RECURSO DE QUEJA EN AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE INTERPONE CONTRA LA CONCESIÓN O NEGATIVA DE LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO, SOLICITADA EN LOS ASUNTOS VINCULADOS CON EL DECRETO EN MATERIA DE LÍMITE A LAS JUBILACIONES Y PENSIONES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS, DEBE RESOLVERLO EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE LO RECIBA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE ESTIME SER INCOMPETENTE. SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN AMPARO INDIRECTO. LA REDUCCIÓN EN EL MONTO DE LA PENSIÓN JUBILATORIA DE UNA PERSONA ADULTA MAYOR DERIVADA DEL DECRETO EN MATERIA DE LÍMITES A LAS JUBILACIONES Y PENSIONES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS, NO SE EQUIPARA A UN ACTO DE TORTURA PROHIBIDO POR EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL, PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 97/2026. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 27 DE AGOSTO DE 2026. UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS MAGISTRADAS MAYRA SANDOVAL MENDOZA, VIRGINIA PÉTRIZ HERRERA Y MÓNICA SALOMA PALACIOS. PONENTE: VIRGINIA PÉTRIZ HERRERA. SECRETARIO: MARTÍN ALEJANDRO AMAYA ALCÁNTARA.
Sentencia del Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, correspondiente a la sesión del día veintisiete de agosto de dos mil veintiséis, y transmitida en vivo a través de la plataforma CISCO WEBEX.
VISTOS; y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO. Denuncia de contradicción. Por oficio *******, presentado el quince de junio de dos mil veintiséis, vía interconexión en este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, denunció la posible contradicción de criterios, suscitada entre los Tribunales Colegiados, Primero, Segundo y Tercero, todos en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver en ese orden, los recursos de queja, 264/2026, 237/2026 y 247/2026; cuyo planteamiento, de conformidad con la denuncia presentada, consiste en determinar lo relativo a:
• “DETERMINAR CUÁL ES EL ÓRGANO JURISDICCIONAL COMPETENTE PARA RESOLVER EL RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, INTERPUESTO CONTRA LA NEGATIVA DE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN LOS ASUNTOS VINCULADOS CON EL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 127 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE LÍMITES A LAS JUBILACIONES Y PENSIONES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS"; y,
• “DETERMINAR SI LA REDUCCIÓN EN EL MONTO DE LA PENSIÓN JUBILATORIA DE UNA PERSONA ADULTA MAYOR PUEDE CONSIDERARSE, POR SUS EFECTOS PATRIMONIALES Y EMOCIONALES, UN ACTO EQUIPARABLE A TORTURA O A UN TRATO CRUEL, INHUMANO O DEGRADANTE, PROHIBIDO POR EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SI, POR ENDE, PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 126 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EN EL JUICIO DE AMPARO SE RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON EL CITADO DECRETO".
2. SEGUNDO. Radicación, admisión, requerimiento y turno provisional. Por acuerdo de presidencia de dieciséis de junio de dos mil veintiséis, se radicó el expediente, el cual se registró con el número de contradicción de criterios 97/2026, se ordenó formar el expediente electrónico; asimismo, solicitó a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, para que informaran si los criterios emitidos que motivaron la contradicción de criterios seguían vigentes o no, o en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.
3. De igual forma, se solicitó al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que rindiera el informe relativo a la existencia de alguna contradicción de criterios radicada ante el alto tribunal, relacionada con el tema a dilucidar.
4. Asimismo, se hizo constar que cualquier persona o institución podría formular su opinión respecto de la contradicción de mérito y se turnó el asunto a la ponencia de la magistrada Virginia Pétriz Herrera para la formulación del proyecto de resolución, sin perjuicio de que se proveyera sobre la conclusión del trámite e integración del expediente.
5. Cabe precisar que la determinación del probable punto de contradicción en el acuerdo de inicio dictado por la presidencia del Pleno Regional, goza una naturaleza transitoria o provisional, de manera que no vincula al órgano jurisdiccional actuando en pleno, quien al resolver en definitiva el asunto conserva la facultad para precisar la materia de la contradicción, pues los autos de presidencia no causan estado, como sostiene en la jurisprudencia 222/2007, con número de registro digital 170598, del rubro que sigue: “REVISIÓN EN AMPARO. LA ADMISIÓN DEL RECURSO NO CAUSA ESTADO”.
