ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CON PROPÓSITO DE ESPECULACIÓN COMERCIAL. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE ESTAS CONTROVERSIAS CORRESPONDE A LOS JUZGADOS DE LO CIVIL DE PROCESO ORAL, CUANDO SEAN DE CUANTÍA DETERMINADA O DETERMINABLE Y NO ESTÉN SUJETAS A UNA TRAMITACIÓN ESPECIAL (INTERPRETACIÓN ARMÓNICA DE LOS ARTÍCULOS 59, FRACCIÓN VIII Y 105, FRACCIÓN III, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO).
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 51/2026. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO Y DÉCIMO QUINTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 2 DE SEPTIEMBRE DE 2026. UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS JORGE ALBERTO ORANTES LÓPEZ, DIANA ELDA PÉREZ MEDINA Y MARIANA FLORES VEGA. PONENTE: DIANA ELDA PÉREZ MEDINA. SECRETARIA: AURI GABRIELA CAUICH VÁZQUEZ.
Ciudad de México. Sentencia del Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión de dos de septiembre de dos mil veintiséis.
VISTOS;
Y
RESULTANDO:
Primero. Denuncia de la posible contradicción de criterios. Mediante oficio recibido el siete de abril de dos mil veintiséis, signado por la Magistrada Presidenta del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual denunció la posible contradicción de criterios sustentada entre el referido órgano al resolver el amparo directo 718/2025 y el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del mismo circuito, al dictar la resolución del amparo directo 385/2025.
Segundo. Radicación y trámite ante este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. Mediante proveído de veintiuno de abril de dos mil veintiséis, el Magistrado Presidente de este Pleno Regional ordenó formar el expediente de contradicción al que correspondió el número 51/2026 y la admitió a trámite.
En ese mismo proveído, se turnaron los autos para su estudio a la ponencia de la Magistrada Diana Elda Pérez Medina y se solicitó a los tribunales colegiados contendientes que informaran si los criterios que motivaron la posible contradicción, aún se encontraban vigentes o, en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.
De igual forma, se solicitó a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el informe relativo a la existencia de alguna contradicción de criterios radicada en el Alto Tribunal en la que el tema a dilucidar guardara relación con el siguiente:
“Determinar si, para resolver una controversia de arrendamiento respecto de un inmueble utilizado con fines mercantiles o del comercio, la competencia se surte en favor del juez Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, o bien, debe resolver el juez Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México.”
Tercero. Informes de los órganos jurisdiccionales contendientes. Por acuerdo de ocho de mayo del año en curso, se tuvieron por recibidos los informes de los tribunales colegiados contendientes, a través de los cuales comunicaron que sus criterios continuaban vigentes y ordenaron la vinculación de la versión electrónica de sus respectivos expedientes.
Cuarto. Informe de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mediante auto de trece de mayo de dos mil veintiséis, se tuvo por recibido el oficio proveniente de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que informó que durante los últimos tres meses no se encontró radicada alguna contradicción en la que el tema a dilucidar guardara relación con el establecido en el presente asunto.
Quinto. Confirmación de turno. Una vez integrado debidamente el expediente, por acuerdo de veintiuno de agosto de dos mil veintiséis, se confirmó el turno a la ponencia de la Magistrada Diana Elda Pérez Medina, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente; y
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro; así como los diversos 6, fracción II, 8 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; en relación con el 1o., fracción II, punto 2, y 2 del diverso Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales (reformados mediante Acuerdo General 38/2023, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia, domicilio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés); normatividad que continúa vigente en términos del transitorio Décimo Noveno de la ley orgánica aludida, el cual se transcribe para pronta referencia:
“Décimo Noveno.- Los Acuerdos Generales emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal continuarán vigentes en todo lo que no se oponga a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la presente Ley hasta en tanto el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial emitan sus propios Acuerdos”.
Luego, si la presente contradicción de criterios se suscita entre tribunales colegiados especializados en materia civil, ambos pertenecientes al Primer Circuito, materia y región respecto de las cuales este Pleno Regional ejerce jurisdicción; como se adelantó, este órgano colegiado es competente para conocer y resolver del asunto.
SEGUNDO. Legitimación. De conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, la contradicción de criterios fue denunciada por parte legítima, al haberse formulado por los magistrados integrantes del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 718/2025, criterio contendiente en este asunto.
