RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL ACUERDO POR EL QUE EL JUZGADO DE DISTRITO RESERVA PROVEER SOBRE LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA HASTA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE RINDA SU INFORME JUSTIFICADO.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 45/2026. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y NOVENO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 28 DE MAYO DE 2026. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS MAYRA SANDOVAL MENDOZA, MÓNICA SALOMA PALACIOS Y VIRGINIA PÉTRIZ HERRERA. PONENTE: MÓNICA SALOMA PALACIOS. SECRETARIA: ERIKA IVONNE CARBALLAL LÓPEZ.
El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión de veintiocho de mayo de dos mil veintiséis, emite la siguiente:
R E S O L U C I Ó N
1. Correspondiente a la contradicción de criterios suscitada entre los Tribunales Colegiados Cuarto y Noveno, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito.
2. El problema jurídico a resolver por este Pleno Regional consiste en determinar si existe la contradicción de criterios denunciada, y en su caso, establecer si contra el auto dictado en el juicio de amparo indirecto que reserva el trámite de la ampliación de la demanda de amparo procede el recurso de queja.
I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO
3. Denuncia de la contradicción. Mediante escrito presentado el dieciocho de marzo de dos mil veintiséis, en la Oficialía de Partes de este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, una persona física denunció la posible contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Cuarto y Noveno, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 15/2026 y el recurso de reclamación 12/2026, respectivamente.
4. Radicación del asunto. Por acuerdo de diecinueve de marzo de dos mil veintiséis, la presidencia de este Pleno Regional admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios y la registró con el número de expediente 45/2026. En la misma actuación se solicitó a los tribunales colegiados contendientes que informaran si los criterios emitidos aún se encontraban vigentes o, en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados; además, se solicitó a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informara si existía alguna contradicción de criterios que se encontrara radicada ante el Alto Tribunal, asociada con la temática planteada; y se turnó el expediente a la ponencia de la magistrada Mónica Saloma Palacios, sin perjuicio de que se proveyera respecto de la conclusión del trámite e integración del expediente.
5. Desahogo de los tribunales colegiados. Por acuerdos de veinticinco de marzo y seis de abril de dos mil veintiséis, se tuvieron por recibidos los informes provenientes de los Tribunales Colegiados Noveno y Cuarto, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través de los cuales hicieron del conocimiento que los criterios en cuestión continuaban vigentes.
6. Desahogo de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En proveído de dieciséis de abril de dos mil veintiséis, se tuvo por recibido el oficio remitido vía electrónica por el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que informó que en ese Alto Tribunal no se encontraba radicada contradicción de criterios relacionada con la temática de este asunto.
7. Confirmación del turno electrónico. En proveído de veintidós de abril de dos mil veintiséis, se confirmó el turno electrónico de los autos a la ponencia de la magistrada Mónica Saloma Palacios, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
8. Amicus curiae. No se recibió promoción alguna a través de la figura del amicus curiae que amerite pronunciamiento específico, hasta el momento en que se incluyó en la lista la presente contradicción de criterios.
9. Aplazamiento. El veintisiete de abril de dos mil veintiséis, el asunto fue listado para verse en sesión de ocho de mayo siguiente, en la que se determinó su aplazamiento; por lo que se listó nuevamente para ser sesionado en esta fecha; y,
II. COMPETENCIA
10. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo señalado en los artículos 94, primer y séptimo párrafos, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo vigente;(1) 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente;(2) 6 fracción I, 7 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del extinto Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; 1°, fracción I, puntos 2 y 4, del diverso Acuerdo General 108/2022, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales; y 38/2023, que modificó la determinación de los citados Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, porque la contradicción se suscitó entre tribunales colegiados con competencia en la materia administrativa y pertenecientes al Primer Circuito, especialidad y territorio en donde este Pleno Regional ejerce jurisdicción.
III. LEGITIMACIÓN
11. La contradicción de criterios se denunció por parte legítima en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo vigente,(3) al ser formulada por la parte quejosa en los juicios de amparo indirectos 1997/2025 y 2039/2025 de los que derivaron el recurso de queja 15/2026 y el recurso de reclamación 12/2026, resueltos por los Tribunales Colegiados Cuarto y Noveno, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, respectivamente, cuyos criterios contienden en esta contradicción.
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
12. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es preciso referir los antecedentes de cada asunto y que se encuentran narrados en las ejecutorias en contienda.
A. Criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 15/2026.
13. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veinticuatro de noviembre de dos mil veinticinco, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, una persona física por propio derecho promovió juicio de amparo en el que demandó del Titular de la Dirección General de Acreditación, Certificación y Revalidación de la Secretaría de Educación Pública, lo siguiente:
“La falta de contestación a mi escrito que fue depositado el 09 de Octubre de 2025, con el número de guía RA048987129MX y que fue recibido el 21 de Octubre de 2025, de acuerdo a la información pública, que es un hecho notorio para el juzgado de Distrito, en la página oficial de correos de México, que es https://www.correosdemexico.gob.mx/sslservicios/seguimientoenvio/seguimiento.aspx.
(...)”
14. Trámite del juicio. Correspondió conocer de la demanda al Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, cuyo titular en acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil veinticinco, la radicó con el número de expediente 1997/2025 y la admitió a trámite.
15. Ampliación de demanda. Por escrito recibido el veintiuno de diciembre de dos mil veinticinco, la parte quejosa amplió su demanda de amparo y en auto de veinticuatro de diciembre siguiente, el juzgado reservó acordar lo conducente hasta en tanto la autoridad señalada como responsable rindiera su informe justificado.
16. Recurso de queja. Inconforme con la anterior decisión, la parte quejosa interpuso recurso de queja del que correspondió conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuya presidencia por acuerdo de siete de enero de dos mil veintiséis lo registró con el número de expediente 15/2026 y lo admitió a trámite.
17. Sentencia. Seguida su tramitación, el referido tribunal en sesión de doce de febrero de dos mil veintiséis, determinó revocar el acuerdo recurrido y, en cuanto a la procedencia del recurso de queja, señaló lo siguiente:
“(...)
1. CUARTO. Procedencia. El recurso de queja es procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, toda vez que la quejosa controvierte el acuerdo de veinticuatro de diciembre de dos mil veinticinco, en el que la Jueza de Distrito reservó el trámite de la ampliación de demanda hasta en tanto la autoridad responsable rindiera informe justificado.
A efecto de sustentar lo anterior, es importante citar el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo:
“Recurso de Queja
(...)
ARTÍCULO 97. El recurso de queja procede:
I. En amparo indirecto, contra las siguientes resoluciones:
(...)
e) Las que se dicten durante la tramitación del juicio, o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; así como las que con las mismas características se emitan después de dictada la sentencia en la audiencia constitucional; (...)”
Del precepto transcrito se desprende que el recurso de queja procede contra las resoluciones dictadas durante el trámite del juicio o después de concluido, que no admitan expresamente el recurso de revisión; y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva.
De este modo, la procedencia del recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo debe centrarse en verificar la existencia de una afectación trascendental y grave que la resolución impugnada pueda causar al recurrente en su carácter de parte en el juicio de amparo.
Al respecto, la omisión de proveer sobre la presentación de la ampliación de demanda, no puede considerarse una simple violación procesal que ocasiona una dilación al procedimiento, sino que se trata de una violación de imposible reparación, en tanto que constituye un retardo en la intervención del órgano jurisdiccional que implica incertidumbre jurídica sobre la procedencia de la pretensión del actor, ante la negativa implícita de examinar un asunto que fue sometido a su potestad.
Lo anterior se traduce en una vulneración al derecho fundamental de acceso a la justicia y a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en el artículo 17 constitucional.
Por tanto, el juzgador está obligado a acordar la ampliación de la demanda presentada por el quejoso, independientemente si la admite o la desecha, a fin de garantizar el acceso a la justicia completa, pronta e imparcial, así como las formalidades que rigen el juicio de amparo y el correcto despacho de los asuntos.
Sirve de apoyo por analogía la jurisprudencia 1a./J. 178/2025 de texto y rubro siguiente:
“REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE CUANDO SE OMITE ACORDAR UNA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA.” (Se transcribe).
(...)”.
[Lo destacado es de origen]
B. Criterio emitido por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de reclamación 12/2026.
18. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veinticinco de noviembre de dos mil veinticinco, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, una persona física por propio derecho promovió juicio de amparo en el que demandó del Titular de la Dirección General de Acreditación, Certificación y Revalidación de la Secretaría de Educación Pública, lo siguiente:
“La falta de contestación a mi escrito que fue depositado el 09 de Octubre de 2025, con el número de guía RA048987115MX y que fue recibido el 21 de Octubre de 2025, de acuerdo a la información pública, que es un hecho notorio para el juzgado de Distrito, en la página oficial de correos de México, que es https://www.correosdemexico.gob.mx/sslservicios/seguimientoenvio/seguimiento.aspx.