6. En consecuencia, los temas a dilucidar en el presente asunto deben precisarse para su mejor comprensión de la manera siguiente:
QUIEN DEBE RESOLVER EL RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, EN CONTRA DE LA CONCESIÓN O NEGATIVA DE LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO, SOLICITADA EN LOS ASUNTOS VINCULADOS CON EL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 127 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE LÍMITES A LAS JUBILACIONES Y PENSIONES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS, EL ÓRGANO AL QUE SE TURNÓ, AUNQUE NO SEA COMPETENTE, O SE DEBE REMITIR AL COMPETENTE.
¿DETERMINAR SI LA REDUCCIÓN EN EL MONTO DE LA PENSIÓN JUBILATORIA DE UNA PERSONA ADULTA MAYOR PUEDE CONSIDERARSE INDICIARIAMENTE, POR SUS EFECTOS PATRIMONIALES Y EMOCIONALES, UN ACTO EQUIPARABLE A TORTURA, PROHIBIDO POR EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL Y QUE POR ELLO PROCEDA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 126 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EN EL JUICIO DE AMPARO SE RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON EL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 127 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE LÍMITES A LAS JUBILACIONES Y PENSIONES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS?
7. Lo anterior encuentra sustento en la tesis 2a. V/2016 (10a.), de la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece:
“CONTRADICCIÓN DE TESIS. LA PROBABLE DIVERGENCIA DE CRITERIOS PRECISADA EN LA DENUNCIA RELATIVA, NO VINCULA AL PLENO O A LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN A CONSTREÑIRSE A LOS TÉRMINOS COMO SE PLANTEA NI AL PUNTO JURÍDICO ESPECÍFICO. La denuncia formulada por el legitimado para ello, en términos del artículo 227, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, constituye un mero requisito de procedibilidad necesario para que el órgano competente examine los criterios contendientes y determine si existe o no disconformidad en las consideraciones relativas y, en su caso, emita la jurisprudencia que deba prevalecer, sin que el tema probablemente divergente señalado por el denunciante vincule al Pleno o a las Salas del Alto Tribunal a constreñirse a los términos como se plantea ni al punto jurídico específico, dado que el propósito formal de la denuncia queda satisfecho en la medida en que origina el trámite de la contradicción de tesis y justifica la legitimación correspondiente; además, por disposición expresa del diverso numeral 226, párrafo penúltimo, de la legislación citada, en los asuntos de esta naturaleza se faculta al órgano correspondiente para acoger uno de los criterios discrepantes; sustentar uno diverso; o declarar inexistente o sin materia la contradicción de tesis; con la única limitante de que la decisión se tomará por la mayoría de los Ministros integrantes.”
8. TERCERO. Informes. Por autos de veinticinco de junio, dos y siete de julio de dos mil veintiséis, fueron recibidos los informes de los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero, todos en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, en respuesta a la solicitud de informar efectivamente los criterios sustentados en los asuntos denunciados en contradicción continúan vigentes, al no haber emitido alguno en sentido contrario.
9. CUARTO. Informe. Por auto de trece de julio de dos mil veintiséis, se tuvo a la Dirección General de la Coordinación de Compilación de Sistematización y Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informando que no se encontraba radicada alguna contradicción de criterios en la que el tema a dilucidar guardara relación con la temática del presente asunto.
10. QUINTO. Confirmación de turno. Por acuerdo de presidencia de catorce de julio de dos mil veintiséis, se tuvo debidamente integrada la contradicción de criterios en que se actúa; en consecuencia, se reiteró la orden de turno del expediente virtual a la magistrada Virginia Pétriz Herrera, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo, con fundamento en el artículo 41, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales.(1)
11. Asunto en lista. Ésta contradicción de criterios se incluyó en la lista de asuntos de tres de agosto de dos mil veintiséis, para discutirse en la sesión de trece del mismo mes, en la cual se acordó por el Pleno de este órgano colegiado dejarlo en lista.
