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Modo: Corpus Pro

MULTA IMPUESTA COMO CORRECTIVO DISCIPLINARIO EN EL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL. PREVIO A PROMOVER EL AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA NO ES NECESARIO AGOTAR ALGÚN MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN LA LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL, YA QUE LA LEGISLACIÓN MERCANTIL ESTABLECE SU PROPIO SISTEMA DE RECURSOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 9/2026. · Registro digital (IUS): 34019
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-05-22
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO SEGUNDO Y NOVENO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Duodécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Mayo de 2026, Tomo III, Volumen 1, Pág.453.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 9/2026. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO SEGUNDO Y NOVENO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 18 DE MARZO DE 2026. MAYORÍA DE VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS DIANA ELDA PÉREZ MEDINA Y JORGE ALBERTO ORANTES LÓPEZ. DISIDENTE: MAGISTRADA MARIANA FLORES VEGA. PONENTE: DIANA ELDA PÉREZ MEDINA. SECRETARIA: AURI GABRIELA CAUICH VÁZQUEZ.

Ciudad de México. Sentencia del Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión de dieciocho de marzo de dos mil veintiséis.

VISTOS;

Y

RESULTANDO:

Primero. Denuncia de la posible contradicción de criterios ante este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. Mediante escrito presentado de manera electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, recibido en la oficialía de partes de este órgano colegiado el veintiuno de enero de dos mil veintiséis, una persona física denunció la posible contradicción de criterios suscitada entre el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 215/2023, y el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 214/2025.

Segundo. Radicación y trámite de la denuncia. Mediante proveído de veintisiete de enero de dos mil veintiséis, el Magistrado Presidente de este Pleno Regional ordenó formar el expediente de contradicción al que correspondió el número 9/2026 y la admitió a trámite.

En ese mismo proveído, se turnaron los autos para su estudio a la ponencia de la Magistrada Diana Elda Pérez Medina y se solicitó a los tribunales colegiados contendientes que informaran si los criterios que motivaron la posible contradicción, aún se encontraban vigentes o, en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.

De igual forma, se solicitó a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el informe relativo a la existencia de alguna contradicción de criterios radicada en el Alto Tribunal en la que el tema a dilucidar guardara relación con el siguiente:

“Determinar si, en un juicio ordinario mercantil, al imponerse a una de las partes una corrección disciplinaria, como lo es la multa, previo al juicio de amparo se debe interponer el recurso ordinario de defensa, de manera supletoria al Código de Comercio, el previsto en el artículo 56 del Código Federal de Procedimientos Civiles, o bien, no se requiere agotar el principio de definitividad en razón de que el legislador no consideró pertinente establecerlo.”

Tercero. Informes de los órganos jurisdiccionales contendientes. Por acuerdo de diez de febrero del año en curso, se tuvieron por recibidos los informes de los tribunales colegiados contendientes, a través de los cuales hicieron del conocimiento de este Pleno Regional que los criterios en cuestión continuaban vigentes.

Cuarto. Informe de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mediante auto de diecisiete de febrero de dos mil veintiséis, se tuvo por recibido el oficio proveniente de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que informó a este Pleno Regional que, durante los últimos tres meses no se encontró radicada alguna contradicción en la que el tema a dilucidar guardara relación con el establecido en el presente asunto.

Quinto. Confirmación de turno. Una vez integrado debidamente el expediente, por acuerdo de cinco de marzo de dos mil veintiséis, se confirmó el turno a la ponencia de la Magistrada Diana Elda Pérez Medina, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente; y

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Competencia. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver de la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro; así como los diversos 6, fracción II, 8 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; en relación con el 1°, fracción II, punto 2, y 2 del diverso Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales (reformados mediante Acuerdo General 38/2023, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia, domicilio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés); normatividad que continúa vigente en términos del transitorio Décimo Noveno de la ley orgánica aludida, el cual se transcribe para pronta referencia:

“Décimo Noveno.- Los Acuerdos Generales emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal continuarán vigentes en todo lo que no se oponga a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la presente Ley hasta en tanto el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial emitan sus propios Acuerdos”.

