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Modo: Corpus Pro

ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO LO CONSTITUYE LA SUSPENSIÓN O RESTRICCIÓN DEL USO DE ÁREAS COMUNES O AMENIDADES POR PARTE DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DE UN CONDOMINIO PRIVADO, CUANDO DERIVA EXCLUSIVAMENTE DE LAS REGLAS DE ORGANIZACIÓN INTERNA DEL RÉGIMEN CONDOMINAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 60/2026. · Registro digital (IUS): 34393
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-11-13
Promovente: Entre los sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil, ambos del Sexto Circuito.
Localización: Duodécima Época. Plenos Regionales. Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Noviembre de 2026.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 60/2026. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL, AMBOS DEL SEXTO CIRCUITO. 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026. MAYORÍA DE VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS JORGE ALBERTO ORANTES LÓPEZ Y DIANA ELDA PÉREZ MEDINA. DISIDENTE: MARIANA FLORES VEGA. PONENTE: DIANA ELDA PÉREZ MEDINA. SECRETARIA: AURI GABRIELA CAUICH VÁZQUEZ.

Ciudad de México. Sentencia del Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión de veintitrés de septiembre de dos mil veintiséis.

V I S T O S;

Y

R E S U L T A N D O:

Primero. Radicación y trámite de la denuncia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mediante constancias remitidas a través del MINTER, la Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, y registradas en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el dieciocho de marzo de dos mil veintiséis, se denunció la posible contradicción de criterios suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el recurso de queja 186/2021, de donde derivó la tesis VI.1o.A.5 A (11a.), de título y subtítulo: "RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO PARA EL ESTADO DE PUEBLA. EL ACTO DE APLICACIÓN NECESARIO PARA RECLAMAR EN EL JUICIO DE AMPARO LA LEY QUE LO REGULA, PUEDE DERIVAR DE LA ACTUACIÓN DEL ADMINISTRADOR O DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE UN CONDOMINIO PRIVADO." y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del mismo circuito, al resolver el recurso de queja 411/2025.

En proveído de veintitrés de marzo del año en curso, la Presidencia del Alto Tribunal ordenó la formación del expediente y determinó carecer de competencia legal para pronunciarse respecto a dicha denuncia, ordenando la remisión de las constancias correspondientes a este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, por ser el competente por región y materia para conocer de la posible contradicción denunciada.

Segundo. Radicación y trámite ante este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. Mediante proveído de veintinueve de abril de dos mil veintiséis, el Magistrado Presidente de este Pleno Regional ordenó formar el expediente de contradicción al que correspondió el número 60/2026 y la admitió a trámite.

En ese mismo proveído, se turnaron los autos para su estudio a la ponencia de la Magistrada Diana Elda Pérez Medina y se solicitó a los tribunales colegiados contendientes que informaran si los criterios que motivaron la posible contradicción, aún se encontraban vigentes o, en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.

Por otra parte, toda vez que al remitir las constancias que dieron origen a la presente contradicción la Suprema Corte hizo del conocimiento de este Pleno Regional que tiene radicada la contradicción de criterios 7/2024, pendiente de resolver; por tanto, no fue necesario solicitar a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el informe correspondiente.

El tema a dilucidar en el presente asunto es:

"Determinar si, la administración de condóminos de un conjunto habitacional tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando se le reclaman actos relacionados con la negativa del derecho de voto en una asamblea a los condóminos morosos."

Tercero. Informes de los órganos jurisdiccionales contendientes. Por acuerdos de doce de mayo y veinticinco de junio, del año en curso, se tuvieron por recibidos los informes de los tribunales colegiados contendientes, a través de los cuales comunicaron que sus criterios continuaban vigentes y ordenaron la vinculación de la versión electrónica de sus respectivos expedientes.

Cuarto. Confirmación de turno. Una vez integrado debidamente el expediente, por acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil veintiséis, se confirmó el turno a la ponencia de la Magistrada Diana Elda Pérez Medina, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente; y

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Competencia. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro; así como los diversos 6, fracción II, 8 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; en relación con el 1°, fracción II, punto 2, y 2 del diverso Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales (reformados mediante Acuerdo General 38/2023, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia, domicilio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés); normatividad que continúa vigente en términos del transitorio Décimo Noveno de la ley orgánica aludida, el cual se transcribe para pronta referencia:

"Décimo Noveno.- Los Acuerdos Generales emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal continuarán vigentes en todo lo que no se oponga a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la presente Ley hasta en tanto el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial emitan sus propios Acuerdos".