12. SEXTO. Amicus curiae. En el presente asunto no se recibió promoción alguna a través de la figura del amicus curiae que amerite pronunciamiento específico, hasta el momento en que se incluyó en la lista la presente contradicción de criterios; y,
C O N S I D E R A N D O:
13. PRIMERO. Competencia. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, párrafos primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(2) 1, fracción III; 39, fracción I, así como los numerales primero, séptimo y décimo noveno transitorios de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro;(3) 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo;(4) así como lo establecido en los diversos numerales 6°, fracción I, 7°, 9°, 10, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del extinto Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales;(5) 1º, fracción I, punto 2, y 2º del Acuerdo General 108/2022 del extinto Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia y jurisdicción territorial,(6) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero de dos mil veintitrés, respectivamente, y reformados mediante el Acuerdo General 38/2023 del extinto Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés.
14. El presente asunto se ubica en los supuestos de las normas invocadas, en razón de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero, todos en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, los cuales se encuentran dentro de la demarcación territorial y respecto de la especialidad sobre la que este Pleno ejerce jurisdicción para unificar criterios.
15. SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, toda vez que fue formulada por el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.(7)
16. TERCERO. Criterios denunciados. Previo a determinar si existe o no la contradicción de criterios denunciada y, si se emite o no pronunciamiento respecto del fondo para unificar los criterios, se estima necesario preciar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones que sustentaron los Tribunales Colegiados de Circuito para emitirlas.
A. Ejecutoria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el recurso de queja 264/2026, en sesión de veintisiete de mayo de dos mil veintiséis.
17. Demanda de amparo. Por escrito presentado vía electrónica ante la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, el veintiuno de mayo de dos mil veintiséis, una persona promovió juicio de amparo en donde señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes:
“III. LA AUTORIDAD RESPONSABLES O AUTORIDADES a) Comisión Federal de Electricidad, por conducto de su Director General;
b) Dirección Corporativa de Administración de la Comisión Federal de Electricidad;
c) Jefatura de Recursos Humanos de la División de Centro Oriente de la Comisión Federal de Electricidad, o el área administrativa que resulte encargada del cálculo, autorización, emisión y dispersión del pago del haber de retiro de la suscrita;
d) Área de nómina, pensiones, jubilaciones o pago de haberes de retiro de la Comisión Federal de Electricidad que haya ordenado, autorizado, ejecutado o materializado la disminución del pago reclamado;
e) Gerencia de Distribución de la División Golfo Norte de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en Monterrey, Nuevo León, únicamente por cuanto haya intervenido en la emisión, coordinación, comunicación, ejecución o implementación material de instrucciones, criterios, lineamientos, capturas, recálculos o ajustes relacionados con la reducción del haber de retiro reclamado; y
f) Instituto Mexicano del Seguro Social.
IV. LA NORMA GENERAL Y LOS ACTOS DE APLICACIÓN, EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMAN.-
De todas las autoridades responsables se reclama:
a) La omisión de cubrir íntegramente el haber de retiro previamente reconocido a la suscrita por la Comisión Federal de Electricidad.
b) La reducción material reflejada en el pago correspondiente al periodo reclamado mediante la disminución del monto que ordinariamente venía cubriéndose a la suscrita por concepto de haber de retiro, evidenciada en los comprobantes fiscales, recibos y documentos bancarios exhibidos.
c) La omisión de emitir, fundar, motivar y notificar una determinación individualizada que explique por qué se modificó el monto previamente cubierto a la suscrita, precisando autoridad emisora, fecha de autorización, fundamento jurídico, metodología empleada y parámetros utilizados.
d) La omisión de realizar y notificar memoria de cálculo individualizada, soporte financiero, integración de rubros, dictamen técnico o cualquier documento que permita conocer objetivamente la causa y alcance económico de la reducción aplicada.
e) Los actos materiales de ejecución consistentes en continuar cubriendo el haber de retiro de la suscrita en cantidad inferior a la ordinariamente recibida y mantener sus efectos hacia pagos subsecuentes.
f) La afectación actual y continuada que dicha reducción genera sobre la subsistencia económica de la suscrita, su estabilidad financiera, salud, integridad personal, seguridad social y condiciones materiales de vida digna, atendiendo a que el haber de retiro constituye su fuente ordinaria de sostenimiento.
