COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE). LA REFORMA A LOS ARTÍCULOS 25, 27 Y 28 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 31 DE OCTUBRE DE 2024, NO MODIFICÓ LA NATURALEZA PRIVADA DE LOS ACTOS DERIVADOS DE LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO, POR LO QUE LAS CUESTIONES DERIVADAS DE ÉSTOS DEBEN DIRIMIRSE EN LA VÍA MERCANTIL.
AMPARO DIRECTO 544/2025. 12 DE MARZO DE 2026. UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS JUAN CARLOS ORTEGA CASTRO Y ROSALBA AZUCENA GIL MEJÍA, Y DE JOSÉ DEL CARMEN GUTIÉRREZ MENESES, SECRETARIO EN FUNCIONES DE MAGISTRADO. PONENTE: ROSALBA AZUCENA GIL MEJÍA. SECRETARIO: VÍCTOR DANIEL MONROY TORRES.
Toluca, Estado de México. Sentencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, correspondiente a la sesión de doce de marzo de dos mil veintiséis.
VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo directo civil 544/2025; y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado de forma electrónica el treinta y uno de julio de dos mil veinticinco, el **********, representado por su presidente ********** promovió demanda de amparo directo contra la autoridad y acto siguiente:
“III. Autoridad Responsable: Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de México, con residencia en Toluca.
IV.- Acto Reclamado: Único.- Proveído de fecha 10 de julio de 2025, dictado en audiencia preliminar de la misma fecha, a través del cual se determinó improcedente la vía intentada dejando a salvo los derechos de mi representada para demandar en la vía que corresponda.” (foja cinco del cuaderno de amparo).
SEGUNDO. En su oportunidad, el Secretario del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de México, con residencia en Toluca, remitió la precitada demanda de amparo directo, de la cual correspondió conocer a este órgano jurisdiccional, cuyo Presidente la admitió mediante auto de veintiocho de agosto de dos mil veinticinco, ese proveído se notificó al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento y se tuvo como tercera interesada a la **********.
TERCERO. Mediante proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veinticinco, se hizo del conocimiento a las partes la integración de este tribunal federal conformada por el Magistrado Presidente Juan Carlos Ortega Castro, Magistrada Claudia Valeria Dávila Montero, y licenciado José del Carmen Gutiérrez Meneses, Secretario de Tribunal en funciones de Magistrado.
CUARTO. En acuerdo de ocho de octubre de dos mil veinticinco, se hizo del conocimiento a las partes la integración de este tribunal federal conformada por el Magistrado Presidente Juan Carlos Ortega Castro, la Magistrada Rosalba Azucena Gil Mejía, y el Secretario en Funciones de Magistrado José del Carmen Gutiérrez Meneses.
QUINTO. Mediante proveído de diez de octubre de dos mil veinticinco, se turnaron los autos a la Magistrada Rosalba Azucena Gil Mejía, para que elaborara el proyecto de resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones V, inciso c), y VI, de la Constitución General de la República; 170, 175, 176, 178, 179, 181, 183, 184 y 185 de la Ley de Amparo vigente; 35, fracción I, inciso c), y 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, apartado primero, fracción II; apartado segundo, fracción II, punto uno; apartado tercero, fracción II, primer párrafo, esta última en relación con el apartado cuarto, fracción II, párrafo primero del entonces Consejo de la Judicatura Federal, ahora Órgano de Administración Judicial, el cual está vigente en términos del transitorio decimonoveno de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación y los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, en virtud de que se reclama el auto pronunciado por autoridad judicial del orden civil que tiene su residencia en este circuito.
SEGUNDO. El acto reclamado se notificó a la asociación quejosa el propio diez de julio de dos mil veinticinco; por tanto, si de acuerdo con el artículo 1075 del Código de Comercio, dicha notificación surtió efectos el once siguiente, el plazo de quince días establecido en el ordinal 17 de la Ley de Amparo transcurrió del catorce de julio al uno de agosto siguiente, sin contar los días diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de julio de dos mil veinticinco, por haber sido inhábiles, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 19 de la invocada Ley de Amparo y 229 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Luego, si la demanda de amparo se presentó el treinta y uno de julio de dos mil veinticinco, debe estimarse que fue promovido el decimocuarto día del plazo establecido en el precitado artículo 17 de la Ley de Amparo.
