APELACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA PUEDE ANALIZAR DE MANERA PREFERENTE Y DE OFICIO LAS VIOLACIONES DE FONDO QUE DERIVEN EN LA INOCENCIA DE LA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA PRESUNTA RESPONSABLE, SÓLO SI ÉSTA ES QUIEN INTERPUSO EL RECURSO (INTERPRETACIÓN LITERAL DEL ARTÍCULO 218, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS).
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 35/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO, OCTAVO, DÉCIMO SEGUNDO, DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO NOVENO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 8 DE ENERO DE 2026. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS MAYRA SANDOVAL MENDOZA, MÓNICA SALOMA PALACIOS Y VIRGINIA PÉTRIZ HERRERA. PONENTE: MÓNICA SALOMA PALACIOS. SECRETARIA: ERIKA IVONNE CARBALLAL LÓPEZ.
El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión de ocho de enero de dos mil veintiséis, emite la siguiente:
R E S O L U C I Ó N
1. Correspondiente a la contradicción de criterios suscitada entre los Tribunales Colegiados Cuarto, Octavo, Decimosegundo, Decimotercer y Decimonoveno, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito.
2. El problema jurídico a resolver por este Pleno Regional consiste en determinar si existe la contradicción de criterios denunciada, y en su caso, determinar si la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa puede invocar vicios de fondo que deriven en la inocencia del presunto responsable, de manera oficiosa, aun cuando el servidor público imputado no haya impugnado la resolución de primera instancia.
I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO
3. Denuncia de la contradicción. Mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de este Pleno Regional el once de marzo de dos mil veinticinco, la Segunda Ponencia de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, denunció la posible contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Cuarto, Octavo, Decimosegundo, Decimotercero y Decimonoveno, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los recursos de revisión fiscal 289/2023, 298/2023, 237/2023, 242/2023, 256/2023, 269/2023, 627/2023, 237/2023 y 627/2023, respectivamente.
4. Radicación del asunto. Por acuerdo de presidencia de catorce de marzo de dos mil veinticinco, se admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios y se registró con el número de expediente 35/2025. En la misma actuación se solicitó a los tribunales colegiados de circuito contendientes, que informaran si los criterios emitidos aún se encontraban vigentes o, en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados; además, se solicitó a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informara si existía alguna contradicción de criterios que se encontrara radicada ante el Alto Tribunal, asociada con la temática planteada; y se turnó el expediente a la ponencia de la magistrada Silvia Cerón Fernández, sin perjuicio de que se proveyera respecto de la conclusión del trámite e integración del expediente.
5. Desahogo de los tribunales colegiados. Por acuerdos de veinticuatro, veintisiete, treinta y uno de marzo y dos de abril de dos mil veinticinco, se tuvieron por recibidos los informes de los tribunales contendientes, a través de los cuales hicieron del conocimiento que los criterios en cuestión continuaban vigentes.
6. Desahogo de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por acuerdo de dos de abril de dos mil veinticinco, se tuvo por recibido el oficio remitido vía electrónica por el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que informó que en ese Alto Tribunal no se encontraba radicada contradicción de criterios relacionada con la temática de este asunto.
7. Confirmación del turno electrónico. En auto de ocho de abril de dos mil veinticinco, se confirmó el turno electrónico de los autos a la ponencia de la magistrada Silvia Cerón Fernández, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
8. Nueva integración del pleno. En proveído de quince de mayo de dos mil veinticinco, la presidencia hizo del conocimiento de las partes que este Pleno Regional se encontraba integrado por la magistrada Guillermina Coutiño Mata, así como por los magistrados Marco Antonio Rodríguez Barajas y José Patricio González Loyola Pérez.
9. Cambio de integración del pleno. Por diverso auto de dieciséis de junio de dos mil veinticinco, se informó a las partes el cambio de integración de este Pleno conformado por la magistrada Guillermina Coutiño Mata, así como por los magistrados Marco Antonio Rodríguez Barajas y Ernesto Martínez Andreu. El asunto quedó confirmado en esa misma fecha.
