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Modo: Corpus Pro

NULIDAD DE MATRIMONIO. LOS ARTÍCULOS 122 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y 769, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO, QUE LA PREVÉN, NO ESTABLECEN UN TRATO DISCRIMINATORIO POR RAZÓN DEL ESTADO CIVIL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 121/2025. · Registro digital (IUS): 34263
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-09-25
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Duodécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 13, Septiembre de 2026, Tomo IV, Volumen 2, Pág.798.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 121/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 27 DE MAYO DE 2026. TRES VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS JORGE ALBERTO ORANTES LÓPEZ, DIANA ELDA PÉREZ MEDINA Y MARIANA FLORES VEGA. PONENTE: DIANA ELDA PÉREZ MEDINA. SECRETARIA: AURI GABRIELA CAUICH VÁZQUEZ.

Ciudad de México. Sentencia del Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión de veintisiete de mayo de dos mil veintiséis.

V I S T O S;

Y

R E S U L T A N D O:

Primero. Denuncia de la posible contradicción de criterios ante este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. Mediante oficio recibido el quince de diciembre de dos mil veinticinco, proveniente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, se denunció la posible contradicción de criterios sustentada entre el órgano oficiante al resolver el amparo directo 105/2024 y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver el amparo directo 859/2021, de donde derivó la tesis VII.2o.C.14 C (11a.), de título y subtítulo: “NULIDAD DE MATRIMONIO. EL ARTÍCULO 122 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, AL ESTABLECER QUE EL VÍNCULO DE UN MATRIMONIO ANTERIOR, EXISTENTE AL CONTRAERSE EL SEGUNDO, ANULA ÉSTE AUNQUE SE CONTRAIGA DE BUENA FE, ES INCONSTITUCIONAL POR SUSTENTARSE EN UNA CATEGORÍA SOSPECHOSA (ESTADO CIVIL) QUE NO SUPERA UN EXAMEN DE ESCRUTINIO ESTRICTO DE CONSTITUCIONALIDAD A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD.”

Segundo. Radicación y trámite de la denuncia. Mediante proveído de catorce de enero de dos mil veintiséis, el Magistrado Presidente de este órgano colegiado ordenó formar el expediente de contradicción al que correspondió el número 121/2025 y la admitió a trámite.

En ese mismo proveído, se turnaron los autos para su estudio a la ponencia de la Magistrada Diana Elda Pérez Medina y se solicitó a los tribunales colegiados contendientes que informaran si los criterios que motivaron la posible contradicción, aún se encontraban vigentes o, en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.

De igual forma, se solicitó a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el informe relativo a la existencia de alguna contradicción de criterios radicada en el Alto Tribunal en la que el tema a dilucidar guardara relación con el siguiente:

“Determinar si, al demandar la nulidad de un matrimonio por la existencia de uno previo, siendo que la disposición legal que prevé dicha nulidad y que contiene una categoría sospechosa y que conlleva una regla de trato, supera el test de igualdad al realizar un escrutinio estricto de la norma (legislaciones del Estado de Quintana Roo y del Estado de Veracruz).”

Tercero. Informes de los órganos jurisdiccionales contendientes. Por acuerdo de cuatro de febrero y veintiséis de marzo del año en curso, se tuvieron por recibidos los informes de los tribunales colegiados contendientes, a través de los cuales hicieron del conocimiento de este pleno regional que los criterios en cuestión continuaban vigentes.

Cuarto. Informe de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mediante oficio de cuatro de febrero de dos mil veintiséis, la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informó a este órgano que, durante los últimos tres meses no se encontró radicada alguna contradicción en la que el tema a dilucidar guardara relación con el establecido en el presente asunto.

Quinto. Confirmación de turno. Una vez integrado debidamente el expediente, por acuerdo de treinta de marzo de dos mil veintiséis, se confirmó el turno a la ponencia de la Magistrada Diana Elda Pérez Medina, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

Sexto. Retiro. El siete de abril de dos mil veintiséis, se listó el expediente para verse en sesión del día quince siguiente; sin embargo, a petición de la Magistrada Ponente quedó retirado; y

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Competencia. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver de la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro; así como los diversos 6, fracción II, 8 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; en relación con el 1°, fracción II, punto 2, y 2 del diverso Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales (reformados mediante Acuerdo General 38/2023, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia domicilio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés); normatividad que continúa vigente en términos del transitorio Décimo Noveno de la ley orgánica aludida, el cual se transcribe para pronta referencia:

“Décimo Noveno.- Los Acuerdos Generales emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal continuarán vigentes en todo lo que no se oponga a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la presente Ley hasta en tanto el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial emitan sus propios Acuerdos”.

