RECURSO DE QUEJA EN AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE REQUIERE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA, BAJO APERCIBIMIENTO DE MULTA, CUANDO ÉSTA ALEGA QUE SE LE EXIGEN EFECTOS DISTINTOS O CUESTIONES NOVEDOSAS A LAS ORDENADAS EN EL FALLO PROTECTOR.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 189/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 6 DE AGOSTO DE 2026. UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS MAGISTRADAS MAYRA SANDOVAL MENDOZA, MÓNICA SALOMA PALACIOS Y VIRGINIA PÉTRIZ HERRERA. PONENTE: MÓNICA SALOMA PALACIOS. SECRETARIO: MARTÍN DANIEL BRITO MORENO.
El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión de seis de agosto de dos mil veintiséis emite la siguiente:
RESOLUCIÓN
1. Correspondiente a la contradicción de criterios 189/2025 suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos del Decimoquinto Circuito.
2. El problema jurídico a resolver por parte de este Pleno Regional consiste en determinar si existe la contradicción de criterios denunciada y, en su caso, establecer si procede el recurso de queja en términos del artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, contra el auto en el que el Juez de Distrito requiere a la autoridad responsable el cumplimiento de la sentencia y la apercibe con la imposición de multa, cuando se alega que dicho requerimiento exige efectos distintos a los ordenados en el fallo.
I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO
3. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio SRA/CGAJ/CA/2663/2025 de veintiocho de noviembre de dos mil veinticinco, el delegado del Municipio de San Pedro Garza García, del Estado de Nuevo León, denunció la posible contradicción entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, en el recurso de queja 150/2025, el Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, en los recursos de queja 167/2022 y 32/2023, y el Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, en el recurso de queja 50/2024.
4. Radicación del asunto. Por acuerdo de tres de diciembre de dos mil veinticinco, la Magistrada Presidenta de este Pleno Regional admitió a trámite la contradicción de criterios, registrándola con el expediente 189/2025.
5. Se requirió a los tribunales colegiados contendientes que informaran si los criterios en contradicción seguían vigentes o, en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.
6. Se solicitó al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el informe relativo a la existencia de alguna contradicción de criterios radicada ante el Alto Tribunal relacionada con el tema a dilucidar, consistente en: "determinar si procede el recurso de queja en términos del artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, contra el auto dictado por el juez de distrito en el que determinó que la autoridad responsable no dio cumplimiento a la sentencia protectora, la apercibe de multa y del trámite de inejecución respectivo ante el tribunal colegiado de circuito y le requiere su cumplimiento".
7. Se hizo constar que cualquier persona o institución podría formular su opinión respecto de la contradicción de mérito y se turnó el asunto a la ponencia de la Magistrada Virginia Pétriz Herrera, para la formulación del proyecto de resolución, sin perjuicio de que se proveyera sobre la conclusión del trámite e integración del expediente.
8. Memorándum. En auto de presidencia de treinta de enero de dos mil veintiséis, se tuvo por recibido el oficio firmado por la Subadministradora de Amparo e Instancias Judiciales, adscrita a la Administración Central de Amparo e Instancias Judiciales, de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, por medio del cual realizó las siguientes manifestaciones:
- Existe la contradicción de criterios y el punto de toque versa sobre la procedencia del recurso de queja, en términos del artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, contra el acuerdo emitido por el Juzgado de Distrito en el que declara que no se dio cumplimiento a la sentencia y se requiere bajo apercibimiento de multa e inicio del procedimiento de inejecución.
- Debe prevalecer el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, puesto que es improcedente el recurso de queja, ya que no se le impone a la autoridad responsable ninguna medida de apremio o sanción, sino que únicamente se le requiere para cumplir con la ejecutoria.
- El apercibimiento no implica que necesariamente la multa vaya a ser impuesta, e incluso, en los asuntos de los que derivaron los criterios contendientes no se hizo efectivo dicho apercibimiento.
