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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN AMPARO INDIRECTO. NO PUEDE EXIMIRSE DEL OTORGAMIENTO DE LA GARANTÍA QUE SE FIJA PARA SU EFECTIVIDAD, AUNQUE SÍ MODULARSE SU MONTO Y FORMA MEDIANTE AJUSTES RAZONABLES, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO A JUICIO CIVIL QUE PUEDE TENER POR EFECTO EL POSIBLE DESPOSEIMIENTO O DESALOJO DEL INMUEBLE DONDE HABITA LA PERSONA QUEJOSA EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 1/2026. · Registro digital (IUS): 34035
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-05-29
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Duodécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Mayo de 2026, Tomo IV, Volumen 1, Pág.805.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 1/2026. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 11 DE MARZO DE 2026. UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS DIANA ELDA PÉREZ MEDINA, MARIANA FLORES VEGA Y JORGE ALBERTO ORANTES LÓPEZ, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE. PONENTE: MARIANA FLORES VEGA. SECRETARIO: MOISÉS ISRAEL FLORES PACHECO.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión de once de marzo de dos mil veintiséis, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 1/2026, suscitada entre los sustentados por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materia Civil del Séptimo Circuito, ambos con residencia en Xalapa de Enríquez, Veracruz.

La problemática jurídica por resolver consiste en determinar si existe la contradicción de criterios denunciada y, en su caso, si cuando la parte quejosa solicita la suspensión en contra de una sentencia definitiva en materia civil por falta de emplazamiento a juicio y manifiesta encontrarse en estado de vulnerabilidad por su edad, condiciones de salud o situación socioeconómica, es viable eximirla del otorgamiento de una garantía como requisito de efectividad de la medida cautelar.

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Denuncia de la contradicción de criterios. El nueve de enero de dos mil veintiséis, se recibió en este Pleno Regional un oficio a través del cual el Pleno del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito denunció la posible contradicción de criterios entre lo que resolvió el citado órgano jurisdiccional al emitir sentencia en los recursos de queja 26/2025 y 552/2025, así como en el incidente en revisión 67/2025, y lo determinado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver los recursos de queja 316/2024 y 429/2025.

2. Admisión a trámite y turno. Por acuerdo de quince de enero de dos mil veintiséis, la presidencia de este Pleno Regional ordenó el registro de la contradicción de criterios con el número de expediente 1/2026 y la admitió a trámite, ordenó notificar a los órganos colegiados contendientes, a quienes solicitó la vinculación de los respectivos expedientes electrónicos a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como que informaran si el razonamiento que sostuvieron se encontraba vigente. Por otra parte, se solicitó al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que comunicara si existía alguna contradicción de criterios radicada en esa instancia que guardara relación con la temática planteada en el presente asunto.

3. Por último, se realizó el turno electrónico del expediente a la ponencia de la Magistrada Mariana Flores Vega.

4. Recepción de informes. En autos de veintinueve de enero y dos de marzo de dos mil veintiséis, se recibieron oficios mediante los cuales los tribunales contendientes informaron que los criterios que sostuvieron al resolver, respectivamente, los asuntos de sus índices se encontraban vigentes, asimismo, indicaron que los expedientes electrónicos fueron habilitados para consulta.

5. En auto de diez de febrero de dos mil veintiséis, se recibió el oficio CCST/X/053/02/2026 de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se informó que en ella no se encuentra radicada una contradicción de criterios cuyo tema guarde relación con el del presente asunto.

6. Confirmación de turno. En auto de dos de marzo de dos mil veintiséis, se confirmó el turno electrónico a la ponencia de la magistrada Mariana Flores Vega para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.

7. Amicus curiae. Una vez listado el presente asunto, se recibieron tres escritos suscritos por el Administrador de Amparo e Instancias Judiciales “3” del Servicio de Administración Tributaria, mediante los cuales formuló diversas manifestaciones en relación con la presente contradicción de criterios, mismos que fueron registrados con los números de promociones 486, 487 y 488.

