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Modo: Corpus Pro

REPRESENTACIÓN COADYUVANTE EN ASUNTOS RELACIONADOS CON NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (NNA). PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO LA PERSONA JUZGADORA FEDERAL OMITIÓ VERIFICAR QUE LA PERSONA QUE DESIGNÓ PARA EJERCERLA CONTABA CON ESPECIALIZACIÓN EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE ESA CATEGORÍA DE PERSONAS.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 188/2025. · Registro digital (IUS): 34268
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-09-25
Promovente: —
Localización: Duodécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 13, Septiembre de 2026, Tomo IV, Volumen 2, Pág.1267.

AMPARO EN REVISIÓN 188/2025. RELACIONADO CON R.P. 274/2022,(1) INCONFORMIDAD 24/2023,(2) Q.P. 90/2024,(3) Q.P. 249/2024(4) (RESUELTOS) Y R.P 31/2025 (RESUELTO).(5) 5 DE MARZO DE 2026. MAYORÍA DE VOTOS DE LAS MAGISTRADAS GABRIELA GUADALUPE RODRÍGUEZ ESCOBAR Y MARTHA CAROLINA ROMÁN ORDAZ. DISIDENTE: MAGISTRADO GUSTAVO ALBERTO CAMPOS VÁZQUEZ. PONENTE: GABRIELA GUADALUPE RODRÍGUEZ ESCOBAR. SECRETARIO: PEDRO ROSAS GUTIÉRREZ.

Ciudad de México. Acuerdo del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, correspondiente a la sesión ordinaria pública de cinco de marzo de dos mil veintiséis.

VISTOS los autos para resolver el amparo en revisión 188/2025.

RESULTANDO:

1. PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado vía electrónica el diez de diciembre de dos mil veinticuatro, ******* ********* ******** *********, en representación de sus hijos menores de edad, de identidad reservada con iniciales ******** y ******, promovió demanda de amparo, en la que señaló como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes:

Ver autoridad responsable y acto reclamado

2. SEGUNDO. Admisión del asunto. Mediante proveído de once de diciembre de dos mil veinticuatro,(6) el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México recibió el asunto y lo registró bajo el número ********; lo admitió; señaló fecha para la audiencia constitucional y tramitó el incidente de suspensión por separado.

3. TERCERO. Incompetencia por razón de turno. En acuerdo de veintiuno de enero de dos mil veinticinco,(7) el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México se declaró incompetente, por razón de turno, en favor de su homólogo Noveno.

4. CUARTO. Aceptación de conocimiento. Mediante proveído de veintinueve de enero de dos mil veinticinco,(8) el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México aceptó y se avocó al conocimiento del asunto, lo registró bajo el número ********, convalidó actuaciones, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia, y precisó el acto reclamado de la siguiente manera:

“El acuerdo ministerial de diecinueve de noviembre de dos mil veinticuatro, dictado en la carpeta de investigación *****************************, en la que se ordenó remitir la señalada carpeta de investigación a la Coordinación de Servicios Periciales, en específico, al área de psicología, a fin de que peritos en la materia, amplíen los dictámenes realizados el veinticinco y veintiocho de octubre de dos mil veinticuatro. Atribuida al agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación sin Detenido A-2 de la Agencia "A", en la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niños, Niñas y Adolescentes, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México”.

5. QUINTO. Audiencia constitucional y sentencia. El seis de marzo de dos mil veinticinco,(9) tuvo verificativo la audiencia constitucional, y se dictó sentencia, la cual se autorizó el treinta de mayo siguiente,(10) bajo el siguiente punto resolutivo:

“(...)

ÚNICO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE A ******* ********* ******** *********, en representación de los NNA de iniciales ******** y ******, respecto al acto, autoridad y por las razones especificadas en el considerando noveno de la presente sentencia

(...)”

6. SEXTO. Recurso de revisión. Inconforme con lo anterior, el tercero interesado, ****** ***** ********* *********, interpuso recurso de revisión, el cual fue admitido por la presidencia de este tribunal colegiado, el ocho de julio de dos mil veinticinco.(11)

7. SÉPTIMO. Revisión adhesiva. El quince de julio de dos mil veinticinco,(12) la presidencia de este tribunal colegiado admitió el recurso de revisión adhesiva de la quejosa ******* ********* ******** *********, por conducto de su autorizado.