La presente contradicción de criterios se suscita entre un tribunal colegiado en materia civil y otro en materia mixta -en un asunto de carácter civil-, ambos pertenecientes a la Región Centro-Sur.

SEGUNDO. Legitimación. De conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, la contradicción de criterios fue denunciada por parte legítima, al haberse formulado por los magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo directo 105/2024, criterio contendiente en este expediente.

TERCERO. Criterios denunciados. A continuación se narran los antecedentes que dieron origen a cada uno de los criterios denunciados y se transcriben los mismos, en la parte que interesa.

A. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito (amparo directo 859/2021).

Antecedentes

• Una mujer promovió juicio ordinario civil a fin de, entre otras cuestiones, obtener la nulidad del acta de matrimonio celebrada entre su esposo y diversa persona en mil novecientos setenta y dos.

• Como sustento de su acción, la actora afirmó que ella había contraído nupcias con su cónyuge en mil novecientos setenta, bajo sociedad conyugal, que procrearon dos hijos, que nunca disolvieron su vínculo matrimonial y que, tras el fallecimiento de aquél el veinte de agosto de dos mil trece, obtuvo el reconocimiento de la pensión por viudez; sin embargo, posteriormente se suspendieron los pagos porque diversa mujer también solicitó ser beneficiaria en calidad de esposa del de cujus.

• Al contestar, la demandada opuso diversas excepciones y seguido el procedimiento, el Juzgado de Primera Instancia declaró la nulidad absoluta del matrimonio civil celebrado entre el ahora de cujus y la demandada.

• Inconforme con esa decisión, la demandada interpuso recurso de apelación, y la Sala en Materia de Familia modificó la sentencia únicamente para no hacer condena respecto del pago de gastos y costas de segunda instancia (resolución reclamada en el amparo directo de que se trata).

Resolución del Tribunal Colegiado de Circuito

“(...)

CUARTA. RESOLUCIÓN. Los conceptos de violación argüidos por la parte quejosa -en suplencia de la deficiencia de la queja-, resultan fundados en atención a las siguientes consideraciones.

I. CONSTITUCIONALIDAD DE LA DECLARATORIA DE NULIDAD DEL VÍNCULO MATRIMONIAL

(1) Este órgano constitucional considera que, suplido en su deficiencia, es fundado concepto de violación planteado a letra ‘C’; pues en él, se plantea que no es factible anular el matrimonio que la quejosa tuvo por más de cuarenta años con el finado por haberse conformado un tipo de familia.

(2) Lo fundado de dicha premisa estriba en que, la acción principal ejercida en el juicio natural consistente en la nulidad del vínculo matrimonial tiene como sustento legal lo dispuesto por el artículo 122 del Código Civil vigente en el Estado; sin embargo, en consideración de este Tribunal Constitucional dicha norma vulnera los derechos de igualdad y no discriminación, en relación con el de protección a la familia amparados en los artículos 1º y 4º Constitucionales.

(3) Bien, en primer lugar, resulta pertinente citar lo dispuesto en el artículo 122 de la ley sustantiva civil vigente en el Estado, mismo que señala:

(4) ‘ARTICULO 122. (se transcribe).’

(5) Dicha norma jurídica sanciona de nulo un segundo matrimonio realizado durante la vigencia de un primero, aun cuando se realice de buena fe por ambas personas. En ese sentido, si ********** ********* ******* (quejosa en adhesión) demandó de ******* **** ******* (quejosa en lo principal) la nulidad del vínculo matrimonial que realizó con ***** ****** ***** (finado) en el año de mil novecientos setenta y dos, bajo el dicho que ella y éste habían contraído anteriores nupcias en el año de mil novecientos setenta, es dable concluir que, dicha acción fue ejercida con base en el artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz (sic).