10. Actual integración del pleno. En acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil veinticinco, se hizo del conocimiento de las partes la nueva integración de este Pleno Regional, quedando conformada por las magistradas electas Mónica Saloma Palacios (presidenta), Virginia Pétriz Herrera y Mayra Sandoval Mendoza; asimismo, se returnó este expediente a la primera de las nombradas y se confirmó el turno de la contradicción de criterios a su ponencia para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
11. Amicus curiae. El magistrado titular de la Segunda Ponencia de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el escrito por el que denunció la posible contradicción de criterios, realizó diversas manifestaciones en calidad de amicus curiae, expresando lo siguiente:
“(...)
De manera respetuosa, me permito poner a su consideración, la posibilidad de analizar de manera sistemática las disposiciones previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y demás ordenamientos legales aplicables, inherentes a la naturaleza del procedimiento de responsabilidad administrativa y a las atribuciones de la Tercera Sección de la Sala Superior, entre otras cuestiones que pudieran ser necesarias; ello, en aras de alcanzar una determinación integral y completa que dirima la contradicción de criterios, bajo una interpretación conforme y armónica de las disposiciones aplicables.
Dicho de otra manera, se solicita que la litis de estudio de la presente denuncia, no se limite a una interpretación gramatical y aislada del artículo 218 de la ley de la materia; sino que se analicen cuestiones que incluso no hubiesen sido abordadas por los Tribunales contendientes, con la finalidad de que se resuelva esta problemática de manera completa, y así otorgar certeza jurídica a los justiciables y determinar el criterio jurisprudencial que interprete las normas en cuestión con total apego a la justicia.
Sirve de apoyo a lo anterior, como criterio orientador y por analogía, la tesis aislada aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “CONTRADICCIÓN DE TESIS, SI AL ANALIZARSE LA POSTURA DE LOS ÓRGANOS FACULTADOS CONTENDIENTES, SE ADVIERTE QUE LE DIERON UN ALCANCE INDEBIDO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DEBE CORREGIRLA Y ESTABLECER EL CRITERIO JURISPRUDENCIAL PERTINENTE”.(1)
Por tanto, en virtud de que se trata de un procedimiento novedoso y atípico, en el que intervienen tanto autoridades administrativas como jurisdiccionales; el suscrito Magistrado integrante de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa estimo necesario también poner a su consideración los razonamientos expuestos en las sentencias de apelación en las que se realizó el estudio oficioso de un vicio de fondo, ya que tales cuestiones constituyeron el acto impugnado en recurso de revisión, y materia de estudio por parte de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito aludidos.
En ese sentido, la litis de la contradicción de criterios que se propone, es de carácter transversal, ya que su estudio y resolución, conlleva diversos temas de igual magnitud, que son de especial pronunciamiento para arribar a la definición de la litis, máxime que se trata de un procedimiento novedoso y atípico, en el que intervienen tanto autoridades administrativas como jurisdiccionales.
Por ello, se solicita que en la presente denuncia también se estudien las cuestiones que se enlistan a continuación, a efecto de dilucidar el tema principal:
• La materia administrativa, y particularmente, el derecho administrativo sancionador, tienen características propias; por lo que se debe atender a su naturaleza y a sus disposiciones particulares; ya que en su legislación (a diferencia de otras materias) se prevé de manera específica que se pueden analizar vicios de fondo, de oficio al resolver un recurso de apelación.
En efecto, el artículo 218 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que, al resolverse un recurso de apelación, se pueden analizar de oficio, los vicios de fondo que deriven en: el sobreseimiento del procedimiento de responsabilidad administrativa, la inocencia o la determinación de culpabilidad respecto de alguna conducta.
Esta facultad oficiosa sólo puede darse en el marco del derecho administrativo sancionador, cuya naturaleza difiere de otras expresiones de la facultad punitiva del Estado, como es el derecho penal. Y que por lo tanto, no le son aplicables ciertos principios de este último.
Por ejemplo, en el derecho administrativo sancionador no le es aplicable de forma absoluta el principio conocido como non reformatio in peius.