8. OCTAVO. Integración y returno. En atención al oficio SEADS/319/2025 de veintinueve de enero de dos mil veinticinco, suscrito por el Secretario Técnico AA de la Comisión de Adscripción, Encargado del Despacho de la Secretaría Técnica de Adscripción, se informó la readscripción de la Magistrada Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar a este tribunal colegiado, en la plaza del Magistrado en retiro Juan Carlos Ramírez Benítez, con efectos a partir del dieciséis de agosto de dos mil veinticinco.

9. Por otra parte, con motivo del “ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL POR EL QUE SE ADSCRIBEN A LAS PERSONAS ELECTAS EN EL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO A DIVERSOS CARGOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 2024-2025, ASIMISMO, SE COMISIONAN, REUBICAN Y READSCRIBEN, A PERSONAS FUNCIONARIAS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, SE DESIGNAN Y, EN SU CASO, PRORROGAN A PERSONAS SECRETARIAS EN FUNCIONES DE PERSONAS JUZGADORAS” y de la “Adscripción de las personas electas en el proceso electoral extraordinario a diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, así como demás movimientos que se indican para la integración de los órganos jurisdiccionales federales”, se informó la adscripción a este tribunal de la Magistrada Martha Carolina Román Ordaz y del Magistrado Gustavo Alberto Campos Vázquez, con efectos a partir del quince de septiembre de dos mil veinticinco.

10. Por lo tanto, este órgano actualmente está integrado por las Magistradas Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar y Martha Carolina Román Ordaz y por el Magistrado Gustavo Alberto Campos Vázquez.

11. Por auto de cinco de diciembre de dos mil veinticinco, se returnaron los autos a la Magistrada Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

12. NOVENO. Discusión previa. En sesión de once de diciembre del año pasado, el Pleno de este órgano colegiado determinó remitir este asunto al alto tribunal en aras de que determinara si ejercía o no su facultad de atracción.

13. Luego, en auto de veintitrés de febrero de dos mil veintiséis, la presidencia de este órgano constitucional tuvo por recibidos los autos del presente asunto, así como un tomo del juicio de amparo indirecto ******** y siete anexos en copia certificada; en otro aspecto, se tuvo al Máximo Tribunal del País informando que desechó la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 33/2026.

14. En función de lo anterior, se ordenó la devolución de los autos a ponencia para la elaboración del proyecto de sentencia correspondiente.

CONSIDERANDO:

I. Competencia.

15. Este Colegiado es competente para conocer del presente recurso de revisión, de acuerdo con lo dispuesto por los numerales 80, 81 fracción I, inciso e), 84, 86 y 91 de la Ley de Amparo vigente y 35, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que la determinación recurrida fue dictada por un Juzgado de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, ámbito donde este órgano ejerce jurisdicción.

II. Procedencia.

16. Se advierte procedente, ya que se interpuso contra una sentencia emitida por un Juzgado de Distrito en Materia Penal en esta ciudad, por lo que se actualiza la hipótesis prevista en el inciso e), fracción I, del artículo 81 de la ley de la materia.

III. Oportunidad.

17. Es oportuno, toda vez que la resolución controvertida se notificó por lista al tercero interesado el nueve de junio de dos mil veinticinco, por lo que el plazo de diez días referido en el numeral 86 de la Ley de Amparo, transcurrió del once al veinticuatro de junio siguientes, sin contar el catorce, quince, veintiuno y veintidós de ese mes y año por ser inhábiles, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Amparo; mientras que el recurso fue presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, el diecinueve de junio de dos mil veinticinco, según sello fechador.

IV. Forma en que se llevará a cabo el análisis de la sentencia recurrida

18. El estudio del recurso se hará en atención a la figura jurídica de la suplencia de la deficiencia de la queja, en virtud de que se surte el supuesto previsto en el inciso a), de la fracción III, del artículo 79 de la Ley de Amparo, ya que a la recurrente le asiste el carácter de imputada en el proceso penal de origen; sin embargo, dicha suplencia se expresará en caso de que sea necesario y le reporte beneficio a la inconforme.

V. Agravios

19. En atención al sentido de la presente determinación, resulta innecesario realizar una reseña de los agravios expuestos por la parte recurrente principal ni adhesiva, toda vez que de oficio, se advierten violaciones a las reglas fundamentales que rigen el juicio de amparo, que ameritan la reposición del procedimiento.

VI. Decisión de este tribunal

20. Como se adelantó, no se analizarán los agravios principales ni adhesivos que se someten a consideración, ni la sentencia recurrida, pues de oficio, se advierte que ésta debe revocarse, a efecto de que se reponga el procedimiento en el juicio de amparo, en términos de la fracción IV, del artículo 93(13) de la Ley de Amparo, para los efectos que más adelante se precisarán.

