IMPUESTO AMBIENTAL POR CONTAMINACIÓN EN LA EXTRACCIÓN DE MATERIALES PÉTREOS. EL ARTÍCULO SEGUNDO, FRACCIÓN VIII, DEL ACUERDO SOBRE FACILIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA MATERIA, QUE CONDICIONA EL ACCESO AL BENEFICIO FISCAL OPTATIVO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD TRIBUTARIA.
AMPARO EN REVISIÓN 57/2024 (CUADERNO AUXILIAR 41/2026) DEL ÍNDICE DEL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO, CON APOYO DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 4 DE AGOSTO DE 2026. MAYORÍA DE VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS EDUARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ Y GEMA AYECAC JIMÉNEZ. DISIDENTE: MAGISTRADO JOSÉ MARÍA GARCÍA GONZÁLEZ. PONENTE: MAGISTRADA GEMA AYECAC JIMÉNEZ. SECRETARIO: JOSÉ FRANCISCO AVILÉS ÁVILA.
Ciudad de México. Sentencia del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, correspondiente a la sesión ordinaria de cuatro de agosto de dos mil veintiséis.
VISTOS los autos, para resolver el recurso de revisión 57/2024 (tribunal auxiliar 41/2026) derivado del juicio de amparo indirecto 642/2023 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey; y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Promoción del juicio de amparo.
1. De las constancias que obran en los expedientes físicos y electrónicos disponibles en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.),(1) se advierte que mediante escrito presentado el veinte de abril de dos mil veintitrés en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, ********** sociedad anónima de capital variable [1], por conducto de su apoderado ********** [2], promovió juicio de amparo contra la autoridad y por el acto siguiente:
“III. AUTORIDAD RESPONSABLE:
Señalo como autoridad responsable a:
• El Titular de la Subsecretaría de Administración Tributaria de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León.
(...)
IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA:
Se reclama de la responsable la omisión o falta de contestación al escrito de solicitud de adhesión al Acuerdo de Facilidades, presentado ante la autoridad responsable el día 30 de enero de 2023.”
2. La parte quejosa consideró vulnerados los derechos fundamentales tutelados en los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes.
SEGUNDO. Sustanciación del juicio de amparo.
3. De la demanda correspondió conocer al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, cuyo titular, por auto de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés la radicó como juicio de amparo 642/2023 y la admitió a trámite; en consecuencia, señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional y requirió a la autoridad responsable su respectivo informe justificado.
4. Posteriormente, mediante escrito recibido el quince de junio de dos mil veintitrés en la oficialía de partes del juzgado del conocimiento el apoderado de la parte quejosa formuló ampliación de demanda en la que precisó, en la parte que interesa, lo siguiente:
“... se procede a realizar una AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO contra la autoridad responsable que emitió el oficio, siendo el Titular de la Subsecretaría de Administración Tributaria de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, por emitir el oficio número ********** [3] (nuevo acto reclamado que se presenta como ANEXO 1), dado a conocer a mi mandante a través de la presentación del informe justificado; (...).
5. Por auto de dieciséis de junio de dos mil previno a la peticionaria del amparo para que manifestara si quería señalar como actos reclamados destacados los artículos Segundo, fracción VIII y Tercero, párrafo tercero, del Acuerdo de Facilidades Administrativas en Materia del Impuesto Ambiental por Contaminación en la Extracción de Materiales Pétreos, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el dieciséis de enero de dos mil veintitrés; y de ser así, indicara a que autoridad o autoridades les atribuía tales actos.
6. A través del escrito presentado el veintitrés de junio de dos mil veintitrés la parte quejosa desahogó la prevención referida manifestando, en la parte que interesa, lo siguiente:
“Derivado de ello, además de la autoridad responsable y el acto reclamado previamente señalados por los cuales se amplió la demanda de amparo, es deseo de mi mandante señalar también como acto reclamado los artículos Segundo, fracción VIll y Tercero, tercer párrafo, del Acuerdo de Facilidades Administrativas en Materia del Impuesto Ambiental por Contaminación en la Extracción de Materiales Pétreos, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, el 16 de enero de 2023.
Asimismo, también se señala como autoridad responsable al Gobernador del Estado de Nuevo León por ser quien promulgó y ordenó la expedición del Acuerdo de Facilidades Administrativas en Materia del Impuesto Ambiental por Contaminación en la Extracción de Materiales Pétreos, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, mismo que contiene las disposiciones cuya inconstitucionalidad se reclaman en la ampliación de la demanda.”
