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Modo: Corpus Pro

SUPLETORIEDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 2o. DE LA LEY DE AMPARO, ES APLICABLE EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y FAMILIARES DE FORMA INMEDIATA A PARTIR DE SU ENTRADA EN VIGOR, SIN ESTAR CONDICIONADA A LA DECLARATORIA DE INICIO DE VIGENCIA PREVISTA EN SUS ARTÍCULOS TRANSITORIOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 106/2025. · Registro digital (IUS): 33964
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-04-17
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Duodécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Abril de 2026, Tomo II, Volumen 2, Pág.1023.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 106/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO. 18 DE FEBRERO DE 2026. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS DIANA ELDA PÉREZ MEDINA Y MARIANA FLORES VEGA. DISIDENTE: JORGE ALBERTO ORANTES LÓPEZ, QUIEN EMITIÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: DIANA ELDA PÉREZ MEDINA. SECRETARIA: AURI GABRIELA CAUICH VÁZQUEZ.

Ciudad de México. Sentencia del Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión de dieciocho de febrero de dos mil veintiséis.

V I S T O S;

Y

R E S U L T A N D O:

Primero. Denuncia de la posible contradicción de criterios ante este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. Mediante oficio recibido el veintiséis de noviembre de dos mil veinticinco, proveniente del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, se denunció la posible contradicción de criterios entre el sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión 552/2023; y, el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, al resolver el amparo directo 50/2025, de donde derivó la tesis XXXII.5 L (11a.), de título y subtítulo: “APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y FAMILIARES EN EL JUICIO DE AMPARO. ES INMEDIATA, SIN ESTAR CONDICIONADA A LA DECLARATORIA DE INICIO DE VIGENCIA PREVISTA EN SUS ARTÍCULOS TRANSITORIOS”.

Segundo. Radicación y trámite de la denuncia. Mediante proveído de veintisiete de noviembre de dos mil veinticinco, el Magistrado Presidente de este Pleno Regional ordenó formar el expediente de contradicción al que correspondió el número 106/2025 y la admitió a trámite.

En ese mismo proveído, se turnaron los autos para su estudio a la ponencia de la Magistrada Diana Elda Pérez Medina y se solicitó a los tribunales colegiados contendientes que informaran si los criterios que motivaron la posible contradicción, aún se encontraban vigentes o, en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.

De igual forma, se solicitó a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el informe relativo a la existencia de alguna contradicción de criterios radicada en el Alto Tribunal en la que el tema a dilucidar guardara relación con el siguiente:

“Determinar si, en términos del numeral 2 de la Ley de Amparo, conforme a la reforma publicada el 13 de marzo de 2025 y al Decreto que promulgó el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, resulta aplicable de manera supletoria dicha codificación nacional o bien, lo es el Código Federal de Procedimientos Civiles.”

Tercero. Informes de los órganos jurisdiccionales contendientes. Por acuerdo de quince de diciembre de dos mil veinticinco y seis de enero del año en curso, se tuvieron por recibidos los informes de los tribunales colegiados contendientes, a través de los cuales hicieron del conocimiento de este Pleno Regional que los criterios en cuestión continuaban vigentes.

Cuarto. Informe de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mediante oficio de once de diciembre de dos mil veinticinco, la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informó a este Pleno Regional que, durante los últimos seis meses no se encontró radicada alguna contradicción en la que el tema a dilucidar guardara relación con el establecido en el presente asunto.

Quinto. Confirmación de turno. Una vez integrado debidamente el expediente, por acuerdo de seis de enero de dos mil veintiséis, se confirmó el turno a la ponencia de la Magistrada Diana Elda Pérez Medina, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente; y

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Competencia. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver de la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro; así como los diversos 6, fracción II, 8 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; en relación con el 1°, fracción II, punto 2, y 2 del diverso Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales (reformados mediante Acuerdo General 38/2023, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia domicilio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés); normatividad que continúa vigente en términos del transitorio Décimo Noveno de la ley orgánica aludida, el cual se transcribe para pronta referencia:

“Décimo Noveno.- Los Acuerdos Generales emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal continuarán vigentes en todo lo que no se oponga a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la presente Ley hasta en tanto el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial emitan sus propios Acuerdos”.

La presente contradicción de criterios se suscita entre un tribunal colegiado en materia civil y otro mixto -en un asunto de carácter laboral-, ambos pertenecientes a la Región Centro-Sur y la primera ejecutoria contendiente corresponde a la materia civil respecto de la cual este Pleno Regional es competente.

