MEDICIÓN DE AGUAS NACIONALES. MOMENTO A PARTIR DEL CUAL DEBE COMPUTARSE EL PLAZO PARA PROMOVER JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL CONTRA LAS REGLAS GENERALES RELATIVAS, LA NORMA MEXICANA NMX-AA-179-SCFI-2018 Y LAS DISPOSICIONES RELACIONADAS CON LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO, QUE DIFIRIÓ EL INICIO DE LA OBLIGACIÓN ESTABLECIDA EN LAS PROPIAS REGLAS, EN SU CARÁCTER AUTOAPLICATIVO.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 8/2026. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS DE TRABAJO Y ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO. 29 DE ABRIL DE 2026. UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS JORGE ALBERTO ORANTES LÓPEZ, MARIANA FLORES VEGA Y DIANA ELDA PÉREZ MEDINA. PONENTE: JORGE ALBERTO ORANTES LÓPEZ. SECRETARIO: MAURICIO OMAR SANABRIA CONTRERAS.
Ciudad de México. Sentencia del PLENO REGIONAL EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DE LA REGIÓN CENTRO-SUR, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, correspondiente a la sesión de veintinueve de abril de dos mil veintiséis.
V I S T O S, los autos para dictar sentencia en la contradicción de criterios 8/2026, conforme a lo que en lo sucesivo se expone.
A N T E C E D E N T E S
PRIMERO. Denuncia. El Magistrado Presidente del TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DECIMOCUARTO CIRCUITO, que resolvió el amparo directo 303/2023, denunció la posible contradicción de criterios entre el sostenido por el referido órgano y el diverso criterio del TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS DE TRABAJO Y ADMINISTRATIVA DEL DECIMOCUARTO CIRCUITO, al resolver el amparo directo 169/2024.
SEGUNDO. Trámite. La Presidencia de este PLENO REGIONAL radicó el asunto con el número de expediente 8/2026, lo admitió a trámite; requirió a los tribunales colegiados cuyos criterios se denunciaron que informaran si éstos subsistían; solicitó a la COORDINACIÓN DE COMPILACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE TESIS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN informara si ante ese ALTO TRIBUNAL está radicada alguna contradicción de criterios relacionada con la materia de este asunto; finalmente, turnó la contradicción para su estudio a Magistrado JORGE ALBERTO ORANTES LÓPEZ, turno que fue confirmado en proveído de nueve de abril de dos mil veintiséis.
TERCERO. Informes y Amicus Curiae. Los tribunales contendientes informaron que sus criterios se encuentran vigentes, el DIRECTOR GENERAL DE LA COORDINACIÓN DE COMPILACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE TESIS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN informó que durante los últimos tres meses no se encuentra radicada alguna contradicción de criterios relacionada con el tema que atañe a este expediente. No se hizo valer amicus curiae hasta la fecha en la cual se listó el presente asunto.
La decisión de este PLENO se sustenta en las siguientes
C O N S I D E R A C I O N E S
PRIMERO. Competencia.
Este PLENO REGIONAL EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DE LA REGIÓN CENTRO-SUR es legalmente competente para conocer de la presente contradicción de criterios, en términos de lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 226, fracción III, de la LEY DE AMPARO, 38, y 39, fracción I, de la LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, en conformidad a lo previsto en el artículo 6, fracción II, 8 y 14, fracción I, del ACUERDO GENERAL 67/2022 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE REGLAMENTA LA COMPETENCIA, INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PLENOS REGIONALES, y artículos 1o., fracción II, punto 2, y 2o. del ACUERDO GENERAL 108/2022 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL RELATIVO A LA CREACIÓN, DENOMINACIÓN E INICIO DE FUNCIONES DE LOS PLENOS REGIONALES DE LAS REGIONES CENTRO-NORTE Y CENTRO-SUR, ASÍ COMO SU COMPETENCIA, JURISDICCIÓN TERRITORIAL Y DOMICILIO, este último reformado en el ACUERDO GENERAL 38/2023 POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE LOS PLENOS REGIONALES DE LAS REGIONES CENTRO-NORTE Y CENTRO-SUR; Y QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A SU SEMIESPECIALIZACIÓN, COMPETENCIA Y DOMICILIO, en su artículo 3 (ACUERDOS GENERALES aplicables conforme al artículo décimo noveno transitorio de la mencionada LEY ORGÁNICA). Lo anterior, porque se trata de una posible contradicción de criterios emitidos por tribunales colegiados semi especializados en materia administrativa integrantes de la Región Centro-Sur.