8. En sesión pública de esta misma fecha, el secretario de acuerdos dio cuenta de ellos a la Presidencia de este Pleno Regional, la cual acordó agregarlos al expediente para que obraran como correspondiera. Lo anterior se hace constar para los efectos del artículo 45 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

II. COMPETENCIA

9. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, de conformidad con lo previsto en el artículo 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) 226, fracción III, de la Ley de Amparo,(2) 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) y con lo previsto en el artículo 14, fracción I,(4) del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, y del artículo 2(5) del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio.(6)

10. Lo anterior, dado que se denuncia la contradicción suscitada entre los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materia Civil del Séptimo Circuito, órganos que se sitúan en la Región Centro-Sur, de conformidad con el artículo 8 del citado Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,(7) aunado a que los criterios en contienda fueron emitidos por órganos colegiados con especialización en materia civil. Luego, este Pleno Regional ejerce su jurisdicción por razón de territorio y materia.

III. LEGITIMACIÓN

11. La denuncia proviene de parte legítima en tanto fue formulada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, órgano jurisdiccional que conoció de los recursos de queja 26/2025 y 552/2025, así como del incidente en revisión 67/2025, cuyas sentencias constituyen tres de los criterios que motivaron el asunto que nos ocupa. Lo anterior, en términos de los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(8) y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.(9)

IV. CRITERIOS DENUNCIADOS

12. A fin de determinar la existencia de la contradicción de criterios, enseguida se formula una breve relatoría de los antecedentes de cada asunto, así como de las posturas que asumieron los órganos colegiados, en el orden de su emisión.

A. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito.

i) Queja 26/2025.(10)

13. Amparo directo. Mediante escrito presentado el seis de mayo de dos mil veinticuatro, dos personas físicas promovieron juicio de amparo directo en contra de la sentencia de diecisiete de abril de dos mil veinticuatro, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 700/2023, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de la ciudad de Orizaba, Veracruz, donde se les había condenado al pago de la cantidad amparada en un pagaré, de intereses moratorios y de gastos y costas. Con ese motivo se formó el cuadernillo de amparo directo 45/2024.

14. Suspensión en amparo directo. En acuerdo dictado el diecisiete de mayo de dos mil veinticuatro, el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, en su carácter de autoridad responsable, concedió la suspensión solicitada -con fundamento en los numerales 128 y 190 de la Ley de Amparo-, y fijó una fianza de $********** (********** pesos **********/100 M.N.), para que continuara surtiendo efectos la medida solicitada.

15. Recurso de queja contra la suspensión. Inconforme con el acuerdo antes mencionado, a través de un escrito presentado el nueve de enero de dos mil veinticinco en la Oficialía de Partes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, la parte quejosa interpuso recurso de queja. El asunto fue radicado por el citado órgano jurisdiccional con el número de expediente 26/2025. En sesión de ocho de septiembre de dos mil veinticinco, el tribunal declaró fundado el recurso de queja. Lo anterior, bajo las siguientes consideraciones:

– Indicó que eran inoperantes los argumentos en los que la parte recurrente atribuía a la autoridad responsable violación a derechos humanos, consagrados en el artículo 1o. de la Constitución, pues precisó que a través del recurso, técnicamente, no eran susceptibles de examinarse los agravios consistentes en que los juzgadores federales, al emitir resoluciones en los juicios de amparo, vulneran derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal y en los Tratados internacionales, dada la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que los jueces de Distrito desempeñan.

– Citó de apoyo la jurisprudencia P./J. 2/1997, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.”

– Puntualizó que la parte recurrente señaló que el auto reclamado transgrede los principios de fundamentación y motivación debido a que nunca firmaron el título base de la acción, ni se obligaron a pagar la cantidad reclamada, y manifestó que el argumento antes citado resultaba inatendible, pues esos razonamientos constituían un tema de fondo, lo cual sería analizado en la sentencia de amparo directo, que en su momento dictaría el tribunal colegiado.

– Luego se refirió a las manifestaciones de los recurrentes en que mencionaron que no contaban con capacidad económica suficiente -por desempleo y sueldo insuficiente- para cubrir la cantidad fijada, por lo que solicitaban no se fijara garantía para que les fuera concedida la suspensión del acto reclamado.