SEGUNDO. Legitimación. De conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, la denuncia de contradicción de criterios se formuló por parte legitimada, al ser denunciada por el Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, que dictó la sentencia en el juicio de amparo indirecto 1987/2022, la cual dio origen al recurso de revisión 552/2023, criterio denunciado en la presente contradicción.

TERCERO. Criterios denunciados. A continuación se transcriben, en la parte que interesa a este asunto, los criterios de los tribunales colegiados de circuito denunciados como contradictorios.

A.Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito (amparo en revisión 552/2023).

“(...)

CUARTO. De las constancias del juicio de amparo indirecto 1987/2022, que el Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla remitió a este tribunal, así como de las copias certificadas del juicio de revocación de donación por ingratitud ********, del índice del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Teziutlán, Puebla, que tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2, de redacción anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de marzo de dos mil veinticinco y vigente a partir del día siguiente. Ello, en virtud de que si bien el indicado artículo 2º en su redacción actual remite al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares como ordenamiento supletorio, lo cierto es que en términos del artículo segundo transitorio del respectivo decreto que lo promulgó, las Cámaras del Congreso de la Unión deben emitir una declaratoria para que dicho ordenamiento entre en vigor en forma gradual, lo cual todavía no acontece, de manera tal que ante dicha situación, se estima aplicable el mencionado Código Federal de Procedimientos Civiles; se desprenden los antecedentes siguientes:

(...)

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 93 de la Ley de Amparo, se resuelve:

(...)

Notifíquese (...).”

B. Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito (amparo directo 50/2025).

“(...)

V. LEGISLACIÓN SUPLETORIA APLICABLE

19. La reciente reforma a la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2025 y que entró en vigor al día siguiente, ha suscitado un debate de crucial importancia en el ámbito procesal: la aplicación supletoria del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF) en el juicio de amparo.

20. La modificación al artículo 2° de la Ley de Amparo es tajante al señalar a este nuevo ordenamiento como la legislación supletoria, en sustitución del anterior Código Federal de Procedimientos Civiles.

21. Frente a la gradualidad de la entrada en vigor del CNPCyF en las distintas entidades federativas y a nivel federal —que depende de una declaratoria formal y tiene como fecha límite el 1 de abril de 2027—, surge la interrogante de si su aplicación supletoria en el amparo está supeditada o no a dicha declaratoria.

22. La respuesta, fundamentada en el principio general del derecho «in claris non fit interpretatio» («en lo claro no se hace interpretación»), es contundente: la aplicación supletoria es inmediata sin que esté supeditada a aquella declaratoria.

23. Se explica.

El Principio «in claris non fit interpretatio». Significado y Alcance

24. Este aforismo latino constituye una regla hermenéutica fundamental que postula que cuando el texto de una norma es claro, preciso y no deja lugar a dudas sobre la intención del legislador, no es necesario recurrir a métodos de interpretación para desentrañar su significado.

25. La claridad de la ley excluye la interpretación. Aplicar este principio implica ceñirse al tenor literal de la disposición, evitando conjeturas sobre voluntades legislativas no expresadas o la búsqueda de «espíritus» normativos que contradigan la letra de la ley.

26. En el contexto que nos ocupa, este principio es la piedra angular para sostener la aplicación inmediata del CNPCyF en el juicio de amparo.

La Reforma a la Ley de Amparo. Una Disposición Clara e Incondicionada

27. El texto reformado del artículo 2o, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece de manera inequívoca:

‘Artículo 2°. (se transcribe).’

28. La redacción de este precepto es límpida y no establece condición alguna para su entrada en vigor, más allá de la vigencia de la propia reforma a la Ley de Amparo, por lo cual rige esa supletoriedad para los juicios de amparo y los incidentes regulados en la propia legislación. No supedita la supletoriedad a la declaratoria de inicio de vigencia del CNPCyF para los procedimientos ordinarios en la Federación o en las entidades federativas.

Argumentos para la Aplicación Inmediata

29. A continuación, se exponen los argumentos torales para demostrar que la aplicación supletoria del CNPCyF en el juicio de amparo no requiere esperar la declaratoria a que se refiere el propio Código Nacional.

• La Claridad de la Norma (In Claris non Fit Interpretatio)

30. El artículo 2o. de la Ley de Amparo es una norma de aplicación directa y no de remisión condicionada. Su texto es imperativo y no deja margen a la interpretación. Pretender que la supletoriedad está «congelada» hasta la declaratoria general sería contravenir el mandato expreso y claro del legislador, violentando el principio «in claris non fit interpretatio». La Ley de Amparo, en su propia vigencia, ordena la aplicación de un cuerpo normativo específico para colmar sus lagunas, y esa orden es efectiva desde que entró en vigor el «Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos» cuyo artículo primero dice:

‘Primero. (se transcribe).’