SEGUNDO. Legitimación.
La contradicción de criterios se denunció por parte legítima conforme con lo previsto en el artículo 227, fracción III, de la LEY DE AMPARO, puesto que se formuló por el Magistrado Presidente del TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DECIMOCUARTO CIRCUITO, que resolvió el amparo directo 303/2023, como se advierte del respectivo expediente electrónico vinculado.
TERCERO. Posturas contendientes. Los posicionamientos de los tribunales se describen a continuación:
1. TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DECIMOCUARTO CIRCUITO. Amparo directo 303/2023, que informa lo siguiente:
1.1. Acto reclamado: Resolución que declaró infundado el recurso de reclamación interpuesto en el juicio contencioso administrativo, en el que la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el Estado de Yucatán, declaró improcedente por extemporánea la demanda promovida en contra del acuerdo que contiene las “Reglas Generales sobre medición de aguas nacionales a que se refiere la fracción I, del párrafo tercero, del artículo 225 de la LEY FEDERAL DE DERECHOS” publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de abril de dos mil veinte, así como los diversos que reforman y modifican el artículo Segundo Transitorio de las Reglas Generales referidas, y la Norma Mexicana NMX-AA-179-SCFI-2018, Medición de Volúmenes de Aguas Nacionales Usados, Explotados o Aprovechados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho.
1.2. Amparo directo 303/2023. La parte actora, por conducto de su representante legal, promovió amparo y se le negó la protección constitucional, por las razones siguientes:
1.2.1. La “NMX 179” no es obligatoria por sí misma, en términos de lo previsto por el artículo 51-A, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, pues requiere de un acto ulterior.
1.2.2. La obligatoriedad de la “NMX 179” surge con motivo de “las reglas”, que son de carácter autoaplicativo, porque impusieron a los usuarios la obligación de adquirir e instalar un aparato de medición que cumplieron con ella, a partir del 1o. de octubre de 2020.
1.2.3. La obligatoriedad fue prorrogada sucesivamente mediante diversos acuerdos por el cual se reformó el artículo segundo transitorio de las reglas, publicadas, la primera, en el Diario Oficial de la Federación de 9 de abril de 2020 y la última, el 20 de mayo de 2021, esta última con vigencia a partir del 21 de mayo de 2021.
1.2.4. El plazo de 30 días para reclamar una norma autoaplicativa, conforme a lo dispuesto por el artículo 13, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, transcurrió del 24 de mayo de 2021 al 2 de julio de esa anualidad, y la demanda se presentó después de dicho plazo, por lo cual resultó extemporánea.
2. TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS DE TRABAJO Y ADMINISTRATIVA DEL DECIMOCUARTO CIRCUITO. Amparo directo 169/2024, que informa lo siguiente:
2.1. Acto reclamado. Resolución dictada en un juicio contencioso administrativo federal, emitida por la misma Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que se promovió contra las mismas disposiciones generales, en el que se sobreseyó en el juicio de nulidad, al considerar extemporánea la demanda.
2.2. Amparo directo 169/2024. La parte actora promovió amparo y se le concedió la protección constitucional, por las razones conducentes siguientes:
2.2.1. El artículo 2o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo permite reclamar disposiciones generales cuando constituyan, modifiquen o extingan derechos y obligaciones con su sola entrada en vigor o cuando se apliquen por primera vez, dentro del plazo de 30 días, siguientes al de su notificación, o en el mismo plazo, tratándose de actos o resoluciones administrativas autoaplicativas, atento a lo dispuesto en el ordinal 13, fracción I, incisos a) y b) de esa ley.
2.2.2. Las reglas tienen el carácter de autoaplicativas y causaron afectación al demandante, a partir del 1o. de julio de 2022, momento en el que surgió la obligación de adquirir o instalar directamente los aparatos de medición o conservarlos, en cumplimiento de la “NMX 179”, porque: (i) la sola entrada en vigor de las reglas, el 21 de mayo de 2021, no implica que desde ese momento tuvieran que cumplir con la “NMX 179”; (ii) se emitió un acuerdo general que reformó el artículo segundo transitorio que derivó que tenía inmersa la obligación establecida en el artículo 225, fracción I, párrafo tercero, de la LEY FEDERAL DE DERECHOS, con la exigibilidad indicada; (iii) que lo anterior se robusteció porque el plazo originario para el surgimiento de la mencionada obligación era el 1o. de octubre de 2020, pero se postergó para su cumplimiento, publicados en el DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN de 20 de mayo de 2021.