Ello, debido a que, con la reforma Constitucional en materia de derechos humanos, es dable considerar que aun si el probable responsable no acude en apelación, y existe un evidente vicio de fondo en el expediente, al grado que se advierta su inocencia, el juzgador está obligado a corregir el citado vicio, sin que se auto limite bajo el argumento de que el principio de estricto derecho impide mejorar la situación del presunto responsable.
En otras palabras, conforme al marco Constitucional actual, el principio de estricto derecho no debe prevalecer por encima de los derechos humanos de las personas. Al contrario, partiendo de que el derecho es una construcción social en beneficio del desarrollo de las sociedades, entonces éste no debe imponerse aun cuando se cometa un vicio que afecta los derechos humanos.
En tal tesitura, la sociedad debe impedir o estar en contra que se violen sus derechos humanos bajo el pretexto de la aplicación irrestricta de un derecho que puede no ser perfecto o que está obsoleto, o que ha perdido su finalidad en el entramado de los principios y criterios jurídicos.
En efecto, el principio de estricto derecho no debe actuar como un espacio inmutable, intocado, sacramental, cuando afecte los derechos de las personas. De lo contrario, se caería en el extremo de que un principio de derecho creado para garantizar el estado de derecho se aplique en contra de los derechos humanos de una persona.
Para mayor abundamiento, se debe precisar que el principio de estricto derecho se cumple también cuando el juzgador aplica la oficiosidad y determina un vicio de fondo en favor de la libertad, dado que el estricto derecho no se contrapone con la oficiosidad y el margen de apreciación del juzgador, de hecho, se integran, porque la facultad oficiosa no va en contra del estricto derecho.
Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis; XI.1o.A.T.18 K (10a.) con registro digital: 2008970, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, página 1745, cuyo rubro y texto es el siguiente:
“MARGEN DE APRECIACIÓN DEL JUZGADOR. DEBE PONDERARSE FRENTE AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, A EFECTO DE QUE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL ENCUENTRE EQUILIBRIO EN LA RESPONSABILIDAD DE AQUÉL, AL DESPLEGAR SU ACTUACIÓN. Una cuestión de criterio o debatible no se conforma por el hecho de que un funcionario judicial plantee lo que a su parecer es un problema jurídico, ni vierta manifestaciones que en su apreciación constituyen una labor interpretativa, sino que tiene que examinarse si esa supuesta función hermenéutica se justifica en un problema jurídico verdaderamente válido, que no enmascare un franco apartamiento de la legalidad cuando el texto de la ley es suficiente para conocer su sentido; de otro modo se haría nugatorio el deber de las autoridades de apegar sus actos a la legalidad y, a la vez, de sancionarlos cuando muestren una notoria ineptitud en su encargo. En ese sentido, deviene pertinente acudir a la doctrina jurídica del “margen de apreciación del juzgador”, concebida para conceptualizar un espacio de discrecionalidad tomando en consideración determinadas circunstancias jurídicas, sociales y culturales, por lo que constituye un instrumento interpretativo que parte de la idea de que un derecho no puede juzgarse en abstracto, omitiendo los marcos culturales y económicos que lo circundan; por el contrario, existen condicionamientos materiales y sociales cuyo desconocimiento quitaría realidad o vigencia a un régimen de derechos humanos que, en el caso, encuentran justificación en el marco cultural del país, con el objeto de promover la credibilidad en la actuación de los Jueces ordinarios, de manera que cuando éstos puedan incurrir en alguna causa de responsabilidad administrativa, sean efectivamente sancionados. Dicha doctrina debe traerse a colación para determinar el alcance de los derechos a debate jurisdiccional, lo que cobra vigencia si se toma en cuenta que el innegable principio universal de independencia que debe reconocerse a todo juzgador debe ser ponderado a la luz del principio de legalidad, que el sistema constitucional mexicano erige también como elemento fundamental para la preservación del Estado Constitucional de Derecho. Por consiguiente, sin desconocer que es imprescindible reconocer la independencia de los órganos jurisdiccionales, este principio fundamental (margen de apreciación) puede emplearse para dimensionar los derechos y contextualizarlos con la situación específica de cada región, y debe ser ponderado frente a la legalidad que, en la actualidad, se erige como una exigencia propia del contexto social, económico y jurídico, para que la independencia judicial encuentre equilibrio en la responsabilida del juzgador al desplegar su actuación, partiendo de la base de que todo Juez es responsable de su actuar.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMIISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 126/2013. Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo. 13 de febrero de 2014. Mayoría de votos. Disidente: Hugo Sahuer Hernández. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretario: Francisco Javier López Ávila.
Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
• El principio non reformatio in peius, debe ser analizado conforme a la normatividad específica de cada procedimiento.
El legislador, en el numeral 218 en comento, reconoció que el sobreseimiento del procedimiento, la inocencia o culpabilidad del presunto responsable, son cuestiones de orden público por lo que su estudio preferente en todos los casos, ya que no restringió el estudio oficioso para determinados casos, ni lo condicionó a que alguna de las partes hubiese interpuesto recurso de apelación.
Por ello, antes de analizar los agravios del apelante, la autoridad resolutora puede analizar si existe una cuestión que impida o haga innecesario el estudio de los argumentos (sobreseimiento del procedimiento, la inocencia o culpabilidad del presunto responsable), con independencia de quién haya o no, apelado la resolución.
Por ejemplo, se puede decretar el sobreseimiento del procedimiento de manera oficiosa, aun en los casos en que el presunto responsable no hubiese apelado la resolución, esto es, por cualquier supuesto de improcedencia,(2) como lo es en términos generales, la prescripción, incompetencia de la resolutora, o cosa juzgada, entre otros; por tanto, si el legislador otorgó la misma importancia a la inocencia o culpabilidad del presunto responsable, es evidente que también se puede invocar el vicio de fondo, con independencia de quién hubiese interpuesto la apelación.
Así, el principio de non reformatio in peius debe operar solo en favor del presunto responsable, no en favor de la autoridad, ya que el derecho humano se sobrepone a la función pública misma, ya que ésta fue creada para la correcta observancia de los derechos humanos.
De lo contrario, si la autoridad obtuvo un fallo a su favor, cometiendo una injusticia o un error judicial, entonces, el estricto derecho se superpondría al derecho humano. La sociedad no puede privilegiar un principio de non reformatio in peius por encima de los derechos humanos, porque estaríamos en un estado de derecho dictador, al que no le importa si se cometió una violación, sino que se respete el orden jurídico. Cuando en realidad, la facultad de apreciación y la oficiosidad del juez no va en contra del estricto derecho.
Finalmente, no se debe olvidar que la sanción que se impone en el marco del derecho administrativo sancionador tiene efectos públicos y trasciende la esfera privada, ya que existe un padrón de registro de servidores públicos sancionados que afecta el honor de los presuntos responsables, y genera un efecto social.
Por tanto, al aplicar de forma oficiosa el estudio de un vicio de fondo que beneficie al presunto responsable, como se desprende del artículo 218 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, no se afecta el principio de Non reformatio in peius, ya que, en realidad, no se estaría empeorando la situación del presunto responsable, sino al contrario, se le estarían respetando sus derechos.
• Tomar en consideración que el recurso de apelación es resuelto por la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que cuenta con la facultad originaria constitucional para imponer las sanciones por faltas administrativas graves o faltas de particulares.
Ello, en virtud de que la Tercera Sección de la Sala Superior, es el órgano colegiado que tiene competencia original para resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo previsto en el artículo 73 fracción XXIX-H constitucional, que le faculta para imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades.
Por tanto, antes de analizar los agravios de apelación y tomar una decisión en cuanto a la pretensión del recurrente en relación con la imposición o abstención de sanción; debe analizar si realmente se cometió o no, la falta administrativa imputada.
