EJECUCIÓN DE ORDEN DE CATEO. PARA QUE SEA LEGAL ES NECESARIO, POR REGLA GENERAL, QUE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA SE ELABORE EN EL LUGAR CATEADO E INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE QUE CULMINE LA DILIGENCIA.
AMPARO DIRECTO 26/2025. 26 DE MARZO DE 2026. MAYORÍA DE VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS JUAN EDUARDO BAZÁN GARCÍA Y ROSA MONTAÑO MARTÍNEZ. DISIDENTE Y PONENTE: MARINA EDITH GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ. SECRETARIA: CLAUDIA RAMOS GONZÁLEZ.
Ciudad de México. Acuerdo del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, correspondiente a la sesión pública ordinaria de veintiséis de marzo de dos mil veintiséis.
VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo directo 26/2025.
Resultando:
1. Acción de amparo. La referida quejosa, mediante escrito presentado de forma electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el treinta de enero de dos mil veinticinco, a través de su Defensor Público Federal, promovió demanda de amparo contra la sentencia dictada el dos de enero de dos mil veinticinco, en el toca ********* por el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito, y su ejecución atribuida al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur, en funciones de Juez de Ejecución Penal.(1)
En la aludida decisión la Alzada modificó(2) la sentencia de primer grado y condenó a la ahora accionista de amparo, por los delitos:
a) Contra la salud, en la modalidad de posesión simple del estupefaciente denominado Cannabis Sativa L., comúnmente conocida como marihuana, sin autorización de la Ley General de Salud, previsto y sancionado en el artículo 195 Bis, párrafo primero, del Código Penal Federal, y
b) Posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 Quat (sic), fracción II, en relación con el diverso 11, inciso f), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
De ahí que el Ad quem responsable determinó imponerle las sanciones siguientes: a) cuatro años seis meses de prisión, b) cien días de multa(3) y c) el decomiso de los objetos materiales asegurados.
Asimismo, negó la sustitución de la pena privativa de libertad y el beneficio de la condena condicional,(4) además, ordenó la suspensión de los derechos políticos.
2. Trámite. De esa demanda correspondió conocer a este Tribunal Colegiado, por lo que en auto de seis de marzo de dos mil veinticinco, la registró como amparo directo 26/2025 y previo desahogo de diversos requerimientos formulados,(5) el quince de abril siguiente(6) la admitió a trámite respecto del acto reclamado al Tribunal Colegiado de Apelación responsable y su ejecución, reclamada al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur, en funciones de Juez de Ejecución Penal.
Asimismo, dio la intervención correspondiente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, tuvo como tercero interesado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Célula 4, Equipo 1, de la Unidad de Investigación y Litigación en la Ciudad de México (*********), así como al Agente del Ministerio Público Federal adscrito al Tribunal responsable; también, se hizo saber a las partes que el Pleno de este tribunal estaba integrado por los Magistrados Horacio Armando Hernández Orozco (entonces presidente), Francisco Javier Sarabia Ascencio y Juan José Olvera López.
3. Alegatos. En proveído de dieciséis de mayo de dos mil veinticinco, se tuvo por recibida la intervención ministerial 325/2025, suscrita por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y en atención a su contenido, se tuvieron por hechas sus manifestaciones en vía de alegatos, en el entendido que sería el Pleno quien al momento de dictar sentencia determinaría si se toman en consideración.(7)
4. Nueva integración y turno. En auto de veintiuno de mayo de dos mil veinticinco, se dio cuenta con el oficio SEADS/1810/2025 donde el Secretario Técnico AA de la Comisión de Adscripción, Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del entonces Consejo de la Judicatura Federal informó que en sesión ordinaria celebrada el diecinueve de mayo pasado, la citada Comisión designó a la licenciada Guadalupe Rocío Neri Reynaga como Secretaria en funciones de Magistrada en sustitución del Magistrado Horacio Armando Hernández Orozco, con efectos del veinte al veintiocho de ese mes y año; por tanto, el Pleno de este Tribunal estaría integrado por las personas Magistradas Francisco Javier Sarabia Ascencio (entonces presidente), Juan José Olvera López y por la Secretaria en funciones de Magistrada citada.(8)
En virtud de lo anterior, el veintiséis de mayo siguiente, se turnó el asunto a la Secretaria en funciones de Magistrada referida para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.(9)
Posteriormente, en auto de veinte de agosto de la anualidad pasada, de acuerdo con el oficio SEADS/2491/2025,(10) se determinó que el Pleno de este Tribunal seguiría integrado de esa forma hasta el treinta y uno de agosto de dos mil veinticinco.(11)
Por último, el diecisiete de septiembre de dos mil veinticinco,(12) se hizo saber a las partes que a partir del dieciséis de ese mes y año, este órgano colegiado se encuentra integrado por las personas magistradas Rosa Montaño Martínez (entonces presidenta), Juan Eduardo Bazán García (ahora presidente) y Marina Edith Gutiérrez Hernández (ponente), asimismo, con esa misma fecha se returnó el asunto a la Magistrada ponente para que formulara el proyecto de resolución correspondiente.(13)
5. Lista. Este asunto se incluyó en la lista publicada el diecinueve de marzo de dos mil veintiséis para ser visto en la sesión ordinaria de hoy.