TERCERO. Criterios denunciados. A continuación se transcriben, en la parte que interesa a este asunto, los criterios de los tribunales colegiados de circuito denunciados como contradictorios.
A. Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (amparo directo 385/2025).
Antecedentes
1. Una persona física demandó demando de otra, en la vía oral mercantil, las siguientes prestaciones:
“a) La declaración judicial que señale que la parte demandada *** ****** ***** ********, han incumplido con sus obligaciones de pago de rentas y pago de servicios a los que está sujeto el local comercial motivo del presente conflicto, en su carácter de arrendataria, derivadas del contrato (sic) arrendamiento de fecha 13 de junio de 2024 respecto del local comercial denominado Miscelánea de abarrotes ‘*** ******’ ubicado en (...)
b) Como consecuencia de la prestación anterior, la declaración judicial de rescisión del contrato (sic) arrendamiento de fecha de fecha (sic) 13 de junio de 2024 respecto del local comercial denominado Miscelánea de abarrotes ‘*** ******’ ubicado en (...)
c) La desocupación y entrega jurídica y física del local comercial denominado Miscelánea de abarrotes ‘*** ******’ ubicado en (...)
d) El pago de la cantidad de $********* (**** *** ***** ****** ****** ********) por concepto de 4 rentas adeudadas y no pagadas por la arrendataria desde el mes de enero del 2025 al mes de abril del 2025, más las que se sigan generando hasta la entrega de la posesión física y jurídica de la localidad arrendada materia del presente juicio.
e) El pago del interés moratorio sobre el adeudo de rentas devengadas y no pagadas a razón de la tasa de interés legal a razón del 6 % (seis por ciento) anual, más los que se sigan generando por mensualidad vencida y no pagada hasta la entrega formal jurídica y material del inmueble dado en arrendamiento, pago que será cuantificado en la ejecución de la sentencia.
f) El pago de la cantidad de $***** (**** *** ********** ********** ***** ****** ****** ********) por concepto de adeudo de servicio de energía eléctrica.
g) La entrega de los recibos debidamente pagados correspondientes a los servicios de consumo de agua, teléfono, internet y luz desde el inicio del arrendamiento a la fecha, más los que se sigan generando hasta la total desocupación de la localidad arrendada.
h) El pago de gastos y costas que se generen por la tramitación del presente asunto.”
2. Correspondió conocer de la demanda, al Juzgado Séptimo de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, que mediante auto de doce de mayo de dos mil veinticinco, ordenó registrarla con el número **********, y consideró que con fundamento en el artículo 59, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, se inhibía para conocer de la misma, desechándola y dejando a salvo los derechos de la accionante para que los hiciera valer en la forma y vía que correspondiera ante un juzgado competente para ello.
3. En contra de dicha determinación, la persona física promovió demanda de amparo directo, la cual por razón de turno, correspondió conocer al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, la admitió a trámite, registró con el número de expediente 385/2025 y en sesión de veintitrés de octubre del año citado concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión.
Determinación que, en lo que interesa, se sustentó en las siguientes consideraciones:
“(...)
SEXTO. Estudio. Importa precisar, que de las constancias electrónicas se advierte que el acto reclamado en esta instancia constitucional, consiste en la resolución emitida por la jueza responsable, el doce de mayo de dos mil veinticinco, en el juicio oral mercantil **********, promovido por el quejoso ****** ****** *********, contra *** ****** ***** ********.
En dicha resolución se determinó desechar la demanda porque, estimó la juzgadora, la acción intentada es la terminación del contrato de arrendamiento de un bien inmueble de un local comercial, por lo que en términos de lo dispuesto en el artículo 59, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, procedía inhibirse de conocer de la misma y desecharla, dejando a salvo los derechos del accionante.
Añadió, que en términos de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se debe atender a las normas y procedimientos para la instauración de un juicio, máxime que el orden jurídico nacional debe interpretarse de una forma sistemática y no aislada, con relación a las formalidades que deban cumplirse para accionar a la autoridad judicial contenidas en los artículos de referencia.
Consideró, que la competencia es el límite de la jurisdicción, es decir, es el ámbito en el cual la autoridad judicial válidamente puede ejercer sus atribuciones y facultades otorgadas por el Estado y que constituye un presupuesto procesal, naturalmente de análisis preferencial y por ende, exige ser atendido primordialmente, sea de manera expresa o tácita, por lo cual el control debe hacerse de oficio, motivo por el cual el juzgador debe rechazar el escrito inicial de demanda que se le formule, cuando aparezca en ella o en sus anexos que es incompetente.