TERCERO. La asociación quejosa está legitimada para promover la demanda de amparo, por haber sido la actora en el juicio de origen.
CUARTO. La existencia del acto que se reclama del juez responsable se acredita con el informe justificado que rindió, en apoyo del cual habilitó para consulta a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes las actuaciones del juicio de origen.
QUINTO. Las consideraciones en que se sustenta el auto que ahora se combate, obran visibles en el expediente electrónico del juicio oral mercantil **********, las cuales por razones de obviedad y economía procesal no se transcriben, pero se tienen aquí por reproducidas, y a la vista al momento de resolver el presente juicio constitucional; asimismo, se ordena formar legajo de constancias con aquéllas y agregarlas, debidamente certificadas al expediente electrónico del amparo directo respectivo.
SEXTO. Los conceptos de violación obran de la foja ocho a dieciséis vuelta del presente amparo directo, los cuales se tienen aquí por reproducidos en su totalidad.
Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:
“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.- De los preceptos integrantes del capítulo X “De las sentencias”, del título primero “Reglas generales”, del libro primero “Del amparo en general”, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la Litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.”
SÉPTIMO. Los principales antecedentes procesales que informan sobre el acto reclamado son los siguientes:
Mediante escrito presentado el veintisiete de noviembre de dos mil veinticuatro, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de México, con residencia en Toluca, turnado el veintiocho siguiente al Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de México con residencia en Toluca, el **********, representada por su presidente **********, reclamó las prestaciones siguientes:
“De ********** se demanda:
A) La prescripción que se declare judicialmente de la facultad de cobro de los consumos de energía eléctrica no facturados o facturados y no pagados, de los bimestres comprendidos hasta septiembre de 2022 respecto de los servicios de la actora con RPU **********, **********. ********** y **********, POR LA CANTIDAD TOTAL DE $10,973,093.00 (diez millones novecientos setenta y tres mil noventa y tres pesos).
B) La cancelación, descargo y baja definitiva del sistema comercial de las codemandadas el cobro de la cantidad referida en la prestación marcada con el inciso "A)".
De ********** se demanda:
C) La reinstalación definitiva de los servicios de energía eléctrica y equipos de medición indicados en el inciso "A)".
De ambas demandadas se demanda
D) El pago de gastos y costas que se originen con motivo del presente juicio.” (Visible en el expediente electrónico del juicio oral mercantil **********)
Fundó su demanda en los hechos que se transcriben a continuación:
“I. Declaro bajo protesta de decir verdad ser usuario final de los servicios de energía eléctrica con RPU **********, **********, ********** y **********, tal como se advierte del instrumento notarial que adjunto a la presente, del recibo/factura de cada servicio "RPU" señalado en las líneas que preceden y del Oficio No. "**********", del cual se desprende que todos los servicios son proporcionados a mi representada. Lo anterior sin que sea óbice manifestar que en el presente asunto 3 servicios son al tenor del mismo contrato de adhesión y uno pertenece a un contrato distinto, quedando desglosado de la siguiente manera:
1. Número de servicio: **********
Tarifa: GDMTO (Gran Demanda en Media Tensión Ordinaria)
Contrato de adhesión: Contrato Mercantil para la Prestación del Servicio de Suministro Básico de Energía Eléctrica en Media Tensión en la Modalidad de Postpago vigente.
2. Número de servicio: **********
Tarifa: GDMTO (Gran Demanda en Media Tensión Ordinaria)
Contrato de adhesión: Contrato Mercantil para la Prestación del Servicio de Suministro Básico de Energía Eléctrica en Media Tensión en la Modalidad de Postpago vigente.
3. Número de servicio: **********
Tarifa: GDMTO (Gran Demanda en Media Tensión Ordinaria)
Contrato de adhesión: Contrato Mercantil para la Prestación del Servicio de Suministro Básico de Energía Eléctrica en Baja Tensión en la Modalidad de pospago vigente.
4. Número de servicio: **********
Tarifa: PDBT (Pequeña Demanda en Baja Tensión)
Contrato de adhesión: Contrato Mercantil para la Prestación de servicio de Suministro Básico de Energía Eléctrica en Baja Tensión en la Modalidad de pospago vigente.