2.2.3. Si la demanda se presentó dentro del plazo de treinta días siguientes a la entrada en vigor de las reglas, resulta oportuna, conforme a lo dispuesto por el artículo 13, fracción I, inciso b), de la LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
CUARTO. Existencia de la contradicción de criterios.
El TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ha considerado que la contradicción de tesis se actualiza cuando los Tribunales Colegiados de Circuito adoptan criterios discrepantes sobre un mismo punto de derecho con independencia de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales. Para ello, es necesario que los órganos jurisdiccionales contendientes hayan examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales, y llegado a conclusiones encontradas respecto de la solución de la controversia planteada.(1)
En esa línea, la PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ha considerado que la colisión de criterios exige que:
a) Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y
c) Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
Tales requisitos se encuentran en las jurisprudencias de la PRIMERA SALA número 1ª./J. 23/2010, de rubro: “CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO.”, (registro digital 165076), y 1ª./J. 22/2010, de rubro: “CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.” (registro digital 165077).
Del análisis de las posiciones adoptadas por los tribunales colegiados contendientes, se advierte que ambos se pronunciaron sobre el plazo de treinta días para promover el juicio contencioso administrativo contra disposiciones generales, que por su sola entrada en vigor se reclaman, por su carácter autoaplicativo, que siguen: a) las “Reglas Generales sobre medición de aguas nacionales a que se refiere la fracción I, del párrafo tercero, del artículo 225 de la LEY FEDERAL DE DERECHOS”, que establece la obligatoriedad a cargo de quien haga uso, explotación o aprovechamiento de aguas nacionales, de adquirir, instalar o conservar los aparatos de medición que cumplan con la Norma Mexicana NMX-AA-179-SCFI-2018, Medición de Volúmenes de Aguas Nacionales Usados, Explotados o Aprovechados, (b) la propia “NMX 179”, y (c) así como las disposiciones generales relacionadas con la modificación del artículo que difirió el inicio de la obligación establecida en dichas reglas.
Así, para establecer el plazo de treinta días para reclamar disposiciones generales autoaplicativas, a que se refiere el artículo 13, fracción I, inciso b), de la LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito consideró la publicación en DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN de 20 de mayo de 2021, del “ACUERDO QUE MODIFICA EL DIVERSO POR EL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DE LAS REGLAS GENERALES SOBRE MEDICIÓN DE AGUAS NACIONALES A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN I, DEL PÁRRAFO TERCERO, DEL ARTÍCULO 225, DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, PUBLICADO EL 19 DE MAYO DE 2020”, y precisó que iniciaba su vigencia a partir del 21 de mayo de 2021, por lo que el plazo impugnativo comprendía del 24 de ese mes al 2 de julio, ambos de esa anualidad.
En cambio, el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de ese circuito tomó en cuenta la mencionada publicación (D.O.F. 20 de mayo de 2021) del citado “ACUERDO QUE MODIFICA EL DIVERSO POR EL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DE LAS REGLAS GENERALES SOBRE MEDICIÓN DE AGUAS NACIONALES A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN I, DEL PÁRRAFO TERCERO, DEL ARTÍCULO 225, DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, PUBLICADO EL 19 DE MAYO DE 2020”, para determinar que el cumplimiento de la obligación para sujetarse a la “NMX 179”, era conforme al plazo especificado en el artículo segundo transitorio enmendado, que aludía al “primero de julio de 2022”, por lo que este último momento, era a partir del cual debía contarse el plazo que, comprendía del 4 de julio al 29 de agosto de 2022.
De ahí, que sí existe el diferendo de criterios que es necesario unificar, entre el momento que se tomó en cuenta por cada tribunal para la impugnación normativa, pues uno se refirió esencialmente a la publicación de la reforma del artículo segundo transitorio en mención y el otro, a partir de la fecha establecida para el inicio de la vigencia de la obligación a cargo de los destinatarios de la disposiciones generales precisada en dicho artículo segundo transitorio.
Por ende, debe determinarse el momento a partir del cual debe promoverse el juicio contencioso administrativo para reclamar las “Reglas Generales sobre medición de aguas nacionales a que se refiere la fracción I, del párrafo tercero, del artículo 225 de la LEY FEDERAL DE DERECHOS”, la Norma Mexicana NMX-AA-179-SCFI-2018, Medición de Volúmenes de Aguas Nacionales Usados, Explotados o Aprovechados, y los acuerdos que modificaron o reformaron el artículo segundo transitorio relativo al momento para dar cumplimiento a tales reglas, cuando no se promueve con motivo de un acto concreto de aplicación.