7. Mediante proveído de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, el juez de distrito tuvo a la moral quejosa desahogando la prevención formulada; en consecuencia, admitió a trámite la demanda de amparo, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional y requirió los informes justificados correspondientes.
8. Sustanciado el juicio en todas sus etapas, previos diferimientos, el veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés se celebró la audiencia constitucional y el veintidós de noviembre siguiente se autorizó la sentencia definitiva sujeta a revisión, cuyos resolutivos son los siguientes:
“PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por **********, sociedad anónima de capital variable [1], atento a los motivos que han sido señalados en el considerando Cuarto de esta sentencia.
SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, sociedad anónima de capital variable [1], por los motivos expuestos en el considerando Quinto, y para los efectos precisados en el diverso Sexto de la presente resolución.”.
TERCERO. Recurso de revisión.
9. Inconformes con tal determinación, el Subsecretario de Administración Tributaria de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, por conducto del Director General Jurídico Tributario de dicha dependencia y el Gobernador Constitucional de dicha entidad federativa, a través de su delegado en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, José Arcadio Molina Villagómez,(2) interpusieron sendos recurso de revisión de los que correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, con residencia en Monterrey, en el que por auto de presidencia de dieciséis de enero de dos mil veinticuatro se registraron bajo el número toca 57/2024 y se admitieron a trámite. En su oportunidad se ordenó turnar el asunto a la ponencia respectiva para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.
CUARTO. Remisión del recurso al tribunal auxiliar, radicación, turno, aplazamiento y returno.
10. Por oficio 3-2026-SA-R 1TCCCA1R de nueve de febrero de dos mil veintiséis, el citado tribunal colegiado, en cumplimiento a lo señalado en el oficio SECC/STCC/22/2026 de veintitrés de enero de dos mil veintiséis suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión de Creación y Seguimiento de Órganos Jurisdiccionales del Órgano de Administración Judicial, ordenó la remisión del referido amparo en revisión para su resolución a este tribunal colegiado, en el que por auto de presidencia de doce de febrero del año en curso, se tuvo por radicado registrándolo como expediente interno 41/2026; asimismo, se ordenó turnarlo al magistrado José María García González, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.
11. El tres de marzo de dos mil veintiséis se listó el presente asunto para ser visto en sesión de once de ese mes y año, en la cual el Pleno de este tribunal colegiado determinó aplazarlo.
12. Posteriormente, el veintiséis de marzo del año en curso se listó nuevamente el asunto para verse en sesión ordinaria de siete de abril de siguiente, en la que se ordenó el returno del expediente a la ponencia de la magistrada Gema Ayecac Jiménez para la elaboración del proyecto respectivo.
QUINTO. Vista con causa de improcedencia.
13. En sesión ordinaria de dos de junio de dos mil veintiséis la magistrada relatora propuso el análisis de una causa de improcedencia respecto de dos actos reclamados de los cuales no hubo pronunciamiento en la sentencia recurrida.
14. En consecuencia, a efecto de cumplir cabalmente con lo dispuesto en el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el Pleno de este tribunal colegiado determinó dejar en lista el presente asunto y devolverlo a la secretaría de acuerdos, a fin de que, en términos de la Circular CAR 2/CCNO/2015, de trece de febrero de dos mil quince, signada por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se solicitara al tribunal auxiliado que diera vista a la parte quejosa con la decisión tomada para que expresara lo que a su derecho conviniera, en relación con la posible actualización de la citada causa de improcedencia.
15. Por tanto, una vez que transcurrió el plazo otorgado por el tribunal auxiliado, sin que la parte quejosa hubiese realizado manifestaciones, en proveído de diez de julio de dos mil veintiséis se ordenó la devolución de los autos a la ponencia correspondiente; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia.
16. Este Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver este recurso de revisión, de conformidad con los artículos 81, fracción I, inciso e), y 84 de la Ley de Amparo; 35, fracción II, y décimo noveno transitorio(3) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, en relación con el punto cuarto, fracción I, inciso b),(4) del Acuerdo General 2/2025 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; así como en términos del oficio SECC/STCC/22/2026 de veintitrés de enero de dos mil veintiséis, firmado por la Secretaria Técnica de la Comisión de Creación y Seguimiento de Órganos Jurisdiccionales del Órgano de Administración Judicial, porque los recursos se interpusieron contra una sentencia pronunciada por la persona titular de un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, localidad en la que ejerce jurisdicción el tribunal colegiado auxiliado.
