ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. NO LO CONSTITUYE LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR ACTUALIZARSE LITISCONSORCIO NECESARIO, POR EL SOLO HECHO DE QUE LA PARTE QUEJOSA SEA UNA PERSONA ADULTA MAYOR DE EDAD MUY AVANZADA.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 28/2026. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 27 DE MAYO DE 2026. TRES VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS DIANA ELDA PÉREZ MEDINA, MARIANA FLORES VEGA Y JORGE ALBERTO ORANTES LÓPEZ. PONENTE: MARIANA FLORES VEGA. SECRETARIO: MOISÉS ISRAEL FLORES PACHECO.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión de veintisiete de mayo de dos mil veintiséis, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 28/2026, suscitada entre los sustentados por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco.
La problemática jurídica por resolver consiste en determinar si la resolución de segunda instancia que revoca la de primera instancia y ordena reponer el procedimiento, por actualizarse un litisconsorcio necesario, es un acto de imposible reparación para efectos del juicio de amparo indirecto, por el solo hecho de que la persona quejosa sea adulta mayor y de edad muy avanzada.
I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Denuncia de la contradicción de criterios. El veinte de febrero de dos mil veintiséis, se recibió en este Pleno Regional un oficio a través del cual el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito denunció la posible contradicción de criterios entre el citado órgano al emitir sentencia en el recurso de revisión 377/2025, y lo resuelto por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver amparo en revisión 41/2023.
2. Admisión a trámite y turno. Por acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil veintiséis, la presidencia de este Pleno Regional ordenó el registro de la contradicción de criterios con el número de expediente 28/2026 y la admitió a trámite, ordenó notificar a los órganos colegiados contendientes, a quienes solicitó la vinculación de los respectivos expedientes electrónicos a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como que informaran si el razonamiento que sostuvieron se encontraba vigente. Por otra parte, se solicitó al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que comunicara si existía alguna contradicción de criterios radicada en esa instancia que guardara relación con la temática planteada en el presente asunto.
3. Por último, se realizó el turno electrónico del expediente a la ponencia de la Magistrada Mariana Flores Vega.
4. Recepción de informes. En autos de cinco y diecinueve de marzo de dos mil veintiséis, se recibieron oficios mediante los cuales los tribunales contendientes informaron que los criterios que sostuvieron al resolver, respectivamente, los asuntos de sus índices se encontraban vigentes, asimismo, indicaron que los expedientes electrónicos fueron habilitados para consulta.
5. En auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintiséis, se recibió el oficio CCST/X/161/03/2026 de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se informó que en ella no se encuentra radicada una contradicción de criterios cuyo tema guarde relación con el del presente asunto.
6. Confirmación de turno. En auto de veintinueve de abril de dos mil veintiséis, se confirmó el turno electrónico a la ponencia de la magistrada Mariana Flores Vega para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.
7. Amicus curiae. En el presente asunto no se recibieron opiniones de personas o instituciones en vía de amicus curiae, lo cual se hace constar para los efectos del artículo 45 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
II. COMPETENCIA
8. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, de conformidad con lo previsto en el artículo 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (1) 226, fracción III, de la Ley de Amparo,(2) 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) y con lo previsto en el artículo 14, fracción I,(4) del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, y del artículo 2(5) del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio.(6)
9. Lo anterior, dado que se denuncia la contradicción suscitada entre el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, órganos que se sitúan en la Región Centro-Sur, de conformidad con el artículo 8 del citado Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,(7) aunado a que los criterios en contienda fueron emitidos por órganos colegiados con especialización en materia civil, y el tema atañe a la materia común. Luego, este Pleno Regional ejerce su jurisdicción por razón de territorio y materia.
III. LEGITIMACIÓN
10. La denuncia proviene de parte legítima, en tanto fue formulada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, órgano jurisdiccional que conoció del amparo en revisión 377/2025, cuya sentencia constituye uno de los criterios que motivaron el asunto que nos ocupa. Lo anterior, en términos de los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(8) y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.(9)
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
11. A fin de determinar la existencia de la contradicción de criterios, enseguida se formula una breve relatoría de los antecedentes de cada asunto, así como de las posturas que asumieron los órganos colegiados, en el orden de su emisión.
A. Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el recurso de revisión 41/2023.(10)
12. Juicio ordinario civil (acción reivindicatoria). Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes Común del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, una persona física (padre de los demandados y adulto mayor) promovió juicio ordinario civil en el que, en ejercicio de la acción reivindicatoria, demandó de dos diversas personas físicas (sus hijos: codemandado y codemandada) la declaración judicial de que el actor era el legítimo propietario de un inmueble ubicado en la Ciudad de México y como consecuencia, la entrega real y jurídica del inmueble referido (primer piso y local comercial), así como el pago de daños y perjuicios y gastos y costas.
13. El asunto fue turnado al entonces Juzgado Vigésimo Quinto Civil de Proceso Escrito, donde quedó registrado como expediente **********, donde se admitió a trámite la demanda, ordenándose emplazar a los demandados.
14. Declaración de rebeldía. En auto de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, se tuvo por acusada la rebeldía en que incurrieron los codemandados al no contestar en tiempo la demanda.
15. Sentencia definitiva del juicio ordinario civil. El once de enero de dos mil veintidós, el Juez Vigésimo Quinto Civil de Proceso Escrito dictó sentencia en la que resolvió:
1) Se declaró procedente la vía intentada y parcialmente acreditada la acción de la parte actora, ante la rebeldía de la parte demandada.
2) Se reconoció a favor del actor el derecho de propiedad respecto del inmueble controvertido.
3) Se condenó a los codemandados a desocupar y entregar el inmueble dentro del plazo fijado, con apercibimiento de ejecución forzosa en caso de incumplimiento.
4) Se condenó a los codemandados al pago de una renta o contraprestación por el uso del inmueble, cuya cuantificación quedó reservada para la ejecución de sentencia.
5) Se absolvió a la demandada del pago de la indemnización reclamada.
6) No se hizo especial condena en gastos y costas.
16. Recurso de apelación contra sentencia definitiva. Inconformes con la sentencia definitiva, los codemandados interpusieron recurso de apelación, del cual, por cuestión de turno, conoció la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, radicándolo con el número de toca ********** y en sentencia de veinte de junio de dos mil veintidós, resolvió:
1. Se dejó insubsistente la sentencia definitiva previamente dictada en el juicio civil de origen.
2. Se declararon sin materia los agravios formulados contra esa sentencia.
3. Se ordenó reponer el procedimiento para llamar a juicio a una litisconsorte pasiva necesaria en condición de discapacidad, a través de su tutor legal, es decir a la hija de uno de los codemandados, y nieta del actor, que también habitaba en el inmueble a reivindicar, a fin de garantizar su derecho fundamental de audiencia y de ser oída en juicio. Se precisó que debían subsistir las actuaciones no afectadas por esa omisión, sin renovar la instancia ni permitir a las partes que ya comparecieron subsanar errores previos.
4. Para cumplir con la reposición, se ordenó al juez requerir a la parte actora la exhibición de las copias necesarias para correr traslado a la litisconsorte, con el apercibimiento legal correspondiente.
5. Se ordenó la notificación de la resolución.
17. En esa resolución, la sala responsable sostuvo que se actualizaba el litisconsorcio pasivo necesario respecto de la referida persona, porque existían indicios suficientes para presumir que habitaba también el primer piso del inmueble controvertido y porque era hija de un codemandado; además, consideró acreditado que presentaba parálisis cerebral con base en diversas constancias médicas que, aunque fueron exhibidas en copia simple y no integraban formalmente el caudal probatorio por la rebeldía de los demandados y la falta de admisión de esas pruebas, decidió valorarlas para evitar dejar en estado de indefensión a una persona que podía resentir los efectos del juicio de origen.
18. Demanda de amparo directo. La persona física (padre de los demandados y adulto mayor), parte actora del juicio ordinario civil, por conducto de su apoderado legal promovió amparo directo en contra de la sentencia de apelación referida en el párrafo que antecede.