Considerando:
I. Competencia. Este Tribunal es competente en términos de los artículos 103, fracción I y 107, fracción V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34, 170, fracción I y 171 de la Ley de Amparo; 38, fracción I, inciso a) y 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como del Acuerdo General 3/2013 del entonces Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se trata de un amparo directo contra una sentencia definitiva dictada por un Tribunal colegiado de Apelación, en materia penal, residente en este circuito.
II. Oportunidad en la promoción del juicio. El juicio de amparo fue promovido oportunamente, pues el acto reclamado le fue notificado a la quejosa el seis de enero de dos mil veinticinco(14) y la demanda de amparo se presentó el treints de enero siguiente.
III. Existencia de los actos reclamados. Previo a establecer la existencia de los actos reclamados, cabe destacar que constituye un hecho notorio, en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que el diverso juicio de amparo directo 25/2025, de esta estadística, fue promovido por los diversos cosentenciados, contra la sentencia aquí reclamada, y en ese asunto, la autoridad responsable ordenadora remitió los autos físicos de la carpeta de juicio oral *********, derivado de la causa penal ********* y su acumulada *********, en los que consta el acto reclamado.
En consecuencia, toda vez que ambos asuntos (juicios de amparo directo 25/205 y 26/2025) se resuelven en sesión de esta propia fecha, atendiendo al artículo 17, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(15) el cual establece que debe privilegiarse la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, las citadas constancias se tomarán en consideración en esta ejecutoria, para dictar la determinación conducente.
En ese tenor, el acto reclamado al Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito responsable se acredita con el informe justificado que rindió, así como con los autos referidos en párrafos anteriores, los que se tuvieron a la vista y cuentan con valor probatorio.(16)
Asimismo, se acredita la certeza del acto de ejecución atribuido al Juzgado responsable, con base en la presunción que deriva de su omisión de rendir el informe de ley; además de que no se reclamó por vicios propios, sino como consecuencia de la sentencia de apelación, de modo que si ésta existe, aquél por necesaria consecuencia también.(17)
IV. Verificación de causales de improcedencia. Este Tribunal no advierte causales de improcedencia que hagan valer las partes o que deban ser estudiadas de oficio, al tenor de lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, por lo que procede el análisis del acto reclamado.
V. Consideraciones previas. En atención a los principios de administración de justicia expedita y economía procesal, no se transcribe el acto reclamado, máxime que de acuerdo con el artículo 74 de la Ley de Amparo, ello no constituye una exigencia legal para las sentencias que se dicten en los juicios de garantías.
Sin que lo anterior implique que se dejen de cumplir los requisitos de congruencia y exhaustividad que rigen a las resoluciones jurisdiccionales, o que se ubique a alguna de las partes en estado de indefensión, pues las correspondientes constancias se tuvieron a la vista en los autos que remitió como anexo la autoridad responsable.
Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 164618, visible a página 830, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, Materia: Común, de rubro: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.”
Por otra parte, resulta oportuno precisar que los criterios contenidos en las tesis y jurisprudencias que se citen en la presente resolución, emitidas y, en su caso, integradas conforme a la Ley de Amparo abrogada, se invocarán en términos de lo dispuesto en el artículo Sexto Transitorio de la actual Ley de la Materia, mientras no se opongan a los preceptos legales contenidos en esta última legislación, por lo que es innecesario mencionar el transitorio de mérito cada vez que se invoquen.
