PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO. NO LE ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE EL ARTÍCULO 210 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 12/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS OCTAVO Y VIGÉSIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 29 DE ENERO DE 2026. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS MAYRA SANDOVAL MENDOZA, VIRGINIA PÉTRIZ HERRERA Y MÓNICA SALOMA PALACIOS. PONENTE: VIRGINIA PÉTRIZ HERRERA. SECRETARIO: ALEJANDRO LUCERO DE LA ROSA.
Sentencia del Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, correspondiente a la sesión del día veintinueve de enero de dos mil veintiséis, y transmitida en vivo a través de la plataforma CISCO WEBEX.
VISTOS; y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO. Denuncia de la contradicción. Por oficio presentado el veintisiete de enero dos mil veinticinco, en este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, remitió la denuncia formulada por el apoderado legal de la parte quejosa en el juicio de amparo directo 151/2024 de su índice, en la cual hizo del conocimiento de este Pleno Regional la posible contradicción de criterios entre el sustentado por ese órgano colegiado al resolver el citado medio de defensa y el sostenido por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 204/2024.
2. SEGUNDO. Radicación, admisión, requerimiento y turno provisional. Por acuerdo de presidencia de veintiocho de enero de dos mil veinticinco se radicó el expediente, el cual se registró como contradicción de criterios 12/2025. Asimismo, en términos del artículo 43 del Acuerdo General 67/2022, del extinto Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(1) se determinó como probable punto de contradicción: "DETERMINAR SI EL ARTÍCULO 210 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, QUE PREVÉ EL RECURSO DE REVOCACIÓN, DEBE APLICARSE DE MANERA SUPLETORIA A LA LEY DE SERVICIO EXTERIOR MEXICANO."
3. En esa misma actuación, se requirió a los Tribunales Colegiados contendientes para que informaran si los criterios en contradicción seguían vigentes o no, o en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.
4. A su vez, se requirió al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que rindiera el informe relativo a la existencia de alguna contradicción de criterios radicada ante el Alto Tribunal, relacionada con el tema a dilucidar; de igual manera, se hizo constar que cualquier persona o institución podría formular su opinión respecto de la contradicción de mérito y se turnó el asunto a la ponencia del magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas, para la formulación del proyecto de resolución, sin perjuicio de que se proveyera sobre la conclusión del trámite e integración del expediente.
5. TERCERO. Informes. Por autos de seis y trece de febrero de dos mil veinticinco, se tuvieron por rendidos los informes por parte de los Tribunales Colegiados contendientes –Octavo y Vigésimo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito–, en el sentido de que los criterios sustentados en los asuntos denunciados en contradicción continúan vigentes, al no haber emitido alguno en contrario.
6. Asimismo, el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito hizo del conocimiento de este Pleno Regional que en el amparo directo administrativo 204/2024, el quejoso interpuso recurso de revisión; medio de defensa que se registró ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación como amparo directo en revisión 626/2025, quien por auto de presidencia de treinta de enero de dos mil veinticinco lo desechó, precisando en el correspondiente acuerdo que, al no proceder medio de impugnación alguno en contra de dicha determinación, ésta causaba estado por ministerio de ley, por lo que quedó firme la sentencia recurrida.
7. En consecuencia, por auto de trece de febrero de dos mil veinticinco, el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito tomó conocimiento de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó por improcedente el amparo directo en revisión, y lo informó a este Pleno Regional.
8. Por acuerdo de esa misma fecha, dictado en el expediente electrónico correspondiente a la presente contradicción de criterios, se tuvo por recibido el oficio remitido por la Dirección General de Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que hizo del conocimiento que en el máximo tribunal no se encontraba radicada alguna contradicción de criterios relacionada con la temática del presente asunto.