2. En fecha 30 de agosto de 2024, diverso personal de ********** acudió a las oficinas de mi representada, mismas que se encuentran ubicadas en ********** esquina con calle **********, Toluca, Estado de México, C.P. **********, amenazando de cortar el servicio de suministro de los servicios de energía eléctrica de mi representada con RPU **********, **********, ********** y **********, tal y como se desprende del "Primer emplazamiento a corte" de fecha 28 de agosto de 2024, con oficio No. "**********".
3. En virtud de lo anterior solicito a su señoría se declare la prescripción de la facultad de cobro de los consumos de energía eléctrica no facturados o facturados y no pagados de los bimestres comprendidos hasta septiembre de 2022 respecto de los servicios de la actora con RPU **********, **********, ********** y **********, por la cantidad total de $10,973,093.00 (diez millones novecientos setenta y tres mil noventa y tres pesos) en virtud de que las codemandadas perdieron su facultad para cobrar dichas facturaciones en términos de lo establecido en el capítulo II, numeral 16, fracción x de la "resolución por la que la comisión reguladora de energía expide las disposiciones administrativas de carácter general que establecen las condiciones generales para la prestación del suministro eléctrico publicado en el diario oficial de la federación en fecha 18 de febrero de 2016 dicho precepto legal reza:
X El suministrador de servicios básicos salo podrá cobrar consumos de energía no facturados, o facturados y no pagados hasta dos años después de realizados dichos consumos. Las quejas y solicitudes de los usuarios finales no tendrán fecha de caducidad.
Lo anterior en consecuencia de lo siguiente:
1. PROCEDENCIA DE LA VIA. La vía oral mercantil es idónea para reclamar la prestación señalada en el inciso "B" de la presente demanda, ya que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 75, fracciones V y XXV, y 1049, ambos del Código de Comercio, en relación con los numerales 1339, 1390 Bis y 1390 Bis 1 del ordenamiento legal en cita; la controversia que aquí se ventila deriva de actos comerciales toda vez que se reclama la prescripción de las facultades de cobro de la empresa encargado del suministro de energía eléctrica, cuestión que deriva del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado entre las partes, por lo que se estima que es un acto de naturaleza mercantil.
Aunado a ello, la vía oral mercantil sí es procedente para tramitar la controversia de origen, pues versa sobre derechos y obligaciones derivados de un contrato de suministro de energía eléctrica, por lo que se tiene que, en el caso, la vía intentada es la correcta.
Lo anterior en virtud de que la posibilidad de que la demandada como suministradora del servicio de energía eléctrica tenga facultades para realizar el cobro de pago correspondiente a la prestación del servicio, e incluso deje de otorgarlo por el incumplimiento del usuario de algún aspecto contenido en el contrato, no genera que la relación de coordinación que une a las partes por virtud del contrato de suministro de energía eléctrica, se transforme en una de supra a subordinación, por lo que la vías oral mercantil intentada es procedente para reclamar la prescripción de la facultad cobro de consumos de energía eléctrica, determinados y no pagados, los cuales se generan con base en el contrato mercantil celebrado por las partes por lo que la materia del controvertido es mercantil y toda vez que se sustenta en la relación contractual, la vía mercantil elegida es la procedente. En ese entendido, dado que las facultades de cobro de la **********, son una cuestión que se relaciona con el contrato de suministro celebrado por las partes y no con la aplicación de una normatividad de índole administrativa, en el caso, al tratarse la contienda de dilucidar cuestiones relativas a un contrato mercantil, la vía procedente es la intentada. Es aplicable a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 50, enero de 2018, tomo I, página 336, registro digital 2015944, bajo el rubro:
“COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VIA ORDINARIA MERCANTIL."
También, sirve de apoyo por analogía a lo antes expuesto, la tesis 11.10.51 C (10a.) consultable en la página 2869, del Libro 45, agosto de 2017, tomo IV, Materia Civil décima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro:
"JUICIO ORAL MERCANTIL PROCEDE CUANDO SE RECLAMA COMO PRESTACIÓN PRINCIPAL LA CANCELACIÓN DE CARGOS EFECTUADOS POR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL AMPARO DEL CONTRATO CELEBRADO CON LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR A LA CUANTÍA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO."
Asimismo, porque no se trata de un juicio de tramitación especial establecido en el citado código mercantil ni en otras leyes, ni de cuantía indeterminada.