• Principio de Especialidad Normativa (Lex Specialis Derogat Legi Generali)

31. La Ley de Amparo es una ley especial que regula un procedimiento de naturaleza constitucional. Sus disposiciones prevalecen sobre las de carácter general. El régimen de entrada en vigor escalonado previsto en los artículos transitorios del CNPCyF es una norma de carácter general diseñada para la tramitación de los procedimientos ordinarios civiles y familiares en todo el país.

32. En cambio, la norma de supletoriedad contenida en la Ley de Amparo es una disposición especial que rige exclusivamente para el juicio de amparo.

33. Por tanto, la regla especial de la Ley de Amparo sobre la supletoriedad prevalece y se aplica de manera inmediata, sin estar subordinada a las reglas generales de entrada en vigor del CNPCyF para otros fines.

• La Voluntad del Legislador de la Reforma de Amparo

34. Al reformar el artículo 2o. de la Ley de Amparo, el legislador tuvo pleno conocimiento de la existencia y del régimen transitorio del CNPCyF. Si su intención hubiera sido supeditar la supletoriedad a la declaratoria de entrada en vigor, lo habría manifestado expresamente en el texto de la reforma a la Ley de Amparo o en sus propios artículos transitorios.

35. La ausencia de tal condición es una manifestación tácita de su voluntad de que la supletoriedad operara de inmediato.

• Certeza y Seguridad Jurídica en el Juicio de Amparo

36. Condicionar la aplicación supletoria a un evento futuro en el tiempo —la declaratoria de vigencia— generaría un estado de incertidumbre jurídica en la tramitación de los juicios de amparo.

37. Los operadores jurídicos (jueces, magistrados, litigantes) se enfrentarían al dilema de qué legislación aplicar para suplir las lagunas de la Ley de Amparo.

38. La aplicación inmediata del CNPCyF, en virtud de la claridad del mandato de la Ley de Amparo, dota de certeza y seguridad jurídica a las partes y al propio procedimiento.

• Naturaleza de la Supletoriedad

39. La supletoriedad es una técnica de integración normativa que opera ante la ausencia de una disposición expresa en la ley suplida. La Ley de Amparo, al ser reformada, no creó un «vacío» al derogar la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles pues de manera expresa y simultánea, la legislatura federal lo colmó al designar al CNPCyF sin poner condiciones a su operatividad.

40. Este acto de designación es completo y perfecto en sí mismo y su eficacia no puede depender de la aplicabilidad del código suplente en otros ámbitos procesales.

41. En conclusión, la reforma al artículo 2o. de la Ley de Amparo es una disposición legal clara, especial y de aplicación inmediata. En estricto apego al principio «in claris non fit interpretatio», no cabe interpretación que condicione su eficacia.

42. Desde el 14 de marzo de 2025, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es la norma supletoria en el juicio de amparo, sin que sea necesario esperar a la declaratoria de su entrada en vigor para los procedimientos ordinarios.

43. Los órganos jurisdiccionales de amparo y los litigantes deben, por tanto, acudir a este nuevo ordenamiento para integrar las lagunas procesales de la Ley de Amparo, garantizando así la certeza, la seguridad jurídica y el debido proceso en el juicio de garantías.

(...)”

64. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones III y V de la Constitución General de la República; 73, 74, 75, 170, 183 a 189, de la Ley de Amparo; 23 y 35, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; este Tribunal Colegiado de Circuito

R E S U E L V E :

(...)

Notifíquese (...)”

CUARTO. Existencia de la contradicción de criterios. Como punto de partida debe tenerse en cuenta que el objeto de resolución de una contradicción de criterios consiste en unificar aquellos a fin de procurar seguridad jurídica; por lo que para determinar si existe o no tal contienda será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados, con el objeto de identificar si en algún aspecto de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones, si no necesariamente contradictorias, sí distintas y discrepantes.

Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 72/2010, del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 164120, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 7, de rubro y texto siguientes:

“CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la

lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución”. También, es orientadora la tesis P. XLVII/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 166996, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, julio de 2009, Tomo XXX, pagina 67, de rubro y texto siguientes:

“CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan”.

De lo anterior se obtiene que para la existencia de una contradicción de criterios es necesario que los órganos involucrados en los asuntos materia de la denuncia hayan:

A. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,

B. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la resolución de la controversia planteada.