9. CUARTO. Confirmación de turno. Por acuerdo de presidencia de cuatro de marzo de dos mil veinticinco, se tuvo por debidamente integrada la contradicción de criterios en que se actúa; en consecuencia, se reiteró la orden de turno del expediente virtual al magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo, con fundamento en el artículo 41, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales.(2)
10. QUINTO. Nueva integración. Por acuerdo de quince de mayo de dos mil veinticinco, se tomó conocimiento de que a través del oficio SEADS/1576/2025, de treinta de abril del mismo año, el Secretario Técnico de la Comisión de Adscripción, encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión ordinaria celebrada en esa misma fecha, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó comisionar temporalmente al magistrado José Patricio González Loyola Pérez, a este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sustitución de la magistrada Silvia Cerón Fernández, con efectos a partir del tres de mayo de dos mil veinticinco.
11. Asimismo por auto de dieciséis de junio de dos mil veinticinco, se tomó conocimiento de que a través del oficio SEADS/2192/2025, de once de junio del mismo año, el Secretario Técnico de la Comisión de Adscripción, encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión ordinaria celebrada en esa misma fecha, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó comisionar temporalmente al magistrado Ernesto Martínez Andreu a este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sustitución del magistrado José Patricio González Loyola Pérez, con efectos a partir del dieciséis de junio de dos mil veinticinco.
12. SEXTO. Mediante acuerdos de quince de julio y once de diciembre de dos mil veinticinco, se tuvieron por recibidos dos escritos suscritos por el autorizado de la parte denunciante, quien hizo de conocimiento de este Pleno Regional sobre la emisión de diversas jurisprudencias y de un precedente, por considerar que son de relevancia en la materia de la presente contradicción.
13. SÉPTIMO. Adscripción de personas juzgadoras electas. El catorce de septiembre de dos mil veinticinco se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo General del Pleno del Órgano de Administración Judicial por el que se adscriben a las personas electas en el Proceso Electoral Extraordinario a diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, asimismo, se comisionan, reubican y readscriben, a personas funcionarias de los Órganos Jurisdiccionales, se designan y, en su caso, prorrogan a personas secretarias en funciones de Personas Juzgadoras", conforme al cual este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, quedó integrado por las magistradas Virginia Pétriz Herrera, Mónica Saloma Palacios y Mayra Sandoval Mendoza, lo que se hizo del conocimiento público mediante auto de treinta de septiembre de dos mil veinticinco, en el que también se confirmó el turno del asunto a la primera de las nombradas, para la elaboración del proyecto de resolución.
14. OCTAVO. En el presente asunto no se recibió promoción alguna a través de la figura del amicus curiae que amerite pronunciamiento específico, hasta el momento en que se incluyó en la lista la presente contradicción de criterios; y,
CONSIDERANDO:
15. PRIMERO. Competencia. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, párrafos primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(3) 1, fracción III; 39, fracción I, así como los numerales primero, séptimo y décimo noveno transitorios de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro,(4) 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo;(5) así como lo establecido en los diversos numerales 6o., fracción I, 7o., 9o., 10, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales;(6) 1o., fracción I, punto 2, y 2o. del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia y jurisdicción territorial,(7) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero de dos mil veintitrés, respectivamente, y reformados mediante el Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés.
16. El presente asunto se ubica en los supuestos de las normas invocadas, en razón de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por dos Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, los cuales se encuentran dentro de la demarcación territorial y respecto de la especialidad administrativa sobre las que este Pleno ejerce jurisdicción para unificar criterios.
17. SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, toda vez que fue realizada por el apoderado legal de la parte quejosa en el amparo directo 151/2024 del índice del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(8) y 227, fracción III, de la Ley de Amparo,(9) calidad que se le reconoció por dicho órgano colegiado en auto de veinte de marzo de dos mil veinticuatro.
18. TERCERO. Criterios denunciados. Previo a determinar si existe o no la contradicción de criterios denunciada y, si se emite o no pronunciamiento respecto del fondo para unificar los criterios, se estima necesario precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones que sustentaron los Tribunales Colegiados de Circuito para emitirlas.