19. Improcedencia de la vía en amparo directo. El asunto fue turnado al Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien lo radicó con el número de expediente ********** y en acuerdo plenario de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, declaró carecer de competencia legal por razón de grado para conocer del asunto, en virtud de que el acto reclamado no se encontraba dentro de las hipótesis previstas en los artículos 107, fracción III, inciso a), V, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170 de la Ley de Amparo, ya que no constituía una sentencia definitiva, ni resolución que pusiera fin al juicio, para los efectos del juicio de amparo directo, esto es, porque en la sentencia se había ordenado la reposición del procedimiento, por tanto no ponía fin al juicio, no lo decidía en lo principal, o lo daba por concluido.
20. Juicio de amparo indirecto. En consecuencia, la demanda se remitió al Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, el cual la registró con el número de expediente ********** y lo admitió a trámite; señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley; de igual forma, requirió a las responsables sus informes justificados, emplazó a los terceros interesados (codemandados) y dio al Agente del Ministerio Público adscrito la intervención correspondiente.
21. Sentencia de amparo indirecto. Seguido el trámite del juicio, el dos de diciembre de dos mil veintidós se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia, en la que se concedió el amparo y protección solicitados, conforme a los argumentos siguientes:
• En la decisión, se concedió la protección constitucional al quejoso, al estimarse que la sentencia de la Cuarta Sala Civil que ordenó reponer el procedimiento para llamar a una persona con discapacidad como litisconsorte pasiva necesaria vulneró los artículos 14 y 16 constitucionales.
• Los efectos de la sentencia fueron: dejar insubsistente la sentencia de veinte de junio de dos mil veintidós; dictar otra en la que se precisara que la hija del codemandado no debía ser llamada al juicio natural por no actualizarse el litisconsorcio pasivo necesario; y resolver nuevamente la apelación con base en las constancias y pruebas legalmente incorporadas. La concesión se hizo extensiva a los actos de ejecución del Juez de Proceso Escrito.
• El órgano de amparo sostuvo que, aunque en una diversa resolución se hizo referencia al padecimiento médico de la hija del codemandado, y a que vivía con su progenitor, ello no generaba, por sí mismo, que debía reconocérsele el carácter de litisconsorte pasiva necesaria. En particular, precisó que el hecho de que tuviera un trastorno psicomotriz, requiera cuidados específicos y, por ello, habitara con su padre, “no era motivo suficiente” para llamarla a defender posibles derechos sobre la ocupación del inmueble. (pp. 42-43).
• La jueza de amparo subrayó que, si el padre de la persona con discapacidad ya tenía el carácter de codemandado en el juicio primigenio y compareció a él, entonces había defendido los derechos que pudieran corresponderle a su hija respecto del inmueble controvertido. Añadió que, aunque no contestó la demanda, sí promovió escritos de pruebas y recurso de apelación; por ello, concluyó que “no resultaba legalmente procedente que se pretenda escuchar a su hija por conducto de su tutor (codemandado)” en el mismo juicio. (p. 43).
22. Recurso de revisión. Inconforme, a través de un escrito presentado el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, la parte tercera interesada, codemandados del juicio natural, interpusieron recurso de revisión.
23. El asunto fue radicado por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito con el número de expediente 41/2023. En sesión de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, el tribunal confirmó la sentencia recurrida y concedió la protección constitucional solicitada por la parte quejosa. Lo anterior, bajo las siguientes consideraciones:
• En un apartado denominado “Premisas genéricas” indicó que no pasaba inadvertido que la resolución reclamada era un acto de naturaleza procesal donde se revocó la sentencia de primera instancia y ordenó reponer el procedimiento a fin de que se llamara a una diversa persona al considerar que respecto de esta se actualiza un litisconsorcio pasivo necesario.
• Señaló que si bien en apariencia pudiera estimarse que sólo se trata de un acto procesal, la realidad es que las circunstancias especiales evidenciaban que, en el caso concreto, la resolución reclamada sí producía una afectación de imposible reparación en los derechos sustantivos del quejoso y por ende, la acción constitucional es procedente al satisfacerse la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo.
• Recalcó que la parte quejosa adujo ser una persona adulta mayor de ********** y señaló que por esa razón, existía el riesgo de que ante la reposición del procedimiento en el juicio de origen no lograra llegar a su conclusión.
