COMPETENCIA POR MATERIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) QUE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE PENSIÓN POR VIUDEZ. CORRESPONDE A LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 118/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS OCTAVO Y DÉCIMO SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 11 DE DICIEMBRE DE 2025. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS MÓNICA SALOMA PALACIOS, VIRGINIA PÉTRIZ HERRERA Y MAYRA SANDOVAL MENDOZA. PONENTE: MÓNICA SALOMA PALACIOS. SECRETARIA: ERIKA IVONNE CARBALLAL LÓPEZ.
El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión de once de diciembre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
RESOLUCIÓN
1. Correspondiente a la contradicción de criterios suscitada entre los Tribunales Colegiados Octavo y Decimosegundo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito.
2. El problema jurídico a resolver por este Pleno Regional consiste en determinar qué juzgado de Distrito es competente por razón de materia para conocer del juicio de amparo indirecto promovido contra la resolución por la que el Instituto Mexicano del Seguro Social declara improcedente la solicitud de pensión por viudez.
I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO
3. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio recibido de manera electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes el catorce de julio de dos mil veinticinco, el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, denunció la posible contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Octavo y Decimosegundo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los conflictos competenciales 31/2025 y 17/2025, respectivamente.
4. Radicación del asunto. Por acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veinticinco, la presidencia de este Pleno Regional admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios y la registró con el número de expediente 118/2025. En la misma actuación se solicitó a los tribunales colegiados de circuito contendientes, que informaran si los criterios emitidos aún se encontraban vigentes o, en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados; además, se solicitó a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informara si existía alguna contradicción de criterios que se encontrara radicada ante el Alto Tribunal, asociada con la temática planteada; y se turnó el expediente a la ponencia del magistrado Ernesto Martínez Andreu, sin perjuicio de que se proveyera respecto de la conclusión del trámite e integración del expediente.
5. Desahogo de los tribunales colegiados. Por acuerdos de ocho y veintiséis de agosto de dos mil veinticinco, se tuvieron por recibidos los informes provenientes de los Tribunales Colegiados Octavo y Decimosegundo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través de los cuales hicieron del conocimiento que los criterios en cuestión continuaban vigentes.
6. Desahogo de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En proveído de veintidós de agosto de dos mil veinticinco, se tuvo por recibido el oficio remitido vía electrónica por el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que informó que en ese Alto Tribunal no se encontraba radicada contradicción de criterios relacionada con la temática de este asunto.
7. Actual integración del pleno. En acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil veinticinco, se hizo del conocimiento de las partes la nueva integración de este Pleno Regional, quedando conformada por las magistradas electas Mónica Saloma Palacios (presidenta), Virginia Pétriz Herrera y Mayra Sandoval Mendoza; asimismo, se returnó este expediente a la primera de las nombradas para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
8. Confirmación del turno electrónico. En auto de veintiuno de octubre de dos mil veinticinco, se confirmó el turno electrónico de los autos a la ponencia de la magistrada Mónica Saloma Palacios, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
9. Amicus curiae. No se recibió promoción alguna a través de la figura del amicus curiae que amerite pronunciamiento específico, hasta el momento en que se incluyó en la lista la presente contradicción de criterios.
II. COMPETENCIA
10. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo señalado en los artículos 94, primer y séptimo párrafos, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo vigente;(1) 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente;(2) 6 fracción I, 7 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; 1°, fracción I, puntos 2 y 4, del diverso Acuerdo General 108/2022, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales; y 38/2023, que modificó la determinación de los citados Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, porque la contradicción se suscitó entre tribunales colegiados especializados en la materia administrativa del Primer Circuito, especialidad y territorio en donde este Pleno Regional ejerce jurisdicción.
III. LEGITIMACIÓN
11. La contradicción de criterios se denunció por parte legítima en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo vigente,(3) al ser formulada por el titular del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien conoció del juicio de amparo 838/2025, antecedente del conflicto competencial 31/2025, del índice del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo criterio contiende en esta contradicción.
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
12. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es preciso referir los antecedentes de cada asunto y que se encuentran narrados en las ejecutorias en contienda.