(6) Por tanto, si la secuela procesal del juicio ordinario civil de origen desembocó en la resolución reclamada que confirmó la nulidad del matrimonio celebrado en mil novecientos setenta y dos por ******* **** ******* y ***** ****** *****, por que éste había contraído matrimonio previamente con ********** ********* ******* en mil novecientos setenta considerando a la unión nula como celebrada de buena fe, es inconcuso que la controversia fue resuelta en aplicación al artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz para el Estado de Veracruz (sic).

(7) Sin embargo, este Tribunal Colegiado considera que el artículo 122 en mención contiene una norma discriminatoria por establecer una distinción basada en categoría sospechosa (estado civil) que no supera un examen estricto de constitucionalidad y, en consecuencia, no puede ser aplicada para resolver controversia alguna.

(8) Efectivamente, el artículo 122 realiza una diferenciación de derechos con base en el estado civil de las personas pues aun cuando no ocupa expresamente el estado civil de las personas para establecer la diferenciación de derechos, lo cierto es que la forma en que el legislador fraseó la norma no es impedimento para observar que la diferenciación se encuentra sustentada en el estado civil de las personas; tan es así que la norma jurídica en comento puede releerse de modo que se incluya el estado civil para negar derechos de la forma siguiente: ‘las personas con estado civil de casadas no podrán celebrar nuevo matrimonio hasta disolver el primero’ sin que se altere el contenido y alcance de la misma.

(9) En consecuencia, es inconcuso que la disposición proscribe la posibilidad de que las personas tengan dos matrimonios paralelos con personas distintas al mismo tiempo con base en una categoría sospechosa; por tanto, la norma que conforma el sustento de la acción ejercida en el juicio natural establece una prohibición con base en el estado civil de las personas, elemento que conforma una categoría sospechosa.

(10) De este modo, la inclusión de una categoría sospechosa en las normas no se encuentra proscrita en sí misma, sino que su utilización debe encontrarse justificada de forma robusta en los elementos de objetividad y razonabilidad. En ese tenor, su utilización en una norma genera la obligación oficiosa del Estado en cabeza de las personas juzgadoras de realizar un examen de escrutinio estricto de la medida legislativa a efecto de verificar su constitucionalidad, pues su empleo genera la presunción o sospecha de ser inconstitucionales a la luz del principio de igualdad.

(11) En efecto, el examen de igualdad que debe realizarse en estos casos es diferente al que corresponde a un escrutinio ordinario. Para llevar a cabo el escrutinio estricto, en primer lugar, debe examinarse si la distinción basada en la categoría sospechosa cumple con una finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional, sin que deba exigirse simplemente, como se haría en un escrutinio ordinario, que se persiga una finalidad constitucionalmente admisible, por lo que debe perseguir un objetivo constitucionalmente importante.

(12) En segundo lugar, debe analizarse si la distinción legislativa está estrechamente vinculada con la finalidad constitucionalmente imperiosa. La medida legislativa debe estar directamente conectada con la consecución de los objetivos constitucionales antes señalados; es decir, la medida debe estar totalmente encaminada a la consecución de la finalidad, sin que se considere suficiente que esté potencialmente conectada con tales objetivos, a partir de lo cual ha de examinarse si la norma trastoca o no bienes o valores constitucionalmente protegidos, si los hechos, sucesos, personas o colectivos guardan diferencias sustanciales y objetivas suficientes que justifiquen dar un trato desigual a las parejas del mismo sexo, respecto de las parejas heterosexuales.

(13) Por último, la distinción legislativa debe ser la medida menos restrictiva posible para conseguir efectivamente la finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional.

(14) Sustentan lo anterior las siguientes tesis de jurisprudencia y criterios orientadores cuyos datos de localización, rubro y texto se citan:

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2010315, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Tesis: 1a./J. 66/2015 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II, página 1462, Tipo: Jurisprudencia .

‘IGUALDAD. CUANDO UNA LEY CONTENGA UNA DISTINCIÓN BASADA EN UNA CATEGORÍA SOSPECHOSA, EL JUZGADOR DEBE REALIZAR UN ESCRUTINIO ESTRICTO A LA LUZ DE AQUEL PRINCIPIO. (se transcribe)’.