g) La falta de competencia para implementar reformas legales en perjuicio de una situación jurídica individualizada, así como la omisión de instaurar previamente un procedimiento en el que se respetara mi derecho de audiencia antes de reducir mi haber de retiro.
h) La afectación psicoemocional grave, equiparable para efectos cautelares a tormento psicológico, así como a tortura, porque la omisión de pago íntegro de mi haber de retiro me impide continuar con legítima de que el haber de retiro se me autorizó conforme al contrato colectivo de trabajo que regía al momento de mi separación.
i) La confiscación de los bienes de mi propiedad, sin que previamente se hayan seguido las formalidades esenciales del procedimiento y se respetara mi derecho de audiencia.”
18. Radicación. Del asunto correspondió conocer al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, donde en proveído de veintidós de mayo de dos mil veintiséis, se registró con el número de amparo indirecto ********; resolviendo en esa determinación que no debía conocer del asunto en atención al “Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de límite a las jubilaciones y pensiones de las Entidades Públicas”(8) y ordenó remitir el asunto al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.
19. Solicitud de medida cautelar. En esa misma determinación el juez de distrito se pronunció en relación a los actos contemplados en el artículo 22 constitucional, mencionados por la quejosa, consistente en afectación psicoemocional grave, equiparable para efectos cautelares a tormento psicológico, tortura, así como a la confiscación.
20. Suspensión de plano. En la resolución que nos ocupa, el órgano de control constitucional, negó la suspensión de plano solicitada, al considerar que el tormento y confiscación, no son actos propios o autónomos, sino derivados de la reducción en el pago de la pensión de la quejosa y por ende dichos actos no derivan de la naturaleza objetiva de dicho acto sino de la valoración subjetiva que la justiciable realiza sobre el impacto que producen en su esfera personal la disminución de su pensión.
21. Por tanto, atendiendo a la causa de pedir, resulta poco verosímil o probable (por no decir inverosímil) que las autoridades del ámbito administrativo que señala como responsables, generen actos de tormento o tortura, ni de confiscación de actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política y los tratados internacionales; ya que en la emisión de los actos controvertidos no se aprecia que éstos puedan provocar de manera directa el tormento o la tortura.
22. Recurso de queja. Inconforme la quejosa interpuso recurso de queja, mismo que correspondió al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, quien por auto de veintiséis de mayo de dos mil veintiséis, lo admitió a trámite, registrándolo como recurso de queja 264/2026.
23. Sentencia. El veintisiete de mayo siguiente, el Tribunal Colegiado dictó resolución en la cual, por mayoría de votos, declaró infundado el recurso de queja, confirmó el auto de veintidós de mayo de ese año y negó la suspensión de plano solicitada por la quejosa, con base en las siguientes consideraciones:
“I. Competencia. Este tribunal es legalmente competente para resolver el presente recurso de queja de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción X, de la Constitución Federal, 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, y 35, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Lo anterior en relación con los puntos Primero, Segundo y Tercero del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana.
En efecto, la competencia legal de este órgano jurisdiccional se sustenta en las disposiciones citadas, porque en el caso el recurso se interpuso contra la resolución que resolvió sobre la suspensión de plano, dictada por un juzgado de distrito especializado en materia administrativa en esta ciudad, es decir, dentro de la circunscripción geográfica que abarca el cuarto circuito, en el cual este órgano jurisdiccional ejerce competencia territorial.
(...)
VI. Estudio
Los agravios formulados por la recurrente se califican, en una parte, como inoperantes; en otra, como ineficaces; y, en lo restante, como infundados.
Antecedentes
De las constancias remitidas y de la narrativa de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa, persona pensionada de la Comisión Federal de Electricidad, promovió juicio de amparo indirecto en contra de dicho organismo público, reclamando, esencialmente:
• La omisión de cubrir íntegramente su haber de retiro.
• La reducción del monto de su pensión.
• La falta de emisión de un acto individualizado y debidamente fundado y motivado.
• La omisión de realizar un estudio particular respecto de su situación jurídica.
• Señaló expresamente tortura psicológica.
• La presunta confiscación de bienes. Asimismo, solicitó la suspensión de oficio y de plano para que cesaran inmediatamente tales actos. Como elementos probatorios anexó, entre otros:
• Credencial para votar.