21. Lo anterior, en virtud de que se violaron las reglas que norman el procedimiento, lo que trascendió al resultado del fallo, debido a que la persona juzgadora de Distrito no se cercioró de que el profesional en derecho que le fue designado a los menores de edad como representante coadyuvante, contara con los conocimientos necesarios en la defensa de niñas, niños y adolescentes.

22. Así es, el precepto mencionado dispone que en los asuntos en revisión, los tribunales que conozcan en segunda instancia de un juicio de amparo deben verificar que, por acción u omisión, no se hayan violado las reglas fundamentales que norman el procedimiento, ya que de actualizarse dicho supuesto, deben revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento, siempre que las infracciones trasciendan al resultado del fallo.

23. En ese orden, se tiene en cuenta la resolución de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, pronunciada en el amparo directo en revisión 5833/2019, por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual, entre otros temas, se analizó el derecho a la representación jurídico procesal de los menores de edad y en lo conducente, se determinó:

24. Que en aquellos juicios en que la litis verse sobre la determinación de derechos subjetivos y fundamentales de las y los menores de edad, se debe partir de la base de que la representación es una institución jurídica procesal fundamental para la adecuada defensa de sus derechos, ya que éstos, por su especial condición de sujetos de derechos que se encuentran en desarrollo de su madurez física y mental, jurídicamente no tienen reconocida una capacidad jurídica plena, y materialmente, requieren el auxilio de los mayores de edad para el ejercicio progresivo de sus derechos.

25. Que la representación jurídica es una institución directamente vinculada a su derecho de tutela judicial efectiva, que entre otros, comprende su acceso a la justicia y su derecho de audiencia, que ameritan ser garantizados de manera especial y reforzada, sobre la base del principio del interés superior del menor.

26. Determinó que de conformidad con los artículos 3 y 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño, así como del preámbulo de dicho instrumento convencional, una importante vertiente en la protección de los derechos de los menores de edad, radica en el reconocimiento de que la familia es el medio natural para el crecimiento y bienestar de niños, niñas y adolescentes, y que es a los progenitores en primer orden, y en su defecto, a tutores o cuidadores, en su caso, a los miembros de la familia ampliada, a quienes asiste la responsabilidad de los menores ante la ley, para procurar el pleno ejercicio de sus derechos, en consonancia con la evolución de sus facultades, es decir, conforme a su autonomía progresiva.

27. Señaló que, concomitantemente, al Estado asiste el deber primordial de brindar protección y asistencia a los miembros de la familia, y particularmente a los progenitores, tutores o quienes tengan bajo su responsabilidad a los menores de edad, para la asunción de sus deberes en relación con ellos y el logro efectivo de los derechos de los infantes.

28. De ahí que, refirió, toda medida legislativa, administrativa o jurisdiccional que adopten las autoridades públicas en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con la protección de los derechos de los menores de edad, habrá de tener en cuenta tanto su interés superior y su bienestar general, como los derechos y deberes de los progenitores, tutores o cuidadores que los tengan bajo su responsabilidad, con respeto a estos y sin injerencias arbitrarias que no aconseje el interés prevalente de aquéllos.

29. Apuntó que en el ejercicio de la representación jurídica de los menores de edad, que originalmente asiste a los progenitores o padres adoptivos con motivo de la función de la patria potestad, o a los tutores legales que tienen discernida la función de la tutela en defecto de la patria potestad, prevalecen los deberes del Estado en la protección y asistencia para el eficaz y pleno cumplimiento de los derechos de los menores.

30. Resaltó que por esa razón, es posible y obligado, que en el ejercicio de esa representación jurídica procesal de los menores de edad en un procedimiento jurisdiccional o administrativo, el Estado intervenga a efecto de procurar que su representación en los casos concretos resulte adecuada, como una medida de protección reforzada para la defensa de sus derechos, esto, mediante la asignación por parte de los juzgadores o autoridades competentes, de una representación procesal oficial y especializada, diferente de la representación jurídica que asiste a quienes ejercen la patria potestad o a quienes tienen discernida una tutela legal en defecto de la patria potestad, y que tendrá efectos jurídicos distintos, según el tipo de representación procesal especial que se estime procedente en cada caso, conforme a sus circunstancias.