ESTUDIO DE LA ACCIÓN. De conformidad a lo previsto por los artículos 14, 16, párrafo primero y 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que, en esencia, expresan que, en tratándose de juicio orales, se deberá privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos, procedimentales, es decir, que el estudio de las acciones y excepciones del debate, deberá realiza de manera concreta sobre el punto jurídico a resolver, cumpliendo con la motivación y fundamentación respectiva. En el caso, la acción deducida del capítulo de prestaciones consiste, toralmente, en la declaración de prescripción de la facultad de cobro de los consumos de energía eléctrica no facturados o facturados y no pagados de los bimestres comprendidos hasta septiembre de 2022 respecto de los servicios de la actora con RPU **********, **********, ********** y **********, por la cantidad total de $10,973.093.00 (DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVENTA Y TRES PESOS):
En ese contexto, a fin de estar en posibilidad de que su Señoría entre al estudio de la prescripción de las facultades de cobro de la moral codemandada, es necesario analizar lo previsto en el Capítulo II, numeral 16, fracción X de la "RESOLUCIÓN por la que la Comisión Reguladora de Energía expide las disposiciones administrativas de carácter general que establecen las condiciones generales para la prestación del suministro eléctrico publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 18 de febrero de 2016. Por ello, debe estarse a lo dispuesto por el ordenamiento referido, que regula los plazos y las consecuencias de los cobros facturados y no pagados por los usuarios del servicio de suministro de energía eléctrica, el cual dispone lo siguiente:
“X. El Suministrador de Servicios Básicos solo podrá cobrar consumos de energía no Facturados, o Facturados y no pagados, hasta dos años después de realizados dichos consumos, Las quejas y solicitudes de los Usuarios Finales no tendrán fecha de caducidad."
De la lectura de la disposición anterior se advierte que la ********** sólo podrá cobrar consumos de energía facturados y no pagados, como el que se demanda en el caso, hasta des años después de realizados dichos consumos. De lo anterior, se advierte que los elementos de la acción intentada son los siguientes:
1. La existencia de un vínculo jurídico entre las partes;
2. La existencia de uno o varios cobros no facturados o facturados y no pagados.
3. El transcurso de dos años a partir de la fecha de la facturación demandada, esto es, dos años posteriores a haberse realizado los consumos indicados.
Establecido lo anterior, se procede a analizar los elementos de la acción planteada.
a) Estudio del primer elemento de la acción: Se encuentra debidamente acreditado la legitimación activa, lo que se prueba con el recibo/factura de cada servicio "RPU" señalado anteriormente, así como del "Primer emplazamiento a corte" de fecha 28 de agosto de 2024, con oficio No. "**********", del cual se desprende que todos los servicios son proporcionados a mi mandante.
b) Estudio del segundo elemento de la acción: También se encuentra acreditado este segundo elemento, pues obra en la presente el recibo/factura de cada servicio “RPU” señalado anteriormente, así como de "Primer emplazamiento a corte" fecha 28 de agosto de 2024, con oficio No. "**********" el cual fue exhibido y realizado por las codemandadas.
c) Estudio del tercer elemento de la acción: Previo al estudio de este elemento de la acción, es necesario preciar que, en el ámbito del derecho, la prescripción es la figura jurídica que permite que, por el transcurso de un tiempo establecido legalmente, se consoliden situaciones de hecho o de derecho, sea extinguiéndose o adquiriéndose. Por otro lado, la caducidad es una figura jurídica reconocida en la legislación mexicana por construcción doctrinal y jurisprudencial, ha sido definida como un modo extintivo de un derecho por el transcurso del tiempo establecido en la ley o por voluntad de los particulares. En ese sentido, aun cuando la prescripción y la caducidad son medios extintivos de las relaciones jurídicas, por virtud del transcurso del tiempo, tienen diferencias sustanciales en cuanto a lo siguiente: 1. Materia sobre la que actúan.
2. La previsibilidad de la duración del derecho sujeto a tales figuras,
3. La finalidad perseguida con su regulación.
4. La causa que las genera.
5. El interés protegido por ellas.
6. La disponibilidad de los derechos sujetos a prescripción y;
7. Las particularidades del cómputo de los plazos en una y otra institución.
En ese tenor, de la correcta interpretación de la primera parte de la fracción X, del apartado 16, llamado "DE LA FACTURACIÓN PEREA SUMTINISTRO BÁSICO" de la RESOLUCIÓN POR LA QUE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA EXPIDE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DECARÁCTER GENERAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SUMINISTRO ELECTRICO", cuando el suministrador, no ejerza sus facultades de cobro de consumos facturados y no pagados o aquellos no facturados, dichas facultades prescriben en el plazo de dos años, computado a partir de la fecha en que se realizaron esos consumos.
