha señalado que una de las formas de violencia hacia las mujeres que más se presenta en toda sociedad es la falta de independencia económica real; la cual, las obliga a mantenerse en relaciones violentas y que también constituye un medio de coerción, que aunado a ello inhibe su capacidad para participar tanto en la vida familiar como en el ámbito público en un plano de igualdad respecto de su pareja.
22) Por tanto, para garantizar la igualdad sustantiva entre los cónyuges respecto de los bienes habidos durante el matrimonio es preciso analizar si el régimen matrimonial bajo el cual contrajeron nupcias no produce un efecto discriminatorio en perjuicio de una de las partes en función de los roles de género asumidos por la pareja y las dinámicas familiares desarrolladas a lo largo del tiempo.
23) Respecto a este tema es preciso traer a colación, lo dicho por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el criterio asilado de rubro: RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES EN EL MATRIMONIO. EL ARTÍCULO 270 DE LA LEY SOBRE RELACIONES FAMILIARES, (QUE ESTUVO VIGENTE EN EL ESTADO DE ZACATECAS, DESDE 1919 HASTA 1966) QUE LO PREVÉ, DEBE SER INTERPRETADO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA NO CAUSAR EFECTOS DISCRIMINATORIOS.;(10) que textualmente señala que:
El mencionado precepto, que prevé el régimen de separación de bienes, salvo acuerdo en contrario, es una norma de aparente neutralidad, que debe ser leída desde una perspectiva que visibilice posibles situaciones de desequilibrio, en razón de género. Esto es así, pues la mujer, dada la asignación estereotípica de roles y tareas dentro de la familia a partir del sexo o en virtud de la violencia basada en el género, puede quedar constreñida a tareas no remuneradas, como las relativas al hogar y al cuidado de las personas dependientes, lo cual limita –aunque no las elimine– sus oportunidades de participar en la decisión sobre el régimen patrimonial que se adopta, de adquirir bienes que integren su patrimonio, o bien implica que enfrenten mayores dificultades para conservarlos o acceder a ellos aunque los adquieran.
24) Dicha línea argumental ha sido reiterada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el diverso criterio de rubro: RÉGIMEN MATRIMONIAL DE SEPARACIÓN DE BIENES. EN LA ADMINISTRACIÓN Y PROPIEDAD DE LOS BIENES ADQUIRIDOS, SE DEBE CONSIDERAR LA DESIGUALDAD ESTRUCTURAL DE GÉNERO Y LA VIOLENCIA PATRIMONIAL EN CADA CASO CONCRETO., (11) que literalmente indica:
Aunque el régimen de separación de bienes está orientado hacia el mantenimiento de la independencia de las masas patrimoniales de las personas que contraen matrimonio, este régimen es económico matrimonial y, por tanto, constituye un esquema en el que los derechos de propiedad son armonizados con la necesidad de atender a los fines básicos e indispensables de esta institución. Así, la regulación jurídica patrimonial del matrimonio, en sus diferentes vertientes, intenta conjugar dos necesidades igualmente importantes e irrenunciables: por un lado, la de ser un instrumento al servicio de la autonomía de la voluntad de las dos personas que desean contraerlo; por otro, la de someter esta autonomía de la voluntad a los límites derivados del interés público y social que tiene el Estado en proteger la organización y el desarrollo integral de los miembros de la familia y en asegurar que la regulación jurídica que les afecta garantice el respeto de su dignidad como se deriva, entre otros, del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, el debate relativo a la participación que podría tener alguno de los cónyuges respecto a los bienes obtenidos durante el matrimonio, bajo el régimen de separación de bienes, debe determinarse en concreto y no en abstracto, es decir, debe adoptarse una perspectiva casuística e interpretar y aplicar la norma que prescribe el régimen de separación de bienes en consideración de la incidencia del orden social de género, las relaciones asimétricas de poder o las situaciones de subordinación que condiciona, de los roles que impone a cada cónyuge con base en la identidad sexual; de la valoración y protección que este orden asigna a las labores y tareas del hogar y cuidado, independientemente del sexo de quien las desempeñe, y de la posible violencia de género en sus distintas modalidades y consecuencias, incluida significativamente la violencia patrimonial.
25) En este sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el criterio aislado de rubro: MATRIMONIO CELEBRADO BAJO EL RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES. ELEMENTOS QUE DEBE REVISAR LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL AL DETERMINAR LA ADMINISTRACIÓN Y PROPIEDAD DE LOS BIENES ADQUIRIDOS.,(12) ha señalado que, en algunos casos y a efecto de no comprometer la subsistencia del cónyuge desaventajado, es necesario abordar un análisis respecto de los bienes habidos durante el matrimonio en el que la autoridad jurisdiccional deberá evaluar si las condiciones de genero incidieron en su capacidad para
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33991-5ced2f94/compensacion-de-bienes-en-el-juicio-de-divorcio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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