31. El Máximo Tribunal sostuvo que la representación originaria de los menores es la que ejercen quienes tienen a su cargo la patria potestad o la tutela de los menores de edad conforme a la ley, y que este tipo de representación comprende la representación procesal de los menores dentro de un procedimiento (jurisdiccional o administrativo) en que se diriman sus derechos, la cual, afirma, tendrá lugar como regla general en todo proceso, por ser parte de las funciones inherentes a esas instituciones jurídicas –patria potestad o tutela en defecto de ésta-.

32. Por otra parte, consideró que en protección de los derechos de los menores de edad al debido proceso, para su defensa adecuada, es decir, para lograr el pleno y efectivo ejercicio de los derechos procesales y sustanciales de aquéllos en los procedimientos, el Estado tiene el deber de proveer una representación procesal de tipo coadyuvante, la cual, puntualiza, como su denominación y definición lo indican, opera en todo procedimiento en forma de acompañamiento a la representación originaria, será establecida oficiosamente por la autoridad jurisdiccional o administrativa que dirija el procedimiento de que se trate, por ende, será una representación jurídica procesal que se desarrollará concomitantemente con las facultades de la representación originaria o legítima que progenitores, padres adoptivos o tutores, esto es, se trata de una representación procesal que no sustituye ni desplaza la representación originaria, sino que coadyuva con ésta.

33. La representación coadyuvante atañe a los deberes de garantía y protección del Estado respecto del derecho fundamental de los menores de edad a su representación jurídica para su adecuada defensa en los procedimientos judiciales y administrativos en que se ventilan sus derechos, debe realizarse con una perspectiva de infancia, esto es, dice, con un enfoque centrado en el menor como sujeto de derechos y guiado por la premisa de garantizar que los menores de edad ejerzan plena e integralmente sus derechos conforme al marco constitucional y convencional.

34. Esa representación jurídica oficial coadyuvante de la originaria, para ser adecuada y responder a sus fines garantistas, se rige esencialmente por tres principios básicos, a saber, de a) Especialización b) Independencia c) Proporcionalidad.

35. Así, determinó el Máximo Tribunal que la representación jurídica coadyuvante de los menores de edad en los procedimientos, proporcionada por el Estado, además de ejercerse por profesionales que, desde luego, han de tener conocimiento jurídico del amplio espectro de derechos fundamentales de los menores de edad en sus contenidos y alcances conforme al entendimiento constitucional y convencional; para ser una representación eficaz y adecuada, exige ser especializada en infancia, operar bajo la premisa de garantizar y proteger los derechos de los menores conforme a su interés superior, al margen de cualquier otro interés, y asumirse con la proporcionalidad que exija cada caso, con pleno respeto del menor de edad atendiendo a su autonomía en progresión, y sin llegar a constituirse en una intervención arbitraria frente a la capacidad de quienes ejercen la representación originaria.

36. De lo expuesto, la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que el derecho fundamental de los menores de edad a su representación jurídico procesal para la defensa de sus derechos en un procedimiento jurisdiccional o administrativo, por regla general, debe ejercerse por sus representantes originarios (quienes ejercen patria potestad o una tutela discernida en defecto de la patria potestad), y en acompañamiento de estos, el Estado debe proveer una representación oficial de tipo coadyuvante en todos los casos, que asegure el ejercicio efectivo de los derechos procesales y sustanciales del menor, con un deber general subyacente de vigilar que no prevalezcan conflictos de interés entre los representantes originarios y los menores de edad.

37. La ejecutoria en descripción dio origen a la tesis aislada 1a. XXXVI/2022 (10a.), de rubro y texto siguientes:

“REPRESENTACIÓN JURÍDICA. ALCANCES DE ESTE DERECHO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN UN PROCESO JURISDICCIONAL.

Hechos: Una persona menor de edad promovió demanda de amparo directo por propio derecho, para impugnar la sentencia de apelación derivada de un juicio del orden familiar, en la que se determinó absolver a su progenitor de la pérdida de la patria potestad y se estableció un régimen de convivencia entre ellos. El Tribunal Colegiado de Circuito que recibió la solicitud de amparo advirtió que la infante tenía designada una tutriz dativa especial en el juicio de origen, que ejercía su representación procesal, por lo que requirió a ésta para que interviniera con ese carácter en el juicio constitucional; la tutriz desahogó el requerimiento e hizo suya la demanda, y el órgano colegiado la admitió a trámite teniéndola como promovida por la representante. En la sentencia del juicio de amparo se decretó el sobreseimiento por estimar extemporánea la demanda. En contra de esta determinación la persona menor de edad interpuso amparo directo en revisión también por propio derecho (suscribió directamente el escrito respectivo y plasmó huellas digitales), en el que cuestionó el hecho de que su demanda se considerara promovida por su tutriz dativa especial y que el plazo para instarla se haya contabilizado a partir de que el acto reclamado fue notificado a ésta en el recurso de apelación.