- La prevalencia del criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito no deja en estado de indefensión a las autoridades, pues éstas podrán interponer el recurso de queja en caso de que se les imponga la multa.
9. Informe de tribunal colegiado. Mediante proveído de presidencia de nueve de marzo de dos mil veintiséis, se tuvo por recibido el oficio proveniente del Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, a través del cual informó que el criterio sustentado en el recurso de queja 50/2024 continuaba vigente.
10. Informe de tribunal colegiado. Por acuerdo de presidencia de trece de marzo de dos mil veintiséis, se tuvo por recibido el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, a través del cual informó que el criterio sustentado en los recursos de queja 167/2022 y 32/2023 continuaba vigente.
11. Informe de la Dirección General de Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En auto de presidencia de veinte de marzo de dos mil veintiséis, se tuvo por recibido el oficio remitido por el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que hizo del conocimiento que en el Máximo Tribunal no se encontraba radicada alguna contradicción de criterios relacionada con la temática de este asunto.
12. Confirmación de turno. Mediante proveído de presidencia de veinticinco de marzo de dos mil veintiséis, se tuvo por debidamente integrada la contradicción de criterios y, en consecuencia, se confirmó el turno del asunto a la ponencia de la Magistrada Virginia Pétriz Herrera, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
13. Informe de tribunal colegiado. Por acuerdo de presidencia de veintiséis de marzo de dos mil veintiséis, se tuvo por recibido el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, a través del cual informó que el criterio sustentado en el recurso de queja 150/2025 continuaba vigente.
14. Sesión. El trece de abril de dos mil veintiséis, el asunto fue listado para sesión de veintitrés de abril siguiente, en la que se determinó dejarlo en lista.
15. Sesión. El once de mayo de dos mil veintiséis, el asunto fue listado para sesión de veintiuno de mayo siguiente, en la que se determinó retirarlo.
16. Amicus curiae. En auto de presidencia de dieciocho de junio de dos mil veintiséis, se tuvo por recibido el oficio firmado por la Directora General de Amparos contra Actos Administrativos, de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos, de la Procuraduría Fiscal de la Federación, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual realizó las siguientes manifestaciones en calidad de amicus curiae:
- Sostiene que es inexistente la contradicción de criterios planteada, en virtud de que si bien existe un ejercicio interpretativo, lo cierto es que no existe un punto de toque, al haberse abordado el análisis de los expedientes bajo elementos, consideraciones y aspectos legales diversos.
- Expone las particularidades de cada asunto e indica que ante las diferencias temáticas no es posible emitir un criterio jurisprudencial que los unifique, pues existen discrepancias medulares que generaron estudios desde diversos enfoques conforme a las circunstancias específicas de cada expediente.
- Explica que no es lo mismo analizar la interposición de un recurso de queja en el que se impugna el cumplimiento de la sentencia al haberse introducido cuestiones novedosas y uno diverso que se interpone en función de la naturaleza del derecho de petición que incluye libertad de jurisdicción.
- Menciona que de estimar que existe punto de toque, sería tanto como considerar que el recurso de queja está en función única y exclusivamente de la imposición de multas, lo cual no es así, dado que en dos de los criterios contendientes la imposición de una multa no constituyó el motivo de interposición de dicho recurso.
- Afirma que de calificarse existente la contradicción de criterios, debe prevalecer el criterio sustentado por los Tribunales Colegiados del Decimoquinto Circuito, relativo a que resulta procedente el recurso de queja en términos del artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, contra el requerimiento del cumplimiento de ejecutoria, al actualizarse un daño grave y trascendente que no admite recurso de revisión, porque:
a) Se requiere sobre cuestiones novedosas que no formaron parte de los efectos otorgados en la sentencia.
b) Se requiere el cumplimiento de los asuntos que versan sobre un derecho de petición y el juez determina que no se encuentra cumplida la sentencia dado que el requerimiento versa sobre la legalidad de la respuesta.
c) Respecto a los efectos novedosos, no se verificó ni cercioró que la autoridad tenga facultades para cumplirlos, en términos de lo dispuesto en el artículo 192, tercer párrafo, de la Ley de Amparo.