Luego, si la presente contradicción de criterios se suscita entre tribunales colegiados especializados, uno en materia administrativa y el otro en materia civil, ambos pertenecientes al Sexto Circuito, materias y región respecto de las cuales este Pleno Regional ejerce jurisdicción; como se adelantó, este órgano colegiado es competente para conocer y resolver del asunto.

SEGUNDO. Legitimación. De conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, la denuncia de contradicción de criterios se formuló por parte legitimada para ello, al tratarse de la Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula.

TERCERO. Criterios denunciados. A continuación se precisan, en la parte que interesa a este asunto, los datos que dieron origen a los criterios de los tribunales colegiados de circuito denunciados como contradictorios.

A. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito (recurso de queja 186/2021).

Antecedentes

1. Una persona moral demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y actos que a continuación se transcriben:

"III.- LA AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLE.

A) En su carácter de ordenadoras:

a. El Congreso del Estado de Puebla.

b. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla.

c. El Secretario de Gobernación del Gobierno del Estado de Puebla.

B) En su carácter de ejecutoras:

a. El administrador del Régimen de Propiedad en Condominio Vertical, conocido como Condominio Comercial y de Servicios denominado TORRES MÉDICAS ANGELÓPOLIS.

b. El Comité de Administración del Régimen de Propiedad en Condominio Vertical, conocido como Condominio Comercial y de Servicios denominado TORRES MÉDICAS ANGELÓPOLIS.

IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME.

A)De las autoridades ordenadoras:

a. Del Congreso del Estado de Puebla.- La discusión y aprobación de la Ley que Regula el Régimen de Propiedad en Condominio para el Estado de Puebla, por lo siguiente:

• La omisión de establecer una sanción por la inobservancia del artículo 27 en su último párrafo.

• La privación del derecho de acudir ante tribunales previamente establecidos para dirimir controversias entre condóminos, imponiendo en su lugar la obligación de dirimir sus controversias ante un árbitro, conforme al artículo 52.

• La omisión de establecer medidas cautelares en el procedimiento preestablecido para el arbitraje.

b. Del Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla. La promulgación de la Ley que Regula el Régimen de Propiedad en Condominio para el Estado de Puebla.

c. El Secretario de Gobernación del Gobierno del Estado de Puebla.

B) De las autoridades ejecutoras:

a. Del administrador del Régimen de Propiedad en Condominio Vertical, conocido como Condominio Comercial y de Servicios denominado TORRES MÉDICAS ANGELÓPOLIS y del Consejo de Administración del Régimen de Propiedad en Condominio Vertical, conocido como Condominio Comercial y de Servicios denominado TORRES MÉDICAS ANGELÓPOLIS: la inobservancia del último párrafo del artículo 27 de la Ley que Regula el Régimen de Propiedad en Condominio para el Estado de Puebla y la suspensión de un derecho de mi representada, consistente en el uso de un servicio común en su carácter de condómino del Régimen de Condominio citado en el presente, por medio del cual impide el uso de cuatro elevadores comunes del Régimen, dañando su unidad privativa."

2. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda al Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, cuyo secretario encargado del despacho, mediante proveído de seis de julio de dos mil veintiuno, ordenó registrarla con el número 962/2021 y determinó desecharla al considerar que se actualizaba la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5° fracción II, interpretado a contrario sentido, de la Ley de Amparo.

3. Inconforme con la anterior determinación, la moral quejosa interpuso recurso de queja, que fue remitido al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, lo registró con el número 186/2021 y en sesión de once de noviembre de dos mil veintiuno declaró fundado parcialmente dicho medio de impugnación.

Determinación que, en lo que interesa, se sustentó en las siguientes consideraciones:

"(...)

32. SÉPTIMO. Estudio del asunto. Los agravios expuestos son, en una parte, infundados; y, en otra, fundados y suficientes para revocar parcialmente el acuerdo de seis de julio de dos mil veintiuno, dictado por el Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en el juicio de amparo indirecto número 962/2021, a través del cual se desechó la demanda promovida por la parte quejosa ****** ************ **** ******** ******* ** ******* ********, en contra de actos del Congreso del Estado de Puebla y otras autoridades, en vista de lo siguiente:

(...)

43. Por cuestión de técnica jurídica, se aborda el estudio del presente asunto mediante el desarrollo de dos temas:

Tema 1. Los actos del Condominio Privado no son equivalentes a los actos de autoridad y, por ende, sí se actualiza la causa de improcedencia invocada prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5°, fracción II (a contrario sensu), de la Ley de Amparo, respecto de su Administrador y su Comité de Administración.