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2010595, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Tesis: 1a./J. 87/2015 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, página 109, Tipo: Jurisprudencia.

‘CONSTITUCIONALIDAD DE DISTINCIONES LEGISLATIVAS QUE SE APOYAN EN UNA CATEGORÍA SOSPECHOSA. FORMA EN QUE DEBE APLICARSE EL TEST DE ESCRUTINIO ESTRICTO. (se transcribe)’.

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2007924, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Tesis: 1a. CCCLXXXIV/2014 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 720, Tipo: Aislada.

‘IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. NOTAS RELEVANTES QUE EL OPERADOR DE LA NORMA DEBE CONSIDERAR AL EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA MEDIDA A LA LUZ DE DICHOS PRINCIPIOS, FRENTE A LAS LLAMADAS ‘CATEGORÍAS SOSPECHOSAS’, A FIN DE NO PROVOCAR UN TRATO DIFERENCIADO O UNA DISCRIMINACIÓN INSTITUCIONAL. (se transcribe)’.

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2012589, Instancia: Pleno, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Tesis: P./J. 10/2016 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, página 8, Tipo: Jurisprudencia.

‘CATEGORÍA SOSPECHOSA. SU ESCRUTINIO. (se transcribe)’.

(15) Por lo que, de la lectura de los criterios jurídicos antes expuestos se deriva que, cuando las personas juzgadoras adviertan que una disposición normativa establece límites o prohibiciones para el ejercicio de un determinado derecho con base en una categoría sospechosa, tiene la obligación de someter a dicha disposición normativa a un test de escrutinio estricto de constitucionalidad.

(16) En ese orden de ideas, como la declaratoria de nulidad se basa en el estado civil de las personas contemplada en el artículo 122 en mención, es evidente que se sustenta en una categoría sospechosa, por lo que debe ser sometida a un escrutinio estricto a fin de determinar si esa exclusión es objetiva y razonable; o si por el contrario, resulta un acto de verdadera discriminación.

(17) Ahora, en cuanto al primer punto, este Órgano Colegiado considera que la disposición jurídica examinada no supera la primera grada de escrutinio estricto; en tanto no encuentra que persiga objetivos constitucionalmente imperiosos. Ello, porque lo que protege el artículo 122 en mención es a la unión matrimonial primigenia, lo que encuentra sustento en la ideología de la potestad matrimonial propia de la codificación civil en México a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX (como la Veracruzana).

(18) Beltran y Puga señala que, la regulación civil de esa época sucedieron en medio de una batalla política e ideológica entre la Iglesia y el Estado, dando como resultado que en el derecho de familia se privilegiara la heteronormatividad, la potestad marital y la autoridad paternal; en el sentido que la regulación familiar se erigía desde el reconocimiento del matrimonio heterosexual como unión familiar hegemónica y, al interno de dicha institución, el marido se veía favorecido ya que a la mujer se le relegó al ámbito doméstico y sus bienes eran administrados por el hombre.

(19) A lo inmerso de dicha regulación, la potestad matrimonial no sólo se imponía sobre otras uniones o forma de familia como el concubinato, sino también sobre la posibilidad de conformar una segunda unión matrimonial (perjuicio extramarital), pues en un inicio no se regulaba al divorcio y esa regulación avanzó a reconocer causales graves, causales en general y finalmente por mutuo consentimiento atravesada por una regulación que no permitía la coexistencia de dos uniones matrimoniales.

(20) Sin embargo, al tenor de los derechos humanos al libre desarrollo de la personalidad y de protección a la familia (no al matrimonio), en el plano individual, las personas tienen derecho a decidir libre de intervenciones arbitrarias del Estado si desean conformar uniones familiares en la modalidad que deseen o a darlas por concluida y como familia ya constituida (que puede ser de hecho) el Estado tiene la obligación de reconocerla y establecer una serie de gama de derechos y garantías para su protección.