SEGUNDO. Legislación aplicable.(5)
17. El artículo 2 de la Ley de Amparo dispone que, tratándose de los juicios tramitados en la vía directa o indirecta, ante la falta de disposición expresa, se aplicará en forma supletoria el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
18. Sin embargo, atendiendo al artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se expide el referido código procesal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, su entrada en vigor, en el orden federal, se actualizará hasta que las Cámaras de Diputados y de Senadores que integran el Congreso de la Unión, previa solicitud del Poder Judicial de la Federación, realicen la declaratoria respectiva, sin que la misma pueda exceder del uno de abril de dos mil veintisiete. Este régimen especial para su entrada en vigor se robustece al adminicularlo con el artículo Tercero Transitorio del aludido decreto que expresamente refiere lo relativo a que el Código Federal de Procedimientos Civiles se abrogará de conformidad con lo dispuesto en el transitorio Segundo al que se ha hecho referencia.
19. Lo anterior es acorde con el artículo Quinto Transitorio del Decreto de reforma constitucional(6) publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil diecisiete, en donde se establece que la legislación procesal civil y familiar de la Federación y de las entidades federativas continuará vigente hasta en tanto entre en vigor la legislación a que se refiere la fracción XXX del artículo 73 constitucional, de conformidad con el régimen transitorio que la misma prevea.
20. Por tanto, aún y cuando la Ley de Amparo remite de manera supletoria al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, mientras no se expida la declaratoria de su entrada en vigor, en la tramitación de los juicios cuya competencia sea de los órganos del Poder Judicial de la Federación se estará a lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Civiles.
21. Apoya la anterior consideración el criterio sustentado por la extinta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 34/2013 (10a.), con registro digital 2003161, de rubro: “SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE."
TERCERO. Distribución de copias.
22. Se entrega a los integrantes del Pleno de este tribunal colegiado, para el conocimiento del asunto, copia de los pliegos de agravios, así como de la sentencia recurrida.
CUARTO. Desechamiento de un recurso por falta de legitimación.
23. Es innecesario el estudio de la oportunidad del recurso interpuesto en representación del Subsecretario de Administración Tributaria de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, debido a que esta autoridad carece de legitimación para interponer el recurso contra la sentencia dictada en el juicio de amparo.
24. Con el afán de evidenciar tal aserto, es conveniente tener en cuenta que el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo(7) prescribe que se podrá acudir en revisión contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional y, de ser el caso, se deberán impugnar los acuerdos pronunciados en la propia audiencia.
25. Ahora, la legitimación de las partes en el juicio y en los recursos interpuestos es un presupuesto procesal referido a la capacidad de las partes para ejecutar válidamente actos procesales que debe estudiarse de oficio, acorde con lo sustentado en la tesis P. LIV/90 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 205845, de rubro: “REVISIÓN. LA LEGITIMACIÓN Y PERSONALIDAD DE QUIEN INTERPONE ESTE RECURSO, DEBE EXAMINARSE DE OFICIO.”
26. Al respecto, cabe destacar que en el juicio de amparo las partes que intervienen son quienes están en posibilidad de instar los actos procesales, entendiéndose por tales las mencionadas en el artículo 5 de la Ley de Amparo.(8)
27. Sin embargo, la legitimación para recurrir todos los actos procesales en el juicio de amparo no radica, exclusivamente, en el carácter de parte, sino también en el interés jurídico o legítimo que tienen, como principio rector del juicio; de ahí que es necesario que a las partes les asista interés en que el órgano judicial que conoce de ese juicio o recurso declare o constituya un derecho, imponga una condena o genere una obligación o, por el contrario, que no actúe de esa forma.
28. Así, la legitimación para interponer los recursos previstos en el juicio de amparo deriva, primeramente, de que el recurrente sea parte en dicho juicio en términos del artículo 5 de la Ley de Amparo y, en segundo lugar, del interés que le asista para defender sus derechos o atribuciones vulnerados por el sentido de la determinación dictada en el juicio de amparo, pues, sin tal presupuesto carece de legitimación procesal para realizar actos jurídicos encaminados a su defensa.