– Determinó que los argumentos eran ineficaces, pues el artículo 132, párrafo primero, de la Ley de Amparo, prevé que cuando la suspensión del acto reclamado sea concedida y con ello pueda ocasionar daños y perjuicios a un tercero, será procedente otorgar una garantía para reparar esos daños, en caso de que la sentencia no sea favorable.

– Subrayó que no se advertía que el numeral referido o algún otro precepto o criterio jurisprudencial prevea la posibilidad de exentar al quejoso de otorgar una fianza para garantizar los daños y perjuicios que el otorgamiento de la medida cautelar pudiera ocasionar a la parte tercera interesada; solo con base en una petición del agraviado.

– Destacó que, en el caso, los quejosos no señalaron inicialmente en la demanda sus situaciones económicas y personales que alegaron en el escrito de agravios.

– Consideró que no era dable que se proveyera favorablemente su petición de no fijar garantía, so pena de ilegalidad en su actuar jurisdiccional.

– Argumentó que lo anterior se justifica cuando se resuelve un juicio de amparo directo en el que se reclama una cantidad líquida, en el que con el simple paso del tiempo, la parte quien obtuvo sentencia favorable en la instancia previa, se ve imposibilitada de disponer de esa cantidad a la que se condenó a su contraparte.

– Señaló que los recurrentes afirmaron que la cantidad fijada como caución no se encontraba motivada, pues no expusieron las razones por las cuales se pueda ocasionar daños y perjuicios a un tercero. Calificó de esencialmente fundado ese argumento.

– Precisó que al fijar la suma para garantizar los posibles daños y perjuicios que pudieran causarse al tercero interesado con la concesión de la medida suspensiva, el juez responsable omitió precisar los parámetros con los que llegó a tal determinación, señalando únicamente la parte quejosa debía de depositar la determinada cantidad.

– Concluyó que esa determinación resulta carente de los principios de fundamentación y motivación, siendo desproporcional y excesiva, a los parámetros establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

– Resaltó que al tratarse de un recurso de queja en contra de un acuerdo en el que se fijó garantía respecto de la suspensión del acto reclamado no procedía el reenvío a la autoridad responsable, por lo que asumió jurisdicción al considerar que no era apegado a derecho tal proveído, por lo tanto su fallo sustituiría procesalmente a aquel.

– Señaló que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió la contradicción de tesis 42/2014, que dio origen a la Jurisprudencia P./J. 71/2014 (10a.) que establece: “DAÑOS Y PERJUICIOS. FORMA DE FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR ESOS CONCEPTOS AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA CANTIDAD LÍQUIDA.”

– Refirió que del criterio antes mencionado se puede apreciar que la concesión de la suspensión en el juicio de amparo, cuando tenga por objeto impedir la ejecución de una condena en cantidad líquida a favor del tercero, puede generarle daños y perjuicios.

– Advirtió que, de las constancias remitidas por la autoridad responsable al rendir su informe, se aprecia que en la sentencia dictada en el juicio ejecutivo se condenó a la parte recurrente al pago de $********** (********** ********** pesos **********/100, moneda nacional).

– Adujo que el pago de esa cantidad líquida era materia de la suspensión, en tanto que, con motivo de ésta se impedirá la ejecución del fallo y por tanto, aquella debía servir de base para establecer los montos de los daños y perjuicios por el tiempo de doce meses -tiempo necesario para resolver el juicio de amparo directo promovido contra la sentencia en ese órgano jurisdiccional-.

– Apoyó sus argumentos en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. FORMA DE CALCULAR EL PLAZO QUE DEBE TOMARSE EN CUENTA A EFECTO DE FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 132 DE LA LEY DE AMPARO.”

– Tomó en cuenta que el monto de la condena líquida que se decretó en contra de la parte quejosa ascendía a $********** (********** ********** pesos **********/100, M.N.), multiplicada por el factor de ajuste obtenido, da como resultado $********** (********** ********** pesos **********/100, M.N), cantidad a la que se le tiene que restar la suma de la condena, resultando $********** (********** ********** pesos, **********/100, M.N).