• Concluyó que el hecho de integrar a una diversa persona al juicio y obligar al actor a defender nuevamente su derecho, dada su avanzada edad y dada esta última circunstancia especial, implicaba una afectación material a su derecho sustantivo a la tutela jurisdiccional, pues ello indudablemente retrasaría la decisión judicial respecto al derecho que aducía tener y, por ende, su ejecución.
• Consideró correcto que la jueza federal otorgara especial preponderancia al hecho que el quejoso es una persona adulta mayor y no solo estimara procedente entrar al estudio de fondo, sino que, además, atendiera los conceptos de violación desde esa perspectiva con la finalidad de resolver de manera completa e integral la litis planteada.
• Refirió que el hecho que el quejoso fuera una persona de muy avanzada edad justificó plenamente que la Jueza de Distrito analizara el asunto con base en esa situación de vulnerabilidad del quejoso.
• Hizo referencia a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
24. El tribunal colegiado abrió la instancia de revisión y dio respuesta a los agravios, respecto de los cuales, en lo medular, decidió lo siguiente:
• Derechos de personas vulnerables. El tribunal abordó el agravio sobre la supuesta discriminación de la litisconsorte. Reconoció que concurrían dos personas en situación de vulnerabilidad: un adulto mayor de muy avanzada edad y una persona con discapacidad. Aceptó que en esos casos procede una tutela reforzada e incluso la suplencia de la queja; pero precisó que esa suplencia no obliga a conceder la razón a quien la invoca.
• Litisconsorcio pasivo necesario. En el punto medular de la decisión, el tribunal expuso la doctrina del litisconsorcio pasivo necesario: sólo existe cuando la relación jurídica sustantiva es indivisible y la sentencia no puede ser válida sin oír a todos los interesados. Luego aplicó ese marco al caso y concluyó que no se actualizaba. La acción ejercida en el juicio natural era reivindicatoria, o sea, una acción real para obtener declaración de dominio y restitución del bien; así, aunque el inmueble lo habitara la persona con discapacidad, no lo hacía por un título independiente ni por un derecho real autónomo, sino porque vivía con su padre, quien la cuidaba y estaba obligado a proporcionarle habitación dentro del deber alimentario. De ahí que sus eventuales derechos fueran personales y alimentarios, no reales, por lo que quedaban fuera de la acción reivindicatoria.
• En consecuencia, procedió a confirmar la sentencia recurrida. Consideró que la hija del recurrente no debía ser llamada al juicio reivindicatorio porque no ostentaba un derecho real autónomo sobre el inmueble; su habitación derivaba, en su caso, de una relación alimentaria con su padre, codemandado, y esa cuestión debía ventilarse en una vía distinta.
25. De dicho asunto, surgió la tesis aislada I.11o.C.86 K (11a.), con registro digital 2030444, que fue publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Materia Común, Libro 49, Mayo de 2025, Tomo IV, Volumen 1, página 57, y es de rubro y texto siguientes:
“ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER LA RESOLUCIÓN QUE REVOCA LA SENTENCIA DEFINITIVA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO, CUANDO LA PARTE QUEJOSA ES UNA PERSONA DE MUY AVANZADA EDAD.
Hechos: En la sentencia definitiva de un juicio reivindicatorio se declaró que la parte actora (persona adulta mayor) era la propietaria del bien controvertido y, por ende, se condenó a la demandada a desocuparlo. El tribunal de alzada revocó la sentencia definitiva y ordenó reponer el procedimiento a fin de que se llamara a una persona como litisconsorte pasiva necesaria. La parte actora promovió amparo indirecto. El Juzgado de Distrito concedió la protección constitucional para que no se llamara a juicio a dicha persona, al no actualizarse la figura referida. En el recurso de revisión se analizó si la resolución reclamada constituye un acto de imposible reparación.
Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que si bien la resolución que revoca la sentencia definitiva y ordena que se reponga el procedimiento es un acto de naturaleza procesal, cuando la parte quejosa es una persona de muy avanzada edad esa resolución sí produce una afectación de imposible reparación a sus derechos sustantivos y, por ende, procede el juicio de amparo, al satisfacerse la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo.