Asimismo, las referencias que se hagan a la Primera y Segunda Salas, así como al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se entenderán hechas respecto a la integración del Máximo Tribunal del País hasta antes del uno de septiembre de dos mil veinticinco; por lo que resulta innecesario indicar la extinción de dichas Salas cada vez que se mencionen.
VI. Síntesis de los conceptos de violación. La quejosa, por conducto de su Defensor Público Federal, hace valer en síntesis los siguientes motivos de inconformidad.
A) El acto reclamado es violatorio de los derechos fundamentales de presunción de inocencia en su vertiente de estándar de prueba, exacta aplicación de la ley penal y debida fundamentación y motivación, regulados en los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero y 20, apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; toda vez que el Tribunal de Alzada responsable consideró de forma incorrecta que se acreditaron los delitos contra la salud en la modalidad de posesión simple de Cannabis Sativa L. y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, ya que se concretó a realizar un resumen de las pruebas desahogadas en el juicio y sólo enunció aquello que a su consideración resultó adecuado para tener por acreditados los citados ilícitos, en circunstancias de modo, tiempo y lugar; además, precisó que no se actualiza alguna de las hipótesis de exclusión del delito previstas en las fracciones I, II y X, del artículo 15 del Código Penal Federal(18) y su correlativo 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales.(19)
B) La autoridad responsable desdeñó que los datos de prueba recabados por los elementos de policía ********* y ********* –con los que se autorizó la orden de cateo–, fueron obtenidos con violación de derechos fundamentales.
B.1) No se desahogó una sola prueba con la que se acreditara que el predio en el que se localizó el domicilio objeto del cateo, fuera irregular, ni que acreditara que “dicho predio constituía vía pública”, además, la responsable omitió responder por qué el sitio constituía vía pública.
B.2) El Tribunal omitió indicar por qué el hecho de que el predio “fuere irregular, tal situación le quitaba el carácter de propiedad privada, y por qué el supuesto carácter de irregular del predio le facultaba a los elementos de policía realizar actos de investigación dentro del mismo.”
B.3) La autoridad responsable afirmó sin fundamento, que “el asentamiento ********* sea una colonia”, lo cual está alejado de la realidad, pues éste se encuentra entre diversas calles que tienen nombres de volcanes “lo cual la ubica como una unidad habitacional o fraccionamiento habitacional denominado ‘Asentamiento *********’ que se haya dentro de las colonias ‘********* y *********’, por lo que el predio es propiedad privada.”
B.4) El aludido predio tiene el número *********, de la calle *********, lo que significa que no es una colonia sino un fraccionamiento, esto es, un conjunto habitacional contenido dentro del predio de la nomenclatura citada.
B.5) Luego, si el predio no era irregular y tampoco se trata de una colonia, la responsable debió corregir tal inconsistencia en la resolución reclamada y decretar que la información obtenida por los elementos de policía ********* y ********* al haber ingresado al “predio ********* sin autorización judicial resulta ilícita” y, en consecuencia, debió dejar sin valor la diligencia de cateo aludida.
C) El Tribunal responsable realizó una inadecuada valoración probatoria; lo anterior, ya que consideró de manera incorrecta que la valoración de las pruebas realizada por el A quo fue adecuada, pues omitió fundar y motivar “debidamente que deba sostenerse el valor probatorio que el A quo le otorgó a los testimonios del Agente del Ministerio Público y de los policías intervinientes en la diligencia de cateo a pesar de las evidentes inconsistencias y contradicciones respecto del desarrollo de la diligencia de cateo en que incurrieron al declarar”, y entre éstos y los diversos elementos de policía ********* y *********; por el contrario, se concretó a sostener que esas inconsistencias de forma alguna revelan que al momento de su intervención en el cateo, la ahora quejosa no estuviera en el interior del domicilio; empero, las contradicciones en los testimonios revelan irregularidades en el desarrollo de la diligencia de cateo, las que son contrarias a las formalidades esenciales del procedimiento previsto para la realización de diligencias de cateo. Por tanto, inatendió las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia.
D) La autoridad responsable omitió señalar que el Agente del Ministerio Público que presidió el cateo asentó en el acta y lo sostuvo al rendir su testimonio en juicio, que durante todo el tiempo que duró la diligencia, las tres personas detenidas permanecieron sentadas en un sillón dentro de “esa área de tres o cuatro metros, y jamás dijo que hayan estado en el piso en el pasillo en algún momento”, y soslayó que los sentenciados estuvieron “tirados” en el piso de un pasillo y no dentro de la bodega, lo que evidencia que no presenciaron el desarrollo de la diligencia de cateo, poniendo en evidencia que se incumplieron las formalidades del procedimiento, circunstancia que torna ilícito el hallazgo del objeto material.