– Respecto a los perjuicios, recalcó que la condena ascendía a la cantidad de $********** (********** pesos, **********/100, M.N.), multiplicada por la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio del momento en que se emitió la resolución 8.2009 -resultado de sumar 8.0226%, según se aprecia del Diario Oficial de la Federación publicado el veintisiete de agosto de dos mil veinticinco, más lo equivalente a ocho días (0.1783) y dividida entre cien-, da un total de $********** (********** ********** pesos, **********/100, M.N.). Cantidad que dividida entre doce meses del año y multiplicada por doce meses, ocho días (12.266) da un total de $********** (********** pesos **********/100, M.N.). Concluyó que esta última cantidad sería la que se fijaría a fin de garantizar la privación de ganancias lícitas que obtendría el tercero interesado de tener bajo su dominio, durante el citado lapso, la respectiva prestación pecuniaria.

– Indicó que sumadas las dos cantidades por conceptos de daños y perjuicios, hacían un total de $********** (********** pesos **********/100, M.N.), que correspondería a la fianza determinable en el caso concreto, conforme a las reglas y parámetros establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acorde a lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley de Amparo. Cantidad que era inferior a la determinada por la autoridad responsable en el acuerdo recurrido.

– Determinó que la cuantificación de los daños y de los perjuicios se efectuó en forma inadecuada, por lo que debía prevalecer la cantidad determinada por el tribunal por concepto tanto de daños como de perjuicios.

– Al resultar parcialmente fundados los agravios, procedió a declarar fundado el recurso de queja. En consecuencia, con fundamento en el artículo 103 de la Ley de Amparo, ordenó emitir en lo conducente el proveído correspondiente.

– Advirtió que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver la queja 316/2024 -asunto en materia de familia-, de oficio, redujo discrecionalmente la cantidad calculada inicialmente con garantía para efectos de la suspensión del acto reclamado, al advertir que el quejoso tenía la calidad de deudor alimentario y con ello el pago de una cantidad elevada podría poner en riesgo la subsistencia de sus acreedores, por lo que realizó un ajuste razonable del monto de la garantía.

– Manifestó no compartir el criterio anterior, toda vez que no existía norma legal o jurisprudencial que prevea esa posibilidad y que obligue al órgano a actuar de esa manera en el juicio de amparo. Denunció la contradicción de criterios ante este Pleno Regional.

ii) Incidente en revisión 67/2025.(11)

16. Contrato de suministro de energía eléctrica. Una persona física celebró con la Comisión Federal de Electricidad un contrato indefinido de suministro de energía eléctrica. Según sus manifestaciones, declaró que desde el veintinueve de noviembre de dos mil veinticuatro se le suspendió el servicio de energía eléctrica, sin recibir orden o notificación alguna que le indicara las causas y motivos.

17. Señaló que el mismo día que se interrumpió el servicio acudió a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad, donde la persona que le atendió le indicó de manera verbal que este había sido suspendido con base en el artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica, el cual autoriza a la Comisión Federal de Electricidad a suspender el servicio sin requerir de intervención previa de alguna autoridad cuando encuentre alguna irregularidad en la medición.

18. Demanda de amparo indirecto y solicitud de suspensión. Mediante escrito presentado por vía electrónica, el tres de diciembre de dos mil veinticuatro, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, la persona física promovió juicio de amparo indirecto contra las autoridades y actos siguientes:

“III. AUTORIDADES RESPONSABLES. Tienen tal carácter las siguientes:

1. CONGRESO DE LA UNIÓN, dividido en CÁMARA DE DIPUTADOS y CÁMARA DE SENADORES, con domicilio oficial ubicado en (...) respectivamente.

2. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, con domicilio oficial ubicado en Ciudad de México.

3. SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, con sede oficial ubicado en (...).

4. CFE DISTRIBUCIÓN Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, con domicilio en (...).

5. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, con domicilio en (...).