- Dice que los acuerdos recurridos cumplen los requisitos del artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, dado que son proveídos dictados con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional y porque en su contra no procede el recurso de revisión a que se refiere el artículo 81 de la ley de la materia.
- Añade que los proveídos revisten una naturaleza trascendental y grave, dado que la persona juzgadora determina tener por no cumplida la ejecutoria de amparo y requiere nuevamente el cumplimiento con efectos diversos a los establecidos en la sentencia, con la consecuente probabilidad de hacer efectiva la multa y de enviar el expediente al Tribunal Colegiado para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación del cargo del servidor público que figura como autoridad responsable.
- Indica que la naturaleza trascendental y grave de las determinaciones recurridas no siempre se actualiza hasta que se impone la multa, sino que es suficiente la existencia de una mera probabilidad de que puedan causar un perjuicio; de ahí que deba ser procedente el recurso a fin de evitar la materialización del daño.
- Refiere que considerar lo contrario haría nugatorio el derecho de seguridad jurídica de las autoridades y las obligaría a cumplir efectos novedosos no establecidos en la ejecutoria o incluso permitir que los juzgadores califiquen la legalidad de una respuesta en un derecho de petición, sin dar la oportunidad de verificar si ello es correcto o no.
- Explica que sería aún más gravoso y trascendental el hecho de que el juzgador, dentro de la libertad para requerir el cumplimiento, pueda imponer multa tras multa al considerar que no se encuentra cumplida una sentencia, por lo que resultaría ilógico que tuviera que esperar al incidente de inejecución para poder impugnar el supuesto incumplimiento o la interposición de multas.
- Menciona que la litis no puede verse de manera aislada y menos aún solo en función de las posibles multas o el envío del asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la luz del incidente de inejecución.
- Considera que por equilibrio y equidad procesal, las autoridades también tienen el derecho a demostrar la ilegalidad de los acuerdos donde estiman que incorrectamente se analizaron sus constancias de cumplimiento y se tuvo por no cumplida la sentencia, sin tener que esperar a que se tramite el incidente de inejecución de sentencia, porque para llegar a esa instancia ya se habría materializado el perjuicio.
- Concluye que estimar lo contrario sentaría precedente respecto a que es correcto que el juez pueda variar los efectos del amparo concedido, incluyendo aspectos novedosos.
17. Sesión. El ocho de junio de dos mil veintiséis, el asunto fue listado para sesión de diecinueve de junio siguiente, en la que se determinó returnarlo.
18. Returno. Mediante proveído de uno de julio de dos mil veintiséis, se returnó el presente asunto a la ponencia de la Magistrada Mónica Saloma Palacios, para la formulación del proyecto de resolución.
19. Amicus curiae. En auto de presidencia de seis de agosto de dos mil veintiséis, se tuvo por recibido el oficio firmado por el Subprocurador Fiscal Federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual realizó las siguientes manifestaciones en calidad de amicus curiae:
- Refiere que el requisito de irreparabilidad, como elemento para la procedencia del recurso de queja, implica que el propio juez que emite el auto recurrido deba estar en posibilidad de reparar la afectación que se alega o que, aun pudiendo pronunciarse al respecto, no subsane los perjuicios que se hayan producido.
- Señala que la determinación del juez mediante la cual exige el cumplimiento de un fallo con efectos distintos de los ordenados en este no es susceptible de ser reparada, pues dicho juzgador no puede revocar sus propias determinaciones.
- Explica que la procedencia del recurso de queja debe determinarse en función del contenido del auto y que, en el caso, al requerirse o vincularse al cumplimiento de un fallo exigiendo efectos distintos de los ordenados en este, sí se causa una afectación trascendental y grave.