• Documento relativo a su pensión, en el que aparece una cuota diaria aproximada de $**********.
• Contrato colectivo y convenio laboral.
• Recibos de pago correspondientes al mes de marzo de dos mil veintiséis, en los que aparecen depósitos pensionarios aproximados por catorcena de $**********.
• Estado de cuenta bancario de nómina de institución bancaria Banorte.
• Documentación relacionada con póliza médica y seguro de vida privados
Recibida la demanda, el juzgado de distrito advirtió que el asunto guardaba relación con el “Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de límite a las jubilaciones y pensiones de las Entidades Públicas”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de abril de dos mil veintiséis, pues la propia quejosa refirió que la reducción pensionaria ocurrió aproximadamente el veinte de abril siguiente.
Por ello, con fundamento en el “Acuerdo General del Pleno del Órgano de Administración Judicial mediante el cual se determina la habilitación de los Juzgados Primero, Decimoquinto y Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y al Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para conocer de los asuntos relacionados con el Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de límite a las jubilaciones y pensiones de las Entidades Públicas”, ordenó remitir el asunto a la Oficina de Correspondencia Común correspondiente para su turno al órgano habilitado.
No obstante, previo a la remisión, el juzgado sí emitió pronunciamiento respecto de la suspensión de oficio y de plano solicitada.
Razones del juez de distrito
Al resolver sobre la suspensión de oficio y de plano solicitada, el juzgado de distrito consideró que los actos reclamados no encuadraban en los supuestos previstos por el artículo 22 de la Constitución Federal. Expuso que la procedencia de esa medida cautelar no depende de la denominación que la parte quejosa otorgue a los actos reclamados, sino de la naturaleza objetiva e intrínseca de éstos.
Precisó que la promovente calificaba la reducción pensionaria como “tortura psicológica” y “confiscación”; sin embargo, estimó que tales afirmaciones derivaban de una apreciación subjetiva de inconformidad frente a una disminución económica, lo cual no bastaba para actualizar actos de tormento prohibidos constitucionalmente.
El órgano jurisdiccional razonó que el concepto de tormento al que se refiere el artículo 22 constitucional presupone afectaciones graves a la dignidad e integridad física o psíquica de las personas, vinculadas con actos de sufrimiento intenso, humillación o sometimiento. Bajo ese parámetro, sostuvo que una reducción parcial del monto pensionario no colocaba a la promovente en una situación extrema o degradante equiparable a tortura o trato cruel.
Asimismo, destacó que de las constancias exhibidas no se advertía una privación absoluta de la pensión ni una afectación que, prima facie, comprometiera totalmente la subsistencia de la quejosa, pues continuaba percibiendo ingresos pensionarios.
El juzgado también señaló que, aun partiendo de la narrativa de la demanda y de la temporalidad de los hechos expuestos por la propia promovente, existían elementos para advertir que la reducción reclamada guardaba relación con la reforma constitucional al artículo 127 de la Constitución Federal publicada el diez de abril de dos mil veintiséis, relativa al límite de jubilaciones y pensiones en entidades públicas.
A partir de ello, razonó que el acto reclamado aparecía vinculado preliminarmente con una política pública de carácter presupuestario y de regulación del sistema de remuneraciones y pensiones del sector público, por lo que no se advertía, en principio, un propósito deliberado de causar sufrimiento físico o psicológico a la quejosa, elemento que consideró relevante para descartar la existencia de tortura o tormento.
Añadió que múltiples actos estatales o decisiones con impacto económico —como despidos, resoluciones desfavorables o pérdidas contractuales— pueden producir preocupación, angustia o afectación emocional, sin que ello transforme automáticamente tales consecuencias en actos de tortura o penas prohibidas por el artículo 22 constitucional.
En relación con la alegada confiscación, el juzgado sostuvo que no se actualizaba una apropiación violenta, total o sustancial, del patrimonio de la promovente, pues únicamente se reclamaba una reducción parcial de una percepción pensionaria. Señaló que, aun bajo una apreciación preliminar, subsistía un ingreso económico que no evidenciaba, de manera inmediata, la supresión absoluta de medios de subsistencia.