29. De lo que se sigue que la legitimación de las partes para interponer el recurso de revisión contra la sentencia que resuelve el fondo del asunto se encuentra condicionada a que ésta les irrogue un perjuicio, esto es, una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, que no debe ser meramente hipotético, sino real, cuya demostración incumbe a las partes que la impugnen.
30. Sin que se actualice el presupuesto de afectación del acto reclamado de la autoridad cuando en la sentencia respectiva no se hubiera abordado el estudio correspondiente por surtirse alguna causal de improcedencia o motivo de sobreseimiento, pues en estos casos no se trastocarán los intereses de esa parte; los que, atendiendo a su naturaleza de ente público o eventualmente del particular, no son otra cosa que la consecución de sus fines.
31. En ese orden de ideas, el recurso de revisión debe interponerse por la autoridad responsable directamente afectada por la sentencia, ya que no podrá impugnarla una autoridad distinta a aquella a la que, de modo sustancial y directo, le afecte la sentencia de amparo, pues para invocar la tutela de los órganos encargados de resolver las controversias en grado de revisión en amparo, la acción no puede corresponder sino a aquél al que la decisión le es adversa.
32. Tratándose de amparo contra normas o disposiciones generales con motivo de su primer acto de aplicación, si en la sentencia se declara la inconstitucionalidad de la disposición de observancia general y, en vía de consecuencia del acto de aplicación.
33. Entonces, de acuerdo con la doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las autoridades ejecutoras carecen de legitimación para interponer el recurso de revisión, pues la defensa de la regularidad constitucional de las normas corresponde a las autoridades que la emitieron y promulgaron; salvo que la ejecutora combata los efectos del amparo, en cuyo caso podrá interponer ese medio de defensa únicamente para controvertir los efectos del amparo que la vinculan.
34. Al respecto es ilustrativa la tesis emitida por el Pleno del Máximo Tribunal de la Nación, con registro digital 809724, de rubro y texto siguientes:
“REVISIÓN. AUTORIDADES EJECUTORAS. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA EN AMPARO CONTRA LEYES, AUN CUANDO SOLO INVOQUEN UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Tratándose de los amparos contra leyes, sólo están legitimadas para interponer el recurso de revisión las autoridades que expidieron y promulgaron la ley de que se trata; por tanto, a las autoridades de las que únicamente se reclamó el acto de aplicación, no les es dable hacer valer dicho recurso, cualesquiera que sean los agravios que invoquen y aun cuando la protección constitucional se haya hecho extensiva a los actos de aplicación. De esta manera, las responsables recurrentes no pueden interponer el recurso de revisión, aun cuando sólo hagan valer una causa de improcedencia sin invocar argumentos referentes al fondo del asunto, pues independientemente de que soliciten que se sobresea en el juicio o que se niegue el amparo a los quejosos, no están legitimadas para recurrir la sentencia del Juez de Distrito, si el amparo fue concedido por motivos de inconstitucionalidad de la ley reclamada y no por vicios propios de los actos de aplicación, así que la sentencia no afecta directamente el acto reclamado de las autoridades ejecutoras.”
35. Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 11/2014 (10a.) de la extinta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2005718, de rubro y texto siguientes;
“REVISIÓN EN AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER DICHO RECURSO CUANDO CONTROVIERTA EL EFECTO DADO AL FALLO PROTECTOR QUE LA VINCULA. Las autoridades responsables señaladas como ejecutoras en el amparo contra leyes, por regla general, carecen de legitimación para interponer el recurso de revisión contra la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal contra una norma de carácter general y, en consecuencia, contra su acto de aplicación, ya que tal determinación no les causa perjuicio alguno, al no haberse estudiado la constitucionalidad del acto que les fue atribuido. Sin embargo, esta regla general no es aplicable al caso en que, habiéndose otorgado el amparo contra la ley reclamada y su acto de aplicación, la autoridad responsable ejecutora no controvierta los motivos y fundamentos por los que se declaró la inconstitucionalidad de dicha ley, sino el efecto dado al fallo protector que le ocasiona un perjuicio, lo cual la legitima para acudir a la revisión.”