A. Ejecutoria del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 151/2024 en sesión de nueve de enero de dos mil veinticinco.
19. Resolución de procedimiento administrativo disciplinario. Mediante resolución de treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, dictada por el Secretario de Relaciones Exteriores, se determinó administrativamente responsable de la conducta que se le imputó a una persona física servidora pública, por lo que se le impuso la sanción prevista en el artículo 57, fracción I, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, consistente en amonestación privada.
20. Juicio de nulidad. Inconforme, la persona sancionada promovió demanda de nulidad, de la cual conoció la Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien por sentencia de treinta y uno de enero de dos mil veinticuatro determinó sobreseer en el juicio, al considerar que se actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 8, fracción VI de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo,(10) pues la sala consideró que, previo a la promoción del juicio de nulidad, era necesario que el actor agotara el recurso de revocación previsto en el artículo 210 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas,(11) por lo que al no haber actuado en tales términos lo conducente era decretar el sobreseimiento en el juicio, en término de lo dispuesto por el artículo 9, fracción II, de la ley de la materia.(12)
21. Juicio de amparo directo. Inconforme, el actor promovió demanda de amparo directo, de la cual tocó conocer al Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien la registró bajo el número 151/2024 y, previo desahogo de la prevención formulada, por auto de veinte de marzo de dos mil veinticuatro la admitió a trámite.
22. Sentencia. En sesión ordinaria celebrada el nueve de enero de dos mil veinticinco se dictó la sentencia correspondiente, en la que se concedió el amparo al quejoso. Las consideraciones expuestas por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito para emitir su fallo, son las siguientes:
"Inconstitucionalidad del artículo 60 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano
21. Como se destacó previamente, el quejoso cuestiona la constitucionalidad del artículo 60 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano –reformado el diecinueve de abril de dos mil dieciocho–; estudio que tiene estrecha relación con la determinación adoptada en la sentencia reclamada, pues como se ha visto, al estimar que el citado artículo permite la aplicación supletoria de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se consideró que el actor debió agotar el recurso de revocación, lo que precisamente motivó el sobreseimiento decretado.
–Requisitos preliminares para el estudio de constitucionalidad–
22. Tratándose del estudio de constitucionalidad, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia 2a./J. 53/2005, sostuvo que se deben colmar ciertos requisitos para realizar su estudio; criterio jurídico cuyo rubro y contenido, son del texto siguiente:
AMPARO DIRECTO CONTRA LEYES. REQUISITOS PARA QUE PROCEDA ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD, CUANDO SE IMPUGNEN POR SU APLICACIÓN EN EL ACTO O RESOLUCIÓN DE ORIGEN Y NO SE ACTUALICE LA HIPÓTESIS DE SUPLENCIA DE LA QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO (MATERIA ADMINISTRATIVA). (Se transcribe)
23. A propósito del requisito señalado bajo el punto 3, el Alto Tribunal, también emitió la jurisprudencia P./J. 1/2013 (10a.), cuyo rubro y contenido son del texto siguiente:
AMPARO DIRECTO CONTRA LEYES. NO OPERA EL CONSENTIMIENTO TÁCITO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA APLICADA EN PERJUICIO DEL GOBERNADO, A PESAR DE TRATARSE DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN. (Se transcribe).
24. Además, dicho máximo Tribunal –Primera Sala– estableció la necesidad de otros requisitos mínimos, los cuales dejó establecidos en la jurisprudencia 1a./J. 58/99, de rubro y texto siguientes:
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. LA IMPUGNACIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD DE DISPOSICIONES LEGALES PRECISA DE REQUISITOS MÍNIMOS A SATISFACER. (Se transcribe)
25. Así, conforme a dichos criterios jurídicos, los requisitos para llevar a cabo el estudio de constitucionalidad son los siguientes:
1. Que se haya aplicado la norma controvertida;
2. Que cause perjuicio directo y actual a la esfera jurídica del quejoso;
3. Que ese acto de aplicación sea el primero, o constituya su segundo o ulterior acto de aplicación; y,
4. Que exista: a) el señalamiento de la norma de la Carta Magna; b) invocación de la disposición secundaria que se designe como reclamada y, c) conceptos de violación en los que se trate de demostrar, jurídicamente, que la ley impugnada resulta contraria a la hipótesis normativa de la norma constitucional, en cuanto al marco de su contenido y alcance.