QUINTO. Estudio.
En principio, debe tenerse en cuenta que acorde con lo dispuesto en los artículos 2o., párrafo segundo, 13, fracción I, inciso b), de la LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, el juicio contencioso administrativo procede, entre otros, contra los actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación, dentro de los treinta días siguientes al en que hayan iniciado su vigencia el decreto, acuerdo, acto o resolución administrativa de carácter general impugnada cuando sea auto aplicativa.
A este respecto, el PLENO de la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN tiene una sólida doctrina sustentada en la jurisprudencia P./J. 55/97, de rubro “LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA”, con registro digital 198200, en cuanto que, para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas, conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho.
El Alto Tribunal ha señalado que el concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal.
Así, la Corte ha afirmado que cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento.
En esa línea, la SEGUNDA SALA (contradicción de tesis 41/2021, resuelta en sesión de 14 de julio de 2021), ha especificado que, para determinar si una ley es o no autoaplicativa, además de verificar si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, también debe identificarse los términos del mandato legal, de tal manera que pueda constatarse que desde su entrada en vigor se ordene a los gobernados un dar, un hacer o un no hacer, de manera tal que contenga un principio de ejecución, ocasionándoles un perjuicio, una situación jurídica permanente en relación con la creación, modificación, o extinción de un derecho, o en su caso, una obligación, sin que tales supuestos se limiten a la conducta que deba llevar a cabo la autoridad.
A diferencia de las normas heteroaplicativas, apunta la SEGUNDA SALA, que requiere de la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización del supuesto hipotético; esto es, los supuestos de la norma no cobran eficacia con su sola entrada en vigor, sino que requiere de un acto posterior.
Asimismo, la SUPREMA CORTE tiene una consistente doctrina sobre la impugnación de leyes cuando forman un sistema normativo. En efecto, la SEGUNDA SALA, en la jurisprudencia 2a./J. 100/2008, de rubro “AMPARO CONTRA LEYES. PARA IMPUGNARLAS COMO SISTEMA NORMATIVO ES NECESARIO QUE CONSTITUYAN UNA VERDADERA UNIDAD”, con registro digital 169558, y en la contradicción de tesis 272/2015 (ejecutoria de 18 de noviembre de 2015),(2) siguiendo al Tribunal Pleno ha señalado que resulta innecesario que el gobernado se sitúe dentro de cada una de las hipótesis del sistema para impugnar su articulado desde su entrada en vigor, de modo que no tiene que esperar y soportar, para su impugnación, el impacto del acto de autoridad privativo o de molestia que pueda dictarse en su perjuicio. Así, reconoce que pueden reclamarse disposiciones legales que guarden una íntima relación entre sí, aunque sólo se verifique el acto de aplicación de una de ellas o que se ubique en el supuesto jurídico de una sola, para controvertirlas de manera conjunta como un sistema normativo, al irrogarle un menoscabo en su esfera jurídica. Lo anterior se acota a que la impugnación de normas desde su sola vigencia o por virtud de un acto de aplicación de alguna de ellas, requiere que en su conjunto formen una verdadera unidad normativa, de modo que si se declara la inconstitucionalidad de una, se afecte a las demás en su sentido, alcance o aplicación, esto es, deben tener una relación directa entre sí, casi indisociable en cuanto a la materia, tema, objeto, causa, principio o fuente.
En relación con lo anterior, la SUPREMA CORTE también tiene una amplia doctrina sobre la legitimación para acudir a reclamar una norma autoaplicativa durante el periodo denominado “vacatio legis”, esto es, entre la publicación y su inicio en vigencia, en cuyo lapso no es dable acudir a su impugnación, aunque se alegue su carácter autoaplicativo, porque aún no obliga o vincula al gobernado, como se advierte de la jurisprudencia 1a./J. 2/96, de la PRIMERA SALA, intitulada “VACATIO LEGIS. CARENCIA DE INTERES JURIDICO PARA RECLAMAR UNA LEY DURANTE ESE PERIODO”, con registro digital 200434 y la jurisprudencia 2a./J. 81/95, de la SEGUNDA SALA, de rubro “AMPARO CONTRA LEYES. VACATIO LEGIS. CARENCIA DE INTERES JURIDICO PARA RECLAMAR UNA LEY DURANTE ESE PERIODO”, con registro digital 2010929.