(...)”
19. Trámite del juicio. Correspondió conocer de la demanda al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, cuyo titular en acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil veinticinco, la radicó con el número de expediente 2039/2025 y la admitió a trámite.
20. Ampliación de demanda. Por escrito recibido el veintitrés de diciembre de dos mil veinticinco, la parte quejosa amplió su demanda de amparo, por lo que en auto de esa misma fecha el juzgado de origen reservó acordar lo conducente hasta en tanto se tuviera por rendido el informe justificado solicitado a la autoridad señalada como responsable, o de ser el caso, feneciera el término que le fue otorgado.
21. Recurso de queja. Inconforme con esa decisión, la parte quejosa interpuso recurso de queja del que correspondió conocer al Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuya presidencia por acuerdo de diez de febrero de dos mil veintiséis lo registró con el número de expediente 57/2026 y determinó desecharlo por notoriamente improcedente.
22. Recurso de reclamación. Inconforme con la anterior determinación, la parte quejosa interpuso recurso de reclamación del que conoció el referido tribunal, quien en acuerdo de presidencia de veinte de febrero de dos mil veintiséis lo registró con el número de expediente 12/2026 y lo admitió a trámite.
23. Sentencia. Seguida su tramitación, dicho tribunal en sesión de cinco de marzo de dos mil veintiséis, resolvió procedente pero infundado el recurso de reclamación y confirmó el auto recurrido con sustento en las consideraciones siguientes:
“(...)
SEXTO. Estudio. En el agravio que formula la recurrente sostiene, en esencia, que el auto recurrido es ilegal porque la presidencia de este tribunal colegiado omitió analizar integralmente la hipótesis de procedencia del recurso de queja prevista en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, limitándose a examinar únicamente el supuesto contenido en el inciso e) del citado precepto.
11. Afirma que el citado inciso a) debe interpretarse conforme al derecho fundamental de tutela judicial efectiva y al principio pro actione, pues diversos criterios jurisdiccionales han reconocido la procedencia del recurso de queja contra la omisión del juzgado de distrito de acordar sobre la admisión, prevención o desechamiento de la demanda de amparo, interpretación que, a su juicio, resulta aplicable también respecto de la ampliación de la demanda.
12. Sostiene que la reserva decretada por el juzgado federal constituye una omisión de proveer en términos de la Ley de Amparo, equivalente a un desechamiento tácito y temporal de la ampliación de demanda, al no existir disposición legal que autorice diferir su trámite hasta la rendición del informe justificado.
13. Para sustentar su postura invoca la tesis aislada XIX.1o.5 K (10a.),(4) relativa a la procedencia de la queja contra la omisión de acordar sobre la demanda de amparo, por entrañar una especie de desechamiento tácito o temporal; la jurisprudencia P./J. 2/2021 (10a.),(5) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre la procedencia de la queja contra la abstención de proveer sobre la suspensión; la tesis I.11o.A.1 K (11a.),(6) que admite la procedencia analógica de la queja frente a omisiones de proveer sobre la demanda; así como la jurisprudencia 2a./J. 102/2024 (11a.),(7) relativa a la procedencia de la queja contra la omisión de la autoridad laboral de tramitar y/o resolver incidentes de daños y perjuicios.
14. Argumenta que dichas interpretaciones obligan a reconocer que la omisión del juzgado de distrito de resolver sobre la ampliación de demanda constituye una inactividad contraria al deber jurídico de resolver, lo cual afecta directamente su derecho de acceso a la justicia pronta y completa previsto en el artículo 17 constitucional y en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
15. Por lo tanto, solicita se revoque el acuerdo recurrido y se admita a trámite el recurso de queja.
16. El agravio propuesto es infundado, como se verá enseguida.
17. En principio, contrariamente a lo afirmado por la recurrente, del acuerdo reclamado se advierte que la presidencia sí examinó la totalidad de las hipótesis normativas del artículo 97, fracción I, de la Ley de Amparo, precisando expresamente que el recurso de queja no se interpuso contra una determinación que admitiera, desechara o tuviera por no presentada la demanda de amparo o su ampliación, razón por la cual descartó la actualización del inciso a) del citado numeral, de ahí que no existe la omisión de estudio alegada por la persona recurrente.