• La Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas (actualmente la Sala Auxiliar) se encuentra adscrita a la Tercera Sección de la Sala Superior; por lo que sus resoluciones no son definitivas.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa,(3) las Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas (actualmente la Sala Auxiliar) se encuentran adscritas a la Tercera Sección de la Sala Superior, a efecto de ejercer la facultad de imponer las sanciones; por tanto, la Sala resolutora actúa como auxiliar en la ejecución de dichas facultades en primera instancia, y la Tercera Sección se encarga de resolver el recurso de apelación en segunda instancia, por lo que se encuentra legitimada de reasumir jurisdicción y analizar vicios de fondo de manera oficiosa.
A más, el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver la Contradicción de tesis 16/2022,(4) realizó una interpretación armónica a los artículos 202 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 53 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo de aplicación supletoria, en el sentido de que las resoluciones dictadas por la Sala Auxiliar no son definitivas; toda vez que, para que se considere una resolución como definitiva es necesario que, previamente se agoten los recursos ordinarios procedentes, pues a través de éstos es posible que aquéllas sean revocadas, modificadas, o nulificadas, toda vez que sólo de esa manera es que se podrá considerar que efectivamente se puso fin al procedimiento de origen. Entonces, las sentencias emitidas por la Sala Auxiliar en materia de responsabilidades no son definitivas, porque en su contra procede el recurso de apelación y es posible que la decisión de la Sala sea revocada o modificada por la Tercera Sección; de ahí que la resolución que recaiga a la apelación es la que puede considerarse definitiva, al decidir sobre todas las cuestiones del procedimiento y con ello poner fin a la controversia.
• Los principios aplicables en esta materia son: el principio de legalidad, presunción de inocencia, imparcialidad, objetividad, congruencia, exhaustividad, verdad material y respeto a los derechos humanos.
Esto, de conformidad con los artículos 111 y 135 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas;(5) en esa virtud, se puede interpretar de manera sistemática el artículo 218 segundo párrafo, ya que conforme a este método interpretativo, es posible elegir el sentido normativo de manera amplia, privilegiando derechos sustantivos, sobre requisitos procesales, a efecto de analizar de oficio, vicios de fondo, ya que se debe privilegiar la protección de los derechos humanos en términos del artículo 1o tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por encima de los formalismos previstos en las leyes.
Además, de estimar lo contrario, implicaría que los formalismos jurídicos no previstos de forma expresa en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, son de mayor relevancia que la protección de los derechos humanos, lo cual sería contradictorio al principio de seguridad jurídica previsto en el artículo 16 constitucional, así como al principio de justicia establecido en el dispositivo 17 tercer párrafo, de la citada Constitución; aunado a que también se vulneraría el principio de verdad material aplicable a este procedimiento.”
(...)
[Lo destacado es de origen]
12. Aplazamiento. El diez de noviembre de dos mil veinticinco, el asunto fue listado para verse en sesión de veintisiete siguiente, en la que se determinó su aplazamiento; por lo que se listó nuevamente para ser sesionado en esta fecha; y,
II. COMPETENCIA
13. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo señalado en los artículos 94, primer y séptimo párrafos, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo vigente;(6) 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente;(7) 6 fracción I, 7 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; 1°, fracción I, puntos 2 y 4, del diverso Acuerdo General 108/2022, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales; y 38/2023, que modificó la determinación de los citados Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, porque la contradicción se suscitó entre tribunales colegiados especializados en materia administrativa del Primer Circuito, especialidad y territorio en donde este Pleno Regional ejerce jurisdicción.
III. LEGITIMACIÓN
14. La contradicción de criterios se denunció por parte legítima en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo vigente,(8) al ser formulada por el titular de la Segunda Ponencia de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien dictó las sentencias recurridas en los recursos de revisión resueltos por los tribunales contendientes.
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
15. Con el propósito de determinar la existencia de la contradicción de criterios y debido a la cantidad de ejecutorias denunciadas y que en la mayoría de ellas se sostiene el mismo criterio al ser emitidas por un mismo tribunal, por economía procesal, únicamente se precisarán los antecedentes y las consideraciones del primer criterio emitido por cada tribunal y de los posteriores solo los antecedentes.