Apuntado lo anterior, las disposiciones de carácter general impugnadas en el juicio contencioso administrativo, son las denominadas “Reglas Generales sobre medición de aguas nacionales a que se refiere la fracción I, del párrafo tercero, del artículo 225 de la LEY FEDERAL DE DERECHOS”, publicadas en el DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN de 9 de abril de 2020; la Norma Mexicana NMX-AA-179-SCFI-2018, Medición de Volúmenes de Aguas Nacionales Usados, Explotados o Aprovechados”, y los acuerdos que modificaron o reformaron el artículo segundo transitorio relativo al momento para dar cumplimiento a tales reglas, cuando no se promueve con motivo de un acto concreto de aplicación.
Así, las Reglas Generales sobre medición de aguas nacionales a que se refiere la fracción I, del párrafo tercero, del artículo 225 de la LEY FEDERAL DE DERECHOS, establecieron una serie de reglas que debían observar los contribuyentes para dar cumplimiento a dicha porción normativa; teniendo como destinatarios a los que de hecho o con un título de concesión o asignación emitido por la COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA usen, exploten o aprovechen aguas nacionales; y, a ese efecto, se instrumentó la regla primera, que dispone que la medición de los volúmenes de aguas, los aparatos de medición que adquieran e instalen o conserven los contribuyentes, deben cumplir la Norma Mexicana NMX-AA-179-SCFI-2018, Medición de Volúmenes de Aguas Nacionales Usados, Explotados o Aprovechados” y también se estableció la prerrogativa de obtener la autorización para diferir el cumplimiento a la regla primera (reglas segunda a quinta); además de prever que la observancia y cumplimiento de esas reglas generales serán objeto de fiscalización conforme al Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones aplicables (regla sexta).
Estas reglas generales conforme al artículo primero transitorio entrarían en vigor al día siguiente de su publicación y artículo segundo transitorio dispuso:
SEGUNDO. A partir del primero de octubre de 2020 los contribuyentes del derecho por el uso, explotación y aprovechamiento de aguas nacionales deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en estas reglas generales.
El artículo segundo transitorio ha sido objeto de diversos acuerdos que reformaron la entrada en vigor de tales reglas, entre las que tuvieron en cuenta los tribunales contendientes, son las siguientes:
• En el Diario Oficial de la Federación de 19 de mayo de 2020, se publicó el Acuerdo por el cual se reforma el artículo Segundo Transitorio de las Reglas Generales sobre medición de aguas nacionales a que se refiere la fracción I, del párrafo tercero, del artículo 225 de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:
Artículo Único. Se reforma el artículo Segundo Transitorio del "Reglas generales sobre medición de aguas nacionales a que se refiere la fracción I, del párrafo tercero, del artículo 225, de la Ley Federal de Derechos" publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de abril de 2020, para quedar como sigue:
SEGUNDO.- A partir del primero de julio del 2021 los contribuyentes del derecho por el uso, explotación y aprovechamiento de aguas nacionales deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en estas reglas generales.
TRANSITORIO
ÚNICO. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.”
• En el Diario Oficial de la Federación de 20 de mayo de 2021, se publicó el Acuerdo por el cual se reforma el artículo Segundo Transitorio de las Reglas Generales sobre medición de aguas nacionales a que se refiere la fracción I, del párrafo tercero, del artículo 225 de la Ley Federal de Derechos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 19 de mayo de 2020, con el tenor que sigue:
Artículo Único. Se modifica el artículo Único del ACUERDO por el cual se reforma el artículo Segundo Transitorio de las Reglas Generales sobre medición de aguas nacionales a que se refiere la fracción I, del párrafo tercero, del artículo 225, de la Ley Federal de Derechos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo de 2020, para quedar como sigue:
Artículo Único. Se reforma el artículo Segundo Transitorio del "Reglas generales sobre medición de aguas nacionales a que se refiere la fracción I, del párrafo tercero, del artículo 225, de la Ley Federal de Derechos" publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de abril de 2020, para quedar como sigue:
SEGUNDO.- A partir del primero de julio de 2022 los contribuyentes del derecho por el uso, explotación y aprovechamiento de aguas nacionales deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en estas reglas generales.
TRANSITORIO
ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.”
De lo anterior, se advierte que las mencionadas reglas generales imponen a los destinatarios, esto es, quiénes de hecho o con base en un título de concesión o asignación emitido por la COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA usen, exploten o aprovechen aguas nacionales, de adquirir, instalar o conservar sistemas de medición que cumplan la Norma Mexicana NMX-AA-179-SCFI-2018, Medición de Volúmenes de Aguas Nacionales Usados, Explotados o Aprovechados, a partir de la fecha originaria de “primero de octubre de 2020”, que se fue difiriendo conforme a las enmiendas realizadas al artículo segundo transitorio, para establecer la obligación “a partir del primero de julio de 2021” y ulteriormente, “a partir del primero de julio de 2022”.