26. El primer requisito –aplicación de la norma controvertida–, se encuentra satisfecho, pues aun cuando la Sala no lo citó de manera expresa, lo cierto es que, al aplicar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es evidente que trasladó su contenido para dictar el sobreseimiento en el juicio.
27. El segundo requisito consistente en que "cause perjuicio directo y actual a la esfera jurídica del quejoso", también se estima colmado, ya que la supletoriedad prevista en dicha porción normativa, originó el sobreseimiento del que se duele.
28. Continuando con el examen de los supuestos exigidos para el estudio, se observa que también se cumple con el tercer requisito, pues de las constancias que integran los autos no se advierte que la quejosa consintiera un acto de aplicación anterior, que se haya actualizado en su perjuicio; variante necesaria para que en su caso, el quejoso estuviese en posibilidad de cuestionar su constitucionalidad, como ahora lo hace.
29. En cuanto al último requisito, es conveniente destacar que la quejosa plantea la inconstitucionalidad del citado numeral bajo el señalamiento de que vulnera los principios de legalidad, seguridad jurídica, certidumbre y formalismos procedimentales, contenidos en los artículos 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano; de ahí que también se estime colmado.
30. No obstante, conviene precisar que el examen propuesto se delimitará a la porción relativa a la supletoriedad, por ser el tema que está vinculado con el sobreseimiento decretado en el acto aquí reclamado, sin poder analizar otras porciones como la fracción V, relativa a la etapa probatoria, ya que en principio, debe superarse la procedencia del juicio, de lo contrario, se actualizaría un impedimento técnico para analizar cuestiones de fondo, aun bajo la óptica de constitucionalidad.
31. En efecto, el quejoso sostiene que el artículo 60 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano viola los principios de legalidad y seguridad jurídica al contravenir lo dispuesto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues aduce que dicha disposición constitucional establece de manera clara que el personal del Servicio Exterior Mexicano debe regirse exclusivamente por su propia legislación, por lo que considera que al prever la posibilidad de aplicar de manera supletoria la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo torna inconstitucional.
32. Para fortalecer dicho planteamiento, el quejoso expone lo siguiente:
• El constituyente no tuvo la intención de permitir la intervención de órganos ajenos a la Subcomisión de Asuntos Disciplinarios, ya que estos se rigen por disposiciones que no son específicas ni propias del Servicio Exterior Mexicano.
33. Ahora, para estar en aptitud de emprender el análisis de constitucionalidad, es preciso tener en cuenta que el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente:
Artículo
123. (Se transcribe) 34. Contenido de la porción normativa de la que se desprende que, el personal del servicio exterior se regirá por sus propias leyes.
35. Por su parte –en lo que aquí interesa–, la norma reclamada dispone lo siguiente:
ARTÍCULO 60.- (Se transcribe)
36. Como se observa, dicha porción normativa permite aplicar de manera supletoria la legislación prevista para responsabilidades administrativas en lo no previsto por su Ley y Reglamento, para los procedimientos disciplinarios de los miembros del servicio exterior.
37. A propósito de ello, es menester tener presente que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido la supletoriedad como la institución jurídica que sirve para la integración normativa, cuya finalidad es llenar el vacío legislativo de la Ley.
38. En el caso específico, ese vacío se pretendió colmar con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de cuya exposición de motivos se obtiene lo siguiente:
• Se señaló que la política de Estado para el combate a la corrupción debe contener los mecanismos de articulación y coordinación necesarios con las instituciones claves en el ejercicio de las acciones estratégicas.