Motivó, que no inadvertía el criterio jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES. PARA DETERMINAR SI PROCEDE LA VÍA MERCANTIL PARA RESOLVER LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE DICHO ACTO, EL JUZGADOR DEBE DEFINIR SI CONSTITUYE O NO UN ACTO DE COMERCIO AL REALIZARSE CON EL PROPÓSITO DE ESPECULACIÓN COMERCIAL, PUES EL CATÁLOGO DEL ARTÍCULO 75 DEL CÓDIGO DE COMERCIO DEBE INTERPRETARSE DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 63/98).’; sin embargo, estimó, dicho criterio no establece que la tramitación del juicio deba ser en la vía ‘oral’, sino que debe analizarse la naturaleza del contrato y en caso de ser mercantil seguirse en esa vía, siendo el caso que, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, quien debe conocer de todas las controversias que se susciten en materia de arrendamiento de inmuebles destinados a habitación, comercio, industria o cualquier otro uso, giro o destino permitido por la ley, son los juzgados de proceso escrito, ello con independencia de la vía que corresponda dada la naturaleza del contrato base.
Además, –indicó–, que el promovente no exhibió documento alguno en su escrito inicial, dado que éste se presentó de forma digital.
Una vez puntualizado lo anterior se analizarán los conceptos de violación expuestos, en los cuales substancialmente el quejoso aduce:
– Son presupuestos de procedencia del juicio oral mercantil los siguientes: Que el juicio mercantil tenga por objetivo ventilar controversias que conforme a los artículos 4, 75 y 76 del Código de Comercio, que (sic) deriven de actos comerciales.
– Indica, que de conformidad al artículo 1390 Bis del Código de Comercio se establece que se tramitarán en el juicio oral mercantil, las contiendas comerciales, sin limitación de cuantía; sin embargo, deberá tomarse en consideración el contenido de los transitorios tercero y cuarto de la reforma del veinticinco de enero de dos mil diecisiete.
– En ese sentido, alega, al no dar trámite a su demanda, cuando de ésta se advierte que se intentó la acción de rescisión de contrato de arrendamiento de local comercial dio cumplimiento a todos y cada uno de los requisitos que se establecen en el artículo 1390 Bis 11 del Código de Comercio.
– Señala, que la autoridad responsable soslayó lo dispuesto por la fracción III del artículo 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México.
– En relación con la jurisprudencia a que hace alusión la responsable y que citó en su escrito de demanda, de rubro: ‘ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES. PARA DETERMINAR SI PROCEDE LA VÍA MERCANTIL PARA RESOLVER LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE DICHO ACTO, EL JUZGADOR DEBE DEFINIR SI 14 CONSTITUYE O NO UN ACTO DE COMERCIO AL REALIZARSE CON EL PROPÓSITO DE ESPECULACIÓN COMERCIAL, PUES EL CATÁLOGO DEL ARTÍCULO 75 DEL CÓDIGO DE COMERCIO DEBE INTERPRETARSE DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J 68/98)’, debe decirse, que en tratándose de un contrato de arrendamiento de inmuebles, con el propósito de especulación comercial y no como un acto de comercio aislado, deberá ser la vía mercantil donde se dirima dicha controversia.
– Indica, que aun y cuando dicho criterio no determina la vía de tramitación del juicio correspondiente, de explorado derecho es, que deberá atenderse a la legislación correspondiente de acuerdo al grado de jerarquía de la misma, por lo tanto, en el caso concreto que nos ocupa es el Código de Comercio el que determina dicha situación atendiendo a lo dispuesto por los artículos 4, 75, 76, 1390 Bis y demás correlativos del ordenamiento jurídico invocado.
– Manifiesta, que con relación a la regulación de los juicios orales mercantiles, el Código de Comercio establece en su artículo 1390 Bis que en los mismos se tramitarán todas las contiendas mercantiles sin limitación de cuantía, por lo tanto, al ser concurrente la materia mercantil, la controversia de arrendamiento de un local comercial debe de conocerla un Juez de lo Civil de Proceso Oral, como lo es la autoridad responsable, de conformidad a la fracción III del artículo 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, que la responsable omitió aplicar.