18. Del mismo modo, se estima que tampoco asiste razón a la inconforme cuando sostiene que la reserva de proveer constituye una omisión en términos jurídicos, pues la omisión susceptible de impugnarse mediante recurso de queja presupone la existencia de una inactividad absoluta frente a un deber inmediato de resolver; esto es, la ausencia total de pronunciamiento por parte del órgano jurisdiccional pese a encontrarse obligado a emitirlo.
19. En el caso concreto ocurrió lo contrario, ya que el juzgado de distrito emitió un acuerdo expreso mediante el cual determinó reservar el pronunciamiento sobre la ampliación de demanda hasta en tanto la autoridad responsable rindiera su informe justificado o transcurriera el plazo legal para ello, decisión que constituye un acto procesal dirigido a ordenar la sustanciación del juicio constitucional, lo que no puede calificarse como omisión.
20. Tampoco asiste razón a la recurrente en cuanto a equiparar dicha determinación a un desechamiento tácito, debido a que el desechamiento implica una negativa definitiva o provisional respecto del ejercicio del derecho de acción, mientras que la reserva de proveer únicamente difiere el momento del análisis sin prejuzgar sobre su admisión, prevención o rechazo. De ahí que no exista afectación irreparable ni restricción definitiva al acceso a la jurisdicción constitucional.
21. Aunado a ello, los criterios invocados por la recurrente no conducen a una conclusión distinta, ya que las tesis XIX.1o.5 K (10a.) y la diversa I.11o.A.1 K (11a.) admiten la procedencia del recurso de queja cuando el juzgado de distrito omite acordar la demanda de amparo, esto es, cuando permanece inactivo sin emitir determinación alguna, lo cual no acontece en el presente asunto.
22. Por su parte, la jurisprudencia P./J. 2/2021 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación responde a un supuesto excepcional relacionado con la falta de pronunciamiento sobre la suspensión del acto reclamado, la cual exige una respuesta inmediata para preservar la materia del juicio; circunstancia que justificó una interpretación extensiva del medio de impugnación. Sin embargo, ese criterio no resulta aplicable al trámite de una ampliación de demanda cuya resolución puede válidamente diferirse dentro de la secuencia procesal del juicio sin generar una afectación irreparable.
23. Asimismo, la jurisprudencia 2a./J. 102/2024 (11a.) versa sobre omisiones en incidentes posteriores dentro del amparo directo, supuesto materialmente distinto al que aquí se examina.
24. En ese orden, la aplicación analógica del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo encuentra límites cuando existe una determinación jurisdiccional expresa, pues el principio pro actione no autoriza a desconocer la naturaleza excepcional de los medios de impugnación ni a ampliar sus hipótesis de procedencia cuando el legislador no las previó.
25. Además, el principio pro actione invocado por la recurrente no autoriza a ampliar ilimitadamente los supuestos de procedencia de los recursos previstos en la Ley de Amparo, pues dicho principio tiene como finalidad favorecer el acceso a la jurisdicción, mas no modificar la naturaleza excepcional del recurso de queja ni convertir en impugnables determinaciones de mero trámite que no generan perjuicio irreparable.
26. Incluso, para que el juzgador se encuentre en aptitud de conocer la cuestión de fondo planteada en el caso sometido a su potestad y pueda resolverla, determinando los efectos de dicha resolución, debe verificar los requisitos de procedencia, a falta de los cuales se actualiza la improcedencia de una acción, los cuales varían dependiendo de la vía que se ejerza y, en esencia, consisten en los elementos mínimos necesarios previstos en las leyes adjetivas que deben satisfacerse para la realización de la jurisdicción.
27. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 90/2017 (10a.),(8) sustentada por la extinta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguientes:
“DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN. (Se transcribe).
28. Por lo tanto, aun cuando la recurrente invoca el derecho fundamental de acceso a la justicia pronta y completa, así como el principio pro actione, a efecto de sostener la procedencia del recurso de queja; sin embargo, tales postulados no pueden entenderse en el sentido de tornar impugnable cualquier determinación de trámite adoptada por el órgano jurisdiccional durante la sustanciación del juicio de amparo, pues su finalidad consiste en garantizar el acceso efectivo a la jurisdicción y no en alterar el diseño normativo de los medios de impugnación previstos por el legislador.