Bajo esa tesitura es la prescripción la que se actualiza cuando el suministrador no ejerce sus facultades de cobro en el plazo previsto en la referida porción normativa, ya que, en la prescripción, el interés protegido es el interés público de que los derechos se ejerzan. Por ese motivo, la inactividad en que al respecto incurra su titular no debe exceder de determinado plazo, pues si el tiempo fijado por la ley se cumple, surge a favor del sujeto pasivo de la relación jurídica, el derecho de disponer de lo que, como resultado de la inercia de dicho titular, ya le corresponde.
Luego, es inconcuso que, conforme a la por resolución por la que la comisión reguladora de energía expide las disposiciones administrativas de carácter general para la prestación del suministro eléctrico, la suministradora, aquí codemandada, cuenta con dos años para ejercer sus facultades de cobro en contra de los usuarios de servicio de energía eléctrica, sea que no se haya facturado el suministro o que, habiéndolo hecho, el usuario no lo hubiere pagado.
Apoya lo anterior, la tesis 14o.C.212 C sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Registro digital: 165197, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Febrero de 2010, página 2890, bajo el rubro:
"PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA Y CADUCIDAD. DIFERENCIAS.”
d) En consecuencia, se procede al estudio del último elemento de la acción deducida esto es, el transcurso de tiempo (dos años) necesario para que opere la prescripción de las facultades de cobro de la demandada, respecto de la facturación de suministro de energía eléctrica, que desde la fecha debe ser computado en que de realizaron los consumos y hasta la fecha en que se pudo hacer el cobro lo cual no sucedió en la especie.
Así, conforme a la fracción X, del apartado 16, llamado "DE FACTURACIÓN EN EL SUMINISTRO BÁSICO" de la RESOLUCIÓN POR LA CRE LA COMISION REGULADORA DE ENERGÍA EXPIDE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATVAS DE CARACTER GENERAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SUMINISTRO ELECTRICO, las facultades de cobro de la hoy codemandada respecto de los consumos de energía eléctrica facturados y no pagados del servicio de la actora han prescrito, pues el plazo de ley para ejercer las facultades de cobro de la suministradora feneció sin que ésta las ejerciera.
En conclusión, si la suministradora aquí demandada, cuenta con dos años para ejercer sus facultades de cobro en contra de los usuarios de servicio de energía eléctrica, sea que no se haya facturado el suministro o que habiéndolo hecho, el usuario no lo hubiere pagado y en la especie ha transcurrido el termino establecido, ha operado la prescripción respecto de dichas facultades.
Por lo anterior solicito se declare la prescripción de la facultad de cobro de los consumos no facturados o facturados y no pagados señalados en el capítulo de prestaciones, condenando a las demandadas al pago de las prestaciones reclamadas. Sin que sea óbice manifestar que en la presente controversia no es necesario agotar previamente la vía administrativa (PROFECO), pues de hacerlo se violaría el derecho a la justicia, lo anterior al tenor de la tesis bajo el rubro:
"CONTRATOS DE ADHESIÓN DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA CLÁUSULA QUE ESTABLECE QUE ANTES DE ACUDIR A UN TRIBUNAL JURISDICCIONAL ES NECESARIO SOMETER LA CONTROVERSIA A UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN ANTE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO). VIOLA. EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA.".” (Visible en el expediente electrónico del juicio oral mercantil **********)
Por auto de dos de diciembre de dos mil veinticuatro, el Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de México, con residencia en Toluca, radicó el juicio con la cifra ********** y previno a la actora para que en el plazo de tres días aclarara la cantidad reclamada, luego de advertir falta de coincidencia entre lo narrado en los hechos y los documentos exhibidos.