Atendiendo a la causa de pedir, asiste la razón al quejoso, por las razones jurídicas siguientes:
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 170/2014, sostuvo que, ante la dificultad de dar una definición exacta de los actos de comercio, debe atenderse a lo dispuesto por los artículos 4, 75 y 76 del Código de Comercio.
Agregó que, para los estudiosos del derecho, existen actos de comercio objetivos y actos de comercio subjetivos, a saber:
• Actos de comercio objetivos. Son aquellos que el propio Código de Comercio enumera, declarados y considerados comerciales por precepto absoluto de ley. Los elementos de esa definición son:
a) El acto debe pertenecer a una de las categorías enumeradas en el precepto referido; si pertenece a ella es esencialmente comercial, excluida toda prueba en contrario.
b) Es indiferente la cualidad de quien realizó el acto objetivamente comercial para caracterizar el mismo.
• Actos de comercio subjetivos. Son las obligaciones de un comerciante, las cuales se presumen comerciales por la profesión de comerciante de quien las asume. Para hacer desaparecer la presunción de comercialidad, es necesario probar que el acto es de naturaleza esencialmente civil o que del mismo se excluye esa presunción. Los rasgos característicos del acto comercial subjetivo son:
a) El acto presupone la cualidad de comerciante en quien lo realiza. Únicamente de esta cualidad del autor deriva la presunción de comercialidad que inviste el acto.
b) Ese tipo de actos no deben ser, lógicamente, actos de comercio objetivos, porque serían comerciales por voluntad absoluta del legislador y no simplemente comerciales presuntos por la profesión de quien los realiza.
c) Cualquier contrato y cualquier obligación del comerciante, que no sea ya acto objetivo de comercio, tiene por sí la presunción de la comercialidad.
d) Los actos de comercio subjetivos no son comerciales por ser efectuados por un comerciante, sino que son reputados comerciales si es un comerciante quien los efectúa.
e) La presunción de comercialidad se excluye cuando se prueba que el acto es esencialmente civil o que lo contrario de la comercialidad resulta del acto mismo.
La referida sala del Máximo Tribunal, estimó que no cualquier acto realizado por un comerciante tiene automáticamente el carácter de acto de comercio, pues el componente subjetivo que contiene la asignación legislativa revela la voluntad del legislador de considerar como actos de comercio solamente aquellos actos que los comerciantes realizan en cumplimiento directo de su actividad comercial u objeto social.
También, reconoció que existen actos mixtos o unilateralmente comerciales, que no constituyen propiamente una categoría especial de actos de comercio, aunque sean materia comercial.
Estableció que el código prevé relaciones unilateralmente mercantiles, cuando al surgir el contrato del consentimiento de las partes, el acto puede ser mercantil para una y civil para la otra. Así, por ejemplo, la adquisición de una mercancía en un negocio de comercio es un acto civil para quien la adquiera para uso personal; pero la misma venta por parte del comerciante es un acto de comercio, porque adquirió antes la mercancía con la intención de revenderla.
En esa concepción, cuando se afirma, por ejemplo, la existencia de una compraventa como acto de comercio (compraventa mercantil) debe existir un elemento subjetivo o intencional: el propósito de tráfico o de especulación comercial, que puede ser diferente para el que vende y para el que compra, en cuyo caso se está en presencia de un acto mixto o unilateralmente comercial.
El Alto Tribunal determinó que, en esas circunstancias, el objeto directo de especular o de traficar, se debe tomar como la causa impulsiva, esto es, la razón contingente y subjetiva que induce a cada parte a contratar, pues dicha razón, al variar en cada individuo o parte contratante, es la que permite distinguir entre una compraventa de naturaleza mercantil a otra de naturaleza civil.
Concluyó que la aplicabilidad de la vía civil o mercantil, respecto de actos mixtos, no presenta problema grave en el derecho vigente mexicano, dada la claridad de solución que ofrece el artículo 1050 del Código de Comercio, al señalar que cuando, conforme a las disposiciones mercantiles, para una de las partes que intervienen en un acto, éste tenga naturaleza comercial y para la otra tenga naturaleza civil, la controversia que del mismo se derive se regirá conforme a las leyes mercantiles.
Esas consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 72/2014 (10a.), cuyo rubro y texto son:
‘COMPRAVENTA DE INMUEBLES. EL CONTRATO CELEBRADO ENTRE UNA PERSONA DEDICADA AL COMERCIO DE BIENES RAÍCES Y UN PARTICULAR QUE ADQUIERE EL BIEN PARA SU USO, TIENE UNA NATURALEZA MIXTA, AL TRATARSE DE UN ACTO DE COMERCIO PARA EL PRIMERO Y UNO CIVIL PARA EL SEGUNDO. (se transcribe).’