Luego, si la presente contradicción de criterios se suscita entre tribunales colegiados especializados en materia civil, pertenecientes al Primer Circuito, ambos comprendidos en la Región Centro-Sur, materia y región respecto de las cuales este Pleno Regional ejerce jurisdicción; como se adelantó, este órgano colegiado es competente para conocer y resolver del asunto.

SEGUNDO. Legitimación. De conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, la denuncia de contradicción de criterios se formuló por parte legitimada, al ser denunciada por la persona quejosa en el juicio de amparo indirecto 488/2025-III, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México y, recurrente en el amparo en revisión 214/2025, del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, criterio contendiente en la presente contradicción.

TERCERO. Criterios denunciados. A continuación se transcriben, en la parte que interesa a este asunto, los criterios de los tribunales colegiados de circuito denunciados como contradictorios.

A. Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (recurso de queja 215/2023).

Antecedentes

• Una persona física, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la resolución de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el juicio ordinario mercantil ********, del índice del Juzgado Cuadragésimo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, por medio de la cual se impuso una corrección disciplinaria consistente en una multa.

• Por razón de turno, correspondió conocer al Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, el cual registró la demanda con el número 561/2023; y por auto de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, la desechó de plano.

• Inconforme con la anterior determinación, la persona quejosa interpuso recurso de queja, por razón de turno fue remitido al Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y quedó registrado con el número 215/2023.

• En sesión de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, el referido tribunal colegiado declaró fundado dicho medio de impugnación.

Determinación que, en lo que interesa, se sustentó en las siguientes consideraciones:

“(...)

QUINTO. Estudio de la litis. Ésta consiste en dilucidar si, a la luz del agravio hecho valer por el inconforme, fue correcto o no que el juez de Distrito desechara la demanda de amparo indirecto, por las razones ya expuestas.

(...)

Ahora bien, atento a la causa de pedir, es esencialmente fundado el argumento del recurrente en el que expone que el artículo 63 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), es inaplicable al caso concreto.

En primer término, se precisa que el acto reclamado consiste en la resolución de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el juicio ordinario mercantil ********, del índice del Juzgado Cuadragésimo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, promovido por **** ** ********, Sociedad Anónima Simplificada, en contra de ************ ********** ********* ********, Sociedad Anónima de Capital Variable, en la que el juez responsable le impuso al quejoso, en su calidad de apoderado de la parte actora, una corrección disciplinaria consistente en una multa por la cantidad de $********* ******** *** ***** ****** ****** *********, por una supuesta falta de respeto al juez civil.

De la citada resolución, la cual fue exhibida por el propio quejoso, anexa a su demanda de amparo, se advierte lo siguiente:

‘(se transcribe)’

Del acta de la audiencia relativa a la junta de peritos transcrita, destacan los siguientes puntos:

1.- Una vez iniciada, justo cuando la demandada formulaba preguntas al perito de la actora, el secretario de acuerdos del juzgado civil certificó que el juez natural ordenó que el apoderado de la parte actora, aquí quejoso, fuera retirado de la audiencia.

2.- El motivo consistió en haberse ido a la secretaría de acuerdos ‘B’ de ese juzgado, para solicitar ‘un código’ y consultarlo, por lo que se le indicó que debía retirarse, a lo que el justiciable manifestó: ‘... SE ESTÁ FAVORECIENDO A LA PARTE DEMANDADA ...’

3.- Al respecto, el juez natural acordó que, toda vez que el apoderado de la actora había estado inquieto durante toda la audiencia, ‘paseándose’ a lo largo y ancho del juzgado, incluso asomándose a su privado sin que éste hubiera estado presente ni le hubiera dado autorización para ello, además de que en diligencias anteriores ya había quedado verbalmente apercibido el quejoso para que se comportara y respetara el recinto judicial en el cual se estaba llevando a cabo dicha audiencia; luego, al haber interrumpido y faltado al respeto al juez civil, se le impuso al apoderado de la parte actora una multa por la cantidad de treinta mil pesos.