A. Criterio del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 31/2025.
13. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el seis de mayo de dos mil veinticinco en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, una persona física demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que a continuación se transcriben:
III. Se tiene como autoridades demandadas y sus respectivos actos reclamados:
1. Al Doctor FRANCISCO FENANDO (sic) VARGAS MARTÍNEZ quien es Jefe del Departamento de Pensiones Subdelegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Autoridad de la que reclamo el acto consistente en el OFICIO NO. ********** (Anexo 1).
Mismo acto que bajo protesta de decir verdad me enteré y conocí el día 27 de abril por medio de la llamada de mi hija ********** quien en razón de mi edad, misma que es de 70 años me acompaña y realiza los trámites para solicitar la pensión por viudez a que tengo derecho por el fallecimiento de mi esposo **********.
2. A CARLOS ALBERTO GUZMÁN GRANADOS quien es Jefe del Departamento de Pensiones de la Delegación Sur del D.F. Subdelegación 8 “San Ángel” del IMSS (sic). Persona que emitió el acto del cual se duele la suscrita consistente en el OFICIO NO. ********** (Anexo 2).
Acto que bajo protesta de decir verdad tuve conocimiento el mismo día que el anterior acto reclamado, el cual fue en fecha 27 de Abril del presente año en que se interpone la demanda de amparo. Lo anterior en razón de que mi hija ********** es la encargada de realizar los trámites pensión por viudez a nombre de la suscrita, en razón de mi edad que es de 70 años; es por esto que me llamó después de terminadas las vacaciones de semana santa para informarme el día que menciono sobre el estado en que se encuentra mi solicitud de pensión por viudez.
14. Acuerdo de incompetencia. Por razón de turno conoció del asunto el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, que lo registró con el expediente 838/2025 y en auto de ocho de mayo de dos mil veinticinco se declaró legalmente incompetente por materia para conocer y resolver el asunto, por lo que ordenó la remisión de los autos al juez de Distrito en materia de trabajo, con sede en la misma ciudad, en turno.
15. Acuerdo que rechaza la competencia planteada. La demanda de amparo fue turnada al Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, cuyo titular por auto de quince de mayo dos mil veinticinco ordenó su registro con el número 1851/2025 y no aceptó la competencia declinada, por lo que devolvió el asunto al juzgado de origen.
16. Planteamiento del conflicto competencial. En proveído de veintidós de mayo de dos mil veinticinco, el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México insistió en declinar su competencia y ordenó el envío del expediente al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, a fin de que determinara qué órgano jurisdiccional es el competente para conocer de la demanda de amparo.
17. Admisión y trámite del conflicto competencial. Correspondió conocer del asunto al Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuya presidencia lo registró con el expediente 31/2025 y en sesión de veintiséis de junio de dos mil veinticinco, determinó la existencia del conflicto competencial y declaró competente para conocer de la demanda de amparo al Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, bajo las siguientes consideraciones:
“(...)
CUARTO.
(...)
Ahora bien, para que un órgano jurisdiccional tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, es necesario que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado.
La Ley de Amparo señala ciertos criterios para determinar la competencia y, de manera general, prevé la competencia por razón de la materia, el grado y el territorio.
En el caso nos encontramos ante un conflicto por materia y a fin de justificar a quien corresponde conocer, cabe destacar que los artículos 57 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación regulan las atribuciones de los jueces de distrito en materias administrativa y de trabajo y de ellos se desprende que la competencia para el conocimiento de los juicios de amparo tramitados ante juzgados de distrito, deriva de la naturaleza intrínseca de los actos combatidos.
La asignación de competencias por materia es congruente con el principio de especialización, ya que la resolución de los asuntos por materia requiere del conocimiento y experiencia que tienen los que se dedican en forma específica a una determinada rama del derecho y, por ello, pueden ponderar en forma más expedita y autorizada las distintas soluciones al caso concreto.
Además, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que la competencia por materia se debe determinar tomando en cuenta la naturaleza de la acción y no la relación jurídica sustancial entre las partes, para lo que el juzgador debe realizar un análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda.
Así lo sustentó en la jurisprudencia P./J. 83/98 de rubro:
COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES.(4)
En la especie, la quejosa se duele fundamentalmente de la negativa de una pensión por viudez a cargo de Instituto Mexicano del Seguro Social.