(...)

51. Expuesto lo anterior, se recuerda que conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.

52. Sobre la interpretación de esa disposición, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es.

53. Por ende, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, pues no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones.

54. Sobre la definición de esos conceptos, es aplicable la jurisprudencia P./J. 128/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN ‘MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA’ PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA (se transcribe)’.

55. En este caso, la causa de improcedencia utilizada para desechar la demanda de amparo sí es manifiesta e indudable en cuanto a los actos atribuidos al Administrador y al Comité de Administración del ********** ********* ****** ******* ***********, es decir, a la restricción o suspensión del uso de los elevadores comunes de ese condominio vertical, toda vez que los actos que emiten los Condominios Privados no son actos equivalentes a los actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, de acuerdo con el texto de la Ley de Amparo en vigor y los elementos fijados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto.

56. A efecto de sustentar esta determinación, es preciso recordar que el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación y en vigor a partir del día siguiente, estableció que sí es posible reclamar en el juicio de amparo actos de particulares que sean equivalentes a los de autoridad.

57. Su texto es el siguiente:

‘Artículo 5o (se transcribe)’.

58. Según se advierte, siguiendo la concepción tradicional de autoridad, el artículo 5, fracción II, primer párrafo, de la Ley de Amparo, prevé que tiene el carácter de autoridad responsable en el juicio, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.

59. Sin embargo, el artículo 5, fracción II, en su párrafo segundo, establece que para los efectos del juicio de amparo, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.

60. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 423/2014, en ejecutoria de uno de julio de dos mil quince, interpretó el artículo 5, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y determinó que para que un particular pueda ser llamado al amparo en calidad de responsable se requiere lo siguiente:

(...)

61. Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión número 327/2017, mediante ejecutoria de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, definió que el estándar para caracterizar el acto de un particular como de autoridad para efectos del juicio de amparo, consta de dos pasos:

(...)

62. Derivado de esta ejecutoria, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis aislada 1a. XXI/2020 (10a.):

‘AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DE PARTICULARES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO. (se transcribe)’.

63. En este caso, la parte quejosa ****** ************ ***, ******** ******* ** ******* ******** reclama al Administrador y al Comité de Administración, ambos del Régimen de Propiedad en Condominio Vertical, conocido como ********** ********* ****** ******* ***********, la restricción o suspensión del uso de los elevadores comunes de ese Condominio en el que la parte quejosa tiene instalado y opera un hospital del sector privado denominado ******** *** ******.

64. Ahora, el artículo 1° de la Ley que regula el Régimen de Propiedad en Condominio del Estado de Puebla dispone que esa Ley tiene por objeto establecer las bases para regular la constitución, organización, funcionamiento, modificación, administración y extinción del régimen de propiedad en condominio en Puebla, así como su convivencia social y la solución de controversias entre condóminos y residentes, y entre éstos y su administrador o Comité de Administración.

‘Artículo 1 (se transcribe)’.

65. Por otra parte, el artículo 3° de esa Ley establece que se considera régimen de propiedad en condominio, aquél que se constituye sobre bienes inmuebles que en razón de sus características físicas, permite a sus titulares tanto el aprovechamiento exclusivo de áreas o construcciones privativas, como el aprovechamiento común de las áreas o construcción que no admiten división, confiriendo a cada condómino un derecho de propiedad exclusivo sobre la unidad privativa, así como un derecho de copropiedad con los demás respecto de las áreas o instalaciones comunes:

‘Artículo 3 (se transcribe)’.

66. Además, el artículo 6° de esa Ley dispone que los condominios serán: de orden privado, los que constituyan los particulares; y de orden público, los constituidos por instituciones u organismos públicos de la Federación, el Estado o los Municipios, como sigue:

‘Artículo 6 (se transcribe)’.

67. En este caso, el ********** ********* ****** ******* *********** es del orden privado, toda vez que se constituyó por particulares, con el objeto de instalar y operar un centro de servicio hospitalario.

68. Entonces, queda claro que el Administrador y el Comité de Administración del Régimen de Propiedad en Condominio Vertical conocido como ********** ********* ****** ******* ***********, son particulares, por ser un condominio privado.

69. Precisado lo anterior, se tiene presente que el artículo 35 de la propia Ley dispone que los condominios serán administrados por un Comité de Administración o por un Administrador que designará la Asamblea General del Condominio:

‘Artículo 35 (se transcribe)’.

70. Finalmente, el artículo 36 de la Ley señala las facultades y obligaciones del Comité de Administración o del Administrador:

‘Artículo 36 (se transcribe)’.