De igual forma, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que para determinar si es procedente o no la vía mercantil en la resolución de controversias derivadas de un contrato de arrendamiento de bienes inmuebles, es preciso que el juzgador defina –en primer lugar– si dicho contrato constituye o no un acto de comercio, esto es, que se realiza con el propósito de especulación comercial.
Indicó que considerando lo dispuesto en la fracción XXV del artículo 75 del Código de Comercio, se entiende por actos de comercio, aquellos que –con independencia de la calidad de los contratantes– se encuentran previstos expresamente en el Código de Comercio o que, sin estarlo, se celebraron con el propósito de especulación mercantil; que si bien el arrendamiento de inmuebles no se encuentra expresamente previsto como acto de comercio en el citado artículo 75, tendrá el carácter de acto de comercio cuando se realice con el propósito de especulación comercial. Por consiguiente, los conflictos que deriven de este tipo de contratos deben dirimirse en la vía mercantil.
Las anteriores consideraciones, dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 170/2023, siguiente:
‘ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES. PARA DETERMINAR SI PROCEDE LA VÍA MERCANTIL PARA RESOLVER LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE DICHO ACTO, EL JUZGADOR DEBE DEFINIR SI CONSTITUYE O NO UN ACTO DE COMERCIO AL REALIZARSE CON EL PROPÓSITO DE ESPECULACIÓN COMERCIAL, PUES EL CATÁLOGO DEL ARTÍCULO 75 DEL CÓDIGO DE COMERCIO DEBE INTERPRETARSE DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 63/98). (se transcribe).’
De la ejecutoria constitucional de la que derivó dicho criterio se advierte que la Primera Sala determinó que el problema jurídico que debía resolver consistía en dilucidar si el artículo 75 del Código de Comercio vulneraba el derecho de tutela judicial efectiva, así como los principios de igualdad sustantiva y no discriminación, al no prever expresamente el arrendamiento de inmuebles con la finalidad de especulación comercial –en ese supuesto, destinados al funcionamiento de hoteles–, como acto de comercio.
Indicó que el hecho de que el arrendamiento de inmuebles no se mencione de forma expresa en la norma no impide que asuma el carácter de operación mercantil cuando tenga un fin de especulación comercial y, por tanto, por semejanza con los actos de comercio expresamente señalados en las fracciones I y II del artículo 75, se debe conceptuar como un acto mercantil, de conformidad con lo dispuesto por la fracción XXV.
En ese contexto jurídico, en el caso concreto, la acción de origen tiene como fundamento el ‘contrato de arrendamiento para uso comercial con la C. *** ****** ***** ********, en su carácter de arrendataria, respecto del Local Comercial ubicado en el inmueble de la calle ****** (esquina ******* *** ******), manzana *, lote *, local **, planta baja, colonia *** ****** ********, alcaldía *******, código postal *****, en esta Ciudad de México, lo anterior se desprende de las declaraciones I y II incisos d, además de la cláusula PRIMERA, (...)’.
En el escrito inicial, el actor narró que de conformidad con la cláusula tercera del contrato materia del juicio, las partes acordaron como destino de la localidad arrendada uso comercial, sin que por ningún motivo se pudiera cambiar el destino del mismo.
Para verificar si ese contrato es un acto de comercio objetivo, debe precisarse lo dispuesto por el artículo 75 del Código de Comercio:
‘Artículo 75 (se transcribe)’
Como se ve, los alquileres verificados celebrados con propósito de especulación comercial, son considerados actos de comercio.
Entonces, el alquiler, que también es conocido como arrendamiento, sí se encuentra previsto expresamente como acto de comercio, con la condición de que se celebre con propósito de especulación comercial.
Ahora, las obligaciones de un comerciante, se presumen comerciales por la profesión de comerciante de quien las asume, pero no cualquier acto realizado por un comerciante tiene automáticamente el carácter de acto de comercio, pues solamente pueden estimarse así aquellos actos que los comerciantes realizan en cumplimiento directo de su actividad comercial u objeto social.
Sin embargo, para determinar si es procedente o no la vía mercantil en controversias derivadas de un contrato de arrendamiento de inmuebles, es preciso que el juzgador determine si dicho contrato constituye o no un acto de comercio.