(21) Por tanto, este Órgano Colegiado estima que la disposición examinada no alcanza a superar la primera grada de un escrutinio estricto, pues no se advierte que persiga objetivos constitucionalmente imperiosos, ya que el principio de protección de la familia no puede considerarse alcanzado si éste se limita a proteger a la familia creada por el primer vínculo matrimonial a costa de excluir de reconocimiento y protección estatal a la segunda unión marital coexistente con la primera.

(22) Se afirma lo anterior, pues la segunda unión ni siquiera tendría un estatus jurídico de vínculo toda vez que, ante la existencia del matrimonio previo con diversa persona, la situación de hecho dada en la segunda unión perdería todo status jurídico y protección legal.

(23) Al caso, cabe señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha adoptado como punto de partida que el trato igualitario constituye un principio complejo que no sólo otorga a las personas la garantía de que serán iguales ante la ley en su carácter de destinatarios de las normas y de usuarios del sistema de administración de justicia, sino también en la ley; y, que el principio de igualdad debe entenderse como la exigencia constitucional de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, que guarda congruencia con lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno a esos derechos, pues dicho tribunal internacional ha señalado que la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación.

(24) Lo cual, igualmente, implica una transgresión a dicho principio pues, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido la posibilidad de que en una relación matrimonial se configure al mismo tiempo una relación extramarital; por tanto, los derechos reconocidos a partir de uno u otro tipo de uniones no debe significar un trato distinto entre ellas.

(25) En ese sentido, la norma establece un régimen de discriminación, con el que el principio de igualdad guarda íntima relación, sobre ello, el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ha definido la discriminación como: ‘toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la propiedad, el nacimiento o cualquier otra condición social, y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas’.

(26) Así, en lo que respecta a la protección de la familia, debe decirse que la distinción formulada por el legislador para excluir del matrimonio a quien lo celebre con persona casada con alguien más, no guarda íntima vinculación con dicha finalidad, pues incluso el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que dicho principio reconoce la pluralidad en que se puede conformar una familia. Por lo que, al no haber sido superada la primera grada del escrutinio estricto, es innecesario realizar el segundo, tercer y último paso del análisis mencionado.

(27) Por tal motivo no puede considerarse como constitucionalmente valida una disposición normativa que establezca un régimen de preferencia entre un modelo de familia y otra; mucho menos, que anule todo tipo de reconocimiento jurídico como una forma de familia en contravención a lo dispuesto en la Constitución.

(28) Sumado a lo anterior y, que incluso puede ser una de las razones torales por las que el precepto es inconstitucional es porque reitera un estereotipo de género relacionado con el prejuicio al hogar extra marital, al grado de negarle el reconocimiento jurídico que lo constituye también como una fuente de derechos y obligaciones que forman parte del derecho familiar. De ahí que en la presente controversia en el análisis de legalidad correspondiente es preciso atender al método de perspectiva de género.

(29) Esto, pues negar el carácter de cónyuges a las partes que celebraron la segunda unión marital, por el simple hecho que uno de los consortes esté unido con otra persona en matrimonio civil, constituye la negación de reconocimiento jurídico a la relación matrimonial voluntaria que dos personas eligieron en ejercicio de su derecho y libertad de desarrollo de vida personal.

(30) Máxime cuando del matrimonio surgen obligaciones y derechos, de índole fundamental como lo es el derecho alimentario, patrimoniales, de seguridad social y hereditarios, por ende, la causa de nulidad no se justifica ni siquiera en razón de protección a la familia o procuración de la estabilidad de la pareja, porque dicha percepción confirma que se deja en total desprotección a la familia que fue formada con motivo del segundo matrimonio.

(31) No es óbice a lo anterior, el que del matrimonio surjan los mismos derechos pero con relación a otra persona, y por ello concluir que entonces no pueden subsistir en una misma persona, en tanto que la realidad indica que sí es posible la coexistencia de dos matrimonios, especialmente porque las relaciones familiares no se construyen de una convivencia ininterrumpida, esto es, si bien es frecuente no implica que no exista posibilidad de convivir y establecer una relación de concubinato con una persona distinta al cónyuge primigenio, por ello es pertinente reconocer dichas realidades, y precisamente ante la coexistencia de ellas, la ley no puede privilegiar solo un modo de convivencia en pareja, y decantarse por otorgar consecuencias jurídicas solo al matrimonio primigenio, como sucede en el caso del artículo que se analiza.