Justificación: La avanzada edad de la parte quejosa actualiza el riesgo de que ante la reposición del procedimiento en el juicio no logre llegar a su conclusión. Obligarla a defender nuevamente su derecho, dada su avanzada edad, implica una afectación material a su derecho sustantivo a la tutela jurisdiccional, pues ello retrasaría la decisión judicial respecto al derecho que aduce tener y, por ende, su ejecución. En ese supuesto debe otorgarse especial preponderancia a que la parte quejosa sea una persona de muy avanzada edad, pues ese factor justifica plenamente que el asunto se analice con base en esa situación de vulnerabilidad.”
B. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 377/2025.(11)
26. Juicio ordinario civil (acción reivindicatoria). Una persona física -por conducto de un apoderado para pleitos y cobranzas y actos de administración- ejerció la acción reivindicatoria en la vía civil ordinaria, en contra de cuatro diversas personas físicas.
27. De esa demanda correspondió conocer al Juzgado Primero de lo Civil del Vigésimo Séptimo Partido Judicial del Estado de Jalisco, el cual la registró bajo número de expediente **********, la admitió y ordenó emplazar a los demandados, quienes comparecieron a producir su contestación a la demanda.
28. Mediante acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil quince, la Juez del órgano mencionado se excusó para seguir conociendo del citado juicio y remitió los autos a la Juez Segundo de lo Civil del Vigésimo Séptimo Partido Judicial del Estado de Jalisco, con sede en Puerto Vallarta, quien mediante proveído de veintidós de junio de dos mil quince, se avocó al conocimiento del asunto bajo expediente **********.
29. Sentencia definitiva del juicio ordinario civil. Seguido el juicio por las etapas legales, el siete de febrero de dos mil veinticuatro, se dictó sentencia, en el sentido de declarar fundada la acción y ordenar la restitución de la posesión del inmueble en favor de la parte actora.
30. Recurso de apelación contra sentencia definitiva. Inconformes los demandados interpusieron recurso de apelación. El recurso fue turnado a la Séptima Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, el cual lo registró con el número de toca ********** y lo resolvió en sentencia el tres de septiembre de dos mil veinticuatro.
31. La Sala revocó la sentencia definitiva de primera instancia y ordenó la reposición del procedimiento desde el auto de citación para sentencia, al estimar que se actualizaba un litisconsorcio activo necesario. La razón fue que advirtió que una persona, en su calidad de copropietario del inmueble objeto de la acción reivindicatoria, no había intervenido en la formulación de la demanda ni en el ejercicio de la acción, pese a existir derechos registrales a su favor sobre el bien litigioso. Por ello, sin pronunciarse aún sobre el fondo, dispuso que se le llamara a juicio para integrar debidamente la relación procesal antes de dictar una nueva sentencia.
32. Demanda de amparo directo. El apoderado de la accionante, y la persona accionante misma, en su carácter de albacea de la sucesión del copropietario del inmueble llamada a juicio, interpusieron amparo directo en contra de la sentencia descrita en el párrafo que antecede.
33. Improcedencia de la vía en amparo directo. El asunto fue turnado al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, quien lo radicó con el número de expediente ********** y en acuerdo plenario de dieciocho de diciembre de dos mil veinticuatro, declaró carecer de competencia legal por razón de grado para conocer del asunto. Consideró que la sentencia reclamada no podía considerarse definitiva al no resolver el juicio en lo principal, pues dicha determinación de segunda instancia, que revocó la sentencia definitiva, ordenó reponer el procedimiento para llamar a juicio a un diverso copropietario.
34. Juicio de amparo indirecto. La demanda se remitió al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, el cual la registró con el número de expediente ********** y en acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil veinticinco, le dio trámite; y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley; de igual forma, requirió a las responsables sus informes justificados. Asimismo, dio la intervención que le correspondía al Agente del Ministerio Público Federal.
35. Sentencia de amparo indirecto. Seguido el trámite del juicio, el dieciocho de junio de dos mil veinticinco se celebró la audiencia constitucional y el treinta siguiente se dictó sentencia, en la que se sobreseyó en el juicio, en los términos siguientes:
• El Juez de Distrito examinó oficiosamente la procedencia del amparo y concluyó que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado –la resolución de segunda instancia que revocó la sentencia y ordenó reponer el procedimiento para integrar un litisconsorcio activo necesario– no constituía un acto de imposible reparación.