• Pusieron énfasis en referir que la corrupción es un complejo fenómeno social que, además de los factores políticos y económicos, también tiene profundas raíces en causas culturales, en donde las tradiciones sociales determinan en gran medida su existencia y amplitud.
• Expusieron que el fenómeno de la corrupción en México se ha convertido en un tema tan complejo como delicado. El abuso del poder público y la impunidad, propiciados por una democracia disfuncional, han provocado que prácticamente cualquier servidor público tenga incentivos para realizar acciones u omisiones en su deber público con miras a obtener un beneficio privado.
• Bajo ese contexto, se destacó que la corrupción política afecta a todos directa o indirectamente. A los funcionarios electos y los partidos políticos, que se espera actúen en bien de la comunidad, se les otorga el derecho y la responsabilidad de decidir acerca del uso de los fondos públicos y al hacerlo afectan la vida diaria de todos los ciudadanos. En consecuencia, su avaricia y voracidad pueden causar un daño a la nación.
• Cobró relevancia que en los últimos años, el tema de la corrupción ha tocado las fibras más sensibles de la sociedad frente a los escándalos de endeudamiento de estados y municipios, licitaciones amarradas, concesiones pactadas, sindicatos opacos, aduanas ineficientes, guarderías sin medidas de seguridad y un conjunto de leyes laxas que han despertado un profundo malestar social.
• Sin duda alguna la corrupción ha permeado en todos los aspectos de la vida pública de México y por ello se puntualizó que el combate a la corrupción es un deber del estado protegido a nivel internacional, regulado por diversos instrumentos entre los que destacan la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos (1996), la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (1999) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2004). Según datos de 2008, se calcula que en el mundo existen alrededor de 98 agencias especializadas en el combate a la corrupción. Por lo que se refiere a los diferentes tipos de agencias u órganos encargados específicamente de la materia se puede hablar, de forma esquemática, de cuatro modelos: 1) Agencias Anticorrupción especializadas en la prevención, 2) Agencias Anticorrupción especializadas en la aplicación de la ley, 3) Agencias Anticorrupción con facultades preventivas y poder de aplicar la ley, y 4) Agencias Anticorrupción Híbridas. Todo lo cual versó sobre lo importante que es erradicar las raíces económicas de la corrupción, terminar con los poderes excesivos de las autoridades ejecutivas y municipales así como eliminar los vínculos de corrupción que se dan en el sistema de las relaciones estatales y empresariales. Las leyes anticorrupción se basan en la necesidad de seguir una política común e integrada en esta área.
• Uno de los aspectos que también se destacó fue que se pretende que los funcionarios y empleados públicos estén informados sobre los principios éticos y el rechazo a la corrupción. La directriz contiene también un Código de conducta anticorrupción. El objetivo del código es señalar al personal posibles situaciones peligrosas, animar a que las funciones se desempeñen como es debido y según las normas legales, e informar a los funcionarios y empleados sobre los impactos causas por una conducta corrupta.
• Por tal razón, la propuesta de "nuevas políticas de anticorrupción" estuvo en el discurso de campaña de las principales fuerzas políticas. Y posteriormente, se convirtió en proyectos de ley con las consideraciones y planteamiento estratégico que cada partido político consideraba preciso para el combate a la corrupción.
• Dos semanas antes de asumir la presidencia de México, Enrique Peña Nieto propuso crear una Comisión Nacional Anticorrupción con facultades para investigar irregularidades en todos los niveles de gobierno. El proyecto de decreto presentado por el presidente electo mediante los grupos parlamentarios PRI y PVEM en la cámara de senadores, proponía un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, responsable de prevenir, investigar y sancionar, en la vía administrativa, los actos de corrupción de los servidores públicos de la Federación, y de los estados y municipios por la vía de atracción. Integrado por cuatro comisionados y un comisionado presidente.