En esa circunstancia se está frente a un acto realizado por un organismo descentralizado de la administración pública donde exteriorizó su voluntad unilateral de confirmar la negativa de la pensión por viudez, en ejercicio de las facultades que le son otorgadas por la Ley del Seguro Social.
Al respecto, la Segunda Sala del Alto Tribunal al resolver el conflicto competencial 201/2017, en sesión de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, estableció que cuando en una demanda de amparo indirecto se reclame de un Instituto de Seguridad Social la omisión o la negativa de otorgar atención médica, hospitalaria, quirúrgica y suministro de medicinas al cónyuge o beneficiario de un trabajador pensionado, debe considerarse que si bien tales prestaciones médicas tienen como fuente el vínculo de trabajo establecido entre aquél y la dependencia u organismo público para la que laboró, la relación que exista entre tal derechohabiente y un instituto de seguridad social, representa una nueva relación de naturaleza administrativa en la que éste ejerce facultades de decisión que constituyen una potestad administrativa, pues el asegurado como gobernado se somete a su imperio de autoridad, ya que puede crear, modificar o extinguir por sí o ante sí la situación jurídica del derechohabiente y de sus beneficiarios.
Este criterio fue reiterado en los conflictos competenciales 293/2018, 339/2018, 343/2018 y 42/2020, resueltos en sesiones de 27 de junio de 2018, 15 de agosto de 2018, 12 de septiembre de 2018 y 24 de junio de 2020, dando lugar a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 61/2020 (10a.) publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 80, noviembre de dos mil veinte, Tomo II, página mil cincuenta y tres, de rubro y texto siguientes:
COMPETENCIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO CONTRA LA OMISIÓN O NEGATIVA DE UN INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA, HOSPITALARIA, QUIRÚRGICA Y SUMINISTRO DE MEDICINAS AL CÓNYUGE O BENEFICIARIO DE UN TRABAJADOR PENSIONADO. CORRESPONDE A UN TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.
(Se transcribe).
Particularmente, cuando se reclama la negativa por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social de otorgar una pensión por viudez o los beneficios surgidos de ésta, el Alto Tribunal ha reiterado el criterio de que la relación que existe entre el derechohabiente y un instituto de seguridad social, representa una nueva relación de naturaleza administrativa.
Así lo ha sostenido en las resoluciones que recayeron a diversos conflictos competenciales, a saber: 557/2018, en sesión de veintisiete de febrero del dos mil dieciocho; 220/2019, en sesión de veintiocho de septiembre del dos mil diecinueve; 228/2019, el cuatro de noviembre de dos mil diecinueve; 57/2021 resuelto en sesión de treinta de junio de dos mil veintiuno y, como último precedente, el conflicto competencial 133/2022 el veintidós de junio de dos mil veintidós.
La Segunda Sala en aquellos precedentes determinó lo siguiente:
—C.C.A. 557/2018—
[...]
SEXTO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, es el competente para conocer del asunto.
Para corroborar tal aserto, se considera necesario precisar que del juicio de amparo **********, del que deriva el recurso de revisión que motivó el conflicto competencial que nos ocupa, se advierte que la parte quejosa reclamó, en su carácter de particular, un acto o resolución a través de la cual el Instituto Mexicano del Seguro Social declaró improcedente el trámite de la pensión por viudez, que solicitó; en virtud de que no cumplía con lo establecido en el artículo 152 de la Ley del Seguro Social.
Ahora bien, si lo que en esencia reclamó el quejoso **********, es la negativa de otorgarle la pensión por viudez que como cónyuge de ********** (trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social), le corresponde; resulta evidente que dichos actos son de naturaleza administrativa.
Se dice lo anterior, puesto que si por acto administrativo se entiende toda actuación voluntaria, unilateral y concreta, realizada por un órgano de la administración pública, en ejercicio de su competencia administrativa, cuyos efectos jurídicos son directos e inmediatos, en el caso se está en presencia de ese supuesto, ya que se está frente a un acto realizado por un organismo descentralizado de la administración pública, mismo que exteriorizó su voluntad unilateral de negar la pensión por viudez, en ejercicio de las facultades que le son atribuidas por la Ley del Seguro Social.