- Menciona que con el recurso de queja se pretende lograr un perfeccionamiento del trámite del juicio de amparo, tanto en sus aspectos procesales como extraprocesales, a fin de otorgar celeridad, certeza y seguridad jurídica a las partes.
- Afirma que el requerimiento de cumplimiento constituye el primer acto jurisdiccional de ejecución con contenido interpretativo, ya que la sentencia de amparo fija los efectos de la concesión y, mediante dicho requerimiento, esos efectos se individualizan frente a las circunstancias específicas del caso.
- Sostiene que, ante las manifestaciones de la autoridad responsable, el pronunciamiento que realice el juzgador no tiene por objeto analizar la legalidad de su propio requerimiento, el cual puede subsistir de manera indefinida, por lo que el recurso de queja constituye el medio idóneo para impugnarlo.
- Indica que la procedencia del recurso no puede quedar condicionada a que el juzgador imponga una multa para poder cuestionar la legalidad del requerimiento, pues, de ser así, se llegaría al extremo de que las autoridades responsables tuvieran que esperar hasta que se hiciera efectivo el apercibimiento para poder impugnar el auto.
- Añade que el hecho de que proceda el recurso de queja en contra del auto que impone una multa no conlleva que desaparezca la irreparabilidad o que esta pueda repararse de forma integral, pues lo que se impugna es el requerimiento ilegal con efectos no establecidos en la sentencia.
- Explica que el objeto del incidente innominado previsto en el párrafo cuarto del artículo 193 de la Ley de Amparo solo se actualiza cuando entre los efectos de la concesión del amparo se encuentra el pago de una cantidad líquida, por lo que dicho incidente no resulta idóneo para impugnar la legalidad del auto.
- Colige que el incidente innominado no constituye un medio de impugnación.
II. COMPETENCIA
20. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, párrafos primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 38, 39, fracción I, y décimo noveno transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los numerales 6, fracción I, 7, 9, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, 1, fracción I, punto 2, y 2 del diverso Acuerdo General 108/2022 relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro–Norte y Centro–Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, en relación con lo establecido en el Acuerdo General 38/2023 por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio, y el diverso 1/2024 que reforma el similar 67/2022, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales.
21. Se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por tribunales colegiados pertenecientes a los Circuitos Cuarto y Decimoquinto, correspondientes a la Región Centro-Norte.
22. Además, se advierte que el tema planteado se encuentra relacionado con la materia común, siendo que el primero de los criterios en contienda fue emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, al resolver el recurso de queja 167/2022 el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, el cual versó sobre un asunto de naturaleza administrativa, por lo que corresponde conocer de la contradicción a este Pleno Regional al ejercer jurisdicción por territorio y materia sobre dicho órgano colegiado, en términos del artículo 14, fracción I, segundo párrafo, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.(1)
III. LEGITIMACIÓN
23. La contradicción de criterios se denunció por parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al ser formulada por la autoridad recurrente en el recurso de queja del que derivó uno de los criterios en contienda, esto es, el recurso de queja 150/2025 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
24. Previo a determinar si existe o no la contradicción de criterios denunciada, se estima necesario precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones que sustentaron los tribunales colegiados para emitirlos.
• Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, en el recurso de queja 150/2025.
25. Demanda de amparo. Dos personas físicas, por su propio derecho, promovieron juicio de amparo indirecto contra las autoridades y los actos siguientes:
"III.- AUTORIDADES RESPONSABLES:
1.- El H. Congreso del Estado de Nuevo León; 2.- El Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo [sic]; 3.- El C Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León; 4.- El C. Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León.
IV.- LEY Y ACTO QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA:
1.-Del H. Congreso del Estado de Nuevo León: La aprobación y expedición de los decretos en los cuales se contiene lo siguiente:
a) E artículo 21 bis-8 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León vigente en 2023.
2.- Del Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León: La promulgación y orden de publicación del artículo mencionado en el inciso a) del apartado relativo a los actos atribuidos al H. Congreso del Estado en esta demanda.