• Con un mecanismo de nombramiento a quienes encabezarían el organismo anticorrupción, de coparticipación del ejecutivo y el legislativo, es decir a designación directa del Ejecutivo Federal, con objeción de las dos terceras partes de sus miembros presentes del Senado de la República o la Comisión Permanente.
• En ese tenor, el 20 de noviembre con aval del grupo parlamentario del PRD, presentaron una iniciativa en la que el rasgo fundamental estribaba en la pretensión de crear un órgano constitucional autónomo denominado Agencia Nacional para el Combate a la Corrupción, que desconcentraría de la autoridad ministerial, la función persecutoria de los delitos relacionados con actos de corrupción, sentando las bases para una nueva institucionalidad democrática, en la que el ciudadano fuese protagonista.
• La Agencia estaría integrada por fiscales, nombrados bajo un procedimiento de elección por el Senado, y contaría con un Consejo consultivo ciudadano, como un órgano integrado por representantes de la ciudadanía, con capacidad para revisar la actuación de la Agencia y emitir recomendaciones a toda dependencia o entidad pública, en los tres niveles de gobierno. Tanto los fiscales, como los consejeros emanarían de las filas ciudadanas y serían removidos únicamente por juicio político.
• Además se incluía un mecanismo de resarcimiento de los daños causados por actos de corrupción, el cual consiste en que los recursos reintegrados al erario público por vía de resarcimiento, sean destinados en partes iguales al desarrollo de proyectos de ciencia y tecnología que sean impulsados por jóvenes, a la educación media superior, y al combate a la corrupción. Lo último, considerando que los jóvenes son el segmento poblacional con mejores posibilidades de revertir y erradicar el esquema de corrupción que aqueja a México.
• En el proceso de análisis y debate de las iniciativas en la materia, el 04 de abril del 2013, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que creaba el Sistema Nacional de Combate a la Corrupción, conformado por dos órganos públicos con autonomía constitucional, denominados Fiscalía General de Combate a la Corrupción, responsable de la investigación y persecución, de delitos federales de corrupción y de orden local, y la Comisión Nacional de Combate a la Corrupción, encargada de fiscalizar la adecuada administración y aplicación de los recursos públicos federales ejercidos por funcionarios públicos y particulares.
• La primera integrada por un Fiscal General, mientras que la Comisión por siete comisionados. Ambos funcionarios serían designados por el Senado de la República, mediante una convocatoria realizada por dicha cámara en el proceso de elección.
• El trabajo de las Comisiones Unidas en el Senado de la República consistió en el análisis y discusión de las tres iniciativas en mención, para la elaboración del dictamen. Cabe mencionar que las organizaciones de sociedad civil fueron pieza clave en la construcción del dictamen de la reforma constitucional.
• Así, las tres principales fuerzas políticas concordaron que para enfrentar el hondo e hiriente problema de la corrupción en nuestro país, era necesaria la creación de organismos especializados. Hasta ahora, los grupos parlamentarios coincidieron en el debate en comisiones, en la creación de un órgano de combate a la corrupción. Sin embargo, existieron diversas concepciones respecto de los alcances y facultades de las pretendidas entidades.
• Por tanto, con el compromiso de sacar una reforma constitucional urgente y de base a las demás reformas estructurales, los grupos parlamentarios de los partidos políticos en el Senado de la República lograron llegar a un acuerdo. En ese sentido, el objetivo de esa iniciativa era reglamentar lo relativo al órgano responsable de combate a la corrupción en los términos del dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de las Comisiones de Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana.
• La propuesta contenía lo siguiente: Crea la Ley General en materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Combate a la Corrupción. La cual tiene como objeto el combate a la corrupción y el debido cumplimiento de las obligaciones relativas al servicio p
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33948-e7baaa4f/procedimiento-disciplinario-de-las-personas-integrantes-del-servicio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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