IV. ACTOS RECLAMADOS:

1. Del CONGRESO DE LA UNIÓN. Le reclamo la discusión, aprobación y expedición del artículo 41, de la Ley de la Industria Eléctrica.

2. Del PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, la iniciativa enviada al Congreso de la Unión para la aprobación, así como la orden de promulgación y publicación del precepto antes indicado.

3. Del SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, el refrendo del decreto mediante el cual se promulga y se publicó el artículo mencionado en antelación.

4. De CFE DISTRIBUCIÓN Y CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, reclamo el ejercicio de sus facultades legales de verificación o revisión del medidor de energía eléctrica, conforme a la Ley de la Industria Eléctrica y su Reglamento, en mi domicilio sito en calle (....), derivado del servicio número (....) y aplicación del artículo 41, de la indicada Ley, en la suspensión del servicio de fluido eléctrico, en el referido domicilio el día 29 de noviembre de 2024.” 19. La parte quejosa solicitó la suspensión para el efecto de que se reconectara el servicio de suministro de energía eléctrica en su domicilio, sin otorgar garantía alguna.

20. Admisión de la demanda y concesión de la suspensión. Por turno, el asunto se remitió al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, el cual, mediante acuerdo de nueve de diciembre de dos mil veinticuatro, la registró, asignándole el número 1298/2024.II y, previo al desahogo de una prevención, el once de diciembre de dos mil veinticuatro, tuvo por admitida parcialmente la demanda y ordenó la tramitación por duplicado del incidente de suspensión.

21. En esa misma fecha, se abrió el incidente de suspensión, en el que se concedió la suspensión provisional, sin fijar garantía alguna, pero señalando como requisito de efectividad que la parte quejosa realizara el pago por el consumo de energía que se generara con motivo de la reconexión del servicio.

22. Suspensión definitiva. Seguida la secuela procesal, el siete de enero de dos mil veinticinco se celebró la audiencia incidental, en la que se concedió la suspensión definitiva, sin solicitar garantía alguna, pero fijando como requisito de efectividad que la parte quejosa realizara el pago por el consumo de energía que se generara con motivo de la reconexión del servicio.

23. Recurso de revisión contra la suspensión definitiva. En contra de ese fallo, la autoridad responsable CFE Distribución, por conducto de su apoderado y representante legal, interpuso recurso de revisión. El medio de impugnación fue turnado al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, el cual lo admitió a trámite con el número 67/2025, en auto de cuatro de febrero de dos mil veinticinco, y, en sesión de diez de septiembre de dos mil veinticinco, determinó modificar la interlocutoria recurrida para el efecto de fijar una garantía como requisito de efectividad de la medida cautelar. Las consideraciones, en síntesis, fueron las siguientes:

– Determinó que era inoperante el agravio en el que la recurrente alegó que en la demanda de amparo la quejosa admitió que celebraron un contrato de prestación de servicio de energía eléctrica, por lo que cualquier conflicto entre ellos es de naturaleza mercantil. Señaló que tales argumentos se refieren a la improcedencia del juicio de amparo, mientras que la materia del recurso se circunscribe a la decisión adoptada en la resolución interlocutoria pronunciada en relación con el otorgamiento de la medida cautelar, sin garantía. Citó la jurisprudencia 1a./J. 46/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "REVISIÓN INCIDENTAL. PARA RESOLVER SOBRE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, NO SE DEBE ATENDER A LA POSIBLE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE Y ABROGADA).”

– Luego estudió los agravios de la autoridad en que se dolía de la concesión de la suspensión definitiva sin exigir que la persona quejosa otorgara garantía por los posibles daños y perjuicios que le pudiera ocasionar con la medida cautelar. Indicó que tales planteamientos resultaban sustancialmente fundados.

– Manifestó que el adeudo que pretendía cobrársele a la quejosa con motivo de las anomalías detectadas, derivaba de un contrato de suministro de energía eléctrica, el cual es de índole comercial, catalogado así por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 1a./J. 61/2021 (11a.), de rubro: “COMPETENCIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR UN JUEZ DE DISTRITO CON COMPETENCIA MIXTA, QUE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO POR ESTIMAR QUE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, TRATÁNDOSE DE ACTOS RECLAMADOS AFINES AL CONTRATO DE SUMINISTRO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. CORRESPONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ESPECIALIZADO EN MATERIA CIVIL.”