(32) Porque de no reparar el vicio de inconstitucionalidad de la norma, se niega la realidad antes apuntada, aunado a que se obstaculizan sin justificación o racionalidad alguna los derechos de quien esté en matrimonio con la persona que a su vez celebró matrimonio previamente con diversa persona, y que incluso puede ser un hecho oculto para la primera persona, y a afectar no sólo a ésta sino a la familia originada del ulterior matrimonio.

(33) De ahí, que este órgano constitucional considere que la distinción basada en el estado civil de las personas, con la que se da prevalencia a las uniones matrimoniales previas respecto de otro tipo de uniones de hecho u otros matrimonios posteriores, se sustenta en un enfoque que perpetua un estereotipo negativo o prejuicio sobre el hogar extra marital.

(34) De esta manera, la causal de nulidad del matrimonio, perpetua las connotaciones negativas y prejuicios que existen respecto de otros modelos de familias constituidas fuera de los parámetros heteronormativos hegemónicos del matrimonio; pues, sanciona como nulas a todas aquellas familias que no se ajusten a los estereotipos tradicionalmente vinculados a la familia nuclear; situación que perjudica -en mayor medida- a las mujeres, por ser estas quienes resienten un trato discriminatorio, tanto de forma institucional (al decretarse la nulidad de su matrimonio), como en un aspecto social (al designársele como ‘la segunda esposa’ o ‘la otra’).

(35) Esto, pues la conformación de una segunda familia fuera del matrimonio es una práctica estereotípicamente vinculada al ejercicio de la masculinidad que, hasta cierto punto, es tolerada por el sistema jurídico en perjuicio de las mujeres que integran estas familias; ello, toda vez que con la declaratoria de nulidad del segundo matrimonio se le niega a la mujer el status jurídico de cónyuge y con ello todo posible derecho familiar que pudiera depararle con motivo de dicha unión.

(36) De este modo, los derechos familiares son anulados, así como todo tipo de reconocimiento social y jurídico, recayendo sobre la mujer los prejuicios de implican haber integrado una familia con una persona casada; es decir, la declaratoria de nulidad del matrimonio por la causal analizada no solo tiene un efecto en la esfera jurídica de la mujer, sino que también impacta en un plano psico-social en su perjuicio. Esto es, el artículo 122 tiene un impacto diferenciado en perjuicio del género femenino.

(37) En ese contexto, resulta insostenible -desde un enfoque constitucional y de derechos humanos- la nulidad del matrimonio por la causal analizada; ya que sus efectos y consecuencias violentan de forma desproporcionada diversos ámbitos de la vida privada, social y familiar de las personas y, contribuye a la perpetuación de estereotipos negativos por razón de género en contra de las mujeres que integran la segunda familia.

(38) En resumen de lo anterior, el artículo 122 del Código Civil que sanciona de nulo el segundo matrimonio, es inconstitucional ante el principio de igualdad por discriminar con base en el estado civil de las personas y por generar impacto diferenciado al género femenino.

(39) A una conclusión similar, arribó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Amparo Directo en Revisión 3727/2018, fallado por mayoría de tres votos en sesión de dos de septiembre de dos mil veintidós.

(40) Por tanto, al resultar discriminatorio el artículo 122 de la legislación sustantiva civil, no es posible realizar una interpretación conforme de dicho precepto y, en observación del principio de deferencia legislativa, salvar su contenido democrático, por los que existe obligación de declarar la inconstitucionalidad de dicho precepto legislativo e inaplicarlo a la controversia específica.

(41) Sustenta lo anterior, las tesis cuyos datos de localización, texto y rubro indican lo siguiente:

Registro digital: 2013789, Instancia: Segunda Sala, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Común, Tesis: 2a. X/2017 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 40, Marzo de 2017, Tomo II, página 1394, Tipo: Aislada.

‘NORMAS DISCRIMINATORIAS. NO ADMITEN INTERPRETACIÓN CONFORME. (se transcribe)’.

Registro digital: 2009726, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Tesis: 1a./J. 47/2015 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, pági

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34263-15d82baf/nulidad-de-matrimonio-los-articulos-122-del-codigo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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