E) El Tribunal responsable de manera incorrecta determinó “que fue acertado que el Aquo considerara que el testimonio de ********* quedara vacío porque sólo habló de lo que apreció a través de los sentidos”, pues dejó claro que la intervención en las grabaciones fue manipulada, “sin que demostrara que la manipulación fuera suficiente para desvirtuar la presencia de los acusados en el inmueble” en el que se encontraron los objetos materiales del delito, ya que incluso, ingresó al inmueble después de las autoridades facultadas para la ejecución del cateo; argumentos que resultan confusos y no dan respuesta a los argumentos sostenidos por la Defensa Pública Federal.
Lo anterior, ya que suponiendo sin conceder que la perito de audio y video ********* haya ingresado posteriormente, por cuestión de lógica debió ingresar inmediatamente después de los cuerpos de policía, lo cual le permitió ver con claridad el número de personas que pudieran encontrarse en el interior de la bodega “aun y cuando el Ministerio Público indebidamente le hubiera solicitado que suspendiera la videograbación”; lo cierto es que la experta sí presenció a través de sus sentidos “qué personas se encontraban dentro de la bodeguita y qué personas se encontraban fuera de la misma, en el pasillo”, lo cual también le permitió apreciar a través de sus sentidos si alguna de las personas que se encontraban dentro fueron “sacadas” hacia el pasillo.
Por el contrario, dice, del testimonio rendido por la citada experta no se advierte que haya observado que en algún momento se encontrara persona alguna sentada en el sillón localizado dentro de la bodeguita ni indicó que de ésta se hubiera “sacado” a algún sujeto, pero si señaló que antes de entrar vio tiradas en el pasillo a tres personas; lo que significa que su testimonio da cuenta de la falsedad del acta de cateo y del testimonio del Agente del Ministerio Público y de los policías participantes en el mismo, lo que se corrobora con las fotografías recabadas por la perito.
F) La responsable de forma genérica afirmó que el delito POSESIÓN DE CARTUCHOS de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea “es de mera conducta y lo que sanciona es la puesta en peligro del bien jurídico tutelado que es la seguridad pública, sin que se requiera la existencia de algún instrumento capaz de lograr su deflagración”; sin que señalara el grado del peligro del bien jurídico tutelado, si los “tres (sic) cartuchos” fueron localizados en el interior de un domicilio particular.
G) El Tribunal omitió pronunciarse ex officio sobre la inconstitucionalidad del artículo 83 Quat (sic), fracción II, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, ya que no resulta claro “en lo que debe entenderse por ‘posesión’ de cartuchos, lo que deriva en la desproporcionalidad en la imposición de penas”; pues de la “interpretación integral” de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos se puede advertir que la conducta de “posesión”, sin razón alguna tiene un trato diferenciado en cuanto a la imposición de penas respecto de armas de fuego y con relación a los cartuchos.
Al respecto, manifiesta que el delito PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO ya sea de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea o de las que puedan portarse por particulares, tiene establecida una determinada pena de prisión, pero en tratándose de la POSESIÓN de las referidas armas de fuego, las penas previstas en la ley son menores. Respecto del ilícito POSESIÓN DE CARTUCHOS, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos sanciona con la misma severidad la conducta de POSEER en la vía pública o dentro de un domicilio particular, lo que impide la lesión o puesta en peligro de la seguridad pública; circunstancia que refiere, genera inseguridad jurídica y vulnera el principio de taxatividad legislativa.
VII. Estudio. Los motivos de disenso hechos valer por el Defensor Público Federal de la quejosa *********, en la parte que será materia de estudio en esta ejecutoria, son esencialmente fundados, suplidos en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo,(20) y suficientes para que se le conceda la protección constitucional.
Ello, porque el emitir la sentencia reclamada, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito, vulneró el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de estándar de prueba, y en atención al principio de mayor beneficio deviene innecesario abordar el estudio y efectuar pronunciamiento en torno a los restantes conceptos de violación que incluso, de resultar fundados, no necesariamente lograrían el mayor beneficio esperado por la justiciable.