[...]
Ahora bien, se dice que es un acto administrativo porque si bien las pensiones tienen como fuente la relación de trabajo establecida entre el derechohabiente y la dependencia pública en que haya laborado, también lo es que la surgida entre aquél –o en este caso su beneficiario– y el Instituto Mexicano del Seguro Social constituye una nueva relación de naturaleza administrativa, en la que éste actúa con el carácter de autoridad, pues puede crear, modificar o extinguir por sí o ante sí la situación jurídica del pensionado.
[...]
Atendiendo a las características mencionadas también se puede arribar a la conclusión que las pensiones pertenecen a la materia administrativa porque si bien es cierto, que se enmarcan dentro de las prestaciones de seguridad social y que derivan de la antigüedad en una relación de trabajo, también lo es, que por regla general, la relación laboral respectiva no se extiende después de concedida la pensión solicitada, porque precisamente la pensión tiene su justificación en el otorgamiento de prestaciones en dinero otorgadas por el cumplimiento de determinados requisitos de antigüedad, edad y otros diversos, para permitir la subsistencia del trabajador o de sus derechohabientes, después de concluida la relación de trabajo.
—C.C.A. 220/2019—
[...]
QUINTO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito es el competente para conocer del asunto.
Para corroborar tal aserto se considera necesario precisar que en el juicio de amparo la quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la negativa del pago de la pensión por viudez solicitada al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; de ahí que resulta evidente que dicho acto es de naturaleza administrativa.
Esto es así, porque si bien las pensiones tienen como fuente la relación de trabajo establecida entre el derechohabiente y la dependencia pública en que hayan laborado, también lo es que la surgida entre aquél (en este caso su beneficiaria) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado constituye una nueva relación de naturaleza administrativa en la que éste actúa con el carácter de autoridad pues puede crear, modificar, suspender o extinguir por sí o ante sí la situación jurídica del pensionado.
[...]
—C.C.A. 228/2019—
[...]
CUARTO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, es el competente para conocer del asunto.
Para corroborar tal aserto, se considera necesario precisar que del juicio de amparo **********, del que deriva el recurso de queja que motivó el conflicto competencial que nos ocupa, se advierte que la parte quejosa reclamó, en su carácter de particular, un acto o resolución a través de la cual el Instituto Mexicano del Seguro Social declaró improcedente el trámite de la pensión por viudez, que solicitó; en virtud de que no cumplía con lo establecido en el artículo 152 de la Ley del Seguro Social. Ahora bien, si lo que en esencia reclamó la quejosa es la negativa de otorgarle la pensión por viudez que como cónyuge de un fallecido trabajador le corresponde; resulta evidente que dichos actos son de naturaleza administrativa.
Se dice lo anterior, puesto que si por acto administrativo se entiende toda actuación voluntaria, unilateral y concreta, realizada por un órgano de la administración pública, en ejercicio de su competencia administrativa, cuyos efectos jurídicos son directos e inmediatos, en el caso se está en presencia de ese supuesto, ya que se está frente a un acto realizado por un organismo descentralizado de la administración pública, mismo que exteriorizó su voluntad unilateral de negar la pensión por viudez, en ejercicio de las facultades que le son atribuidas por la Ley del Seguro Social.
[...]
Ahora bien, se dice que es un acto administrativo porque si bien las pensiones tienen como fuente la relación de trabajo establecida entre el derechohabiente y la dependencia pública en que haya laborado, también lo es que la surgida entre aquél –o en este caso su beneficiario– y el Instituto Mexicano del Seguro Social constituye una nueva relación de naturaleza administrativa, en la que éste actúa con el carácter de autoridad, pues puede crear, modificar o extinguir por sí o ante sí la situación jurídica del pensionado.
[...]
—C.C.A. 57/2021—
[...]
CUARTO. FONDO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, es el competente para conocer del asunto.