3.- Del Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León y del Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León se reclama, la aplicación de los actos reclamados en el inciso a) del apartado relativo a los actos atribuidos al H. Congreso del Estado en esta demanda. Así como la cuantificación, la determinación en cantidad líquida, cobro y recepción de pago del impuesto predial, por el inmueble descrito en el Hecho 1 de esta demanda, por los expedientes catastrales y montos que se precisan a continuación:
(...)."
26. Admisión. De la demanda correspondió conocer al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, el cual la admitió bajo el expediente 123/2023, requirió a las autoridades responsables para que rindieran su informe justificado y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional.
27. Audiencia. Seguido el trámite de ley, el Juez de Distrito celebró la audiencia constitucional y reservó los autos para el dictado de sentencia.
28. Remisión a órgano auxiliar. Con motivo del oficio SECNO/STCCNO/726/2023, el asunto fue remitido al Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, para el apoyo en el dictado de la resolución.
29. Sentencia. Derivado de lo anterior, el Juez auxiliar dictó sentencia en la que, por una parte, sobreseyó en el juicio y, por otra, concedió el amparo solicitado para los siguientes efectos:
"Por tanto, la concesión, se decreta para los siguientes efectos:
• Es inconstitucional el precepto impugnado en relación con la parte quejosa, de tal manera que el segundo párrafo del artículo 21 bis-8 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, no debe aplicársele de nueva cuenta.
Atendiendo a que impugna en forma concreta el acto de aplicación del segundo párrafo del artículo 21 bis-8 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, se deberá:
• Devolver el excedente derivado de la doble tributación respecto del primer a sexto bimestre del ejercicio fiscal 2023, pues le fue aplicada una doble tasa.
En el entendido que la cantidad a devolver por tales conceptos deberá devolverse debidamente actualizada de conformidad con la jurisprudencia 13/2008 de la Segunda Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación y que es del título siguiente:
‘LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO FEDERAL).’
Sin que pase desapercibido, que el presente juicio de amparo se sobreseyó respecto de la (3) Secretaria de Finanzas y Tesorera y (4) Directora de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería, ambos del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, pues corresponde a dichas autoridades hacer la devolución del pago referido, toda vez que las autoridades en razón de sus funciones, están obligadas a realizar dentro de los límites de su competencia, los actos necesarios para el acatamiento integral de una sentencia de amparo.
(...)."
30. Recurso de revisión. En contra de lo anterior, la autoridad responsable interpuso recurso de revisión, del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, bajo el expediente 812/2023, mediante el cual se confirmó la sentencia recurrida.
31. Requerimiento. Posteriormente, el Juez del conocimiento requirió a las autoridades responsables para que, en el término de tres días, dieran cumplimiento a la ejecutoria de amparo.
32. Desahogo. Tras diversas actuaciones, las autoridades responsables remitieron las constancias con las cuales pretendían justificar que habían dado cumplimiento a la sentencia, por lo que el Juez de Distrito dio vista a los quejosos.
33. Se tiene por no cumplida y se requiere. Seguido el trámite de ley, el Juez de amparo procedió a pronunciarse sobre el cumplimiento en los siguientes términos:
"En concordancia con las constancias que obran en autos y los efectos para los que se concedió el amparo, revela que la ejecutoria de amparo no se encuentra debidamente cumplida, esto es, las autoridades responsables efectivamente se encuentran obligadas a devolver las cantidades pagadas en exceso, con su respectiva actualización e intereses.
Para lo anterior, se toma en consideración la jurisprudencia 2a/J. 137/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente:
‘LEYES TRIBUTARIAS. LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS, DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS, COMO EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, NO COMPRENDE EL PAGO DE INTERESES INDEMNIZATORIOS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL ABROGADO). [Se transcribe]’.
Del criterio trascrito, se advierte que la Segunda Sala estableció que procede el pago de intereses con fundamento en la legislación aplicable en cada caso.