71. En esa medida, el Comité de Administración y el Administrador son órganos internos de los Condominios, cuya función se limita a organizar su buen funcionamiento en el ámbito interior; con efectos ceñidos a la administración del régimen de propiedad condominal; y, el fin último de su existencia es mejorar la relación entre condóminos y residentes.

72. En consecuencia, la restricción o suspensión del uso de los elevadores comunes atribuidos al Comité de Administración o al Administrador del Condominio Privado denominado ********** ********* ****** ******* ***********, no son actos equivalentes a los de autoridad para los efectos del juicio de amparo indirecto, en vista de que:

i. Las facultades del Comité o Administrador del Condominio Privado son internas y propias de una relación de coordinación entre los condóminos, los residentes y los representantes del régimen de propiedad condominal constituido por particulares;

ii. La restricción o suspensión del uso de los elevadores comunes del Condominio Privado no afecta en forma directa derechos fundamentales de la parte quejosa, pues se trata de una decisión interna impuesta por el Condominio, debido a la supuesta falta de pago de las cuotas de mantenimiento; de modo que la exigencia de ese pago y su sanción son justiciables en un medio de defensa ordinario, en función de que no está comprometida, directamente, la afectación de un derecho humano, sino sólo la exigencia de un pago y la restitución de un servicio; y,

iii. Si bien las facultades del Comité o del Administrador del Condominio Privado están previstas en una norma general, en particular, en el artículo 36 de la de la Ley que regula el Régimen de Propiedad en Condominio del Estado de Puebla; lo cierto es que ésta no se les confiere atribuciones para actuar como una autoridad del Estado; en tanto que sus facultades son propias de administradores privados de un régimen condominal y sus decisiones no están investidas de imperio, puesto que sólo son exigibles a los condóminos y residentes, no por una relación de supra subordinación, sino con motivo de una relación de coordinación entre particulares, que tiene como origen la constitución del régimen.

73. En ese orden de ideas, en el caso de los actos administración de los órganos internos de los Condominios Privados, no se satisfacen los dos pasos del estándar que definió la Corte y que caracterizan a los actos de un particular como de autoridad para efectos del amparo, en tanto que:

a. Respecto del nexo, no existe una norma jurídica a través de la cual el Comité o el Administrador tengan la posibilidad de trasgredir los derechos humanos de otros particulares, pues la Ley que regula el Régimen de Propiedad en Condominio del Estado de Puebla, sólo los faculta para actuar en un plano de coordinación en cuanto a la administración de ese régimen de propiedad civil; de modo que no existe evidencia de uso de un medio de origen estatal para generar afectación constitucional; y,

b. En cuanto a la constatación de la función pública: (i) el Comité o el Administrador de un Condominio Privado no cuentan con privilegios o beneficios asociados al ejercicio de una autoridad estatal; (ii) sus funciones de administradores no son de aquellas que tradicionalmente corresponden a la autoridad y que se ejercen de manera delegada por un particular; (iii) ni sus actuaciones se vinculan con el tipo de obligaciones de un derecho social que sea responsabilidad del Estado, pues únicamente rigen la vida interna del régimen de propiedad condominal.

74. En esa medida, los actos reclamados al Comité de Administración y al Administrador del Condominio Privado conocido como ********** ********* ****** ******* ***********, no son equivalentes a los actos de autoridad y, por ende, sí se actualiza la causa de improcedencia invocada prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5°, fracción II (a contrario sensu), ambos de la Ley de Amparo, y ésta sí es manifiesta e indudable, toda vez que los actos que emiten los órganos de los Condominios Privados no son actos equivalentes a los actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, de acuerdo con el texto de la Ley de Amparo en vigor y los elementos fijados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

75. En esa medida, en esta parte, son infundados los motivos de agravio y, por tanto, se confirma el desechamiento de la demanda respecto del Comité de Administración y el Administrador del Condominio Privado denominado ********** ********* ****** ******* ***********, por no ser autoridades para efectos de la acción constitucional.

Tema 2. La Ley que regula el Régimen de Propiedad en Condominio del Estado de Puebla sí puede reclamarse con motivo de actos de aplicación de Condominio Privado, aunque éste sea un particular.

(...)

Conclusión.