De este modo, la existencia de la contradicción de criterios se encuentra supeditada a la satisfacción de los supuestos anotados, esto es, que al haber examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales, los órganos jurisdiccionales contendientes estudien la misma cuestión jurídica y que, a partir de ésta, arriben a posturas encontradas; sin que sea óbice que los criterios jurídicos sobre un punto de derecho no provengan del examen de los mismos elementos de hecho, especialmente cuando se trate de aspectos secundarios o accidentales que no modifiquen la situación examinada por los órganos contendientes, en tanto que lo relevante es que las posturas de decisión sean opuestas, con excepción de cuando la diferencia fáctica sea relevante e incida de manera determinante en los criterios sostenidos.

Consecuentemente, si las premisas fácticas aun siendo parecidas, influyen en las decisiones adoptadas por los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de criterios no puede configurarse, porque no podría arribarse a un criterio único, ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría una revisión de los juicios o recursos fallados por los órganos en contienda, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de criterios, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.

En este punto es pertinente destacar que es innecesario que los criterios divergentes estén plasmados en tesis redactadas y publicadas en términos de los artículos 218 a 220 de la Ley de Amparo, porque basta que se encuentren en las consideraciones de los asuntos sometidos al conocimiento de cada órgano contendiente de que se trata, al tenor de la jurisprudencia 2a./J. 94/2000, de rubro: “CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY”, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Noviembre de 2000, Tomo XII, pagina 319, con registro digital 190917.

De las consideraciones sustentadas por cada uno de los órganos contendientes, se advierte que existe la contradicción de tesis denunciada habida cuenta de que:

A. La actuación de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes revela que analizaron un mismo punto jurídico, a saber, si de conformidad con el numeral 2 de la Ley de Amparo, resulta aplicable, de manera supletoria, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, o bien, el Código Federal de Procedimientos Civiles.

B. Los órganos contendientes adoptaron criterios opuestos, dado que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito (amparo en revisión 552/2023), estimó que de conformidad con el artículo 2 de la Ley de Amparo, de redacción anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de marzo de dos mil veinticinco, era aplicable de manera supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Así lo consideró pues, no obstante que el citado numeral, en su redacción actual, remitía al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares como ordenamiento supletorio, lo cierto era que en términos del artículo segundo transitorio del respectivo Decreto que lo promulgó, las Cámaras del Congreso de la Unión debían emitir una declaratoria para que dicho ordenamiento entrara en vigor en forma gradual, lo cual todavía no acontecía.

Mientras que el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito (amparo directo 50/2025), señaló que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares era aplicable de forma inmediata y supletoria en el juicio de amparo desde la reforma al artículo 2 de la Ley de la materia, sin necesidad de esperar a la declaratoria general de entrada en vigor del propio Código.

Asimismo, apuntó que el texto del citado numeral era claro y categórico; por tanto, no procedía reinterpretarle, ni añadir condiciones que no estaban en su letra. Máxime que la Ley de Amparo era una ley especial que regulaba un procedimiento de naturaleza constitucional y que los transitorios del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en cambio, tenían un carácter general y estaban diseñados para los procedimientos civiles y familiares ordinarios.

Establecido lo anterior, se esquematizan las posturas de los órganos contendientes:

Ver esquema

De manera que los órganos jurisdiccionales referidos sostuvieron criterios contradictorios al determinar cuál era la legislación supletoria aplicable, el primero, al resolver un recurso de revisión y, el segundo, un amparo directo, en términos de lo establecido en el artículo 2 de la Ley de Amparo.

Mientras uno estimó que era aplicable de manera supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, pues aunque en su redacción actual el citado artículo remitía al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares como ordenamiento supletorio, en términos del artículo segundo transitorio el Congreso de la Unión debían emitir una declaratoria para que dicho ordenamiento entrara en vigor en forma gradual, lo cual no había acontecido; el otro consideró que se debía atender, de manera supletoria, al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, lo que debía hacerse de forma inmediata, sin necesidad de esperar a la declaratoria formal de entrada en vigor del propio Código, pues el texto era claro y categórico, por tanto no era necesario interpretarlo, ni añadirle condiciones que no estaban en su letra.

Además, precisó que dicha ley reglamentaria es una ley especial que regula un procedimiento de naturaleza constitucional y, por tanto, sus disposiciones prevalecían sobre las de carácter general.

En ese orden, se estima que se actualiza el supuesto para generar la contradicción de criterios denunciada, sobre la base del estudio de la misma cuestión jurídica con conclusiones diversas, fijándose como tema el determinar si, al resolver un juicio de amparo o los recursos que de él deriven, debe aplicarse de forma supleto

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33964-dc1241d4/supletoriedad-en-el-juicio-de-amparo-en-terminos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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