Mediante escrito de nueve de diciembre de dos mil veinticuatro, el **********, representado por su presidente ********** desahogó la prevención y por auto de once de diciembre siguiente, el Juez de Distrito admitió la demanda (visible en el expediente electrónico del juicio oral mercantil **********)
**********, representada por su apoderado ********** dio contestación a la demanda instaurada en su contra mediante escrito presentado el veintinueve de enero de dos mil veinticinco, de la manera siguiente:
“a) Es improcedente la prestación que se reclama, toda vez que la misma, no es una prestación propia de mi representada, en virtud de los cobros con motivo de la prestación del servicio de suministro de energía son realizados por ********** en términos de lo establecido en el Contrato de Suministro de Energía Eléctrica que celebra con los usuarios.
b) La prestación que se contesta es improcedente, en virtud de que la misma es una prestación reclamable a la diversa **********.
c) Resulta improcedente la prestación reclamada por el actor, ya que no existe relación contractual con mi representada.
d) Es improcedente la prestación que se reclama en atención a la mala fe y temeridad con que actúa la parte actora.”
En cuanto a los hechos contestó lo siguiente:
“1. No se afirma ni se niega el hecho manifestado por la parte actora por no ser un hecho propio de mi representada.
2. No se afirma ni se niega el hecho manifestado por la parte actora por no ser un hecho propio de mi representada.
Haciendo la aclaración que la emisión del oficio No. **********, corresponde a **********.
3. SE NIEGA el hecho manifestado por el actor, en razón a que la facultad de cobro del consumo de energía corresponde a ********** y no a mi representada **********.
En razón a que la parte actora reclama sustancialmente son la prescripción de la facultad de cobro de los consumos de energía eléctrica respecto de los servicios con RPU: **********, **********, ********** y **********, sin embargo, es H. Juez debe observar que dicha prestación no corresponde a mi representada, puesto que dentro sus facultades no se encuentra la de realizar el cobro del servicio de energía eléctrica, ni la de celebrar contratos de suministro de energía eléctrica.
En ese sentido, la parte actora carece de legitimación pasiva en la causa para reclamar a mi representada la prescripción de la facultad de cobro, es decir las pretensiones deben de ser intentadas con la persona obligada por la ley para satisfacer el derecho cuya titularidad aduce el actor, siendo en el presente caso ********** y no mi representada **********.
Lo anterior, atendiendo a las facultades establecidas en el Acuerdo por el que se Crea **********, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de marzo de 2016, en el que dispone en su artículo 5 fracción II, lo siguiente:
“Artículo 5. Para el cumplimiento de su objeto, **********, además de las funciones previstas en los ordenamientos a que se refiere el artículo 4 anterior, tendrá, enunciativa más no limitativamente, las siguientes:
I. Ofrecer el Suministro Básico a todas las personas que lo soliciten y cuyos Centros de Carga se encuentren ubicados en la zona donde opere, siempre que ello sea técnicamente factible y cumpla con las disposiciones aplicables;
II. Celebrar contratos de suministro con los Usuarios de Suministro Básico;...” (Sic).
Por su parte, tanto el Modelo de Contrato Mercantil para la prestación del servicio de suministro básico de energía eléctrica en media tensión, como el Modelo de Contrato Mercantil para la prestación del servicio de suministro básico de energía eléctrica en baja tensión, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 2022 y 07 de septiembre de 2021 respectivamente, establecen en las Clausulas Cuarta y Quinta, lo siguiente:
“CUARTA.- Obligaciones del "USUARIO DE SUMINISTRO BÁSICO".
El "USUARIO DE SUMINISTRO BÁSICO" tiene las siguientes obligaciones, además de las contenidas en las diferentes cláusulas de este Contrato:
A. Manifestar sin faltar a la verdad los datos requeridos para el Contrato y que dicha información sea completa, precisa y se encuentre actualizada.
B. Cumplir las condiciones establecidas en el presente Contrato.
C. Realizar los pagos por el Suministro Eléctrico, productos o servicios recibidos a más tardar en su fecha límite de pago señalada en el Aviso-Recibo, con base en las tarifas reguladas autorizadas en moneda nacional. Los servicios no están limitados a la venta de energía y potencia.
”(Sic).
“QUINTA.- Derechos del "SUMINISTRADOR".
El "SUMINISTRADOR" tiene los siguientes derechos:
A. Recibir una remuneración a cambio de los servicios prestados, con base en las tarifas autorizadas.
B. Comprobar, en todo momento, si la información proporcionada por el "USUARIO DE SUMINISTRO BÁSICO" es correcta, completa y se encuentra act
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34027-f9a8ee4b/comision-federal-de-electricidad-cfe-la-reforma-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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