36. En el caso, en la demanda de amparo y su ampliación la parte quejosa reclamó del Subsecretario de Administración Tributaria de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, la omisión y acto siguientes:
a) La omisión de dar contestación al escrito de solicitud de adhesión al Acuerdo de Facilidades Administrativas en Materia del Impuesto Ambiental por Contaminación en la Extracción de Materiales Pétreos, presentado el treinta de enero de dos mil veintitrés.
b) El oficio ********** [3], mediante el cual la citada autoridad responsable dio contestación al mencionado escrito; oficio que constituye el primer acto de aplicación del artículo segundo fracción VIII, del citado Acuerdo de facilidades administrativas, pues con base en ésta, no le dio el trámite a la solicitud de la quejosa; sin que la agraviada lo impugnara por vicios propios.
37. Ahora, en el considerando cuarto, apartado I, de la sentencia recurrida, el juez de distrito sobreseyó en el juicio respecto de la omisión atribuida a la mencionada autoridad, al declarar fundada la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, planteada por dicha autoridad responsable pues, al haber dado respuesta a la solicitud de la persona quejosa, cesaron los efectos de ese acto.
38. Por otra parte, en el apartado II del considerando cuarto, el juzgador analizó, de oficio, la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, en relación con el artículo 108, fracción, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, respecto del oficio ********** [3], de veintidós de mayo de dos mil veintitrés emitido por el Subsecretario de Administración Tributaria, debido a que no formuló conceptos de violación en su contra.
39. Atento lo anterior, el juez de distrito sobreseyó en el juicio en relación con la omisión y el acto atribuidos a la citada autoridad responsable.
40. En ese contexto, con independencia de que este tribunal en un considerando subsecuente de esta ejecutoria, corrija la incongruencia de la sentencia recurrida respecto del oficio de ********** [3], incluyendo la falta de pronunciamiento respecto de un acto efectivamente reclamado por la parte quejosa, se considera que, de conformidad con lo previsto en el artículo 87 de la Ley de Amparo y de la tesis y jurisprudencia previamente invocadas, debe desecharse el recurso de revisión interpuesto en representación del Subsecretario de Administración Tributaria de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León.
41. Ello, porque carece de legitimación para impugnar la sentencia dictada por el juez en la que declaró la inconstitucionalidad del artículo segundo, fracción VIII, del Acuerdo reclamado, pues si bien el amparo se hizo extensivo al multicitado oficio, no se analizó la legalidad de éste, porque no se reclamó por vicios propios.
42. En esa medida, la defensa de la constitucionalidad de la citada disposición de observancia general a través del recurso de revisión le corresponde únicamente al Gobernador del Estado de Nuevo León, no al Subsecretario de Administración Tributaria local, pues éste sólo tiene legitimación para impugnar los efectos del amparo; sin embargo, en el oficio de agravios sólo plantea la improcedencia del juicio y combate el estudio de regularidad constitucional realizado por el juzgador.
43. Ello, aunado a que la autoridad referida no formula argumentos frontales en los que controvierta el efecto de la sentencia de amparo en la parte que la vincula a cumplir con el fallo protector.
44. En las relatadas condiciones, lo procedente es desechar el recurso interpuesto por el Subsecretario de Administración Tributaria de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León.
45. Apoya las anteriores consideraciones, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 238329, cuyo contenido es:
“REVISIÓN INTERPUESTA POR AUTORIDAD QUE CARECE DE LEGITIMACIÓN. DEBE DESECHARSE. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, debe desecharse el recurso de revisión interpuesto por una autoridad que, mediante los agravios que aduce, pretende defender la constitucionalidad de un acto que no le es propio, pues carece de legitimación para hacer valer dicho recurso.”
46. No es obstáculo a la anterior conclusión que el tribunal colegiado hubiese admitido a trámite el citado medio de impugnación, pues esa determinación no causa estado ya que únicamente se pronuncia para efectos de trámite.
47. Es aplicable, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia 4a./J. 34/94 de la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 207683, de rubro: “RECURSO ADMITIDO POR AUTO DE PRESIDENCIA. LA SALA PUEDE DESECHARLO SI ADVIERTE QUE ES IMPROCEDENTE.”
QUINTO. Legitimación del Gobernador del Estado de Nuevo León.