En ese sentido, se trae a la vista el artículo 23 del Código Fiscal del Estado, que en lo que aquí interesa, establece:
[Se transcribe]
Dicho numeral precisa que las autoridades fiscales están obligadas a devolver las cantidades pagadas indebidamente, y que el contribuyente puede tener derecho al pago de intereses sobre las cantidades actualizadas que se hayan pagado indebidamente y a partir de que se efectuó el pago.
En ese sentido, si en el caso se acreditó el pagó en exceso del impuesto predial, no solo se debe devolver dicho excedente con su respectiva actualización, sino correspondientes.
Requerimiento. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, para que en el término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, acrediten el cumplimiento a la sentencia de amparo, únicamente para el efecto precisado en el sentido de devolver el excedente derivado de la doble tributación respecto del primer a sexto bimestre del ejercicio fiscal 2023, conforme a la jurisprudencia 13/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con su actualización e intereses correspondientes.
Apercibimiento. Se apercibe a las autoridades responsables que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, sin causa justificada, se entenderá como un desacato a la ejecutoria de amparo y a su vez, se les impondrá una de cien a mil veces la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo establecido en los numerales 192, 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo.
(...)."
34. Recurso de queja. Inconforme con esa determinación, la autoridad responsable interpuso recurso de queja, del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, bajo el expediente 150/2025.
35. Resolución. En sesión de seis de noviembre de dos mil veinticinco, el tribunal colegiado desechó el recurso de queja, con base en las siguientes consideraciones:
"II.- Procedencia del recurso
El presente recurso es improcedente en los términos del inciso e), fracción I del artículo 97 de la Ley de Amparo.
En el auto recurrido se estableció que se concedió el amparo para que se devolviera el excedente del pago de predial, lo que se confirmó en el recurso de revisión 812/2023, y que si bien la responsable entregó una cantidad de dinero actualizada al quejoso, lo cierto era que omitió pagarle los intereses.
Por lo tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, le requirió al municipio responsable cumplir con la sentencia de amparo, devolviendo el excedente de lo pagado por impuesto predial con intereses.
Apercibido que, de no hacerlo, se entendería como desacato y se le impondría una multa.
En esas condiciones, el requerimiento contenido en el auto recurrido no causa perjuicio al municipio recurrente, puesto que no le impone ninguna medida de apremio o sanción como la multa, sino que apenas es el requerimiento de cumplir la ejecutoria.
Y hacer efectivo el apercibimiento de multa depende tanto de la conducta que adopte como del ejercicio de facultades del juzgado de distrito de imponer o no la multa según el caso.
Por lo que, no es un acto definitivo, pues no modifica, restringe ni nulifica algún derecho del municipio requerido, solamente es un requerimiento de cumplimiento con apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se impondrá determinada consecuencia.
Por tanto, no se actualiza el supuesto de procedencia del artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, ‘e) Las que se dicten durante la tramitación del juicio, o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; así como las que con las mismas características se emitan después de dictada la sentencia en la audiencia constitucional;’ puesto que es un acto que no causa perjuicio actual, trascendental ni grave, y es precisamente lo que exige esa disposición legal para que resulte procedente el recurso.
Es orientadora para esa conclusión, la tesis aislada de diverso tribunal colegiado con registro 188125, que se comparte, en la que se establece que el recurso de queja no procede contra el auto que formula un requerimiento con apercibimiento de imponer sanciones, dado que no es un acto definitivo:
QUEJA. LOS AUTOS EN QUE UN JUEZ DE DISTRITO FORMULE REQUERIMIENTOS, AUN CUANDO ÉSTOS SE EFECTÚEN CON APERCIBIMIENTO DE IMPONER SANCIONES, NO SON RECURRIBLES MEDIANTE ESTE RECURSO, POR CARECER DE DEFINITIVIDAD. [Se transcribe]
Sirven de sustento para resolv
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34333-dadb8af8/recurso-de-queja-en-amparo-indirecto-es-improcedente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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