Ilustra lo anterior, la jurisprudencia P./J. 3/2005, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 179367, publicada en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Febrero de 2005, Novena Época, Materia: Común, de rubro: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES.”
En ese tenor, es oportuno precisar que el Tribunal de Apelación tuvo por comprobados los delitos que se atribuyen a la referida quejosa, por estimar demostrados los hechos siguientes:
“El 20 de julio de 2022, siendo aproximadamente las 18:50 horas, se cumplimentó una orden de cateo en el domicilio ubicado en *********, número *********, colonia *********, alcaldía *********, Ciudad de México, por ********* y *********, policías de investigación y *********, Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de la Ciudad de México, en el interior se encuentra una especie de bodega en donde se encontraban *********, ********* y *********, y en su radio de acción y disponibilidad inmediata se encontraba 1 bolsa de material sintético translúcida, la cual contenía 25 bolsas de material sintético transparente cuyo interior contenía vegetal verde seco.
1 bolsa de material sintético translúcida la cual contenía 39 bolsas de material sintético transparente con cierre hermético cuyo interior contiene vegetal verde; 15 bolsas de material sintético conteniendo vegetal verde; 1 bolsa de material sintético transparente que contenía vegetal verde seco a granel, que a la postre fue dictaminada como Cannabis Sativa, haciendo un peso total de vegetal 236.3 (doscientos treinta y seis punto tres gramos); 1 bolsa de material sintético color negro con cinta canela que contenía vegetal verde seco a granel.
1 bloque de vegetal verde seco compacto, envuelto en material sintético transparente; 1 bloque de vegetal verde seco compacto, envuelto en cinta canela, que a la postre fue dictaminado como Cannabis Sativa, haciendo un peso total de vegetal de 19,433.3 gramos (diecinueve mil cuatrocientos treinta y tres punto tres); 3 bloques de vegetal verde seco compactos, envueltos en material sintético transparente, que a la postre fue dictaminada como Cannabis Sativa haciendo un peso total de vegetal 23,651.1 gramos (veintitrés mil seiscientos cincuenta y uno punto un gramos); 3 bloques de vegetal verde seco compactos, envueltos en material sintético transparente y cinta canela, que a la postre fue dictaminada como Cannabis Sativa, haciendo un peso total de vegetal de 23,828.2 gramos (veintitrés mil ochocientos veintiocho punto dos gramos); 4 cartuchos con la leyenda en su base R.P. calibre 308 Win, que a la postre se determinó que se encuentran señalados con el artículo 11, inciso f) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, momento en el cual son detenidos, ya que no acreditaron contar con la licencia y autorización respectiva para su posesión.”
Y conforme a ello tuvo por configurados los delitos siguientes:
1. Contra la salud, en la modalidad de posesión simple del estupefaciente denominado Cannabis Sativa L., comúnmente conocida como marihuana, sin autorización de la Ley General de Salud, previsto y sancionado en el artículo 195 Bis, párrafo primero, del Código Penal Federal,(21) y
2. Posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 Quat (sic), fracción II,(22) en relación con el diverso 11, inciso f),(23) ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Suceso delictivo que el Tribunal responsable tuvo por acreditado con las pruebas de cargo siguientes:(24)
- Respecto al ilícito contra la salud, con:
a) Testimonio de la agente de la policía de investigación *********,(25) quien, manifestó:
“...realicé diversas intervenciones dentro de las carpetas con terminación *********y *********, siendo que el día dieciocho de julio de dos mil veintidós, aproximadamente a las 19:00, fui notificada por mi mando inmediato que se había recibido una orden de trabajo con número de folio *********, en la que venía anexada una denuncia anónima, con número de folio *********. En dicha denuncia anónima se refería que en el inmueble ubicado en Avenida *********, *********, colonia *********, Alcaldía *********, Código Postal *********, se realizaba la venta de narcóticos durante todo el día. Por ese motivo es que me traslado a dicho inmueble el día diecinueve de julio de dos mil veintidós, llegando al mismo aproximadamente a las once de la mañana, a bordo de la Unidad Autopatrulla H81AAF, es una Jeep Compass, color gris, sin balizar, perteneciente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Al llegar al lugar me percaté junto con mi compañero, que el inmueble es muy grande y que cuenta con una especie de marco de concreto en la entrada, desde el que se puede observar que hay diversos domicilios dentro, por lo cual comenzamos a realizar