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que las personas menores de edad cuyos derechos se dirimen en un proceso jurisdiccional deben contar con la participación de sus representantes originarios y, en todos los casos, con una representación coadyuvante; asimismo, excepcionalmente, debe operar una representación en suplencia de la originaria, cuando se presenten situaciones extraordinarias que la justifiquen.

Justificación: La representación jurídica de niñas, niños y adolescentes en un proceso que versa sobre sus derechos, es una institución fundamental para su adecuada defensa conforme a los derechos de tutela judicial efectiva y de acceso a la justicia, ya que aquéllos, por su especial condición de sujetos de derechos en desarrollo de su madurez física y mental, no tienen reconocida capacidad jurídica plena y requieren el auxilio de personas mayores de edad. En consonancia con los deberes parentales y estatales que establecen los artículos 3 y 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 4o. de la Constitución Política del país y 4 y 106 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se reconocen tres tipos de representación procesal a las personas menores de edad: a) La originaria que asiste a quienes ejercen la patria potestad o la tutela sustitutiva de ésta, y que tiene lugar como regla general en todo proceso; b) La coadyuvante que asume el Estado y que opera en cualquier procedimiento como acompañamiento a la originaria, sin sustituirla o desplazarla, a la que atañe un deber general subyacente de vigilar que no prevalezcan conflictos de interés entre los representantes originarios y las personas menores de edad, la cual está a cargo de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a nivel federal y local; y c) La que se establece en suplencia ante situaciones excepcionales, a fin de sustituir o desplazar la originaria para los efectos del proceso, mediante su restricción, suspensión o revocación, en los casos siguientes: (i) a falta de la representación originaria, es decir, cuando no exista o no se conozca persona o institución que esté ejerciendo la patria potestad o una tutela en defecto de ésta; (ii) cuando exista conflicto de intereses entre quienes ejercen la patria potestad o la tutela y las personas menores de edad; (iii) cuando la persona juzgadora advierta que quienes ejercen la originaria están realizando una representación deficiente o dolosa en perjuicio de los intereses del representado; y, (iv) cuando por alguna otra causa, la autoridad determine la designación de este tipo de representación en suplencia, en el interés superior del infante involucrado; este tipo de representación deberá discernirse en vía incidental. Las representaciones oficiales coadyuvante y en suplencia, para ser eficaces y adecuadas, deben ser ejercidas con perspectiva de infancia bajo los principios básicos de especialización, independencia y proporcionalidad. Así, las autoridades judiciales deben ser cuidadosas en el momento de discernir el tipo de representación jurídica oficial que corresponde proveer a los menores de edad en los procesos, sin sustituir la originaria injustificadamente, y asegurando la coadyuvante en todos los casos.”

38. En relación con lo anterior, se advierte que la entonces Primera Sala del alto tribunal también determinó que la representación especializada y efectiva de niñas, niños y adolescentes (NNA) no se agota con nombrar algún funcionario de una institución especializada, como las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, sino que debe ser gratuita, efectiva y adecuada.

39. En ese orden, determinó que resulta necesaria tanto la especialización de la persona representante jurídica, como la realización de actos jurídicos efectivos en todas las diligencias en las que participe.

40. En ese orden, se explicó que las directrices del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) establecen que las personas designadas como representantes deben ser profesionales calificados con capacitación específica en temas de infancia, y que deben apoyar activamente en la defensa de los derechos e intereses del NNA durante todo el procedimiento.

41. En función de lo anterior, se concluyó que nombrar a un abogado únicamente para cumplir con la formalidad procesal equivale a una defensa técnica inexistente.

42. Lo expuesto, pues se explicó que para que una defensa sea adecuada es indispensable que el representante actúe con diligencia y realice actos jurídicos efectivos en todas las diligencias en las que intervenga, materializados en un conjunto de acciones que permitan una tutela efectiva en el contexto de los derechos de la niñez.

43. Las consideraciones anteriores se reflejan en la jurisprudencia 1a./J. 62/2025 (11a.) de la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2030428, de rubro: “DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (NNA) MIGRANTES. SU REPRESENTACIÓN JURÍDICA ESPECIALIZADA DEBE SER GRATUITA, EFECTIVA Y ADECUADA.