• Consideró que sus efectos eran exclusivamente procesales o adjetivos, pues no incidían de manera directa y material en derechos sustantivos como la vida, la libertad, la propiedad o la posesión, ya que sólo ordenaban continuar el juicio hasta antes de dictar nueva sentencia; por ello, cualquier eventual afectación sólo podría trascender al resultado final del fallo, en su caso.
• Añadió que esa conclusión no se alteraba por el hecho de que la quejosa fuera adulta mayor y padeciera enfermedades, porque el acto seguía siendo meramente intraprocesal.
• En consecuencia, con apoyo en los artículos 61, fracción XXIII, 63, fracción V, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, sobreseyó en el juicio, lo que le impidió estudiar los conceptos de violación.
36. Recurso de revisión. Mediante escrito presentado el catorce de julio de dos mil veinticinco, la parte quejosa interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia antes referida. El asunto fue radicado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, el cual lo admitió a trámite el dos de septiembre de dos mil veinticinco con el número de expediente 377/2025.
37. En sesión de treinta de enero de dos mil veintiséis, el órgano colegiado confirmó la sentencia recurrida, sobreseyó en el juicio de amparo indirecto y denunció la presente contradicción de criterios. Su argumentación fue la siguiente:
• Determinó que la edad avanzada de la recurrente (85 años) y el hecho incierto de la perspectiva de supervivencia, no eran datos válidos para modificar la naturaleza y efectos adjetivos del acto reclamado ni para distorsionar el diseño normativo del juicio de amparo que le da operatividad el acto reclamado en el amparo debe vulnerar materialmente derechos sustantivos.
• Indicó que el acto reclamado se ubicaba dentro de un juicio, por lo cual, se situaba en la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que para que fuera procedente el juicio de derechos fundamentales, lo controvertido debía ser de imposible reparación, es decir, afectar materialmente derechos sustantivos.
• Precisó que en el caso, el acto reclamado carecía de esas características, por consistir en la resolución mediante la cual, la Sala responsable, ordenó la reposición del procedimiento de primera instancia, al considerar la existencia de litisconsorcio activo necesario respecto del copropietario del inmueble materia de la acción reivindicatoria; lo cual producía como efecto natural la continuación del procedimiento de origen, a fin de permitir que todas las partes involucradas comparecieran a defender sus derechos y en su momento se dicte una nueva sentencia.
• Concluyó que el acto reclamado carecía de una ejecución susceptible de afectar en lo material, de manera directa e inmediata, alguno de los derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal, pues sólo incidía en aspectos adjetivos o instrumentales.
• Refirió que en la jurisprudencia 87/2016 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA DE PRIMERA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.” (invocada por la recurrente) el órgano jurisdiccional de amparo, debe ponderar, caso por caso, en sentencia, los efectos de la reposición del procedimiento, pues pueden existir casos en que sí exista la afectación a un derecho sustantivo.
• Puntualizó que, en la especie, las reglas de procedencia del juicio de amparo no cambiaban por el hecho de ostentarse la quejosa como una adulta mayor que rebasó la edad de vida promedio de las mujeres mexicanas y padecer de múltiples enfermedades.
• Señaló que la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido (contradicción de tesis 152/2005-PS), que el juicio de amparo es un medio de control extraordinario de la Constitución Federal, el cual sirve para impugnar los actos de autoridad contrarios a la misma en lo relativo a los derechos fundamentales de los gobernados.
• Consideró que, para garantizar la eficacia del juicio de amparo de acuerdo con su naturaleza y objetivo, la procedencia de la acción no es irrestricta, sino que está determinada en el orden constitucional federal en los numerales 103 y 107.
• Manifestó que en el caso del amparo pedido en asuntos judiciales (particularmente en materia civil), su subsistencia o abolición en el orden jurídico mexicano fue motivo de am
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34171-811b9348/acto-de-imposible-reparacion-para-efectos-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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