Para corroborar tal aserto se considera necesario precisar que en la demanda de amparo la quejosa reclamó del Instituto Mexicano del Seguro Social, el otorgamiento de la pensión por viudez que le fue otorgada por el fallecimiento de su esposo, quien gozaba de una pensión por cesantía (de conformidad con la Ley del Seguro Social de mil novecientos setenta y tres); así como los incrementos, las diferencias de pagos y retroactivos; ello, pues pretende que se revalorice dicha pensión, de acuerdo al salario real de percepción promedio diario que percibía su esposo, pues no se tomaron en cuenta todas las semanas de cotización ni los salarios diarios percibidos en los últimos cinco años; de ahí que resulta evidente que dicho acto es de naturaleza administrativa.
Esto es así, porque si bien las pensiones tienen como fuente la relación de trabajo establecida entre el derechohabiente y la dependencia pública en que hayan laborado, también lo es que la surgida entre aquél (en este caso su beneficiaria) y el Instituto Mexicano del Seguro Social constituye una nueva relación de naturaleza administrativa en la que éste actúa con el carácter de autoridad pues puede crear, modificar, suspender o extinguir por sí o ante sí la situación jurídica del pensionado.
Corrobora lo anterior la jurisprudencia 2a/J. 111/2005, consultable en la página trescientos veintiséis, Tomo XXII, septiembre de dos mil cinco, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 177279; de rubro y texto siguientes:
“INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. (...)”
Así, de la jurisprudencia anterior se advierte que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió criterio en el sentido de que los actos por los cuales el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, concede, niega, suspende, modifica o revoca las jubilaciones y pensiones tienen una naturaleza jurídica administrativa.
También es aplicable al caso concreto la jurisprudencia 2a./J. 153/2009, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Octubre de 2009, página 94, de rubro y texto siguientes:
“PENSIONES DEL ISSSTE. ES COMPETENTE EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA PARA CONOCER DEL JUICIO DE GARANTÍAS EN QUE SE RECLAMA SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN.
(...)”
[...]
—C.C.A. 133/2022—
[...]
Fijación de la competencia.
[...]
En el caso, de las demandas de amparo se advierte que la parte quejosa reclama esencialmente el oficio mediante el que el titular de la Jefatura de Servicio de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales, adscrito a la delegación Coahuila del Instituto Mexicano del Seguro Social, ordenó suspender el pago de la pensión por viudez de la que dicha parte quejosa es beneficiaria.
A juicio de esta Sala tal acto reclamado es de naturaleza administrativa, porque si bien las pensiones surgen de una relación de trabajo, el vínculo que posteriormente se da entre los pensionados y las instituciones de seguridad social constituye una nueva relación de naturaleza administrativa, en tanto que dichas instituciones pueden realizar actos que crean, modifican o extinguen por sí o ante sí la situación jurídica de los pensionados.
Sirven de apoyo a lo anterior las jurisprudencias de rubro: “INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD.”, y “COMPETENCIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMÓ EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS. CORRESPONDE A UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.”
[...]
Por lo que hace al estudio de existencia del conflicto y fijación de la competencia, así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales, Javier Laynez Potisek (ponente) y Presidenta Yasmín Esquivel Mossa, ausente la Ministra Loretta Ortiz Ahlf; en esas condiciones, este apartado resulta vinculante al constituir precedente obligatorio.
[...]
Por tanto, atendiendo a esa línea argumentativa que ha establecido la Segunda Sala del Alto Tribunal, la negativa de otorgar la pensión de viudez al beneficiario de un asegurado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, constituye un acto de naturaleza administrativa y si bien las pensiones tienen como fuente una relación de trabajo, la relación surgida entre aquél o su beneficiario y el Instituto descentralizado constituye una nueva relación de naturaleza administrativa.
En ese sentido, en el caso de ser procedente el juicio de amparo, si la litis consistirá en verificar si es correcta la decisión de la autoridad responsable de confirmar la negativa de otorgar pensión por viudez a la parte quejosa, como beneficiaria de uno de los asegurados del Instituto Mexicano del Seguro Social, corresponde conocer de la controversia al juzgado en materia administrativa.