A. Criterio emitido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión fiscal 289/2023.
16. Procedimiento administrativo. a) El diecisiete de junio de dos mil diecinueve, la Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones en la Delegación de la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos radicó el expediente **********, con la finalidad de esclarecer los hechos denunciados en contra de ********** —entre otros servidores públicos-, a quien le fue instaurado un procedimiento de responsabilidad administrativa por hechos presuntamente constitutivos de faltas administrativas, detectados con motivo de una verificación de pagos de becas efectuadas en términos de la Cláusula 171 del Contrato Colectivo de Trabajo, 2017 y 2018, a favor de los diversos trabajadores, adscritos a la Refinería Ingeniero Héctor R. Lara Sosa y al Hospital General Cadereyta, Centros de Trabajo ubicados en el Municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León.
17. b) Una vez concluida la etapa de investigación, el veintiocho de diciembre de dos mil veinte, el Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones de la Delegación de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado en Pemex Transformación Industrial, Empresa Productiva del Estado, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, emitió el Acuerdo de Calificación de Falta Administrativa en que determinó que **********, trabajador del régimen sindicalizado adscrito a Pemex Transformación Industrial, Empresa Productiva Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, presuntamente incurrió en falta administrativa grave a que se refiere el artículo 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ya que en el desempeño de sus funciones obtuvo para sí beneficios no comprendidos en su remuneración por la cantidad de $50,961.60 (cincuenta mil novecientos sesenta y un pesos 60/100 moneda nacional) por concepto de “Beca Trabajador SIO”, cuando no contaba con los requisitos para obtenerla.
18. Por lo que, se ordenó emitir informe de presunta responsabilidad administrativa a fin de ser presentado ante la autoridad sustanciadora competente.
19. c) En acuerdo de trece de enero de dos mil veintiuno, el Delegado de la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado en Pemex Transformación Industrial, Empresa Productiva del Estado, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, ordenó formar expediente y registrarlo en el Sistema Integral de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de la Función Pública, con el número **********, admitió a trámite el informe de presunta responsabilidad administrativa y ordenó emplazar al presunto responsable **********.
20. d) El veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, la autoridad substanciadora remitió los autos del expediente ********** a la Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a efecto de que continuara con el procedimiento de responsabilidad administrativa contra el servidor público **********, en su calidad de presunto responsable de las conductas infractoras atribuidas y consideradas como graves en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
21. e) En resolución de dos de agosto de dos mil veintiuno, la mencionada juzgadora verificó, bajo su más estricta responsabilidad, que la probable responsabilidad atribuida a **********, descrita en el informe de presunta responsabilidad administrativa era de las consideradas como graves al haberse calificado conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y resolvió que era competente para conocer del asunto, por lo que, se avocó a su estudio radicándolo con el número **********.
22. f) Sustanciado el procedimiento, la mencionada Sala Auxiliar dictó resolución el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, en la cual resolvió que sí existieron elementos para determinar la comisión de la falta administrativa grave de cohecho atribuida al servidor público denunciado y por tanto, sí era responsable administrativamente por la comisión de dicha conducta, en consecuencia, impuso a ********** la sanción administrativa consistente en la suspensión del empleo, cargo o comisión por un periodo de treinta días naturales y la sanción económica en cantidad de $50,961.60 más $1.00.
23. g) Inconforme, el Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones de la Delegación de la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado, en Pemex Transformación Industrial, Empresa Productiva del Estado, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, interpuso recurso de apelación, del que conoció la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya magistrada presidenta ordenó registrarlo con el número de toca ********** y lo admitió a trámite.
24. h) Sustanciado el procedimiento correspondiente, el dieciocho de abril de dos mil veintitrés, la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa dictó sentencia en la que revocó la resolución recurrida emitida por la Sala Auxiliar y, determinó la inexistencia de la falta administrativa grave de cohecho atribuida al servidor público presunto responsable.
25. Recurso de revisión. Inconforme con la sentencia anterior, la autoridad administrativa interpuso
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33956-2d2fa7a3/apelacion-en-el-procedimiento-de-responsabilidad-administrativa-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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