48. En cambio, la persona titular del poder ejecutivo de esa entidad sí se encuentra legitimada para interponer este recurso, debido a que emitió el Acuerdo de Facilidades Administrativas en Materia del Impuesto Ambiental por Contaminación en la Extracción de Materiales Pétreos, publicado en el Periódico Oficial local el dieciséis de enero de dos mil veintitrés,
49. Mientras que en la sentencia recurrida se concedió el amparo contra su artículo segundo, fracción VIII, por lo que tiene interés en que se revoque el fallo protector y se reconozca la constitucionalidad de dicha disposición de observancia general.
SEXTO. Oportunidad del recurso.
50. El medio de defensa que resulta procedente se interpuso dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, como se evidencia gráficamente en el cuadro siguiente:
Ver cuadro
SÉPTIMO. Incongruencias de la sentencia recurrida.
I. Respecto de la parte considerativa y los puntos resolutivos.
51. Previo al estudio del asunto, se procede de oficio, a corregir una incongruencia que se observa en el fallo impugnado, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 133/99 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 192836, de rubro y texto siguientes:
“SENTENCIA DE AMPARO. INCONGRUENCIA ENTRE LOS RESOLUTIVOS Y LA PARTE CONSIDERATIVA, EL TRIBUNAL REVISOR DEBE CORREGIRLA DE OFICIO. Siendo el dictado de las sentencias de amparo y su correcta formulación una cuestión de orden público, al constituir la base del cumplimiento correcto que eventualmente pudiera darse a la ejecutoria de amparo, evitando ejecutorias forzadas e incongruentes que lleven a un imposible cumplimiento, además de que en las incongruencias puedan verse involucradas causales de improcedencia que son también de orden público y de estudio oficioso, y en atención a que el artículo 79 de la Ley de Amparo otorga al juzgador la facultad de corregir los errores en la cita de garantías violadas, para amparar por las realmente transgredidas dicha facultad debe ser aplicada, por igualdad de razón, al tribunal revisor para corregir de oficio las incongruencias que advierta en las sentencias, ajustando los puntos resolutivos a las consideraciones de la misma, pues son éstas las que rigen el fallo y no los resolutivos, contemplándose la posibilidad de que, en el supuesto de que una incongruencia fuese de tal modo grave que su corrección dejara a alguna de las partes en estado de indefensión, el órgano revisor revocará la sentencia y ordenará la reposición del procedimiento para que el Juez de Distrito emita otra resolución, toda vez que es un error no imputable a ninguna de las partes y que puede depararles un perjuicio no previsto en su defensa. Lo anterior no debe confundirse con la suplencia de la queja, en virtud de que la coherencia en las sentencias de amparo al igual que la improcedencia del juicio es de orden público y por ello de estudio oficioso, y la suplencia de la queja presupone la interposición del medio de defensa por la parte perjudicada y sólo se lleva a cabo en los supuestos previstos por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, para beneficio o por interés del sujeto a quien se le suple la queja, y no del bien común de la sociedad que deposita su orden jurídico, entre otros, en los órganos judiciales. Por las razones expuestas se abandona el criterio sostenido en la tesis visible en las páginas mil doscientos cuarenta y siete y mil doscientos cuarenta y ocho de la Primera Parte, Sección Segunda del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos ochenta y ocho, cuyo rubro dice: "SENTENCIA DE AMPARO CONTRA LEYES. INCONGRUENCIA ENTRE LOS RESOLUTIVOS Y LA PARTE CONSIDERATIVA. CUÁNDO NO PUEDE CORREGIRSE DE OFICIO.", en virtud de que éste se supera con lo mencionado, toda vez que, como se explicó el dictado de la sentencia y su congruencia son de orden público, y por ende, de estudio oficioso, existiendo la posibilidad de revocar la sentencia y ordenar la reposición del procedimiento para el efecto de que se dicte otra, cuando la corrección de la incongruencia sea de tal manera grave que se deje en estado de indefensión a alguna de las partes, pero de no ser así, el órgano revisor de oficio debe corregir la incongruencia que advierta en la sentencia recurrida, máxime que se encuentra sub júdice y constituirá la base del cumplimiento que eventualmente pudiera dársele.”
52. A efecto de evidenciar la incongruencia advertida, conviene recordar que la quejosa combatió la falta de regularidad constitucional del Acuerdo de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34399-f18653a0/impuesto-ambiental-por-contaminacion-en-la-extraccion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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