44. En ese orden, de la revisión que se hace a las constancias del juicio de amparo, del que derivó este asunto, se advierte que el licenciado ******** ********* *********, perteneciente al Sistema Nacional para el Desarrollo de la Familia, fue designado como representante especial de los menores de edad de iniciales ******* y *****.

45. De igual forma, se obtiene que **** **** ****, en su carácter de encargado del Despacho de la Dirección General de Representación Jurídica y Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Procuraduría Federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, señaló que el citado profesionista contaba con los conocimientos y aptitudes necesarios para representar a los menores, no obstante, para acreditar esa circunstancia, se limitó a referir el número de su cédula *******, sin allegar constancia alguna de la que se deprenda que tiene conocimientos en la defensa de Niñas, Niños y Adolescentes.(14)

46. Ahora, de la consulta que hace este órgano colegiado a la patente en cita, se deprende que corresponde a ******** ********* *********, y que lo acredita como licenciado en derecho, tal como se evidencia continuación:

Ver resultados de la búsqueda

(15)

47. Lo anterior se efectúa en términos de la jurisprudencia 1a./J. 19/2021 (10a.) de la entonces Primera Sala del alto tribunal, con registro digital: 2023287, de rubro: “DEFENSA ADECUADA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. ANTE LA OMISIÓN DEL JUEZ DE CONTROL DE VERIFICAR LA CALIDAD DE LICENCIADO EN DERECHO DEL DEFENSOR EN LA AUDIENCIA INICIAL, Y SU SUBSISTENCIA HASTA EL RECURSO DE REVISIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR REGLA GENERAL EL TRIBUNAL DE AMPARO SERÁ QUIEN DEBE VERIFICAR SU TRASCENDENCIA AL DERECHO DE DEFENSA ADECUADA Y ACTUAR EN CONSECUENCIA”.(16)

48. En ese orden, conforme a lo determinado por el alto tribunal en función de la representación de los menores de edad, el hecho de nombrar a un abogado únicamente para cumplir con la formalidad procesal equivale a una defensa técnica inexistente; de ahí que el juez federal debió cerciorarse de que el citado profesionista contaba con los conocimientos necesarios para actuar en defensa de los menores de edad.

49. Lo anterior se podría acreditar con algún curso de especialización, diplomado o estudios relacionados con la defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

50. En ese orden, como el juez federal no realizó la verificación en referencia, se violaron las reglas fundamentales que rigen el juicio de amparo que ameritan la reposición del procedimiento de la instancia constitucional, en aras de que se subsane la violación advertida.

51. Lo anterior, en el entendido de que además de ser necesaria la especialización de la persona representante jurídica, también se requiere que la persona especialista realice actos jurídicos efectivos en todas las diligencias en las que participe.

52. En mérito de lo anterior, como se anticipó, con fundamento en el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es revocar el fallo combatido y ordenar la reposición del procedimiento, a fin de que la juzgadora de Distrito:

53. A) Se cerciore de que las y los menores de edad cuenten con un representante coadyuvante dotado por el Estado, que asegure el ejercicio efectivo de los derechos procesales y sustanciales de los menores, el cual deberá contar con los conocimientos necesarios para tal efecto, esto es, ser perito en derecho, y contar con conocimientos especializados en los derechos de los niños, niñas y adolescente, lo que se deberá acreditar y verificar por el órgano de amparo, en los términos de esta resolución.

54. B) La persona que sea designada como representante coadyuvante deberá vigilar que prevalezcan los derechos de los menores de edad, sobre el conflicto de interés entre sus representantes originarios y realizar actos jurídicos efectivos en todas las diligencias en las que participe.

Por lo expuesto y fundado, se:

RESUELVE:

PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida.

SEGUNDO. Se ordena la reposición del procedimiento en el juicio de amparo ********, del índice del Juzgado Noveno de Distrito de en Materia Penal en la Ciudad de México, por las razones expuestas y para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución; vuelvan los autos a su lugar de origen, solicítese el acuse de recibo correspondiente y háganse las anotaciones correspondientes en la noticia estadística y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió en sesión pública ordinaria el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por mayoría de votos de las Magistradas Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar (Relatora) y Martha Carolina Román Ordaz, contra el voto particular del Magistrado Gustavo Alberto Campos Vázquez (Presidente).

Firman electrónicament

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34268-24a6f3b6/representacion-coadyuvante-en-asuntos-relacionados-con-ninas-ninos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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