Estas reglas generales y acuerdos de carácter general son susceptibles de impugnarse como sistema normativo y no de manera aislada, si se tiene en cuenta que, las reglas generales son las que remiten a la observancia obligatoria de la Norma Mexicana NMX-AA-179-SCFI-2018, Medición de Volúmenes de Aguas Nacionales Usados, Explotados o Aprovechados, y los distintos Acuerdos de enmienda del artículo Segundo transitorio, son los que han fijado y diferido sucesivamente el inicio de vigencia para dar cumplimiento a la obligación impuesta a los destinatarios de las reglas generales de adquirir, instalar y conservar sistemas de medición que cumplan dicha norma mexicana; de ahí, que no pueda examinarse en forma aislada cada una de ellas, para determinar el momento de su impugnación.
Ahora, tal como lo sostuvieron ambos tribunales contendientes, las reglas generales, junto con la norma mexicana a la que remiten y los sucesivos acuerdos de reforma de la fecha de inicio de su vigencia, tienen el carácter de autoaplicativas, porque con motivo de su implementación sujetan a los destinatarios a cumplir con los requerimientos de medición de volúmenes de agua nacionales que utilicen, exploten o aprovechen, de manera incondicional, pues al momento de su inicio de vigencia crea o modifica el mecanismo de medición correspondiente, cuya observancia y cumplimiento está sujeto a su fiscalización conforme lo prevé la regla general sexta.
El sistema impugnado es autoaplicativo, tan es así, que el plazo de inicio de vigencia ha sido objeto de enmienda para su diferimiento o aplazamiento, por razones de diversa índole: contingencia sanitaria (publicadas en el Diario Oficial de la Federación de 19 de mayo de 2020 y 20 de mayo de 2021); lo que revela que dicha obligación o vinculación para observar el cumplimiento de la norma mexicana se difirió para permitir que los destinatarios estuvieran en condiciones de acatarla.
A mayor abundamiento, después de las reformas tenidas en cuenta en el dictado de las ejecutorias contendientes, se advierte que el diferimiento del inicio de vigencia de dicho sistema de medición conforme a las reglas generales se postergo ulteriormente, mediante los acuerdos que siguen:
• En el Diario Oficial de la Federación de 13 de mayo de 2022, se publicó el Acuerdo que reforma el artículo segundo del Acuerdo que modifica el diverso por el cual se reforma el artículo Segundo Transitorio de las Reglas Generales sobre medición de aguas nacionales a que se refiere la fracción I, del párrafo tercero, del artículo 225, de la Ley Federal de Derechos, publicado el 20 de mayo de 2021”, que quedó en estos términos:
Artículo Único. Se modifica el artículo Único del "ACUERDO que modifica el diverso por el cual se reforma el artículo Segundo Transitorio de las Reglas Generales sobre medición de aguas nacionales a que se refiere la fracción I, del párrafo tercero, del artículo 225, de la Ley Federal de Derechos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2021, para quedar como sigue:
Artículo Único. Se reforma el artículo Segundo Transitorio de las "Reglas generales sobre medición de aguas nacionales a que se refiere la fracción I, del párrafo tercero, del artículo 225, de la Ley Federal de Derechos" publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de a
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34138-1853c49e/medicion-de-aguas-nacionales-momento-a-partir-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- DENUNCIA DE CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS ANTE LOS PLENOS REGIONALES. LA PERSONA TITULAR DE UN JUZGADO DE DISTRITO PERTENECIENTE A UNA REGIÓN DISTINTA DE AQUELLA EN LA QUE SE EMITIERO (PR.A.C.CN.2 K (12a.))
- CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS. ES INEXISTENTE CUANDO UNO DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO CONTENDIENTES RESOLVIÓ CON BASE EN EL CRITERIO ADOPTADO EN UN DIVERSO ASUNTO RESPECTO (PR.P.T.CN.2 P (11a.))
- CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS. ES IMPROCEDENTE LA DENUNCIA ENTRE UN PLENO REGIONAL Y UN PLENO DE CIRCUITO DE LA MISMA REGIÓN, AL PREVALECER EL CRITERIO SUSTENTADO POR EL PRIMERO RESPE (1a./J. 55/2025 (11a.))
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