4.- Acto seguido, se le exhortó al justiciable para que se retirara, lo cual hizo voluntariamente.

5.- Afirmó el juez natural que todo lo anterior se podía comprobar con la certificación del secretario y con los videos de cámaras de seguridad del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Acto seguido, continuó con el desahogo de la prueba pericial de mérito.

Ahora bien, se reitera que el juez de Distrito expuso en el auto recurrido que el quejoso no agotó el medio de defensa ordinario previsto en el artículo 63 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), previo a acudir al amparo, atento al principio de definitividad, por lo que consideró que se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo.

Pues bien, en el citado artículo 63 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), se establece que dentro de los tres días de haberse hecho saber una corrección disciplinaria a la persona a quien se le impuso, ésta podrá pedir al juez o magistrado que la oiga en justicia; y se citará para la audiencia dentro del tercer día, en la que se resolverá sin ulterior recurso.

El juez federal precisó que dicho medio de defensa es aplicable al caso concreto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1054 del Código de Comercio, el cual establece que los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones del Libro Quinto del citado código, intitulado ‘De los Juicios Mercantiles’, y que se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles y, en caso de que no regule suficientemente la institución cuya supletoriedad se requiera, la ley de procedimientos local respectiva, que en el caso sería el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México).

Sin embargo, dicha apreciación resulta inexacta, pues en materia de recursos el Código de Comercio, no requiere de la supletoriedad del código adjetivo civil local, al contener aquél un sistema completo de medios ordinarios de defensa, a los cuales deben concretarse las contiendas de naturaleza mercantil.

Robustece lo anterior, la jurisprudencia 816, emitida por la entonces Tercera Sala del Máximo Tribunal del País, la cual no se opone a la vigente Ley de Amparo, en términos de su artículo Sexto Transitorio, de rubro y texto siguientes:

‘RECURSOS EN MATERIA MERCANTIL. (se transcribe)’.

Dicho criterio ha sido reiterado en diversas tesis emitidas por órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación.

Tal postura incluso ha sido sostenida en criterios judiciales relativos a materias distintas a la mercantil, pero que resultan aplicables al caso concreto, por analogía; verbigracia, lo previsto en la jurisprudencia 2a./J. 80/2004, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde expuso, esencialmente, que aun cuando la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas no establece un sistema de recursos para impugnar las providencias dictadas en el trámite de los juicios de nulidad seguidos ante las Salas del Supremo Tribunal de Justicia de esa entidad federativa, no es posible aplicar de manera supletoria el artículo 662 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, el cual contempla el recurso de reposición contra los autos dictados por los presidentes de las Salas de dicho tribunal.

Ello, en virtud de que, para que opere la supletoriedad de las normas se requiere que las materias o cuestiones procesales comprendidas en la ley que suple, se encuentren establecidas en principio en la ley suplida, aunque carentes de reglamentación o deficientemente reguladas; por tanto, como la referida Ley de Justicia Administrativa no establece ningún recurso en los juicios de nulidad, debe concluirse que son irrecurribles las resoluciones, tanto las sentencias, como los acuerdos de trámite dentro del mencionado juicio de nulidad.

Efectivamente, la supletoriedad sólo se aplica para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones en forma que se integre con principios generales contenidos en otras leyes.

Al respecto, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País expuso en la jurisprudencia 2a./J. 34/2013 (10a.), lo siguiente:

‘SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE. (se transcribe)’.

Del criterio judicial reproducido destacan los siguientes requisitos para que la figura de la supletoriedad opere:

a) El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos.

b) La ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente;

c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y,

d) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate.