– Recalcó que no debía pasarse por alto lo dispuesto por el artículo 132, primera parte, de la Ley de Amparo, del que se desprende que de resultar procedente la suspensión y para el caso de que pudiera ocasionar daño o perjuicio a tercero, se concederá aquella si la parte quejosa otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que se pudieren causar si aquél no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo.

– Puntualizó que en el precepto mencionado se hace referencia a un tercero y no necesariamente al tercero interesado en el juicio, sino al que resulta afectado o a quien pudiera ocasionársele daños y perjuicios con motivo de la suspensión.

– Consideró que al establecerse en la ley de la materia la exigencia de establecer una garantía a favor de un tercero que pudiera resentir daños y perjuicios con la concesión de la medida cautelar solicitada; por mayoría de razón procede fijar garantía para responder de los referidos daños y perjuicios que pudieran resentir las autoridades responsables.

– Hizo mención al contenido del artículo 135 de la Ley de Amparo, en el que se establece que de otorgarse la suspensión y ésta se pida contra actos relativos a la determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, aquella surtirá efectos si se garantiza el interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables; lo que significa que el objeto de esa garantía viene a ser los intereses que defiende la autoridad responsable.

– Concluyó que en aquellos casos en que la ********** ********** sea autoridad responsable en los juicios de amparo en los que se le reclame la suspensión o corte del suministro de energía eléctrica y se conceda la suspensión para evitar dicho evento, dicha entidad tendrá derecho a la aplicación en su favor de la aludida garantía en la proporción correspondiente, a fin de asegurar el pago de la energía eléctrica que, por virtud de la suspensión, debe seguir suministrando a favor de la promovente del juicio de amparo. Es decir, si el Juez de Distrito debe tomar las medidas necesarias para evitar daños y perjuicios que con la medida cautelar se causen a terceros, con mayor razón debe hacerlo tratándose de las partes en el juicio de amparo, como vienen a ser en el caso, las autoridades responsables.

– Indicó que la suspensión de los actos reclamados tiene como finalidad tanto conservar la materia de la controversia, como evitar que la persona quejosa sufra una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea a través de medidas conservativas o de tutela anticipada con efectos restitutorios provisionales.

– Argumentó que en los casos en los que la suspensión de los actos reclamados sea procedente, la parte quejosa deberá exhibir garantías como requisitos de efectividad para que dicha medida cautelar surta efectos.

– Arguyó que de los artículos 132, 135, 136 y 139 de la Ley de Amparo, se obtiene que la Ley de Amparo prevé la exhibición de dos tipos de garantías como requisitos de efectividad para que surta efectos la suspensión de los actos reclamados: la garantía que se fija para responder por los daños y perjuicios que con la medida se pudiera ocasionar y la garantía del interés fiscal.

– Hizo hincapié que el artículo 132 de la Ley de Amparo establece que -en los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daños o perjuicios a un tercero-, la persona quejosa deberá otorgar garantía bastante para reparar los posibles daños e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Asimismo, cuando con la suspensión puedan afectar derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía, pero si la parte quejosa se trata de un núcleo de población, no se requerirá que exhiba garantía alguna para que surta efectos la suspensión.

– Señaló que en el artículo 139 se precisa que en caso de proceder la suspensión del acto reclamado, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, ni quede sin materia el juicio de amparo.

– Estipuló que el numeral 135 dispone que, cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a la determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables.

– Detalló que ese mismo numeral también establece que el órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía o dispensar su otorgamiento si las autoridades fiscales trabaron embargo firme sobre bienes del contribuyente y éstos sean suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal, si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del quejoso, y si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito.

– Concluyó que la Ley de Amparo hace referencia a un tercero diverso a las partes del juicio, cuyos intereses son objeto de indemnización a través de la garantía qu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34035-d4729eac/suspension-provisional-en-amparo-indirecto-no-puede-eximirse · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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