entrevistas con vecinos que habitaban el lugar que nos mencionan, de inicio que la colonia correcta era ‘*********’, segunda, que era un predio irregular, ya que no contaba con documentación que acreditara la propiedad del mismo y posteriormente a eso realizamos un recorrido por el lugar, obteniendo que el inmueble se encuentra entre las calles *********, ********* y *********, y que tiene un acceso peatonal por calle *********, que fue por donde ingresamos. Una vez que ingresamos por ahí, realizamos un recorrido pie tierra y logramos ubicar el inmueble que se refería en la denuncia anónima, que en ese entonces contaba con la descripción, que era un inmueble de planta baja en obra negra, que estaba delimitado por malla ciclónica, que del lado derecho hay un árbol en el cual se encontraban amarradas diversas lonas de color blanco con otros colores y que ahí vendían refrescos, papas, que aparentaba ser una tienda de abarrotes, que del lado izquierdo del inmueble se encontraba un inmueble de planta baja con fachada color ********* y portón *********, marcado con el número *********, y que del lado derecho, cruzando una pequeña calle de terracería, se encontraba un inmueble de planta baja y primer nivel de color ********* con portón ********* marcado con el número *********. Una vez que vimos que se trataba de ese lugar, por la descripción que había en la denuncia anónima, decidimos realizar vigilancias discretas en el lugar, percatándonos que efectivamente se vendían narcóticos a diferentes personas, siendo que a las 11:07 del diecinueve de julio de dos mil veintidós, observamos el primer intercambio entre dos masculinos, a las 11:25 vimos un segundo intercambio entre una femenina y un masculino, y a las 11:50 observamos un tercer intercambio entre un masculino y una femenina. Una vez que obtuvimos esta información, también obtuvimos la geolocalización del inmueble, la cual es *********, y posterior a esto, volvimos a entrevistarnos con otros vecinos para corroborar la información que habíamos visto, y una señora de aproximadamente cincuenta y cinco años, complexión delgada, tez blanca, cabello rubio, que no quiso dar sus generales, nos confirmó que efectivamente en el inmueble se vendían narcóticos a todas horas. También nos volvió a decir que los inmuebles ahí son irregulares, que no cuentan con una numeración fija y que los números que cada inmueble tenía, habían sido puestos por el propietario. Después de tener esta información, nos trasladamos a la Fiscalía de Investigación Estratégica Central, a efecto de realizar nuestro informe, a complementar el informe y a obtener más información. En este caso, lo que hicimos con la georreferencia que obtuvimos en el lugar fue corroborarla a través de ‘Google Maps’, vía teléfono celular y también en la página de SEDUVI, al ingresar esta geolocalización en las dos aplicaciones nos da la ubicación exacta del inmueble que se menciona en la denuncia anónima, y ya posterior a eso, el día veinte de julio de dos mil veintidós, fui notificada por mi mando inmediato, que había sido nombrada como personal autorizado dentro de una orden de cateo y que tenía que ponerme a disposición del Agente del Ministerio Público *********, siendo que la orden de cateo fue autorizada por el maestro *********, bajo la carpeta judicial *********, el número de oficio *********, por delitos contra la salud, llegando al lugar de intervención aproximadamente a las 18:40 a bordo de la unidad autopatrulla balizada de color negro con placas de circulación ********* y una vez que llegamos al lugar y que corroboramos que se trataba del mismo del que se ha hablado, que se habló en informes anteriores realizados por la suscrita y su compañero, el Ministerio Público dio inicio al cateo a las 18:45 horas; cabe decir que al lugar llegamos con personal del Ejército, Guardia Nacional, GERI, personal pericial y demás policial que nos ayudó con la seguridad perimetral en el inmueble. Y ya posteriormente entramos al inmueble y nos percatamos que no cuenta con puerta, y una vez que ingresaba, del lado izquierdo estaba la figura de una Santa Muerte muy grande, del lado derecho había un sillón de color café en la cual se encontraban los imputados sentados y frente al mismo se encontraba una mesa de color negra donde se encontraron diversos objetos, entre ellos fueron unos cartuchos y fueron unas bolsas que contenían vegetal verde seco en su interior. En ese momento, tanto el Ministerio Público como nosotros nos identificamos con las personas que se encontraban como Agente del Ministerio Público y en su caso agen
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34299-391ae0a2/ejecucion-de-orden-de-cateo-para-que-sea · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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