29. La reserva de proveer decretada por el juzgado de distrito constituye una decisión de trámite procesal encaminada a ordenar la secuencia del procedimiento constitucional, sin que implique negativa definitiva, restricción al ejercicio del derecho de acción ni afectación irreparable a la esfera jurídica de la promovente, quien conserva incólume la posibilidad de obtener un pronunciamiento jurisdiccional respecto de la ampliación de demanda en el momento procesal oportuno.
30. De ahí que, como se dijo, estimar que dicha determinación actualiza una omisión equiparable a desechamiento implicaría desconocer las facultades de dirección procesal del juzgador natural y ampliar indebidamente los supuestos de procedencia del recurso de queja previstos en el artículo 97 de la Ley de Amparo, lo cual resultaría contrario a su naturaleza excepcional y al principio de seguridad jurídica que lo rige.
31. Por otro lado, no asiste razón a la recurrente cuando sostiene que la determinación del juzgado de distrito constituye una inactividad contraria al deber jurídico de resolver y que, por ende, vulnera su derecho de acceso a la justicia pronta y completa previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
32. Ello es así, por un lado, porque las determinaciones de las personas juzgadoras federales no vulneran derechos fundamentales y, por otra, porque el derecho fundamental de acceso a la justicia no implica la obligación de los órganos jurisdiccionales de resolver de manera inmediata cualquier promoción presentada por las partes, sino de emitir sus determinaciones dentro de un plazo razonable y conforme a las reglas que rigen el procedimiento respectivo.
33. En el caso, no se advierte una abstención injustificada del órgano jurisdiccional ni una paralización indebida del procedimiento constitucional, pues el juzgado de distrito emitió un pronunciamiento expreso mediante el cual explicó las razones procesales por las que reservó temporalmente el análisis de la ampliación de demanda, consistente en encontrarse transcurriendo el plazo otorgado a la autoridad responsable para rendir su informe justificado, circunstancia que forma parte de la secuencia ordinaria del juicio de amparo indirecto.
34. De esta manera, la reserva de proveer no constituye una inactividad en sentido jurídico, sino una determinación positiva de dirección procesal que busca preservar la adecuada integración de la litis constitucional, evitando pronunciamientos fragmentarios o prematuros respecto de actos reclamados o autoridades cuya definición puede verse influida por el contenido del informe justificado.
35. Por tanto, no se actualiza una afectación real o material al derecho de acceso a la justicia, ya que la promovente no fue privada del análisis de su ampliación de demanda ni se le impidió continuar participando en el procedimiento, sino únicamente se reservó su estudio a un momento procesal posterior, conservando incólume la posibilidad de obtener una decisión jurisdiccional fundada y motivada.
36. Asimismo, los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos garantizan el acceso a recursos sencillos y efectivos frente a violaciones de derechos humanos; sin embargo, tales disposiciones no exigen que toda decisión interlocutoria o de trámite sea susceptible de impugnación inmediata ni obligan a los Estados a ampliar ilimitadamente los medios de defensa previstos en su legislación procesal.
37. Consecuentemente, al no configurarse los supuestos previstos en la fracción I, incisos a) y e), en tanto que no se trata de un desechamiento de la demanda de amparo o su ampliación, que se tengan por no interpuestas o bien, de una omisión de proveer respecto de estas, correctamente la presidencia determinó que el recurso de queja era notoriamente improcedente, pues el juzgado federal únicamente reservó su pronunciamiento con la finalidad de que la autoridad rinda el informe con justificación o, en su defecto, transcurra el plazo para hacerlo, lo cual de modo alguno produce en contra de la persona justiciable consecuencias trascendentales o graves que puedan causarle perjuicio irreparable.
38. En mérito de lo hasta aquí expuesto, lo que en derecho procede es declarar infundado el recurso de reclamación.
(...).”
[Lo destacado es de origen]
V. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN
24. Por cuestión de orden, es necesario establecer si se configura la contradicción de criterios, en tanto que sólo bajo ese supuesto será posible efectuar el estudio relativo con el fin de determinar el criterio que, en su caso, deba prevalecer con carácter de jurisprudencia.
25. La divergencia de criterios existe cuando los órganos jurisdiccionales contendientes adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, con independencia de que las cuestiones fácticas que los rodeen no sean exactamente iguales.
26. Tal consideración se encuentra plasmada en la jurisprudencia P./J. 72/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, son los siguientes:
“CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan "tesis contradictorias", entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.", al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que "al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes" se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en "diferencias" fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una cont
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34190-612dbb93/recurso-de-queja-previsto-en-el-articulo-97 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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