Ello con la finalidad de salvaguardar el derecho de tutela judicial efectiva de los justiciables, al permitir que accedan a la vía judicial idónea para dirimir las controversias que deriven del contrato de arrendamiento (o subarrendamiento) de inmuebles materia del juicio.
Así, al interpretar el artículo 75 del Código de Comercio en la forma propuesta, se garantizan los principios de igualdad y no discriminación. A pesar de no estar expresamente previstos en el catálogo enunciativo de la norma en comento, los actos de comercio que cumplan con las características necesarias para ser calificados como tal se regirán por las mismas normas jurídicas.
Por su parte, la Ley de Establecimientos Mercantiles para esta Ciudad establece:
‘Artículo 1 (se transcribe)’.
‘Artículo 2 (se transcribe)’.
Así, las disposiciones contenidas en el mencionado ordenamiento son de orden público e interés general y tienen por objeto regular la apertura y el funcionamiento de los establecimientos mercantiles de la Ciudad de México; además, se define como establecimiento mercantil, al local ubicado en un inmueble donde una persona física o moral desarrolla actividades relativas a la intermediación, compraventa, arrendamiento, distribución de bienes o prestación de servicios lícitos, con fines de lucro.
Conforme a lo anterior, en la especie resulta procedente la vía mercantil intentada por la actora, ya que el alquiler del local comercial objeto del arrendamiento, destinado a la venta de productos de consumo de primera mano (alimentos básicos, bebidas, entre otros), como en el caso lo es una tienda de abarrotes, constituye un servicio comercial.
Así, de la interpretación de la citada fracción primera del artículo 75 de la legislación comercial, el arrendamiento de inmuebles con propósito de especulación comercial, como en el caso acontece, constituye un acto de comercio. Razón por la que es procedente la vía mercantil.
Cabe señalar que si bien en el juicio natural se demandó el pago de diversas cantidades, ello deriva del contrato de arrendamiento de trece de junio de dos mil veinticuatro, base de la acción.
En ese sentido, las prestaciones reclamadas son sobre el cumplimiento de pago de dicho pacto de arrendamiento, por lo cual debe atenderse a la naturaleza de éste, el cual versa sobre el alquiler de un local comercial, con una especulación mercantil.
Además, el incumplimiento de pago es una consecuencia de la celebración del contrato de arrendamiento.
En esas condiciones, es inconcuso que, a diferencia de lo que sostuvo la juez responsable, en el caso concreto sí procede la vía mercantil, con fundamento en el artículo 1049 del Código de Comercio, conforme al cual son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir las controversias que se deriven de actos comerciales; motivo por el cual, en esencia, son fundados los argumentos de violación que se analizan.
Siendo competente la jueza de origen para conocer de los asuntos en esa vía, de conformidad con la fracción III del artículo 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, que prevé:
‘Artículo 105 (se transcribe)’.
Sobre esa base, es fundada la inconformidad del quejoso e inexacto lo determinado en la resolución reclamada, en el sentido de que el asunto debe hacerse valer en la forma y vía que corresponda ante el juzgador competente, ya que la juzgadora responsable no tomó en cuenta la naturaleza del contrato de arrendamiento base de la acción como acto de comercio.
Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 72/2012, que a la letra establece:
‘VÍA MERCANTIL. PROCEDE TRATÁNDOSE DE CONTROVERSIAS DERIVADAS DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES (LOCALES COMERCIALES) UBICADOS EN LOS AERÓDROMOS CIVILES DE SERVICIO PÚBLICO (se transcribe)’.
(...)
Decisión: Como resultado de lo anterior, procede conceder el amparo solicitado para que la Juez responsable, realice lo siguiente:
1. Deje insubsistente la resolución dictada el doce de mayo de dos mil veinticinco, en el juicio oral mercantil **********.
2. Dicte una nueva en la que tomando en cuenta lo considerado en la presente ejecutoria, provea sobre la demanda, partiendo de que en el caso concreto sí procede la vía mercantil, salvo que exista algún motivo de prevención o diversa causa de desechamiento a la desestimada.
3. Con plenitud de jurisdicción determine lo que en derecho proceda respecto de la demanda promovida por la aquí quejosa.
Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso a), ambos de la Constitución General de la República;
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34379-b7894b42/arrendamiento-de-inmuebles-con-proposito-de-especulacion-comercial · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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