Por tanto, contrario a lo considerado por el juez de Distrito en el auto recurrido, la supletoriedad a que se refiere el artículo 1054 del Código de Comercio parte del supuesto de que en la ley mercantil no se fijen todas las normas de una materia procesal, y entonces haya lugar a aplicar la ley de procedimientos civil federal, y en su defecto el ordenamiento procesal civil local para llenar su insuficiencia, pero si la ley mercantil no consigna un medio ordinario de defensa como el previsto en el artículo 63 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), no puede decirse que se esté ante una ‘insuficiencia’, sino que el legislador no consideró pertinente establecerlo, por lo que no procede, en ese caso, aplicar supletoriamente la ley procesal civil local, pues hacerlo equivaldría a convertirla en ley directa y principal.

En ese orden de ideas, no fue ajustado a derecho que el juez de Distrito considerara necesario haber agotado, previamente a acudir al amparo indirecto, el medio de defensa ordinario previsto en el artículo 63 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), de aplicación supletoria conforme al diverso 1054 del Código de Comercio; ello, toda vez que la persona a quien se le haya impuesto una corrección disciplinaria en un juicio ordinario mercantil, no puede pedir ser oído en justicia a efecto de que se confirme, atenúe o deje sin efecto la corrección.

Por lo anterior, le asiste razón al recurrente y se considera que en el caso no se está en el supuesto de que la causa de improcedencia invocada por el juez de distrito para desechar la demanda sea indudable y manifiesta, si el medio de defensa ordinario previsto en el artículo 63 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), en contra de la multa impuesta como corrección disciplinaria al quejoso no es aplicable al caso.

Consecuentemente, procede declarar fundado el recurso de queja, sin que sea el caso de que, conforme a lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley de Amparo, este Tribunal deba dictar el auto relativo; por tanto, el titular del juzgado de Distrito deberá proveer nuevamente sobre la demanda de amparo, a fin de que, en caso de que no advierta algún motivo distinto al analizado que se lo impida, la admita a trámite.

Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J.73/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto:

‘RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO QUE DESECHA UNA DEMANDA DE AMPARO. DE SER FUNDADO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE DEVOLVER LOS AUTOS AL JUEZ DE DISTRITO A EFECTO DE QUE SE PRONUNCIE SOBRE LA ADMISIÓN Y, EN SU CASO, SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR. (se transcribe)’.

Lo anterior, sin perjuicio de que durante la secuela procesal o al dictar sentencia, el resolutor de amparo advierta en forma indudable alguna causa de improcedencia.

(...)

Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 97, fracción I, inciso a), 101 y 103 de la Ley de Amparo, se:

R E S U E L V E:

ÚNICO. Es fundado el presente recurso de queja.

Notifíquese; (...).”

B. Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (amparo en revisión 214/2025).

Antecedentes

• Una persona física, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del auto de uno de abril de dos mil veinticinco, dictado en un juicio ordinario mercantil, en el que se impuso una multa como corrección disciplinaria.

Resolución que, en la parte que interesa, se transcribe: • Correspondió conocer al Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, cuyo titular registró la demanda con el número 488/2025-III; la admitió a trámite, solicitó los informes justificados, fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, y ordenó la apertura del incidente de suspensión.

• Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional y el veintiséis de junio de dos mil veinticinco se dictó la resolución correspondiente, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo.

• No conforme con la determinación que antecede, la persona quejosa interpuso recurso de revisión, mismo fue turnado al Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quedando registrado con el número 214/2025.

• En sesión de cuatro de diciembre de dos mil veinticinco, el tribunal del conocimiento confirmó la sentencia recurrida.

“(...)

QUINTO. Estudio de la legalidad de la sentencia recurrida

I. Planteamientos del recurrente

(...)

II. Calificación de las alegaciones propuestas en los agravios

Se estima que los agravios son por una parte inoperantes, y por otra, infundados, por ende, ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida.