88. En esas condiciones, resulta fundado parcialmente el recurso de queja interpuesto contra el acuerdo de seis de julio de dos mil veintiuno, dictado por el Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en el juicio de amparo indirecto número 962/2021, promovido por ****** ************ ***, ******** ******* ** ******* ******** en contra de actos del Congreso del Estado de Puebla y otras autoridades, en atención a los temas desarrollados en este fallo; en consecuencia:

I. Por una parte, se confirma el desechamiento de la demanda de amparo, respecto del Comité de Administración y del Administrador del Condominio Privado denominado ********** ********* ****** ******* ***********, por no ser autoridades para los efectos de la acción constitucional;

II. Por otro lado, se declara fundado el recurso por lo que se refiere al desechamiento de la demanda en relación con los artículos 27, último párrafo, 52 y 53 a 60 de la Ley que regula el Régimen de Propiedad en Condominio del Estado de Puebla y su aplicación; y,

(...)

90. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99 y 103 de la Ley de Amparo, se

R E S U E L V E:

ÚNICO. Es fundado parcialmente el recurso de queja, por los motivos y para los efectos precisados en la parte final de este fallo.

NOTIFÍQUESE (...)."

B. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito (recurso de queja 411/2025).

Antecedentes

1. Una persona física demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y el acto que a continuación se transcriben:

"III.- Autoridad responsable: Mesa directiva del condominio ******* ******** ** *********** **** ******, a través de la empresa que se hace denominar ‘************** ********** * ************ ****** ****** ** ****’, la cual funge como administradora del condominio ******* ********* ** ** *********** **** ****** (...)

(...)

IV. Acto reclamado: Restricción absoluta al derecho humano a la propiedad privada, respecto del uso, goce y disfrute de los bienes de propiedad común del condominio ******* ********* *********** **** ****** (derecho de copropiedad).

Acto reclamado que se materializó y se acredita a través de la respuesta contenida en el escrito signado por ***** ******* ********* ********, del departamento jurídico de la empresa ‘************** ********** * ************ ****** ****** ** ****’ (anexo al presente como prueba documental), del cual, bajo ‘protesta de decir verdad’ manifiesto que tuve conocimiento el 8 de septiembre de 2025."

2. Correspondió conocer de la demanda, al Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, cuya titular, ordenó registrarla con el número 1395/2025 y determinó desecharla al considerar que se actualizaba de manera notoria e indudable la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5° fracción II, de la Ley de Amparo.

3. Inconforme con la determinación que antecede, la persona quejosa interpuso recurso de queja, que fue turnado al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, quedando registrado con el número 411/2025 y en sesión de veinticuatro de febrero de dos mil veintiséis, declaró fundado el recurso de queja.Resolución que, en la parte que interesa, se transcribe:

"(...)

TERCERO. Estudio.

9. Los motivos de agravio resultan sustancialmente fundados; y, en lo restante, inoperantes.

(...)

12. Ahora, a fin de dotar de contexto el sentido del fallo, conviene precisar que la aquí quejosa promovió juicio de amparo en contra del escrito de cuatro de septiembre de dos mil veinticinco, por el que la persona moral ************** ********** * ************ ******* ******** *** ******** ************ ** ******* ********, por conducto de su representante, dio contestación a su solicitud de uno del referido mes y año.

13. Al respecto, la jueza de distrito estimó que se actualizaba la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo.

14. Ello, bajo el argumento de que el acto reclamado tiene como causa generadora las decisiones emitidas por la asamblea de condóminos, la cual se regula, esencialmente, por la reglamentación existente en el ámbito privado; lo que hace patente que se esté en un plano de coordinación, ya que el particular señalado como responsable no hizo uso de un medio estatal para generar una afectación constitucional.

15. La jueza federal también consideró que, en todo caso, la quejosa estaba en posibilidad de agotar el procedimiento arbitral que prevé la Ley que Regula el Régimen de Propiedad en Condominio para el Estado de Puebla.

(...)

24. Agravios que, como se adelantó, resultan fundados.

25. En efecto, para que se deseche de plano una demanda de amparo, se debe advertir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, para lo cual deberá sujetarse al artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone:

‘Artículo 113. (se transcribe).’

26. Del numeral transcrito se desprende que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano.

27. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha resuelto que las causas de improcedencia deben probarse plenamente y no inferirse con base en presunciones, a fin de evitar dejar en estado de indefensión al promovente, lo cual implica que el citado artículo es de aplicación estricta; esto es, cuando el motivo de improcedencia es manifiesto (que se advierta en forma patente y absolutamente clara) e indudable (que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata se actualiza en el caso); es decir, cuando sea evidente, claro, fehaciente e indiscutible.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34393-941bb970/acto-de-autoridad-para-efectos-del-juicio-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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