Finalmente, determinó que, dado que el asunto guardaba relación con el decreto de reforma constitucional al artículo 127 de la Constitución Federal, correspondía remitir el expediente a los órganos jurisdiccionales habilitados mediante acuerdo general para conocer de ese tipo de asuntos.
Agravios
Inconforme con dicha determinación, la recurrente interpuso recurso de queja y formuló siete agravios, cuya esencia es la siguiente.
Primer agravio
La recurrente sostiene que el juzgado redujo indebidamente el asunto a una simple afectación patrimonial, sin advertir que la disminución de la pensión incide directamente en diversos derechos humanos vinculados con la subsistencia, salud, seguridad social, mínimo vital, dignidad humana e integridad psicoemocional.
Afirma que el haber de retiro constituye una prestación de naturaleza alimentaria y de subsistencia derivada de derechos adquiridos reconocidos en contratos y convenios laborales.
Alega que el juzgado omitió valorar integralmente su contexto personal, particularmente sus gastos médicos, necesidades nutricionales, cargas familiares, edad, ausencia de otra fuente de ingresos y afectación emocional derivada de la reducción pensionaria.
Asimismo, sostiene que sí se actualizan los supuestos de peligro para la vida, tormento, tortura psicológica y confiscación previstos en los artículos 22 y 107 constitucionales y 126 de la Ley de Amparo.
En una parte adicional del agravio, invoca principios de apariencia del buen derecho, peligro en la demora, tutela reforzada de personas adultas mayores y protección de una vejez digna, argumentando que procedía una medida cautelar provisional.
También sostiene que existe confiscación al haberse reducido su pensión sin juicio previo.
Segundo agravio
La recurrente argumenta que el juzgado carecía de elementos suficientes para concluir que la reducción pensionaria derivaba de la reforma constitucional al artículo 127, pues aún no existía informe justificado de la autoridad responsable.
Afirma que el órgano jurisdiccional invirtió indebidamente la carga de la prueba al asumir, únicamente por una coincidencia cronológica, que el acto reclamado provenía de la aplicación del decreto constitucional.
Tercer agravio
Sostiene que el juzgado prejuzgó indebidamente al afirmar que la reducción pensionaria obedecía a una política pública de carácter presupuestario o fiscal.
Aduce que, en sede cautelar, el análisis debía limitarse exclusivamente a determinar la gravedad de la afectación y no a justificar o validar anticipadamente la finalidad del acto reclamado.
Asimismo, controvierte la consideración relativa a que la pensión reducida permanecía por encima de un supuesto “mínimo vital”, argumentando que dicho estándar no puede definirse mediante una comparación abstracta de cantidades, sino a partir de las condiciones concretas de vida de cada persona.
También señala que la referencia a “regularización” y “fin legítimo” contamina el análisis posterior del juicio.
Cuarto agravio
La recurrente argumenta que la resolución carece de debida fundamentación y motivación.
Refiere que el juzgado debió otorgar mayor valor a las manifestaciones contenidas en la demanda y a las pruebas aportadas, particularmente a la afectación psicológica alegada.
Aduce que no le correspondía acreditar plenamente la tortura psicológica en esta etapa cautelar y que el órgano jurisdiccional invirtió indebidamente la carga probatoria.
Asimismo, invoca el recurso de queja ********, resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, señalando que en dicho precedente se adoptó un estándar cautelar reforzado.
Quinto agravio
La recurrente sostiene que el juzgado omitió aplicar diversos criterios jurisprudenciales que, a su consideración, respaldaban la procedencia de la medida cautelar solicitada.
En particular, cita:
• El criterio identificado con el registro 2031560 de rubro SUSPENSIÓN CON EFECTOS RESTITUTORIOS. PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) DE PAGAR LA PENSIÓN JUBILATORIA POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA, emitido por un Pleno Regional, relativo a la posibilidad de conceder suspensión con efectos restitutorios respecto de omisiones de pago pensionario.
• El criterio con registro digital 2028993 de rubro SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN AMPARO INDIRECTO. PROCEDE PARA QUE SE OTORGUE A LA PERSONA JUBILADA POR RETIRO FORZOSO UN MÍNI
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34332-8197f4eb/recurso-de-queja-en-amparo-indirecto-cuando-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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