III. Respuesta a los argumentos propuestos en los agravios

III.1 Postura de este órgano colegiado

(...)

Son infundados los restantes argumentos de agravio, ya que contrariamente a lo afirmado por el inconforme, es ajustado a derecho que el juez de Distrito resolviera sobreseer en el juicio de amparo, por considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues previo a acudir al juicio de garantías, el quejoso debió impugnar la multa que se le impuso como corrección disciplinaria, esto es, debió acudir ante el juzgador para ser oído en justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 del Código Federal de Procedimientos Civiles, con la finalidad de agotar el principio de definitividad, rector en el juicio de amparo.

III.2 Justificación

(...)

Se sostiene que son infundados los agravios sintetizados, por las siguientes consideraciones.

Previamente y con la finalidad de evidenciar que es ajustado a derecho lo considerado por el juez de Distrito en la sentencia recurrida, al sobreseer en el juicio de amparo, considerando actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, consistente en que previo a acudir al juicio de amparo, el justiciable debió impugnar el proveído reclamado mediante el medio de defensa previsto en el artículo 56 del Código Federal de Procedimientos Civiles, esto es, pedir ante el propio tribunal que lo oiga en justicia, conviene evidenciar los términos en que se emitió el acuerdo de uno de abril de dos mil veinticinco, que constituye el acto reclamado, que es como sigue:

‘Ciudad de México a uno de abril del dos mil veinticinco.

(...)

Como se aprecia de la reproducción del proveído reclamado, el juez responsable determinó imponer al promovente la corrección disciplinaria consistente en la multa que ahora reclama, dada su denostación al propio juzgador, fundando dicha determinación en el artículo 55 del Código Federal de Procedimientos Civiles, respecto de lo cual el juez de Distrito considera existía un medio impugnación consistente en acudir ante el juez responsable para ser oído en justicia, a través del cual dicha medida puede ser modificada, revocada o nulificada, resulta conveniente destacar lo dispuesto en los artículos 54 a 56 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que prevén

‘Artículo 54 (se transcribe)’

‘Artículo 55 (se transcribe)’

‘Artículo 56 (se transcribe)’

Del primero de los artículos transcritos, se advierte que establece como facultad del juez de la causa, para mantener el orden y exigir que las partes guarden el respeto y consideración correspondiente, corrigiendo las faltas cometidas, la imposición de una corrección disciplinaria, entre las que está contemplada la multa, prevista en el segundo de los preceptos legales transcritos.

En el último de los dispositivos transcritos, se prevé expresamente como forma de impugnar la medida respectiva, la petición del gobernado de ser oído en justicia, con la finalidad de ponderar la legalidad de la imposición de una multa, como corrección disciplinaria, así mismo (sic) establece que en contra de la determinación que tome el juzgador, no es procedente ningún tipo de recurso.

En ese sentido, debe entenderse que la audiencia contemplada por dicha norma, hace las veces de un medio ordinario de defensa, a través del cual la parte interesada puede lograr confirmar, modificar o revocar el acto consistente en la imposición de una multa como medida disciplinaria, para efectos de cumplir con el principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo indirecto.

De ahí que si en el Código Federal de Procedimientos Civiles, específicamente en sus artículos 54 a 56, se regula el procedimiento a seguir para la imposición de correcciones disciplinarias, y en el último de los dispositivos se prevé la forma de impugnación de una corrección disciplinaria, esto es, que a quien se le impuso podrá acudir ante el juzgador para que le oiga en justicia, quien resolverá lo conducente, ello implica que el justiciable contó con ese medio de defensa, que debió agotar previo a acudir al juicio de amparo.

Apoya a lo anterior en lo conducente, y por compartirse el criterio, la tesis I.3o.C.674 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, citada por el juez de Distrito en la sentencia recurrida, publicada en la página 1748, Tomo XXVII, marzo de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 170106, del tenor siguiente:

‘CORRECCIÓN DISCIPLINARIA. LA POSIBILIDAD DE SER OÍDO EN JUSTICIA CONSTITUYE UN MEDIO DE DEFENSA ORDINARIO QUE DEBE SER AGOTADO POR EL AFECTADO, PARTE MATERIAL, FORMAL O TERCERO, PARA CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (se transcribe)’.

Cabe destacar que resulta aplicable en lo conducente y por analogía la tesis transcrita, pues aun cuando en ella se interpreta el artículo 63 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, ya que prevé el procedimiento de que el corregido puede acudir ante el juzgador para ser oído en justicia, como medio de impugnación de la corrección disciplinaria, lo que de igual forma se prevé en el diverso artículo 56 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Sin que sea obstáculo de lo anterior que el artículo 63 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, contenga lo que el juzgador debe resolver respecto de la corrección disciplinaria al establecer:

‘Artículo 63 (se transcribe)’

Y a diferencia en el diverso artículo 56 no dispone qué es lo que debe resolver el juzgador, al establecer que dentro de los tres días de haberse hecho saber una corrección disciplinaria a la persona a quien se hubiere impuesto, podrá ésta pedir, ante el mismo tribunal, que la oiga en justicia. Recibida la petición, citará el tribunal, para dentro de los ocho días siguientes, a una audiencia, al interesado, en la que, después de escuchar lo que expusiere en su descargo, resolverá en el mismo acto, sin ulterior recurso.

Es así, pues lo previsto en el último de los dispositivos señalados en el sentido de que el juzgador, después de oír al interesado, resolverá en el mismo acto, implica que podrá resolver lo procedente, esto es, negar lo pedido o revocar la medida, sin que esto constituya una interpretación adicional como lo pretende el quejoso recurrente.

En tales condiciones, resulta infundado también que no sea aplicable el Código Federal de Procedimientos Civiles de manera supletoria en materia de recursos, al existir disposición expresa que establece que en contra de lo resuelto por el juzgador respecto de la corrección disciplinaria que se dicta en términos de los artículos 54 y 55 del citado código procesal civil federal, pues procede la petición de ser oído en justicia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de dicho ordenamiento legal, por lo que es inconcuso, que el quejoso recurrente debió agotar ese medio de defensa, previo a acudir al juicio de amparo, en observancia del principio de definitividad, rector en el juicio de garantías, dado que la multa impuesta se fundó en el multicitado artículo 55 de la legislación invocada.

En apoyo de lo anterior, se invoca la tesis P. CI/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 62, Tomo IV, Agosto de 1996, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 200068, que dice

‘CORRECCIONES DISCIPLINARIAS. EL ARTICULO 54 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES QUE LAS PREVIENE, NO VIOLA LA GARANTIA DE AUDIENCIA. (se transcribe)’.

IV. Conclusión

Ante lo ineficaz de los argumentos de agravio en estudio, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida.

Por lo expuesto y fundado en los artículos 73 a 77, 82, 92 a 93, 184 a 188 y 217 de la Ley de Amparo; 35, 36, 210 y 211, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,

S E R E S U E L V E:

PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida, emitida en el juicio de amparo indirecto 488/2025-III.

SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ****** ******* ******, por su propio derecho, contra los actos y autoridades precisadas en el resultando primero de esta ejecutoria, en los términos expuestos en la sentencia recurrida.

Notifíquese; (...).”

CUARTO. Existencia de la contradicción de criterios. Como punto de partida debe tenerse en cuenta que el objeto de resolución de una contradicción de criterios consiste en unificar aquellos a fin de procurar seguridad jurídica; por lo que para determinar si existe o no tal contienda será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados, con el objeto de identificar si en algún aspecto de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones, si no necesariamente contradictorias, sí distintas y discrepantes.

Sirve de apoyo la

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34019-23b46e85/multa-impuesta-como-correctivo-disciplinario-en-el-juicio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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