No pasa inadvertido la existencia de anteriores criterios en los que la propia Segunda Sala del alto Tribunal estableció que las controversias entre el instituto y sus asegurados o beneficiarios respecto de las prestaciones establecidas en la Ley del Seguro Social son de naturaleza laboral, pues así se desprendía de lo dispuesto por el artículo 295 de ese ordenamiento, como se observa de las tesis siguientes:
2a./J. 9/2008 de rubro “SEGURO SOCIAL. SON COMPETENTES PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO Y SUS RECURSOS, PROMOVIDOS POR LOS TRABAJADORES O SUS BENEFICIARIOS CONTRA LOS ACTOS QUE EXTINGAN O MODIFIQUEN LAS PRESTACIONES QUE INTEGRAN EL RÉGIMEN OBLIGATORIO, LOS ÓRGANOS QUE CONOZCAN DE LA MATERIA LABORAL.” y 2a. XVII/2007 de rubro “PENSIÓN DE VIUDEZ U ORFANDAD. PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO Y SUS RECURSOS, PROMOVIDOS CONTRA LA MODIFICACIÓN EFECTUADA UNILATERALMENTE POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, SON COMPETENTES LOS ÓRGANOS QUE CONOZCAN DE LA MATERIA LABORAL.”
Sin embargo, aunque no analizan frontalmente el tema aquí se examina, en términos del párrafo doce del artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de marzo de dos mil veintiuno, cabe atender a los criterios que la misma Segunda Sala ha emitido con posterioridad, siendo que con la emisión de los últimos precedentes de los que se ha dado noticia en párrafos anteriores se entiende que contienen el criterio que actualmente prevalece y que es de observancia obligatoria.
Por tanto, si en el caso se reclama del Instituto Mexicano del Seguro Social la negativa de otorgar una pensión por viudez a una beneficiaria del asegurado, entonces siguiendo el criterio que ha sostenido el Alto Tribunal, se trata de una nueva relación de naturaleza administrativa, por lo que corresponde conocer de la controversia un juzgado en materia administrativa.
Similar criterio sostuvo este Tribunal Colegiado en sesión de doce de marzo de dos mil veintitrés al resolver el conflicto competencia C.C.A.- 5/2023.
En consecuencia, con fundamento en los artículos 39 y 57, fracción IV, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se declara legalmente competente para conocer de la demanda de amparo al Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, sin que la anterior conclusión, prejuzgue sobre la procedencia del juicio de amparo indirecto.
(...)”.
[Lo destacado es de origen]
B. Criterio del Decimosegundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del P
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33958-15fba93d/competencia-por-materia-para-conocer-del-juicio-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- PENSIÓN POR VIUDEZ. DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑARSE A LA DEMANDA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 899-C, FRACCIÓN VI, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- APELACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA PUEDE ANALIZAR DE MANERA PREFERENTE Y DE OFICIO LAS VIOLACIONES DE F (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- COMPETENCIA POR MATERIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA EN LA VÍA ORDINARIA CONTRA EL AJUSTE O ACTUALIZACIÓN DE UNA PENSIÓN OTORGADA POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIA (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- CÓMPUTO DEL PLAZO PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECIDE SOBRE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. DEBEN EXCLUIRSE LOS DÍAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO VACACI (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- PENSIÓN POR VIUDEZ. PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN RELATIVA ES NECESARIO EXHIBIR LA RESOLUCIÓN DE SU OTORGAMIENTO O NEGATIVA O, EN SU CASO, ACOMPAÑAR LA SOLICITUD DE PENSIÓN CORR (I.13o.T.9 L (11a.))
- COMPETENCIA POR MATERIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) QUE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLIC (PR.A.C.CN. J/36 A (12a.))
- PENSIÓN POR VIUDEZ OTORGADA A QUIEN LA SOLICITÓ ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON UN ACTA DE MATRIMONIO; SI EN POSTERIOR JUICIO DE SEGURIDAD SOCIAL SE DECLARA COMO B (PR.P.T.CS. J/3 L (11a.))
- PENSIÓN POR VIUDEZ. PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN RELATIVA ES NECESARIO EXHIBIR LA RESOLUCIÓN DE SU OTORGAMIENTO O NEGATIVA O, EN SU CASO, ACOMPAÑAR LA SOLICITUD DE PENSIÓN CORR (I.13o.T.10 L (11a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis